Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00176-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2019-00176-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00176-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2019-00176-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
Demandante: Leonor Duarte Ramos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente interino. Docente
territorial. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio
de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA PARCIALMENTE
Y CONFIRMA SENTENCIA EN LO DEMAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Leonor Duarte Ramos instauró demanda en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 033355 del 13 de agosto de
2018, la cual negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante
y la RDP 043796 del 13 de noviembre de 2018, la cual confirmó la negativa al
resolver el recurso apelación.
1Páginas 3 a 4, expediente digitalizado:
50001233300020190017600_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_29092020113014am_84f5e7
e8454a46f6ac0f7cd896b0f61d.pdf(.pdf) NroActua 2, visible en índice 2 SAMAI, Tribunal Administrativo del Meta.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar la mencionada prerrogativa a la actora en cuantía equivalente al 75% sobre
el promedio mensual de los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus, con el retroactivo pensional,
los reajustes, la indexación correspondiente y los intereses moratorios.
Que la autoridad demandada reconozca y pague la pensión gracia por 14
mensualidades al año conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, que dé cumplimiento
al fallo en los términos del artículo 189 y 192 del CPACA, y que la misma sea
condenada en costas.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la reclamante cumplió 50 años el 4 de abril de 2004 y más de 20 años a favor
del magisterio oficial de forma interrumpida, pues trabajó como docente interina
departamental del 4 de febrero de 1980 al 9 de mayo de 1980, del 2 de abril de 1981
al 10 de mayo de 1981 y ejerció de nuevo el cargo provisional del 26 de agosto de
1981 al 20 de septiembre de 1981.
Que de manera posterior fue nombrada en carrera como maestra de primaria, cargo
que desempeñó de manera continua desde el 27 de junio de 1986 hasta el 1° de
enero de 2014.
Que el 10 de mayo de 2018 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, la cual fue negada por la entidad mediante la resolución RDP
033355 del 13 de agosto de 2018, y resolvió en el mismo sentido el recurso de
apelación presentado por la actora, en la resolución RDP 043796 del 13 de
noviembre de 2018.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron: los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 83, 93, 94, 122, 123, 125, 209,
298 y 311 de la Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 4ª de 1966, 43 de 1975, 33 de 1985, 62 de 1985, 91 de 1989, 4 ª de 1992, 60
de 1993, 100 de 1993, 4ª de 1994, 715 de 2001 y 1278 de 2002; los Decretos 224
de 1972, 1950 de 1973, 1045 de 1978 y 2277 de 1979; y el Acto Legislativo 01 de
2005.
2 Páginas 4 a 5, ídem.
3
Páginas 5 a 15, ídem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
Que los actos acusados vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y seguridad social, y a su vez van en contravía de los fines
esenciales del Estado, pues las autoridades están creadas para preservar los
bienes y derechos sociales de los administrados.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 28 de agosto de 20194 y notificada a la UGPP5, quien
contestó6 manifestando que aunque la demandante prestó sus servicios como
docente departamental desde el 27 de junio de 1986 al 30 de diciembre de 2013,
no demostró una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, ya que tal tiempo
pretendido no se acreditó en el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral del FOMAG en donde se establezca el tipo de vinculación, por lo
que no existe prueba idónea que acredite el tiempo de servicio.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado, (ii) inexistencia de la obligación de reconocer la pensión,
(iii) prescripción, y solicitó que de manera oficiosa se reconocieran las excepciones
que se consideraran.
Mediante auto del 10 de agosto de 20217, el tribunal consideró que se cumplían los
supuestos contenidos en el numeral primero del artículo 182 A del CPACA para
proferir sentencia anticipada, por lo tanto, incorporó al expediente las pruebas
documentales aportadas con la demanda y su contestación, fijó el litigio, dio
apertura a la etapa probatoria, efectuó el decreto de pruebas y ofició al
departamento del Meta para que allegara certificado con la información relevante
para decidir.
En auto del 9 de noviembre de 20218 corrió traslado a las partes para que en el
término de 10 días presentaran los alegatos de conclusión en orden de dictar
sentencia.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 9 de marzo de 2023
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte vencida, al señalar que la demandante prestó sus servicios como docente
oficial desde el 4 de febrero hasta el 9 de mayo de 1980 con una vinculación
departamental, según consta en el certificado de información laboral CETIL, el cual
4 Páginas 64 a 66, ídem.
5 Página 67 y 74, ídem.
6 Páginas 131 a 137, ídem
7 Índice 8 SAMAI, Tribunal Administrativo del Meta.
8 Índice 20, ídem.
9 Índice 29, ídem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
indica también que sus salarios fueron cancelados con recursos propios de la
entidad territorial.
También encontró demostrado que de manera posterior la actora trabajó como
docente provisional desde el 21 de febrero hasta el 5 de noviembre de 1981, y que
dentro de este periodo tuvo otros dos vínculos comprendidos del 2 de abril al 10 de
mayo de 1981 y del 26 de agosto al 20 de septiembre de 1981, todos estos ejercidos
en una plaza del orden territorial conforme se corrobora en el Certificado de
Información Laboral del 23 de febrero de 2018 y certificación de la Gerente de
Gestión Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación del
Departamento del Meta.
Indicó que la educadora también tuvo una relación legal y reglamentaria del 27 de
enero al 8 de marzo de 1986, según se señala en la Certificación Electrónica de
Tiempos Laborados del 15 de octubre de 2021 la cual también acredita la categoría
departamental de la maestra.
Por último, estimó acreditado el periodo desempeñado desde el 27 de junio de 1986
hasta el 31 de diciembre de 2013 al tener en cuenta que el Formato Único para la
Expedición de Historia Laboral registró un tipo de vinculación departamental para el
lapso referido.
Justificó que el orden territorial reconocido también encuentra sustento al considerar
que los planteles educativos en los que trabajó se inferían adscritos a la Secretaría
de Educación de cada entidad territorial, por lo que trajo a colación la categorización
contenida en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, el cual establece que la categoría
docente no se determina por el origen de los recursos destinados para cubrir las
acreencias del educador, sino por la entidad nominadora.
Que, además, la financiación de la plaza a través del Sistema General de
Participaciones no otorga por sí misma una calificación nacional, según la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada10 mostró su inconformidad y solicitó que se revoque la
sentencia para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.
Argumentó que a la demandante no le asiste el derecho toda vez que no acreditó el
cumplimiento de los requisitos de la Ley 114 de 1913, pues no contó con una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente departamental,
distrital, municipal o nacionalizada, ya que del certificado de información laboral de
fecha 23 de febrero del 2018, si bien se obtiene el ejercicio del cargo del 4 de febrero
10 Índice 32 y 33, ídem
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
del 1980 al 9 de mayo del 1980, del 2 abril del 1981 al 10 de mayo de 1981, y del
26 de agosto del 1981 al 20 de septiembre del 1981, no se evidencia en el tipo de
vinculación, y tampoco se aportó copia original o auténtica del acto administrativo
de posesión de los tiempos de información laboral referidos.
Que, además, se demostró que los recursos con los que pagaron los emolumentos
de la actora provienen del situado fiscal, lo cual resulta incompatible para el
reconocimiento de la pensión gracia.
Manifestó que la condena en constas no es procedente en tanto no se evidenció
alguna actuación transgresora de los principios de buena fe y lealtad procesal.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido el 20 de junio de 202311, y se dispuso que una
vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar sentencia, sin
necesidad de traslados.
En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
La Procuraduría Tercera delegada ante esta Corporación solicitó que se revoque el
numera sexto de la sentencia apelada y se confirme lo demás, esto al considerar
que, para el periodo laborado antes del diciembre de 1980, se aportó el Decreto de
nombramiento No. 133 de 1980 de expedido por el gobernador y el secretario de
educación del departamento del Meta, y el Certificado de Información Laboral No.
904 del 23 de febrero de 2018 expedido en el cual se especificó como entidad
responsable la Gobernación del Meta y que se realizaron los aportes a la caja de
previsión social departamental, pruebas de las que concluyó que la vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 fue carácter territorial.
Respecto a los recursos con los cuales se cancelaron los salarios de la docente
dentro advirtió que conforme a la sentencia de unificación SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018 del Consejo de Estado, no es viable inferir que los docentes
territoriales y/o nacionalizados se conviertan en educadores nacionales cuando en
el acto de su vinculación intervienen el representante legal de la entidad territorial y
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la
Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional.
En cuanto a la condena en costas refirió que la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha considerado que la misma tiene aspectos de tipo objetivo valorativo, por
lo que para que esta proceda es necesario evidenciar su causación dentro del
proceso, señalando como los gastos del proceso, que incluyen los honorarios del
abogado o agencias en derecho, los llamados gastos ordinarios y los necesarios.
11
Ver índice 4 en SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
Así las cosas, en el caso concreto no se observa prueba alguna de la acusación de
gastos procesales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su
acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
(Derogado por la Ley 45 de 1931).
2. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
3. Que observe buena conducta.
(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos antes consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado
o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824 planteó una
serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de
reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los
docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que
los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto
general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
b. Docente interino
Según el criterio ampliamente decantado por el órgano de cierre Vértice de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo los tiempos prestados como docente en
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
interinidad también deben contabilizarse para efectos de la pensión. Así, en
sentencia del 14 de noviembre de 201512, se precisó:
«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. Lo
anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la demandante nació el 4 de abril de 195413, de modo que
cumplió los 50 años el 4 de abril de 2004.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es centro de
debate en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la presente causa judicial.
• (i) Lapsos laborados como docente interina del 4 de febrero de 1980 al 9 de
mayo de 1980, del 2 de abril de 1981 al 10 de mayo de 1981 y del 26 de
agosto de 1981 al 20 de septiembre de 1981, (ii) del 21 de febrero de 1981
al 5 de noviembre de 1981 y del 27 de enero de 1986 al 8 de marzo de 1986,
y (iii) del 27 de junio de 1986 al 31 de diciembre de 2013
12 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)
13 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante en la página 61 del expediente digitalizado:
50001233300020190017600_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_29092020113014am_84f5e7
e8454a46f6ac0f7cd896b0f61d.pdf(.pdf) NroActua 2, visible en índice 2 SAMAI, Tribunal Administrativo del Meta.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
Conforme al certificado expedido por el gerente de gestión administrativa y
financiera el 29 de abril de 201914, y el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 11 de septiembre de 201715, efectivamente
se tiene demostrado que la demandante laboró como docente oficial durante los
períodos bajo estudio mediante una vinculación que, según dichos documentos, se
asegura que fueron departamentales.
Se destaca que, para los periodos laborados en calidad de interina (del 4 de febrero
de 1980 al 9 de mayo de 1980, del 2 de abril de 1981 al 10 de mayo de 1981 y del
26 de agosto de 1981 al 20 de septiembre de 1981), en el expediente reposan los
Decretos No. 133 de 198016, No. 282 de 198117 y No. 691 de 198118, por medio de
los cuales el gobernador del departamento del Meta nombró a la accionante
provisionalmente para reemplazar diferentes licencias durante los interregnos
señalados.
En ese sentido, resulta esencial pronunciarse sobre el ejercicio de la labor docente
en interinidad, sobre la cual para la Subsección es claro que el servicio prestado
bajo tal modalidad puede ser valorado para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia19, siempre y cuando la misma se haya ejercido en plazas territoriales o
nacionalizadas, pues el nombramiento efectuado, aunque sea provisional, por
carrera administrativa o de manera transitoria, en nada afecta la prestación del
servicio, cobrando relevancia únicamente la relación legal y reglamentaria sostenida
por el docente.
Ahora, para los periodos comprendidos entre el 21 de febrero de 1981 y el 5 de
noviembre de 1981 y del 27 de enero de 1986 al 8 de marzo de 1986, se encuentra
en el expediente la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados-CETIL20,
expedida por la Secretaría de Educación del Meta en calidad de entidad empleadora
de la actora, la cual señala que esta laboró como docente entre el 21 de febrero de
1981 y el 5 de noviembre de 1981 en el Colegio Francisco Arango, nombrada por el
acto 188 del 9 de mayo de 1987, y que también prestó sus servicios en la Escuela
La Ceiba desde el 27 de enero de 1986 hasta el 8 de marzo de 1986, nominada
mediante el acto administrativo 232 del 27 de enero de 1986.
Sobre la plaza ocupada, aunque no aportó la demandante el acto administrativo de
nombramiento, sí se pueden analizar en conjunto todos los documentos aportados
a la actuación y no focalizarse solamente en el decreto a través del cual se nombra
14Página 29 del expediente digitalizado:
50001233300020190017600_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_29092020113014am_84f5e7
e8454a46f6ac0f7cd896b0f61d.pdf(.pdf) NroActua 2, visible en índice 2 SAMAI, Tribunal Administrativo del Meta.
15 Páginas 44 a 45, ídem.
16 Páginas 25 a 26, Ídem.
17 Página 27, Ídem.
18 Página 28, Ídem.
19 Ver sentencia del 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019).
20 Índice 14, SAMAI, Tribunal Administrativo del Meta.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
a la docente, porque a la luz de las disposiciones que gobiernan la pensión gracia,
la naturaleza de la relación legal y reglamentaria de un maestro es posible extraerla
a partir de otros medios probatorios como certificaciones, actas y demás actos
administrativos, acompañados de una valoración bajo elementos propios de la sana
crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, la cual se aclara que es aplicable
a los diferentes tipos de vinculación que puede ostentar el personal docente:
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»
Pese a que la citada jurisprudencia refiere específicamente a la vinculación
territorial, lo anterior no es óbice para extender tal criterio a las diferentes plazas
que pueden ocupar los docentes, bien sea territorial, nacionalizada o nacional,
siendo factible acreditar cualquier tipo de vinculación con los medios probatorios allí
señalados.
En ese orden de ideas, en el mentado certificado “CETIL”, se observa que la fuente
de financiación para los periodos aquí analizados corresponde a recursos propios,
a partir de lo cual se puede colegir de forma inequívoca que el tipo de vínculo para
cada uno de ellos fue territorial, esto conforme lo establece el artículo 1° de la Ley
91 de 1989 que dispuso: «Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»
Condición que fue desarrollada en el mismo sentido por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es
territorial la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o municipio
respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto.
En cuanto al tercer lapso bajo análisis (del 27 de junio de 1986 al 31 de diciembre
de 2013), obra el Decreto No. 0374 de 198621 en cual el gobernador del Meta
nombró a la reclamante en carrera para ocupar el cargo de maestra de básica
primaria en virtud de la creación de plazas mediante la ordenanza N.° 016 del 29 de
octubre de 1985, cargo del que tomó posesión desde el 27 de junio de 198622 y
finalizó el 31 de diciembre de 2013 a causa de la renuncia de la docente.
21Páginas 37 a 39, del expediente digitalizado:
50001233300020190017600_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_29092020113014am_84f5e7
e8454a46f6ac0f7cd896b0f61d.pdf(.pdf) NroActua 2, visible en índice 2 SAMAI, Tribunal Administrativo del Meta
22 Página 40, Ídem
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
En los actos referidos tanto para el primer y el segundo periodo, se logra apreciar
que las decisiones de designación fueron adoptadas sin la intervención directa del
Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este para que, en virtud de la
desconcentración, la mencionada autoridad departamental en representación de la
nación efectuara la designación en comento, así como tampoco se verifica que se
haya presentado autorización de financiamiento por parte del delegado de dicha
cartera gubernamental ante el FER o que las plazas se hubiesen creado y ocupado
en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, o bajo los postulados del
artículo 6.° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso
de nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos Regionales
(FER); por tanto, se extrae con claridad que los nombramientos de la accionante en
estos tiempos examinados, tuvieron lugar por decisión autónoma y directa del
gobernador del departamento del Meta, lo que indica que tales vínculos fueron en
calidad de docente territorial.
Conclusión que difiere con lo argumentado por el apelante quien manifestó que no
se demostró que el vínculo de la actora fuera del orden territorial o nacionalizado, el
cual se recuerda que conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del
21 de junio de 2018, puede obtenerse de los actos administrativos donde conste el
vínculo y se establezca con claridad la plaza a ocupar o una certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo de vinculación
del educador, pruebas que fueron debidamente aportadas al proceso y que cumplen
con lo exigido por la jurisprudencia para ser valoradas, pues además de los actos
de nombramiento aquí examinados que dan cuenta de una relación legal y
reglamentaria territorial, los ya referidos certificados23 a su vez indican
indiscutiblemente que la plaza ocupada fue del mentado orden.
En el presente caso, la situación de la educadora se ajusta a lo señalado en el
artículo 1.º de la Ley 91 de 1989:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
Se considera también fundamental hacer alusión a la inviabilidad que expone la
demandada en su apelación para reconocer la prerrogativa a favor de la actora al
estimar que sus emolumentos se financiaron con recursos del situado fiscal, sobre
lo cual se reitera que, la jurisprudencia de esta Corporación claramente en la
sentencia del 21 de junio de 2018 al fijar las reglas de unificación indicó:
23 Certificado expedido por el gerente de gestión administrativa y financiera el 29 de abril de 2019 y el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 11 de septiembre de 2017.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
«v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. (líneas intencionales).
(…)
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. (líneas
intencionales)».
Al respecto, la referida sentencia desarrolló la condición establecida en el artículo
1° de la Ley 91 de 1989 sobre el personal territorial al definirlos como: «el vinculado
por entidades de ese orden a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere se cubran
con cargo a su propio presupuesto», entendiendo que el presupuesto de la entidad
puede estar compuesto por rentas endógenas y exógenas.
En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como maestra estatal
territorial del 4 de febrero de 1980 al 9 de mayo de 1980 (3 meses y 6 días), del
21 de febrero de 1981 al 5 de noviembre de 198124 (8 meses y 15 días), del 27
de enero de 1986 al 8 de marzo de 1986 (1 mes y 11 días), y del 27 de junio de
1986 al 31 de diciembre de 2013 (27 años, 6 meses y 5 días), puede computarse
para cumplir la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a la
prerrogativa solicitada, la cual se encuentra debidamente acreditada si se tiene en
cuenta que, en conjunto, el total de servicio acumulado de la actora fue de 28 años,
7 meses y 7 días.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna vinculación
en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con anterioridad, ello
previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad del hecho de
que la reclamante efectivamente laboró como tal al servicio del departamento del
Meta en virtud de un nombramiento del orden territorial como docente interina que
24 Dentro de este cómputo se entienden incluidos los lapsos laborados por interinidad entre el 2 de abril de 1981
al 10 de mayo de 1981 y el 26 de agosto de 1981 al 20 de septiembre de 1981.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
duró del 4 de febrero de 1980 al 9 de mayo de 1980, es decir, en un período anterior
a la primera data en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto
de análisis.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta del accionante, entendida como el ejercicio del cargo con honradez
y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede administrativa,
ni en primera instancia y mucho menos mediante el recurso de apelación analizado
en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la interesada en cuanto
a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia fue acertado
en el fallo apelado para acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por
la demandante. Sin embargo, al revisar la fecha de efectividad de la pensión
determinada en la sentencia de primera instancia, se advierte que esta no se ajusta
con exactitud al momento en que la demandante acreditó el cumplimiento de los 20
años de servicio, pues el a quo lo estimó a partir del 28 de junio de 2005, pero, al
efectuar un cálculo preciso y adecuado sobre el momento en que la actora consolidó
materialmente la prerrogativa bajo examen, se encuentra que dicha fecha ocurrió el
25 de mayo de 2005, tal como se aprecia del siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
4/02/1980 8/03/1986 1 1 2
27/06/1986 25/05/2005 18 10 28
TOTAL 19+1=20 AÑOS 11 +1= 12 MESES (1 AÑO) 30 (1 MES)
A pesar de ello, debido a los principios procesales de justicia rogada, congruencia
y debido proceso, no será del caso emitir un pronunciamiento respecto a dicha
situación, toda vez que no solo la parte activa no reclamó ni demandó lo propio, sino
que esta instancia se habilitó con motivo de la impugnación del apelante único que
en este caso es la UGPP, quien formuló argumentos frente a la decisión de acceder
al reconocimiento pensional sin mencionar fundamento alguno acerca de la
configuración del estatus pensional; más aún cuando cualquier disposición sobre el
particular agravaría las condiciones ya definidas en su contra, vulnerándose el
principio de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 328 del CGP.25
Así las cosas, se confirmará en su totalidad la sentencia apelada incluido el análisis
de la prescripción, pues efectivamente este fenómeno ocurrió si se tiene en cuenta
que, partiendo de la referida fecha de exigibilidad del derecho, la demandante
25 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.[…] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con
ella.[…]»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
presentó petición de reconocimiento de pensión solo hasta el 10 de mayo de 2018
e interpuso la demanda el 4 de junio de 2019, esto es, dentro del término de
interrupción, por lo tanto, se configuró el fenómeno en las mesadas anteriores al 10
de mayo de 2015, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada, actualmente
no existe un fundamento que justifique la imposición de esta carga, solo por el hecho
de ser vencido en juicio, por lo que considera que esta orden debe ser revocada.
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (9 de marzo de 2023).
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.
Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos de la demanda y del recurso de apelación no presentan una carencia
de fundamentación legal que dé lugar a imponer costas. Contrario a ello, el
demandante propuso planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus
intereses, por eso, al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo se
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 50001-23-33-000-2019-00176-01 (3529-2023)
revocará la decisión del tribunal de origen en este aspecto y se dispondrá no
condenar en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL SEXTO de la sentencia apelada que condenó
en costas de primera instancia a la parte demandada.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023
por el Tribunal Administrativo del Meta, según las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
accionada según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia.
CUARTO: RECONOCER personería al abogado Edgar José Polanco Pereira,
portador de la tarjeta profesional 140.742, quien a su vez es el representante legal
de Lexius Consultores de Colombia S.A.S., persona jurídica identificada con NIT
900.997.589-9, quien es la apoderada general de la UGPP conforme al poder
conferido mediante escritura pública visible en el índice 13 de la plataforma
SAMAI.
QUINTO: RECONOCER personería al abogado Carlos Santiago Valencia Vera,
portador de la tarjeta profesional 308.713, en calidad de apoderado sustituto de la
UGPP conforme al memorial en el índice 13 de la plataforma SAMAI.
SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.