Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2018-00486-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2018-00486-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-009-2018-00486-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 009 2018 00486 01 (2127–2024)
Demandante: Lucely Gómez Giraldo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Interinidad. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 23 de febrero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. La demanda
2. La señora Lucely Gómez Giraldo por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones No. RDP 023669 del 06 de junio de 2017,
RDP 028871 del 18 de julio de 2017 y RDP 035304 del 12 de septiembre de 2017
por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP –, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, y resolvió recursos de reposición y
apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión gracia con inclusión de todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional, así mismo, que las
sumas reconocidas sean indexadas y ajustadas conforme al IPC; el pago de
intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA, y se condene en
costas a la entidad demandada.
4. Aduce la actora que nació el 08 de agosto de 1957, por tanto, el 08 de agosto
de 2007 cumplió 50 años. Así mismo, indicó que prestó servicio docente desde el
1 Escrito de la demanda visible en expediente digital cargado en la plataforma SAMAI
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Lucely Gómez Giraldo
16 de octubre de 1979 hasta el 04 de enero de 2015 en la institución educativa
Policarpa Salavarrieta del municipio de Cartago y luego en la institución educativa
Lastenia Duran Vernaza.
5. En consideración a ello, el 30 de marzo de 2017 elevó petición ante la UGPP,
la cual fue resuelta de manera negativa con la Resolución RDP 023669 del 06 de
junio de 2017 e inconforme con la respuesta interpuso recurso de reposición y en
subsidio el de apelación, los cuales confirmaron la negativa a través de las
Resoluciones RDP 028871 del 18 de julio de 2017 y RDP 035304 del 12 de
septiembre de 2017.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Indicó que la entidad demandada infringió el preámbulo, los artículos 1°, 6°,
13, 25, 46, 48, 53, 58 y numeral 1° del artículo 150 de la Constitución Política, los
artículos 137 y 138 del CPACA; artículo 1° y 3° de la Ley 114 de 1913; artículo 15
de la Ley 91 de 1989; así como las Leyes 60 de 1993, 4° de 1992, 115 de 1994; y
los artículos 25 y 27 del Código Civil. Afirmó que se cumplieron todos los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad
demandada negó el derecho prestacional de la docente, en clara omisión de la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el asunto.
1.3. Contestación de la demanda2
7. Una vez admitida la demanda el 30 de noviembre de 2021, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, a través de apoderado, presentó escrito con el
que se opuso a las pretensiones alegando que la señora Gómez Giraldo no acreditó
de forma suficiente los 20 años al servicio en el orden territorial y/o nacionalizado,
esto en cuanto no fueron aportados en original ni en copia autentica los actos
administrativos de nombramiento y las certificaciones de información laboral
firmadas por el funcionario competente, con el fin de verificar la vinculación docente
y la existencia de una relación legal y reglamentaria.
8. Finalmente, propuso como excepciones i) inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados; iii) buena fe; y iv) prescripción de mesadas.
1.4. Sentencia de primera instancia3
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de fecha 23 de
febrero de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de
condenar en costas.
2 201800486 - LUCELY GOMEZ GIRALDO - CONTESTACION.pdf visible en el expediente digital de primera
instancia que reposa en el aplicativo SAMAI
3 022SENTENCIADEPR_040SENTENCIADEPRIMER.pdf visible en el expediente digital de primera instancia
que reposa en el aplicativo SAMAI
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Demandante: Lucely Gómez Giraldo
10. Ello sustentado en que la docente cumple con los requisitos establecidos en
la ley para obtener la pensión gracia, destacando que las certificaciones de historia
laboral allegadas al proceso dan cuenta que la docente tuvo una vinculación de tipo
municipal y otra departamental, por ende, por lo que mal podría considerarse que
las pruebas allegadas son insuficientes.
11. En consecuencia, condenó a la UGPP a reconocer a la actora la pensión
gracia a partir del 30 de marzo de 2014, por prescripción trienal, tomando como
base para su cómputo el promedio de lo devengado durante el año anterior a la
fecha de adquisición del estatus pensional, esto es, el 28 de diciembre de 2010.
1.5. Recurso de apelación4
12. La UGPP solicitó revocar la sentencia de primera instancia, sustentado en
que no existe en el expediente prueba idónea que permita determinar la naturaleza
de la vinculación de la demandante, precisándose si es de carácter nacional,
nacionalizado, distrital, municipal o departamental, la naturaleza de la plaza y el
origen de los recursos con los que se financió la vinculación.
13. Arguyó que, si bien se presentaron certificados de tiempos de servicios, los
mismos presentan inconsistencias que no se pueden pasar por alto, al respecto:
«[...] Certificado de información laboral de fecha 14 de febrero de 2017, proferido
por la secretaria de educación de Cartago valle, en la cual se estableció que la
docente laboró desde el 28 de octubre de 1993 al 17 de diciembre de 2003, en
el cual no se observa el tipo de vinculación.
Certificación de información laboral proferida en el formato del FOMAG de fecha
16 de febrero de 2017, en el cual se estableció los factores salariales devengados
del 01 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009, en el cual se estableció que
laboró con una vinculación nacionalizada. No obra dentro del expediente
pensional certificado de tiempos laborados luego del 2003»5.
14. Sostuvo que los documentos idóneos para demostrar la vinculación como
docente es el original o copia auténtica de los actos de nombramiento y/o posesión,
así como los certificados de tiempo de servicios completos y sin inconsistencias, los
cuales no fueron aportados.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
15. Mediante auto de 24 de junio de 20246, se admitió el recurso de apelación.
16. Así, el delegado del Ministerio Publico ante esta Corporación allegó
concepto mediante el cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, toda
4 023_MemorialWeb_Recurso.pdf visible en el expediente digital de primera instancia que reposa en el aplicativo
SAMAI
5 023_MemorialWeb_Recurso.pdf visible en el expediente digital de primera instancia que reposa en el aplicativo
SAMAI
6 007Auto que admite_21272024Admitepdf.pdf visible en el expediente digital de segunda instancia que reposa
en el aplicativo SAMAI
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Demandante: Lucely Gómez Giraldo
vez que quedó demostrado con los certificados adjuntos al proceso, que la señora
Lucely Gómez Giraldo se vinculó al servicio de la docencia con anterioridad al 31
de diciembre de 1980 estando vinculada como docente para el municipio de
Cartago, en suma, logró acreditar el tiempo señalado por la norma para ser
acreedora de la pensión gracia, esto, dentro del orden nacionalizado y/o territorial,
por cuanto sus nombramientos fueron ejecutados por la alcaldía municipal de
Cartago, con miras a prestar sus servicios en instituciones educativas del orden
departamental y/o municipal, sufragándose con recursos del sistema general de
particiones.
17. La demandante y la UGPP guardaron silencio.
18. De otro lado, el 22 de mayo de 2025, se decretaron pruebas de oficio
requiriendo a la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca, y
del municipio de Cartago para que allegara los actos administrativos y de posesión
mediante los cuales se haya designado a la actora como docente desde el año
1980; al igual que certificados de tiempos de servicios con indicación de la
naturaleza jurídica del vínculo, y de las plazas ocupadas por aquella, así como se
especificara de donde provenían los dineros con los que fueron pagados los salarios
y prestaciones durante la labor docente.
19. En respuesta a los requerimientos realizados, la Secretaría de Educación del
Valle del Cauca allegó lo solicitado.
20. Así las cosas, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
22. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis
se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 . Del problema jurídico
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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Demandante: Lucely Gómez Giraldo
23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Lucely
Gómez Giraldo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizada; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
24. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales y exige además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.
25. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
26. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales.9
27. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
9 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de
1997
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Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201810 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del
situado fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco
tienen está naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta
administradora del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia
del cargo y la disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los
recursos destinados para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.
28. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de
la calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
29. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los
docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento».11
30. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
31. La señora Lucely Gómez Giraldo radicó el 30 de marzo de 2017, solicitud
de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 023669 del 06 de junio
de 2017, en tanto el certificado aportado al expediente administrativo no señaló el
tipo de vinculación de la demandante a partir de 1993.
32. Inconforme con la respuesta interpuso recurso de reposición y en subsidio el
de apelación, los cuales confirmaron la negativa a través de las Resoluciones RDP
028871 del 18 de julio de 2017 y RDP 035304 del 12 de septiembre de 2017.
2.5 Caso concreto
33. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión, especialmente si acredita los 20 años de servicio en el
orden territorial o nacionalizada.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
34. Edad. Revisado el expediente digital, la Sala encuentra acreditado que la
señora Lucely Gómez Giraldo nació el 08 de agosto de 195712, por lo que el 08 de
agosto de 2007 cumplió 50 años.
35. Buena conducta. En el expediente administrativo aportado por la entidad
demandada en el presente asunto, se observa declaración sobre la buena conducta
en desarrollo de la labor docente de la actora; pruebas que no fueron tachadas,
siendo pertinente destacar que el tribunal en la sentencia apelada estimó probado
dicho requisito, aspecto de la decisión que no fue cuestionado, por lo que se
entiende acreditado.
36. Vinculación de la demandante y tiempo de servicios. Sobre este requisito
se centra la controversia en esta instancia.
• Con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Desde el 16 de octubre de
1979 hasta el 16 de diciembre de 1979 (60 días), nombramiento en
interinidad.
12 Copia del registro civil de nacimiento visible en el expediente digital
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37. El jefe del distrito educativo Nro. 9 de Cartago – Valle en uso de las
atribuciones que le confiere el Decreto No. 0539 de abril 17 de 1978 expidió la
Resolución 116 de 16 de octubre de 1979, mediante la cual se concede una licencia
de maternidad a la señora Carmen Tulia Herrera de Mejía por 60 días, y en su
reemplazo nombró interinamente a la señora Lucely Gómez Giraldo para
desempeñar las funciones de “Seccional de la escuela urbana de niñas No. 8
“Policarpa Salavarrieta” de Cartago. (…)”, a partir del 16 de octubre de 1979, por el
término que dura la licencia, como se observa a continuación:13
38. En el plenario reposa, además, certificación expedida el 21 de febrero de
14
2017 por la Secretaría de Educación de Cartago, indicando que la docente tuvo
una vinculación departamental por el periodo antes relacionado, y en la institución
educativa ya referida, en virtud de la Resolución 116 de 16 de octubre de 1979.
39. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que
existe certeza respecto al tiempo de servicio prestado por la señora Gómez Giraldo,
por un total de 60 días – contabilizados hasta la fecha de terminación de la licencia-
, el cual resuelta computable a fin de obtener la pensión gracia, pues de trató de un
vínculo como docente nacionalizado. Lo anterior encuentra respaldo en el artículo
1° de la Ley 91 de 1989, que dispone que son nacionalizados aquellos «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43
de 1975».
40. A lo que se suma que, la actuación de los jefes de distrito al efectuar dichos
nombramientos se puede considerar como la ejecución del proceso de
13 Prueba aportada con la demanda – pagina 38 expediente digital
14 Prueba allegada con la demanda, y obrante a página 39 del expediente digital
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nacionalización de la educación, como se dispone en la Ley 43 de 1975, al igual
que en el marco de la descentralización de los servicios educativos contemplada en
el Decreto Extraordinario 102 de 22 de enero de 198615. Ello, por cuantos los jefes
de distrito educativo fueron posteriormente integrados formalmente en la estructura
organizacional educativa mediante los Decretos 017916 y 018117 ambos expedidos
el 22 de enero de 1982. Dichos decretos establecieron que estos funcionarios eran
directivos docentes designados mediante nombramiento previo concurso de méritos
efectuado por el gobernador, intendente, comisario o alcalde mayor de Bogotá, con
la firma del delegado regional del ministro de educación como certificación de que
se han cumplido todos los requisitos legales y reglamentarios, encargados de la
administración de dos o más núcleos de Desarrollo Educativo y que dependían
administrativamente de las secretarías de educación de los respectivos entes
territoriales y sus funciones eran establecidas por el Ministerio de Educación
Nacional18. Por lo demás, los distritos educativos eran determinados en cada
entidad territorial por la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional 19.20
41. En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia a la actora, el periodo en comento,
teniendo como límite temporal el señalado en el certificado de historia laboral
referenciado anteriormente, esto es, desde el 16 de octubre de 1979 hasta el 16
de diciembre de 1979, para un total, de 60 días; siendo pertinente destacar que
las designaciones en interinidad resultan válidas para efectos de obtener la
prestación en comento como así lo ha sostenido de manera pacífica la
jurisprudencia de esta Subsección21, dado que no resulta relevante la forma en la
que fue provisto el empleo docente, esto es, si lo fue en carrera, en provisionalidad
o en forma transitorio o interina; máxime que la interinidad corresponde a otros tipos
de vinculación al servicio público y se ha venido entendiendo por esta Sección como
el mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes vinculados en carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de tal actividad, en razón a la necesidad y urgencia de
garantizar la prestación del servicio de educación.
• Periodos laborados por horas cátedra
42. Pese a que no se aportaron los actos de nombramiento mediante los cuales
15 por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan
otras disposiciones
16 Por el cual se determinan y definen los cargos docentes directivos, sé dictan normas sobre
jornada laboral, asignación académica y otras disposiciones relacionadas con el trabajo de los
funcionarios docentes directivos y docentes, en los establecimientos oficiales de educación pre-
escolar, básica y media vocacional.
17 Por el cual se adopta y se reglamenta el programa de "Mapa Educativo" como sistema de
planificación y administración de la educación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Link:
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1709830
18 Decreto 0181 de 1982, artículo 12
19 Decreto 0181 de 1982, artículo 4.
20 Sobre ello se refirió esta Subsección A del Consejo de Estado, en providencia expedida el 26 de
junio de 2025, expediente con radicado 76001 23 33 009 2018 00846 01 (5544–2024)
21 Sentencia de 13 de noviembre de 2025, expediente 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024),
C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves
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Demandante: Lucely Gómez Giraldo
se ejerció el servicio docente en esta modalidad, el 21 de febrero de 2017 la
secretaría de educación del municipio de Cartago certificó que la señora Lucely
Gómez Giraldo laboró como docente departamental, bajo la modalidad de horas
cátedra en el plantel educativo Sor María Juliana del municipio de Cartago, en los
siguientes periodos:
i) Desde el 02 de octubre de 1989 hasta el 30 de junio de 1990, nombrada
mediante Resolución 0573 de 02 de octubre de 1989, equivalente a un total de
270 días.
ii) Desde el 02 de agosto de 1990 hasta el 31 de mayo de 1991 nombrada a
través de la Resolución 0301 de 02 de agosto de 1990, equivalente a un total de
300 días.
iii) Desde el 21 de febrero de 1992 hasta el 20 de agosto de 1992 nombrada por
medio de la Resolución 0216 de 21 de febrero de 1992, equivalente a un total de
180 días.
iv) Desde el 09 de diciembre de 1992 hasta el 09 de julio de 1993, nombramiento
efectuado a través de la Resolución 0954, equivalente a un total de 210 días.
43. Conforme lo ha señalado esta Subsección, esta modalidad de prestación de
servicio docente es válida para el cómputo del requisito de tiempo de servicios con
miras a obtener la pensión gracia requerido en el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913,
dado que éstos ejercen las mismas funciones que los vinculados en propiedad, y
por lo tanto, lo que se considera relevante, es que el reclamante del derecho haya
prestado sus servicios a la docencia en el nivel territorial o nacionalizado sin
importar la modalidad de la vinculación, siempre que ésta responda a cualquiera de
las previstas en la ley y no haya obedecido a una vinculación de tipo nacional.
44. La jurisprudencia22 también se ha ocupado de señalar que la contabilización
se debe realizar de acuerdo con las fórmulas dispuestas en la normativa pensional,
para el efecto, el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.23 Así, se ha
precisado que los docentes de hora cátedra que presten sus servicios por más de
20 horas semanales (4 horas diarias) son considerados docentes de tiempo
completo, y solo aquellos que presten su servicio por un tiempo inferior deberá
aplicarse el cómputo de la norma, sumando las horas realmente trabajadas
divididas entre 4 con el fin de determinar los días trabajados, incluyendo a su vez
los descansos remunerados y vacaciones.
45. Por lo anterior, observa la Sala que durante este periodo la actora prestó sus
servicios como docente territorial, lo cual se acompasa con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 91 de 1989, anteriormente citado y la sentencia de unificación
22 Ver sentencia de unificación de 22 de enero de 2015
23 «Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, solo se computarán
como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas
para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real
y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.»
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 009 2018 00486 01 (2127–2024)
Demandante: Lucely Gómez Giraldo
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, en la que se indicó que debe entenderse
por personal territorial aquel vinculado por entidades de tal orden desde el 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975; de manera que la plaza en la que se designa haya sido creada
de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere se cubran con
cargo a su propio presupuesto.
46. Todo lo anterior, permite concluir que el periodo de la referencia corresponde
a una vinculación de naturaleza territorial, por lo que el tiempo de servicio en
modalidad de horas cátedra atendiendo a la certificación allegada, acredita un total
de 2 años, 7 meses y 20 días, el cual resulta válido para el cómputo de la pensión
gracia.
-Desde el 28 de octubre de 1993 en adelante
47. En atención al requerimiento realizado mediante auto de mejor proveer, la
Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca adjuntó copia del
Decreto 2407 de 08 de octubre de 1993, expedido por el gobernador del Valle del
Cauca, a través del cual nombró a la señora Lucely Gómez Giraldo como profesora
de tiempo completo en el colegio Sor María Juliana del municipio de Cartago.
Tomando posesión del cargo el mismo día.
48. De la anterior novedad, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Secretaría de Educación de Cartago en certificación expedida el 14 de
febrero de 2017, indicó que la señora Lucely Gómez Giraldo ya no se encontraba
activa en el servicio docente y su vinculación al servicio docente fue de manera
ininterrumpida en el municipio de Cartago desde el 28 de octubre de 1993 hasta el
04 de enero de 2015, esto es, por 21 años, 2 meses y 21 días24.
49. Pues bien, la Sala estima que la naturaleza de la designación efectuada a la
demandante con el Decreto 2407 de 8 de octubre de 1993, es del orden
nacionalizado, teniendo en cuenta que la misma se efectuó por la autoridad
territorial, con la autorización previa y presupuestal del Ministerio de Educación, tal
como lo dispone la Ley 43 de 1975; a lo que se suma que en dicho acto se indica
que esas plazas se adicionan a la planta de cargos de los colegios nacionalizados
en atención al acto emanado de la junta administradora del fondo educativo regional
del Valle del Cauca.
50. De manera que no se trató de una plaza nacional, y como se mencionó
tampoco hay registro de que la plaza sea del orden nacional o que el Ministerio de
Educación sea el que ordenó la designación; por lo que tal vínculo encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 que dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1
de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975».
24 De conformidad con el calculo total del tiempo menos las ausencias señalado en el certificado de historia
laboral en cita
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 009 2018 00486 01 (2127–2024)
Demandante: Lucely Gómez Giraldo
51. De manera que, hay lugar a tener en cuenta el tiempo servido desde el 28
de octubre de 1993 hasta el 04 de enero de 2015, fecha de finalización certificada,
es decir, por 21 años, 2 meses y 21 días, para efectos de acreditar el requisito de
20 años de servicio que, sumados a los 2 años, 9 meses y 20 días como docente
territorial, permiten tener por acreditada la exigencia en comento; de tal manera
que no le asiste razón a la entidad recurrente cuando alega que no fue debidamente
acreditada la naturaleza de la designación, dado que, tal como se sustentó con
anterioridad existen elementos probatorios que permiten con certeza, establecer
que la labor por un tiempo nacionalizada y otra territorial.
52. Así, se tiene entonces que la señora Gómez Giraldo cumplió con los 20 años
de servicios el 8 de enero de 2011, momento para el cual ya había acreditado el
requisito de edad, por lo que fue en la primera fecha en la que adquirió el estatus
pensional mas no el 28 de diciembre de 2010, como lo decidió el a quo.
53. Pese a lo anterior, se advierte que tal como lo dispuso el tribunal, se configura
el fenómeno de la prescripción de las mesadas dejadas percibir antes del 30 marzo
de 2014; ello en vista que el derecho se hizo exigible a partir del 08 de enero de
2011, por tanto, la actora tenía hasta el 08 de enero de 2014 para presentar la
reclamación administrativa, lo cual ocurrió el 30 de marzo de 2017, y la demanda
se interpuso el 07 de mayo de 2018, por lo que como se dijo prescribieron las
mesadas causadas con anterioridad al 30 marzo de 2014.
2.4 Conclusión
54. La señora Lucely Gómez Giraldo cumplió con el requisito mínimo de haber
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años, con una vinculación
como docente del orden territorial, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así
como los demás requisitos para ser acreedora de la pensión gracia, por tal razón,
la sentencia de primera instancia será confirmada, empero, con la precisión de que
el estatus pensional se consolidó el 08 de enero de 2011, y que los efectos
económicos del reconocimiento se encuentran limitados por la prescripción trienal
de las mesadas, en los términos expuestos en la sentencia de primera instancia y
confirmados en esta providencia.
2.5 Condena en costas
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 009 2018 00486 01 (2127–2024)
Demandante: Lucely Gómez Giraldo
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada -parte vencida-
, en ambas instancias. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de febrero de 2024, por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las súplicas de la
demanda.
SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada –parte
vencida-, por lo ya expuesto.
TERCERO. Acéptese la renuncia presentada por el abogado OMAR VITERI
DUARTE quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
de conformidad con el memorial que reposa en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
CUARTO. Reconocer personería para actuar a la abogada ROCIO DEL PILAR
ARENAS ESPAÑA como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo
en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”,
aunado a ello, se acepta la sustitución de poder a la abogada MAYRA ALEJANDRA
PADILLA NIVIAYO que consta en el mismo índice.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 009 2018 00486 01 (2127–2024)
Demandante: Lucely Gómez Giraldo
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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