RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 70001-23-33-000-2019-00164-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2019-00164-01

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2019-00164-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 09 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en cuanto a la fecha de adquisición del estatus pensional, el cual quedará así: “Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a la señora CARMEN DEL SOCORRO GARCÍA PEÑATES, a partir del 30 de noviembre de 2012, con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional (30 de noviembre de 2011 y el 29 de noviembre de 2012), pero con efectividad fiscal a partir del 6 de agosto de 2015, en virtud del fenómeno jurídico de la prescripción trienal, en atención a las consideraciones de la presente providencia.” SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 09 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia. Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 15 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024) Demandante: Carmen del Socorro García Peñates TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2019-00164-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Modificar la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 09 de noviembre de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones

2. La señora Carmen del Socorro García Peñates, por intermedio de
apoderado judicial solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 045616
del 29 de noviembre de 2018, RDP 001281 del 18 de enero de 2019 y RDP
003575 del 05 de febrero de 2019 por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia, a partir de la adquisición del estatus jurídico, condenar a la
entidad al pago de los ajustes de ley, el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA; y que se condene en costas a la UGPP.

4. Argumentó que estuvo vinculada como docente en los siguientes períodos:

1 001EscritoDemanda.pdf

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates

i) desde el 11 de julio de 1977 hasta el 4 de septiembre de 1977, vinculación
con el Departamento de Sucre;
ii) desde el 1.º de mayo de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1992,
vinculación con el Departamento de Sucre;
iii) desde el 20 de febrero de 1991 hasta el 30 de junio de 1991, vinculación
con el Municipio de Sampués – Sucre;
iv) desde el 1.º de julio de 1991 hasta el 15 de febrero de 1992, vinculación
con el Municipio de Sampués – Sucre;
v) desde el 1.º de octubre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 1994,
vinculación con el Municipio de Sampués – Sucre;
vi) desde el 6 de febrero de 1995 hasta el 6 de febrero de 1996, vinculación
con el Municipio de Sampués – Sucre;
vii) desde el 7 de febrero de 1996 hasta el 18 de enero de 2017, vinculación
con el Municipio de Sampués – Sucre.

5. En consideración a que cumplió con los requisitos solicitó el 06 de agosto
de 2018 a la UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo,
le fue negado el derecho a través de los actos administrativos demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 2 y 48 de la
Constitución Política; artículos 27, 30 y 31del Código Civil; las Leyes 39 de 1903;
114 de 1913; 116 de 1928; 37 de 1933; 4ª de 1966 y 91 de 1989. Expuso que se
cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión
gracia, la UGPP no valoró adecuadamente las pruebas presentadas, y trasladó
injustificadamente la carga de la prueba, pese a que las certificaciones aportadas
eran auténticas. Que la negativa desconoció que la falta de respuesta de las
entidades territoriales encargadas de confirmar la información obedeció a su
propia negligencia, y no podía perjudicar a la solicitante.

7. Por tanto, dicha actuación vulneró la jurisprudencia constitucional, que
protege a los servidores públicos y trabajadores frente a las omisiones de la
administración durante los trámites de reconocimiento y pago de pensiones.

1.4 Contestación de la demanda2

8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, argumentando que la demandante no reúne los requisitos exigidos
para acceder a la pensión gracia. Sostiene que no demostró con suficiencia ni
idoneidad una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980, requisito indispensable según la Ley 114 de 1913 y la Ley 91 de 1989.

2 Visible en el archivo 014ContestacionDemanda.pdf que reposa en el expediente digital

La demanda se presentó el 20 de junio de 2019, y fue admitida el 22 de abril de 2021
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
Afirma que las certificaciones allegadas presentan
inconsistencias que impiden determinar el origen de los recursos
con que se financió su cargo, y que por tanto no puede computarse el tiempo de
servicio como territorial.

1.5 Sentencia de primera instancia3

9. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 09 de
noviembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de
condenar en costas.

10. Para el efecto, de conformidad con el material probatorio estableció el
cumplimiento de los requisitos por parte de la actora para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia, al haber acreditado su vinculación como
docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así como el
cumplimiento de los veinte (20) años de servicio en el sector territorial, y haber
alcanzado la edad mínima de cincuenta (50) años, sin que obrara sanción que
afectara su buena conducta.

11. Precisó que las vinculaciones en interinidad, ordenes de prestación de
servicio y alfabetización también debían computarse, aplicando el principio de
primacía de la realidad y la interpretación amplia del concepto de “servicio
docente”.

12. Finalmente, el Tribunal ordenó liquidar la prestación en el 75 % del
promedio salarial del año anterior a la adquisición del estatus de pensionada (09
de noviembre de 2007), incluyendo todos los factores salariales, pero con
efectividad fiscal a partir del 06 de agosto de 2015, por prescripción trienal.

1.6 Recurso de apelación4

13. A manera de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante apoderado judicial, solicita se revoque la sentencia estimando
que la actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos para obtener la
prestación, en especial los 20 años de servicio y la vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 en calidad departamental, municipal o nacionalizada.

14. Argumentó que, el juez de primera instancia erró al considerar suficiente
la prueba de vinculación anterior a 1980, pues no verificó la naturaleza de la plaza
ni el origen de los recursos que financiaron su salario. Recordó que, conforme a
la Ley 43 de 1975, la educación pasó a ser un servicio público a cargo de la
Nación, y, por tanto, los docentes vinculados con posterioridad a esa norma o
remunerados con recursos nacionales no pueden ser considerados territoriales o
nacionalizados para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

3 Visible en el archivo 28Sentencia.pdf que reposa en el expediente digital
4 Visible en el archivo 32Apelacion.pdf que reposa en el expediente digital

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
15. Sostuvo que el Tribunal omitió verificar si los aportes
pensionales de la actora se hicieron a cajas territoriales o al
FOMAG, y que la carga probatoria recaía en la demandante, quien no allegó
certificados CETIL ni actos de nombramiento que establecieran expresamente el
carácter territorial de su vinculación

16. Además, la entidad alegó la improcedencia de contabilizar los periodos
laborados con posterioridad a la Ley 91 de 1989, dado que los docentes
vinculados desde el 1.º de enero de 1990 pertenecen al orden nacional y se rigen
por el régimen pensional ordinario de los servidores públicos.

17. Finalmente, invocó los principios de legalidad y sostenibilidad financiera
del sistema, así como la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política
sobre la percepción de más de una asignación proveniente del tesoro público. En
subsidio, solicitó la declaratoria de prescripción trienal de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad a los tres años previos a la reclamación
administrativa.

1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia

18. Mediante auto de 17 de octubre de 2024, se admitió el recurso de
apelación presentado por la parte demandada. No hubo intervenciones en esta
instancia.

19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
20. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.

21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico
22. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Carmen
del Socorro García Peñates, tiene derecho al reconocimiento y pago de una

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en
especial lo relativo a la vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizada; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1 La pensión gracia

23. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

24. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

25. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio
de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales,
junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma
de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la
enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el
tiempo requerido para acceder a la pensión.

26. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.

27. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre
los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
28. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
29. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de
los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 19977 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la
Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su
artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […].»
30. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20188 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales
por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de 1997.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y
60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya
que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado
fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado
que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto
original)

31. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 20229 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como
regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a,
de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

32. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates

33. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro
que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la
labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad
de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que
se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y
que cumple con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

34. La demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 06 de
agosto de 2018, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 045616 del 29 de noviembre de 201810, por considerar que
no se encontraba acreditado el tiempo de servicio anterior a 1980.

35. Inconforme con dicha respuesta interpuso recurso de reposición y en
subsidio el de apelación, los cuales fueron desatados a través de las
Resoluciones RDP 001281 del 18 de enero de 2019 y RDP 003575 del 05 de
febrero de 2019 confirmando la negativa.

2.5 Caso concreto
36. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en
orden a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la
Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo
de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

•Edad
37. Se encuentra acreditado que la señora Carmen del Socorro García
Peñates nació el 09 de noviembre de 1957, razón por la que, el 09 de noviembre
2007, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

•Buena conducta
38. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches
que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo
que también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
39. Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades
planteadas con el recurso de apelación, resulta necesario indicar que, teniendo

10 Pg 90 a la 96 del archivo 002AnexosDemanda.pdf que reposa en el expediente digital
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
en cuenta lo señalado en sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022 proferida por esta Sección
del Consejo de Estado, la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral
2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, es que los docentes pueden acceder a la misma antes y después del 29
de diciembre de 1989, en la medida que cumplan con el requisito de demostrar
una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, y
claro está, acrediten los demás requisitos de ley, esto último, incluso con
posterioridad a dicha data.

40. En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte
recurrente, relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los
requisitos para la pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.

41. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales de la actora
como docente oficial:

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 14 de julio
hasta el 04 de septiembre de 1977 (1 mes y 21 días)

42. Se observa que a través de la Resolución 151 de 11 de julio de 1977, el
secretario de educación del departamento de Sucre en uso de sus facultades
legales nombró a la señora Carmen del Socorro García Peñates en interinidad
para cubrir licencia de maternidad desde el 11 de julio hasta el 04 de septiembre
de 1977, como seccional de la Escuela Rural Co-Instrucción de San Luis del
municipio de Sampués; cargo del que tomó posesión el 14 de julio de la misma
anualidad.

43. Además, figura en el plenario certificado de tiempo de servicio de fecha 11
de diciembre de 2018, expedido por la Secretaría de Educación del departamento
de Sucre, que da cuenta que la señora García Peñates ocupó un cargo docente
departamental en provisionalidad, en el periodo comprendido desde el 14 de
julio de 1977 hasta el 04 de septiembre de 1977.

44. Frente a las designaciones en interinidad, debe mencionar la Sala que
resultan válidas para efectos de obtener la pensión gracia como así lo ha
sostenido de manera pacífica la jurisprudencia de esta Subsección, dado que no
resulta relevante la forma en la que fue provisto el empleo docente, esto es, si lo
fue en carrera, en provisionalidad o en forma transitorio o interina; máxime que la
interinidad corresponde a otros tipos de vinculación al servicio público y se ha
venido entendiendo por esta Sección, como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en
carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
tal actividad, en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del
servicio de educación.

45. Por lo anterior, estima la Sala que el tiempo de labor oficial de la
demandante como educadora en la Escuela Rural Co-Instrucción de San Luis del
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
municipio de Sampués, durante el periodo en cita, efectivamente
puede ser tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20 años
de servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada, pues, la naturaleza
de esa designación fue del orden territorial.

46. Ello por cuanto, si bien el nombramiento se efectuó el 11 de julio de 1977,
esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975, que ocurrió el 11
de diciembre de dicha anualidad y por medio de la cual se adelantó la
nacionalización de la educación, no se advierte, a partir del acto de
nombramiento, la intervención o delegación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional para efectuar el nombramiento antes señalado, en los
términos del procedimiento de la referida norma (Ley 43 de 1975), y tampoco se
hizo referencia a que la plaza ocupada por la hoy demandante hubiese sido parte
de aquellas que fueron modificadas en el proceso de nacionalización;
observándose además que el acto fue suscrito por el secretario de educación
departamento de Sucre, y sin que se haga mención a la participación del FER.

47. En consecuencia, no prospera el argumento de la entidad apelante, toda
vez que del material probatorio obrante en el expediente se advierte con claridad
que la demandante acreditó una vinculación efectiva con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, en calidad de docente territorial. Ello demuestra que el juez
de primera instancia valoró de manera adecuada los actos administrativos de
nombramiento y posesión emitidos por la autoridad educativa del departamento,
así como las certificaciones laborales que confirman la prestación del servicio en
instituciones oficiales del nivel territorial.

48. Además, estima la Sala que no le asiste razón a la entidad recurrente
cuando afirma que a partir de la expedición de la Ley 43 de 1975, la educación
pasó a ser un servicio público a cargo de la Nación, y, por tanto, los docentes
vinculados con posterioridad a esa norma son nacionales; pues, como se adujo
en párrafos anteriores, el nombramiento en este periodo de la actora no se
fundamentó en dicha disposición, sino que provino directamente del ente
territorial, sin intervención de autoridad nacional. Y en todo caso, aún de haberse
realizado en virtud de dicha disposición, ello no implica que los nombramientos
fueran nacionales, pues, la financiación que generaba los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que la Nación giraba a las entidades
territoriales por concepto de situado fiscal, sino que también los entes locales
debían destinar de su presupuesto para el sostenimiento de dichos fondos. De
manera que, como lo ha señalado esta corporación, no es posible concluir que el
docente territorial y/o nacionalizado se convierte en educador nacional “ por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.”

49. Por lo anterior, se encuentra acreditada la exigencia de vinculación
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, siendo
computable un total de 1 mes y 21 días de servicio docente prestado desde el
14 de julio hasta el 04 de septiembre de 1977, para efectos de obtener la
pensión gracia.

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates

50. En ese orden, se encuentra satisfecho el requisito de una
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

• Desde 20 de febrero de 1991 hasta el 06 de agosto de 2018 (periodos
discontinuos)

51. Con relación a este periodo de servicios, sea lo primero señalar que
reposan en el plenario los actos de nombramiento en temporalidad de la señora
Carmen del Socorro García Peñates, y certificados de historial laboral de fecha
11 de diciembre de 2018, en los cuales se precisó que aquella tuvo distintos
vínculos como docente de naturaleza territorial, -departamental y municipal-,
desde el 20 de febrero de 1991 hasta el 06 de febrero de 1996 de forma
discontinua, de manera temporal y, en algunos casos, a través de autorizaciones
de prestación de servicios.

52. Que posteriormente, mediante Decreto 007 del 1.º de febrero de 1996
suscrito por el Alcalde Municipal de Sampués y el Secretario de Gobierno, la
actora fue incorporada al servicio educativo oficial del municipio de Sampués,
adquiriendo una vinculación formal, estable y continua, igualmente de carácter
territorial, que se mantuvo vigente hasta el 6 de agosto de 2018, de acuerdo con
el certificado de tiempos de servicio expedido por la Secretaría de Educación
Municipal.

53. Por lo que, esta Subsección considera procedente computar el periodo
comprendido entre el 20 de febrero de 1991 y el 06 de agosto de 2018, toda
vez que corresponden a vinculaciones territoriales, de aquellas que el
ordenamiento jurídico reconoce para acceder a la prestación en comento, ello en
tanto los distintos actos de nombramiento, las ordenes de prestación de servicio
y las certificaciones emitidas por la entidad territorial, dan cuenta que la actora
fue designada de manera temporal para proveer vacantes por situaciones
administrativas de los titulares, y luego de forma permanente; designaciones en
las que no intervino el Ministerio de Educación ni delegado de esta cartera. Y
que, si bien obra en el plenario certificación del 13 de octubre de 2023, que señala

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
que el régimen de pensiones de la actora es nacional, lo cierto es
que ello no es equivalente al tipo de vinculación.

54. En punto al tiempo servido en virtud de contrato de prestación de servicios
esta Corporación11 ha considerado válido este tipo de vinculación docente,
siempre y cuando se cumpla con la condición de ser al servicio de entidades
territoriales o nacionalizadas sin que resulte necesaria la declaración de
existencia de relación laboral.

55. Así entonces, se tiene que en el periodo objeto de estudio la demandante
prestó el servicio docente de la siguiente manera:

Actos de Tipo de Desde Hasta Tiempo
nombramiento vinculación
Decreto 022 Municipal 20 de 30 de 4
del 15 de febrero junio de meses
febrero de de 1991 y 10
1991 1991 días
Decreto 080 Municipal 1 de 15 de 7
del 12 de julio julio de febrero de meses,
de 1991 1991 1992 15 días
Resolución No. Departamental 1 de 30 de 7
00238 del 6 de mayo noviembre meses
mayo de 1992 de de 1992
1992
OPS 062 del 3 Municipal 1 de 30 de 2
de octubre de octubre noviembre meses
1994 de de 1994
1994
OPS 00018 del Municipal 6 de 6 de 1 año y
6 de abril de febrero febrero de 1 día
1995 de 1996
1995
Decreto 00007 Municipal 07 de 06 de 22 años
del 1° de febrero agosto de y6
febrero de de 2018 meses
1996 1996
Total de tiempo de servicio: 25 años,
2 meses
y 26 días

56. Del material probatorio obrante en el expediente, estima la Sala que existe
certeza respecto al tiempo de servicio prestado por la señora Carmen del Socorro
García Peñates, por un total de 25 años, 4 meses y 16 días -contabilizados
hasta la fecha de reclamación administrativa-, el cual resulta computable a fin
de obtener la pensión gracia, pues se trató de un vínculo como docente
territorial; ello en tanto, las designaciones se realizaron por parte de la autoridad
territorial sin intervención de la Nación - Ministerio de Educación; siendo
plenamente válido aun cuando se tratara de una docente en temporalidad, pues,

11 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-
01 (0823-2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-2009); 10 de
marzo de 2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); del 19 de febrero de
2018, Rad: 25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-
33-000-2016- 00499-01(2298-2019); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00457-
01 (3598-2014).
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
se rememora que esta Subsección ha considerado que las
disposiciones que rigen la pensión gracia exigen un vínculo como
educador territorial o nacionalizado, sin que resulte relevante si la designación se
hizo en propiedad, provisionalidad, temporalidad, interinidad o incluso mediante
contratos de prestación de servicios.

57. Ahora, aun cuando los actos se profirieron con posterioridad a la
expedición de la Ley 43 de 1975, que dispuso la nacionalización de la educación,
lo cierto es que en los mismos no se invoca dicha normativa, y tampoco se precisa
que las plazas ocupadas por la actora fueran de aquéllas objeto de la
nacionalización, y menos aún se advierte que los recursos fueron administrados
por el FER. En todo caso, es menester indicar que, aun si se tratará de una
docente nacionalizada, dicho vinculo también resulta válido para computar el
periodo para pensión gracia.

58. Así entonces, se itera que la naturaleza de la designación en este caso,
es del orden territorial, lo cual encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91
de 1989, así como en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, en la que se concluyó:

“Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por
entidades de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que
la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los
gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

59. A lo que se suma que este tiempo de servicio no fue objeto de
cuestionamiento por la entidad en sede administrativa y tampoco en sede
judicial.

60. En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente,
para la Sala, la señora Carmen del Socorro García Peñates, acredita los
requisitos para obtener la prestación en comento, entre estos, el de 20 años de
servicios como docente territorial, con una vinculación de dicha naturaleza antes
del 31 de diciembre de 1980. Por ende, cumple con los presupuestos previstos
por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser acreedora del beneficio
pensional pretendido.

61. Cabe destacar que, distinto a como lo determinó el tribunal, para el
momento en que la actora cumplió los 50 años de edad -el 09 de noviembre de
2007-, aún no había cumplido con los 20 años de servicios, lo cual solo ocurrió
hasta el 30 de noviembre de 2012. Por lo anterior se modificará la sentencia de
primera instancia en cuanto a la fecha de adquisición del estatus pensional, lo
que conlleva a que se tengan en cuenta los factores salariales devengados entre
el 30 de noviembre de 2011 y el 29 de noviembre de 2012. Cabe destacar que
dicha modificación no afecta los derechos del apelante único, en este caso la
entidad.

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
62. En punto a la excepción de prescripción planteada en el
recurso de apelación, se advierte que como lo sostuvo el tribunal
de instancia, dicho fenómeno si operó, en tanto, siendo exigible el derecho a partir
del 30 de noviembre de 2012, la reclamación administrativa se presentó el 06 de
agosto de 2018 y la demanda se radicó el 01 de junio de 2019, por lo que se
encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 06 de agosto de
2015.

63. En cuanto al argumento de la entidad apelante con relación a la falta de
acreditación de los aportes pensionales efectuados durante los periodos de
servicio, el mismo no tiene vocación de prosperidad, pues, para obtener la
pensión gracia, que se sigue por un régimen especial, no se exige cotizaciones;
sino que lo que corresponde es la acreditación de la existencia de un ejercicio
docente en el nivel territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980,
así como la prestación de un total de 20 años de servicios en los términos
indicados, el cumplimiento de 50 años de edad, el desarrollo de las funciones
honradez y consagración, buena conducta y que no perciba otra pensión o
remuneración de carácter nacional.

64. Por último, respecto a la invocación de los principios de legalidad y
sostenibilidad financiera, la Sala observa que el reconocimiento de la pensión
gracia en este caso se ajusta estrictamente al marco normativo vigente y a los
sentencias de unificación sobre la materia, sin que se configure vulneración al
principio de legalidad del gasto público ni la prohibición constitucional de percibir
más de una asignación del tesoro, toda vez que la pensión gracia conserva su
carácter autónomo y compatible con la pensión de jubilación conforme al artículo
15, numeral 2, literal A, de la Ley 91 de 1989.

65. Por las razones expuestas, la Sala modificará la sentencia objeto de
apelación, en los términos explicados.

2.6 Conclusión
66. La señora Carmen del Socorro García Peñates cumplió con el requisito
mínimo de haber servido en el magisterio por un término no menor de 20 años,
con una vinculación como docente del orden territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, así como los demás requisitos para ser acreedora de la
pensión gracia, por tanto, esta Sala confirmará en ese sentido la decisión dictada
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre, de acuerdo con las
razones expuestas en esta providencia. Y modificará en cuanto a la fecha de
adquisición del estatus pensional.

2.7 Condena en costas
67. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates

68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la
Ley 2080 de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

69. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

70. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad -parte vencida-, por
cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.

71. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 09 de noviembre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en cuanto a la fecha de
adquisición del estatus pensional, el cual quedará así:

“Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia a la señora CARMEN DEL SOCORRO GARCÍA
PEÑATES, a partir del 30 de noviembre de 2012, con el 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional (30 de
noviembre de 2011 y el 29 de noviembre de 2012), pero con efectividad
fiscal a partir del 6 de agosto de 2015, en virtud del fenómeno jurídico de
la prescripción trienal, en atención a las consideraciones de la presente
providencia.”

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 09 de noviembre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se
accedió a las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta
sentencia.

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001 23 33 000 2019 00164 01 (4064-2024)
Demandante: Carmen del Socorro García Peñates
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la
entidad demandada. Para tal efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.