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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00293-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de adición de la sentencia de primera instancia formulada por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del 20 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia de primera instancia del 20 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, los cuales quedarán así: «SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 31 de mayo de 2016. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho: se ordena a la UGPP reconocer a favor de la señora Nidia del Socorro Viggiani Guardo la pensión gracia pretendida, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados por este en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, considerando para el efecto que, alcanzó la edad de 50 años el 08 de abril de 2009. El pago deberá realizarse debidamente indexado a partir del día 31 de mayo de 2016, por efecto de la prescripción declarada. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente de acuerdo con la fórmula adoptada por el H. Consejo de Estado, según la cual: R= RH x Índice final Índice inicial www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 14 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 13001 23 33 000 2019 00293 01 (0558-2026) Demandante: Nidia del Socorro Viggiani Guardo En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación de las diferencias deberá hacerse mes por mes.» TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia del […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2019-00293-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001 23 33 000 2019 00293 01 (0558-2026)
Demandante: Nidia del Socorro Viggiani Guardo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente.
Docentes de carácter territorial y nacionalizado. Aplicación
sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de
2018. Interrupción de prescripción trienal. Improcedencia de
reajuste pensional del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 para
efectos de la pensión gracia.
Decisión: Se niega adición de la sentencia; se modifica de oficio fecha
de prescripción trienal; se confirma en todo lo demás la
sentencia apelada por cuanto la demandante acreditó el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia de primera instancia del 20 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), solicitó que se declare la nulidad
de las Resoluciones RDP 030815 del 23 de agosto de 2016 y RDP 020643 del
18 de mayo de 2017, mediante los cuales la entidad demandada le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
entidad demandada a reconocer y pagar dicha prestación a partir del 7 de abril
de 2009, en cuantía de $1.467.174,97, junto con los reajustes pensionales
previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, los intereses moratorios del
artículo 192 del CPACA, el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192
ibidem y la condena en costas.

1 SAMAI, Tribunal Administrativo de Bolivar, Expediente Digital, archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, folios

1 a 32.

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Demandante: Nidia del Socorro Viggiani Guardo

3. Como hechos relevantes, indicó que nació el 8 de abril de 1959, que se
vinculó al servicio docente oficial antes del 1 de enero de 1981 y que prestó sus
servicios por más de 20 años en distintas escuelas públicas del departamento de
Bolívar, concretamente entre el 2 de mayo de 1980 y la fecha de presentación de
la demanda.

4. Expuso que el 12 de abril de 2016 presentó solicitud de reconocimiento de
la pensión gracia ante la entidad demandada, la cual se negó mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que su vinculación docente a
partir del 18 de agosto de 1992 fue de carácter nacional.

Contestación de la demanda2

5. La demandada se opuso a las pretensiones al considerar que las
resoluciones acusadas se encuentran debidamente motivadas en la medida en
que los tiempos de servicio aportados por la demandante fueron prestados con
nombramiento del orden nacional a partir del 18 de agosto de 1992, sin que se
hubiera acreditado el requisito de 20 años de servicio departamental, municipal,
distrital o nacionalizado exigido por la Ley 114 de 1913.

6. Señaló que los periodos comprendidos entre el 2 de mayo de 1980 y el 30
de diciembre de 1980, y entre el 18 de marzo de 1981 y el 17 de agosto de 1992,
no fueron tenidos en cuenta en sede administrativa por no haberse aportado en
el formato preestablecido por el FOMAG, ni indicarse en ellos el tipo de
vinculación de la solicitante.

7. Por lo anterior, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de
la causa petendi, cobro de lo no debido, falta del derecho para pedir, buena fe,
cobro de lo no debido y la genérica.

Sentencia apelada3

8. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 20 de
septiembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda declarando la
nulidad de los actos administrativos acusados y ordenando a la entidad
demandada reconocer y pagar a favor de la demandante la pensión gracia
solicitada en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus
pensional.

9. El Tribunal verificó que la actora superó los 50 años de edad el 8 de abril
de 2009. Respecto de los tiempos de servicio, señaló que estuvo vinculada,
sucesivamente, como maestra de la Escuela Juan XXIII en el municipio de
Turbaco entre el 2 de mayo de 1980 y el 30 de diciembre de 1980, y entre el 18
de marzo de 1981 y el 17 de agosto de 1992, en calidad territorial y, a partir del

2 Ibidem, folios 402 a 413,
3 Ibidem, archivo 10SentenciaPrimeraInstancia.pdf.

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Demandante: Nidia del Socorro Viggiani Guardo

18 de agosto de 1992, como docente nacionalizada en la Escuela Rural Mixta de
Gambote, en el municipio de Arjona.

10. En relación con este último periodo, el a quo constató que, contrario a lo
indicado en el Formato Único de Certificación de Historia Laboral expedido por el
FOMAG —que catalogó la vinculación como nacional—, el Decreto 069 del 14 de
agosto de 1992 evidenciaba que el nombramiento correspondió a una plaza de
carácter nacionalizado, por lo que dicho tiempo también resultaba computable
para efectos de la pensión gracia.

11. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los tiempos de servicio
prestados por la demandante entre el 2 de mayo de 1980 y el 29 de diciembre de
2015 superaban los 20 años exigidos por la Ley 114 de 1913, sin que se hubiera
acreditado sanción disciplinaria alguna en su contra que afectara el requisito de
honradez, consagración y buena conducta.

12. Declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 12 de abril de 2013 por haberse
presentado la solicitud de reconocimiento pensional el 12 de abril de 2016 y
ordenó que el pago de la prestación se realizara debidamente indexado a partir
de dicha fecha, conforme a la fórmula adoptada por esta Corporación.

13. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada.

Recursos de apelación

14. La entidad demandada4 interpuso recurso de apelación con el propósito
de que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda.

15. Sostuvo que no procede el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez
que no es posible computar tiempos de servicio de carácter nacional. Al respecto,
destacó que el certificado de información laboral expedido por la Secretaría de
Educación de Bolívar el 19 de agosto de 2015, el cual no fue tachado de falso
por la demandante, da cuenta de que esta prestó sus servicios como docente
entre el 18 de agosto de 1992 y el 31 de agosto de 2010 con vinculación de
carácter nacional, circunstancia que, de conformidad con la jurisprudencia de la
Sala Plena del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, impide acceder a
la prestación reclamada.

16. Solicitó, además, que en segunda instancia se decretara la práctica de
pruebas consistentes en oficiar a los municipios de Turbaco y Arjona, al
Departamento de Bolívar, al FOMAG y al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con el fin de esclarecer el soporte de las certificaciones laborales
allegadas al proceso y determinar si los tiempos de servicio de la demandante
fueron de carácter nacional o nacionalizado.

4 4 Ibidem, archivo 13RecursoApelacionSentenciaUGPP.pdf.

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17. De otro lado, la parte demandante5 apeló la sentencia de primera
instancia con el propósito de que se adicione ordenando el reajuste pensional
previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, conforme se solicitó en la
pretensión condenatoria segunda de la demanda, aspecto sobre el cual el a quo
no se pronunció expresamente en la parte resolutiva, para lo cual invocó el
principio de congruencia de las sentencias, previsto en el artículo 305 del Código
General del Proceso, según el cual el fallo debe resolver la totalidad de las
pretensiones oportunamente formuladas.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto del 21 de abril de 2026 se admitió únicamente el recurso de
apelación interpuesto por la UGPP. Contra dicha decisión, la parte demandante
formuló recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante auto del 19 de junio
de 2026, en el que se dispuso admitir también el recurso de apelación por ella
presentado.

19. Dentro del término de ley, las partes y el Ministerio Público guardaron
silencio.

20. Asimismo, mediante auto del 24 de julio de 2026, el magistrado
sustanciador negó las pruebas solicitadas por la entidad demandada para ser
practicadas en segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problemas jurídicos

22. De acuerdo con los reparos formulados por las partes en sus recursos de
apelación, corresponde a la Sala determinar si las distintas vinculaciones
docentes de la demandante, comprendidas entre el 2 de mayo de 1980 y el 29
de diciembre de 2015, tuvieron naturaleza nacional, al menos a partir del 18 de
agosto de 1992, como lo sostiene la entidad demandada; o si, por el contrario,
fueron de carácter territorial o nacionalizado, de manera que el tiempo de
servicios correspondiente resulte computable para efectos del reconocimiento de
la pensión gracia.

5 Ibidem, archivo «14RecursoApelaciónDemandante.pdf.».

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23. En función de ello, la Sala deberá establecer si la actora acreditó los 20
años de servicios docentes exigidos por la Ley 114 de 1913 para acceder a la
pensión gracia, así como los demás requisitos legales previstos para el
reconocimiento de dicha prestación.

24. De igual forma, la Sala deberá determinar si hay lugar a adicionar la
sentencia de primera instancia para ordenar el reconocimiento de los reajustes
pensionales previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, conforme a lo
solicitado por la parte demandante en su recurso de apelación.

Análisis de los problemas jurídicos

25. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
en cuanto accedió a las pretensiones declarativas y condenatorias relativas al
reconocimiento de la pensión gracia, y de adicionarla en el sentido de ordenar el
reajuste pensional del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con base en los
argumentos que se expondrán a continuación.

26. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

27. En el presente asunto no existe controversia en torno al cumplimiento del
requisito de edad, toda vez que la demandante cumplió 50 años el 8 de abril de
20096. Tampoco se discute el requisito de consagración, honradez y buena
conducta, pues la entidad demandada no formuló reparo alguno al respecto y en
el expediente no obra prueba que permita inferir la imposición de sanciones
disciplinarias o la ocurrencia de hechos que desvirtúen dicha exigencia. De igual
manera, no se encuentra acreditado que la actora percibiera otra recompensa o
pensión a cargo de la Nación incompatible con el reconocimiento de la pensión
gracia.

28. En consecuencia, la Sala desarrollará el análisis de los demás requisitos
exigidos para acceder a la prestación, particularmente para verificar que estuvo
vinculada como docente territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y que acreditó 20 años de servicios docentes en tales
condiciones, conforme lo exigen las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989.

1. Reparo respecto a la naturaleza de la vinculación docente y cómputo del
tiempo de servicios

6 Cfr. Cédula de ciudadanía obrante a folio 307 del archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf.

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Análisis del requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980

• Periodo desde el 2 de mayo de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1980
(7 meses y 28 días)

29. En el expediente obra copia de la Resolución 021 del 2 de mayo de 19807,
mediante el cual el alcalde municipal de Turbaco (Bolívar), en uso de sus
facultades legales, nombró a la actora en interinidad como maestra al servicio del
ente territorial, asignándola para cubrir una licencia de maternidad de Silvia
Vigiany Guardo en la escuela Juan XXIII de esa población. Dicho acto
administrativo fue suscrito, además, por el secretario general del ente territorial.

30. El acta de posesión allegada al expediente8 da cuenta de que la actora
asumió el cargo el 2 de mayo de 1980, en calidad de maestra en la escuela Juan
XXIII, ante el alcalde y el secretario del municipio de Turbaco.

31. Obra en el expediente certificación expedida el 1 de noviembre de 2016
por la jefe de personal de la alcaldía municipal de Turbaco, en la que se hace
constar que la demandante fue nombrada como maestra de la escuela Juan XXIII
mediante la Resolución 021 del 2 de mayo de 1980, tomó posesión del cargo en
esa misma fecha y prestó sus servicios hasta el 30 de diciembre de 19809.

32. De la valoración conjunta de los documentos anteriormente referidos, la
Sala concluye que la vinculación docente de la actora durante este período tuvo
carácter territorial-municipal, toda vez que se materializó mediante un
nombramiento efectuado a través de la Resolución 021 del 2 de mayo de 1980,
expedida por el alcalde municipal de Turbaco en ejercicio de sus competencias
como autoridad nominadora de la entidad territorial.

33. Además, el acto de nombramiento dispuso que la remuneración de la
docente sería sufragada con recursos propios emanados de la Caja de Previsión
Social Municipal, circunstancia que reafirma la naturaleza territorial de la
vinculación. En todo caso, no existe evidencia de que la designación hubiera
estado precedida de autorización o aprobación del Gobierno nacional, ni de que
el alcalde hubiese actuado por delegación del Ministerio de Educación Nacional.

34. En tales condiciones, la designación se ajusta a la definición de docente
territorial prevista en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según la cual tienen dicha
calidad los docentes vinculados mediante nombramiento expedido por una
entidad territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

7 SAMAI, Tribunal Administrativo de Bolívar, Expediente Digital, archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, folio

43.
8 Ibidem, folio 44.
9 Ibidem, folio 93.

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35. Por lo tanto, se encuentra acreditado que la demandante estuvo vinculada
como docente territorial (municipal) con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
desempeñándose en dicha calidad entre el 2 de mayo y el 30 de diciembre de
1980, para un total de 7 meses y 28 días, lapso que resulta computable para
efectos de acreditar los 20 años de servicios exigidos para el reconocimiento de
la pensión gracia.

Requisito de haber laborado como docente de carácter territorial y/o
nacionalizado durante 20 años

• Periodo desde el 18 de marzo de 1981 hasta el 17 de agosto de 1992
(11 años y 5 meses)

36. En el expediente se observa copia del Decreto 016 del 17 de marzo de
1981, mediante el cual el alcalde municipal de Turbaco, en ejercicio de sus
facultades legales, nombró a la demandante como maestra de la Escuela Juan
XXIII, con ocasión de la vacancia generada por la aceptación de la renuncia
presentada por la señora Silvia Viggiany Guardo, quien desempeñaba dicho
cargo10.

37. Asimismo, se allegó copia del acta de posesión suscrita el 18 de marzo de
1981, mediante la cual la demandante asumió el cargo de maestra de la escuela
Juan XXIII ante el alcalde municipal de Turbaco, en virtud del nombramiento
efectuado mediante el Decreto 016 del 17 de marzo de 198111.

38. El certificado expedido el 6 de noviembre de 2016 por la jefe de personal
de la alcaldía municipal de Turbaco, referido en el párrafo 31 de esta providencia,
da cuenta además de que la demandante se desempeñó como docente al
servicio de dicha entidad territorial entre el 18 de marzo de 1981 y el 17 de agosto
de 1992, en virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 016 del 17
de marzo de 1981.

39. Del análisis de estas pruebas, la Sala advierte que se trató de una
vinculación de carácter territorial-municipal en razón a que, al igual que en el
período analizado previamente, el nombramiento fue efectuado de manera
autónoma por el alcalde municipal de Turbaco, en su condición de autoridad
nominadora de la respectiva entidad territorial.

40. Incluso, se trató de la misma plaza docente de la Escuela Juan XXIII que
había sido desempeñada anteriormente por la demandante, aunque en esta
oportunidad su provisión obedeció a la vacancia definitiva generada por la
aceptación de la renuncia de la persona que venía ocupándola.

41. En cuanto a los extremos temporales de dicha vinculación, la Sala
encuentra acreditado que esta inició con la posesión de la demandante en el

10 SAMAI, Tribunal Administrativo de Bolívar, Expediente Digital, archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, folio

45.
11 Ibidem, folio 47.

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cargo el 18 de marzo de 1981 y se extendió hasta el 17 de agosto de 1992, según
consta en la certificación expedida por la alcaldía municipal de Turbaco el 6 de
noviembre de 2016.

42. En consecuencia, los servicios prestados por la demandante como
docente municipal durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 1981
y el 17 de agosto de 1992, equivalentes a 11 años y 5 meses, resultan
computables para efectos de acreditar los 20 años de servicios docentes exigidos
por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la pensión gracia.

• Periodo desde el 18 de agosto de 1992 hasta el 31 de agosto de 2016
(24 años y 13 días)

43. Obra en el expediente copia del Decreto 069 del 18 de agosto de 1992 12,
expedido por el alcalde del municipio de Arjona (Bolívar) en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y por los Decretos
2277 de 1979 y 1766 de 1989, mediante el cual se nombró en propiedad a la
demandante como docente de educación primaria en la Concentración Escolar
Nacionalizada Escuela Rural Mixta de Gambote, en reemplazo de la maestra
Guadalupe Buelvas de Flórez.

44. En la parte motiva de dicho acto administrativo se dejó constancia de que
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo
Educativo Regional de Bolívar certificó, mediante oficio de agosto de 1992, la
existencia de disponibilidad presupuestal para la plaza que venía siendo
desempeñada por la docente Guadalupe Buelvas de Flórez, la cual se
encontraba vacante, así como la inexistencia de lista de elegibles para proveer
el cargo.

45. Se vislumbra en el plenario el acta de posesión del 18 de agosto de 1992,
en la que consta que la demandante asumió el empleo de maestra de primaria
de la Escuela Rural Mixta de Gambote ante el alcalde municipal de Arjona, en
virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 069 del 18 de agosto de
1992.

46. Fue allegado al proceso el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 31 de agosto de 201613, por medio del cual la
Secretaría de Educación Departamental de Bolívar certificó que la demandante
ingresó como docente de primaria en propiedad en la sede principal I.E de
Gambote, nombrada mediante el Decreto 69 del 18 de agosto de 1992,
desempeñándose sin interrupción desde esa fecha hasta el día en que fue
expedido dicho documento, a saber, durante 24 años y 14 días.

47. De conformidad con las pruebas reseñadas en precedencia, la Sala
concluye que el nombramiento dispuesto mediante el Decreto 069 del 18 de

12 Ibidem, folio 385 y 386.
13 Ibidem, folios 73 y 74.

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agosto de 1992 corresponde a una vinculación de carácter nacionalizado, en los
términos del artículo 1 de la Ley 91 de 1989.

48. En efecto, la designación fue realizada por una autoridad territorial, pero
previa certificación de disponibilidad presupuestal expedida por el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo
Regional de Bolívar, intervención que se enmarca en el proceso de
nacionalización de la educación previsto en los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de
1975.

49. Adicionalmente, a través de la sentencia de unificación del CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 201814, la Sala Plena de esta Sección determinó que la
intervención del delegado del Ministerio de Educación no modifica —por sí
mismo— la naturaleza de la vinculación a nacional. Sobre este punto, en dicha
providencia se fijaron las siguientes reglas:

«(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad
presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones;»

50. Por su parte, el fundamento normativo invocado por el alcalde de Arjona
para efectuar el nombramiento de la demandante fue la Ley 29 de 1989,
disposición que atribuyó a los representantes legales de las entidades territoriales
la competencia para nombrar, trasladar, remover y administrar el personal
docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y
nacionalizados.

51. En ese contexto, el ejercicio de dicha facultad permite concluir que el
nombramiento efectuado mediante el Decreto n.º 069 del 18 de agosto de 1992
únicamente podía recaer sobre una plaza de carácter nacional o nacionalizado.
Sin embargo, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, tienen la
condición de docentes nacionales quienes fueron vinculados mediante
nombramiento efectuado directamente por el Gobierno nacional, circunstancia
que no se configura en el presente caso, pues la designación fue realizada por

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia CE-SUJ2-011-

18 del 21 de junio de 2018, proferida bajo el radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14), con
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

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una autoridad territorial. En consecuencia, descartada la naturaleza nacional de
la vinculación, la Sala concluye que esta tuvo carácter nacionalizado.

52. Esta conclusión encuentra respaldo adicional en la propia denominación
del establecimiento educativo al cual fue adscrita la demandante, esto es, la
«Concentración Escolar Nacionalizada Escuela Rural Mixta de Gambote»,
circunstancia que constituye un elemento concordante con la naturaleza
nacionalizada de la plaza provista mediante el acto de nombramiento.

53. Ahora bien, la entidad demandada sustentó su recurso de apelación en el
certificado de información laboral expedido por la Secretaría de Educación de
Bolívar el 19 de agosto de 2015, a partir del cual sostuvo que la demandante
prestó sus servicios entre el 18 de agosto de 1992 y el 31 de agosto de 2010 bajo
una vinculación de carácter nacional. Sin embargo, dicho reparo no está llamado
a prosperar.

54. En efecto, de la revisión de los Formatos Únicos para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 19 de agosto de 201515, 31 de agosto de
201616 y 2 de septiembre de 201617, emitidos por la Secretaría de Educación de
Bolívar, no se desprende la naturaleza nacional de la vinculación. Dichos
documentos se limitan a registrar que la demandante se encontraba sometida al
régimen pensional «nacional», circunstancia que no equivale a la naturaleza
jurídica del vínculo docente ni permite establecer, por sí sola, que la vinculación
hubiera sido del orden nacional.

55. En cuanto a la casilla correspondiente al régimen de pensiones en este
tipo de formatos, la Sala precisa que este elemento no resulta concluyente para
determinar la naturaleza jurídica de la vinculación docente, a la luz de las
categorías de personal nacional, nacionalizado y territorial previstas en el artículo
1.º de la Ley 91 de 1989 y desarrolladas por la jurisprudencia de esta
Corporación.

56. Dicha información tiene por finalidad identificar el régimen de seguridad
social aplicable al educador en relación con el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones y no la naturaleza de la designación o de la plaza
desempeñada18. Por ello, la referencia a un «régimen de pensiones nacional» no
permite, por sí sola, concluir que la vinculación hubiera sido de carácter nacional,
ni desvirtúa los elementos probatorios ya analizados que acreditan su condición
de docente nacionalizada.

57. Por otro lado, cabe señalar que también obran en el expediente las
certificaciones salariales expedidas el 30 de noviembre de 2015 por la misma

15 SAMAI, Tribunal Administrativo de Bolívar, Expediente Digital, archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, folios

309 y 310.
16 Ibidem, folios 73 y 74.
17 Ibidem, folios 80 y 81.
18 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en la siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre

de 2025, rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia
del 21 de agosto de 2025, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.

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Secretaría de Educación de Bolívar, correspondientes a los años 2003 a 2005,
en las que se calificó expresamente la vinculación como de carácter nacional19.
No obstante, dicha afirmación tampoco prevalece frente a los elementos
probatorios analizados previamente, en particular el acto administrativo de
nombramiento y el acta de posesión, que permiten identificar de manera directa
e inequívoca la naturaleza nacionalizada de la vinculación.

58. Sobre este aspecto, debe recordarse que la sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018 estableció que la determinación de la
calidad docente debe efectuarse, en primer lugar, a partir de los actos
administrativos de nombramiento y, solo en ausencia de estos, mediante
certificaciones expedidas por la autoridad nominadora que permitan establecer
de manera inequívoca la naturaleza de la vinculación.

59. Por tanto, cuando existe contradicción entre las certificaciones expedidas
con posterioridad y los actos administrativos que dieron origen al vínculo docente,
deben prevalecer estos últimos, por constituir la fuente primaria e idónea para
determinar la naturaleza jurídica de la relación surgida con la administración.

60. Así las cosas, la Sala concluye que la referencia al carácter «nacional»
contenida en algunas de las certificaciones aportadas corresponde a una
inconsistencia que no puede prevalecer sobre el contenido del Decreto 069 del
18 de agosto de 1992 y del acta de posesión respectiva, documentos que
acreditan que la vinculación de la demandante tuvo naturaleza nacionalizada.

61. Por consiguiente, se encuentra demostrado que la demandante prestó sus
servicios como docente nacionalizada entre el 18 de agosto de 1992 y el 31 de
agosto de 2016, para un total de 24 años y 13 días, período que por sí mismo
permite acreditar los 20 años de servicios exigidos por la Ley 114 de 1913 para
el reconocimiento de la pensión gracia.

62. De este modo, al encontrarse acreditados los requisitos exigidos por la Ley
114 de 1913 y las disposiciones que la complementan para acceder a la pensión
gracia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto reconoció
el derecho pensional reclamado por la demandante.

2. Análisis oficioso de estatus pensional y configuración de la prescripción
trienal de mesadas

63. Resulta menester señalar que la Sala comparte la decisión del a quo de
fijar como fecha de consolidación del estatus pensional el 8 de abril de 2009 por
cuanto en esa fecha la demandante cumplió 50 años de edad, requisito que se
verificó con posterioridad al cumplimiento de los 20 años de servicios.

64. No obstante, se modificará la decisión del Tribunal en lo relativo a la
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 12 de abril de 2013

19 Ibidem, folios 247, 248 y 249

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dado que la solicitud de reconocimiento pensional fue presentada el 12 de abril
de 2016, esto es, más de 3 años después de la consolidación del derecho,
ocurrida el 8 de abril de 2009.

65. Adicionalmente, la demanda fue radicada el 31 de mayo de 2019, esto es,
una vez transcurrido el término de 3 años contado desde la interrupción de la
prescripción generada por la presentación de la solicitud ante la UGPP. De suerte
que, la demandante disponía hasta el 13 de abril de 2019 para promover
demanda en ejercicio del medio de control correspondiente.

66. Esta circunstancia evidencia el incumplimiento de los términos previstos
en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y en el artículo 102 del Decreto 1848
de 1969, conforme a los cuales la reclamación administrativa interrumpe la
prescripción por una sola vez y por un lapso igual al originalmente establecido.

67. En consecuencia, en ejercicio de la facultad de declarar oficiosamente las
excepciones que encuentre probadas prevista en el artículo 187 del CPACA y
teniendo en cuenta que la decisión no comporta afectación alguna al principio de
la non reformatio in pejus, por haber apelado ambas partes, la Sala establecerá
que se encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 31 de
mayo de 2016, fecha que corresponde a los 3 años anteriores a la presentación
de la demanda. Por tal razón, se modificarán los numerales segundo y tercero de
la parte resolutiva de la sentencia apelada precisando esta fecha.

Reparo sobre adición de la sentencia en torno a la pretensión de
reconocimiento de los reajustes pensionales previstos en el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993

68. La parte demandante sustentó su recurso de apelación solicitando que se
adicione la sentencia de primera instancia, al considerar que desconoció el
principio de congruencia por cuanto omitió pronunciarse sobre la segunda
pretensión de restablecimiento del derecho, dirigida a que se condenara a la
entidad demandada al reconocimiento y pago de los reajustes pensionales
previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

69. La Sala considera procedente resolver en esta instancia la solicitud de
adición de la sentencia formulada por la parte demandante habida cuenta de que
el inciso segundo del artículo 287 del CGP faculta al ad quem para complementar
la providencia del inferior cuando la parte perjudicada con la omisión haya
interpuesto el recurso de apelación, presupuesto que se encuentra acreditado en
el presente asunto.

70. Verificado el escrito de demanda, la Sala observa que, en efecto, la parte
actora también solicitó, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos demandados, que se condenara a la UGPP a reconocer y
pagar sobre la pensión gracia los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley
100 de 1993.

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71. No obstante, una vez examinada la sentencia de primera instancia, se
advierte que el a quo no efectuó pronunciamiento alguno sobre dicha pretensión,
ni en la parte considerativa ni en la resolutiva de la providencia. En consecuencia,
y dado que la demandante apeló expresamente este aspecto de la decisión, la
Sala procederá a resolver la omisión advertida.

72. Al respecto, se denegará el reconocimiento de los reajustes previstos en
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en que esta Corporación,
mediante la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 —citada en esta
providencia—, estableció que «la pensión gracia se considera una prestación de
carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como
reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio
de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a veinte años,
entre otras exigencias».

73. Esto significa que su regulación es especial, se encuentra contenida en
normas específicas y, por el principio de inescindibilidad de la ley, no es posible
aplicarle disposiciones del régimen general de pensiones, como lo pretende el
demandante20. Incluso, este criterio fue reiterado en recientes sentencias de esta
Subsección calendadas el 19 de marzo de 202621 y el 4 de junio de 202622.

74. Así, no resulta procedente acceder al ajuste solicitado respecto de la
pensión que hoy se reconoce, en estricto acatamiento del artículo 14 de la Ley
100 de 1993, toda vez que dicha norma dispone que su aplicación corresponde
a las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o sustitutivas, entre
las cuales no se encuentra la pensión gracia, que es de carácter especial y cuenta
con requisitos y presupuestos legales propios.

Condena en costas en segunda instancia

75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los

20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida

dentro del expediente 08001 23 33 000 2019 00201 01 (2902–2021), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida dentro
del expediente 05001 23 33 000 2018 01357 01 (2826-2023), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de junio de 2026, proferida dentro
del expediente 76001 23 33 000 2021 00988 01 (0489-2025), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

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demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a parte vencida en el
proceso; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

78. En consecuencia, no se impondrá condena en costas por cuanto no puede
predicarse la existencia de una parte vencida en esta instancia. Obsérvese que,
aunque los reparos formulados por la entidad demandada no prosperaron,
tampoco tuvieron vocación de éxito los argumentos expuestos por la parte
demandante en su recurso de apelación, circunstancia que impide considerar que
alguna de las partes resultó completamente vencida en el trámite de segunda
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de adición de la sentencia de primera
instancia formulada por la parte demandante en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia del 20 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia de
primera instancia del 20 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, los cuales quedarán así:

«SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 31 de mayo de 2016.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho: se ordena a la UGPP
reconocer a favor de la señora Nidia del Socorro Viggiani Guardo la pensión gracia
pretendida, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados por este en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su
estatus pensional, considerando para el efecto que, alcanzó la edad de 50 años el
08 de abril de 2009. El pago deberá realizarse debidamente indexado a partir del
día 31 de mayo de 2016, por efecto de la prescripción declarada.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con la fórmula adoptada por el H. Consejo de Estado, según la cual:

R= RH x Índice final
Índice inicial

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En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación de las diferencias deberá
hacerse mes por mes.»

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia del
20 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
Nidia del Socorro Viggiani Guardo contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Bolívar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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