Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00988-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00988-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00988-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Cuatro (04) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2021 00988 01 (0489-2025)
Demandante: Jairo Antonio Gómez Toro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Acreditación de la calidad de docente.
Aplicación de la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018. Docente nacionalizado por vinculación proveniente del
jefe de distrito educativo. Condena en costas en ambas
instancias.
Decisión: Se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se accede a
las pretensiones de la demanda por cuanto se acreditó la
vinculación docente de carácter nacionalizado del actor por
más de 20 años.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 13 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 010171 del 26 de abril de
2021 y RDP 019702 del 4 de agosto de 2021 expedidas por la entidad
demandada, mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a reconocer y pagar a su favor la referida prestación periódica,
equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios a partir del 25 de febrero de 2013, fecha en la
que afirmó haber consolidado su estatus pensional, pero con efectos fiscales
desde el 28 de noviembre de 2017 por aplicación de la prescripción trienal.
Asimismo, solicitó su inclusión en nómina, el pago de mesadas causadas,
reajustes legales, intereses moratorios y de las costas del proceso.
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Demandante: Jairo Antonio Gómez Toro
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que nació el 22 de
mayo de 1959 y que ingresó al servicio oficial docente desde el mes de octubre
de 1980, inicialmente en establecimientos educativos oficiales del departamento
del Valle del Cauca, y posteriormente continuó vinculado mediante
nombramientos efectuados por autoridades territoriales, razón por la cual sostuvo
que su vinculación correspondió a la de un docente territorial o nacionalizado.
4. Manifestó que el 28 de noviembre de 2020 presentó ante la entidad
demandada una solicitud de reconocimiento de pensión gracia, la cual se negó
mediante la Resolución RDP 010171 del 26 de abril de 2021. Contra dicha
decisión interpuso los recursos procedentes, resueltos desfavorablemente
mediante la Resolución RDP 019702 del 4 de agosto de 2021.
5. Sostuvo que los actos administrativos demandados desconocieron la
naturaleza territorial de sus nombramientos pues nunca prestó sus servicios
directamente a la Nación, sino que siempre estuvo vinculado mediante actos
expedidos por autoridades departamentales o municipales, circunstancia que, en
su criterio, lo hace beneficiario del régimen especial previsto en las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.
6. Finalmente, adujo que la entidad incurrió en una indebida interpretación
de las normas que regulan la pensión gracia y desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado relativa a la determinación de la naturaleza de la vinculación
docente, motivo por el cual solicitó la nulidad de los actos acusados y el
reconocimiento de la prestación reclamada.
Contestación de la demanda
7. La entidad, por conducto de apoderada judicial, contestó oportunamente
la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que el
actor no acreditaba el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
8. En relación con los hechos de la demanda, la entidad aceptó aquellos
relacionados con la expedición de los actos administrativos acusados y con la
solicitud pensional presentada por el demandante; sin embargo, negó que este
hubiera demostrado el cumplimiento de los presupuestos normativos previstos
para acceder a la prestación reclamada, particularmente en lo relacionado con la
acreditación de una vinculación docente territorial o nacionalizada anterior al 31
de diciembre de 1980.
9. Como fundamento de su defensa, sostuvo que, revisados los documentos
obrantes en el expediente administrativo y judicial, el actor solicitó el
reconocimiento de la pensión gracia, pero los tiempos de servicio acreditados no
permitían demostrar una vinculación docente del orden territorial o nacionalizado
dentro del término exigido por la ley. En ese sentido, afirmó que la información
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Demandante: Jairo Antonio Gómez Toro
contenida en el certificado CETIL correspondía a tiempos de vinculación de
carácter nacional, razón por la cual no procedía el reconocimiento pensional.
10. Señaló igualmente que, conforme al Decreto 726 de 2018, el certificado
CETIL constituye el documento idóneo para establecer el tipo de vinculación, los
periodos laborados y la entidad nominadora, por lo que los demás documentos
allegados por la parte actora no desvirtuaban la información certificada dentro del
trámite administrativo.
11. Adicionalmente, argumentó que el demandante manifestó ser beneficiario
de otra pensión de jubilación de carácter nacional, circunstancia que impedía el
reconocimiento de la pensión gracia con fundamento en el numeral 3 del artículo
4 de la Ley 114 de 1913.
12. Finalmente, propuso como excepciones de mérito las denominadas
«inexistencia de la obligación por no cumplimiento de los requisitos legales»,
«presunción de legalidad de los actos administrativos», «buena fe»,
«prescripción» y la innominada o genérica.
Sentencia apelada
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13
de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda al concluir que el
actor no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
14. En el análisis probatorio, el tribunal encontró acreditado que el señor
demandante fue vinculado inicialmente mediante Resolución 174 del 14 de
octubre de 1980 para desempeñarse como docente en una institución educativa
del municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca), período que fue considerado
de naturaleza nacionalizada por haberse producido durante el proceso de
nacionalización de la educación. Asimismo, verificó que posteriormente fue
nombrado mediante Decreto 0244 del 12 de febrero de 1993.
15. No obstante, al valorar el Formato Único de Historia Laboral, la
certificación CETIL y el informe expedido por la Secretaría de Educación del Valle
del Cauca, el a quo concluyó que la vinculación del demandante desde el 25 de
febrero de 1993 hasta el 30 de abril de 2021 correspondió a una plaza de carácter
nacional, circunstancia que impedía computar ese tiempo para completar los 20
años exigidos por la legislación especial sobre pensión gracia.
16. En ese contexto, el tribunal precisó que, si bien el actor logró demostrar
una vinculación de naturaleza nacionalizada entre el 16 de octubre de 1980 y el
16 de febrero de 1981, dicho lapso resultaba insuficiente para consolidar el
derecho prestacional puesto que los tiempos posteriores no podían sumarse al
corresponder a nombramientos de carácter nacional, de conformidad con la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre la materia.
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17. En consecuencia, declaró probadas las excepciones de «inexistencia de
la obligación», «cobro de lo no debido» y «ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados»; en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda, condenó en costas a la parte actora y fijó como agencias en derecho
el 4 % del valor de las pretensiones.
Recurso de apelación
18. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito de
que se revoque integralmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda ordenando el reconocimiento y pago
de la pensión gracia a su favor.
19. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el a quo incurrió en
una errónea valoración probatoria y jurídica al considerar que la vinculación
derivada del Decreto 0244 del 12 de febrero de 1993 era de carácter nacional,
pese a que dicho acto administrativo fue expedido por el gobernador del
departamento del Valle del Cauca, circunstancia que demuestra que se trató de
una vinculación territorial y no nacional.
20. Señaló que el tribunal desconoció el alcance de la Ley 60 de 1993 y de la
Ley 115 de 1994, normas que asignaron a los gobernadores y entidades
territoriales la competencia para efectuar nombramientos del personal docente,
administrar plazas educativas y asumir la dirección del servicio educativo, razón
por la cual los tiempos de servicio derivados de dichos actos deben computarse
como servicio territorial para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
21. Igualmente, argumentó que la naturaleza del vínculo docente no puede
determinarse exclusivamente con fundamento en las certificaciones laborales
expedidas por la administración, sino principalmente a partir de los actos
administrativos de nombramiento, los cuales constituyen la prueba idónea para
establecer si la vinculación fue nacional, nacionalizada o territorial. En ese
sentido, afirmó que los actos de nombramiento obrantes en el expediente
acreditan que fue designado por autoridades del orden departamental en plazas
adscritas a instituciones educativas territoriales.
22. Sostuvo además que la decisión apelada desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la materia, particularmente aquella según la cual lo
determinante para establecer la naturaleza del vínculo no es la fuente de
financiación del cargo ni la certificación posterior emitida por la entidad, sino la
autoridad nominadora y la naturaleza de la plaza ocupada.
23. Finalmente, reiteró que nació el 22 de mayo de 1959, cumplió los 50 años
de edad el 22 de mayo de 2009 y acreditó más de 20 años de servicio al sector
educativo oficial territorial, lo cual le da el derecho a beneficiarse de la prestación
periódica reclamada.
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II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
24. Mediante auto del 23 de abril de 20251 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y se indicó que la parte demandada disponía hasta
la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse y al Ministerio Público que
tenía plazo para emitir concepto hasta antes que el expediente ingresara al
despacho para emitir sentencia.
25. El Ministerio Público2 conceptuó que se debe confirmar la sentencia
apelada por cuanto si bien el actor se vinculó con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, no logró acreditar los 20 años de servicio como docente de carácter
nacionalizado o territorial.
26. La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
28. Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a esta Sala determinar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia y, específicamente, si los servicios
prestados en virtud del Decreto 0244 del 12 de febrero de 1993, expedido por el
gobernador del Valle del Cauca, corresponden a una vinculación docente
nacionalizada o territorial computable para acreditar el requisito de 20 años.
Análisis del problema jurídico
29. La Sala anticipa su decisión de revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, con base en los
argumentos que se expondrán a continuación.
30. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
1 Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
2 Índice 18, ibidem.
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cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
31. En el asunto sub judice no está en discusión que el demandante satisfizo
el requisito de la edad, pues nació el 22 de mayo de 1959 y cumplió 50 años el
22 de mayo de 20093. Tampoco se controvierte lo relacionado con el requisito de
haber laborado con buena conducta y honradez, pues en el recurso de apelación
no se planteó un reparo al respecto ni obra en el expediente prueba alguna que
demuestre que al actor se le haya impuesto alguna sanción disciplinaria.
32. Asimismo, está demostrado lo relacionado con el requisito de haberse
vinculado como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de
1980. Al respecto, al proceso se aportó copia de la Resolución 174 del 14 de
octubre de 1980, a través del cual se nombró al demandante como docente
interino en la Escuela Urbana de Varones No. 1 Marco Fidel Suárez del municipio
de Ansermanuevo, en reemplazo de la titular del cargo, por un lapso de 60 días
a partir del 16 de octubre de 1980.
33. Al revisar el mencionado acto administrativo de nombramiento, la Sala
advierte que este fue emitido por el jefe del Distrito Educativo No. 9 del municipio
de Cartago (Valle del Cauca), en usos de sus atribuciones legales conferidas en
el Decreto 0539 del 17 de abril de 1978.
34. Asimismo, obra copia del Acta de Posesión 079 del 23 de octubre de
19804, suscrita por el alcalde de Ansermanuevo y el demandante, en la que se
especificó que este último tomaba posesión en el cargo de Seccional de la
Escuela Marco Fidel Suárez, en reemplazo de Libia Inés Giraldo de Sepúlveda.
35. De acuerdo con los documentos referidos, la Sala advierte que la
designación realizada por el jefe del Distrito Educativo No. 9 de Cartago, a través
de las Resolución 174 del 14 de octubre de 1980, se sitúa dentro de la ejecución
del proceso de nacionalización de la educación, tal como lo establece la Ley 43
de 1975, así como en el marco de la descentralización de los servicios educativos
prevista en el Decreto Extraordinario 102 de 19765.
36. Esto se debe a que los jefes de distrito educativo fueron posteriormente
integrados formalmente en la estructura organizacional educativa mediante los
Decretos 01796 y 01817, ambos del 22 de enero de 1982.
3 Cfr. Cédula de ciudadanía que reposa en la página 15 del archivo
«2_EXPEDIENTEDIGITAL_02JAIROANTONIOGOME».
4
Página 25, ibidem.
5 Por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan otras
disposiciones.
6 Por el cual se determinan y definen los cargos docentes directivos, sé dictan normas sobre jornada laboral,
asignación académica y otras disposiciones relacionadas con el trabajo de los funcionarios docentes
directivos y docentes, en los establecimientos oficiales de educación pre-escolar, básica y media
vocacional.
7 Por el cual se adopta y se reglamenta el programa de "Mapa Educativo" como sistema de planificación y
administración de la educación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Link: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1709830
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37. Dichos decretos establecieron que estos funcionarios eran directivos
docentes designados mediante nombramiento previo concurso de méritos
efectuado por el gobernador, intendente, comisario o alcalde mayor de Bogotá,
con la firma del delegado regional del ministro de educación como certificación
de que se han cumplido todos los requisitos legales y reglamentarios, encargados
de la administración de dos o más núcleos de Desarrollo Educativo y que
dependían administrativamente de las secretarías de educación de los
respectivos entes territoriales y sus funciones eran establecidas por el Ministerio
de Educación Nacional8. Por lo demás, los distritos educativos eran determinados
en cada entidad territorial por la Junta Administradora del Fondo Educativo
Regional9.
38. Estas circunstancias ponen de manifiesto que los jefes de distrito
educativo desempeñaban sus funciones conforme a los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, actuando en coordinación
con las entidades territoriales. Sin dudas, estos funcionarios desarrollaban la
nacionalización de la educación primaria y secundaria, facilitada a través de los
Fondos Educativos Regionales.
39. De acuerdo con lo analizado, la Sala determina que el nombramiento en
cuestión no fue realizado directamente por el Ministerio de Educación en su
calidad de autoridad nominadora, lo que excluye la posibilidad de que tenga
carácter nacional. En consecuencia, se considera que se trató de un
nombramiento nacionalizado. Esto permite acreditar la vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, así como dos meses
acumulables para contabilizar los 20 años de servicio.
40. Aclarado lo anterior, el objeto del presente asunto recae en el requisito de
haber laborado como docente territorial o nacionalizado durante 20 años, el cual
se examinará a continuación.
Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizado
durante 20 años
41. Esta Sección, mediante la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del
21 de junio de 201810, fijó como regla jurisprudencial para acreditar la plaza
docente territorial en los siguientes términos:
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
8 Decreto 0181 de 1982, artículo 12.
9 Decreto 0181 de 1982, artículo 4.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
proferida el 21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
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cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Se resalta)
42. Dicho de otra manera, en estos casos, el juez debe examinar el expediente
con el fin de verificar la existencia de actos administrativos que le permitan
determinar la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión.
Esto es fundamental, toda vez que el contenido del acto administrativo de
nombramiento proporciona al fallador información crucial sobre las condiciones
jurídicas del cargo a desempeñar, así como las implicaciones a las que quedó
sujeto el servidor.
43. No obstante, en ausencia de estos documentos, el juez tiene la opción de
recurrir a otros elementos que deben ser analizados en conjunto bajo las reglas
de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las autoridades
nominadoras, constatando que la veracidad de la información contenida en ellas
sea indiscutible.
44. Pues bien, tomando en cuenta que el demandante acumuló dos meses
de servicios prestados como docente nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980, al plenario se aportó copia del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral 55832019 del 7 de octubre de
201911, mediante el cual la Secretaría de Educación del Valle del Cauca certificó
que el demandante prestó sus servicios como docente en propiedad a partir del
25 de febrero de 1993 y hasta la fecha de expedición del mencionado documento.
45. En el mencionado certificado se registran a su vez varias situaciones
administrativas como cambios de sueldo, ascensos y continuidades, sin que se
observe existencia de solución de continuidad desde su ingreso ocurrido el 25 de
febrero de 1993.
46. Como soporte de dicha información, en el expediente obra copia del
Decreto 0244 del 12 de febrero de 199312, por medio del cual se nombró al actor
como seccional del Centro Docente María Inmaculada del municipio de
Ansermanuevo, perteneciente al Distrito Educativo No. 9 de Cartago. De dicho
cargo tomó posesión el 25 de febrero de 199313.
47. Al revisar el acto administrativo de nombramiento, se evidencia que este
fue suscrito por el gobernador del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones
legales, junto con la secretaria de Educación y el delegado del Ministerio de
Educación Nacional, lo cual permite establecer, contrario a lo decidido por el
tribunal de primera instancia, que se trató de un vínculo docente del orden
nacionalizado, acorde con la definición prevista en el artículo 1 de la Ley 91 de
1989.
11
Páginas 18 al 21 del archivo «2_EXPEDIENTEDIGITAL_02JAIROANTONIOGOME».
12 Página 26, ibidem.
13 Página 27, ibidem.
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48. Dicho de otra manera, no es dable calificar el precitado nombramiento
como de carácter nacional puesto que este no fue efectuado por el Gobierno
Nacional, ni del contenido del Decreto 0244 de 1993 se infiere que el gobernador
del Valle del Cauca hubiese actuado como delegado de la Nación.
49. Tampoco podría pensarse que por el hecho de que el delegado del
Ministerio de Educación Nacional participó en la expedición del acto
administrativo de nombramiento debe pensarse que se trató de una relación legal
y reglamentaria del orden nacional, pues, como se señaló en la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018, la intervención de dicho funcionario no
modifica la naturaleza del vínculo, dado que este último actuó en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975. Al respecto, en
dicha providencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial:
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad
presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;
50. Ahora bien, aunque la Secretaría de Educación del Valle del Cauca,
mediante el referido Formato Único para la Expedición de Certificado Laboral
55832019 del 7 de octubre de 2019, calificó el vínculo docente bajo estudio como
del orden nacional, esto no justifica otorgarle un mayor valor probatorio tras el
examen realizado al contenido del Decreto 0244 de 1993 emitido por el
gobernador del Valle del Cauca. Esta postura se fundamenta en que, como se
explicó en precedencia, dicho acto administrativo proporcionó una mayor claridad
a la Sala permitiéndole formarse un libre convencimiento de que ese período no
era nacional, sino nacionalizado.
51. Por tal motivo, es certero que el aludido decreto restó el valor probatorio
del Formato Único para la Expedición de Certificado de Historial Laboral en
cuanto al tipo de vinculación del actor, habida cuenta de que facilitó un análisis
exhaustivo de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon su designación.
Aunado a que precisamente este tipo de certificados se fundamentan en los actos
administrativos emitidos por la autoridad nominadora, por lo que es posible que
al consultarlos directamente se obtenga una mayor certeza sobre la veracidad
del tipo de nombramiento realizado. Aparte de que no hay mención a cuál fue el
criterio empleado por la Secretaría de Educación para clasificar el periodo como
nacional.
52. Por consiguiente, el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 1993
y el 7 de octubre de 2019, que suma un total de 26 años, 7 meses y 13 días,
será reconocido como tiempo de servicio en la calidad de docente nacionalizado.
53. Así las cosas, el demandante acreditó un total de 26 años, 9 meses y 13
días como docente nacionalizado, superando el mínimo de 20 años exigido por
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la normativa vigente para acceder a la pensión gracia. Los tiempos de servicio se
discriminan en el siguiente cuadro:
Carácter de la Desde Hasta Tiempo laborado
plaza ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizada 16/10/1980 16/12/1980 0 2 0
Nacionalizada 25/02/1993 07/10/2019 13 7 26
TOTAL 13 9 26
54. Adicionalmente, sobre el reparo de la UGPP relativo a una eventual
incompatibilidad por percibir otra pensión de carácter nacional (numeral 3 del
artículo 4 de la Ley 114 de 1913), debe señalarse que en el expediente no obra
prueba de que el demandante reciba actualmente una recompensa o erogación
del orden nacional que sea incompatible con la pensión gracia. En consecuencia,
la Sala despacha desfavorablemente este motivo de inconformidad.
55. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que la parte demandante ha
demostrado de manera concomitante el cumplimiento de todos los requisitos
legales necesarios para el reconocimiento de la prestación periódica objeto de
litigio.
Análisis del estatus pensional y la prescripción
56. Esta Corporación14 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el
cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que
la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del
término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969 aplicable al presente caso.
57. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a
partir del cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario
considerar que esta fecha se concretó el 24 de diciembre de 201215, cuando el
demandante acreditó su estatus pensional tras cumplir 20 años de servicio como
docente nacionalizado. Esta fecha es posterior a la que corresponde a su
cumpleaños número 50, es decir, el 22 de mayo de 2009.
58. Así las cosas, de las pruebas presentadas en el expediente se desprende
que el actor solicitó el reconocimiento pensional el 28 de noviembre de 202016, lo
que dio origen a la expedición de los actos administrativos acusados,
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
15 Este resultado es producto sumarle al 25 de febrero de 1993 lo equivalente a 19 años y 10 meses, que
era el tiempo que le restaba para completar los 20 años de servicios.
16 Información tomada de la Resolución RDP 010171 del 26 de abril de 2021.
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interrumpiendo el término prescriptivo por un lapso igual, esto es, hasta el 28 de
noviembre de 2023. Asimismo, la demanda se presentó el 6 de octubre de 202117.
59. No obstante, comoquiera que las anteriores actuaciones se realizaron más
de tres años después desde que surgió el derecho, habrá lugar a declarar la
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de noviembre de
2017.
60. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta
Colegiatura18 ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la
presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada
debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario,
se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del derecho de las
prestaciones periódicas causadas.
Conclusión
61. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y se declarará
la nulidad de los actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor del actor, en
cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores salariales devengados
en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, entre el 24
de diciembre de 2011 y el 23 de diciembre de 2012.
62. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4 de la Ley 4
de 1966, 5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales
trazados por esta Corporación relacionados con el monto de la prestación, esto
es, que «la pensión gracia debe liquidarse con base en los emolumentos
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional»19.
63. Así las cosas, para efectos de la pensión gracia que hoy es objeto de
reconocimiento, se deberá liquidar con el 75% del promedio del sueldo y el
sobresueldo que devengó el actor en el período descrito.
64. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
17 Índice 1 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-
33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-
2016).
19 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado:
i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de
2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-
23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).
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65. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse
mes por mes.
66. Por último, se denegará el reconocimiento de los reajustes previstos en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en que esta Corporación,
mediante la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 —citada en esta
providencia—, estableció que «la pensión gracia se considera una prestación de
carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como
reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio
de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a veinte años,
entre otras exigencias». Esto significa que su regulación es especial, se
encuentra contenida en normas específicas y, por el principio de inescindibilidad
de la ley, no es posible aplicarle disposiciones del régimen general de pensiones,
como lo pretende el demandante20.
67. En consecuencia, no resulta procedente acceder al ajuste solicitado
respecto de la pensión que hoy se reconoce, en estricto acatamiento del artículo
14 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha norma dispone que su aplicación
corresponde a las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o
sustitutivas, entre las cuales no se encuentra la pensión gracia, que es de
carácter especial y cuenta con requisitos y presupuestos legales propios.
Condena en costas
68. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
69. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida
dentro del expediente 08001 23 33 000 2019 00201 01 (2902–2021), con ponencia del consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves.
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70. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
71. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias por cuanto se revoca en su totalidad la sentencia de primera instancia
y se accede a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida el 13 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda en el proceso promovido por el señor Jairo Antonio Gómez Toro contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 010171 del 26 de
abril de 2021 y RDP 019702 del 4 de agosto de 2021, emitidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), mediante las cuales se negó al señor Jairo Antonio
Gómez Toro el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) a reconocer y pagar una pensión gracia a favor del señor JAIRO
ANTONIO GÓMEZ TORO, identificada con cédula de ciudadanía 16.211.556 de
Cartago (Valle del Cauca), en cuantía del 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional,
esto es, del 24 de diciembre de 2011 y el 23 de diciembre de 2012, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR PROBADA la prescripción extintiva de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 28 de noviembre de 2017, conforme
a lo explicado en la parte considerativa de esta sentencia. En consecuencia, la
pensión gracia reconocida en este fallo tendrá efectos fiscales a partir de dicha
fecha.
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Demandante: Jairo Antonio Gómez Toro
QUINTO: La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante
la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
sentencia.
SEXTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la entidad demandada en ambas instancias.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones.
NOVENO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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