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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04588-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04588-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 10 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Nancy Arias Mora contra la UGPP. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 001103 del 18 de enero de 2016 y RDP 004582 del 7 de abril de 2016, por medio de las cuales la UGPP le negó a la señora Nancy Arias Mora el reconocimiento y pago de una pensión gracia. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la señora Nancy Arias Mora, identificada con cédula de ciudadanía 40.016.947, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, del 16 de junio de 2014 y el 15 de junio de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la entidad accionada. QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los 9 Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020) Demandante: Nancy Arias Mora índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia. SEXTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. SÉPTIMO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04588-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Docente territorial y
nacionalizada. Vinculación en interinidad. Costas procesales.

Decisión: Revoca la sentencia impugnada y accede a las pretensiones porque
la demandante acreditó la totalidad de exigencias contempladas en
la ley para gozar de la pensión gracia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 10 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de la referencia
solicitando la nulidad de las Resoluciones RDP 001103 del 18 de enero de 2016 y RDP
004582 del 7 de abril de 2016, mediante las cuales la entidad demandada le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera la referida
prestación periódica a partir del 27 de junio de 2015, junto con las sumas dejadas de
percibir debidamente actualizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley
1437 de 2011. Asimismo, solicitó condenar en costas a la entidad demandada, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

3. En respaldo de sus pretensiones, manifestó que nació el 22 de julio de 1961, por
lo que cumplió 50 años de edad el 22 de julio de 2011. Indicó que laboró al servicio del
departamento de Boyacá en calidad de docente nacionalizada entre el 7 de abril y el 6
de mayo de 1980 y para el Distrito Capital de Bogotá desde el 27 de junio de 1995.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora

Expuso que, durante su trayectoria laboral y extralaboral, ha tenido una conducta
intachable, sin antecedentes disciplinarios ni procesos en curso en su contra.

4. Con fundamento en lo anterior, el 24 de septiembre de 2015 solicitó a la entidad
demandada el reconocimiento de la mencionada prestación; sin embargo, esta le fue
negada mediante los actos administrativos acusados bajo el argumento de que no era
posible acreditar el tiempo laborado por la docente.

Contestación de la demanda

5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando
que, si bien se aportó el certificado de tiempo de servicios expedido por la Secretaría de
Educación de Boyacá del 3 de agosto de 2015 en el que se da cuenta del vínculo
nacionalizado ocurrido entre el 7 de abril hasta el mes de mayo de 1980, lo cierto es que
en dicho documento no evidencia de forma clara la fecha de finalización del tiempo de
servicios para el mes de mayo de 1980.

6. Además, no obran dentro del cuaderno administrativo los decretos de
nombramiento y las actas de posesión que permitan establecer la naturaleza de las
vinculaciones, tanto de 1980 como a partir de 1995. Por tanto, explicó que la accionante
no cuenta con 20 años de servicios de carácter departamental, municipal, distrital o
nacionalizado, lo que impide reconocerle la pensión gracia.

7. Propuso las excepciones de fondo que denominó «ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado», «imposibilidad de condena en costas», «cobro de lo no
debido», «sobre la indexación», «no pago de los intereses moratorios» y la «genérica».

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección B)
dictó sentencia el 10 de octubre de 2019, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda. Al respecto, precisó que aunque la accionante tiene más de 50 años de edad,
—pues los cumplió el 22 de julio de 2011— no satisface el requisito de haber estado
vinculada antes del 1º de enero de 1981 como docente territorial o nacionalizada.

9. Sobre el particular, manifestó que a pesar de que alega haber trabajado para la
Secretaría de Educación de Boyacá desde el 7 de abril de 1980 como docente en
interinidad, lo cierto es que ello solo ocurrió por 1 mes.

10. Igualmente, indicó que no pueden tenerse en cuenta sus vinculaciones como
docente en instituciones privadas para los años 1980 a 1982 en el Colegio Salesiano de
León XIII (de 1983 a 1987), en el Nuevo Colegio el Carmen (desde el 1º de febrero de
1989 hasta el 30 de noviembre de 1992), ni en el Colegio El Rosario Santo Domingo (del
1º de febrero de 1993 hasta el 17 de julio de 1995), toda vez que la pensión gracia es un
beneficio otorgado a docentes vinculados al servicio estatal.

2

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora

11. Por otro lado, en cuanto al período ejercido en la Secretaría de Educación de
Bogotá desde el 17 de julio de 1995, a pesar de que son tiempos territoriales, estos se
ejercieron con posterioridad al 31 de diciembre de 1980.

12. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la demandante al no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el
artículo 365 del CGP.

Recurso de apelación

13. La demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, que se acceda a las pretensiones.

14. Señaló que el Tribunal carece de fundamento al afirmar que el período laborado
entre el 7 de abril y el 6 de mayo de 1980 no puede ser contabilizado para acceder a la
pensión gracia, argumentando que dicho tiempo fue desempeñado en condición de
interinidad. Las disposiciones que regulan este beneficio no establecen una modalidad
específica de vinculación ni exigen un tiempo mínimo de servicio; es suficiente con que
el ingreso al servicio docente oficial haya ocurrido antes del 31 de diciembre de 1980 y
se cumplan los demás requisitos exigidos por la normativa.

15. Manifestó que la decisión adoptada en primera instancia ignoró la sentencia del 26
de octubre de 2017, dictada por la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación1,
en la que se determinó que los periodos laborados en condición de interinidad deben ser
tenidos en cuenta para efectos de acceder a la prestación periódica. Además, señaló que
también se pasaron por alto las directrices jurisprudenciales fijadas en la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018.

16. Por consiguiente, concluyó diciendo que en el expediente obran pruebas
suficientes para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ser
beneficiaria de la pensión referida.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto del 12 de noviembre de 20202 se admitió el recurso de apelación
de la referencia. Luego, el 22 de abril de 20213 se corrió traslado a las partes por el
término de 10 días para que se pronunciaran sobre la alzada. Igualmente, se ordenó
poner el expediente a disposición del Ministerio Público en aras de que emitiera el
concepto correspondiente.

18. La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, junto a las excepciones que allí propuso. Por su parte, la parte actora y el
Ministerio Público guardaron silencio.

1
Citó la sentencia emitida bajo el radicado 17001 23 33 000 2014 00427 01, con ponencia del magistrado
César Palomino Cortés.
2
Folio 149.
3
Folio 151.
3

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora

III. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

20. En atención a los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala analizar si el lapso comprendido entre el 7 de abril y el 6 de mayo de 1980, durante
el cual la accionante prestó servicios como docente interina para la Secretaría de
Educación de Boyacá, debe ser contabilizado para cumplir con el requisito de la
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 con el propósito de acceder a la pensión
gracia.

21. De resultar afirmativa dicha consideración, será necesario determinar si la
demandante reúne los demás requisitos exigidos para acceder a la mencionada
prestación, conforme a lo establecido en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989.

Análisis del problema jurídico

22. La Sala revocará la sentencia impugnada con base en los argumentos que se
expondrán a continuación.

23. Para beneficiarse de la pensión gracia, deben reunirse todos y cada uno de los
requisitos establecidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989,
a saber: i) haberse vinculado como docente nacionalizado y/o territorial (municipal,
departamental o distrital) durante 20 años; ii) contar con más de 50 años de vida; iii)
ejercer la docencia con honradez, consagración y buena conducta; iv) no haber recibido
o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

1. ¿El interregno comprendido entre el 7 de abril al 6 de mayo de 1980, en el que la
accionante laboró como docente interina, es computable para satisfacer el
requisito de haberse desempañado como docente territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980?

24. Para resolver este cuestionamiento, es menester señalar que esta Subsección
difiere de la conclusión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en torno al
tratamiento de los docentes interino, por cuanto esta Colegiatura4 ha sido diáfana en
señalar que los periodos docentes servidos bajo tal herramienta de vinculación son

4
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 15 de febrero de 2024, dentro del expediente con
radicado 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019) con ponencia del doctor Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
4

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora

computables para efectos de acceder a la pensión gracia, siempre y cuando se haya
ejercido en plazas territoriales o nacionalizadas, toda vez que el nombramiento realizado
de manera transitoria no afecta la prestación del servicio.

25. A propósito, se advierte que la figura de la interinidad se utiliza «ante imposibilidad
de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas
en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar
la efectiva prestación de los servicios educativos»5.

26. Dicho esto, en el plenario obra copia de la Resolución 000574 del 21 de abril de
19806, a través de la cual el secretario de Educación Pública de Boyacá, en uso de sus
atribuciones legales, nombró a la accionante como maestra interina en la Escuela Rural
sede El Común del municipio de Ramiriquí, para suplir una licencia de 30 días que se le
otorgó a la señora Esperanza Arias, a partir del 7 de abril de esa anualidad 7.

27. Respecto de dichos documentos, vale decir que el acto de nombramiento referido
fue suscrito, a su vez, por el delegado regional de Boyacá del Ministerio de Educación
Nacional, lo cual demuestra que se trató de un vínculo nacionalizado, en tanto que dicha
circunstancia se acompasa con lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, según
el cual el personal nacionalizado «Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975», en concordancia con lo previsto en
la Sentencia de Unificación del 21 de junio de 2018, emitida por esta Sección 8.

28. Asimismo, se allegó el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 31 de enero de 20199, expedido por la aludida Secretaría de Educación de
Boyacá, en el que se constata que la actora prestó sus servicios como docente
nacionalizada entre el 7 de abril y el 6 de mayo de 1980 en la Sede El Común del
municipio de Ramiriquí, por virtud del nombramiento efectuado a través de la ya estudiada
Resolución 574 del 21 de abril de 1980.10

29. De acuerdo con las consideraciones acerca de la figura de interinidad, así como
con las pruebas documentales analizadas en precedencia, el tiempo servido por la
demandante entre el 7 de abril y el 6 de mayo de 1980 (29 días) es computable para
acceder a la pensión gracia, sumado a que con dicho interregno se satisface a cabalidad
el requisito de haberse vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
acorde a lo previsto en el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

5
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 27 de junio de 2018, dentro del expediente con
radicado 68001-23-33- 000-2014-00812-01 (3597-2015), con ponencia del doctor Gabriel Valbuena
Hernández.
6
Folio 114.
7
Cfr. Acta de posesión núm. 28 del 7 de abril de 1980 (folio 115).
8
Postura que concuerda con lo indicado por el profesional especializado de Historias Laborales de la
Secretaría de Educación de Boyacá del 31 de enero de 2019 (folio 112).
9
Folio 113.
10
El mencionado certificado coincide exactamente con el expedido el 31 de marzo de 2017 por la Secretaría
de Educación de Boyacá, el cual fue allegado como anexo de la demanda, visible en los folios 21 y 22.
5

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora

2. ¿La accionante reúne las demás exigencias para acceder a la pensión gracia, en
especial haber laborado como docente territorial o nacionalizada durante 20 años?

30. Al expediente se aportó copia de la Resolución 469 del 27 de junio de 1995,
mediante la cual el alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, distrito capital, en uso de sus
atribuciones legales y en especial las conferidas por los Decretos 2277 de 1979 y 1706
de 1989, nombró a la accionante como docente de tiempo completo en la planta de
personal de dicho ente territorial, cargo del cual tomó posesión el 14 de julio de 1995 11,
con efectos a partir del 17 de julio siguiente.

31. Allí se indicó que la precitada vinculación se derivaba del concurso para el ingreso
de la planta distrital de docente de la Secretaría de Educación Distrital establecido en la
Resolución 3400 del 30 de noviembre de 1993.

32. Igualmente, la parte actora trajo como anexo de la demanda el Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 7 de diciembre de 2016 12, emitido por
la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., que detalla que ha permanecido vinculada
desde el 17 de julio de 1995 hasta el 7 de diciembre de 2016 (fecha de su expedición)
como docente en propiedad, de naturaleza territorial, en atención al nombramiento
realizado a través de la mencionada Resolución 469 del 27 de junio de 1995.

33. En el referido certificado también se señala que a lo largo de su relación legal y
reglamentaria la accionante ha presentado diferentes situaciones administrativas, como
ascensos en el escalafón (30 de abril y 4 de octubre de 1999) y encargos como directivo
docente (12 de febrero de 2003, 18 de mayo de 2004, 3 de agosto de 2009 y 25 de enero
de 2010), sin que se evidencien interrupciones o la terminación del vínculo.

34. En este contexto, está demostrado que el vínculo docente que la demandante
sostuvo con el distrito capital de Bogotá también es computable para acceder a la pensión
gracia ya que ostentó carácter territorial-distrital, en concordancia con la Secretaría de
Educación de esta ciudad. Sumado a que al revisar el acto administrativo de
nombramiento contenido en la Resolución 469 del 27 de junio de 1995, se vislumbra que
fue suscrita por el alcalde mayor de Bogotá y el secretario de educación, sin que se
observe intervención, aprobación o delegación alguna del Ministerio de Educación
Nacional.

35. Así las cosas, la libelista acreditó un total de 21 años, 5 meses y 21 días como
docente territorial y nacionalizada, con lo cual se cumple el requisito de los 20 años de
servicios en tal condición, tal como se discrimina en la siguiente gráfica:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizada 07/04/1980 06/05/1980 0 1 0
Territorial 17/07/1995 7/12/2016 21 4 21
TOTAL 21 5 21

11
Cfr. Acta de posesión 493 del 14 de julio de 1995 (folio 91).
12
Folios 24 y 25.
6

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora

36. En consecuencia, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para acceder
a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos previamente analizados, sino que
también acreditó haber cumplido 50 años de edad el 22 de julio de 201113. Además, no
se encontraron reproches que cuestionen su desempeño en el ámbito educativo, lo que
permite concluir que también se satisface la exigencia de honradez, dedicación y buena
conducta. Finalmente, no se evidencia que perciba una doble compensación o erogación
nacional incompatible con la pensión gracia.

Análisis del estatus pensional y la prescripción

37. Esta Corporación14 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no
se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya
hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

38. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a partir del
cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario considerar que esta
fecha se concretó el 16 de junio de 201515, cuando la demandante acreditó su estatus
pensional tras cumplir 20 años de servicio como docente nacionalizada y territorial. Esta
fecha es posterior a la que corresponde a su cumpleaños número 50, es decir, el 22 de
julio de 2011.

39. Así las cosas, de las pruebas presentadas en el expediente se desprende que la
actora solicitó el reconocimiento pensional el 24 de septiembre de 201516, lo que dio
origen a la expedición de los actos administrativos acusados, esto es, dentro de los 3
años siguientes a la causación del derecho. Además, la demanda se interpuso el 20 de
septiembre de 2017, sin que tampoco transcurriera el término trienal perentorio. Por lo
tanto, no habrá lugar a declarar la prescripción de las mesadas adeudadas.

40. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta Colegiatura17 ha
entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la presentación de la solicitud
de reconocimiento pensional, la parte interesada debe presentar en el término de los 3
años la demanda judicial, de lo contrario, se somete a la activación del término
prescriptivo y la pérdida del derecho de las prestaciones periódicas causadas.

13
Cfr. Cédula de ciudadanía (folio 20).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
15
Este resultado es producto de restarle al 23 de febrero de 2021 lo correspondiente a 6 años, 5 meses y
18 días, que es el tiempo que excede los 20 años.
16
Información tomada de la Resolución RDP 001103 del 18 de enero de 2016, visible en los folios 15 y 16.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-
33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-
2016).
7

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora

Conclusión

41. Con base a lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y se declarará la nulidad
de los actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se ordenará el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la actora, en cuantía equivalente
al 75 % del promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la
consolidación del estatus pensional, esto es, entre el 16 de junio de 2014 y el 15 de
junio de 2015.

42. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4.° de la Ley 4 de 1966,
5.° del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia
debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»18.

43. Así las cosas, para efectos de la pensión gracia que hoy es objeto de
reconocimiento, se deberá liquidar con el 75 % del promedio de la asignación básica que
devengó la actora en el período descrito, en adición a una doceava (1/12) de la
bonificación y de las primas especial, de servicios, navidad y vacaciones, según se
constata en el Formato Único para Expedición de Certificado de Salarios del 7 de
diciembre de 2016, emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá19.

44. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

45. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas pensionales,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en
que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto
sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

Condena en costas

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

18
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado:
i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de
2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-
23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).
19
Folio 23.
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Radicación: 25000 23 42 000 2017 04588 01 (1303-2020)
Demandante: Nancy Arias Mora

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se accede a las
peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 10 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la señora Nancy Arias Mora contra la UGPP.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 001103 del 18 de enero de
2016 y RDP 004582 del 7 de abril de 2016, por medio de las cuales la UGPP le negó a
la señora Nancy Arias Mora el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión
gracia a favor de la señora Nancy Arias Mora, identificada con cédula de ciudadanía
40.016.947, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, del 16
de junio de 2014 y el 15 de junio de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la
entidad accionada.

QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los

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Demandante: Nancy Arias Mora

índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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