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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01496-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01496-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 5569 del 28 de enero de 2005, 16139 del 27 de abril de 2007 y 04494 del 3 de febrero de 2009, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social; y, UGM 04717 del 25 de mayo de 2012, ADP 15639 del 3 de diciembre de 2013 y ADP 000971 del 25 de enero de 2016, expedidas por la UGPP, que le negaron el reconocimiento y pago de una pensión gracia a la actora. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Betty Amparo Millán Lemos, identificada con cédula de ciudadanía 29.598.358 de La Victoria (Valle), en cuantía del 75% del promedio de todos los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 3 de mayo de 2003 y el 2 de mayo de 2004. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 10 de septiembre de 2012 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. CUARTO: La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de inflación certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 76001-23-33-000-2016-01496-01 (2187-2020) Demandante: Betty Amparo Millán Lemos QUINTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. SEPTIMO: Sin condena en costas en ambas instancias. OCTAVO: En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-01496-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01496-01 (2187-2020)
Demandante: Betty Amparo Millán Lemos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en
plazas del orden territorial y nacionalizado. Aplicación de
sentencias de unificación del 21 de julio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 22 de agosto de 2019 expedida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la parte actora, anunciando desde ya que dicha providencia será revocada.

I. ANTECEDENTES

Demanda.2

2. El 29 de septiembre de 2016 la señora Betty Amparo Millán Lemos presentó
demanda con pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho encaminada a que
se declare la nulidad de las Resoluciones 5569 del 28 de enero de 2005, 16139 del 27
de abril de 2007 y 04494 del 3 de febrero de 2009, emitidas por la Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL)3; y de las UGM 04717 del 25 de mayo de 2012, ADP 15639
del 3 de diciembre de 2013 y ADP 000971 del 25 de enero de 2016, expedidas por la
UGPP, que le negaron el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) condenar a la demandada al
reconocimiento y pago de una pensión gracia, liquidada con todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de consolidación
del estatus; ii) ordenar el pago de las mesadas pensionales causadas desde el día en
que adquirió la condición de pensionada hasta la fecha en que se haga efectivo el pago
en forma indexada, con los ajustes de valor y los intereses moratorios desde la
ejecución de la sentencia; ii) condenar al pago de las costas procesales y agencias de

1
En adelante UGPP.
2
Folios 77 a 108.
3
En adelante CAJANAL.

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Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

derecho así como el cumplimiento del fallo en los términos del CPACA.

4. Como sustento de sus pretensiones expuso que nació el 23 de julio de 1948,
vinculada al servicio docente desde el 1° de abril de 1968 hasta el 3 de septiembre de
2007 con carácter departamental – nacionalizado, totalizando 24 años, 6 meses y 25
días de servicio, en forma discontinua. El 23 de julio de 1998 cumplió 50 años de edad
y el 8 de febrero de 2003 reunió los requisitos para acceder a la pensión. Además,
nunca fue sancionada por mala conducta.

5. Refirió que CAJANAL (hoy, UGPP) mediante los actos administrativos acusados
le negó la pensión gracia al considerar que algunos tiempos de servicios no los laboró
como docente de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, sino como
nacional. Como fundamento normativo estimó violadas las Leyes 114 de 1913, 37 de
1933, 91 de 1989 y demás normas y jurisprudencia concordante, pues considera que
cumple con los requisitos para acceder a la mentada prestación.

Contestación de la demanda4

6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que la
demandante, entre el 16 de enero de 1990 y el 11 de febrero de 2008, no cumplió con
los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 por ostentar una
vinculación del orden nacional que le impide acceder a la pensión gracia; por ende, no
acreditó los 20 años de servicios como docente nacionalizada o territorial.

7. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados» y «prescripción».

II. SENTENCIA APELADA5

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del 22 de
agosto de 2019 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante con fundamento en que de la certificación del 31 de octubre de 2005
suscrita por el subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación Municipal de
Santiago de Cali se extrae que la actora trabajó como docente de primaria
nacionalizada, en propiedad, desde el 1° de abril de 1968 hasta el 15 de enero de 1978;
sin embargo, en el período comprendido entre el 21 de agosto de 1990 al 3 de
septiembre de 2007, ostentó vinculación como docente nacional conforme la
certificación del 2 de marzo de 2010 expedida por la misma autoridad, con lo cual se
demostró que los tiempos de servicios en dichos períodos no pueden ser tenidos en
cuenta para efectos del reconocimiento de la prestación.

9. Concluyó que si bien la demandante cumplió con el requisito de los 50 años de
edad y la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 no acreditó los 20
años como docente territorial o nacionalizada. Se refirió al oficio del 20 de septiembre
de 2013 expedido por la asesora de la Secretaría General del Ministerio de Educación

4
Folios 136 al 144.
5
Folios 163 al 166.

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en el cual se informa de que no se halló registro alguno sobre la demandante, prueba
que no se constituye como concluyente el carácter territorial de la vinculación como
docente.

III. RECURSO DE APELACIÓN6

10. La demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia al no estar de
acuerdo con la calificación de docente nacional de su nombramiento desde el 21 de
agosto de 1990. Señaló que el a quo realizó: i) una incorrecta valoración probatoria, al
no considerar el nivel territorial de la autoridad que expidió los actos de nombramiento
de la actora; ii) omitió valorar la certificación emanada del Ministerio de Educación
Nacional, en la que se señaló que la demandante «nunca ha laborado para el Ministerio
(…)», constituyéndose en prueba «irrefutable respecto del tipo de vinculación docente»;
y la iii) inobservancia del precedente jurisprudencial, al no aplicarse la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018 por medio de la cual se dejó
sentado que «los dineros transferidos de la Nación a los entes territoriales, con destino
a los educadores vinculados a cargo del FER, son dineros que hacen parte del situado
fiscal del ente territorial (…)».

11. Consideró que existen elementos probatorios suficientes para respaldar el
carácter territorial o nacionalizado de la vinculación entre 1990 y 2007 como docente,
tiempo que computado con los tiempos anteriores a 1980 le otorgan el derecho a la
pensión gracia por acreditar más de 20 años de servicio.

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

12. Mediante auto del 26 de noviembre de 2020 se admitió el recurso de apelación;
a través de auto del 22 de abril de 2021 se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Publico para que rindiera
concepto.

13. La demandante insistió en los motivos que expuso con el recurso de apelación7.
La UGPP reiteró los argumentos de la contestación de la demanda8. El Ministerio
Público guardó silencio9.

V. CONSIDERACIONES

Competencia.

14. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico.

6
Folios 173 a 182.
7
Memorial adjunto al índice 12 del aplicativo Samai.
8
Memorial adjunto al índice 15 del aplicativo Samai.
9
Según constancia de la Secretaría de esta Sección, obrante en el folio 191.

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15. De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10, le
corresponde a la Sala establecer el tipo de la vinculación docente de la señora Betty
Amparo Millán Lemos entre el 21 de agosto de 1990 y el 3 de septiembre de 2007, para
efectos de determinar si cumple con el requisito de los 20 años de servicio que exige la
Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes para acceder a la pensión gracia.

Normativa sobre la prensión gracia.

16. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913,
destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan prestado servicio
en el magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos
específicos para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir
otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

17. Posteriormente el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la
pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores
de instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos
para cumplir con el tiempo requerido. Con la Ley 37 de 1933, se extendió el beneficio
de la pensión gracia a los maestros de secundaria que completaran el tiempo de
servicio estipulado.

18. Más adelante el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 introdujo distinciones entre el
personal docente: nacional, nacionalizado y territorial. El personal nacional son aquellos
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. El personal
nacionalizado incluye a los maestros oficiales que fueron nombrados por entidades
territoriales antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha,
conforme a la Ley 43 de 1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin
el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

19. El numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 limitó el reconocimiento de la
pensión gracia a los docentes que cumplan con los requisitos establecidos, indicando
que solo aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho a esta
pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 37 de 1993 y demás normas concordantes.

20. Por su parte en la sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de
agosto de 199711 el Consejo de Estado determinó que los docentes nacionales no son
beneficiarios de la pensión gracia restringiendo su acceso a los docentes
nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 siempre que
cumplan con los demás requisitos legales.

21. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o
territorial) por medio de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18

10
Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.

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del 21 de junio de 201812 el Consejo de Estado instituyó pautas jurisprudenciales que
aclaran:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la
Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y
otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los
entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a
ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a
los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
12
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema
general de participaciones.»

22. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 202213, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden
acceder a la pensión gracia si acreditan una vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980 y cumplen con los requisitos legales.

Caso concreto.

23. En aras de resolver el problema jurídico establecido en precedencia resulta
necesario verificar el cumplimiento de las exigencias previstas por la ley y la
jurisprudencia para consolidar el derecho a la pensión gracia que se pretende.

24. La señora Betty Amparo Millán Lemos pretende obtener la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia a la que
considera tener derecho por cuanto la UGPP calificó como nacional el tiempo de
servicios que prestó desde 1990, al no tener en cuenta que su nombramiento fue
realizado por una autoridad departamental.

25. De las pruebas allegadas al proceso se estableció que la demandante se vinculó
a la docencia oficial así:

i) El 27 de marzo de 1968 por Decreto 0252 el gobernador del Valle del Cauca la
nombró directora de la Escuela No. 481 «La Cristina» del municipio de El Darién14.

ii) El 15 de octubre de 1969 mediante el Decreto 1290 el gobernador del Valle del
Cauca la designó directora de la Escuela Rural Mixta No. 8 «Santa Isabel» del
corregimiento de San José del municipio de San Pedro15.

iii) El 11 de marzo de 1971 a través del Decreto 0355 el gobernador del Valle del
Cauca la trasladó como «seccional» a la Escuela Rural No. 47 «El Carmen» del
corregimiento «Chambimbal» del municipio de Buga16.

iv) El 15 de marzo de 1974, por medio del Decreto 0440, el gobernador del Valle del
Cauca la trasladó como «seccional» a la Escuela Rural Mixta No. 5 «Miguel Antonio
Caro» del corregimiento «Presidente» del municipio de San Pedro17.

v) El 3 de noviembre de 1990 a través del «Resumen No. 100» el «director del
Distrito Educativo No. 2 de Palmira, en uso de las facultades que le confiere el Decreto
No. 0973 de junio 20 de 1970», designó a la demandante como «seccional» en el
«Centro Docente No. 1 Antonio Ricaurte de Palmira» para cubrir una licencia de
maternidad por 56 días, a partir del 21 de agosto de 199018.

13
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14
Folios 59 a 61.
15
Folios 62 y 64.
16
Folios 65 y 66.
17
Folios 67 a 69.
18
Folio 70.

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01496-01 (2187-2020)
Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

vi) El 6 de mayo de 1991 a través del «Resumen No. 032» el «director del Distrito
Educativo No. 2 de Palmira en uso de las facultades que le confiere el Decreto No. 0973
de junio 20 de 1970» la nombró como «seccional» en la «ESC. No. 5 Leonidas
Mosquera de [Pradera]» para cubrir una licencia de maternidad por 84 días, a partir del
8 de febrero de 199119.

vii) El 2 de noviembre de 1993 mediante el Acta 256 expedida por la División de
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca tomó posesión
del cargo de «profesora en el Centro Docente No. 19 Alonso Aragón Quintero» del
municipio de Buga, en virtud de la Resolución 46 del 2 de noviembre de 1993 que otorgó
licencia de maternidad por 84 días a Mélida Ospina20.

viii) El 27 de junio de 1994 por Acta 395 expedida por la División de Recursos
Humanos de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca se posesionó en el cargo
de «maestra en el Centro Docente No. 13 Teodoro Valenzuela» del municipio de Buga,
en virtud de la Resolución 35 del 27 de junio de 1994 que otorgó licencia de maternidad
por 84 días a María Nancy Serrano21.

ix) El 29 de noviembre de 1994 a través del Decreto 2357 expedido por la
Gobernación del Valle del Cauca fue nombrada «en el cargo de Seccional del Centro
Docente #92 Rafael Pombo de Cali, Distrito Educativo # 1B en reemplazo de Gloria
Parra Duque quien se promueve»22.

x) El 27 de diciembre de 1994 por el Acta 3821 expedida por la División de
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca se posesionó
en el cargo «Seccional Centro Docente #92 Rafael Pombo de Cali, para el que fue
nombrada por el Decreto 2357 del 29 de noviembre de 1994 en propiedad (…)». 23

xi) El 31 de octubre de 2005, el subsecretario administrativo de la Secretaría de
Educación Municipal del Municipio de Santiago de Cali expidió «Certificado de Tiempo
de Servicio», donde indicó que la señora Betty Amparo Millán estuvo vinculada, entre
el 1 de abril de 1968 y el 15 de enero de 1978, como «docente en propiedad
nacionalizado en forma continua»24.

xi) El 2 de marzo de 2010, el subsecretario administrativo de la Secretaría de
Educación del municipio de Santiago de Cali expidió «Certificado de Tiempo de
Servicio», donde indicó que la señora Betty Amparo Millán estuvo vinculada, entre el
21 de agosto de 1990 y el 3 de septiembre de 2007, como «docente en propiedad
Nacional en forma continua»25.

xii) El 20 de septiembre de 2013 la asesora general de la Unidad de Atención al
Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional dio respuesta a una solicitud e informó
de que «revisada la documentación que reposa en los archivos del Ministerio (…) no se

19
Folio 71.
20
Folio 73.
21
Folio 72.
22
Folios 74 y 75.
23
Folio 76.
24
Folio 54.
25
Folio 55.

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ha encontrado registro alguno a nombre de la señora Betty Amparo Millán Lemos, que
indique que laboró para el Ministerio (…)»26.

xiv) De acuerdo con el Formato Único para Expedición de Certificado de Salarios de la
Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Educación del 17 de julio de 2015 se
estableció que ocupaba el cargo de «Docente» y tenía un régimen de pensiones
«Nacional»27.

26. A través de las Resoluciones 5569 del 28 de enero de 2005 28, 16139 del 27 de
abril de 200729, 04494 del 3 de febrero de 200930, UGM 04717 del 25 de mayo de 201231
y ADP 1563932 del 3 de diciembre de 2013 y ADP 000971 del 25 de enero de 2016 33,
la Administración resolvió en forma negativa el reconocimiento de la pensión gracia.

27. En atención al anterior recuento fáctico y en concordancia con el marco
normativo analizado, la Sala revocará la decisión apelada pues además de acreditar
que satisface los requisitos de edad, buena conducta y vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, también se demostró el cumplimiento del requisito de los 20 años
de servicio en cargos docentes de naturaleza territorial o nacionalizada. Lo anterior, con
sustento en las razones que a continuación se explicarán.

28. Está probado que la señora Betty Amparo Millán Lemos fue nombrada por el
gobernador del Valle del Cauca, mediante el Decreto 0252 de 1968 34, como maestra
«en el nivel de básica primaria» en la Escuela No. 481 «La Cristina» del municipio de
El Darién, desempeñándose entre el 1° de abril de 1968 y el 15 de enero de 1978, bajo
una vinculación de naturaleza territorial, en virtud de lo establecido en el artículo 1° de
la Ley 91 de 198935. Por lo tanto, satisface el primero de los requisitos establecidos por
la ley y la jurisprudencia para acceder a la pensión gracia, esto es, designación como
docente territorial y/o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

29. Luego, la demandante fue nombrada como docente interina para cubrir las
siguientes licencias de maternidad: i) como «seccional» en el «Centro Docente No. 1
Antonio Ricaurte de Palmira», para cubrir una licencia de maternidad por 56 días, a
partir del 21 de agosto de 199036; ii) «seccional» en la «ESC. No. 5 Leonidas Mosquera
de [Pradera]» para cubrir una licencia de maternidad por 84 días, a partir del 8 de
febrero de 199137; iii) «profesora en el Centro Docente No. 19 Alonso Aragón Quintero»
del municipio de Buga, en virtud de la Resolución 46 del 2 de noviembre de 1993, que
otorgó licencia de maternidad por 84 días a Mélida Ospina38; y, iv) «maestra en el
Centro Docente No. 13 Teodoro Valenzuela» del municipio de Buga, en virtud de la

26
Folio 56.
27
Folios 57 y 58.
28
Folios 6 al 11.
29
Folios 18 y 19
30
Folios 25 al 27
31
Folios 30 al 32.
32
Folio 47
33
Folio 53
34
Folios 59 a 61.
35
«(…) docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
36
Folio 70.
37
Folio 71.
38
Folio 73.

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Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

Resolución 35 del 27 de junio de 1994, que otorgó licencia de maternidad por 84 días
a María Nancy Serrano39.

30. En el recurso de apelación, la demandante sostiene que la calificación por parte
de la Secretaría de Educación Municipal de Cali como docente con carácter nacional
correspondiente al segundo período de vinculación carece de sustento probatorio, pues
no se tuvo en cuenta que el acto administrativo de nombramiento fue expedido por una
autoridad territorial, lo cual le otorga la naturaleza nacionalizada, pues en su criterio es
«personal nacionalizado (…) los docentes nombrados por entes territoriales (…) y
distritos especiales».

31. Pues bien, a la luz de la sentencia de unificación del 21 de junio de 201840 para
determinar la naturaleza de la vinculación que permita acceder a la pensión gracia es
esencial demostrar que el cargo docente ocupado corresponda a una plaza
nacionalizada o territorial, al margen del origen de los recursos que financian el pago
de los salarios y las prestaciones de los educadores. Para verificar la naturaleza de la
plaza a ocupar es necesario establecer quién y bajo qué competencia se expide el acto
administrativo de nombramiento, es decir, si se da por parte de los alcaldes o
gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los
recursos que se utilicen para su financiación, o en virtud de una autorización legal a
través de las cuales administran al personal de educadores en nombre y representación
del Ministerio de Educación Nacional41.

32. Aclarado lo anterior, la Sala observa que la demandante fue vinculada como
docente interina para cubrir unas licencias de maternidad así: i) por 56 días, a partir del
21 de agosto de 199042; ii) por 84 días, a partir del 8 de febrero de 199143; iii) por 84
días a partir del 4 de junio de 199344; y, iv) por 84 días a partir del 24 de mayo de 199445.
Dichos períodos se encuentran demostrados a través de los Resúmenes 100 del 9 de
noviembre de 1990 y 032 del 6 de mayo de 1991, así como las actas de posesión No.
256 del 2 de noviembre de 1993 y 395 del 27 de junio de 1994.

33. Del contenido de estos actos administrativos, se advierte que el nombramiento
de la demandante como maestra interina tuvo lugar en virtud de las designaciones
efectuadas por los directores de distrito educativo de Palmira y Buga, respectivamente,
es decir, en representación del departamento del Valle del Cauca, sin intervención
directa ni indirecta del Ministerio de Educación Nacional, lo que indica que estos
vínculos fueron en calidad de docente territorial y no nacional como en forma errada se
indica en la certificación de tiempo de servicio del 2 de marzo de 2010 generado por la
Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali 46, toda vez que en los actos
de nombramiento no hay mención alguna que indique que la plaza a ocupar fuera
nacional o que se hubiese creado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975,
ni bajo los postulados de su artículo 6, en virtud del cual los recursos para atender el
proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos Regionales

39
Folio 72.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-11-2018. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
41
Artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.
42
Folio 70.
43
Folio 71.
44
Folio 73.
45
Folio 72.
46
Folio 55

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Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

(FER) con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de
Educación, intervención que tampoco se encuentra en los actos referidos.

34. A propósito, se advierte que la figura de la interinidad se utiliza «ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos»47. En este
sentido, los tiempos de servicios prestados bajo tal modalidad pueden ser valorados
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia48, siempre y cuando se haya
ejercido en plazas territoriales o nacionalizadas toda vez que el nombramiento realizado
de manera transitoria no afecta la prestación del servicio.

35. Por consiguiente, los períodos comprendidos entre los años 1990 (56 días), 1991
(84 días), 1993 (84 días) y 1994 (84 días) ejercido como docente interina deben
computarse para efectos de consolidar el derecho a la pensión gracia de la
demandante, en el entendido que se acreditó que dicha labor se desempeñó a través
de un vínculo de naturaleza territorial que le permite acumular dicho tiempo para efectos
de la pensión gracia reclamada.

36. Ahora bien, en atención al Certificado de Tiempo de Servicio 32530 del 2 de
marzo de 201049 generado por la Secretaría de Educación del municipio de Santiago
de Cali, se observa que la demandante laboró como docente del nivel básica primaria,
mediante vinculación en propiedad que, según dicho documento, se afirma el carácter
de docente nacional desde el 29 de noviembre de 1994.

37. A propósito, en el expediente reposa el Decreto 2357 de 29 de noviembre de
50
1994 , a través del cual el gobernador del Valle del Cauca con la intervención del
representante del Ministerio de Educación Nacional nombró en propiedad a la
demandante para que ocupara el cargo de docente «seccional» del Centro Docente
#92 Rafael Pombo de Cali, Distrito Educativo #1B, cargo del cual tomó posesión el 27
de diciembre de 199451 y se desempeñó en el empleo hasta el 3 de diciembre de 2003.

38. Luego -el 4 de diciembre de 2003- fue incorporada como docente en propiedad
del Centro Docente Rafael López Pumarejo, en virtud del Decreto 500 del 21 de octubre
de 2003, sin solución de continuidad y en las mismas condiciones de la designación
original, cargo que ejerció hasta el 3 de septiembre de 2007 cuando se efectuó el retiro.

39. Pues bien, analizado el Decreto 2357 de 1994 se observa que fue expedido por
el gobernador del Valle del Cauca aceptando unas renuncias, realizando unos traslados
y unos nombramientos en la Secretaría de Educación Departamental – Fondo
Educativo Regional del Valle del Cauca. Fue firmado por el gobernador, el secretario
de educación departamental y el representante del Ministerio de Educación Nacional.
No se vislumbra mención expresa a que la plaza a ocupar fuera de carácter nacional ni
el ejercicio de la facultad nominadora del Gobierno Nacional.

47
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 27 de junio de 2018, dentro del expediente con radicado 68001-23-33- 000-
2014-00812-01 (3597-2015), con ponencia del doctor Gabriel Valbuena Hernández.
48
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 15 de febrero de 2024, dentro del expediente con radicado 25000-23-42-000-
2014-02454-01 (2663-2019) con ponencia del doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.
49
Folio 55
50
Folio 74
51
Folio 76

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Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

40. En efecto, el acto administrativo no refleja que la plaza docente ocupada fuera
del orden nacional y no pudo ser territorial pues intervino el Ministerio de Educación
para garantizar los recursos del FER, en consecuencia para la Sala el nombramiento
tuvo lugar en una plaza creada o transformada en vigencia y cumplimiento del artículo
10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6 de dicha norma, en virtud
del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados
por los FER con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio
de Educación. Lo anterior tiene sustento en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son docentes nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

41. Así pues, la Sala descarta que la vinculación originada mediante el Decreto 2357
de 1994 fuera del orden nacional pues realmente fue nacionalizada. Adicionalmente, la
mención del FER y la firma del representante del Ministerio de Educación Nacional en
el acto de designación no supone automáticamente que se trate de una vinculación del
orden nacional, en el entendido de que la financiación de los gastos que generaban los
Fondos Educativos Regionales no sólo dependía de los recursos que la Nación le
giraba a las entidades territoriales (situado fiscal), sino que también correspondía al
ente local destinar parte de su presupuesto para atender el sostenimiento de dichos
fondos. Además, los entes locales se convertían en dueños de forma exclusiva de los
dineros provenientes del situado fiscal, al ingresar a su presupuesto en calidad de
rentas exógenas, por lo que no variaba el tipo de vinculación por destinar esos recursos
para pagar los salarios de los educadores territoriales.

42. Del anterior análisis se concluye que existe una discrepancia entre el contenido
de la certificación expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Cali y el acto
administrativo en comento, pues la primera advierte de forma genérica una vinculación
nacional continua mientras que el segundo no lo demuestra de forma inequívoca.
Empero, la certificación genera serias dudas sobre su veracidad pues previamente
había sido desvirtuado su contenido en lo tocante a los periodos servidos en interinidad
desde 1990 a 1994, quedando demostrado que fueron de carácter territorial y no
nacional como erróneamente lo reportaba. Por lo tanto, la Sala restará valor probatorio
a dicha certificación.

43. En tal sentido, los tiempos de servicios prestados como docente interina (1990,
1991, 1993 y 1994), así como la designación realizada a través del Decreto 2357 de 29
de noviembre de 1994 (acto de nombramiento) y posteriormente incorporada en
propiedad y sin ruptura en la continuidad mediante el Decreto 500 del 251 de octubre
de 2003, son válidos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia pretendida
pues fueron territoriales y nacionalizados, respectivamente.

44. En virtud de lo anterior, en el expediente se encuentran demostrados los tiempos
efectivamente laborados como docente del orden territorial y nacionalizado por la
demandante así:

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Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

PERÍODOS TIEMPO
AÑOS MESES DÍAS
(I)
Decretos 252, 1290, 355, 440
Del 1 de abril de 1968 al 15 de enero de 197852
9 9 15
(II)
Resúmenes 100, 032, 046, 035 y Decreto 2357
21 de agosto de 1990 al 3 de septiembre de 2007 13 6 14

45. Desvirtuado el vínculo señalado en la aludida certificación y demostrado que la
demandante probó con suficiencia el ejercicio de la profesión docente del orden
nacionalizado por espacio de 23 años, 4 meses y 1 día, cumplió con la exigencia de
haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, acreditó los 50 años de edad (23
de julio de 1998), cuenta con buena conducta y desempeñó con honradez la práctica
docente, que le otorgan el derecho al reconocimiento del beneficio pensional reclamado
previsto en la Ley 114 de 1913, a partir del 3 de mayo de 2004, cuando cumplió los
20 años de servicios.

46. Empero, se hace necesario efectuar un examen sobre el fenómeno de la
prescripción con relación a las mesadas reclamadas. Esta Subsección ha determinado
que «según el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres
años contados a partir de la fecha en que la obligación se hace exigible, sin mencionar
que el conteo de dicho término deba hacerse a partir de que la entidad expide el acto
administrativo que resuelve la pretensión formulada»53. Igualmente, analizó que
«presentada la petición ante la administración ésta interrumpe la prescripción y a partir
de ese momento, el interesado cuenta con tres años para su reclamación en sede
judicial, al cabo de los cuales su inactividad implicará la extinción de su derecho y, por
ende, no será posible acceder al restablecimiento del derecho»54.

47. Con el fin de verificar la fecha de exigibilidad del derecho reclamado, es
procedente establecer el momento exacto en el que la reclamante logró acumular el
tiempo de servicios docentes para acceder a la prestación reclamada. Conforme a lo
obrante en el expediente, se estableció que la señora Millán Lemos cumplió los 50 años
de vida el 23 de julio de 1998; mientras que los 20 años de labor oficial se cumplieron
el 3 de mayo de 2004, por lo que solo hasta esta última fecha es que se puede
considerar que la pensión gracia se había hecho exigible, esto es, cuando cumplió el
estatus jurídico de pensionada.

Análisis de la prescripción

48. El Consejo de Estado55 ha señalado que la estructuración de la mentada figura requiere
que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido las acciones
correspondientes para reclamar los derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta
por 3 años desde que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción
del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969

52
Folio 54.
53
Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido puede consultarse la
sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945- 19).
54
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado 54001-23-33-000-2014-
00010-01 (3243-19)
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de

noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01496-01 (2187-2020)
Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

aplicable al presente caso.

49. Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a partir
de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente caso, tendrá que
considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 3 de mayo de 2004 cuando la
actora acreditó el estatus pensional, pues ese primer momento fue en el que acreditó la totalidad
de requisitos para consolidar la prestación bajo estudio.

50. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente se desprende una primera
solicitud el 28 de mayo de 200456, que dio origen a la Resolución 5569 del 28 de enero
de 2005, mediante la cual CAJANAL negó la pensión gracia.

51. Posteriormente, la docente presentó nuevas peticiones, con fechas 11 de
septiembre de 200657, 26 de septiembre de 200858, 8 de septiembre de 201159 y 17 de
otubre de 201360; las cuales fueron resueltas en forma negativa por la administración, pero,
en todo caso, logrando interrumpir la prescripción por una sola vez en cada caso
respectivamente hasta: el 11 de septiembre de 2009, 26 de septiembre de 2011, 8 de
septiembre de 2014 y el 17 de octubre de 2016.

52. Sin embargo, la actora en su momento no acudió a la jurisdicción para reclamar el
derecho pensional, sino que presentó por sexta vez el 10 de septiembre de 201561 una
petición tendiente al reconocimiento de la pensión, lo que, por tratarse de prestaciones
periódicas, generó una nueva interrupción por las nuevas mesadas causadas hasta el 10 de
septiembre de 2018.

53. En este caso se observa que la accionante radicó la demanda el 29 de septiembre de
201662, esto es, por fuera del término de los 3 primeros años contados a partir de la fecha del
estatus, pero dentro del lapso de interrupción de la sexta y última petición (del 10 de septiembre
de 2015 al 10 de septiembre de 2018), razón por la cual se debe declarar probada la
prescripción respecto de las mesadas causadas a su favor, respecto de las anteriores al 10 de
septiembre de 2012.

54. Es más, sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, encuentra sustento
en lo dispuesto por esta Corporación63, en el entendido que una vez se haga exigible el derecho
y ante la presentación de la reclamación administrativa, la parte interesada debe presentar en
el término de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario, se somete a la activación del
término prescriptivo y la pérdida del derecho de las prestaciones periódicas causadas.

55. Es decir, al considerarse la pensión gracia como una prestación que se causa
periódicamente, el análisis de la prescripción deberá realizarse de acuerdo con el término de
interrupción que se genere con la última petición al momento de reclamar el derecho, máxime
cuando estas sean presentadas en tiempos distantes a la configuración del estatus y sobre las
cuáles haya operado esta figura como ocurre en el presente asunto, pero iniciando el término
de interrupción desde la radicación de la reclamación.

56
Folios 3 – 5
57
Folios12 – 16.
58
Folios 20 – 23.
59
Folio 29
60
Folios 33 – 46.
61
Folios 49 – 52.
62
29 de septiembre de 2016
63 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-000-
2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).

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Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

56. En consecuencia, se revocará la sentencia de 22 de agosto de 2019 emitida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
de la referencia. En su lugar, se declarará la nulidad de los actos administrativos
acusados para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
demandante en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, comprendido
entre el 3 de mayo de 2003 y el 2 de mayo de 2004, con efectividad desde el 3 de mayo
de 2004, pero con efectos fiscales desde el 10 de septiembre de 2012, por la operancia
de la prescripción trienal de las mesadas.

57. La liquidación se realiza con fundamento en los artículos 4 de la Ley 4ª de 1966,
5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia
debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»64.

58. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

59. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice
vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de
prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

60. No se reconocerán los intereses moratorios solicitados por la demandante, pues
esta Corporación ha precisado que, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales
no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta
la calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar
el pago»65.

De la condena en costas

61. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
Con base en él, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer la condena en
costas en vigencia del CPACA, era necesario realizar una valoración objetiva 66 donde

64
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de enero de
2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-
02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19)
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de
2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
66
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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15

Radicado: 76001-23-33-000-2016-01496-01 (2187-2020)
Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

el juez, una vez comprobaba su causación, y sin atender a factores subjetivos como la
buena fe o la temeridad de las partes, podía ordenarlas.

62. No obstante, la postura antes mencionada tuvo que ser reevaluada a partir del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que introdujo un inciso al artículo 188 del CPACA,
ya que precisó que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

63. En este caso, la Subsección A considera que los fundamentos esbozados por la
demandada en sus distintas intervenciones no evidencian una carencia de
fundamentación legal, por el contrario, su actuación se surtió conforme a los preceptos
normativos que gobiernan la pensión gracia en concordancia con una discusión
probatoria acorde a la controversia, de manera que no se impondrá condena en costas
en esta instancia.

VI. DECISIÓN

64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, que negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 5569 del 28 de
enero de 2005, 16139 del 27 de abril de 2007 y 04494 del 3 de febrero de 2009,
proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social; y, UGM 04717 del 25 de mayo de
2012, ADP 15639 del 3 de diciembre de 2013 y ADP 000971 del 25 de enero de 2016,
expedidas por la UGPP, que le negaron el reconocimiento y pago de una pensión gracia
a la actora.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia a favor de la señora Betty Amparo Millán Lemos, identificada con cédula
de ciudadanía 29.598.358 de La Victoria (Valle), en cuantía del 75% del promedio de
todos los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 3 de mayo de 2003 y el 2 de mayo de 2004. La
prestación tendrá efectos fiscales a partir del 10 de septiembre de 2012 por haber
operado el fenómeno de la prescripción trienal.

CUARTO: La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en el
artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de inflación certificados
por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en esta sentencia.

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16

Radicado: 76001-23-33-000-2016-01496-01 (2187-2020)
Demandante: Betty Amparo Millán Lemos

QUINTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEPTIMO: Sin condena en costas en ambas instancias.

OCTAVO: En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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