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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-00445-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2016-00445-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 12 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001 23 33 004 2016 00445 01 (1431-2025) Demandante: Luz Elba Holguín González «SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP que reconozca la pensión gracia a la señora Luz Elba Holguín González, a partir del 2 de julio de 2011, en cuantía del 75 % del promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus pensional, esto es, entre el 3 de julio de 2010 y el 2 de julio de 2011, cancelando el retroactivo pensional a partir del 28 de agosto de 2011, como quiera que se configuró la prescripción trienal del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en la medida que la reclamación administrativa se presentó el 28 de agosto de 2014.» SEGUNDO. ADICIONAR el numeral SEXTO en la parte resolutiva de la sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el siguiente sentido: «SEXTO: La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia.» TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solicitadas por la señora Luz Elba Holguín González contra la UGPP. CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-004-2016-00445-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 004 2016 00445 01 (1431-2025)
Demandante: Luz Elba Holguín González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Características de
vínculos docentes territoriales y nacionalizados. Aplicación
de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-S2-
011-2018 del 21 de junio de 2018. Cómputo tiempo de
servicio mediante horas cátedra. Principio de la non
reformatio in pejus. Condena en costas a la parte vencida.

Decisión: Se modifica parcialmente y se adiciona la sentencia de
primera instancia para precisar la fecha de consolidación del
estatus pensional y disponer expresamente la indexación de
las sumas adeudadas, confirmándola en lo demás.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia de primera instancia del 20 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 039071 del
26 de diciembre de 2014 y RDP 011491 del 24 de marzo de 2015 por medio de
las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad
demandada a que le conceda la mencionada prestación periódica, liquidada con
el promedio de lo devengado durante el año anterior a la fecha de consolidación
del estatus de pensionada junto con las mesadas adeudadas hasta el momento

1 Folios 48 al 71.

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Radicación: 76001 23 33 004 2016 00445 01 (1431-2025)
Demandante: Luz Elba Holguín González

en que se haga efectivo el pago, con los ajustes de valor y los intereses
moratorios de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 187, 189 y 195 del
CPACA y 141 de la Ley 100 de 1993. Finalmente, solicitó que se condene en
costas a la parte accionada.

3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, mencionó que cumplió 50
años de edad el 13 de mayo de 2006 y que prestó sus servicios como docente
nacionalizada durante más de 20 años, así: entre el 25 de octubre de 1973 y el
30 de agosto de 1975, para el municipio de Florida (Valle del Cauca); entre el 31
de octubre de 1988 y el 21 de septiembre de 1993, en el departamento del Valle
del Cauca; y desde el 22 de septiembre de 1993 a la fecha actual, en el municipio
de Florida (Valle del Cauca).

4. Expuso que el 28 de agosto de 2014 radicó solicitud de reconocimiento de
la pensión gracia ante la entidad demandada, pero fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que los servicios docentes
prestados fueron del orden nacional.

Contestación de la demanda2

5. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones arguyendo que
ha actuado conforme a la ley al expedir los actos administrativos enjuiciados.

6. Al respecto, explicó que, en el caso de la actora, los documentos aportados
demuestran que su vinculación desde el 22 de septiembre de 1993 hasta el 12
de noviembre de 2013 fue de carácter nacional, en especial por lo consignado en
el Certificado de Información Laboral 1778 del 12 de noviembre de 2013 expedido
por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, lo cual impide computarlo
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

7. Finalmente, propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados» y «prescripción».

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 20
de febrero de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad
de las resoluciones cuestionadas y ordenó a la entidad reconocer y pagar la
pensión gracia a favor de la actora con inclusión de la asignación básica, la prima
de vacaciones y la prima de navidad devengadas durante el año anterior a la
consolidación del derecho pensional, así como el correspondiente retroactivo
dentro del término no afectado por la prescripción.

9. Como fundamento de su decisión, el a quo encontró acreditado que la
demandante cumplió el requisito de edad al haber nacido el 13 de mayo de 1956,

2 Folios 98 al 102.

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Demandante: Luz Elba Holguín González

así como prestó servicios docentes durante más de 20 años y que su vinculación
al servicio educativo oficial se produjo con anterioridad al 31 de diciembre de
1980.

10. En cuanto al periodo objeto de controversia —comprendido desde el 22
de septiembre de 1993—, precisó que, contrario a lo sostenido por la entidad
demandada, la documentación obrante en el expediente permitía establecer que
la plaza desempeñada por la demandante correspondía a una vinculación de
carácter nacionalizado, y no nacional. Para arribar a esa conclusión, valoró el
Decreto 2007 del 17 de septiembre de 1993, por medio del cual se efectuó su
nombramiento, así como la certificación expedida por el FOMAG en la que se
hizo constar la naturaleza de dicha vinculación.

11. Con apoyo en las reglas fijadas por la sentencia de unificación CE-SUJ-
S2-011-2018 del 21 de junio de 20183, concluyó que lo relevante para establecer
la calidad del docente no era el origen de los recursos con los cuales se
financiaba el cargo, sino la naturaleza jurídica de la plaza provista y la prueba
idónea del vínculo. Bajo ese entendido, determinó que la actora reunía la totalidad
de requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

12. Por último, declaró probada la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 28 de agosto de 2011, dispuso la indexación de las sumas
reconocidas en los términos del artículo 187 del CPACA, el pago de intereses
conforme a los artículos 192 y 195 ibidem y se abstuvo de imponer condena en
costas al no encontrarse acreditadas dentro del expediente.

Recursos de apelación

13. La parte demandante interpuso recurso de apelación, no para cuestionar
el reconocimiento de la pensión gracia —que fue favorable a sus intereses—,
sino con el propósito de que se modifique la parte resolutiva de la providencia y
se incluya de manera expresa la condena relacionada con la indexación del
retroactivo pensional reconocido.

14. Como sustento de su inconformidad, señaló que, aunque el tribunal hizo
referencia en la parte motiva a la actualización de las sumas adeudadas en los
términos del artículo 187 del CPACA, omitió incluir dicha orden de manera
expresa en la parte resolutiva del fallo, circunstancia que, a su juicio, puede
dificultar el cumplimiento integral de la sentencia por parte de la UGPP y obligar
a promover actuaciones judiciales adicionales para obtener el pago indexado.

15. Por su parte, la entidad demandada interpuso recurso de apelación con
el propósito de que se revoque la sentencia del 20 de febrero de 2025 y, en su
lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, argumentando que la

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de

unificación del 21 de junio de 2018, bajo el radicado 25000-23-42-000-2014-03805-01 (3805-
2014), con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicación: 76001 23 33 004 2016 00445 01 (1431-2025)
Demandante: Luz Elba Holguín González

demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913 para acceder a la pensión gracia

16. Sostuvo que el tribunal desconoció la normativa y la jurisprudencia
aplicable en materia de pensión gracia estimando que la parte actora acreditó
una vinculación válida para el reconocimiento de dicha prestación, pese a que las
certificaciones obrantes en el expediente demuestran que el tiempo laborado por
la docente entre el 22 de septiembre de 1993 y el 12 de noviembre de 2013
correspondió a una vinculación de carácter nacional.

17. Indicó que el certificado de tiempos de servicio expedido por la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca el 12 de noviembre de 2013 da cuenta de que
la demandante ostentó la calidad de docente nacional durante dicho periodo,
razón por la cual ese tiempo no podía computarse para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.

18. Señaló que el a quo otorgó un alcance probatorio indebido al Decreto 2007
del 17 de septiembre de 1993 y a la certificación expedida por el FOMAG dado
que de dichos documentos se desprendía una vinculación nacionalizada
desconociendo que la prueba documental allegada por la entidad certificaba
expresamente una vinculación nacional.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 17 de junio de 20254 se admitió el recurso de apelación
en los términos del artículo 247 del CPACA.

20. El Ministerio Público emitió concepto5 solicitando que se confirme la
sentencia de primera instancia toda vez de que en el expediente está plenamente
demostrado que la demandante cumple con todos los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar, conforme a los tiempos invocados en
la demanda, si la parte actora acreditó el cumplimiento del requisito de haber
prestado servicios como docente de carácter territorial o nacionalizado por un

4 Índice 5 de SAMAI del Consejo de Estado.
5 Índice 9, ibidem.

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Demandante: Luz Elba Holguín González

término no inferior a 20 años, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
114 de 1913.

23. En particular, deberá establecerse si la vinculación docente comprendida
entre el 22 de septiembre de 1993 y el 12 de noviembre de 2013 conserva la
naturaleza de nacionalizada, pese a los reparos formulados por la entidad
demandada; y, en caso de confirmarse el reconocimiento pensional, si procede
adicionar la sentencia de primera instancia en lo relativo a la orden de indexación
de las sumas adeudadas.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala anticipa su decisión de modificar parcialmente y adicionar la
sentencia de primera instancia para precisar la fecha de consolidación del estatus
pensional y disponer expresamente la indexación de las sumas adeudadas,
confirmándola en lo demás toda vez que en el expediente obran pruebas
suficientes para establecer que la demandante cumple con todos los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia, tal como se pasa a explicar.

25. Para beneficiarse de la mencionada prestación periódica, el interesado
debe cumplir de manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado
como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii)
haber prestado servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o
departamental) por un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o
discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia
con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar
recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.

26. De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto no está en discusión que
la actora reúne el requisito de la edad, pues nació el 13 de mayo de 19566 y
cumplió 50 años el 13 de mayo de 2006.

27. De igual modo, no se discute que la actora se vinculó como docente oficial
antes del 31 de diciembre de 1980. Sin embargo, la Sala discrepa del cómputo
integral del período reconocido por el Tribunal con anterioridad a esa fecha para
efectos de la pensión gracia habida cuenta de que en el expediente no obra
prueba suficiente que permita acreditar la naturaleza de la vinculación que
aquella mantuvo entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 1975.

28. En efecto, al proceso se aportaron las certificaciones de 16 de septiembre
de 20117 y el CETIL de 19 de septiembre de 20118, expedidos por la Alcaldía
Municipal de Florida (Valle del Cauca), en los que se hace constar que la actora
laboró para dicha entidad territorial entre el 25 de octubre y el 31 de diciembre de

6 Cfr. Cédula de ciudadanía visible en el folio 3.
7 Folio 24.
8 Folio 25.

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Demandante: Luz Elba Holguín González

1973 en calidad de maestra supernumeraria y entre el 1 de enero y el 30 de
agosto de 1975 como maestra.

29. Como sustento de dicha información, obra copia del Decreto 067 de 22 de
octubre de 19739 mediante el cual se nombró a la demandante como maestra
supernumeraria de la Escuela Comunal del barrio San Antonio de esa entidad
territorial. Asimismo, tomó posesión del cargo el 25 de octubre de 1973, según
consta en el Acta de Posesión 305 de esa misma fecha10.

30. Al revisar el referido acto administrativo, la Sala advierte que se trató de
una vinculación de carácter territorial en la medida en que fue suscrito por el
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauca) en ejercicio de sus atribuciones
legales, y por el secretario de Gobierno Municipal, sin que se evidencie la
intervención, delegación o autorización previa de la Nación a través del Ministerio
de Educación.

31. Tales circunstancias se acompasan con la definición prevista en el artículo
1 de la Ley 91 de 1989 para el personal territorial, es decir, los docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

32. No obstante, en el plenario no obra copia del acto administrativo de
nombramiento efectuado a partir del 1 de enero de 1975, ni los certificados
allegados permiten establecer la naturaleza de dicha vinculación, puesto que en
ellos no se precisa el acto administrativo que la dispuso, las autoridades que lo
expidieron ni la fuente de financiación correspondiente.

33. Lo anterior resulta necesario para determinar si la relación legal y
reglamentaria se ajusta a los parámetros el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 para
el personal territorial y nacionalizado.

34. Al respecto, en la sentencia de unificación del 21 de junio de 201811 se
estableció la siguiente regla jurisprudencial:

iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Resalta la Sala)

35. De conformidad con dicho estándar probatorio, la calidad de docente
territorial o nacionalizado debe acreditarse, en principio, mediante los actos
administrativos de nombramiento o, excepcionalmente, a través de

9 Folio 33.
10 Folio 34.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de

unificación del 21 de junio de 2018, bajo el radicado 25000-23-42-000-2014-03805-01 (3805-
2014), con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

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certificaciones expedidas por la autoridad nominadora, siempre que estas
permitan determinar, de manera inequívoca, la naturaleza del vínculo.

36. Por su parte, el aludido artículo 1 de la Ley 91 de 1989, prevé lo siguiente:

Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han
cumplido los requisitos para su exigibilidad.

37. En ese sentido, y comoquiera que únicamente se encuentra debidamente
acreditado el vínculo que la actora sostuvo con el municipio de Florida (Valle del
Cauca), como maestra supernumeraria del orden territorial-municipal, entre el 25
de octubre y el 31 de diciembre de 1973, para efectos del reconocimiento de
la pensión gracia solo se computará un tiempo equivalente a 1 mes y 6 días. En
consecuencia, se excluirá del cómputo el vínculo que mantuvo con dicho ente
territorial durante 1975 por falta de acreditación de la calidad docente.

38. Frente a este punto, vale indicar que la presente decisión no desconoce el
principio de non reformatio in pejus respecto de la parte demandante. Si bien
aquella circunscribió su recurso de apelación a la omisión de la orden de
indexación en la parte resolutiva del fallo, lo cierto es que no concurrió en
condición de apelante única. La UGPP también interpuso recurso pidiendo la
revocatoria integral de la decisión del a quo y controvirtiendo el cumplimiento del
tiempo de servicios y la naturaleza de las vinculaciones acreditadas por la actora.

39. Precisado lo anterior, la Sala procederá a analizar si la parte demandante
cumple con el requisito consistente en haberse vinculado como docente territorial
o nacionalizada durante 20 años.

Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizado
durante 20 años

40. Con fundamento en la información consignada en el Certificado de Tiempo
de Servicio Departamental emitido el 13 de noviembre de 2013 por la
Gobernación del Valle del Cauca12 y en las Resoluciones 486 del 31 de octubre

12 Folios 29 y 30.

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Demandante: Luz Elba Holguín González

de 198813, 0384 del 2 de octubre de 198914, 302 del 2 de agosto de 199015, 0884
del 9 de octubre de 199116 y 0681 del 17 de agosto de 199317, la Sala advierte
que la demandante prestó sus servicios como docente de hora cátedra en el
Liceo Departamental Femenino del municipio de Florida (Valle del Cauca),
conforme se refleja en la siguiente tabla:

Acto Administrativo Período laborado Cantidad de horas cátedra
R. 486 del 31 de octubre de 1988 31/10/1988 – 30/07/1989 16
R. 0384 del 2 de octubre de 1989 02/10/1989 – 01/07/1990 16
R. 302 del 2 de agosto de 1990 02/08/1990 – 01/06/1991 16
R. 0884 del 9 de octubre de 1991 09/10/1991 – 08/08/1992 16
R. 0681 del 17 de agosto de 1993 17/08/1993 – 21/09/1993 16

41. Al revisar los referidos actos de nombramiento, la Sala observa que todos
fueron proferidos por la entidad territorial, a través del gobernador del Valle del
Cauca y/o del secretario de Educación, con la participación del delegado del
Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional (FER) de
dicho departamento.

42. De conformidad con lo anterior, para la Sala resulta claro que los referidos
nombramientos fueron de carácter nacionalizado habida cuenta de la
participación y autorización impartidas por el delegado del Ministerio de
Educación Nacional ante el FER, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 10
de la Ley 43 de 1975, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.

43. Además, en virtud de las reglas fijadas en la ya citada sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018, la intervención de dicho funcionario no
modifica la naturaleza de la vinculación. Sobre este punto, en dicha providencia
se fijó la siguiente regla:

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad
presupuestal o la vacancia definitiva del cargo; (iii) en consecuencia, lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;

44. Con base en lo anterior, y comoquiera que los períodos laborados en la
modalidad de hora cátedra son computables para efectos del reconocimiento de
la pensión gracia, se hace necesario calcular su equivalencia de acuerdo con la

13 Folio 35.
14 Folios 36 y 37.
15 Folio 38.
16 Folios 39 y 40.
17 Folio 41.

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Demandante: Luz Elba Holguín González

fórmula establecida en el artículo 1 de la Ley 33 de 198518, consistente en sumar
las horas de trabajo real y dividirlas en cuatro (4), para establecer los días
trabajados, y adicionar los correspondientes días de descanso remunerado
(sábados y domingos) y de vacaciones (7 semanas anuales), en proporción al
período en que se prestó conforme a dicha modalidad.

45. Aunado a lo anterior, para la liquidación del tiempo efectivamente laborado
deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: i) conforme al artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días
calendario»; ii) para efectos laborales, el salario corresponde a un mes de 30
días, lo cual, al multiplicarse por los 12 meses del año, da lugar a un total de 360
días anuales;19 iii) en ese mismo sentido, debe entenderse que un año laboral
está conformado por 51,42 semanas, resultado de dividir los 360 días entre los 7
días calendario que componen una semana20.

46. Así, en el presente caso se tendrá que la demandante prestó sus servicios
como docente hora cátedra, por un lapso de 2 años, 1 mes y 14 días, tal como
se explica en la siguiente tabla:

Horas al Días Días
Semanas
mes Horas laborados laborados +
Horas laboradas Días de
Meses (horas laboradas (de (horas días de
Desde Hasta Días cátedra para vacaciones
(días / 30) cátedra meses * horas cátedra descanso
semana vacaciones 22
• 4,29 al mes) laboradas) 21
remunerado y
semana) /4) vacaciones
31/10/1988 30/07/1989 270
16 9,000 68,640 617,760 154,440 3,003 21,021 175,46
02/10/1989 01/07/1990 270
16 9,000 68,640 617,760 154,440 3,003 21,021 175,461
02/08/1990 01/06/1991 300
16 10,000 68,640 686,400 171,600 3,337 23,357 194,957
09/10/1991 08/08/1992 300 16 10,000 68,640 686,400 171,600 3,337 23,357 194,957
17/08/1993 21/09/1993 35 16 1,167 68,640 80,080 20,020 0,389 2,725 22,745

Total: 2 años, 1 mes y 14 días23

47. Por último, en el expediente se encuentra acreditado que la demandante
fue nombrada profesora de tiempo completo en el Instituto Las Américas del
municipio de Florida (Valle del Cauca) en virtud del Decreto 2007 del 17 de
septiembre de 199324, suscrito por el gobernador del departamento del Valle del
Cauca, la secretaria de Educación y el representante del Ministerio de Educación
Nacional ante dicho ente territorial.

48. En la parte considerativa del acto administrativo en mención se indicó que,
en virtud de un acuerdo del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca,

18 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023,

radicado 08001 23 33 000 2016 00149 01 (4526-2021).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 1999,

radicado 12503.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2016,

radicado 05001 23 33 000 2014 01754 01 (5073-15).
21 Surge de multiplicar el número de días laborados por el 7 y dividirlo en 360.
22 Surge de multiplicar el número de semanas de vacaciones, domingos y festivos, por 49

(correspondiente al número de días laborales que hay en 7 semanas) y dividirlo en 7.
23 Tomando como base que un año laboral equivale a 360 días y un mes laboral, a 30 días.
24 Folio 43.

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Demandante: Luz Elba Holguín González

aprobado por la Dirección General de Planeación del Sector Educativo del
Ministerio de Educación Nacional, se autorizó la conversión de las horas cátedra
en 1.559 plazas de tiempo completo con cargo a la Nación.

49. En desarrollo de esa medida, se efectuó el nombramiento de la
demandante, quien tomó posesión del cargo el 22 de septiembre de 1993 y
continuó prestando sus servicios, por lo menos, hasta el 13 de noviembre de
2013, fecha del Certificado de Tiempo de Servicio Departamental allegado al
expediente25.

50. Ahora bien, en lo concerniente a la vinculación mantenida por la docente
durante este período, la Sala advierte que en el acto de nombramiento se dejó
constancia de que la conversión del servicio de hora cátedra a tiempo completo
obedeció a un acuerdo del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca, con
aprobación del Ministerio de Educación Nacional, y que las plazas resultantes
serían incorporadas a la planta de cargos de los colegios nacionalizados.

51. En este contexto, se evidencia que el nombramiento de la actora en el
interregno objeto de estudio se produjo por decisión del gobernador, con
intervención del Fondo Educativo Regional del departamento y con la aprobación
del Ministerio de Educación Nacional. Por consiguiente, la Sala concluye que la
plaza se creó en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de la Ley
43 de 1975.

52. Asimismo, está acreditado que hasta agosto de 1993 la demandante venía
desempeñándose por horas catedra en la misma categoría y entidad territorial,
lo cual refleja que hizo parte del cuerpo docente beneficiario de la mencionada
conversión. Tales elementos permiten confirmar que la naturaleza jurídica de la
plaza ocupada por la recurrente durante el período objeto de análisis corresponde
a una vinculación nacionalizada26.

53. A partir de lo expuesto, la Sala concluye que la demandante ostentó la
condición de docente oficial nacionalizada durante el período comprendido entre
el 22 de septiembre de 1993 y el 12 de noviembre de 2013, para un total de 20
años, 1 mes y 21 días.

54. Así, la parte actora acreditó un total de 22 años, 4 meses y 11 días de
servicios como docente del orden territorial, según se evidencia en la siguiente
tabla:

25 Folio 31.
26 Sobre el particular, esta Subsección ha resuelto casos similares en el mismo sentido en las

siguientes sentencias: i) del 1 de agosto de 2024, expediente 76001 23 33 000 2018 01057 01
(5097-2022), con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez; ii) del 4 de septiembre de
2024, expediente 76001 23 33 000 2020 01585 01 (6671-2023), con ponencia del magistrado
Jorge Iván Duque Gutiérrez; y iii) del 19 de febrero de 2026, expediente 76001 23 33 009 2018
00486 01 (2127–2024), con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Demandante: Luz Elba Holguín González

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial-municipal 25/10/1973 31/12/1973 0 1 6
Nacionalizada (Hora cátedra) – 31/10/1988 21/09/1993 2 1 14
varias vinculaciones
Nacionalizada 22/09/1993 12/11/2013 20 1 21
TOTAL 22 4 11

55. En consecuencia, la parte demandante acreditó el cumplimiento de todos
los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia. Además de demostrar
las condiciones previamente analizadas, no obra en el expediente prueba que
permita inferir que percibe una doble asignación o erogación a cargo de la Nación
incompatible con esta prestación, ni existe cuestionamiento alguno respecto de
su conducta en el ejercicio de la labor docente.

56. No obstante, resulta necesario precisar que el a quo concluyó que la actora
adquirió el estatus pensional el 6 de abril de 2010, fecha en la que, a su juicio,
completó los 20 años de servicio. Sin embargo, este cómputo difiere del realizado
por la Subsección.

57. En efecto, al momento de iniciar su vinculación el 22 de septiembre de
1993, la demandante ya acreditaba 2 años, 2 meses y 20 días de servicio, por lo
que le restaban 17 años, 9 meses y 10 días para completar el tiempo exigido (20
años). Bajo ese entendido, el requisito se consolidó el 2 de julio de 2011,
momento a partir del cual adquirió el estatus pensional, fecha que es posterior al
cumplimiento de los 50 años de edad.

58. Frente a este aspecto, la Sala advierte que la corrección de la fecha de
consolidación del estatus pensional, aunque resulte menos favorable para la
demandante frente a la determinada en primera instancia, tampoco configura una
vulneración del principio de non reformatio in pejus, de acuerdo con los
argumentos esbozados en el párrafo 38 ut supra.

59. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala modificará el
numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, para establecer
que el estatus pensional se consolidó el 2 de julio de 2011. De igual manera,
precisará que la liquidación de la prestación deberá efectuarse con base en el
promedio de lo devengado por la demandante entre el 2 de julio de 2010 y el 1
de julio de 2011.

60. Adicionalmente, se confirmará la decisión del tribunal de declarar la
prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de
agosto de 2011 en razón a que la solicitud de reconocimiento pensional se
presentó el 28 de agosto de 201427, esto es, más de 3 años después de la
consolidación del derecho, ocurrida el 2 de julio de 2011. Además, la demanda
se radicó el 11 de abril de 201628, circunstancia que evidencia el incumplimiento

27 Folio 4.
28 Folio 73.

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Demandante: Luz Elba Holguín González

de los términos trienales previstos en los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969.

61. Por último, en relación con el reparo formulado por la parte actora, la
Subsección considera fundado el cuestionamiento dirigido contra la congruencia
del fallo de primera instancia. Aunque en la parte motiva se reconoció la
procedencia de la indexación de las sumas adeudadas, esa determinación no se
incorporó expresamente en la parte resolutiva. En virtud de ello, la providencia
apelada se adicionará en ese sentido.

Condena en costas

62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En consecuencia, no se condenará en costas en segunda instancia en la
medida en que la decisión incluye ajustes oficiosos a la sentencia de primera
instancia, lo que impide configurar la existencia de una parte vencida en esta
etapa procesal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la
sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el cual quedará así:

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Demandante: Luz Elba Holguín González

«SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la UGPP que reconozca la pensión gracia a la señora Luz Elba
Holguín González, a partir del 2 de julio de 2011, en cuantía del 75 % del
promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior al
cumplimiento del estatus pensional, esto es, entre el 3 de julio de 2010 y
el 2 de julio de 2011, cancelando el retroactivo pensional a partir del 28
de agosto de 2011, como quiera que se configuró la prescripción trienal del
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en la medida que la reclamación
administrativa se presentó el 28 de agosto de 2014.»

SEGUNDO. ADICIONAR el numeral SEXTO en la parte resolutiva de la
sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en el siguiente sentido:

«SEXTO: La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor certificados por el
DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la
parte motiva de esta sentencia.»

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 20 de febrero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la
cual se accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho
solicitadas por la señora Luz Elba Holguín González contra la UGPP.

CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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