Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01057-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01057-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-01057-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-01057-01 (5097-2022)
Demandante: Jorge Iván Palacio Sánchez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en
plazas del orden territorial y nacionalizado. Períodos de labor
mediante la modalidad de hora cátedra por menos de 20 horas
semanales. No se exige el cumplimiento de la totalidad de
requisitos antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.
Aplicación de sentencias de unificación del 22 de enero de 2015,
21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Jorge Iván Palacio Sánchez instauró demanda contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes
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PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 046421 del 9 de diciembre de
2016 y RDP 014435 del 5 de abril de 2017, por medio de las cuales la UGPP negó
el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y
pagar al accionante la pensión gracia, teniendo en cuenta los factores salariales
devengados durante el año de consolidación del derecho, con la indexación y con
el pago de los intereses que correspondan.
Que la entidad sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho y que
dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187 y subsiguientes del
CPACA.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que el señor Jorge Iván Palacio Sánchez estuvo vinculado al magisterio desde el
año 1975 al menos hasta la presentación de la demanda y prestó sus servicios de
la siguiente manera:
Desde el 21 de marzo de 1975 hasta el 22 de enero de 1979, como docente
departamental-nacionalizado, a favor de la gobernación de Antioquia; desde el 2 de
octubre de 1989 hasta el 6 de junio de 1993, como docente departamental-
nacionalizado de hora cátedra, a favor de la gobernación de Antioquia; desde el 1°
de octubre de 1996 hasta el 31 de octubre de 1996, como docente nacionalizado; y
desde el 28 de septiembre de 1993 al menos hasta la fecha de presentación de la
demanda, como docente departamental-nacionalizado, a favor de la gobernación
del Valle del Cauca.
Que configuró su estatus pensional el 20 de enero de 2007 y solicitó a la entidad
demandada el reconocimiento de su derecho el 17 de junio de 2016, la cual negó lo
reclamado a través de la resolución RDP 046421 del 9 de diciembre de 2016 y
confirmó la negativa mediante la RDP 0144435 del 5 de abril de 2017, al resolver el
recurso de apelación, aduciendo en ambos actos que la vinculación del demandante
tanto en los periodos laborados como docente de hora cátedra entre 1989 y 1993,
1 Folios 53 a 54.
2 Folios 55 a 57.
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como en aquel comprendido entre el 28 de septiembre de 1993 hasta el 8 de julio
de 2013, fueron de carácter nacional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa asegura que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 1, 2, 6, 13, 25, 29, 46,48, 53, 90, 121, 125, 128 y 209 de
la Constitución Política; las Leyes 1437, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43
de 1975, 6 de 1945, 33 de 1985 y 91 de 1989 y los Decretos 2285 de 1955 y 223
de 1977.
Que el actor, al momento de adquirir el estatus pensional, contaba con un derecho
adquirido y no con una mera expectativa, y que, por lo tanto, el Estado debe
garantizar su derecho a la seguridad social.
Que no debe existir discriminación sobre los docentes del magisterio público frente
al reconocimiento y pago de la pensión gracia, y que por cumplir los docentes
territoriales y nacionales las mismas funciones laborales y devengar el mismo
salario, tampoco debe hacerse diferenciación alguna por causa de la naturaleza del
empleador, pues al fin y al cabo, es el Estado quien emplea los servicios docentes,
a través de las diferentes entidades territoriales o por el mismo Ministerio de
Educación Nacional, sin dejarle al docente la opción de escoger o manifestar
inconformidad sobre el cargo que le es asignado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 25 de febrero 20194 y notificada a la
UGPP5, quien presentó memorial de contestación6 en el que manifestó que el tiempo
de servicio prestado desde 1989 al 2013 fue bajo una vinculación nacional,
resultando inválido para efectos de la pensión solicitada, y que, por lo tanto, el
docente no cuenta con los 20 años de servicio según las exigencias de la ley.
Que, además, conforme al certificado de historia laboral No. 0099 del 26 de enero
de 2012, proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
aportado al expediente pensional, se observa que los periodos laborados por el
docente fueron del orden nacional.
Propuso como excepciones las que denominó, (i) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, (ii) inexistencia del derecho a la pensión gracia, (iii)
buena fe para efectos de costas, (iv) prescripción, y, (v) la innominada.
3 Folios 58 a 63.
4 Folio 71.
5 Folios 79 y 84.
6 Folios 81 a 93.
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El tribunal del Valle del Cauca, mediante auto del 24 de julio de 20207, aplicó la
disposición contenida en el numeral 1° artículo 13 del Decreto 806 del 4 de junio de
2020 al considerar que no se presentaron excepciones previas que deban
resolverse y por tratarse de un asunto de pleno derecho que no requiere la práctica
de pruebas para proferir sentencia, por lo cual, prescindió de la audiencia inicial,
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia
anticipada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 5 de mayo de 2022,
a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.
Para ello argumentó que, el docente no completó los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado, ya que, el periodo desempeñado por el actor a
partir del 28 de septiembre de 1993 fue de carácter nacional, al ser nombrado en un
cargo con absoluta dependencia del Ministerio de Educación Nacional mediante
decreto suscrito por el gobernador del Valle del Cauca y el representante de la
cartera ministerial.
Consideró, además, que, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral del 8 de julio de 2013, la Secretaría de Educación de Cali, señaló
que el vínculo del docente fue del orden nacional.
No condenó en costas a la parte vencida, en aplicación del artículo 47 de la Ley
2080 de 2021.
EL RECURSO DE APELACIÓN9
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se acceda a sus pretensiones.
Para ello adujo que, el periodo laborado a partir del 28 de septiembre de 1993 fue
equívocamente señalado como nacional y que el tribunal de origen no realizó el
debido estudio de todos los elementos probatorios allegados al proceso, como la
certificación del Ministerio de Educación Nacional No. 2016-ER-085854 del 8 de
junio de 2016 en la cual consta que el actor no tiene registro alguno que indique que
haya ejercido sus labores para el MEN.
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Folio 10, cuaderno 2.
8 Folio 109 a 114.
9 Folios 120 a 125.
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Relacionó nuevamente los periodos laborados como docente departamental-
nacionalizado, y esta vez indicó que finalizó sus labores el 31 de enero de 2020, y
que, de estimarse como nacional el tiempo trabajado entre el 28 de septiembre de
1993 hasta el 8 de diciembre de 2003, en cualquier caso lograría acreditar los 20
años exigidos por la norma al contabilizar el periodo laborado entre el 9 de diciembre
de 2003 hasta el 31 de enero de 2020 que corresponde a una plaza nacionalizada,
adquiriendo el docente su estatus el 1° de marzo de 2016.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes guardaron silencio.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La procuradora tercera delegada ante esta Corporación10, solicitó revocar la
sentencia apelada, toda vez que el demandante cumplió con los 20 años de servicio
al considerar de origen territorial los actos administrativos de vinculación del
docente, y que, por el hecho de que en las certificaciones conste un vínculo nacional
en virtud de los recursos a los que se cargó la labor docente, esto ya no es criterio
válido para definir el tipo de vinculación, en consideración a la evolución
jurisprudencial.
Que, el docente tiene derecho a recibir la pensión gracia, al tener en cuenta que
inició sus actividades en el año 1975 como docente territorial y que lo exigido por la
Ley 91 de 1989 es que exista una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en
tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980, ello contabilizando incluso los
tiempos desempeñados bajo la modalidad hora cátedra.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
10 Índice 8 SAMAI-
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la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Adicionalmente, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló,
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
13Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran a los educadores en nombre y representación
del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29
de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 202214 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que, «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta
oportunidad.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Sobre el cómputo de tiempos de servicio como docente de hora cátedra según
la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015
Al respecto se precisa que, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el
22 de enero de 2015 dentro del proceso radicado número 25000-23-42-000-2012-
02017-01, mediante la cual abordó, entre otros temas, el relacionado con la
contabilización de los períodos de labor de los docentes vinculados por hora
cátedra.
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Para los efectos, la sentencia en comento precisó que el Decreto 259 del 6 de
febrero de 198115 indicó en relación con el ascenso de un docente, que aquel debía
certificar el tiempo de servicio, respecto del cual se previó también que en los casos
en que se tratara de un maestro oficial que no fuera de tiempo completo, el
certificado tendría que especificar el número de horas cátedra, lo que permitía
concluir que era posible el cómputo del lapso de servicio como educador bajo dicha
modalidad de trabajo.
Igualmente, se resaltó que el artículo 1º, parágrafo 1º de la Ley 33 de 1985 dispuso
que para determinar el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación
sería computable como jornada completa de trabajo docente aquella compuesta por
cuatro (4) horas diarias y, además, se indicó la fórmula a aplicarse para el cálculo
de dicho tiempo, así.
«[…] PARÁGRAFO 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión
de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de
cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo
empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo
real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el
de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones,
conforme a la ley. […]»
Sobre el punto, en la referida providencia también se planteó lo siguiente:
«Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:
“(…) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son
imputables al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado,
cumple funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está
obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la
autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan
establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (…)”
Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24
de agosto de 2001 indicó que era posible tener en cuenta el(sic) para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como docente
hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1º del
artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 20032 se ratificó el anterior criterio,
para lo cual se concluyó lo siguiente:
15 «Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado con la
inscripción y ascenso en el Escalafón».
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12
Radicado: 76001-23-33-000-2018-01057-01 (5097-2022)
“(…) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da
lugar a la pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33
de 1985 señala que sólo se computaran como jornadas completas de trabajo
las de cuatro horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el
respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará
sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro, el resultado que
así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los
del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.
En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a
viernes y los sábados y los domingos corresponden a días de descanso
remunerados, se deberán adicionar estos días, al igual que los días de
vacaciones escolares de semana santa (1 semana) y de vacaciones
intermedias (4 semanas) de conformidad con el numeral 2° del artículo 3° del
Decreto 0174 de 1982 modificado por el artículo 3° del Decreto 1235 de 1982
en armonía con el artículo 58 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994. Así
las cosas deben(sic) entenderse que cuatro horas diarias de labor académica
deberán computarse como una jornada completa de trabajo, lo que significa
que veinte horas semanales suman ochenta mensuales. (…)”
[…] En el sub judice, la demandante prestó sus servicios como docente de tiempo
completo en propiedad durante los siguientes periodos:
[…] El anterior tiempo de servicio como docente de tiempo completo da un total de
17 años, 4 meses y 23 días, el cual resulta insuficiente para acceder a la prestación
reclamada, sin embargo la actora acreditó que durante el periodo comprendido entre
el 5 de junio de 1985 al 30 de septiembre de 1993 se vinculó como docente externa
de cátedra con el Departamento de Sucre. Encontrando la Sala acreditado que dictó
las siguientes horas:
[…] De conformidad con la Ley 33 de 1985, artículo 1º, parágrafo 1º, el total de las
horas dictadas se dividen por 4 para establecer los días laborados, de la siguiente
manera: 6.548,106/4 = 1.637,0265 días laborados (equivalentes a 4,485 años
laborados, es decir a 4 años, 5 meses y 24 días). […]».
En cuanto a la inclusión de los días de descanso remunerados y las vacaciones, en
jurisprudencia de esta Corporación16 se precisó,
«[…] En relación con las vacaciones para el personal docente, el Decreto 2277 de
1979, dispone:
“Artículo 67. VACACIONES. Los docentes al servicio oficial tendrán derecho a las
vacaciones que determine el calendario escolar.”
De conformidad con los artículos 8o del Decreto 174 de 1982, 4 del decreto 1235 de
1982, 1º del decreto 1786 de 1985, 61 del Decreto 1278 de 200241, y artículo
2.4.3.4.1 del Decreto1075 de 2015; los docentes y directivos docentes estatales
disfrutan de vacaciones colectivas por espacio de siete (7) semanas en el año,
incluida Semana Santa […]».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado: 76001-
23-33-000-2012-00681-01 (4794-15), reiterado en sentencia del 19 de enero de 2023, radicado: 08001-23-33-
000-2016-00149-01 (4526-2021).
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-01057-01 (5097-2022)
De lo expuesto se concluye que la jurisprudencia vigente considera posible el
cómputo del tiempo servido como docente por hora cátedra a efectos de satisfacer
el requisito de tiempo exigido para acceder a la pensión gracia, que no es otro que
el de cumplir 20 años de servicio y que, se recuerda, deben ser con una vinculación
del orden territorial o nacionalizado, tal y como se expuso en acápite precedente.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se observa que Jorge
Iván Palacio Sánchez nació el 21 de abril de 1955, y cumplió los 50 años el 21 de
abril de 2005.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
del reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual hace parte del
punto de debate en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos
de labor acreditados en la presente causa judicial.
• Periodo I: del 21 de marzo de 1975 al 21 de enero de 1979
En lo referente a este período, en el expediente reposa el Decreto 345 del 12 de
marzo de 197517, mediante el cual el gobernador del departamento de Antioquia
nombró al accionante como director de la Escuela Rural Mixta Santa Bárbara, quien
se desempeñó en el cargo de manera ininterrumpida desde el 21 de marzo de 1975
hasta el 21 de enero de 1979, según consta en el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral No. 80018.
Respecto a la naturaleza jurídica del vínculo del docente, es adecuado resaltar que
la Corte Constitucional en sentencia C-084 de 1999, por medio de la cual se estudió
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989,
precisó que:
«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
17
Folio 22 a 30.
18
Folio 17.
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trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público […]» (Negrilla de la Sala)
Por tanto, en el entendido de que el nombramiento del accionante (21 de marzo de
1975), fue anterior al proceso previsto en la Ley 43 de 1975 (11 de diciembre de
197519) y en consideración a que en dicho tiempo sólo existían dos categorías de
docentes oficiales, aplica a este caso para la educadora la calidad territorial del
vínculo.
Lo anterior encuentra sustento en que en el referido acto se observa que la decisión
fue adoptada sin que se advierta intervención directa del Ministerio de Educación o
aval de este para que, en virtud de la desconcentración, la autoridad departamental
en su representación efectuara la designación en comento, descartando en este
sentido una vinculación nacional; asunto que en todo caso no fue discutido por la
parte demandada, quien a contrario sensu, admitió una naturaleza nacionalizada.
Pese a que el tribunal de primera instancia, la demandada y el certificado de historial
laboral ya referido indiquen que la vinculación fue nacionalizada, lo cierto es que,
aunque el actor siguió prestando sus servicios aun después de la expedición de la
Ley 43 de 1975, es claro por un lado que, al momento del nombramiento ni siquiera
se contemplaba en el ordenamiento jurídico la plaza nacionalizada, y por otro,
tampoco existe en el sumario prueba alguna que dé cuenta que la plaza ocupada
haya sido objeto del proceso de nacionalización; a diferencia de lo anterior, sí se
concluye con claridad que el nombramiento del actor en este caso tuvo lugar por
decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora, lo que logra acreditar una
calidad territorial de la actividad docente.
La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 en
el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», condición que fue desarrollada en
el mismo sentido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de forma
exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se
cubran con cargo a su propio presupuesto.
Ahora, en gracia de discusión, a diferencia de lo estimado por el a quo y la
demandada al calificar el vínculo como nacionalizado, no puede desconocerse la
existencia del acto administrativo que se aportó en el expediente, del cual nació el
19 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975.
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-01057-01 (5097-2022)
vínculo y que demuestra una categoría docente distinta. En todo caso, al margen
del tipo de vinculación que se hubiese demostrado en este período, lo cierto y
definitivo es que aquella no sería del orden nacional, sino territorial o nacionalizado,
lo cual, en cualquiera de estos dos eventos, no cambia ni afecta la inclusión y
cómputo de tales tiempos de servicio para el reconocimiento de la pensión gracia,
pues ambos permiten colmar el requisito bajo estudio.
En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educador
territorial entre el 21 de marzo de 1975 al 21 de enero de 1979 (3 años, 10 meses
y 1 día), puede considerarse para cumplir la exigencia de 20 años de servicio
necesarios para acceder a la prestación solicitada.
• Periodo II: lapsos interrumpidos del 2 de agosto de 1990 al 6 de junio de
1993 – Docente de hora cátedra
De manera preliminar al estudio de los periodos que se tendrán en cuenta para
efectos del cómputo de la prestación solicitada, cabe destacar que, en el escrito de
la demanda el actor refirió que laboró como docente de hora cátedra desde el 2 de
octubre de 1989, y para demostrarlo aportó el certificado de tiempo de servicio
emitido el 13 de julio de 2013, en el que se observa que se desempeñó como
catedrático externo desde el 2 de octubre de 1989 al 1° de julio de 1990, información
que de la misma manera consta en el certificado de tiempo de servicio No. 9.344
obrante en el expediente administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, se encuentra que ambas certificaciones asignaron al
docente una categoría nacional y no existe en el plenario ningún otro elemento
probatorio que contraríe dicha calificación. Por consiguiente, aunque no se tenga
duda del tiempo efectivamente laborado, no hay prueba que demuestre que el
mismo fue desempeñado en una plaza territorial o nacionalizada, y no podrá tenerse
en cuenta el lapso referido para efectos del cómputo de la pensión, ya que, en
consideración a la regla jurisprudencial contenida en la sentencia de unificación del
201820, los certificados que den cuenta de manera inequívoca del tipo de
vinculación, podrán ser valorados para probar la calidad de docente, y en este
punto, es indiscutible que la plaza fue nacional.
Ahora bien, de los periodos laborados en los años 1990, 1991, 1992 y 1993, además
de los mencionados certificados de tiempo de servicio, obran en el plenario los actos
administrativos de nombramiento del docente que acreditan el servicio prestado en
20 vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
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los referidos años, a favor del departamento del Valle del Cauca mediante el sistema
de horas cátedra.
A saber, se encuentra la Resolución No. 303 del 2 de agosto de 199021, mediante
la cual el gobernador del departamento del Valle del Cauca nombró al actor como
docente del sistema de hora cátedra, por 10 meses y con una intensidad de 10 horas
semanales, por lo que, el lapso laborado por el docente en virtud del acto de
nombramiento fue desde el 2 de agosto de 1990 hasta el 1° de junio de 1991, tiempo
que se confirma en los mentados certificados de tiempo de servicio.
Se aportó también la Resolución No. 860 del 8 de octubre de 199122 a través de la
cual la misma autoridad territorial nombró al docente como catedrático externo, por
10 meses y con una intensidad horaria de 10 horas semanales, es decir, que prestó
su servicio desde el 8 de octubre de 1991 al 7 de agosto de 1992.
Por su parte, el último ejercicio como docente de cátedra probado en esta
oportunidad, encuentra sustento en la Resolución No. 638 del 7 de septiembre de
1992, la cual nombró al educador en tal calidad, con una intensidad horaria de 16
horas semanales, y el interregno laborado se confirma con el certificado de tiempo
de servicio No. 9.344, el cual coincide en la fecha de inicio con la del acto
administrativo de nombramiento, finalizando su actividad el día 6 de junio de 1993.
Ahora, respecto al vínculo sostenido en los mencionados interregnos, a pesar de la
categoría nacional que los certificados de tiempo de servicio le asignan al ejercicio
del cargo, se tiene que, en los mentados actos administrativos, no se observa que
el cargo ejercido por el reclamante haya sido de aquellos propios de la planta de
personal de la Nación, o que hubiese sido vinculado por la autoridad territorial como
representante de aquella cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se
descarta que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden nacional.
Antes bien, sí se advierte en todos los actos de nombramiento que, aunque el
trámite de vinculación fue realizado directamente por gobernador del Valle del
Cauca, el sistema de hora cátedra al cual fue destinado el actor fue a cargo del
Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca y en una fecha posterior al 1.° de
enero de 1976, cuando incluso ya había culminado el proceso de nacionalización
de la educación en virtud de la Ley 43 de 1975. Se observa lo anterior en la siguiente
imagen que contiene el fundamento en común para todos los actos referidos:
21
Folios 36 a 38.
22
Folios 39 a 41.
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En este caso, es adecuado resaltar que el Consejo de Estado21 ha precisado sobre
la clasificación nacionalizada que: «El carácter nacionalizado de la designación […]
encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975».
Es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación y clasificación de
las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que en su artículo 1.º
consagró lo siguiente:
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Líneas intencionales).
Con base en lo anterior, se observa que los nombramientos del actor, tuvieron lugar
por decisión del gobernador del Valle del Cauca, ello con la indicación de que hubo
una participación del FER, esto al ser atribuido el nombramiento del sistema
catedrático a su cargo, por lo que se concluye que la plaza del docente fue creada
en cumplimiento del artículo 1023 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del
artículo 6.°24 de dicha norma, en virtud de los cuales, los recursos para atender el
proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos
Regionales (FER), con la sujeción de las autoridades territoriales respecto a la
creación de nuevas plazas, a los planes que en su momento debía establecer el
Ministerio de Educación.
Lo anterior se sostiene con mayor razón, al ver que en la Resolución No. 860 del 8
de octubre de 1991, además de indicar que el docente hace parte del sistema de
hora cátedra de la Secretaría de Educación Departamental- Fondo Educativo del
Valle del Cauca, en su parte considerativa expuso que, el gobernador decidió en
23
Artículo 10. En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los
municipios podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria
o secundaria; ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la
previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.
24 Artículo 6: Los recursos de que tratan los artículos anteriores serán administrados por los Fondos Educativos
Regionales, con sujeción a los planes que establezca el Ministerio de Educación Nacional.
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uso de las facultades conferidas por el Decreto 1706 de 1989, artículo 8, parágrafo
2, el cual además de disponer sobre la vinculación por el sistema de hora cátedra,
enmarca tales nominaciones únicamente al personal nacional y nacionalizado.
Por tanto, aun si en los certificados laborales aportados se establece la calidad de
docente nacional del demandante, lo cierto es que los actos administrativos de
nombramiento dan cuenta de una situación diferente, en la medida que allí consta
la voluntad que tuvo el nominador respecto de la plaza a ocupar, siendo esta una
nacionalizada.
Una vez reconocido que el señor Palacio Sánchez fue contratado por el
departamento del Valle del Cauca como docente territorial de hora cátedra,
procederá esta Sala a computarlas tal y como lo ha expuesto el parágrafo primero
del artículo 1. ° de la Ley 33 de 198525, 33 de la Ley 100 de 199326 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado27, así:
# DE
# DE
HORAS
HORAS DÍAS # DE DÍAS
# DE LABORAD
# DE AL MES LABORADO SEMANAS # DE LABORADOS +
TOTA HORAS AS (#DE
MESES (#HORAS S (#HORAS LABORAD DÍAS DE DÍAS DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS L CÁTEDRA MESES *
(DÍAS / CÁTEDRA CÁTEDRA AS PARA VACACI DESCANSO
DÍAS SEMANAL #HORAS
30) * 4,29 LABORADA VACACIO ONES REMUNERADO
ES LABORAD
SEMANAS S)/4) NES Y VACACIONES
AS AL
)
MES)
2/08/1990 1/06/1991 0 9 30 300 10 10 42,9 429 107,25 5,8333333 40,8333 148,0833333
33 3333
8/10/1991 7/08/1992 0 9 30 300 10 10 42,9 429 107,25 5,8333333 40,8333 148,0833333
33 3333
7/09/1992 6/06/1993 0 8 30 270 16 9 68,64 617,76 154,44 5,25 36,75 191,19
TOTAL DE DÍAS LABORADOS 368,94 487,3566667
25 El cálculo se realiza al sumar las horas de trabajo prestadas y dividirlas en 4, resultado equivalente a los días
laborados y sumados con los días de descanso remunerado (sábados y domingos) y de vacaciones (7 semanas
al año).
26 Parágrafo 2 del artículo 33 «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días calendario»
27 «[…]Así, si para el salario mensual se toma en cuenta el mes de 30 días, lo que multiplicado por los doce (12)
meses que componen un año equivale a 360 días al año […]».
«[…] para efectos de laborales los meses corresponden a períodos de 30 días calendario por lo cual resulta
forzoso concluir que para estos mismos efectos el año estará conformado por 360 días. En este orden de ideas
y dentro del contexto antes referido, el año consta de 51.42 semanas, número resultante de dividir los 360 días
que conforman el año para efectos laborales, entre el número de días que integran una semana, es decir siete
(7) días […]».
Entre otras, ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero
de 2023, radicado 08001-23-33-000-2016- 00149-01 (4526-2021); 4 de marzo de 1999, radicado 12503;10 de
octubre de 2016, radicado 05001-23-33-000- 2014-01754-01 (5073-15). Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014) y
sentencia del 30 de noviembre de 2023, radicado: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019).
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Del anterior cálculo, al realizar la conversión de los 487 días aproximados28, el
docente prestó las horas cátedras con vinculación territorial durante (1 año, 4
meses y 7 días), tiempos que ameritan ser incluidos en el reconocimiento de la
pensión.
• Periodo III: del 28 de septiembre de 1993 al 17 de junio de 2016
Para la acreditación del periodo enunciado, se encuentra en el expediente el
Decreto No. 2167 del 20 de septiembre de 199329, el cual convirtió 1.559 cargos de
hora cátedra a plazas de tiempo completo con cargo a la Nación y nombró para el
efecto al demandante, el cual inició sus labores el día 28 de septiembre de 1993,
ejerciéndolas al menos hasta el 12 de enero 2017, fecha del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 101230, que además de indicar la
fecha de inicio, señaló que el docente seguía activo en el servicio.
Pese a la permanencia de la actividad docente aun en el 2017 y a lo sostenido por
el demandante en su recurso de apelación, respecto a la continuación de su labor
hasta el 31 de enero de 2020 (fecha en la que renunció a su cargo), esta Sala solo
tendrá en cuenta el tiempo desempeñado hasta la fecha en la que el reclamante
realizó su solicitud de pensión ante la entidad demandada y por cuyo acto de
respuesta invocó la acción que en esta vía judicial cursa, es decir, hasta el 17 de
junio de 2016; esto en garantía del debido proceso y el privilegio de decisión previa
propio de la administración.
Ahora bien, relativo a la vinculación sostenida por el docente durante el tiempo que
se resolvió estudiar, se encuentra en el referido acto de nombramiento que la
conversión del servicio de hora cátedra a tiempo completo surgió por acuerdo del
Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca por aprobación de la Dirección
General del Ministerio de Educación Nacional, y que las plazas convertidas serían
acondicionadas a la planta de cargos de los colegios nacionalizados; además, se
evidencia que el acto de nombramiento fue firmado por el gobernador del Valle del
Cauca y por el representante territorial del MEN ante el referido departamento,
permitiendo concluir tales eventos que la naturaleza jurídica de la plaza ocupada
por el recurrente durante el período bajo examen se constata como nacionalizada.
En vista de lo anterior, se observa que el nombramiento del actor en el interregno
bajo análisis, tuvo lugar por decisión del gobernador del Valle del Cauca, ello con la
indicación de que hubo una intervención del Fondo Educativo Regional del
departamento con aprobación del Ministerio de Educación Nacional, por lo que se
concluye que la plaza fue creada en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de
1975 y bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud del cual, los
28 Por aplicación de regla de 3, en el equivalente de 1 año (360 días) y 1 mes (30 días).
29
Folio 43 a 45.
30
CD Expediente administrativo (folio 95), archivo pdf: CC 3610110, página:75 a 76.
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recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados por los
Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento
debía establecer el Ministerio de Educación.
A partir de lo expuesto, resulta que el demandante fue maestro oficial nacionalizado
durante el período estudiado y no nacional como lo pretende hacer valer la
demandada y como lo estimó el tribunal de primera instancia, pues bien, no se
observa una intervención directa del Ministerio de Educación Nacional en la
vinculación ni el ejercicio de la autoridad territorial en calidad de representante de la
mencionada cartera.
Por el contrario, lo que se verifica en el lapso bajo estudio es que: i) la posición a
desempeñar está prevista en la planta de personal de la entidad territorial en
comento, pero creada o autorizada para suplirse a cargo del respectivo Fondo
Educativo Regional; ii) existe intervención el representante del Ministerio de
Educación, sin que ello signifique necesariamente que el docente sea del orden
nacional, más aún cuando se observa que el trámite de vinculación fue realizado
ante la máxima autoridad administrativa del departamento; y en todo caso, iii) la
decisión fue proferida en una fecha posterior al 1.° de enero de 1976 cuando estuvo
vigente el proceso de nacionalización de la educación en virtud de la Ley 43 de
1975.
Ahora, si bien desestimó el tribunal de primera instancia este periodo al considerar
que, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del
8 de julio de 201331, la Secretaría de Educación de Cali refrendó que el vínculo del
educador fue nacional, al respecto, es necesario hacer una precisión respecto a la
valoración de los certificados laborares, ya que, en este caso, se valoró un elemento
probatorio que en ningún aparte hace referencia a algún tipo de vinculación sino al
régimen de pensiones del docente, el cual para efectos del estudio de la causa que
nos convoca, no determina la naturaleza de la vinculación de un maestro.
31
Folio 20 a 21.
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De hecho, la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, ya referida en esta
providencia, claramente indicó los medios de prueba idóneos para acreditar la
categoría de un docente, entre estos: los actos administrativos donde conste el
vínculo y se establezca con claridad la plaza a ocupar o una certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo de
vinculación del educador, lo cual no ocurre en el presente caso, pues la
certificación aportada informa sólo sobre el régimen de pensiones sin hacer alguna
alusión a la relación legal y reglamentaria sostenida por la docente.
Por tanto, carece de fundamento lo expuesto por la entidad y por el tribunal de
primera instancia para no tener en cuenta el tiempo prestado por el actor, ya que
obedece a una interpretación incorrecta de los certificados; más aún cuando se
encuentra en el proceso el acto mediante el cual se nominó al educador, del que
claramente se puede obtener que la relación legal y reglamentaria fue
nacionalizada.
A partir de lo expuesto, es posible concluir que el demandante fue maestro oficial
nacionalizado durante el período comprendido entre el 28 de septiembre de 1993
al 17 de junio de 2016 (22 años, 8 meses y 20 días), por lo que resulta válido
computar este lapso junto a los analizados previamente, al punto de que se tiene
demostrado que el actor sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio
educativo como maestro con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión
gracia, pues sumados todos da un resultado total de servicio de 27 años, 10 meses
y 28 días.
Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin
dificultad del hecho de que el actor efectivamente se desempeñó como tal al servicio
del departamento de Antioquia bajo relaciones legales y reglamentarias del orden
territorial desde el 21 de marzo de 1975 al 21 de enero de 1979, es decir, en
períodos anteriores a la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada
la exigencia objeto de análisis.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe del
interesado en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia no fue
acertado en el fallo apelado que negó el reconocimiento de la prestación solicitada
por la demandante, por tanto, habrá de revocarse dicha providencia para acceder a
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las pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también se hace necesario efectuar
un examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.
Análisis de la prescripción
Sobre el particular, el Consejo de Estado32 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.
Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 19
de julio de 200833 cuando el reclamante acreditó los 20 años de servicio, esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (21 de abril de 2005), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.
Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución RDP
046421 del 9 de diciembre de 201634 el señor Jorge Iván Palacio Sánchez reclamó
el 17 de junio de 2016 ante la parte demandada el derecho pensional en mención,
y a su vez, radicó la demanda el 10 de octubre de 201835, esto es, dentro de los 3
años siguientes a la fecha de interrupción del fenómeno bajo estudio, por lo que en
el presente caso, es claro que se configuró la excepción en comento desde la
solicitud del reconocimiento de la pensión y en consecuencia prescribieron las
mesadas anteriores al 17 de junio de 2013, conforme a lo previsto en el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15
de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
33
Según el siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
21/03/1975 06/06/1993 5 2 8
28/09/1993 19/07/2008 14 9 22
19 AÑOS + 1 AÑO 30 DÍAS (1
TOTAL TIEMPO (20 AÑOS) 12 MESES (1 AÑO) MES)
34 Folio 9.
35 Ver sello de radicación a folio 69 del expediente y acta individual de reparto a folio 70.
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demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 19 de julio de 2007 y el 18 de julio de 2008, con efectividad
desde el 19 de julio de 2008, pero con efectos fiscales desde el 17 de junio de 2013
por prescripción trienal de mesadas.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».36
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
36
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
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proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión de primera instancia,
la Sala aplicando el criterio enunciado, observa que de los fundamentos planteados
en la contestación de la demanda y en el trámite de primera instancia no se presenta
una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas.
Contrario a ello, la parte demandada propuso argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se
determinó en segunda instancia la procedencia del derecho, por lo que no se
impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda. En su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 046421 del 9 de
diciembre de 2016 y RDP 014435 del 5 de abril de 2017, por medio de las cuales
se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor del demandante y se
confirmó tal decisión al resolver el recurso de apelación respectivamente.
TERCERO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción respecto de
las mesadas causadas con anterioridad al 17 de junio de 2013.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor del señor
Jorge Iván Palacio Sánchez, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales devengados por este en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 19 de julio de 2007 y el 18 de julio de 2008, con
efectividad desde el 19 de julio de 2008, pero con efectos fiscales desde el 17 de
junio de 2013 por prescripción trienal de mesadas.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-01057-01 (5097-2022)
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.
SEXTO: SE ACEPTA LA RENUNCIA como apoderada de la UGPP a la abogada
Gloria Ximena Arellano Calderón, portadora de la tarjeta profesional 123.175 del
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el memorial obrante en el
índice 19 de la plataforma SAMAI.
SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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