Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00597-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00597-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00597-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00597 01 (0742-2024)
Demandante: María Argelia Guaitarilla López
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP
Temas: Pensión gracia. Docente de carácter territorial y
nacionalizado. Análisis de la naturaleza de la vinculación
docente para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada que accedió a las
pretensiones de la demanda por cuanto la actora acreditó
el mayor periodo servido como docente de carácter
nacionalizada.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por entidad demandada contra
la sentencia del 22 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), solicitó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 023583 del
6 de agosto de 2019 y RDP 029201 del 27 de septiembre de 2019, mediante las
cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 20 de marzo de
2008, fecha en la que afirmó haber adquirido el estatus pensional, en cuantía del
75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios (2007-
2008), con los reajustes de ley, la indexación conforme al Índice de Precios al
Consumidor (IPC), el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
187 del CPACA y la condena en costas.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que nació el 20 de
marzo de 1958 y que se desempeñó como maestra municipal en el municipio de
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Demandante: María Argelia Guaitarilla López
Funes (Nariño) entre el 12 de octubre de 1980 y el 31 de agosto de 1983, así
como que posteriormente fue vinculada al municipio de Yacuanquer mediante
decreto, a partir del 1 de enero de 1986. Agregó que dicha vinculación se
mantuvo, con la novedad de que el 18 de noviembre de 1994 fue incorporada,
también mediante decreto, al servicio educativo del departamento de Nariño, sin
que ello implicara un nuevo nombramiento. Por tanto, indicó que acumuló más
de 20 años de servicio y que no registró sanciones disciplinarias.
4. Sostuvo que solicitó el reconocimiento de la prestación el 5 de abril de
2019, solicitud negada por la UGPP mediante los actos acusados.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones. Admitió la vinculación
de la demandante mediante el Decreto 20 del 12 de octubre de 1980 en el
municipio de Funes, pero cuestionó el origen de los recursos con los que fueron
sufragados sus salarios.
6. Respecto de las vinculaciones posteriores —Decretos 44 de 1986 y 107
de 1994—, sostuvo que no eran de carácter territorial, de conformidad con el
certificado de información laboral y las certificaciones expedidas por la Secretaría
de Educación de Nariño el 30 de abril y el 20 de mayo de 2019, según las cuales
la demandante laboró entre el 1 de octubre de 1994 y el 30 de abril de 2019 con
vinculación de carácter nacional.
7. Adujo, además, que para efectos de la pensión gracia únicamente son
computables los tiempos de servicio correspondientes a vinculaciones
territoriales o nacionalizadas anteriores al 1 de enero de 1990, conforme al literal
b) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y que tampoco se
encontraba acreditado el requisito de buena conducta.
8. Propuso las excepciones de inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, cobro de lo no debido y prescripción.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 22 de agosto
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.
10. Concluyó que la demandante se vinculó como docente antes del 31 de
diciembre de 1980, mediante el Decreto 20 del 12 de octubre de 1980, expedido
por el municipio de Funes; que posteriormente continuó vinculada en el municipio
de Yacuanquer desde el 16 de enero de 1986, incluida la incorporación dispuesta
mediante el Decreto 107 del 18 de noviembre de 1994; y que la sola referencia a
un origen nacional en los certificados de historia laboral no desvirtuaba el carácter
territorial de la plaza, dado que los actos de nombramiento e incorporación fueron
suscritos únicamente por autoridades municipales.
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11. Asimismo, consideró que acumuló más de 20 años de servicio en tales
condiciones, que cumplió 50 años de edad el 20 de marzo de 2008 —fecha que
fijó como la de adquisición del estatus pensional— y que no registraba
antecedentes disciplinarios.
12. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia a partir del 20 de marzo de 2008, con la
indexación de las sumas insolutas. Asimismo, declaró prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al 26 de marzo de 2016 y condenó en costas a la
UGPP, en un 80%, en primera instancia.
Recurso de apelación
13. La entidad demandada presentó recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones.
14. Sostuvo que la demandante no cumple el requisito de 20 años de servicio
en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, por cuanto el certificado de información laboral del 30 de abril de
2019, expedido por la Secretaría de Educación de Nariño, señala que entre el 1.º
de octubre de 1994 y el 30 de abril de 2019 —fecha de expedición del
certificado— su vinculación fue de carácter nacional, tiempo que, a su juicio, no
resulta computable para la prestación reclamada.
15. En consecuencia, afirmó que la actora no acreditó 20 años de servicios
prestados en entidades del orden municipal o departamental.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
16. Mediante auto del 9 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación
y se le advirtió a la parte demandante que disponía hasta la ejecutoria de esa
providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público
que podía emitir concepto hasta antes de que el expediente ingresara al
despacho para sentencia.
17. Mediante auto del 11 de junio de 2026, advertida la necesidad de
esclarecer puntos oscuros de la controversia, se decretó, de oficio, la práctica de
pruebas consistentes en requerir al municipio de Yacuanquer (Nariño) y a la
Secretaría de Educación del departamento de Nariño la remisión del expediente
administrativo laboral completo de la demandante, con especial énfasis en los
actos de nombramiento, las actas de posesión y las certificaciones sobre las
distintas situaciones administrativas atravesadas durante su vinculación.
18. En cumplimiento de dicho auto, la alcaldía municipal de Yacuanquer,
mediante Oficio No. 22-2026 OAGDC del 8 de julio de 2026, remitió la historia
laboral de la demandante. Por su parte, la Secretaría de Educación del
departamento de Nariño, remitió el expediente administrativo laboral.
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19. Dentro del término del traslado, la entidad demandada controvirtió el
alcance de los documentos remitidos y su suficiencia demostrativa al considerar
que la sola existencia material de actos de nombramiento, contratos,
resoluciones de traslado y actos de incorporación no permite concluir, por sí sola,
que todos los periodos allí referidos constituyan tiempo docente territorial o
nacionalizado computable para la pensión gracia.
20. Solicitó valorarlos de manera integral, cronológica y conforme a las reglas
de la sana crítica y que —de estimarse acreditados los periodos comprendidos
entre 1986 y 1994— se efectúe una depuración exacta del cómputo, con
exclusión de traslapes y verificación de que cada lapso corresponda a servicio
docente territorial o nacionalizado.
21. La parte demandante y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta
etapa.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
23. De conformidad con los reparos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si la demandante acreditó 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizada. En particular, deberá establecerse si el
período servido en el municipio de Yacuanquer a partir del 1 de octubre de 1994,
en virtud del Decreto 107 del 18 de noviembre de 1994, es computable para tal
efecto o si, como lo sostiene la entidad demandada, corresponde a una
vinculación de carácter nacional que debe excluirse del cómputo.
Análisis del problema jurídico
24. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
en cuanto accedió a las pretensiones declarativas y condenatorias relativas al
reconocimiento de la pensión gracia, con base en los argumentos que se
expondrán a continuación.
25. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
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cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
26. En el presente asunto no existe controversia en torno al cumplimiento del
requisito de edad, toda vez que la demandante cumplió 50 años el 20 de marzo
de 2008. Tampoco se discute el requisito de consagración, honradez y buena
conducta, pues la entidad demandada no formuló reparo alguno al respecto y en
el expediente no obra prueba que permita inferir la imposición de sanciones
disciplinarias o la ocurrencia de hechos que desvirtúen dicha exigencia. De igual
manera, no se encuentra acreditado que la actora percibiera otra recompensa o
pensión a cargo de la Nación incompatible con el reconocimiento de la pensión
gracia.
27. En consecuencia, la Sala desarrollará el análisis de los demás requisitos
exigidos para acceder a la prestación, particularmente para verificar que estuvo
vinculada como docente territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y que acreditó 20 años de servicios docentes en tales
condiciones, conforme lo exigen las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989.
Requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente
territorial o nacionalizada
• Periodo desde el 12 de octubre de 1980 hasta el 30 de agosto de 1983
(2 años, 10 meses y 19 días)
28. Obra en el expediente copia auténtica del Decreto 20 del 12 de octubre de
1980, mediante el cual el alcalde municipal de Funes (Nariño), en uso de sus
facultades legales nombró a la accionante profesora auxiliar de la Escuela de
Guapuscal Alto, con retroactividad al 1 de octubre de 1980. El acto fue suscrito
por el alcalde municipal y su secretario.
29. Asimismo, fue aportada el acta de posesión del cargo de profesora
seccional de la Escuela Rural Mixta de la vereda Guapuscal Alto, suscrita el 12
de octubre de 1980, en cumplimiento del nombramiento efectuado mediante
Decreto 20. El documento reitera la retroactividad al 1 de octubre de 1980 y fue
suscrita por el alcalde municipal de Funes y su secretario.
30. En el plenario, obra copia del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral (sin fecha) expedido por la alcaldía municipal de
Funes (Nariño), que señala que la demandante fue nombrada docente municipal,
en propiedad, mediante el Decreto 20 del 12 de octubre de 1980 desde el 12 de
octubre de 1980 hasta el 31 de agosto de 1983, para un total de 2 años, 10 meses
y 18 días.
31. Adicionalmente, reposa la certificación suscrita por el alcalde municipal de
Funes el 1 de diciembre de 2008, en la que señala que la demandante se vinculó
en la Escuela de la Vereda de Guapuscal Alto, municipio de Funes, como
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seccional, mediante el Decreto 020 del 12 de octubre de 1980 y acta de posesión
de la misma fecha, «hasta julio 25 de 1982».
32. Fue aportado el «Record de Trabajo» expedido el 19 de enero de 2011
por el secretario de gobierno del municipio de Funes, con base en la revisión del
archivo de nóminas de la entidad, en el cual se certifica año por año la prestación
del servicio así: del 12 de octubre al 31 de diciembre de 1980, en la Escuela
Guapuscal Alto (nómina, Decreto 020 de octubre 12 de 1980); en 1981, todo el
año, en el mismo establecimiento y con el mismo acto de nombramiento; en 1982,
todo el año, en la Escuela Peñas Blancas (nómina, acta de posesión del 1 de
enero de 1982); y en 1983, del 1 de enero al 30 de agosto, en el mismo
establecimiento. Este documento no registra solución de continuidad alguna
dentro del periodo.
33. De igual forma, reposa la certificación suscrita por el secretario de
gobierno del municipio de Funes el 14 de febrero de 2012, según la cual la
demandante se desempeñó como docente municipal, nombrada mediante el
Decreto 020 del 12 de octubre de 1980, «desde Octubre 12 de 1980 hasta
Septiembre 1 de 1983».
34. De la valoración conjunta de los documentos anteriormente referidos, la
Sala concluye que la vinculación docente de la actora durante este período tuvo
carácter territorial-municipal, toda vez que se materializó mediante un
nombramiento efectuado a través del Decreto 20 de 1980, expedido por el alcalde
municipal de Funes en ejercicio de sus competencias como autoridad
nominadora de la entidad territorial.
35. No existe evidencia de que la designación hubiera estado precedida de
autorización o aprobación del Gobierno nacional, ni de que el alcalde hubiese
actuado por delegación del Ministerio de Educación Nacional.
36. En tales condiciones, la designación se ajusta a la definición de docente
territorial prevista en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según la cual tienen dicha
calidad los docentes vinculados mediante nombramiento expedido por una
entidad territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
37. En lo que respecta al momento a partir del cual inicia esta vinculación, la
Sala encuentra probado a través del acto de nombramiento y del acta de
posesión, que esta tuvo como fecha retroactiva el 1 de octubre de 1980.
38. En cuanto a la fecha de finalización de este periodo, la Sala advierte que
las cuatro pruebas documentales allegadas no resultan enteramente
coincidentes: el certificado de historia laboral del FOMAG (sin fecha) señala el 31
de agosto de 1983; el Record de Trabajo de 2011 reporta servicio hasta el 30 de
agosto de 1983; la certificación del secretario de gobierno de 2012 indica el 1 de
septiembre de 1983; y la certificación del alcalde municipal de 2008 señala, de
manera aislada y sustancialmente distinta, el 25 de julio de 1982.
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39. Ante tal discordancia respecto de la data exacta de finalización del vínculo,
la Sala acude a las reglas de la sana crítica para su valoración conjunta,
constatado que tres de las cuatro fuentes documentales convergen dentro de un
margen de apenas dos días.
40. Frente al certificado del FOMAG, se observa que fue expedido por la
Alcaldía Municipal de Funes sin indicar su propia fecha de expedición, lo que
impide verificar su actualidad. Además, se limita a señalar que la demandante
prestó sus servicios en la Escuela Rural Mixta de Guapuscal Alto entre el 12 de
octubre de 1980 y el 31 de agosto de 1983, sin dar cuenta de los traslados que
sí registra otra certificación. Esa falta de detalle sugiere que no se revisaron las
novedades administrativas del periodo, sino que se transcribió únicamente el
extremo final del vínculo.
41. El Record de Trabajo, en cambio, precisa que su contenido se elaboró tras
revisar el archivo de nómina del municipio. Por esa razón, discrimina año por año,
entre 1980 y 1983, el tiempo de servicio, el cargo, la institución educativa y el
salario mensual devengado por la demandante. Ese método de elaboración,
apoyado directamente en los registros de pago, le otorga un grado de detalle y
verificabilidad que no ofrecen las demás certificaciones.
42. La certificación del secretario de gobierno, por su parte, también indica
haberse expedido con fundamento en el archivo municipal, e informa que la
demandante se desempeñó como docente municipal hasta el 1 de septiembre de
1983, lo que puede deberse a un tema interpretativo en lo que tiene que ver con
el inclusive esa fecha o dejándola por fuera.
43. Por su parte, la certificación de 2008 se aparta de ese consenso sin que
exista en el expediente un elemento que explique la divergencia. Su propio texto
ofrece un indicio de la imprecisión: al señalar que la demandante fue vinculada
«mediante Decreto No. 020 de octubre 12 de 1980 hasta julio 25 de 1982 y acta
de posesión de la misma fecha», la expresión «de la misma fecha» solo tiene
sentido si se refiere a la fecha del decreto de nombramiento, no a la del supuesto
retiro, lo que le resta consistencia interna a la fecha allí consignada.
44. En ese orden, la mayor consistencia interna la ofrece el Record de Trabajo,
por haberse elaborado a partir de la revisión directa del archivo de nómina y con
el detalle año por año ya reseñado. En consecuencia, la Sala tendrá como fecha
de finalización de este periodo el 30 de agosto de 1983.
45. Verificado el cálculo con base en esa fecha, el tiempo de servicios en este
periodo asciende a 2 años, 10 meses y 21 19 días, y se acredita el cumplimiento
del requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizado antes del
31 de diciembre de 1980, aunado a que ese lapso resulta computable para
completar los veinte años requeridos para acceder a la pensión gracia.
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Requisito de haber prestado servicios como docente territorial o
nacionalizada durante 20 años
• Periodo desde el 16 de enero de 1986 hasta el 30 de septiembre de
1994 (8 años, 4 meses y 8 días)
46. Fue aportado el Decreto 044 del 16 de enero de 1986, mediante el cual el
alcalde municipal de Yacuanquer, en ejercicio de sus facultades legales, aceptó
la renuncia de Irma Margarita Portillo Navarro al cargo de profesora municipal y,
en su reemplazo, nombró a la demandante. El acto fue suscrito por el alcalde
municipal y su secretario.
47. Obra el acta de posesión del 18 de enero de 1986, suscrita ante el alcalde
municipal de Yacuanquer y su secretario, en la que consta que la demandante
tomó posesión del cargo de profesora municipal, para el cual había sido
nombrada mediante el Decreto 044 del 16 de enero de 1986.
48. Fueron aportados los contratos individuales de trabajo suscritos
directamente entre el municipio de Yacuanquer, en calidad de patrono, y la
demandante como trabajadora, correspondientes a los periodos comprendidos
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1987, y entre el 1 y el 14 de julio del mismo
año. En ambos se estableció que el pago estaría a cargo del propio municipio,
mediante cuenta de cobro y planilla.
49. El primero de estos contratos, identificado con el número 2675518, fue
suscrito por el ente territorial, la demandante en calidad de trabajadora y dos
testigos. En el reverso del documento consta que, el 1 de julio de 1987, al serle
presentado para efectos de la liquidación del tiempo laborado, la demandante
inicialmente se negó a suscribirlo. No obstante, en el espacio correspondiente a
«El Trabajador» figura una firma atribuida a la demandante.
50. El segundo contrato individual de trabajo, identificado con el número
2675486, fue suscrito en términos similares al anterior: el municipio de
Yacuanquer figura como patrono, se pactó el pago mediante cuenta de cobro y
se señaló como cargo el de profesora municipal de la Escuela Rural de Tacuaya.
El contrato comprendió el periodo entre el 1 y el 14 de julio de 1987. En el reverso
del documento constan las firmas del patrono y de la demandante, en calidad de
trabajadora, así como las de dos testigos.
51. Obra copia del Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 6 de julio de 2019, expedido por el jefe de Archivo, Gestión
Documental y Correspondencia de la alcaldía municipal de Yacuanquer, en el
cual se registra la vinculación de la demandante bajo el «subtipo municipal» y se
relacionan las novedades laborales ocurridas desde su nombramiento mediante
el Decreto 044 del 16 de enero de 1986 hasta su incorporación dispuesta por el
Decreto 107 del 18 de noviembre de 1994, en los siguientes tiempos continuos:
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Tipo de N.° de Fecha del Fecha de
N.° Tipo de novedad Plantel educativo Municipio Desde Hasta Total (a-m-d)
acto acto acto posesión
Nombramiento por Escuela Rural Mixta de Yacuanquer
1 DCT 044 16/01/1986 16/01/1986 16/01/1986 30/08/1986 0 a, 7 m, 15 d
decreto Tacuaya (N)
Escuela Rural Mixta de Yacuanquer
2 Ratificada por decreto DCT 052 01/09/1986 01/09/1986 01/09/1986 31/12/1986 0 a, 4 m, 0 d
Tacuaya (N)
Escuela Rural Mixta de Yacuanquer
3 Ratificada por contrato CNT 2675518 01/01/1987 01/01/1987 01/01/1987 30/06/1987 0 a, 6 m, 0 d
Tacuaya (N)
Escuela Rural Mixta de Yacuanquer
4 Traslado por contrato CNT 2675486 01/07/1987 01/07/1987 01/07/1987 14/07/1987 0 a, 0 m, 14 d
Tacuaya (N)
Escuela Rural Mixta de Yacuanquer
5 Se declara insubsistente DCT 073 14/07/1987 14/07/1987 14/07/1987
Tacuaya (N)
Se reintegra por Escuela Rural Mixta de Yacuanquer
6 SET 00 01/01/1988 01/01/1988 01/01/1988 31/12/1988 1 a, 0 m, 0 d
sentencia Tacuaya (N)
Escuela Rural Mixta de Yacuanquer
7 Reintegro por decreto DCT 010 01/01/1989 01/01/1989 01/01/1989 30/08/1989 0 a, 7 m, 30 d
Zaragoza (N)
Yacuanquer
8 Traslado Escuela Rural Mixta Taindala DCT 00 01/09/1989 01/09/1989 01/09/1989 31/12/1989 0 a, 4 m, 0 d
(N)
Yacuanquer
9 Ratificada Escuela Rural Mixta Taindala DCT 00 01/01/1990 01/01/1990 01/01/1990 22/08/1990 0 a, 7 m, 22 d
(N)
Escuela Rural Mixta Vereda Yacuanquer
10 Traslado RSL 466 23/08/1990 23/08/1990 23/08/1990 21/10/1990 0 a, 1 m, 29 d
San Felipe (N)
Escuela Rural Mixta Vereda Yacuanquer
11 Traslado por permuta RSL 659 22/10/1990 22/10/1990 22/10/1990 30/09/1994 3 a, 11 m, 9 d
Mohechiza (N)
Escuela Rural Mixta Vereda Yacuanquer
12 Incorporada por decreto DCT 107 18/11/1994 01/10/1994 01/10/1994
Mohechiza (N)
52. Adicionalmente, fue allegada la certificación del 14 de mayo de 2019,
expedida por el secretario de Gobierno y General de la Alcaldía Municipal de
Yacuanquer. En ella se hace constar, de manera concordante con los contratos
individuales de trabajo y las demás piezas documentales previamente
relacionadas, que mediante el Decreto 73 del 14 de julio de 1987 la demandante
fue declarada insubsistente en el cargo de profesora municipal de la Escuela
Rural Mixta de Tacuaya.
53. Asimismo, se menciona que, mediante sentencia del 28 de octubre de
1988, el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó su reintegro sin solución de
continuidad para ese año, así como que, en cumplimiento de dicha decisión, el
Decreto 10 del 18 de enero de 1989 dispuso su reintegro como profesora
municipal de la Escuela Rural Mixta de Zaragoza a partir del 1 de enero de 1989
y que continuó vinculada, con sucesivos traslados, hasta el 30 de septiembre de
1994.
54. La misma certificación relaciona, año por año, las nóminas y los salarios
devengados desde 1986; además, precisa que la fuente de financiación de los
periodos acreditados correspondió a recursos del situado fiscal y que el régimen
salarial fue de orden territorial durante la totalidad de dichos periodos. A su vez,
señala que el grado de escalafón nacional de la demandante fue reconocido
mediante la Resolución 952 del 12 de abril de 1984.
55. Mediante el Oficio 22-2026 OAGDC del 8 de julio de 2026, el jefe de la
Oficina de Archivo, Gestión Documental y Correspondencia de la Alcaldía
Municipal de Yacuanquer dio respuesta a la prueba decretada de oficio por esta
Sala mediante auto del 11 de junio de 2026. Para el efecto, aportó copia, sin
firma, del Decreto 052 del 30 de agosto de 1986, mediante el cual el alcalde de
ese ente territorial, en ejercicio de sus facultades legales y atendiendo las
sugerencias del jefe de núcleo departamental sobre la reubicación de profesores
municipales, habría dispuesto el traslado de la demandante a la Escuela de la
Sección Aguada Mejía.
56. En el mismo oficio de remisión se informó que la Resolución 466 del 23 de
agosto de 1990, mediante la cual el alcalde municipal de Yacuanquer, en ejercicio
de sus facultades legales, habría dispuesto el traslado de la demandante a la
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Demandante: María Argelia Guaitarilla López
Escuela San Felipe, también carece de las firmas necesarias para otorgarle
validez y autenticidad administrativa.
57. De acuerdo con las pruebas documentales previamente relacionadas, en
particular el Decreto 044 del 16 de enero de 1986, el acta de posesión, los
contratos individuales de trabajo correspondientes a este periodo, la vinculación
de la demandante se produjo directamente con el municipio de Yacuanquer, cuyo
alcalde actuó como autoridad nominadora. Tales elementos acreditan el carácter
territorial municipal de la plaza, conforme a los criterios expuestos al analizar el
periodo anterior.
58. Ahora bien, la circunstancia de que el Decreto 052 de 1986 y la Resolución
466 de 1990 carezcan de firmas no desvirtúa ni interrumpe la continuidad de la
vinculación municipal acreditada. En efecto, el periodo al que se refiere el primero
de dichos actos —del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 1986— se encuentra
comprendido dentro de la vinculación en propiedad dispuesta mediante el
Decreto 044 del 16 de enero de 1986.
59. A su vez, el traslado que habría dispuesto la Resolución 466 de 1990 se
encuentra acreditado mediante la Resolución 659 del 22 de octubre de 1990 —
debidamente suscrita—, que, además, presupone la continuidad de la vinculación
municipal durante el lapso intermedio.
60. Esta conclusión se encuentra reforzada por el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 6 de julio de 2019 y la
certificación del 14 de mayo del mismo año, documentos que dan cuenta de la
prestación continua de los servicios de la demandante como docente municipal
durante el periodo examinado, incluidos los lapsos en los que su vinculación se
instrumentó mediante contratos individuales de trabajo.
61. A lo anterior se suma que esta misma Subsección ha reiterado que los
contratos individuales de trabajo o de prestación de servicios suscritos con
entidades territoriales son computables para la pensión gracia, en tanto «esa
modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta docente
de las entidades territoriales en propiedad, ya que las funciones que cumplen
unos y otros son similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el
vinculado mediante contrato] está obligado a acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia»1, sin que ello autorice regímenes restrictivos que
desconozcan las prestaciones sociales reconocidas a todos los trabajadores en
proporción al tiempo laborado.
62. Estas reglas resultan plenamente aplicables a los contratos individuales
de trabajo 2675518 y 2675486 examinados en precedencia, pues fueron
suscritos directamente con el municipio de Yacuanquer, en calidad de
contratante, y su pago estuvo a cargo del erario municipal.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
2 de octubre de 2025, rad. 76001 23 33 000 2013 00987 01 (0821-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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63. Así, verificado el cómputo con base en la relación cronológica de
novedades certificada por el municipio de Yacuanquer, descontado el lapso
comprendido entre el 15 de julio y el 31 de diciembre de 1987 —en el que, por
efecto de la insubsistencia dispuesta mediante el Decreto 73 de 1987, no obra
constancia de prestación efectiva del servicio, sin que la sentencia de reintegro
de 1988 se haya extendido expresamente a dicho lapso—, el tiempo neto de
servicios en este periodo asciende a 8 años, 4 meses y 8 días. Se trata, en
consecuencia, de tiempo de servicios territorial computable para la pensión
gracia.
• Periodo desde el 1 de octubre de 1994 hasta el 2 de septiembre de
2011 (17 años, 2 meses y 1 día)
64. Fue aportado al expediente el Decreto 107 del 18 de noviembre de 1994,
expedido por el alcalde municipal de Yacuanquer en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Decreto Extraordinario 2277 de 1979, el artículo 9 de la Ley 29
de 1989 y el Decreto 1706 de 1989. Mediante este acto se nombró en propiedad,
en el escalafón nacional docente, a un grupo de educadores que venían
prestando sus servicios mediante contrato. Entre ellos se incluyó, en el artículo
décimo segundo, a la demandante, quien fue incorporada como docente de la
Escuela Mohechiza Bajo, establecimiento educativo ubicado en ese municipio.
65. De acuerdo con los considerandos del decreto, la incorporación obedeció
a la conversión a tiempo completo de docentes que venían vinculados mediante
contrato a los servicios educativos estatales, autorizada por el parágrafo 1 del
artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
66. Para tal efecto, el Ministerio de Educación Nacional aprobó un traslado
presupuestal al Fondo Educativo Regional —FER— de Nariño, mediante el
Decreto 790 del 1 de septiembre de 1994 y la Resolución 7374 del 29 de
septiembre del mismo año. Posteriormente, mediante Acta 008 del 19 de octubre
de 1994, el FER hizo entrega de los docentes contratados al alcalde municipal
de Yacuanquer para efectuar su conversión a tiempo completo.
67. Cabe destacar que el Decreto 107 del 18 de noviembre de 1994 fue
suscrito exclusivamente por el alcalde municipal de Yacuanquer y el secretario
de Educación Municipal, y se señaló en la parte considerativa que el
representante del Ministerio de Educación Nacional certificó la disponibilidad
presupuestal para sendos nombramientos.
68. El acta de posesión correspondiente, suscrita el 18 de noviembre de 1994
con efectos a partir del 1 de octubre del mismo año, da cuenta de que la
demandante tomó posesión del cargo de docente de tiempo completo, vinculada
por incorporación a la Escuela Mohechiza Bajo, ante el alcalde municipal y el
secretario de Educación Municipal de Yacuanquer. Asimismo, consta que para
ese momento se encontraba inscrita en el grado 1 del escalafón nacional
docente, mediante la Resolución 952 de 1994.
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69. El Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño el 30 de abril
de 2019 registra que se trata de una docente de primaria nombrada en propiedad
y en cuanto al «2. REGIMEN DE PENSIONES» se señala el cuadro
correspondiente a «Nacional», con ingreso el 1 de octubre de 1994, con traslado
el 4 de abril de 2006 al Centro Educativo Inantas Alto y con reubicación mediante
Decreto 1098 del 30 de agosto de 2011 e ingreso desde el 2 de septiembre de
2011.
70. De acuerdo con las pruebas documentales relacionadas, el Decreto 107
de 1994 constituyó el instrumento mediante el cual un grupo de docentes que
venían prestando el servicio educativo mediante contrato en el municipio de
Yacuanquer fueron incorporados en propiedad al escalafón nacional docente, en
desarrollo del proceso de conversión de docentes contratados autorizado por la
Ley 60 de 1993 y financiado con recursos trasladados por el Ministerio de
Educación Nacional al Fondo Educativo Regional —FER— de Nariño.
71. Ciertamente, se evidencia una participación del representante del
Ministerio de Educación Nacional ante el FER, certificando que existía la
disponibilidad presupuestal y la vacancia temporal de la plaza a ocupar. En virtud
de lo anterior, se concluye que la plaza fue creada en cumplimiento del artículo
10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6 de dicha norma, que
establecen:
«ARTÍCULO 6º.- Los recursos de que tratan los artículos anteriores serán
administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los
planes que establezca el Ministerio de Educación Nacional.»
«ARTÍCULO 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o
comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la
Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza
primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos
planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional.»
72. A partir de lo expuesto, es adecuado resaltar que el carácter nacionalizado
de la designación encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en
tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados
a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
73. Asimismo, esta Sala encuentra acreditado que en el intervalo anterior la
demandante venía desempeñándose por contratos de trabajo en la misma
entidad territorial, lo cual refleja que hizo parte del cuerpo docente beneficiario de
la mencionada conversión. Tales elementos permiten confirmar que la naturaleza
jurídica de la plaza ocupada por la recurrente durante el período objeto de análisis
corresponde a una vinculación nacionalizada2.
2 Sobre el particular, esta Subsección ha resuelto casos similares en el mismo sentido en las siguientes
sentencias: i) del 1 de agosto de 2024, expediente 76001 23 33 000 2018 01057 01 (5097-2022), con
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74. Por otra parte, en el mentado Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 30 de abril de 2019 se encuentra marcada la
casilla correspondiente al régimen pensional como «nacional». No obstante, esta
circunstancia no resulta determinante para establecer la naturaleza jurídica del
vínculo docente, conforme a las definiciones previstas en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989 y a la jurisprudencia de esta Corporación en relación con el personal
nacional, nacionalizado y territorial.
75. En efecto, dicha clasificación tiene como finalidad informar el régimen de
seguridad social aplicable en materia de pensión de vejez o jubilación, aspecto
que no se confunde con la naturaleza del vínculo docente, la cual constituye un
requisito autónomo y específico para acceder a la pensión gracia3.
76. Los traslados posteriores dispuestos por la Gobernación de Nariño no
comportan un nuevo nombramiento ni una modificación de la naturaleza jurídica
de la vinculación, sino simples reubicaciones dentro de la misma plaza
nacionalizada, de manera que la naturaleza del vínculo se mantuvo, sin solución
de continuidad, hasta el 2 de septiembre de 2011.
77. En ese orden, verificado el cómputo entre el 1 de octubre de 1994 y 2 de
septiembre de 2011, el tiempo de servicios en este periodo asciende a 17 años,
2 meses y 1 día.
Cómputo total del tiempo de servicios
78. Sumados los periodos analizados, el tiempo total de servicios computable
para la pensión gracia asciende a 28 años, 5 meses y 12 días, cifra ampliamente
superior a los 20 años exigidos por la ley, discriminados de la siguiente manera:
Periodo Naturaleza Duración
12-oct-1980 a 30-ago-1983 (Funes) Territorial municipal 2 años, 10 meses, 19
21 días
16-ene-1986 a 30-sep-1994 Territorial municipal 8 años, 4 meses, 8 días
(Yacuanquer)
1-oct-1994 a 2-sep-2011 Nacionalizado 17 años, 2 meses, 1 día
(Yacuanquer)
TOTAL 28 años, 5 meses, 12
14 días
ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez; ii) del 4 de septiembre de 2024, expediente 76001 23
33 000 2020 01585 01 (6671-2023), con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez; y iii) del 19 de
febrero de 2026, expediente 76001 23 33 009 2018 00486 01 (2127–2024), con ponencia del consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves.
3 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en las siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre
de 2025, rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia
del 21 de agosto de 2025, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.
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79. Conforme a lo expuesto, la demandante acreditó los requisitos exigidos
por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 para acceder
a la pensión gracia.
Análisis del estatus pensional y la prescripción
80. Según lo expuesto, la fecha de adquisición del estatus pensional es el 20
de marzo de 2008, por ser la última en ocurrir entre el cumplimiento de la edad
(50 años) y el tiempo de servicios (20 años), este último satisfecho desde una
data considerablemente anterior, por lo que la Sala no encuentra reparo alguno
frente a esta determinación del a quo, que se mantendrá incólume.
81. Por otro lado, esta Corporación4 ha señalado que la configuración de la
prescripción de mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado
lapso durante el cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para
reclamar los derechos que considera vulnerados.
82. De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969, las mesadas pensionales prescriben en el término de
tres años, contado retrospectivamente desde la reclamación administrativa, la
cual interrumpe la prescripción por una sola vez y por un lapso igual.
83. Bajo tales consideraciones, en el sub lite, la demandante radicó la solicitud
de reconocimiento pensional el 26 de marzo de 2019, la entidad demandada la
negó mediante los actos del 6 de agosto y el 27 de septiembre de 2019, y la
demanda se presentó el 20 de noviembre de 2019, esto es, dentro de los tres
años siguientes a la reclamación. Verificado el cómputo, la prescripción trienal
cobija las mesadas causadas con anterioridad al 26 de marzo de 2016.
84. Con base en lo expuesto, se confirmará en su integridad la sentencia
apelada.
Condena en costas en segunda instancia
85. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
86. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.
87. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
88. Comoquiera que el recurso de apelación no prosperó y que en esta
instancia se confirmará en su integridad la sentencia apelada, se impondrán
costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora María Argelia
Guaitarilla López contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, cuya liquidación y ejecución se sujetará a lo previsto en el artículo
366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 188 del
CPACA.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
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Demandante: María Argelia Guaitarilla López
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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