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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00192-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00192-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales primero, tercero, cuarto y quinto de la providencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, los cuales quedarán de la siguiente forma: 29 Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019) Demandante: Rubiela Cardona Gómez PRIMERO: DECLÁRESE parcialmente probada la excepción de prescripción y no probadas las excepciones de falta de requisitos, inexistencia de la obligación y cobro de lo debido. […] TERCERO: DECLÁRESE que la señora Rubiela Cardona Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 24.495.218, tiene derecho a que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, le reconozca, liquide y page la pensión gracia, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 13 de enero de 2013 y el 13 de enero de 2014, con inclusión de la asignación básica, bonificación mensual y las primas de navidad, servicios y vacaciones docentes, según certificación que deberá expedir el ente territorial empleador, conforme se explicó en la parte motiva de esta sentencia. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 22 de junio de 2014 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. La mencionada pensión será ajustada cada año en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. CUARTO: CONDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a que sobre las sumas adeudadas le pague a la actora el reajuste de su valor, conforme al índice de precios al consumidor, con la aplicación de la fórmula referenciada en la parte motiva de este fallo y con efectos fiscales a partir del 22 de junio de 2014. Sobre la pensión reconocida y el retroactivo a pagar, la accionada hará los correspondientes descuentos para el sistema de salud del 12%. QUINTO: ORDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, incluir en nómina de pensionados el valor que debe ser reconocido y el pago de la liquidación […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2018-00192-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia proferida el 4 de abril de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Rubiela Cardona Gómez, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP 038235 del 5 de octubre de 2017, que le negó el

1 Folios 1 a 30.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 047862 del 22 de diciembre de 2017,
que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP, a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación, efectiva a partir del 12 de marzo de 2013, en cuantía de $2.194.106,75
o, subsidiariamente, desde el 3 de noviembre de 2013 y en un moto de
$2.334.910,08; ii) aplicar los reajustes previstos en la Ley 71 de 1988; iii) actualizar
el valor de las condenas conforme al artículo 187 del CPACA; iv) reconocer los
intereses moratorios y cumplir el fallo que ponga fin al proceso, en los términos del
artículo 192 ibidem; y v) pagar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:

i) La señora Rubiela Cardona Gómez nació el 9 de septiembre de 1954 y prestó sus
servicios al magisterio oficial de la siguiente forma:

a) Profesora de horas cátedra

• Del 19 de mayo al 30 de noviembre de 1980. Nombrada por Decreto 0525 del 19 de
septiembre de 1980.

• Del 8 de febrero al 30 de noviembre de 1982. Nombrada por Decreto 0106 del 26 de
febrero de 1982.

• Del 21 de febrero al 30 de noviembre de 1991. Nombrada por Decreto 0052 del 8 de
febrero de 1991.

• Del 5 de marzo al 30 de noviembre de 1992. Nombrada por Decreto 0187 del 28 de
febrero de 1992.

Los mencionados decretos fueron expedidos por el gobernador del Quindío.

b) Docente municipal. Del 1 de septiembre de 1995 hasta la actualidad.2

2 La demanda fue presentada el 17 de octubre de 2018 (folio 150).

2

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

ii) De acuerdo con el anterior recuento, la demandante cumplió los 20 años de
servicio como docente oficial el 12 de marzo de 2013 y en esta fecha consolidó el
estatus pensional.

iii) El 22 de junio de 2017, la actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada mediante las decisiones
administrativas enjuiciadas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53, 287, 288, 356 y 357 de la
Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de
1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley 24 de 1947; 4
de la Ley 4 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 54 de la Ley 24 de 1988; 9 de la
Ley 29 de 1989; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989; 42 y 80 de la Ley 60 de 1993; 5 del
Decreto 1743 de 1966; 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:

i) El tiempo que la señora Rubiela Cardona Gómez laboró como profesora
catedrática es computable para acceder al beneficio pensional pretendido.

ii) Para dichos efectos también debe considerarse el período trabajado desde el 1
de septiembre de 1995 hasta la actualidad, pues la actora ha tenido la condición de
docente municipal y sus salarios se pagan con recursos propios del ente territorial.

iii) La accionante fue nombrada por el alcalde de la Tebaida sin intervención del
Ministerio de Educación Nacional, es decir, que dicho funcionario actuó dentro de
sus competencias y con fundamento en la autonomía propia del municipio.

iv) En caso de estimar que el referido nombramiento es nacional, debe entenderse

3

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

que aquél mutó a municipal, en razón al proceso de descentralización de la
educación previsto en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

v) La demandante cumple con todos los requisitos previstos por el legislador para
acceder a la pensión gracia, porque tuvo buena conducta en el desempeño como
educadora; cuenta con más de 50 años de edad; ha prestado sus servicios como
docente nacionalizada y territorial por más de 20 años y se vinculó en tal condición
antes del 31 de diciembre de 1980.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:3

i) La demandante incumple los requisitos para acceder a la pensión gracia
reclamada, por cuanto no laboró como docente departamental, distrital, municipal o
nacionalizada; por el contrario, tuvo una vinculación del orden nacional.

ii) En caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda, deben autorizarse
los descuentos en salud sobre las mesadas pensionales, pues se trata de una
contribución parafiscal que rige para esta clase de prestaciones.

iii) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia de la obligación; 2) cobro
de lo no debido; y 3) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 4 de abril de 2019,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:4

3 Folios 218 a 237.
4 Folios 297 a 314.

4

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

i) Los períodos en que la demandante se desempeñó como docente catedrática y
de tiempo completo son computables para obtener la pensión gracia, toda vez que
fue nombrada por autoridades territoriales.

ii) La señora Rubiela Cardona Gómez demostró una vinculación territorial anterior
al 31 de diciembre de 1980, el 9 de septiembre de 2004 cumplió los 40 años de
edad y el 14 de julio de 2014 completó los 20 años de servicio; por lo tanto, el 15
siguiente consolidó el estatus pensional.

iii) En consecuencia, se declara la nulidad de los actos acusados y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la UGGP que reconozca la pensión gracia
a la actora, en cuantía de $2.150.907. La prestación será ajustada cada año en los
términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. «Sobre la pensión reconocida y el
retroactivo a pagar, la accionada hará los correspondientes descuentos para el
sistema de salud del 12%».

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. El apoderado de la demandante solicitó que se modifique la sentencia de
primera instancia en lo que atañe al monto de la prestación, por las razones que se
resumen, a continuación:5

i) La pensión gracia decretada a favor de la accionante debe establecerse en un
monto de $2.347.549,14, el cual corresponde al 75% de los factores salariales
percibidos en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

ii) La cuantía de la prestación que estableció el a quo está afectada por los
siguientes errores aritméticos:

a. Se tomó como último año de servicio el comprendido entre el 14 de julio de 2013 y el
14 de julio de 2014, cuando debió ser el comprendido entre el 16 de julio de 2013 y el 15

5 328 a 333.

5

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Demandante: Rubiela Cardona Gómez

de julio de 2015, teniendo en cuenta que en esta última fecha la actora consolidó el
estatus pensional.

b. Se computó equivocadamente la asignación básica de 2014, pues debió ascender a
la suma de $17.627.603,50 para el período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de
julio de 2014.

c. La bonificación debió corresponder a $176.273,50.

d. La prima de servicios debía ascender a $603.735,92 para el año 2013 y $342.759,08
para el 2014; sin embargo, en el proveído recurrido «dicha prima de servicio no se tomó
para el año 2013 y para el año 2014 se tomó todo el valor de un año, cuando ha debido
tomarse la proporción de 6,5 meses».

e. La prima de vacaciones debía ascender a $628.891,54 para el año 2013 y
$772.431,29 para el 2014; empero, en el fallo impugnado solo se tuvo en cuenta el valor
de 2013 y se dividió en 12, pese a que ese factor también estaba certificado para el 2014
y, por lo tanto, para cada anualidad debía hacerse la proporción respectiva.

f. La prima de navidad fue incorrectamente computada, pues para el 2013 debió tomarse
la suma de $1.310.191,21 y para el 2014 $1.609.232,63.

1.4.2. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación con base en los
siguientes argumentos:6

i) La accionante no tiene derecho a la pensión gracia reconocida por el a quo, por
cuanto ostentó la condición de docente nacional, situación que pugna con esta
prestación especial, conforme lo ha explicado la jurisprudencia.

ii) La documentación aportada al plenario es incompleta y no permite tener certeza
frente a aspectos como la naturaleza de la plaza y de las instituciones educativas
en que las que se desempeñó la interesada; fuente de financiación de los salarios;
régimen salarial de la profesora; factores salariales percibidos durante los 20 años
de servicio; escalafón docente; nivel de la educación en que trabajó la actora; forma
de vinculación, esto es, en carrera, propiedad o provisionalidad.

iii) El fallo apelado concluyó que la señora Rubiela Cardona Gómez consolidó el
estatus pensional el 15 de julio de 2014, pero ordenó liquidar la prestación con base
en los factores devengados entre el 14 de julio de 2013 y el 14 de julio de 2014, es

6 Folios 319 a 327.

6

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

decir, que existe incongruencia con el día, que debió ser 15 y no 14.

iv) Es necesario adicionar la sentencia de primera instancia en el sentido de indicar
que los descuentos en salud deben actualizarse con base en el cálculo actuarial.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La accionante y la UGPP reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

En atención a los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada, el problema jurídico consiste en determinar si la señora Rubiela
Cardona Gómez tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en
aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que
regulan dicha prestación. En caso afirmativo, se estudiará si es procedente i)
modificar el período base de liquidación, así como el monto de la mesada pensional
reconocida en primera instancia; y ii) aplicar el cálculo actuarial a los descuentos en
salud.

7 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

7

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye

8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho

a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran

nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,

radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».12

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14

13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).

10

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:15

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-

01 (AC).

11

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme a la cédula de ciudadanía20 y el acta de nacimiento,21 la señora Rubiela
Cardona Gómez nació el 9 de septiembre de 1954.

• Por Decretos 0525 del 19 de septiembre de 1980,22 0106 del 26 de febrero de
1982,23 0052 del 8 de febrero de 199124 y 0187 del 28 de febrero de 1992,25 el

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
20 Folio 41.
21 Folio 39.
22 Folios 48 a 49.
23 Folios 51 a 53.
24 Folios 55 a 57.
25 Folios 59 a 61.

13

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

gobernador del Quindío nombró catedráticos externos para algunos «colegios de
Enseñanza Media del departamento».

El mencionado funcionario suscribió los tres primeros decretos en calidad de
«presidente de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del Quindío
“FERQ”», y el último «[e]n uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 29 de 1989 y el Decreto 1706 de 1989, Artículo 8°. Parágrafo 2°».

La demandante fue nombrada en cada uno de los citados actos para
desempeñarse, así:

Acto Institución / Carga Observaciones
académica
Decreto 0525 del Instituto Tebaida - Sin escalafón.
19 de septiembre Bachillerato Nocturno - 10 - Nombramiento a partir del 19 de
de 1980 horas semanales mayo de 1980.
(Biblioteca) - Asignación fijada en el Decreto
Departamental 0469 del 17 de
octubre de 1979.
Decreto 0106 del Bachillerato Nocturno - Grado séptimo.
26 de febrero de “Instituto Tebaida” de la - Nombramiento a partir del 8 de
1982 Tebaida – 12 horas febrero de 1982.
semanales - Asignación fijada en el Decreto
Departamental 0389 del 12 de
agosto de 1981.
Decreto 0052 del 8 Instituto Tebaida Nocturno – - Grado séptimo.
de febrero de 1991 12 horas semanales - Nombramiento a partir del 8 de
(sociales) febrero de 1991.
• Asignación fijada en el Decreto
Nacional 111 del 14 de enero de
1991 para la hora cátedra.
Decreto 0187 del Instituto Tebaida Nocturno – - Grado séptimo.
28 de febrero de 14 horas semanales - Nombramiento a partir del 28 de
1992 (sociales) febrero de 1992.
• Asignación fijada por el Gobierno
nacional para las horas cátedra.

La Secretaría de Educación del Quindío también certificó la vinculación por horas
cátedra de la demandante, así:26

26 Folio 42.

14

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

• El 2 de agosto de 1995, por Decreto 047, la alcaldesa de La Tebaida, en ejercicio
de las atribuciones conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, los
Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1986 y la Resolución 20974 de 1989, nombró
«unos docentes en los niveles de Básica y Media en los colegios Santa Teresita e
Instituto Tebaida Diurno que funcionan en el municipio de la Tebaida Quindío»,
incluyendo el nombre de la demandante, quien fue designada para la especialidad
de ciencias sociales, grado 7, en el mencionado instituto. En dicho acto se tuvo en

15

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

cuenta que «el Jefe de presupuesto municipal certificó que existe disponibilidad
presupuestal para atender dicho gasto».27

• El 24 de abril de 2018, la Secretaría de Educación del Quindío respondió un
derecho de petición presentado por la actora, en los siguientes términos:28

Según su vinculación mediante Decreto N° 047 del 2 de agosto de 1995, acta de
posesión N° 20 del 1 de septiembre de 1995 del municipio de la Tebaida y lo
establecido en la Ley 91 de 1989, su tipo de vinculación se constituye como Municipal
Recursos Propios, vinculación que no afecta su régimen prestacional anualizado.

Es importante resaltarle que la actuación de descentralización de la educación, nunca
afectó su vinculación original y que hasta la fecha el Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio la establece como docente Municipal.

Una vez revisada su historia laboral, no se evidencian certificados, actos
administrativos u hojas de revisión de la Fiduprevisora, donde se hubiera
caracterizado que su vinculación fuera del orden nacionalizada.

Por lo anterior descrito, no es procedente realizar ningún cambio en la certificación
que se anexa en esta comunicación.

En la aludida certificación, se lee:29

27 Folios 142 a 144.
28 Folio 146.
29 Folio 147.

16

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

• La Procuraduría General de la Nación certificó que la accionante no registraba
antecedentes disciplinarios.30

➢ Actuación administrativa

• El 22 de junio de 2017, la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento de
la pensión gracia.31

• El 5 de octubre de 2017, por Resolución RDP 038235, la UGPP negó la referida
solicitud, toda vez que la peticionaria tuvo una vinculación como docente del orden
nacional.32

• El 22 de diciembre de 2017, por Resolución RDP 047862, la UGPP resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.33

30 Folio 254.
31 Información extraída de la Resolución RDP 038235 del 5 de octubre de 2017 (folios 94 a 99).
32 Folios 94 a 99.
33 Folios 115 a 120.

17

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Previo a analizar el caso concreto, es necesario advertir que la UGPP en su recurso
de apelación alegó que los certificados laborales aportados al plenario no contaban
con todos los elementos requeridos para su análisis.

Sin embargo, la Sala se aparta del anterior razonamiento, ya que la entidad territorial
empleadora, a través de su Secretaría de Educación, suscribió las certificaciones
laborales de la señora Rubiela Cardona Gómez, situación que goza de plena
validez, pues, conforme lo prevé el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005, estos entes
son los encargados de administrar la historia laboral de los docentes y les
corresponde expedir «certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y
prestacional, del docente peticionario o causahabiente».

A su turno, contrario a lo sostenido por la parte demandada, las certificaciones
laborales que obran en el expediente contienen elementos suficientes en torno al
tipo de vinculación, tiempo de servicio y dan cuenta del funcionario que las elaboró,
por lo que la información allí reportada se presume veraz y será estudiada en
conjunto con los demás elementos probatorios allegados.

Para efectos metodológicos, el tiempo prestado por la demandante en la docencia
oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le corresponden
análisis normativos y probatorios independientes, conforme se explicará, a
continuación.

2.4.1. Primer período. Del 19 de mayo de 1980 al 30 de noviembre de 1992

En este lapso la señora Rubiela Cardona Gómez se desempeñó como docente
catedrática en el nivel de secundaria en el Instituto Tebaida Nocturno.

18

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

Por su parte, esta Subsección ha acogido el criterio fijado por el Consejo de Estado
en sentencia de unificación del 22 de enero de 2015,34 para concluir que «los
servicios prestados por los docentes vinculados por hora cátedra externa, para
efectos de la pensión gracia, son válidos y deben ser tenidos en cuenta para el
cómputo de los 20 años de ejercicio docente, requeridos en el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913, dado que éstos ejercen las mismas funciones que los vinculados en
propiedad, y por lo tanto, lo que se considera relevante, es que el reclamante del
derecho haya prestado sus servicios a la docencia en el nivel territorial o
nacionalizado sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que ésta
responda a cualquiera de las previstas en la ley y no haya obedecido a una
vinculación de tipo nacional».35

En el sub lite, la accionante laboró como catedrática en virtud de las designaciones
efectuadas por el gobernador del Quindío, mediante los Decretos 0525 del 19 de
septiembre de 1980, 0106 del 26 de febrero de 1982, 0052 del 8 de febrero de 1991
y 0187 del 28 de febrero de 1992. De acuerdo con dichos actos, el mencionado
instituto estaba catalogado como un establecimiento «de Enseñanza Media del
departamento».

El referido mandatario en los tres primeros decretos actuó en calidad de «presidente
de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del Quindío “FERQ”», y en
el último «[e]n uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley
29 de 1989 y el Decreto 1706 de 1989, Artículo 8°. Parágrafo 2°».

En este escenario, se concluye que en este primer período la actora tuvo una
vinculación de carácter nacionalizada, toda vez que los actos de nombramiento
fueron proferidos por una autoridad del orden territorial, cuando ya estaba en curso
el proceso de nacionalización de la educación implementado por la Ley 43 de 1975.

34 Radicado 25000-23-42-000-2012-02017-01 (0775-2014).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de mayo de 2023, radicado 25000-23-42-000-2015-

02209-01 (0626-2017).

19

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

El carácter nacionalizado de las aludidas designaciones también encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en cuanto dispone que tal condición
la adquieren «los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales»,
conforme ocurrió en el sub lite.

Se aclara que estas directrices normativas y jurisprudenciales operan en el presente
asunto, por cuanto las pruebas aportadas son suficientes para ratificar la vinculación
nacionalizada de la actora; sin embargo, en cada caso concreto deberá analizarse
si existen otros elementos de juicio que conduzcan a establecer una conclusión
distinta.

A su vez, para la época en que fueron expedidos los citados decretos, esta
corporación ha sostenido que los FER «eran financiados con bienes o recursos
aportados tanto por la Nación como por las entidades territoriales, de cuya
administración se responsabilizó a las «autoridades» de los referidos entes, bajo la
supervisión de un delegado del Ministerio de Educación Nacional (artículo 31
ídem)».36

Frente a lo anterior, se ha concluido que los docentes no adquieren la condición de
nacionales por la intervención de un delegado del Ministerio de Educación ante los
fondos educativos regionales o porque sus salarios se pagaran con recursos del
situado fiscal o por el hecho de que las autoridades territoriales actuaran en calidad
de presidentes de las Juntas Administradora de los FER.37

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
37 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023, radicado

63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605–
2019).

20

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

Por el contrario, conforme se expuso en acápites anteriores, esta Sección unificó su
criterio en el sentido de indicar que tales razonamientos no podían oponerse para
reconocer la pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces
situado fiscal -ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas endógenas y exógenas».38

De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre «cuando en el acto
de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya
certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo».

Además, la Ley 91 de 1989 únicamente definió como docentes nacionales a los
nombrados por la mencionada cartera ministerial y el artículo 15 ibidem amparó la
expectativa de quienes se habían vinculado antes del 31 de diciembre de 1980
como educadores territoriales o nacionalizados para acceder a la pensión gracia.

Bajo esta línea de intelección, la jurisprudencia ha explicado que para determinar el
tiempo de servicio válido para acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989 no
estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b.
que los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que
para la referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.39

Así las cosas, respecto de este lapso se tendrá como computable el siguiente
tiempo de servicio:

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
39 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de noviembre de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2013-05752-01

(2535-16).

21

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

Días
Horas al Horas Días laborados
Horas mes laborad laborados Semanas + días de
cátedra Meses (horas as (de (horas laboradas Días de descanso
Desde Hasta Días
seman (días / 30) cátedra * meses * cátedra para vacaciones remunera
a 4,29 horas al laboradas)/ vacaciones do y
semana) mes) 4) vacacione
s
3,7333333 26,133333 94,773333
10 42,9 274,56 68,64
19/05/80 30/11/80 192 6,4 33 33 33
9,766666 5,6972222 39,880555 165,57755
12 51,48 502,788 125,697
08/02/82 30/11/82 293 67 22 56 56
9,333333 5,4444444 38,111111 158,23111
12 51,48 480,48 120,12
21/02/91 30/11/91 280 33 44 11 11
5,1722222 36,205555 169,33855
14 60,06 532,532 133,133
05/03/92 30/11/92 266 9 22 56 56
Total días laborados: 587,9205556 (Aproximados a 588)
Total: 1 año, 7 meses y 18 días

*Nota. Respecto del anterior cómputo se aclara lo siguiente:

• Conforme lo ha expresado esta corporación en anteriores oportunidades,40 en aras de
establecer el tiempo laborado por horas cátedra para efectos pensionales, resulta
necesario acudir a la fórmula prevista en el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 1
de la Ley 33 de 1985, es decir, sumar las horas de trabajo real y dividirlas en 4, cuyo
resultado será el de los días laborados, a los que se adicionan los de descanso
remunerado (sábados y domingos) y de vacaciones (7 semanas al año), todo ello en
proporción al período en que se trabajó por horas cátedra.

• Los cálculos realizados también aplican los siguientes lineamientos: i) artículo 33 de la
Ley 100 de 1993: «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días
calendario»; ii) para el salario mensual se toma en cuenta el mes de 30 días, lo que
multiplicado por los 12 meses que componen un año equivale a 360 días al año;41 iii)
«para efectos de laborales los meses corresponden a períodos de 30 días calendario
por lo cual resulta forzoso concluir que para estos mismos efectos el año estará
conformado por 360 días. En este orden de ideas y dentro del contexto antes referido, el
año consta de 51.42 semanas, número resultante de dividir los 360 días que conforman
el año para efectos laborales, entre el número de días que integran una semana, es decir
siete (7) días».42

2.4.2. Segundo período. Del 1 de septiembre de 1995 al 24 de abril de 201843

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado 08001-23-33-000-2016-

00149-01 (4526-2021).
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 1999, radicado 12503.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2016, radicado 05001-23-33-000-

2014-01754-01 (5073-15).
43 Fecha de expedición de la certificación laboral, en la que se indica que la actora seguía en servicio activo para ese

momento.

22

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

La señora Rubiela Cardona Gómez prestó sus servicios en el magisterio oficial,
conforme al nombramiento efectuado por el Decreto 047 del 2 de agosto de 1995,
suscrito por la alcaldesa del municipio de La Tebaida, para desempeñarse como
profesora de ciencias sociales en secundaria.

A partir del anterior nombramiento, la UGPP ha considerado que la actora tiene una
vinculación del orden nacional; sin embargo, al revisar el certificado de historia
laboral, expedido por la Secretaría de Educación y Cultura del Quindío, se observa
que en este no se especifica que la interesada sea una educadora nacional, sino
que ese es su régimen de pensiones; por el contrario, dicha dependencia aclaró que
la interesada es una docente municipal y que la «descentralización de la educación,
nunca afectó su vinculación original y que hasta la fecha el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio la establece como docente Municipal».

La Sala comparte la afirmación efectuada por dicha Secretaría, en razón a que el
acto de nombramiento fue suscrito por una autoridad territorial y en sus
consideraciones se tuvo en cuenta que «el Jefe de presupuesto municipal certificó
que existe disponibilidad presupuestal para atender dicho gasto».

A lo anterior se agrega que la vinculación de la demandante no puede considerase
como nacional, ya que el acto de nombramiento fue suscrito por la alcaldesa de La
Tebaida y no por el Ministerio de Educación Nacional, como tampoco se hizo
referencia a una autorización por parte de esa cartera para hacer la designación, ni
que la plaza a ocupar fuera de esa naturaleza. En consecuencia, contrario a lo
sostenido por la UGPP, no existe prueba alguna que permita afirmar que la señora
Rubiela Cardona Gómez tuvo una vinculación como docente nacional.

Así las cosas, en el presente caso tiempo de servicio computable para obtener la
pensión gracia corresponde al siguiente:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años

23

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

Nacionalizada 19/05/1980 30/11/1992 18 7 1
(Catedrática)
Territorial 01/09/1995 13/01/201444 12 4 18

TOTAL 0 0 20

De esta manera, la demandante probó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años45 y cumplió con la exigencia de haberse vinculado
antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada demostró el requisito
del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación
pretendida.

Además, la señora Luz María Rodríguez Palencia cuenta con más de 50 años de
edad y durante su labor como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y desempeño con
honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento
del beneficio pensional reclamado.

Ahora bien, conforme al cómputo de tiempo de servicios antes desarrollado, la Sala
concluye que la accionante cumplió los 20 años servicio el 13 de enero de 2014,
fecha para la cual contaba con más de 50 años de edad, es decir, que en ese
momento adquirió el derecho pensional.

En este caso las partes presentaron objeciones en cuanto al período base de
liquidación pensional y la cuantía de la prestación que fueron fijados en primera
instancia.

En lo que atañe al período base de liquidación pensional, la Sala acogerá el criterio
jurisprudencial trazado por esta Subsección en sentencia del 6 de mayo de 2021,
en la que se señaló:46

44 Esta fecha corresponde al día en que la actora consolidó el estatus pensional, pues completó los 20 años de servicio,

teniendo en cuenta que con antelación había cumplido los 50 años edad.
45 Después de la consolidación del estatus pensional, la demandante siguió prestando su servicio como docente.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 mayo de 2021, radicado 19001 23 33 000 2017 00160

01 (3755-2018).

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

Pues bien, tratándose de plazos o términos de meses o años, el artículo 67 del Código
Civil establece que «el primero y último día de un plazo de meses o años deberán
tener un mismo número en los respectivos meses», esto es, deben contarse de fecha
a fecha. A su turno, el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 establece que los plazos de
meses y años se computan según el calendario.

Respecto del cómputo de plazos, esta Corporación47, ha explicado lo siguiente:

El artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 establece:

“Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario.
Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere
feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

De la norma se desprenden dos enunciados que son relevantes para el caso objeto
de análisis. Por una parte se dice que en los plazos de meses y de años, el término
se computa por el calendario. Lo anterior quiere decir que el último día del plazo debe
ser numéricamente igual al del primer día de dicho plazo. Así, por ejemplo, si el
término empezó a correr el día 3, el último día del plazo también deberá ser el 3 del
respectivo mes. El segundo enunciado dice que en los plazos de meses y de años
cuando el último día es feriado o vacante, se extiende dicho plazo hasta el día hábil
siguiente. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el día 3 en que se vencía el plazo es
un domingo, el plazo se extenderá hasta el día siguiente hábil, esto es, el día 4 del
respectivo mes.

Como en el presente caso se trata de la pensión gracia, que se adquiere por los
servicios docentes, el año que sirve de fundamento para su liquidación es el
inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el derecho, por haber reunido los
requisitos de edad y tiempo de servicio, con base en los emolumentos devengados
en dicho periodo, por cuanto, al ser compatible con el ejercicio de la docencia, su
disfrute inicia a partir del momento en el cual el educador cumple los requisitos para
acceder al reconocimiento.

Se encuentra demostrado en el proceso y no es objeto de discusión, que la señora
Elsa Rita Fernández Olave consolidó el derecho a la pensión gracia el 30 de diciembre
de 2004. Así las cosas, si se tiene en cuenta de que anterior significa «Que precede
en lugar o tiempo»48 el año inmediatamente anterior es el comprendido entre el 30 de
diciembre de 2003 y el 30 de diciembre de 2004, pues, se trata de un plazo de un
año, cuyos primero y último día deben tener un mismo número en el respectivo mes.

De acuerdo con el citado lineamiento interpretativo, el año base de liquidación
pensional para la pensión gracia es el inmediatamente anterior a la consolidación
del estatus pensional, que en este caso ocurrió el 13 de enero de 2014 y, por lo

47 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. Radicado 20976, consejera ponente: Martha

Teresa Briceño.
48 Diccionario de la lengua española

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

tanto, el lapso que debe tomarse como referente para efectos pensionales es el
comprendido entre el 13 de enero de 2013 y el 13 de enero de 2014.

En lo que atañe a la cuantía de la prestación, se observa que el a quo fijó un monto
específico de $2.150.907, pero la accionante considera que las operaciones
aritméticas realizadas no son las correctas. Al respecto, la Sala ordenará la
liquidación de la prestación conforme lo ha hecho de manera uniforme para estos
casos, bajo el entendido de que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
se fijan parámetros tendientes a que el fondo de pensiones aplique las fórmulas
aritméticas respectivas, en armonía con la ley y el reglamento.49

Así las cosas, se modificará la sentencia apelada en el sentido de indicar que la
pensión gracia pretendida debe reconocerse en cuantía del 75% del promedio de
los factores devengados por la demandante en el año anterior a la consolidación de
su estatus pensional, comprendido entre el 13 de enero de 2013 y el 13 de enero
de 2014, con inclusión de la asignación básica, bonificación mensual y las primas
de navidad, servicios y vacaciones docentes.

Es pertinente anotar que al plenario se allegó una certificación laboral de los factores
salariales percibidos por la actora en dicho lapso, pero no es clara en cuanto a la
bonificación mensual, ya que no aparece certificada para el año 2013 y para el 2014
se anota «1 junio/14-31 diciembre/15», por lo que es difícil determinar su incidencia
en el período base de liquidación pensional de la actora. También llama la atención
que para el año 2015 aparece idéntica anotación.

En consecuencia, para la ejecución de la sentencia, la interesada deberá aportar a
la UGPP una certificación expedida por la entidad territorial empleadora que
establezca con precisión el monto y fecha de causación de dicho emolumento. A su

49 Este criterio puede consultarse en los siguientes pronunciamientos: i) auto del 21 de enero de 2021, radicado 25000-

23-25-000-2016-00016-01 (0734-2020); ii) sentencia del 12 de mayo de 2014, radicado 25000-23-25-000-2007-00435-02
(1153-12); iii) Concepto de la Sala de Consulta y servicio Civil, consejero ponente: Dr. Jaime Paredes Tamayo, radicado:
369.

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

turno, el fondo de pensiones deberá computar en sus doceavas partes aquellos
factores que tengan una causación anual.50

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y la jurisprudencia de esta corporación, pues «la pensión
gracia debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional».51

De otro lado, esta Subsección ha determinado que «según el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la
fecha en que la obligación se hace exigible, sin mencionar que su conteo es a partir
de que la entidad expide el acto administrativo que resuelve la pretensión
formulada».52

A su vez, se ha explicado que «presentada la petición ante la administración esta
interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, el interesado cuenta con tres
años para su reclamación en sede judicial, al cabo de los cuales su inactividad
implicará la extinción de su derecho, y por ende, no será posible acceder al
restablecimiento del derecho».53

De acuerdo con los anteriores derroteros, se concluye que en este caso debe
aplicarse el fenómeno prescriptivo, toda vez que la actora consolidó el estatus
pensional el 13 de enero de 2014, elevó la reclamación ante la UGPP el 22 de junio
de 2017 y presentó la demanda el 17 de octubre de 2018,54 por lo que se tomará la
fecha de la petición como parámetro para el conteo de la prescripción trienal. En

50 Al respecto ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017); ii) del 31 de enero de 2018, radicado 17001-23-33-000-2012-000269-01 (2926-2013); y iii)
del 2 de marzo de 2017, radicado 25001-23-42-000-2013-05374-01 (1363-15).
51 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de enero

de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
52 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido puede

consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945-19).
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado 54001-23-33-000-

2014-00010-01 (3243-19).
54 Entre la petición y la presentación de la demanda no transcurrieron 3 años (folio 150).

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

consecuencia, los efectos fiscales del reconocimiento pensional se decretarán a
partir del 22 de junio de 2014.

De otro lado, la UGPP argumentó que compartía la sentencia de primera instancia en
tanto autorizó efectuar los descuentos en salud sobre el retroactivo pensional; sin
embargo, solicitó que se adicionara dicha decisión en el sentido de aplicar el cálculo
actuarial a dicha condena.

La Sala no atenderá favorablemente dicha solicitud, ya que ni el Decreto 780 de
2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social,55 ni el Decreto
1833 de 2016, compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones,
prevén la aplicación del cálculo actuarial para los descuentos que se giran al sistema
de salud respecto de los retroactivos pensionales. En consecuencia, la Sala carece
de soporte normativo para dictar una orden en los términos pretendidos por la UGPP.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,56 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de

55 Adicionado por el Decreto 2265 de 2017.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser modificada para
precisar el alcance del derecho pensional reconocido y será confirmada en lo
demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales primero, tercero, cuarto y quinto de la
providencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia, los cuales quedarán de la siguiente forma:

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

PRIMERO: DECLÁRESE parcialmente probada la excepción de prescripción y no
probadas las excepciones de falta de requisitos, inexistencia de la obligación
y cobro de lo debido.
[…]

TERCERO: DECLÁRESE que la señora Rubiela Cardona Gómez, identificada con
cédula de ciudadanía 24.495.218, tiene derecho a que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, le reconozca, liquide y page la pensión gracia, en
cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a
la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 13 de enero de
2013 y el 13 de enero de 2014, con inclusión de la asignación básica,
bonificación mensual y las primas de navidad, servicios y vacaciones
docentes, según certificación que deberá expedir el ente territorial empleador,
conforme se explicó en la parte motiva de esta sentencia. La prestación tendrá
efectos fiscales a partir del 22 de junio de 2014 por haber operado el fenómeno
de la prescripción trienal. La mencionada pensión será ajustada cada año en
los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: CONDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a que sobre las
sumas adeudadas le pague a la actora el reajuste de su valor, conforme al
índice de precios al consumidor, con la aplicación de la fórmula referenciada
en la parte motiva de este fallo y con efectos fiscales a partir del 22 de junio
de 2014. Sobre la pensión reconocida y el retroactivo a pagar, la accionada
hará los correspondientes descuentos para el sistema de salud del 12%.

QUINTO: ORDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, incluir en nómina
de pensionados el valor que debe ser reconocido y el pago de la liquidación
de las mesadas atrasadas, con efectos fiscales a partir del 22 de junio de 2014.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 4 de abril de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda incoada por la señora Rubiela Cardona Gómez contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019)
Demandante: Rubiela Cardona Gómez

Cuarto. Aceptar la renuncia del poder presentada por el abogado Alberto Pulido
Rodríguez, bajo el entendido de que allegó la comunicación de que trata el inciso 4
del artículo 76 del CGP.57

Quinto. Reconocer personería a los abogados Jhon Jairo Bustos Espinosa y Tania
Esmeralda López Rubio, como apoderados de la UGPP, en los términos y para los
efectos del poder conferido.58 Se aclara que la última de los citados es quien en la
actualidad ejerce la defensa judicial de la entidad.

Sexto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

57 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
58 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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