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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02454-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
22 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02454-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada del treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017) que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 17086 del 27 de noviembre de 2012, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia y de las RDP 4933 del 5 de febrero de 2013 y RDP 7613 del 19 del mismo mes y año, que resolvieron en forma negativa la reposición y apelación. TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de «prescripción» respecto de las mesadas causadas a favor de la demandante anteriores al 28 de marzo de 2009; y a su vez, no probadas las demás formuladas por la entidad accionada. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019) CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Clara Elisa Carranza Salazar, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la configuración del estatus, comprendido entre el 6 de junio de 2006 y el 5 de junio de 2007, efectiva a partir del 6 de junio de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 28 de marzo de 2009, por prescripción trienal de mesadas. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de Estado, según la cual: R= RH Índice Final Índice inicial En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-02454-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)
Demandante: Clara Elisa Carranza Salazar
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos como docente en
plazas del orden territorial y nacionalizado. Aplicación de la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018. REVOCA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora CLARA ELISA CARRANZA SALAZAR instauró demanda en contra de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 17086 del 27 de noviembre de
2012, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a
favor de la demandante y de la RDP 4933 del 5 de febrero y RDP 7613 del 19 de
febrero, ambas de 2013, que confirmaron la negativa al resolver los recursos de
reposición y apelación.

1 Folios 38.

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1

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Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la prestación, según lo previsto en la Ley 114 de 1913, con los
reajustes anuales, y el retroactivo indexado de las mesadas adeudadas por dicho
concepto, así como los intereses moratorios.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones de los artículos
192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

La demandante fue docente en calidad de interina en la Concentración Educativa
Distrital Pantaleón Gaitán Pérez (entre el 15 de agosto y 13 de octubre de 1977 y
del 15 de octubre al 13 de noviembre de la misma fecha); en la Institución Educativa
Distrital Rockefeller (desde el 23 de julio de 1979 hasta el 9 de septiembre de 1979)
y; en la Institución Educativa Distrital León de Greiff (desde el 23 de mayo al 13 de
junio de 1986).

Que estuvo vinculada como docente temporal en la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá, entre el 6 de octubre de 1986 y el 30 de noviembre de 1992 y
luego, nombrada en propiedad desde el 8 de febrero de 1993 hasta la presentación
de la demanda.

Que al cumplir los 50 años y los 20 años laborados (10 de junio de 2007), solicitó
ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, sobre la cual obtuvo respuesta
negativa mediante la Resolución RDP 17086 del 27 de noviembre de 2012 al
considerar que no acreditó que los tiempos desempeñados lo fueron en propiedad
a favor del ente territorial y como docente departamental, distrital, municipal o
nacionalizado.

Contra la anterior decisión, presentó recurso de reposición y apelación, que fueron
resueltos negativamente a través de las Resoluciones RDP 4933 del 5 de febrero
de 2013 y RDP 7613 del 19 de febrero de 2013.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 23 de enero de 20153, y notificada a la
UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el que se opuso a las

2 Folios 5 y 6.
3 Folios 60 a 61.
4 Folio 64.
5 Folios 95 a 100.

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pretensiones de la demanda al argumentar que la demandante, no cumplió con los
requisitos previstos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Propuso las excepciones que denominó; presunción de legalidad de los actos
administrativos expedidos por la entidad de pensiones; inexistencia de la obligación;
prescripción e innominada y genérica.

En la audiencia inicial6 el tribunal señaló que las excepciones propuestas no podían
ser consideradas como previas, por tanto, serían resueltas en la sentencia. En esta
diligencia fijó el litigio en el sentido de determinar si la actora cumplía con los
requisitos para ser acreedora de la pensión gracia. Señaló que no existía ánimo
conciliatorio, efectuó la incorporación y el decreto de pruebas.

En la audiencia de pruebas7 incorporó las allegadas, dio por agotada la etapa
probatoria; prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, para ordenar
la presentación de los alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dictó
sentencia el 31 de agosto de 2017, a través de la cual negó las pretensiones de la
demanda, al argumentar que la señora Clara Carranza no demostró una vinculación
previa al 31 de diciembre de 1980 como docente territorial o nacionalizada y
tampoco analizó los demás requisitos porque no existió una desigualdad laboral que
justifique compensarla a través de la pensión gracia.

Del material probatorio, advirtió que del tiempo desempeñado entre el 15 de agosto
y el 13 de octubre de 1977, así como del 15 de octubre al 13 de noviembre del
mismo año, no existe en las certificaciones allegadas claridad en la clase de
vinculación ni el plantel que ocupó la docente.

Sobre la vinculación como directora de la Escuela Rockefeller el 7 de septiembre de
1979, sostuvo que fue allegada la Resolución 112 del 24 de febrero de 2009, en el
que reconoció y autorizó el pago de las prestaciones adeudadas para el año 1979
y de la cual precisa que los dineros provenían del presupuesto de rentas y gastos
del FER en vigencia del año 1980, acto suscrito por la secretaría de educación y la
delegada regional del Ministerio de Educación Nacional.

Que como el Fondo Regional de Bogotá administraba los recursos del presupuesto
general de la Nación, el cual estaba sometido a la aprobación de la cartera
ministerial y, por tanto, no hacían parte de dependencias de la administración

6 Folios 125 a 128.
7 Folios 211 a 214.
8 Folios 151 a 159.

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departamental sino del orden nacional, por lo que resultaba necesario desestimar el
tiempo analizado.

El tribunal consideró que para procedencia de la pensión también debía analizarse
la compensación de los bajos ingresos de los docentes por las entidades territoriales
frente a los maestros nacionales, pero como la demandante no demostró una
diferencia salarial que le permitiera agotar tal presupuesto, no concedió la
prestación.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La demandante en su escrito solicitó revocar la sentencia y en su lugar, conceder
las pretensiones al considerar que el tribunal desconoció que el marco legal que
regula el reconocimiento de la pensión gracia solamente advierte sobre la
vinculación territorial antes del 31 de diciembre de 1980, sin que deba demostrarse
una cuantía en el salario inferior frente a los docentes nacionales que le permita
acceder a la prestación.

Que ostentó una vinculación territorial como lo demuestra el certificado laboral y la
Resolución 112 del 27 de enero de 1981, mediante la cual, se autorizó el pago de
prestaciones adeudadas en el año 1979, acto debidamente suscrito por el delegado
regional del Ministerio de Educación Nacional.

Que los recursos provenientes de parte del situado fiscal de los fondos educativos
del FER, la sentencia de unificación dispuso que son de participación nacional pero
que una vez ingresan al presupuesto local, son de propiedad exclusiva de los entes
regionales.

Como el a quo erró en el análisis efectuado, la docente acreditó que ostentó una
vinculación territorial a favor del distrito de Bogotá y que además cumplió con los
demás requisitos para ser acreedora de la pensión gracia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante10 y demandada11 presentaron escrito de alegaciones finales
en el que reiteró los argumentos expuestos en la demanda, contestación y en el
recurso de apelación, respectivamente.

El delegado del Ministerio Público ante esta Corporación guardó silencio12.

9 Folios 250 a 253.
10 Folios 273 a 275.
11 Folios 276 a 280.
12 Según constancia visible a folio 281.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una vinculación territorial o nacionalizada
previa al 31 de diciembre de 1980 y durante 20 años de servicio.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]

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de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201815
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
15 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir entre otros observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Docente interino

16 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Según el criterio ampliamente decantado por el órgano de cierre Vértice de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo los tiempos prestados como docente en
interinidad también deben contabilizarse para efectos de la pensión. Así, en
sentencia del 14 de noviembre de 201517, se precisó:

«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. Lo
anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

En el asunto, en estudio, deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de que los
motivos de inconformidad del apelante único (circunscriben por congruencia la
competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan en verificar si la
actora acredita alguna vinculación como docente de carácter territorial o
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y si ostentó otras
vinculaciones que le permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para
consolidar el derecho pensional en litigio.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que la señora Clara Elisa Carranza Salazar nació el 8 de febrero de 195718,
de modo que cumplió los 50 años el 8 de febrero de 2007.

17
Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014).
18 De conformidad con la copia de la cédula visible a folio 2.

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10

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

Según las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que la demandante
prestó sus servicios en condición de docente, así:

-Desde el 15 de agosto al 13 de octubre de 1977, del 15 de octubre al 13 de
noviembre del mismo año; del 23 de julio al 9 de septiembre de 1979- Interina
Territorial y Nacionalizada

En primer lugar, en lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, resulta
adecuado recordar que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, entre
otros requisitos, esencialmente exige la acreditación de 20 años de servicio como
docente oficial del orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre relevancia la
forma en que se materializó la prestación de la labor aludida, es decir, sin que deba
tenerse en cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento en propiedad
o provisional por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue de manera transitoria,
situación que ha sido reiterada por la misma jurisprudencia de esta Corporación.

Por tanto, para la Subsección es claro que quienes acrediten el ejercicio de la labor
docente mediante vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen derecho a que
tales tiempos se computan al verificar el cumplimiento del requisito de 20 años de
servicio, incluso cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la modalidad de
interinidad, pues no influye o distorsiona la naturaleza de la relación legal y
reglamentaria, ni el efectivo desempeño de funciones como educador que son las
que finalmente otorgan el derecho.

En el caso concreto, se observa que no fueron allegados ni el nombramiento ni el
acta de posesión relacionados con este lapso, por tanto, para poder determinar la
vinculación de la docente, de acuerdo con la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018, que habilitó la prueba de calidad de docente territorial, para comprobar la
vinculación, desarrolló lo siguiente:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial. […]»

Como sustento del tiempo laborado se aportó el Formato Único para Expedición de
Historia Laboral19, expedido por la Secretaría de Educación del departamento de
Cundinamarca, del que puede desprenderse que la docente prestó sus servicios a
favor del Distrito en calidad de interina, nombrada mediante oficios sin número,
como se adjunta:

19
Folio 159.

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11

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

Los anteriores tiempos, también fueron corroborados por la Alcaldía mayor;

Aunado a ello, puede constatarse que se desempeñó como interina según las
constancias expedidas por los respectivos directivos, así:

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12

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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13

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

A partir de las pruebas bajo análisis puede observarse que la demandante fue
nombrada en reiteradas ocasiones como docente en las escuelas distritales sin que
exista documento del cual se advierta que el nombramiento fue con participación de
algún delegado del Ministerio de Educación Nacional o de un representante del
Fondo Educativo Regional sin que pueda asumirse que la plaza ocupada
interinamente fue creada en virtud de los presupuestos de la Ley 43 de 1975.

Conforme a lo expuesto, como de los certificados adjuntos no puede extraerse otra
situación distinta a sostener que la vinculación de interina entre el 15 de agosto al
13 de octubre de 1977 y del 15 de octubre al 13 de noviembre del mismo año
(1 años, 1 meses y 27 días) lo fue en calidad de territorial, esto, bajo el entendido
que están dados los presupuestos para considerar estos tiempos válidos en el
reconocimiento de la pensión y no como lo advirtió el a quo, pues las certificaciones
y constancias debidamente allegadas son un medio idóneo que permitieron
demostrar la situación fáctica descrita por la demandante.

De otra parte, en cuanto al tiempo laborado entre el 23 de julio al 9 de septiembre
de 1979, además de lo mencionado anteriormente, fue allegada la Resolución 112
del 27 de enero de 1981, en la que ordenó el pago de las prestaciones a favor de la
docente por los servicios prestados en el año 1979, a cargo del presupuesto del
FER del programa de educación primaria, como se adjunta:

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14

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

[…]

[…]

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15

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

En el anterior acto, se observa la intervención del delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional, y que la plaza ocupada fue creada en vigencia y
cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo
6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de
nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER)
con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de
Educación, intervención que también se encuentra demostrada en esta
oportunidad.

Del mismo modo, es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación y
clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que en
su artículo 1º consagró lo siguiente.

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Líneas intencionales).

Además, tal situación se ajustaría a la interpretación que se desarrolló en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 acerca de los
maestros territoriales, según la cual estos fueron creados de forma exclusiva por el
distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se cubrirían con cargo
a su propio presupuesto, lo cual no ocurre en el presente caso, donde las acreencias
laborales de la actora se asumieron a través del FER con transferencias del SGP,
es decir, de manera cofinanciada y no únicamente por la autoridad distrital.

Asimismo, en la mencionada sentencia, también se expuso que el pago de las
acreencias laborales de los educadores territoriales y nacionalizados con cargo
«[…]a las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado
fiscal— […] hoy sistema general de participaciones.», no implica que los
recursos que enmarcan la prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por
consiguiente le otorguen dicha calidad a la plaza que el educador oficial ostenta, por
lo que es dable asegurar que el tiempo de servicio durante (1 mes y 17 días), fue
de carácter nacionalizado.

Al respecto, tal como lo advirtió la apelante, resultó desacertado el estudio que
realizó el a quo derivado de este tiempo, al referir que los recursos administrados
por la Nación a través de los FER, debían considerarse del mismo carácter, pues
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16

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

tal argumento quedó sin sustento conforme a lo expuesto

Por ello, habrá lugar a revocar la sentencia, porque el tiempo de interina entre el
15 de agosto al 13 de octubre de 1977 y del 15 de octubre al 13 de noviembre
del mismo año (1 año, 1 mes y 27 días) lo fue en calidad de territorial y del 23
de julio al 9 de septiembre de 1979 (1 mes y 17 días) como nacionalizada, que
suman (1 año, 3 meses y 14 días) debió incluirse en el reconocimiento del derecho,
especialmente para el requisito inicial sobre la vinculación previa al 31 de diciembre
de 1980.

Aunado a ello, en la decisión impugnada, el tribunal sostuvo que tampoco sería
necesario continuar con el estudio de los demás requisitos porque la demandante
no demostró una desigualdad en los salarios devengados respecto de los docentes
nacionales, condición necesaria para obtener la pensión, argumento debatido
igualmente por la actora en su recurso de apelación.

Al respecto, esta Sala precisa que si bien es cierto, el legislador entre otros, como
fin económico buscó justificación en la iniciativa de la ley que consagró el derecho
a la pensión gracia (igualdad en las disposiciones salariales en el ejercicio de la
docencia oficial), también lo es, que tal condición no puede desvirtuar los
requerimientos previstos en la Ley 114 de 1913, especialmente en que el titular del
derecho ostente una vinculación de carácter municipal, departamental o distrital; de
tal forma, no es posible distorsionar las razones para la cual fue creada la norma
para incumplir los requisitos propios de la prerrogativa pensional y dejar de
analizarlos bajo tal sustento.

En ese orden, se procederá analizar el segundo requisito en cuanto a la
acumulación de 20 años de servicio de la señora Clara Elisa Carranza Salazar como
docente territorial o nacionalizada (punto de debate en esta instancia).

-De 1986 a 1992- nombramiento como docente Temporal – Territorial y
Nacionalizada

La docente se desempeñó a favor del distrito en la Concentración León de Greiff y
en las escuelas Ciudad Bolívar y el Paraiso, de igual manera, sobre estos tiempos
no fueron aportados los actos de nombramiento ni de posesión, pero de las
certificaciones y constancias allegadas puede determinarse la vinculación y plaza
ocupadas, tal como lo expuso la sentencia de unificación antes mencionada que
habilitó la prueba de calidad de docente territorial, aplicable en el mismo sentido
para los nacionalizados.

Así, del tiempo señalado, se allegaron las siguientes comunicaciones de las
designaciones realizadas, así:

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17

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

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18

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

Ahora, los anteriores oficios refieren que la docente fue nombrada a cargo del
distrito del cual se desempeñó entre los años 1986, 1987 y 1988, dentro de las
mismas no obra intervención alguna por parte del Ministerio de Educación Nacional

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19

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

o de sus delegados, que permita advertir una vinculación distinta a la territorial, de
las cuales puede derivarse el carácter territorial con recursos propios del distrito.

Sobre el carácter temporal de la vinculación esta Sala reitera el análisis efectuado
al respecto, en el que dispuso:

«En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza
temporal, como una forma de proveer cargos docentes, dicha figura debe
entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad
y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración,
en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma
de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración
de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en
el caso de la demandante.

Así las cosas, estima la Sala que ante la ausencia temporal del titular de un empleo
docente, esto, con ocasión de cualquiera de las situaciones administrativas previstas
en la ley, entre ellas, la licencia, comisión o vacaciones, la administración cuenta
con la posibilidad de proveer dicho empleo en forma transitoria, a través de un
nombramiento con tal naturaleza con el fin de evitar cualquier tipo de traumatismo
en la prestación normal del servicio educativo oficial»20

De otra parte, en el año 1989, la docente tuvo un nombramiento mediante la
Resolución 107 de 1989, de la cual puede observarse la calidad de maestra
temporal y de la vinculación nacionalizada, así:

20 Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación: 81001-23-33-000-2013-

00285-01(2806-15).

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20

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

[…]

[…]

De esta Resolución puede advertirse que fue expedida por el alcalde del distrito en
virtud a las medidas para «solucionar situaciones comprobadas de calamidad pública,
como es la que padece el Distrito Especial de Bogotá» y además precisó «el gasto que
ocasione el pago de la presente Resolución, se hará con cargo a la Secretaria (sic) de
Hacienda, Codigo (sic) 111,-02-7-1-03-03-016. Pago Quinquenios y otras prestaciones al
personal nacionalizado (Pago Profesores- Administrativos)».

Es decir, que este tiempo laborado como no fue sugrado con recursos propios del
distrito sino en virtud del rubro destinado al personal nacionalizado, debe
entenderse que dicho periodo (16 de enero al 30 de noviembre de 1989) resulta del
mismo carácter.

De otra parte fue allegada una comunicación21 en la que se precisa que la docente
para el año 1991 ostentó una vinculación nacional, a través de la Resolución 14910
de 199022, sin embargo tal resolución también fue allegada y no obra información
alguna en la que pueda relacionarse un nombramiento directo a la docente ni la
plaza ocupada, porque este acto solamente desarrolla «las fechas del Calendario
Escolar A-1991, para los institutos docentes públicos y privados de Educación Preescolar,
Básica y Secundaria) y Media Vocacional», por tanto, para la Sala no tiene validez en
el análisis del presente caso.

21
Folio 170.
22
Folio 181.

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21

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

Para precisar la naturaleza de la vinculación temporal realizada en los años 1990,
1991 y 1992, únicamente fue aportada la constancia expedida por la autoridad
distrital que advierte:

Los tiempos señalados quedan ratificados conforme a la relación del Formato Único
para la Expedición de Certificado Laboral. En ese sentido, se tendrán igualmente
con el caracter de territoriales al advertir que no existe otra prueba diferente.

Ahora, en el referido formato relacionó los mismos tiempos entre 1986 y 1992, así:
[…]

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22

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

Es decir que la actora se desempeñó en los siguientes tiempos: i) del 23 de mayo
al 13 de junio de 1986; ii) 6 de octubre al 30 de noviembre de 1986; iii) 24 de febrero
al 30 de noviembre de 1987; iv) 18 de enero al 30 de noviembre de 1988; v) 16 de
enero al 30 de noviembre de 1989 (nacionalizada); vi) 22 de enero al 30 de
noviembre de 1990; vii) 18 de enero al 30 de noviembre de 1991; viii) 20 de enero
al 30 de noviembre de 1992.

Así las cosas, muy a pesar que el formato relaciona todas las vinculaciones
temporales como territoriales, esta Sala aclara que la relacionada entre el 16 de
enero al 30 de noviembre de 1989 lo fue nacionalizada según lo expuesto
anteriormente y, como no existe otra prueba que contrarié lo allí relacionado a partir
de este certificado junto con la respectiva valoración bajo elementos propios de la
sana crítica, puede concluirse la calidad de docente territorial y nacionalizada a
favor del distrito, esto, al margen del tipo de vinculación que se hubiese demostrado
en este período, lo cierto y definitivo es que aquella no sería del orden nacional, sino
eventualmente territorial o nacionalizado, lo cual, en cualquiera de estos dos
eventos, no cambia ni afecta la inclusión y cómputo de tales tiempos de servicio

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23

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

para el reconocimiento de la pensión gracia, pues ambos permiten colmar el
requisito bajo estudio.

En consecuencia, los tiempos desempeñados en el periodo temporal debidamente
certificados por las autoridades territoriales y relacionados anteriormente, que
suman (5 años, 3 meses y 17 días), ameritan ser incluidos en el cómputo de la
pensión gracia tal como lo ordenó el a quo, en el entendido que resultó una
vinculación válida en la prestación del servicio educativo a cargo de la
administración del distrito.

-Del 8 de febrero de 1993 al 28 de septiembre de 2009 – Territorial

Mediante la Resolución 202 del 1. ° de febrero de 199323, el alcalde mayor de
Bogotá D.C., nombró a la señora Cilia Consuelo Diaz Ardila docente de tiempo
completo, de la planta de personal creada en el sector educativo, como se adjunta:

23
Folios 173 a 174.

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24

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[…]

[…]

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25

Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

El mencionado Decreto designó como docente de tiempo completo «en la planta de
personal docente del Distrito Capital de Santafé de Bogotá – Secretaría de Educación»,
creada por el Decreto 029 de 1993, a cargo de 7.120 docentes que prestaban el
servicio educativo, es decir, que la educadora se desempeñó en una plaza territorial,
específicamente distrital. También dispuso que los recursos destinados al pago de
la nómina se fijaron en el Acuerdo 40 de 1992 del Consejo de Bogotá, con cargo al
«rubro expresamente dedicado al pago de personal docente de la planta distrital de
educadores».

Además, se allegó el acta de posesión, suscrita ante la misma autoridad distrital,
así:

De los anteriores actos, puede observarse que fueron suscritos por el alcalde mayor
de Bogotá y el secretario de educación, para desempeñar una plaza permanente
del distrito para ser ocupadas inicialmente por los docentes temporales. De igual
manera, dentro de la creación y nombramiento del personal se denota que no hubo

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

ninguna participación de algún delegado del Ministerio de Educación Nacional o de
un representante del Fondo Educativo Regional y por tanto se trate de una plaza
creada u ocupada en virtud de los presupuestos de la Ley 43 de 1975.

La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1. ° de la Ley 91 de 1989
en el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.», condición que fue desarrollada en
el mismo sentido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de forma
exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se
cubran con cargo a su propio presupuesto.

Los tiempos analizados quedaron relacionados en el mismo Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, en el que puede advertirse que a
partir del nombramiento efectuado en propiedad a la docente con la Resolución 202
de 1993, continúo con la misma vinculación hasta el 28 de septiembre de 2009, de
la siguiente manera:

[…]

[…]

Además, del decreto 202 de 1993 también se advierte que la docente fue nombrada
a favor del distrito, con la facultad a cargo de la autoridad de trasladar o ubicar a los
docentes según las necesidades del servicio educativo, esto es, que a pesar de que
no dispuso una plaza fija para ser ocupada por la señora Clara Eliza Carranza, las
plazas se crearon bajo la naturaleza territorial en el orden distrital y con cargo a los
recursos propios, sin intervención o delegación del Ministerio de Educación
Nacional.

De otra parte, en el mismo certificado se advierte que posteriormente existió una
situación administrativa originada en la Resolución 10258 del 29 de septiembre de
2009 y en la cual únicamente se relaciona (revocatoria acto administrativo), sin que
exista prueba adicional que permita dar claridad a la vinculación o plaza que pudo
ostentar entre el 29 de septiembre de 2009 al 31 de octubre de 2012, por lo cual,

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

este tiempo será desestimado para el cómputo de la pensión gracia.

Al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por la
demandante como docente entre el 8 de febrero de 1993 hasta el 28 de
septiembre de 2009 (16 años, 7 meses y 20 días), deben incluirse en el
reconocimiento de la pensión, pero según el análisis realizado anteriormente.

Además, nótese que en la Resolución RDP 17086 de 27 de noviembre de 2012,
mediante la cual, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia, tal entidad
reconoce todos los tiempos ahora analizados en el carácter departamental y distrital,
así:

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019)

Conforme al material probatorio allegado al plenario y bajo el análisis de la sana
crítica, esta Sala encuentra que la actora, se desempeñó en calidad de docente
interina, temporal y en propiedad, en los siguientes tiempos:

Desde Hasta Año Mes Días Vinculación
15/08/1977
13/10/1977 0 1 28
15/10/1977
13/11/1977 0 0 29
23/07/1979 Interina Territorial y
9/09/1979 0 1 17 Nacionalizada
23/05/1986
13/06/1986 0 0 21
6/10/1986
30/11/1986 0 1 24
24/02/1987
30/11/1987 0 9 6
18/01/1988
30/11/1988 0 10 12
16/01/1989
30/11/1989 0 10 14
22/01/1990
30/11/1990 0 10 8
18/01/1991
30/11/1991 0 10 12
20/01/1992 Temporal Nacionalizada y
30/11/1992 0 10 10 Territorial
8/02/1993
28/09/2009 16 7 20 vinculación Territorial
SUBTOTAL
16 69 201
TOTAL 22 AÑOS, 3 MESES y 21 DÍAS

En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo aquí
analizado y laborado por la demandante, observa la Sala que aquella satisfizo el
requisito de cumplir 20 años al servicio estatal como educador tanto del orden
territorial como nacionalizado.

Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
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con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, quedó demostrado al
corroborar que la actora efectivamente se desempeñó como docente interina al
servicio del distrito entre el 15 de agosto y el 13 de octubre de 1977, del 15 de
octubre al 13 de noviembre del mismo año y desde el 23 de julio hasta el 9 de
septiembre de 1979, tal como quedó expuesto, es decir, en un período anterior a la
primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto de
análisis.

En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en la primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Según lo expuesto, se estima que no fue acertado el estudio del tribunal de primera
instancia en el fallo apelado para denegar el reconocimiento de la prestación
solicitada por la actora y, en su lugar, habrá de revocarse dicha providencia para
acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también se hace
necesario efectuar un examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas
reclamadas.

Análisis de la prescripción

El Consejo de Estado24 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya hecho
exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 6
de junio de 200725 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio, esto es,

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
25 Resultado al sumar el cálculo del tiempo relacionado en la tabla de la prestación del servicio hasta esta fecha

de configuración, así:

Desde Hasta Año Mes Días

15/08/1977 13/10/1977 0 1 28

15/10/1977 13/11/1977 0 0 29

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posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (8 de febrero de 2007), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica en la parte considerativa de la Resolución RDP
17086 del 27 de noviembre de 201226, la señora Clara Elisa Carranza presentó la
petición ante la UGPP, el 28 de marzo de 2012 y fue resuelta en forma negativa por
la administración, fecha para lo cual ya había corrido el término de la prescripción a
partir de la configuración del estatus, pero generó una interrupción hasta el 28 de
marzo de 2015.

En este caso se observa que la señora Clara Carranza radicó la demanda el 7 de
abril de 201427, esto es, por fuera del término de los 3 primeros años contados a
partir de la fecha estatus, pero dentro del lapso de interrupción de la petición
presentada el 28 de marzo de 201228 razón por la cual se declarará probada la
prescripción respecto de las mesadas causadas a su favor anteriores al 28 de marzo
de 2009.

De hecho, sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, encuentra
sustento en lo dispuesto por esta Corporación29, en el entendido que una vez se
haga exigible el derecho y ante la presentación de la reclamación administrativa, la

23/07/1979 9/09/1979 0 1 17

23/05/1986 13/06/1986 0 0 21

6/10/1986 30/11/1986 0 1 24

24/02/1987 30/11/1987 0 9 6

18/01/1988 30/11/1988 0 10 12

16/01/1989 30/11/1989 0 10 14

22/01/1990 30/11/1990 0 10 8

18/01/1991 30/11/1991 0 10 12

20/01/1992 30/11/1992 0 10 10

8/02/1993 6/06/2007

14 3 29
SUBTOTAL 14 65 210

TOTAL 19 AÑOS, 11
20 AÑOS MESES Y 30 DÍAS

26 Folios 7 a 5.
27 Según acta de reparto visible a folio 54.

28 A partir de esta fecha interrumpió la prescripción de las mesadas desde el 28 de marzo de 2012 hasta el
28 de marzo de 2015.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-
000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).

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parte interesada debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de
lo contrario, se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del
derecho de las prestaciones periódicas causadas.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 6 de junio de 2006 y el 5 de junio de 2007, efectiva a partir del
6 de junio de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 28 de marzo de 2009, por
prescripción trienal de las mesadas.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».30

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

Condena en costas de segunda instancia

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la imposición de la referida carga en esta
oportunidad se recuerda que la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de
Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188
del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa

30 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, pese a que en esta oportunidad se revocará la decisión de
primera instancia, la Sala aplicando el criterio anunciado, observa que de los
fundamentos planteados en la contestación de la demanda y en el trámite de
primera instancia, no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas.

De igual manera, la parte demandada propuso argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se
determinó en segunda instancia el reconocimiento del derecho. En consecuencia,
no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada del treinta y uno (31) de agosto de dos
mil diecisiete (2017) que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar,

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 17086 del 27 de
noviembre de 2012, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión
gracia y de las RDP 4933 del 5 de febrero de 2013 y RDP 7613 del 19 del mismo
mes y año, que resolvieron en forma negativa la reposición y apelación.

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de «prescripción»
respecto de las mesadas causadas a favor de la demandante anteriores al 28 de
marzo de 2009; y a su vez, no probadas las demás formuladas por la entidad
accionada.

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CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Clara Elisa Carranza Salazar, ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados en el año anterior a la configuración del estatus,
comprendido entre el 6 de junio de 2006 y el 5 de junio de 2007, efectiva a partir
del 6 de junio de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 28 de marzo de
2009, por prescripción trienal de mesadas.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes
por mes.

QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

SEXTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa,
portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de apoderado general de la UGPP conforme al poder conferido mediante
escritura pública visible en el índice 31 de la plataforma SAMAI.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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