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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00798-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00798-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 30 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora María Consuelo Osorio Marín contra la UGPP. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 033078 del 13 de agosto de 2015, RDP 042271 del 15 de octubre de 2015 y RDP 045979 del 5 de noviembre de 2015, por medio de las cuales la UGPP le negó a la señora María Consuelo Osorio Marín el reconocimiento y pago de una pensión gracia. TERCERO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción extintiva de las mesadas pensionales causadas antes del 2 de septiembre de 2016. CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la señora María Consuelo Osorio Marín, identificada con cédula de ciudadanía 38.852.919, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, del 15 de noviembre de 2013 y el 14 de noviembre de 2014, pero con efectos fiscales desde el 2 de septiembre de 2016, por operar la prescripción trienal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia. SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones. OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00798-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Docente nacionalizada.
Aplicación de las sentencias de unificación del Consejo de Estado.
Prueba de planta docente. Vinculación discontinua. Tiempos
nacionales no computables. Prescripción. Condena en costas.

Decisión: Revoca sentencia impugnada y accede a las pretensiones porque la
demandante cumplió con los requisitos legales para beneficiarse de
la pensión gracia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia del 30 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La accionante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 033078 del 13 de agosto de 2015, RDP
042271 del 15 de octubre de 2015 y RDP 045979 del 5 de noviembre de 2015, mediante
las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la administración a
reconocerle la prestación periódica mencionada desde el 30 de abril de 2013, equivalente
al 75 % del salario con todos los factores que percibió en el último año de servicios, junto
con los respectivos ajustes legales e indexación previstos en el artículo 187 del CPACA,
así como los intereses moratorios establecidos en los artículos 141 de la Ley 100 de 1993
y 192 del CPACA. Finalmente, solicitó que se ordene a la demandada el pago de las
costas y agencias en derecho.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

3. En respaldo de sus pretensiones, manifestó que nació el 6 de septiembre de 1954,
cumplió 50 años de edad el 6 de septiembre de 2004 y laboró para el magisterio durante
20 años como docente territorial en el departamento del Valle del Cauca, en los siguientes
periodos: del 1.º de abril al 31 de mayo de 1975 (tiempo completo); del 20 de enero al 30
de junio de 1993, del 13 de septiembre al 31 de diciembre de 1993, del 26 de enero al 30
de junio de 1994 y del 22 de agosto al 31 de diciembre de 1994 (todos en hora cátedra);
y desde el 17 de enero de 1995 hasta el momento de la radicación de la demanda (tiempo
completo).

4. En consecuencia, señaló que el 8 de abril de 2015 presentó solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia ante la autoridad competente; sin embargo, esta se
negó mediante los actos administrativos acusados, aduciendo que los tiempos laborados
fueron de carácter nacional.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas
al considerar que en la expedición de los actos administrativos cuestionados actuó
conforme a las disposiciones legales aplicables.

6. Explicó que la accionante no logró demostrar 20 años de servicios docentes bajo
vinculación municipal, departamental, distrital o nacionalizada, pues en el expediente
obra copia de la certificación laboral del 13 de marzo de 2015 en la cual consta que prestó
servicios a la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga desde el 1.º de
abril de 1975 hasta dicha fecha, bajo una vinculación de carácter nacional. Por tal motivo,
ese tiempo no puede computarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

7. Propuso las excepciones de mérito denominadas «inexistencia de la obligación
reclamada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los actos administrativos
impugnados» y «prescripción».

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de junio
de 2022, negó las pretensiones de la demanda al concluir que la actora no demostró
haber ejercido funciones docentes en condición territorial o nacionalizada durante un
periodo igual o superior a 20 años.

9. En desarrollo de su análisis, el a quo señaló que, si bien la demandante fue
nombrada por el gobernador del departamento del Valle del Cauca antes del 31 de
diciembre de 1980 para cubrir una licencia de maternidad entre el 1.º de abril y el 31 de
mayo de 1975 —vinculación calificada en el escrito inicial como nacionalizada—, lo cierto
es que solo volvió a ejercer la docencia el 20 de enero de 1993, esto es, casi 18 años
después.

10. De esa circunstancia, el Tribunal concluyó que, al no existir continuidad entre los
periodos de servicio, la actora no conservó la condición de docente nacionalizada
alegada pues quienes ingresaron al magisterio a partir de 1990 adquirieron la categoría
2

Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

de docentes nacionales, aun cuando hubiesen sido designados por una autoridad
territorial.

11. Añadió que, como lo indicó esta Sección en decisiones del 22 de febrero y del 18
de julio de 2018, el hecho de que una entidad territorial con posterioridad a 1990 efectuara
directamente un nombramiento no implica que este sea de carácter territorial o
nacionalizado ya que dicha clasificación requiere la expedición del acto sin observar las
previsiones del artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

12. Del mismo modo, sostuvo que, aunque la Institución Educativa San Vicente de
Guadalajara de Buga certificó que la vinculación de la actora correspondía al orden
nacionalizado, la calidad de docente territorial o nacionalizada solo puede demostrarse
mediante el acto administrativo de nombramiento y la certificación de la entidad territorial
nominadora, conforme a lo dispuesto en la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018.

13. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la actora.

Recurso de apelación

14. La parte demandante apeló la decisión y pidió que sea revocada, con fundamento
en que cumple todos los requisitos legales y probatorios exigidos para acceder a la
pensión gracia.

15. Al respecto, reiteró que su primer nombramiento se produjo antes del 31 de
diciembre de 1980, que alcanzó la edad de 50 años en 2004 y que acumuló más de 20
años de servicio, enfatizando que sus actos de vinculación fueron suscritos por el
gobernador del Valle del Cauca con cargo al presupuesto departamental, lo que evidencia
una vinculación nacionalizada y no nacional, como erróneamente lo concluyó la UGPP y
luego el tribunal.

16. Reprochó que la sentencia haya desconocido las pruebas obrantes en el
expediente, así como la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado que ha
reconocido que basta con haber estado vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 para
sumar tiempos de servicio posteriores. Agregó que, con fundamento en la sentencia del
20 de septiembre de 2001 (Exp. 0095-01), la pérdida de continuidad en la vinculación no
constituye una causal para negar el derecho pensional, de modo que la interrupción entre
1975 y 1993 no afectó el cumplimiento de los requisitos legales.

17. Finalmente, sostuvo que la interpretación aplicada por la demandada y acogida
por el tribunal carece de sustento jurídico, al desconocer actos administrativos válidos y
certificaciones laborales claras, vulnerando el debido proceso y el principio de legalidad.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto del 6 de julio de 2023, se admitió el recurso de apelación y se
advirtió a la parte demandada que contaba hasta la ejecutoria de dicha providencia con
la oportunidad para pronunciarse. Asimismo, se informó al Ministerio Público que
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Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

disponía hasta antes del ingreso del expediente al despacho para fallo para emitir su
concepto.

19. La entidad demandada reiteró que la actora no tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia por cuanto no acreditó una vinculación territorial válida antes de 1980.
Señaló que su único servicio previo fue de carácter temporal y no generó derecho
adquirido, mientras que los periodos posteriores a 1995 corresponden a una plaza
nacional excluida del régimen de pensión gracia conforme a la Ley 91 de 1989. Citó
jurisprudencia sobre expectativas legítimas e interinidad para alegar que dicho tiempo no
puede computarse como servicio territorial y subrayó la ausencia de los elementos
probatorios mínimos exigidos para acceder al beneficio. En consecuencia, solicitó
confirmar la sentencia que negó las pretensiones.

20. Por su parte, el Ministerio Público conceptuó que la docente no tiene derecho a la
pensión gracia dado que el único tiempo territorial previo a 1980 correspondió a un
reemplazo temporal sin consolidación de derechos, mientras que los demás periodos
fueron de naturaleza nacional. Recordó que la jurisprudencia de unificación SUJ-030 de
2022 y la Ley 91 de 1989 exigen 20 años de servicios de carácter territorial o
nacionalizado antes de 1980 y precisó que la fuente de financiación no altera la
naturaleza jurídica de la plaza.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

22. Con base a los argumentos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala
determinar si, con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, la demandante
cumplió con el requisito de haber servido durante 20 años como docente de carácter
territorial o nacionalizado; además, establecer si su vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 le permite acreditar el requisito exigido por el numeral 2 del artículo
15 de la Ley 91 de 1989.

Análisis del problema jurídico

23. Se observa en el expediente copia del Decreto 0495 del 14 de abril de 1975 1,
mediante el cual el gobernador del departamento del Valle del Cauca nombró a la
demandante como profesora de tiempo completo en el Instituto Julia Restrepo de Tuluá,
Distrito Educativo 5, con efectos a partir del 1.º de abril de ese año y por el término de la

1
Folio 19.

4

Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

licencia de maternidad concedida a la señora María Teresa Vacca de Daza. Sin embargo,
según acta de posesión, asumió el empleo el 24 de abril de 19752, pero con efectos
retroactivos al 1° de abril de 1975.

24. De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido por la Secretaría de Educación de Buga el 13 de marzo de 2015, la actora
se desempeñó como docente nacional por distintos intervalos que van desde el año 1975
hasta el 2015. En lo que se refiere a la designación anotada en párrafo anterior, se tiene
que la demandante fue nombrada como docente para cubrir licencia de maternidad en el
instituto Julia Restrepo del Distrito 5 de Tuluá, mediante el Decreto 0495 del 14 de abril
de 1975, ejerciendo desde el 1° de abril de 1975 hasta el 31 de mayo de 19753.

25. Ahora, revisado el referido Decreto 0495 del 14 de abril de 1975, se avizora que
fue expedido de manera autónoma por el gobernador del Valle del Cauca, en ejercicio de
sus facultades legales como autoridad nominadora en ese ente territorial. No se entrevé
intervención o delegación alguna por parte del Ministerio de Educación Nacional, como
tampoco se certificó la disponibilidad de recursos para la designación por parte de algún
representante de esa cartera ministerial.

26. Este último aspecto es clave para concluir que el nombramiento no fue
nacionalizado, dado que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 10 de la
Ley 43 de 19754, es decir, no se evidenció la previa autorización del Ministerio de
Educación Nacional para que el gobernador pudiera designar a la demandante como
maestra. Mucho menos se mencionó que la plaza a ocupar requiriera recursos
transferidos por el Gobierno Nacional a través de los Fondos Educativos Regionales,
conforme al artículo 6 de la misma norma.

27. Inclusive, la posesión del cargo ocurrió el 24 de abril de 1975, mientras que la Ley
43 de 1975 fue sancionada y entró en vigencia el 11 de diciembre de 19755; por lo tanto,
no era posible que en ese momento la plaza tuviera el carácter nacionalizado, ya que en
ese momento no había comenzado en Colombia la nacionalización de la educación
primaria y secundaria implementada con la mencionada ley.

28. En consecuencia, en ese momento el nombramiento solo podía ser nacional o
territorial, pero no nacionalizado6. En este punto, es relevante señalar que tampoco fue
de carácter nacional, puesto que no se trató de una vinculación por nombramiento del
Gobierno Nacional, tal como lo define el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

29. Por su parte, se advierte que la figura de la interinidad se utiliza «ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos»7. En este

2
Folio 20.
3
Expediente digital, «005- Demanda - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», págs. 21-24.
4
Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los
Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
5
https://www.camara.gov.co/sites/public_html/leyes_hasta_1991/ley/1975/ley_0043_1975.html
6
Este argumento guarda coherencia con las consideraciones de la Corte Constitucional en sentencia C-084 de 1999, al analizar la constitucionalidad
del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisando que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley
43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 27 de junio de 2018, dentro del expediente con radicado 68001-23-33- 000-2014-00812-01 (3597-
2015), con ponencia del doctor Gabriel Valbuena Hernández

5

Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

sentido, los tiempos de servicios prestados bajo tal modalidad pueden ser valorados para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia 8, siempre y cuando se haya ejercido en
plazas territoriales o nacionalizadas toda vez que el nombramiento realizado de manera
transitoria no afecta la prestación del servicio.

30. Ahora bien, aunque el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 13 de marzo de 2015 haya atribuido de manera indistinta carácter
nacional a los periodos laborados por la demandante —incluyendo aquel derivado del
nombramiento realizado mediante el Decreto 0495 del 14 de abril de 1975—, lo cierto es
que el vínculo docente establecido en 1975 fue, en realidad, de naturaleza territorial.

31. A propósito, frente a la divergencia existente entre la información consignada en
las certificaciones laborales y la que emana del acto administrativo de nombramiento, la
Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 20189, fijó criterios relevantes para la acreditación de la calidad
docente, en los siguientes términos:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad
que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en
su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Negrillas de la Sala)

32. En consecuencia, a pesar de que la certificación indica que la vinculación
desarrollada en interinidad en 1975 fue de carácter nacional, esto no justifica otorgarle
un mayor valor probatorio tras el examen realizado al contenido del Decreto 0495 del 14
de abril de 1975, emitido por el gobernador del Valle del Cauca. Esta postura se
fundamenta en que dicho acto administrativo proporcionó una mayor claridad a la Sala,
permitiéndole formarse un libre convencimiento de que ese período no era nacional, sino
territorial.

33. Dicho de otro modo, el decreto emitido por el gobernador del Valle del Cauca restó
el valor probatorio del Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, en cuanto al tipo de vinculación de la actora, ya que facilitó un análisis exhaustivo
de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon su designación. Sin perjuicio de
que este tipo de certificados se fundamentan precisamente en los actos administrativos
emitidos por la autoridad nominadora, por lo que es posible que al consultarlos
directamente se obtenga una mayor certeza sobre la veracidad del tipo de nombramiento
realizado. Aparte de que no se especifica el criterio empleado por la Secretaría de
Educación de Buga para catalogar ese interregno como nacional.

34. En definitiva, se desvirtuó la presunción de veracidad de la información contenida
en el certificado laboral a través de otra prueba documental que admitió lo contrario y que

8
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 15 de febrero de 2024, dentro del expediente con radicado 25000-23-42-000-2014-02454-01
(2663-2019) con ponencia del doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

ofrece más elementos de juicio al fallador, siendo en este caso el acto administrativo de
nombramiento donde constaba el vínculo docente10.

35. Así, para esta Subsección es inequívoco que los servicios docentes prestados
por la demandante desde el 1° de abril de 1975 hasta el 31 de mayo de 1975 (2 meses
y 1 día) fueron de carácter territorial (departamental), con lo cual se da por satisfecha
la exigencia de haberse vinculado en tal calidad antes del 31 de diciembre de 1980
y, a su vez, este tiempo es computable para el conteo de los 20 años de servicio que
exige la Ley 114 de 1913.

36. En este punto, la Sala precisa que no resulta válido el argumento del a quo, según
el cual no es posible sumar períodos de servicio discontinuos —aunque estos se
distancien entre sí durante 18 años— para completar los 20 años de servicios docentes.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta Sección, a través de la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 202211, interpretó el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, en conjunto con lo dispuesto en fallos de
la Corte Constitucional, estableciendo la siguiente regla aplicable al presente caso:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»

37. De acuerdo con este precedente, la parte accionante puede acreditar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia, ya sea de manera
continua o discontinua, sin que sea relevante el momento en que se satisfagan los
requisitos de edad y tiempo de servicio, siempre y cuando se demuestre la vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980.

38. Sentado esto, la Sala verificará a continuación si la accionante logró reunir los 20
años de servicios como docente territorial o nacionalizada. Al respecto, en el expediente
obra copia del Decreto 2677 del 26 de diciembre de 199412, a través del cual el
gobernador del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, nombró a la actora
en el cargo de coordinadora de la Unidad Docente (hoy Institución Educativa) Manuel
Antonio Sanclemente del municipio de Buga, Distrito Educativo núm. 4, cargo que fue
creado por el Decreto 2391 de 1994.

39. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado Laboral emitido el 13 de
marzo de 201513, la demandante prestó sus servicios como docente nacional, en los
siguientes períodos:

• Como docente de hora cátedra en el Instituto Técnico Agrícola de Buga, del 20
de enero al 30 de junio de 1993 (15 horas semanales); del 13 de septiembre al 31 de

10
En aplicación de la regla probatoria contenida en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida bajo el radicado 15001 23 33 000 2016 00278 01 (3018-2017). En la
mencionada sentencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a), de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, lo siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
12
Folios 21 y 22.
13
Folios 23 al 25.

7

Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

diciembre de 1993 (17 horas semanales); del 26 de enero al 30 de junio de 1994 (19
horas semanales) y del 22 de agosto al 31 de diciembre de 1994 (23 horas cátedra),
en atención a los nombramientos realizados mediante las Resoluciones 004 del 25 de
enero de 1993, 134 del 29 de septiembre de 1993, 006 del 7 de febrero de 1994 y 155
del 20 de septiembre de 1994.

• Del 17 de enero de 1995 al 13 de marzo de 2015, en las Instituciones Educativas Manuel
Antonio Sanclemente y San Vicente, ambas del municipio de Buga, por virtud del
nombramiento efectuado a través del Decreto 2677 del 26 de diciembre de 1994.

40. Obra, a su vez, copia del Formato Único para la Expedición del Certificado de
Salarios emitido el 16 de marzo de 2015 por la Secretaría de Educación de Guadalajara
de Buga14, en el que se señala que la actora, a ese momento, laboraba como directiva-
docente del orden nacionalizado, en propiedad, en la Institución Educativa San Vicente
de ese municipio.

41. Frente al nombramiento efectuado mediante el Decreto 2677 del 26 de diciembre
de 1994, vale decir que se trató de una vinculación nacionalizada, en vista de que el
referido acto administrativo fue suscrito por el gobernador del Valle del Cauca y el
delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional de esa
entidad territorial, lo cual cumple con lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 91 de 198915,
en concordancia con el artículo 10 de la Ley 43 de 197516.

42. En efecto, la participación de dicho delegado no implicó que se trate de un docente
nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que
estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito
Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar
la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en
ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

43. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201817, determinó que la
condición de docente nacional no se adquiere simplemente por la participación de un
delegado del Ministerio de Educación en el acto administrativo de nombramiento, ni por
el hecho de que los salarios sean financiados con recursos del situado fiscal. De igual
forma, no se considera relevante que las autoridades territoriales actúen como
presidentes de las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales. Lo que
realmente importa es la plaza que se va a ocupar18. El criterio interpretativo se unificó en
estos términos:

14
Folio 26.
15
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: […] Personal
nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975» (se resalta).
16
«Artículo 10. En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear
nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de
enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
17
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18
Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-
000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).

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Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

44. En concordancia con el análisis efectuado respecto al periodo anterior, la Sala
considera que, si bien el Formato Único para la Expedición de Certificado Laboral
expedido el 13 de marzo de 2015 señala que la demandante prestó sus servicios como
docente nacional, dicha mención no es suficiente para conferirle un mayor valor
probatorio al contenido del Decreto 2677 del 26 de diciembre de 199419 (véanse los
párrafos 25 y 28 supra), el cual evidencia que la vinculación de la demandante fue en
calidad de docente nacionalizada.

45. En este orden de ideas, la Sala encuentra acreditado que desde el 17 de enero de
1995 hasta el 13 de marzo de 2015 la demandante se desempeñó como docente
nacionalizada, esto es, durante 20 años, 1 mes y 26 días.

46. Por otro lado, la Sala descartará los interregnos en los que la demandante prestó
sus servicios en la modalidad de hora cátedra para el Instituto Técnico Agrícola de Buga
(párrafo 30 ut supra), pues, aunque no obran en el expediente copias de las Resoluciones
004 del 25 de enero de 1993, 134 del 29 de septiembre de 1993, 006 del 7 de febrero de
1994 y 155 del 20 de septiembre de 1994, a través de las cuales se realizaron los
respectivos nombramientos, lo cierto es que dicho establecimiento educativo, para la
época de los hechos, estaba adscrito al Ministerio de Educación Nacional, según lo
prevén los Decretos 603 del 14 de marzo de 196620 (arts. 1.º21 y 2.º22); 39 del 13 de enero
de 198823 (art. 1.º24) y 758 del 26 de abril de 198825 (art. 1.º26)27.

47. Por consiguiente, los tiempos que la demandante laboró para el referido Instituto
Técnico Agrícola de Buga no pueden computarse para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia por tratase de vinculaciones nacionales, atendiendo a las reglas previstas
en la sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de agosto de 199728,
ratificada por esta Sección mediante la mencionada sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201829, aplicada actualmente para
resolver los litigios similares o análogos al sub lite.

19
Folios 21 y 22.
20
«Por el cual se reorganiza la educación agrícola de nivel medio y se crean las carreras intermedias agropecuarias».
21
«Artículo primero. A partir del 1º de enero de 1967, las Escuelas Normales Agrícolas de Buga, Paipa y Lorica, pasarán a ser Institutos Técnicos
Agrícolas».
22
«Artículo segundo. Los Institutos a que se refiere el artículo anterior, y los demás que el Gobierno funde en el futuro, dependerán de la División de
Educación Superior y Normalista del Ministerio de Educación Nacional, y tendrán la finalidad de formar técnicos agrícolas de nivel medio e intermedio».
23
«Por el cual se organiza una Unidad Docente del Ministerio de Educación Nacional».
24
«Artículo 1º. El Instituto Técnico Agrícola, ITA, de Buga, en una Unidad Docente de Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación
Nacional, que se regirá por las disposiciones del Decreto 080 de 1980 y las del presente Decreto».
25
«Por el cual se organizan como establecimientos públicos del orden nacional los Colegios Mayores y los Establecimientos Educativos Oficiales
Nacionales de Educación Técnica Profesional».
26
«Artículo 1º (…) Los establecimientos educativos oficiales de educación técnica profesional denominados: (…) Instituto Técnico Agrícola ITA de Buga,
con domicilio en Buga; (…) son establecimientos públicos de carácter académico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio,
independiente, adscritos al Ministerio de Educación Nacional».
27
Normas concordantes con lo previsto en el Decreto 1438 del 4 de julio de 1989.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia proferida el 26 de agosto de 1997, dentro del expediente S-699, con
ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, proferida bajo el
radicado 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con ponencia del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: María Consuelo Osorio Marín

48. Así las cosas, para esta Subsección es acertado el argumento de la apelante al
manifestar que el Tribunal no valoró en debida forma los documentos allegados al
expediente, pues está debidamente probado que sirvió como docente nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980 y prestó sus servicios en esa condición durante un
mínimo de 20 años.

49. Bajo este panorama, está demostrado que la accionante prestó sus servicios como
docente nacionalizada durante 20 años, 3 meses y 4 días, tal como se muestra en la
siguiente gráfica, los cuales deben tenerse en cuenta para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia que depreca:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 01/04/1975 31/05/1975 0 2 1
Nacionalizada 17/01/1995 13/03/2015 20 1 27
TOTAL 20 3 28

50. En virtud de lo expuesto, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos previamente analizados,
sino que también acreditó haber cumplido 50 años de edad el 6 de septiembre de 200430.
Además, no se encontraron reproches que cuestionen su desempeño en el ámbito
educativo, lo que permite concluir que también se satisface la exigencia de honradez,
dedicación y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que perciba una doble
compensación o erogación nacional incompatible con la pensión gracia.

Análisis del estatus pensional y la prescripción

51. Esta Corporación31 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no
se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya
hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

52. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a partir del
cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario considerar que esta
fecha se concretó el 15 de noviembre de 201432, cuando la demandante acreditó su
estatus pensional tras cumplir 20 años de servicio como docente nacionalizada. Esta
fecha es posterior a la que corresponde a su cumpleaños número 50, es decir, el 6 de
septiembre de 2004.

53. Así las cosas, de las pruebas presentadas en el expediente se desprende que la
actora solicitó el reconocimiento pensional el 8 de abril de 201533, lo que dio origen a la
expedición de los actos administrativos acusados, cuando aún no habían pasado 3 años

30
Cfr. Cédula de ciudadanía en la que consta que la actora nació el 6 de septiembre de 1954.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de noviembre de 2012, número interno:
1446-2012.
32 Este resultado es producto de restarle al 13 de marzo de 2015 lo correspondiente a 3 meses y 28 días, que es el tiempo que excede los 20 años.
33
Información tomada de la Resolución RDP 033078 del 15 de agosto de 2015, visible en el folio 28.

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Demandante: María Consuelo Osorio Marín

desde que surgió el derecho. Sin embargo, la demanda la interpuso el 2 de septiembre
de 201934, esto es, vencidos los 3 años de interrupción de la prescripción. Por lo tanto,
se declararán prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 2 de septiembre de
2016.

54. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta Colegiatura35 ha
entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la presentación de la solicitud
de reconocimiento pensional, la parte interesada debe presentar en el término de los 3
años la demanda judicial, de lo contrario, se somete a la activación del término
prescriptivo y la pérdida del derecho de las prestaciones periódicas causadas.

Conclusión

55. En conclusión, se revocará la sentencia apelada y se declarará la nulidad de los
actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se ordenará el reconocimiento y
pago de la pensión gracia en favor de la actora, en cuantía equivalente al 75 % del
promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, entre el 15 de noviembre de 2013 y el 14 de noviembre de
2014.

56. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4.° de la Ley 4 de 1966,
5.° del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia
debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»36.

57. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

58. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas pensionales,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en
que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto
sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

59. Por último, se denegará el reconocimiento de los reajustes previstos en la Ley 71
de 1988, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en
que esta Corporación, mediante la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 —
citada en esta providencia—, estableció que «la pensión gracia se considera una

34
Cfr. Acta de reparto visible en el folio 46.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado: 150012333000201300718 01 (1218-2015);
Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado:
05001233300020140102501 (1239-2016).
36
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-
23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020,
radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).

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Demandante: María Consuelo Osorio Marín

prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como
reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la
actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a veinte años, entre otras
exigencias».

60. Esto significa que su regulación es especial, se encuentra contenida en normas
específicas y, por el principio de inescindibilidad de la ley, no es posible aplicarle
disposiciones del régimen general de pensiones, como lo pretende la demandante 37.

61. En consecuencia, no resulta procedente acceder al ajuste solicitado respecto de
la pensión que hoy se reconoce, en estricto acatamiento del artículo 14 de la Ley 100 de
1993, toda vez que dicha norma dispone que su aplicación corresponde a las pensiones
de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o sustitutivas, entre las cuales no se
encuentra la pensión gracia, que es de carácter especial y cuenta con requisitos y
presupuestos legales propios.

Condena en costas

62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se accede a las
peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

37
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida dentro del expediente 08001 23 33 000 2019
00201 01 (2902–2021), con ponencia del consejero Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Demandante: María Consuelo Osorio Marín

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 30 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho incoada por la señora María Consuelo Osorio Marín contra
la UGPP.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 033078 del 13 de agosto
de 2015, RDP 042271 del 15 de octubre de 2015 y RDP 045979 del 5 de noviembre de
2015, por medio de las cuales la UGPP le negó a la señora María Consuelo Osorio Marín
el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

TERCERO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción extintiva de las mesadas
pensionales causadas antes del 2 de septiembre de 2016.

CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión
gracia a favor de la señora María Consuelo Osorio Marín, identificada con cédula de
ciudadanía 38.852.919, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, del 15
de noviembre de 2013 y el 14 de noviembre de 2014, pero con efectos fiscales desde
el 2 de septiembre de 2016, por operar la prescripción trienal, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones.

OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

13

Radicación: 76001 23 33 000 2019 00798 01 (0700-2023)
Demandante: María Consuelo Osorio Marín

NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

14

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