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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01326-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01326-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora María del Socorro Escobar Osorio contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 044796 del 29 de octubre de 2015 y RDP 001867 del 22 de enero de 2016, emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante las cuales se negó a la señora María del Socorro Escobar Osorio el reconocimiento y pago de una pensión gracia. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de señora MARÍA DEL SOCORRO ESCOBAR OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía 31.287.348 en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, del 26 de marzo de 2008 al 25 de marzo de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 17 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001 23 33 000 2017 01326 01 (3089-2022) Demandante: María del Socorro Escobar Osorio CUARTO: DECLARAR PROBADA la prescripción extintiva de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 de junio de 2012, conforme a lo explicado en la parte considerativa de esta sentencia. En consecuencia, la pensión gracia reconocida en este fallo tendrá efectos fiscales a partir de dicha fecha. QUINTO: La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01326-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2017 01326 01 (3089-2022)
Demandante: María del Socorro Escobar Osorio
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Naturaleza nacionalizada de la vinculación
docente efectuada por jefes de distrito educativo.
Conversión de horas cátedra a tiempo completo.
Prescripción. Condena en costas.

Decisión: Se revoca el fallo apelado y, en su lugar, se accede
parcialmente a las pretensiones de la demanda toda vez que
la docente acreditó el cumplimiento de todos los requisitos
legales para beneficiarse de la pensión gracia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 16 de diciembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 044796 del 29 de octubre de 2015 y
RDP 001867 del 22 de enero de 2016, a través de las cuales la entidad
demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le conceda la
mencionada prestación periódica equivalente al promedio base de la totalidad de
los factores salariales devengados durante el año anterior a la consolidación del
estatus de pensionada, así como que se ordene incrementar la mesada pensional
con los aumentos legales y se reconozcan todas las mesadas que se causaron
de manera indexada junto con los intereses moratorios de acuerdo con lo
establecido en los artículos 187, 189 y 195 del CPACA, en concordancia con el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

1 Folios 74 al 94.

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Radicación: 76001 23 33 000 2017 01326 01 (3089-2022)
Demandante: María del Socorro Escobar Osorio

3. Finalmente, requirió que se condene a la entidad al pago de intereses
moratorios siempre y cuando se den los presupuestos fijados en el artículo 177
del CPACA, y en costas y agencias en derecho.

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante indicó que
el 7 de febrero de 2007 cumplió 50 años de edad y que ha laborado para la
docencia oficial al servicio de los municipios de Yumbo y Cali por más de 20 años,
discriminados en los siguientes interregnos: del 16 de septiembre de 1976 al 16
de octubre de 1977, del 23 de octubre de 1978 al 29 de diciembre de 1988 y del
10 de enero de 1993 al 28 de abril de 2015; por lo anterior, afirmó que cumplió
con los requisitos legales para gozar de la pensión gracia el 25 de febrero de
2010.

5. Mencionó que el 24 de junio de 2015 elevó petición escrita ante la entidad,
con el fin de que se le reconociera dicha prestación periódica; sin embargo, esta
fue negada a través de los actos administrativos acusados bajo el argumento de
que la labor docente por ella ejercida fue del orden nacional.

6. Argumentó que las resoluciones demandadas son nulas por violación a la
norma constitucional habida cuenta de que tiene derecho a la pensión gracia
pues cumple con todos los requisitos legales para tal efecto y, en especial, porque
nunca ha laborado para el Ministerio de Educación Nacional, sino que todos sus
nombramientos han sido efectuados mediante actos proferidos por un ente
territorial, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.

Contestación de la demanda2

7. La entidad se opuso a los hechos y a la prosperidad de las pretensiones
incoadas alegando que, al expedir los actos demandados, actuó conforme a
derecho porque al revisar el certificado de tiempo de servicios se puede verificar
que la actora cuenta con una vinculación de carácter nacional a partir del 1 de
agosto de 1980.

8. Adicionalmente, explicó que la docente no cumple con el requisito
consagrado en el artículo 15, numeral 2, de la Ley 91 de 1989, según el cual se
debe acreditar una vinculación de carácter territorial o nacionalizada antes del 31
de diciembre de 1980.

9. Por otro lado, dijo que la documentación aportada al plenario es
inconsistente puesto que se allegaron dos certificados para los períodos
discontinuos desde el 23 de octubre de 1978 hasta el 29 de diciembre de 1988,
con vinculaciones diferentes, sin que en el último documento mediara información
o corrección respecto de la información suministrada en la primera.

2 Folios 144 al 150.

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Demandante: María del Socorro Escobar Osorio

10. Finalmente, propuso las excepciones de fondo que denominó
«inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido», «ausencia
de vicios en los actos administrativos demandados» y «prescripción».

Sentencia apelada3

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 16
de diciembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda en razón a que la
actora no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

12. Al respecto, precisó que en el plenario se acreditó que la demandante
prestó servicios docentes en entidades territoriales entre 1976 y 1988, y que a
partir de 1993 su vinculación se realizó mediante acto administrativo expreso que
asignó la financiación de salarios y prestaciones a la Nación, circunstancia que
excluye dicho tiempo del cómputo para la pensión gracia, conforme a la Ley 91
de 1989 y a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.

13. El a quo reiteró que la pensión gracia es un régimen especial y excepcional
reservado a quienes cumplan la totalidad de los requisitos legales, siendo el
tiempo de servicios un elemento estructural e indispensable. En consecuencia,
al no acreditarse los 20 años exigidos, resultó innecesario analizar los demás
presupuestos, como la buena conducta o la edad.

14. Finalmente, condenó en costas y agencias en derecho a la parte actora al
resultar vencida, conforme a las reglas previstas en los artículos 188 del CPACA,
y 365 y 366 del CGP.

Recurso de apelación4

15. La parte actora pidió revocar la sentencia impugnada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, reiterando que cumple con todos los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia.

16. En ese sentido, la recurrente alegó una incorrecta valoración del acervo
probatorio en tanto el Tribunal otorgó un alcance indebido a la certificación de
salarios visible en el folio 73, expedida por la Secretaría de Educación de Cali, al
concluir que el origen nacional de los recursos salariales determinaba la
condición de docente nacional. A su juicio, esta prueba fue mal interpretada pues
en ella se identifica el tipo de nombramiento como municipal–nacionalizado,
aspecto que define la naturaleza del vínculo.

17. Entre tanto, adujo que se desconocieron pruebas documentales
relevantes, particularmente la certificación 2015-ER-080933 del 12 de mayo de
2015 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, en la que consta que

3 Índice 46 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca: expediente 76001 23 33

003 2017 01326 00.
4 Índice 49, ibidem.

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Demandante: María del Socorro Escobar Osorio

nunca laboró para dicho Ministerio. A su vez, sostuvo que esta prueba no fue
analizada ni confrontada con el resto de los documentos que obran en el plenario.

18. Afirmó que el juez no valoró integralmente los actos administrativos de
nombramiento y posesión obrantes en el expediente, de los cuales se desprende
que la autoridad nominadora fue siempre una entidad territorial (municipio o
departamento), y no el Ministerio de Educación Nacional, los cuales acreditan
que, en efecto, ocupó plazas territoriales.

19. Explicó que el fallo cuestionado desconoció el precedente jurisprudencial
de unificación del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018, relativo a la
distinción entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, ya que el a
quo equiparó el origen de los recursos salariales con la condición de docente
nacional.

20. Finalmente, afirmó que la valoración probatoria realizada fue incompleta,
al privilegiar una certificación de tiempo de servicios expedida por la Secretaría
de Educación de Cali (folios 25 a 40), sin confrontarla con la certificación
ministerial y los actos administrativos de nombramiento, lo que condujo a una
conclusión errónea sobre el incumplimiento del requisito de los 20 años de
servicio territorial exigido para la pensión gracia.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. Mediante auto del 25 de agosto de 20225, se admitió el recurso de
apelación de la referencia.

22. Luego, el 13 de febrero de 20256 se negó tener como prueba de segunda
instancia la copia del Decreto 2002 del 17 de septiembre de 1993 puesto que, de
un lado, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA
y, del otro, resultaba improcedente por cuanto ya había sido incorporado al
proceso en la audiencia de pruebas celebrada el 2 de diciembre de 2019.

23. Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron sobre el recurso de
alzada, dentro del plazo fijado en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
subrogado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

24. Finalmente, el 5 de febrero de 20267 la Sala expidió auto para mejor
proveer con el fin de aclarar dudas con relación a la naturaleza de la vinculación
docente que mantuvo la actora con el departamento del Valle del Cauca en virtud
del nombramiento efectuado mediante el Decreto 2002 del 17 de septiembre de
1993.

5 Folio 300.
6 Folios 302 y 303.
7 Índice 21 de SAMAI del Consejo de Estado.

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III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

26. Conforme a los argumentos del recurso de apelación, le corresponde a la
Sala determinar si la demandante cumple con todos los requisitos legales para
beneficiarse de la pensión gracia, en especial, el referente a haber laborado como
docente territorial o nacionalizada durante 20 años, según lo previsto en la Ley
114 de 1913.

Análisis del problema jurídico

27. La Sala anticipa su decisión de revocar la sentencia apelada debido a que
en el expediente está demostrado que la actora satisface la totalidad de los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia, tal como se explica a
continuación.

28. Para acceder al beneficio de la pensión gracia, deben cumplirse de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un periodo no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

29. En el plenario no está en discusión que la demandante acreditó el requisito
de la edad ya que cumplió 50 años el 7 de febrero de 20078. En este sentido, se
analizarán las demás exigencias, a saber:

1. Requisito de haberse vinculado como docente territorial o nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980

• Periodo del 27 de septiembre de 1976 al 16 de octubre de 1977

30. Obra en el expediente el certificado emitido el 14 de abril de 2008 9 por el
Archivo General del municipio de Yumbo (Valle del Cauca), en el cual se informó

8 Cfr. Cédula de ciudadanía visible en el folio 2 del expediente.
9 Folio 21.

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que la demandante laboró entre el 16 de septiembre de 1976 y el 16 de octubre
de 1977 como «profesora Escuela Educación Primaria en propiedad», en dicha
entidad territorial.

31. Asimismo, se aportó copia del Decreto 0062 del 16 de septiembre de
197610, expedido por el alcalde municipal de Yumbo (Valle del Cauca), quien, en
uso de sus atribuciones legales, nombró a la demandante como profesora en
propiedad de la Escuela de Rincón Dapa, con efectos a partir del 27 de
septiembre de 1976.

32. De lo anterior se colige que la actora prestó sus servicios como docente
territorial en el referido municipio dado que el acto administrativo de
nombramiento fue proferido por el alcalde municipal en ejercicio de sus
facultades legales, sin que se evidencie intervención alguna por parte del
Ministerio de Educación Nacional o se infiera que la plaza docente era de
aquellas creadas por dicha cartera, en atención a lo previsto en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975.

33. Además, tal circunstancia se ajusta a la definición contenida en el artículo
1 de la Ley 91 de 1989, según la cual son territoriales «los docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

34. No obstante, la Sala discrepa del término inicial de la vinculación
certificado por el Archivo General de Yumbo (véase el párrafo 30), toda vez que,
si bien se afirmó que la relación legal y reglamentaria comenzó el 16 de
septiembre de 1976, no se puede pasar por alto que en el acto administrativo de
nombramiento y en el acta de posesión11 se dispuso expresamente que sus
efectos se generarían a partir del 27 de septiembre de 1976.

35. En consecuencia, la Sala determina que el vínculo docente territorial
referido tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 1976 y el 16 de octubre de
1977, esto es, por un término de 1 año y 20 días, lapso que permite acreditar el
requisito de haberse servido en tal calidad antes del 31 de diciembre de 1980 y
resulta computable para efectos del conteo de los 20 años de servicio que exige
la ley.

2. Requisito de haber prestado servicios como docente territorial y/o
nacionalizado por 20 años

• Períodos laborados entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre de
1978, y entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 1979

10 Folio 22.
11 Página 18 del archivo «31287348» contentivo de los antecedentes administrativos. Así mismo, en la
página 69 de ese mismo archivo obra la comunicación del 16 de septiembre de 1976, en la que se le indicó
a la actora que los efectos del nombramiento surtirían efectos a partir del 27 de septiembre de esa anualidad.

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36. En el expediente obra el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral 267902 del 20 de marzo de 201912, mediante el cual la
Secretaría de Educación de Cali (Valle del Cauca) certificó que la actora prestó
sus servicios como docente de primaria en las Instituciones Educativas Adán
Cordovéz Córdoba y Ricardo Nieto durante los interregnos comprendidos entre
el 23 de octubre y el 22 de noviembre de 1978, y entre el 1 de marzo y el 30 de
abril de 1979, respectivamente.

37. La información allí consignada concuerda con lo consignado en las
Resoluciones 0351 del 2 de noviembre de 197813 y 0134 del 21 de marzo de
197914, por medio de las cuales el jefe del Distrito Educativo 1B de la ciudad de
Cali, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 0975 del 20 de
junio de 1977, nombró a la demandante como maestra de segunda categoría
para desempeñar funciones seccionales en las Escuelas núm. 57 «Adán
Cordovéz Córdoba» —por el término de 30 días— y núm. 22 «Ricardo Nieto» —
por el término de 60 días—.

38. Con relación a los mencionados interregnos, vale la pena destacar que de
la información señalada en los formatos de certificado de historia laboral del 28
de abril de 201515 y del 20 de marzo de 201916 no es dable establecer la
naturaleza de dichas vinculaciones, toda vez que si bien en estos se marcaron
las casillas del «régimen de pensiones» como nacional y nacionalizada,
respectivamente, debe decirse que este no es un elemento concluyente para
determinar la naturaleza jurídica del vínculo docente, de acuerdo con las
definiciones que consagra el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia
de esta Corporación para el personal nacional, nacionalizado y territorial.

39. Además, dicha casilla está orientada a informar sobre el régimen de
seguridad social en materia de pensión de vejez aplicable a la profesora, cuestión
que dista de los requisitos especiales para acceder a la pensión gracia que son
de interés para la Sala.

40. En este punto, y con el fin de establecer el carácter de los nombramientos
bajo estudio, conviene reiterar que los mencionados actos administrativos fueron
suscritos por el jefe del Distrito Educativo 1-B. Al respecto, esta Corporación17 ha
establecido que las vinculaciones provenientes de dichos servidores deben
entenderse como nacionalizadas, a saber:

[…]

12 Folios 215 al 219. Sobre este punto, vale la pena precisar que la información aquí contenida coincide con

la consignada en los Formatos para la Expedición de Certificado de Historia Laboral núm. 8 del 28 de abril
de 2015 (folios 26 y 27) y núm. 451362 del 18 de octubre de 2018 (folios 171 al 174).
13 Folio 42.
14 Folio 43.
15 Folios 26 y 27.
16 Folios 215 al 219.
17 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025, proferida

bajo el radicado 76001 23 33 000 2016 01099 01 (2493-2018), con ponencia del consejero Juan Camilo
Morales Trujillo.

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39. Efectivamente, las designaciones realizadas por la jefa o directora del Distrito
Educativo No. 5 de Tuluá, a través de las Resoluciones 179 del 25 de septiembre
de 1980 y 224 del 20 de noviembre de 1980, se pueden situar dentro de la
ejecución del proceso de nacionalización de la educación, tal como lo establece
la Ley 43 de 1975, así como en el marco de la descentralización de los servicios
educativos prevista en el Decreto Extraordinario 102 de 197618. Esto se debe a
que los jefes de distrito educativo fueron posteriormente integrados formalmente
en la estructura organizacional educativa mediante los Decretos 017919 y 018120,
ambos del 22 de enero de 1982. Dichos decretos establecieron que estos
funcionarios eran directivos docentes designados mediante nombramiento previo
concurso de méritos efectuado por el gobernador, intendente, comisario o alcalde
mayor de Bogotá, con la firma del delegado regional del ministro de educación
como certificación de que se han cumplido todos los requisitos legales y
reglamentarios, encargados de la administración de dos o más núcleos de
Desarrollo Educativo y que dependían administrativamente de las secretarías de
educación de los respectivos entes territoriales y sus funciones eran establecidas
por el Ministerio de Educación Nacional21. Por lo demás, los distritos educativos
eran determinados en cada entidad territorial por la Junta Administradora del
Fondo Educativo Regional22.

40. Estas circunstancias ponen de manifiesto que los jefes de distrito educativo
desempeñaban sus funciones conforme a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional, actuando en coordinación con las entidades
territoriales. Sin dudas, estos funcionarios desarrollaban la nacionalización de la
educación primaria y secundaria, facilitada a través de los Fondos Educativos
Regionales.

[…]

41. En este orden de ideas, es dable concluir que los interregnos que la
accionante laboró como docente para las Escuelas núm. 57 «Adán Cordovéz
Córdoba» y núm. 22 «Ricardo Nieto» de Cali, transcurridos entre el 23 de octubre
y el 22 de noviembre de 1978 (equivalente a 1 mes), y entre el 1 de marzo y el
30 de abril de 1979 (equivalente a 2 meses), respectivamente, al ser
nacionalizados, son computables para efectos de la pensión gracia solicitada.

• Períodos discontinuos ejercidos entre el 4 de octubre de 1982 y el 26
de abril de 1988

42. Tomando en cuenta los mencionados Formatos Únicos para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral del 28 de abril de 201523 y del 20 de marzo de
201924, expedidos por la Secretaría de Educación Municipal de Cali (Valle del
Cauca), así como los actos administrativos de nombramiento contenidos en las

18 Por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan otras

disposiciones.
19 Por el cual se determinan y definen los cargos docentes directivos, sé dictan normas sobre jornada laboral,

asignación académica y otras disposiciones relacionadas con el trabajo de los funcionarios docentes
directivos y docentes, en los establecimientos oficiales de educación pre-escolar, básica y media
vocacional.
20 Por el cual se adopta y se reglamenta el programa de "Mapa Educativo" como sistema de planificación y

administración de la educación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Enlace: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1709830
21 Decreto 0181 de 1982, artículo 12.
22 Decreto 0181 de 1982, artículo 4.
23 Folios 27 al 40.
24 Folios 212 al 244.

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Demandante: María del Socorro Escobar Osorio

Resoluciones 0065 del 5 de octubre de 198225, 0082 del 5 de septiembre de
198326, 0058 del 18 de junio de 198627, 094A del 27 de octubre de 198628, 0027
del 12 de marzo de 198729, 029 del 20 de marzo de 198730, 0033 del 8 de abril
de 198731, 018 del 22 de marzo de 198832 y 049 del 26 de abril de 198833, se
tiene que la demandante prestó sus servicios como docente en los siguientes
períodos e instituciones:

Acto administrativo de Período Plantel educativo
nombramiento
Res. 0065 del 5 de octubre de 04/10/1982 – 03/12/1982 (2 Escuela Ricardo Nieto
1982 meses)
Res. 0082 del 5 de 05/09/1983 – 04/11/1983 (2 Escuela Ricardo Nieto
septiembre de 1983 meses)
Res. 0058 del 18 de junio de 28/04/1986 – 27/06/1986 (2 Escuela Ricardo Nieto
1986 meses)
Res. 094A del 27 de octubre 02/10/1986 – 01/12/1986 (2 IE. Susana Vinasco de
de 1986 meses) Quintana
Res. 0027 del 12 de marzo de 09/02/1987 – 28/02/1987 (20 IE. Croydon
1987 días)
Res. 0029 del 20 de marzo de 01/03/1987 – 20/03/1987 (20 IE. Croydon
1987 días)
Res. 0033 del 8 de abril de 21/03/1987 – 31/03/1987 (11 IE. Croydon
1987 días)
Res. 018 del 23 de marzo de 22/02/1988 – 12/03/1988 Localidad Genérica
1988 (20 días)
Res. 049 del 26 de abril de 25/03/1988 – 24/04/1988 IE. Alfonso López Pumarejo
1988 (1 mes)

43. Al revisar los decretos de nombramiento referidos, se evidencia que
todos fueron suscritos por el jefe del Distrito Educativo 1-B de Cali, en uso de las
atribuciones conferidas mediante el Decreto 0539 del 17 de abril de 1978. De
igual modo, se observa que todas las designaciones referidas se efectuaron en
la modalidad de interinidad puesto que tenían como finalidad cubrir licencias de
maternidad y de enfermedad de los titulares del cargo.

44. En este sentido, partiendo del estudio previamente realizado sobre la
naturaleza de las vinculaciones docentes cuando estas son efectuadas por el jefe
de distrito educativo (párrafo 40), la Sala determina que los nombramientos en
cuestión fueron nacionalizados, por lo que son computables para acreditar el
tiempo mínimo de 20 años de servicios que se requiere para acceder a la pensión
gracia reclamada.

25 Folio 44.
26 Folio 46.
27 Folio 47.
28 Folio 48.
29 Folio 50.
30 Folio 51.
31 Folio 52.
32 Folio 54.
33 Folio 56.

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45. A pesar de lo anterior, es necesario precisar que en las precitadas
certificaciones también se registraron las siguientes vinculaciones: i) del 15 de
diciembre de 1982 al 14 de febrero de 1983, en virtud del nombramiento
efectuado mediante la Resolución 006 del 21 de enero de 1983; ii) del 24 de junio
al 23 de agosto de 1987, en virtud del nombramiento efectuado mediante la
Resolución 047 del 30 de octubre de 1987; iii) del 23 de noviembre de 1987 al 22
de enero de1988, en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución
002 del 27 de enero de 1988; y iv) del 10 de julio al 9 de septiembre de 1988, en
virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución 0091 del 13 de
octubre de 1988.

46. Sin embargo, en el expediente no reposan los mencionados actos
administrativos de nombramiento o alguna prueba que permita establecer de
manera inequívoca su naturaleza, pues, como se indicó en precedencia (párrafos
38 y 39), los certificados de historia laboral no indican tal elemento. Por lo tanto,
no se tomarán en cuenta para completar el tiempo mínimo requerido para
acceder a la pensión que hoy es objeto de litigio.

• Períodos ejercidos bajo la modalidad de hora cátedra entre el 2 de
octubre de 1989 y el 30 de junio de 1993

47. En el plenario obra copia del Certificado de Tiempo de Servicios 20956
del 16 de abril de 200834, a través del cual la Secretaría de Educación Municipal
de Santiago de Cali dio constancia de que la demandante prestó sus servicios
como docente de básica secundaria, con tipo de vinculación «nacional», durante
los siguientes lapsos: i) del 30 de diciembre de 1988 al 30 de julio de 1989, en
virtud del nombramiento efectuado a través de la Resolución 0603 del 30 de
diciembre de 1988; ii) del 2 de octubre de 1989 al 1 de julio de 1990, en virtud
del nombramiento efectuado a través de la Resolución 415 del 2 de octubre de
1989; iii) del 2 de agosto de 1990 al 1 de junio de 1991, en virtud del
nombramiento efectuado a través de la Resolución 302 del 2 de agosto de 1990;
iv) del 11 de septiembre de 1991 al 6 de septiembre de 1992, en virtud del
nombramiento efectuado a través de la Resolución 732 del 11 de septiembre de
1991; y v) del 7 de septiembre de 1992 al 30 de junio de 1993, en virtud del
nombramiento efectuado a través de la Resolución 0640 del 7 de septiembre de
1992.

48. En cumplimiento del decreto probatorio efectuado por la Sala mediante el
auto del 5 de febrero de 2026, al proceso se allegaron copias de las Resoluciones
415 del 2 de octubre de 1989 (18 horas semanales)35, 0302 del 2 de agosto de
1990 (16 horas semanales)36, 0732 del 11 de septiembre de 1991 (16 horas
semanales)37 y 0640 del 7 de septiembre de 1992 (16 horas semanales)38, a

34 Página 51 del archivo «31287348» contentivo de los antecedentes administrativos.
35 Archivo «25_MemorialWeb_Respuesta-NombramientosHORAC(.pdf)» visible en el folio 32 de SAMAI del

Consejo de Estado.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.

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través de las cuales el gobernador del Valle del Cauca nombró a la demandante
como maestra en la modalidad de hora cátedra, adscrita al Fondo Educativo
Regional del Valle del Cauca (FER).

49. De conformidad con lo anterior, y contrario a lo certificado por la entidad
nominadora, para la Sala resulta claro que los referidos nombramientos fueron
de carácter nacionalizado habida cuenta de la participación y autorización
impartidas por el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975, en
concordancia con la definición estipulada por el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.

50. No obstante, se aclara que no se tendrá en cuenta el periodo de servicio
entre el 30 de diciembre de 1988 y el 30 de julio de 1989, ya que dicho periodo
fue certificado como del orden nacional y en el expediente no reposa copia del
acto administrativo de nombramiento que permita establecer, con suficiente
claridad, que se trató de un vínculo territorial o nacionalizado.

51. Ahora bien, comoquiera que los períodos laborados en la modalidad de
hora cátedra son computables para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, se hace necesario calcular su equivalencia de acuerdo con la fórmula
establecida en el artículo 1 de la Ley 33 de 198539, consistente en sumar las
horas de trabajo real y dividirlas en cuatro (4), para establecer los días trabajados,
y adicionar los correspondientes días de descanso remunerado (sábados y
domingos) y de vacaciones (7 semanas anuales), en proporción al período en
que se prestó conforme a dicha modalidad.

52. Además, para la liquidación del tiempo efectivamente laborado deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios: i) conforme al artículo 33 de la Ley 100
de 1993, «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días
calendario»; ii) para efectos laborales, el salario corresponde a un mes de 30
días, lo cual, al multiplicarse por los 12 meses del año, da lugar a un total de 360
días anuales;40 iii) en ese mismo sentido, debe entenderse que un año laboral
está conformado por 51,42 semanas, resultado de dividir los 360 días entre los 7
días calendario que componen una semana41.

53. Así, en el presente caso se tendrá que la demandante prestó sus servicios
como docente hora cátedra, por un lapso de 2 años, 3 meses y 5 días, tal como
se explica en la siguiente tabla:

39 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado

08001 23 33 000 2016 00149 01 (4526-2021).
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 1999, radicado 12503.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2016, radicado

05001 23 33 000 2014 01754 01 (5073-15).

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Horas al Días Días
Semanas
mes Horas laborados laborados +
Horas laboradas Días de
Meses (horas laboradas (de (horas días de
Desde Hasta Días cátedra para vacaciones
(días / 30) cátedra meses * horas cátedra descanso
semana vacaciones 43
• 4,29 al mes) laboradas) 42
remunerado y
semana) /4) vacaciones
02/10/1989 01/07/1990 270 18 9,000 77,220 694,980 173,745 3,378 23,649 197,39

02/08/1990 01/06/1991 300 16 10,000 68,640 686,400 171,600 3,337 23,357 194,957

11/09/1991 06/09/1992 356 16 11,867 68,640 814,528 203,632 3,960 27,717 231,349
07/09/1992 30/06/1993 294 16 9,800 68,640 672,672 168,168 3,270 22,890 191,058

Total: 2 años, 3 meses y 5 días44

54. En consecuencia, se sumará el mencionado interregno para efectos de
completar el tiempo mínimo de 20 años para acceder a la pensión gracia.

• Período laborado entre el 1 de octubre de 1993 y el 28 de abril de 2015

55. Finalmente, en los ya analizados formatos de historial laboral del 28 de
abril de 2015 y 20 de marzo de 2019, la Secretaría de Educación Municipal de
Cali registró que la demandante ejerció como docente de básica secundaria, en
propiedad, desde el 1 de octubre de 1993 al 28 de abril de 2015 —fecha del
certificado laboral allegado con el libelo introductorio—.

56. Adicionalmente, se registraron varias situaciones administrativas como la
incorporación efectuada el 15 de diciembre de 2003, mediante el Decreto 0500
del 21 de octubre de 2003, y los traslados realizados en los años 1999, 2010 y
2011, sin que se advierta la existencia de solución de continuidad entre ellos. No
obstante, se dejó constancia de una licencia no remunerada de 5 días, ocurrida
entre el 5 y el 9 de abril de 2010.

57. Como soporte de la información anterior, en el expediente obra copia del
referido Decreto 2002 del 17 de septiembre de 199345, por medio del cual se
nombró a la demandante como profesora de tiempo completo en el Colegio
Santiago Rengifo Salcedo del municipio de Candelaria (Valle del Cauca).

58. Al revisar el mencionado acto de nombramiento, se evidencia que este fue
suscrito por el gobernador del Valle del Cauca, la secretaria de Educación y el
representante territorial de la ministra de Educación Nacional ante dicho
departamento.

59. Asimismo, en su parte considerativa se indicó que, en virtud de un acuerdo
del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca, aprobado por la Dirección
General de Planeación del Sector Educativo del Ministerio de Educación
Nacional, se autorizó la conversión de las horas cátedra en 1.559 plazas de
tiempo completo con cargo a la Nación.

42 Surge de multiplicar el número de días laborados por el 7 y dividirlo en 360.
43 Surge de multiplicar el número de semanas de vacaciones, domingos y festivos, por 49 (correspondiente

al número de días laborales que hay en 7 semanas) y dividirlo en 7.
44 Tomando como base que un año laboral equivale a 360 días y un mes laboral, a 30 días.
45 Archivo «25_MemorialWeb_Respuesta-NombramientosHORAC(.pdf)» visible en el folio 32 de SAMAI del

Consejo de Estado.

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60. En desarrollo de esa medida, se efectuó el nombramiento de la
demandante, quien tomó posesión del cargo el 1 de octubre de 1993, y continuó
prestando sus servicios, por lo menos, hasta el 28 de abril de 2015, fecha del
Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral allegado al
expediente46.

61. Ahora, en lo concerniente a la vinculación mantenida por la docente
durante este período, la Sala advierte que en el acto de nombramiento se dejó
constancia de que la conversión del servicio de hora cátedra a tiempo completo
obedeció a un acuerdo del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca, con
aprobación del Ministerio de Educación Nacional, y que las plazas resultantes
serían incorporadas a la planta de cargos de los colegios nacionalizados.

62. En este contexto, se evidencia que el nombramiento de la actora en el
intervalo objeto de estudio se produjo por decisión del gobernador, con
intervención del Fondo Educativo Regional del departamento y con la aprobación
del Ministerio de Educación Nacional. Por consiguiente, la Sala concluye que la
plaza se creó en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de la Ley
43 de 1975.

63. Asimismo, esta Sala encontró acreditado que entre el 2 de octubre de 1989
y el 30 de junio de 1993 la demandante venía desempeñándose por horas
cátedra en la misma categoría y entidad territorial, lo cual refleja que hizo parte
del cuerpo docente beneficiario de la mencionada conversión. Tales elementos
permiten confirmar que la naturaleza jurídica de la plaza ocupada por la
recurrente durante el período objeto de análisis corresponde a una vinculación
nacionalizada47.

64. Además, la anterior conclusión se acompasa con el tipo de vinculación
registrado en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios del
15 de marzo de 200748, mediante el cual la Secretaría de Educación de Cali indicó
que se trataba de una relación legal y reglamentaria del orden nacionalizado.

65. A partir de lo expuesto, la Sala concluye que la demandante ostentó la
condición de docente oficial nacionalizada durante el período comprendido entre
el 1 de octubre de 1993 y el 28 de abril de 2015, que, en principio equivalen a 21
años, 6 meses y 28 días. Sin embargo, a dicho tiempo se le deben descontar 5
días en virtud de la licencia no remunerada concedida a la actora (ver párrafo
57), lo cual da un total de 21 años, 6 meses y 23 días que son computables para
efectos de acceder a la pensión gracia.

46 Folios 25 y 26.
47 Sobre el particular, esta Subsección ha resuelto casos similares en el mismo sentido en las siguientes

sentencias: i) del 1 de agosto de 2024, expediente 76001 23 33 000 2018 01057 01 (5097-2022), con
ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez; ii) del 4 de septiembre de 2024, expediente 76001 23
33 000 2020 01585 01 (6671-2023), con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez; y iii) del 19 de
febrero de 2026, expediente 76001 23 33 009 2018 00486 01 (2127–2024), con ponencia del consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves.
48 Folio 73.

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66. Así, la parte actora acreditó un total de 26 años y 9 días de servicios como
docente del orden territorial y nacionalizada, según se evidencia en la siguiente
tabla:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial-municipal 27/09/1976 16/10/1977 1 0 20
Nacionalizada 23/10/1978 22/11/1978 0 1 0
Nacionalizada 01/03/1979 30/04/1979 0 2 0
Nacionalizada 04/10/1982 03/12/1982 0 2 0
Nacionalizada 05/09/1983 04/11/1983 0 2 0
Nacionalizada 28/04/1986 27/06/1986 0 2 0
Nacionalizada 02/10/1986 01/12/1986 0 2 0
Nacionalizada 09/02/1987 28/02/1987 0 0 20
Nacionalizada 01/03/1987 20/03/1987 0 0 20
Nacionalizada 21/03/1987 31/03/1987 0 0 11
Nacionalizada 22/02/1988 12/03/1988 0 0 20
Nacionalizada 25/03/1988 24/04/1988 0 1 0
Nacionalizada (Horas 02/10/1989 30/06/1993 2 3 5
cátedra)49
Nacionalizada 01/10/1993 28/04/2015 21 6 28
SUBTOTAL 26 1 4
Al mencionado tiempo se le debe descontar lo correspondiente a 5 días, 0 0 -5
derivados de la licencia no remunerada que tuvo la demandante entre el
entre el 5 y el 9 de abril de 2010.
TOTAL 26 0 9

67. En este orden de ideas, queda demostrado que la demandante cumplió
con el requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizada por
un período de 20 años de servicios. Asimismo, satisfizo las exigencias de buena
conducta y honradez, por cuanto en el expediente no obran pruebas que
acrediten que haya sido objeto de sanción disciplinaria alguna, sumado a que la
entidad no formuló reparo sobre dicho requisito.

68. Finalmente, tampoco se advierte que la actora devengue o haya
devengado alguna prestación o remuneración incompatible con la pensión gracia,
por lo que también se tendrá por acreditada dicha exigencia.

69. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que la parte demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos legales exigidos para el reconocimiento
de la prestación periódica objeto de controversia.

Análisis del estatus pensional y la prescripción

70. Esta Corporación50 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el
cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que
la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del

49 Sobre este tiempo, véase el párrafo 54 de esta providencia.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.

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término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969 aplicable al presente caso.

71. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a
partir del cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario
considerar que esta fecha se concretó el 25 de marzo de 200951, cuando la
demandante acreditó su estatus pensional tras cumplir 20 años de servicio como
docente nacionalizada. Esta fecha es posterior a la que corresponde a su
cumpleaños número 50, es decir, el 7 de febrero de 2007.

72. Así las cosas, de las pruebas presentadas en el expediente se desprende
que la actora solicitó el reconocimiento pensional el 24 de junio de 201552, lo que
dio origen a la expedición de los actos administrativos acusados, interrumpiendo
el término prescriptivo por un lapso igual, esto es, hasta el 24 de junio de 2018.
Es más, la demanda se presentó 5 de septiembre de 201753, dentro de ese lapso.

73. Por lo anterior, comoquiera que la reclamación se radicó más de tres años
después desde que surgió el derecho, habrá lugar a declarar la prescripción de
las mesadas causadas con anterioridad al 24 de junio de 2012.

74. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta
Colegiatura54 ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la
presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada
debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario,
se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del derecho de las
prestaciones periódicas causadas.

Conclusión

75. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y se declarará
la nulidad de los actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la actora, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados
en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, entre el 26
de marzo de 2008 y el 25 de marzo de 2009.

76. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4 de la Ley 4
de 1966, 5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales
trazados por esta Corporación relacionados con el monto de la prestación, esto

51 Este resultado es producto sumarle al 1 de octubre de 1993 lo equivalente a 15 años, 5 meses y 24 días,

que era el tiempo que le restaba para completar los 20 años de servicios.
52 Folio 3.
53 Folio 95.

54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-
33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-
2016).

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es, que «la pensión gracia debe liquidarse con base en los emolumentos
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional»55.

77. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

78. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse
mes por mes.

79. Por último, se negará el reconocimiento de los intereses moratorios
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en que esta
Corporación, mediante la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 —
citada en esta providencia—, estableció que «la pensión gracia se considera una
prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales,
como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a veinte
años, entre otras exigencias». Esto significa que su regulación es especial, se
encuentra contenida en normas específicas y, por el principio de inescindibilidad
de la ley, no es posible aplicarle disposiciones del régimen general de pensiones,
como lo pretende la demandante56.

Condena en costas

80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

81. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un

55 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado:

i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de
2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-
23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).
56 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida

dentro del expediente 08001 23 33 000 2019 00201 01 (2902–2021), con ponencia del consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves.

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Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 76001 23 33 000 2017 01326 01 (3089-2022)
Demandante: María del Socorro Escobar Osorio

interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a cargo de la parte
vencida en el proceso.

82. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

83. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias por cuanto se revoca en su totalidad la sentencia de primera instancia
y se accede a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda en el proceso promovido por la señora María del Socorro Escobar
Osorio contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 044796 del 29 de
octubre de 2015 y RDP 001867 del 22 de enero de 2016, emitidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), mediante las cuales se negó a la señora María del
Socorro Escobar Osorio el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de señora MARÍA DEL
SOCORRO ESCOBAR OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía
31.287.348 en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es,
del 26 de marzo de 2008 al 25 de marzo de 2009, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Demandante: María del Socorro Escobar Osorio

CUARTO: DECLARAR PROBADA la prescripción extintiva de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 24 de junio de 2012, conforme a lo
explicado en la parte considerativa de esta sentencia. En consecuencia, la
pensión gracia reconocida en este fallo tendrá efectos fiscales a partir de dicha
fecha.

QUINTO: La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante
la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
sentencia.

SEXTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la entidad demandada en ambas instancias.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones.

NOVENO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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