Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00180-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00180-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2018-00180-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020)
Demandante: Ana María Hoyos Pontón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial y nacionalizado. Docente de hora
cátedra. Docente interino. Traslado por permuta. Aplicación de
sentencias de unificación del 22 de enero del 2015, 21 de junio
de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora ANA MARÍA HOYOS PONTON instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
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PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 001830 del 19 de enero de 2018
y RDP 013054 del 13 de abril de 2018, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de
apelación en contra del primer acto administrativo enunciado.
Que se condene a la UGPP a reconocer y pagar la mencionada prerrogativa a partir
del 24 de noviembre de 2010, pero con efectos fiscales a partir del 5 de octubre de
2014 por prescripción trienal de mesadas, con todos los reajustes conforme a lo
previsto en el artículo 187 del CPACA.
Que se ordene a la parte pasiva dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo
192 y 195 del CPACA, y que esta asuma las costas a que haya lugar.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la demandante nació el 22 de noviembre de 1957. Que cumplió 20 años de
servicio el 23 de noviembre de 2010 al prestar sus servicios a favor del
departamento del Quindío y del municipio de Armenia, de la siguiente manera:
En el departamento del Quindío laboró desde el 19 de septiembre de 1978 al 25 de
noviembre de 1978 y desde el 19 de febrero de 1979 al 13 de mayo de 1979.
Posteriormente, prestó sus servicios en la misma entidad como docente de hora
cátedra desde el 26 de marzo de 1984 al 30 de noviembre de 1984, del 1°. de
febrero de 1985 al 30 de noviembre de 1985, del 20 de marzo de 1986 al 30 de
noviembre de 1986, y del 5 de marzo de 1987 al 30 de noviembre de 1987, y
finalmente tuvo una vinculación desde el 19 de julio de 1988 al 14 de septiembre de
1988.
En el municipio de Armenia, trabajó desde el 30 de septiembre de 1994 al 30 de
noviembre de 1994, desde el 18 de septiembre de 1995 al 14 de febrero de 1996 y
desde el 15 de febrero de 1996 al 12 de mayo de 2014.
Que, el 5 de octubre de 2017, la señora Hoyos Pontón solicitó ante la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia por haber cumplido con los requisitos
exigidos en las normas que regulan la pensión gracia.
1 Folios 80 a 81.
2 Folios 81 a 82.
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Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de las Resolución RDP
001830 del 19 de enero de 2018 y mediante la RDP 013054 del 13 de abril de 2018,
confirmó la negativa al resolver el recurso de apelación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron los artículos: 2, 25 y 58 de la Constitución Política; 27, 30 y 31 del
Código Civil, las leyes 4° de 1966, 114 de 1913 y 37 de 1933, 91 de 1989, 39 de
1903, 153 de 1887, 4° de 1976; los Decretos 435 de 1971, 446 de 1973, 1221 de
1975 y el Código Sustantivo del Trabajo.
Que la actora cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913
y que no son de recibo los argumentos planteados por la UGPP para negar su
derecho al manifestar que no existe certeza respecto al tipo vinculación, pues se
allegaron los actos de nombramiento que fueron originados por la gobernación del
Quindío, otorgándole a su vinculación el carácter de territorial, lo cual se verifica en
la certificación de tiempo de servicio aportada.
Que la negativa de la pensión resulta violatoria de los principios constitucionales ya
que la demandante cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de la misma, la
cual se encuentra tutelada legalmente.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 30 de octubre de 20184 y notificada a
la UGPP5, quien radicó memorial de contestación6 en el que expuso que, la docente
no cuenta con 20 años al servicio de la docencia territorial o nacionalizado, pues los
tiempos prestados en calidad de nacional y los desempeñados en cargos de
carácter administrativo total o parcialmente, no pueden ser tenidos en cuenta.
Propuso como excepciones7 las que denominó: (i) falta de requisitos, (ii) inexistencia
de la obligación, (iii) cobro de lo no debido, y, (iv) prescripción.
En la audiencia inicial8 se indicó que todas las excepciones serían resueltas al
momento de proferirse el fallo. Se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la
demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló
que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas. Mediante auto
3
Folios 82 a 91.
4 Folio 98 a 100.
5 Folio 105.
6 Folios 165 a 184.
7 Folio 105.
8 Folios 145 a 147.
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del 8 de mayo de 2019, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión de
manera escrita.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9
El Tribunal Administrativo del Quindío dictó sentencia escrita el 31 de octubre de
2019, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.
Para ello argumentó que, el periodo laborado desde el 6 de febrero de 1998 al 27
de abril de 2004 debe excluirse del cómputo de tiempos para la pensión gracia por
ser prestado como docente nacional, esto teniendo en cuenta que la permuta
voluntaria que realizó la docente a un establecimiento del orden nacional como lo
es el INEM José Celestino Mutis, generó que esta adquiriera dicha calidad.
Que de la sumatoria del tiempo laborado como docente territorial no resulta
suficiente para reconocer el beneficio pensional ya que no es igual o superior a los
20 años de servicio exigidos por la ley para reconocer la prerrogativa.
No condenó en costas a la parte vencida teniendo en cuenta la línea jurisprudencial
dispuesta por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de febrero de 2018, en la
cual se debe valorar la causación de las costas y agencias en derecho en cada
caso, y que, para el presente, no se ocasionaron las mismas conforme al numeral
8 del artículo 365 del CGP.
EL RECURSO DE APELACIÓN10
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se acceda a sus pretensiones. Para ello
adujo que, el tribunal desconoció lo regulado por la ley y la jurisprudencia, pues
según la Ley 91 de 1989 son docentes nacionales aquellos vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional, y que descendiendo al caso en concreto,
ninguno de los actos de nombramiento y posesión fue expedido por el Ministerio de
Educación Nacional, sino por la misma entidad territorial y que además, sus salarios
fueron pagados con recursos de Sistema General de Participaciones, confirmando
su vínculo territorial.
Que la permuta efectuada no afectó el tipo de vinculación territorial, considerando
que, conforme al artículo 3 del Decreto 1706 de 1989, los permutantes deben tener
igual tipo de vinculación, por lo que su permuta solo podía darse entre docentes
territoriales y que incluso, su entidad nominadora continúo siendo el ente territorial
y no hubo solución de continuidad, pues también fue esta misma quien valoró la
9 Folios 294 a 312.
10Folios 322 a 323.
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petición y tomó la decisión de autorizarla mediante Decreto No. 112 de 1998.
Concluyó que, los dos elementos fundamentales para probar el derecho a la pensión
gracia es el tipo de vinculación y el origen de los recursos con los que se pagan las
acreencias de los docentes y que, en su caso, quedó demostrado que la vinculación
fue territorial y que sus salarios fueron pagados con recursos del SGP.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante11 y demandada12 presentó escrito de alegaciones finales en
el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Segunda delegada ante esta Corporación, guardó silencio.13
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio, en particular una con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su
acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
11
Ver expediente digital en el índice 21 de SAMAI.
12 Ver expediente digital en el índice 22 de SAMAI.
13
Según constancia secretarial visible a folio 236 del expediente.
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Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
14 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
16Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,17 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020)
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
b. Sobre el cómputo de tiempos de servicio como docente de hora cátedra
según la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015
Al respecto se precisa que, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el
22 de enero de 2015 dentro del proceso radicado número 25000-23-42-000-2012-
02017-01, mediante la cual abordó, entre otros temas, el relacionado con la
contabilización de los períodos de labor de los docentes vinculados por hora
cátedra.
Para los efectos, la sentencia en comento precisó que el Decreto 259 del 6 de
febrero de 198116 indicó en relación con el ascenso de un docente, que aquel debía
certificar el tiempo de servicio, respecto del cual se previó también que en los casos
en que se tratara de un maestro oficial que no fuera de tiempo completo, el
certificado tendría que especificar el número de horas cátedra, lo que permitía
concluir que era posible el cómputo del lapso de servicio como educador bajo dicha
modalidad de trabajo.
Igualmente, se resaltó que el artículo 1º, parágrafo 1º de la Ley 33 de 1985 dispuso
que para determinar el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación
sería computable como jornada completa de trabajo docente aquella compuesta por
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020)
cuatro (4) horas diarias y, además, se indicó la fórmula a aplicarse para el cálculo
de dicho tiempo, así.
«[…] PARÁGRAFO 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión
de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de
cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo
empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo
real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el
de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones,
conforme a la ley. […]»
Sobre el punto, en la referida providencia también se planteó lo siguiente.
«Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:
“(…) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones
similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la
ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus
propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones
sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (…)”
Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24
de agosto de 2001 indicó que era posible tener en cuenta el(sic) para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como docente
hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1º del
artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 200317 dictada por esta Corporación
se ratificó el anterior criterio, para lo cual se concluyó que,
“(…) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar a la
pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 señala
que sólo se computaran como jornadas completas de trabajo las de cuatro horas
diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan
a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas
por cuatro, el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y
se adicionará con los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.
En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes y
los sábados y los domingos corresponden a días de descanso remunerados, se
deberán adicionar estos días, al igual que los días de vacaciones escolares de
semana santa (1 semana) y de vacaciones intermedias (4 semanas) de conformidad
con el numeral 2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado por el artículo
3° del Decreto 1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto
Reglamentario 1860 de 1994. Así las cosas deben(sic) entenderse que cuatro horas
diarias de labor académica deberán computarse como una jornada completa de
trabajo, lo que significa que veinte horas semanales suman ochenta mensuales.
(…)”
[…] En el sub judice, la demandante prestó sus servicios como docente de tiempo
completo en propiedad durante los siguientes periodos:
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[…] El anterior tiempo de servicio como docente de tiempo completo da un total de
17 años, 4 meses y 23 días, el cual resulta insuficiente para acceder a la prestación
reclamada, sin embargo el actor acreditó que durante el periodo comprendido entre
el 5 de junio de 1985 al 30 de septiembre de 1993 se vinculó como docente externa
de cátedra con el Departamento de Sucre. Encontrando la Sala acreditado que dictó
las siguientes horas:
[…] De conformidad con la Ley 33 de 1985, artículo 1º, parágrafo 1º, el total de las
horas dictadas se dividen por 4 para establecer los días laborados, de la siguiente
manera: 6.548,106/4 = 1.637,0265 días laborados (equivalentes a 4,485 años
laborados, es decir a 4 años, 5 meses y 24 días). […]».
En cuanto a la inclusión de los días de descanso remunerados y las vacaciones, en
jurisprudencia de esta Corporación18 se precisó,
«[…] En relación con las vacaciones para el personal docente, el Decreto 2277 de
1979, dispone:
“Artículo 67. VACACIONES. Los docentes al servicio oficial tendrán derecho a las
vacaciones que determine el calendario escolar.”
De conformidad con los artículos 8o del Decreto 174 de 1982, 4 del decreto 1235 de
1982, 1º del decreto 1786 de 1985, 61 del Decreto 1278 de 200241, y artículo
2.4.3.4.1 del Decreto1075 de 2015; los docentes y directivos docentes estatales
disfrutan de vacaciones colectivas por espacio de siete (7) semanas en el año,
incluida Semana Santa […]».
De lo expuesto se concluye que la jurisprudencia vigente considera posible el
cómputo del tiempo servido como docente por hora cátedra a efectos de satisfacer
el requisito de tiempo exigido para acceder a la pensión gracia, que no es otro que
el de cumplir 20 años de servicio y que, se recuerda, deben ser con una vinculación
del orden territorial o nacionalizado, tal y como se expuso en acápite precedente.
c. Docente interino
Según el criterio ampliamente decantado por el órgano de cierre Vértice de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo los tiempos prestados como docente en
interinidad también deben contabilizarse para efectos de la pensión. Así, en
sentencia del 14 de noviembre de 201518, se precisó:
«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
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mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. Lo
anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Frente al primer requisito relacionado con la edad, se observa que la señora Ana
María Hoyos Pontón nació el 22 de noviembre de 1957, y cumplió los 50 años el 22
de noviembre de 2007.
El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial.
• Periodo I: Interinidad en los años 1978, 1979, 1988, 1994 y 1996 – periodos
interrumpidos
Respecto a los periodos laborados en calidad de docente interina, la demandante
demostró ejercer su cargo en los siguientes periodos: (i) del 19 de septiembre de
1978 al 28 de septiembre de 1978 (10 días)19, (ii) del 9 de octubre de 1978 al 25 de
noviembre de 1978 (1 mes y 17 días)20, (iii) del 19 de febrero de 1979 al 13 de mayo
de 1979 (2 meses y 25 días)21, (iv) del 5 de julio de 1988 hasta el 30 de agosto de
19
Se demuestra con el Decreto 590 de 1978 (Folios 214 a 215), mediante el cual se nombró a la docente como
interina a partir del 19 de septiembre de 1978 y los certificados con radicado No. 7025 (Folio 10) y 569 (Folio
212), emitidos ambos por la Secretaría de Educación Departamental del Quindío en los que se indica que la
referida interinidad duró 10 días.
20
Se demuestra con el Decreto 675 de 1978 (Folio 216 a 218), mediante el cual se nombró a la actora como
maestra seccional urbana de Armenia a partir del 9 de octubre de 1978 y mientras duró la licencia de José Elgar
García Trujillo, la cual finalizó con el Decreto 0752 de 1978 (Folios 17 a 18) en cual consta que el docente José
Elgar García Trujillo se reintegró a partir del 25 de noviembre de 1978, indicando también que el nombramiento
de la reclamante surtió efectos hasta esa misma fecha.
21
Se demuestra con el Decreto 0084 de 1979 (Folios 219 a 220), mediante el cual se nombró a la demandante
como maestra seccional urbana de Armenia a partir del 19 de febrero de 1979, mientras duró la licencia de Eddy
Rincón de Correa, la cual se prorrogó a partir del 13 de abril de 1979 mediante Decreto 0185 de 1979 (Folios
222 a 224), cuya duración fue hasta el 13 de mayo, según se indicó en el certificado No. 7025 y 569.
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1988 (1 mes y 26 días)22, (v) del 3 de octubre de 1994 hasta el 30 de noviembre de
1994 (1 mes y 28 días)23, y (vi) del 18 de septiembre de 1995 al 14 de febrero de
1996 (4 meses y 27 días)24.
Respecto al ejercicio de la labor docente en interinidad, para la Subsección es claro
que los tiempos de servicio prestados bajo tal modalidad pueden ser valorados para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia25, siempre y cuando la misma se
haya ejercido en plazas territoriales o nacionalizadas, pues el nombramiento
efectuado, aunque sea provisional, por carrera administrativa o de manera
transitoria, en nada afecta la prestación del servicio, cobrando relevancia
únicamente la relación legal y reglamentaria sostenida por el docente.
Así las cosas, respecto a la plaza ocupada por la educadora durante cada periodo
en estudio, se observa que, para los comprendidos entre el 19 de septiembre de
1978 al 28 de septiembre de 1978, el 9 de octubre de 1978 al 25 de noviembre de
1978 y el 19 de febrero de 1979 al 13 de mayo de 1979, la categoría ocupada por
esta fue de carácter territorial, toda vez que, en los decretos de nombramiento que
originaron cada uno de estos lapsos (Decreto 590 de 1978, Decreto 675 de 1978,
Decreto 0752 de 1978, Decreto 0084 de 1979 y Decreto 0185 de 1979) no se
advierte que el cargo ejercido por la reclamante haya sido de aquellos propios de la
planta de personal de la Nación, o que hubiese sido vinculada por la autoridad
territorial como representante de aquella cartera en virtud de una autorización legal,
por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden
nacional.
De igual manera, tampoco se señala en los actos en mención que esta plazas se
hubiesen ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación Nacional, intervención que tampoco se
encuentra en los decretos.
22
Se demuestra con el Decreto 0460 de 1988 (Folios 225 a 226), mediante el cual se nombró a la actora
mientras duró la licencia de maternidad de la señora Jackeline Rojas Arias, la cual fue reconocida desde el 6
de julio de 1988 hasta el 30 de agosto de 1988.
23
Se demuestra con el Decreto 299 de 1994(Folios 50 a 51), a través del cual se nombró a la docente mientras
duró la licencia del señor Albeiro Martínez Valencia, la cual fue reconocida desde el 3 de octubre de 1994 al 30
de noviembre de 1994.
24
Se demuestra con el Decreto 356 de 1995 (Folios 53 a 54), por el cual se nominó a la demandante mientras
duró la comisión del señor Luis Albeiro Martínez Valencia, a partir del 18 de septiembre de 1995 y con el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 22 de junio 2017, en el que se evidencia
que la provisionalidad de la actora emanada del Decreto 356 de 1995 finalizó el 14 de febrero de 1996.
25
Ver sentencia del 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-2014-02454-01 (2663-2019).
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Contrario a lo expuesto, sí se concluye con claridad que el nombramiento de la
actora en este caso tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad
nominadora, lo que logra acreditar una calidad territorial de la actividad docente.
La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 en
el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
Respecto a los tiempos laborados entre el 5 de julio de 1988 hasta el 30 de agosto
de 1988, el 3 de octubre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 1994, y el 18 de
septiembre de 1995 al 14 de febrero de 1996, se percata que la docente ejerció su
actividad en calidad nacionalizada, pues en el Decreto No. 0460 de 1988 se
encuentra que el gobernador del Quindío profirió el acto en calidad de presidente
de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del Quindío, y en el mismo
sentido se observa la firma del Delegado Regional del Quindío ante el Ministerio de
Educación Nacional.
En el mismo modo, en los Decretos 299 de 1994 y 356 de 1995, la Alcaldía de
Armenia profirió ambos actos en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
9° de la Ley 29 de 1989, el cual consagra que:
«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas
adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa
vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los
cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las
disponibilidades presupuestales correspondientes. […]» (Negrilla y subrayado fuera de
texto).
Recordemos que el alcance de dicho precepto es relativo a la desconcentración
administrativa al asignar como función a cargo de los alcaldes, la de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos nacionales y nacionalizados, y que además
se deben verificar las causas y contextos de la vinculación para determinar la
connotación de la plaza ocupada.
Pues bien, en el presente caso, no se observa una intervención directa del Ministerio
de Educación Nacional en la vinculación ni el ejercicio de la autoridad territorial en
calidad de representante de la mencionada cartera, pero, sí se evidencia una
participación del delegado ante el FER al certificar la disponibilidad presupuestal y
la vacancia temporal del cargo, permitiendo concluir lo anterior que la naturaleza
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jurídica de la plaza ocupada por la recurrente durante el período bajo examen, se
corrobora como nacionalizada.
En ese orden de ideas, claramente puede extraerse que la plaza asignada a la
docente en los tres interregnos referidos fue creada y ocupada en cumplimiento de
los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975 y corresponde a aquella definida por la Ley
91 de 1989 que en su artículo 1º consagró «Personal nacionalizado. Son los docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.»
(Líneas intencionales), esto considerando que la autoridad territorial no actuó con
autonomía en el nombramiento realizado, sino que, delimitó sus funciones al marco
legal de la Ley 43 de 1975 y en consecuencia requirió el aval del delegado del MEN,
por lo que resulta adecuado concluir que la naturaleza jurídica de la plaza ocupada
por la recurrente durante el período bajo examen fue nacionalizada.
Por consiguiente, los tiempos de labor oficial de la demandante como educadora
territorial entre el 19 de septiembre de 1978 al 28 de septiembre de 1978, 9 de
octubre de 1978 al 25 de noviembre de 1978, el 19 de febrero de 1979 al 13 de
mayo de 1979, y como nacionalizada entre el 5 de julio de 1988 hasta el 30 de
agosto de 1988, el 3 de octubre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 1994, y el
18 de septiembre de 1995 al 14 de febrero de 1996 (1 año, 1 mes y 13 días),
deben ser incluidos a efectos de acumular el tiempo de servicio para satisfacer el
requisito de 20 años contemplado en la Ley 114 de 1913 en orden de consolidar el
derecho a la pensión gracia.
• Periodo II: horas cátedra laboradas mediante actos administrativos de
nombramiento entre los años 1984, 1985, 1986 y 1987.
Obran en el plenario los decretos de nombramiento de la actora para cada uno de
los periodos laborados como docente de hora cátedra, en los que además se
observa el tiempo durante el que se desempeñó en dicha modalidad y las horas
semanales trabajadas.
A saber, mediante el Decreto 109 de 198426 se nombró a la actora por 3 meses, con
una intensidad de 15 horas semanales posesionándose para el efecto el 26 de
marzo de 198427, y a través del Decreto 346 de 198428 se nominó a la demandante
a partir del 1° de junio de 1984 hasta el 30 de noviembre de 1984, con una intensidad
de 15 horas semanales.
Por el Decreto 0061 de 198529, se designó a la docente para ejercer sus labores
desde el 1° de febrero de 1985 al 30 de noviembre de 1985 con una intensidad de
26
Folio 228 a 229.
27
Folio 230.
28
Folio 231 a 232.
29
Folios 235 a 237.
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12 horas semanales, y mediante el Decreto 0136 de 198630 se vinculó a la
accionante, la cual desempeñó su cargo desde su posesión el 20 de marzo de
198631 hasta el 30 de noviembre de 1986 conforme lo indica el certificado emitido
por la Secretaría de Educación Departamental del Quindío con radicado No. 56932.
Por último, mediante el Decreto 0111 de 198733 se nombró a la docente con una
intensidad de 12 horas semanales, nominación cuya duración fue desde el 5 de
marzo de 1987 (fecha de posesión34) hasta el 30 de noviembre de 1987, según se
indica en el certificado No. 569.
Respecto a la calidad de la vinculación docente, de los actos referidos se puede
concluir su naturaleza nacionalizada, ya que, en cada uno de los decretos antes
mencionados, expresamente se indica que el gobernador del departamento del
Quindío decidió en ejercicio de sus facultades legales y en calidad de presidente de
la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del Quindío “FERQ”.
Sobre este aspecto, resulta esencial traer a colación el Decreto 102 de 1976 que
refiere a la descentralización la administración de los planteles nacionales de
educación, y el cual dispuso que:
«Artículo 1°: Los planteles nacionales de educación, con excepción de las
universidades, serán administrados por los Fondos Educativos Regionales - FER,
en las condiciones que establece el presente Decreto. […]
Artículo 3°: Las Juntas Administradoras de los F.E.R. se integrarán así:
a) Por el Gobernador, Intendente, Comisario o el Alcalde del Distrito Especial de
Bogotá, quien será el Presidente de la Junta:
b) El delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional;
c) El Secretario de Educación de la respectiva entidad territorial;
[…]
Artículo 6°: Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el Alcalde del Distrito
Especial de Bogotá serán los ejecutores de las decisiones de las Juntas
Administradoras de los F.E.R.»
A su vez, el Decreto 378 de 1976, «por el cual se reglamenta lo dispuesto en el Decreto
extraordinario número 102 de 1976 sobre Fondos Educativos Regionales, Juntas
Administradoras de dichos Fondos y se dictan otras disposiciones», sobre las Juntas
Administradoras de los FER, estableció que:
30
Folios 239 a 241.
31
Folio 242.
32
Folio 212.
33 Folio 243.
34
Folio 244.
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«Artículo 6º: Las Juntas Administradoras de los FER presentarán al Ministro de
Educación, para su aprobación, la planta de personal del Fondo Educativo Regional
respectivo, con indicación de las funciones, clases, grados y sueldos de los cargos,
de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.
Artículo 7º: La provisión de los cargos docentes y administrativos pagados por los
FER, creados por el Gobierno Nacional o por el Gobierno departamental,
intendencial, comisarial y distrital, según el caso, se hará mediante decreto o
resolución de los respectivos Jefes de la administración seccional, en su calidad de
ejecutores de las decisiones de las Juntas Administradoras de los FER.»
A partir de lo expuesto, resulta adecuado concluir que las plazas ocupadas por la
demandante como docente de hora cátedra, fueron creadas en cumplimiento de la
Ley 43 de 1975, en virtud de la cual los recursos para atender el proceso de
nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER)
con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de
Educación, esto considerando que el gobernador no actuó con autonomía en
calidad de máxima autoridad administrativa departamento, sino como presidente de
Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del Quindío, la cual era la
encargada de la administración de los planteles educativos nacionalizados.
Además, es adecuado resaltar que el Consejo de Estado 21 ha precisado sobre la
clasificación aludida que: «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975».
Es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación y clasificación de
las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que en su artículo 1.º
consagró lo siguiente:
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Líneas intencionales).
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18
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Con base en lo anterior, se considera que la demandante fue maestra oficial
nacionalizada durante los periodos laborados en hora cátedra.
Una vez reconocido que la señora Ana María Hoyos Pontón fue contratada por el
departamento del Quindío como docente de hora cátedra nacionalizada, procederá
esta Sala a computarlas tal y como lo ha expuesto el parágrafo primero del artículo
1. ° de la Ley 33 de 198535, 33 de la Ley 100 de 199336 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado37, así:
# DE
# DE DÍAS
HORAS
HORAS DÍAS # DE LABORADO
# DE LABORAD
# DE AL MES LABORADO SEMANAS # DE S + DÍAS DE
TOTA HORAS AS (#DE
MESES (#HORAS S (#HORAS LABORAD DÍAS DE DESCANSO
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS L CÁTEDRA MESES *
(DÍAS / CÁTEDRA CÁTEDRA AS PARA VACACI REMUNERA
DÍAS SEMANAL #HORAS
30) * 4,29 LABORADA VACACIO ONES DO Y
ES LABORAD
SEMANAS S)/4) NES VACACIONE
AS AL
) S
MES)
15 0,16666 64,35 10,725 2,68125 0,0972222 0,68055 3,361805556
6667 22 5556
26/03/1984 30/03/1984 0 0 5 5
15 5,16666 64,35 332,475 83,11875 3,0138888 21,0972 104,2159722
6667 89 2222
26/06/1984 30/11/1984 0 5 5 155
12 10 51,48 514,8 128,7 5,8333333 40,8333 169,5333333
33 3333
1/02/1985 30/11/1985 0 10 0 300
12 8,36666 51,48 430,716 107,679 4,8805555 34,1638 141,8428889
6667 56 8889
20/03/1986 30/11/1986 0 8 11 251
12 8,86666 51,48 456,456 114,114 5,1722222 36,2055 150,3195556
6667 22 5556
5/03/1987 30/11/1987 0 8 26 266
TOTAL DE DÍAS LABORADOS 436,293 569,2735556
Ahora del anterior cálculo, al realizar la conversión de los 569 días aproximados38,
la señora Hoyos Pontón prestó las horas cátedras con vinculación nacionalizada
35 El cálculo se realiza al sumar las horas de trabajo prestadas y dividirlas en 4, resultado equivalente a los días
laborados y sumados con los días de descanso remunerado (sábados y domingos) y de vacaciones (7 semanas
al año).
36 Parágrafo 2 del artículo 33 «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días calendario»
37 «[…]Así, si para el salario mensual se toma en cuenta el mes de 30 días, lo que multiplicado por los doce (12)
meses que componen un año equivale a 360 días al año […]».
«[…] para efectos de laborales los meses corresponden a períodos de 30 días calendario por lo cual resulta
forzoso concluir que para estos mismos efectos el año estará conformado por 360 días. En este orden de ideas
y dentro del contexto antes referido, el año consta de 51.42 semanas, número resultante de dividir los 360 días
que conforman el año para efectos laborales, entre el número de días que integran una semana, es decir siete
(7) días […]».
Entre otras, ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero
de 2023, radicado 08001-23-33-000-2016- 00149-01 (4526-2021); 4 de marzo de 1999, radicado 12503;10 de
octubre de 2016, radicado 05001-23-33-000- 2014-01754-01 (5073-15). Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014) y
sentencia del 30 de noviembre de 2023, radicado: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019).
38 Por aplicación de regla de 3, en el equivalente de 1 año (360 días) y 1 mes (30 días).
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020)
durante (1 año, 6 meses y 29 días), tiempos que ameritan ser incluidos en el
reconocimiento de la pensión.
Al tiempo concluido en virtud del cómputo anterior, deberán sumársele 25 días
adicionales, los cuales equivalen al lapso comprendido entre el 1° de junio de 1984
y 25 de junio de 1984, esto bajo el entendido de que, los nombramientos como
maestra de hora cátedra originados por los Decretos 109 de 1984 y 346 de 1984,
compartieron el periodo referido, y al ejercer la actividad de docente catedrática con
una intensidad de 15 horas semanales en cada nominación, sumadas ambas
resultan un total de 30 horas semanales en dicho interregno.
Lo expuesto previamente encuentra sustento en las normas ya referidas para el
cálculo de los periodos anteriores39, en particular en la sentencia de unificación del
22 de enero de 2015 que a su vez refiere a la sentencia del 8 de agosto de 2003
respecto a la jornada laboral docente, las cuales indican lo siguiente para determinar
si las horas cátedra se deberán contar como tiempo completo o si es necesario
realizar el cálculo de la Ley 33 de 1985:
«(…) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar
a la pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985
señala que sólo se computaran como jornadas completas de trabajo las de
cuatro horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo
empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas
de trabajo real y dividiéndolas por cuatro, el resultado que así se obtenga se
tomará como el de días laborados y se adicionará con los del descanso
remunerado y de vacaciones conforme a la ley.
En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes
y los sábados y los domingos corresponden a días de descanso remunerados,
se deberán adicionar estos días, al igual que los días de vacaciones escolares
de semana santa (1 semana) y de vacaciones intermedias (4 semanas) de
conformidad con el numeral 2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982
modificado por el artículo 3° del Decreto 1235 de 1982 en armonía con el
artículo 58 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994.
Así las cosas deben entenderse que cuatro horas diarias de labor académica
deberán computarse como una jornada completa de trabajo, lo que significa
que veinte horas semanales suman ochenta mensuales. (…)»
Por consiguiente, los docentes de hora cátedra que presten sus servicios por más
de 20 horas semanales (4 horas diarias) son considerados docentes de tiempo
completo, y solo para aquellos que presten su servicio por un tiempo inferior, deberá
aplicarse el cómputo de la norma40, sumando las horas realmente trabajadas
divididas entre 4 con el fin de determinar los días trabajados, incluyendo a su vez
los descansos remunerados y vacaciones.
39
Artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 y 33 de la Ley 100 de 1993.
40
Artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985.
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La demandante entonces, prestó las horas cátedra durante (1 año, 3 meses y 24
días), tiempo que debe ser incluido en el reconocimiento de la pensión gracia, ya
que este se considera desarrollado en virtud de relaciones legales y reglamentarias
nacionalizadas que cumplen con la condición necesaria para colmar el requisito del
tiempo de servicio exigido en Ley 114 de 1913, pues la modalidad de trabajo por
hora cátedra es una formalidad que no enerva el tipo de servicio prestado
sustancialmente, el cual para el caso de la actora efectivamente fue el de docente
oficial.
• Periodo III: del 15 de febrero de 1996 al 12 de mayo de 2014
Para la acreditación del periodo enunciado, se encuentra en el expediente el
Decreto 00031 de 1996 del 19 de enero de 199641, el cual nombra en carrera a la
demandante como docente de educación básica primaria del departamento del
Quindío, observándose el acta de posesión No. 147 en donde se puede corroborar
que la actora inició sus labores el día 15 de febrero de 1996, y en el mismo sentido,
obra en el plenario el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 22 de junio de 201742, el cual indica que la demandante finalizó
su carrera el día 12 de mayo de 2014 a causa de una pensión de invalidez, lo cual
se comprueba con la Resolución No. 0855 de 201443, por la cual se retira del servicio
a la docente por invalidez en la mencionada fecha.
Respecto a la calidad de la vinculación docente, del mismo acto administrativo de
nombramiento se puede observar la participación del delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional ante el FER del Quindío con la certificación de la
disponibilidad presupuestal para el nombramiento en carrera de los docentes para
los diferentes municipios del departamento; interviniendo también dicho delegado
en la firma del mentado acto, permitiendo extraer tal actuación que la plaza asignada
a la docente fue creada y ocupada en cumplimiento de los artículos 6 y 10 de la Ley
43 de 1975 y corresponde a aquella definida por la Ley 91 de 1989 que en su artículo
1º consagró «Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.»
(Líneas intencionales); esto considerando que la gobernadora no actuó con
autonomía en el nombramiento realizado, y en consecuencia requirió el aval del
delegado del MEN, por lo que resulta adecuado concluir que la naturaleza jurídica
de la plaza ocupada por la recurrente durante el período bajo examen fue
nacionalizada.
Con la claridad de la vinculación inicial de la actora, se debe traer a colación que en
la mentada historia laboral se advierte que la docente tuvo diferentes traslados,
41
Folios 44 a 46.
42
Folio 45.
43
Folio 65.
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21
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entre ellos, aquel sobre el que versa el motivo de litigio en esta instancia, siendo
este el periodo comprendido entre el 6 de febrero de 1998 al 27 de abril de 2004,
tiempo en el que trabajó en el Colegio INEM José Celestino Mutis, en virtud de la
permuta efectuada mediante Decreto 112 del 6 de febrero de 199844.
En contraposición a la decisión del tribunal de primera instancia sobre la labor
desempeñada en la referida institución educativa, esta Subsección considera que
dicho interregno es susceptible de ser tenido en cuenta para efectos del cómputo
de tiempos para acceder a la pensión gracia, en tanto la naturaleza de la vinculación
de la demandante originada en 1996 no fue objeto de mutación.
Encuentra fundamento tal postura en el Decreto 0180 de 1982, el cual dispuso:
Artículo 1º.- Definición. Se considera traslado el desplazamiento por orden de la
autoridad nominadora de un educador de un cargo docente a otro cargo docente de
igual o superior categoría.
Artículo 2º.- Modalidades. El traslado puede decretarse:
(...)
c. Por permuta libremente convenida.
(...)
Artículo 9º.- Condiciones de traslado. El traslado de que tratan los artículos
anteriores en ningún caso podrá implicar condiciones menos favorables para
el educador (negrillas intencionales), en lo que se refiere a la remuneración a que
le da derecho su grado en el escalafón o a su jerarquía. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de las facultades que posee la administración para regresar a un directivo
a la base docente, por causa justificada y con arreglo a los procedimientos previstos
en el Decreto 610 de 1981.
Respecto a la permuta, el Decreto 1706 de 1989 estableció:
Artículo 4.- Traslado por permuta. La autoridad nominadora podrá ordenar traslados
de los docentes por permuta libremente convenida entre ellos cuando las
necesidades académicas y las disponibilidades presupuestales lo permitan y no
existan motivos de inconveniencia que lo impidan.
En el mismo orden de ideas, el Decreto 3222 de 2003, precisó sobre los traslados:
Artículo 4º. Traslado entre entidades territoriales certificadas. Los traslados de
docentes o directivos docentes entre departamentos, distritos o municipios
certificados, previo convenio interadministrativo, procederán sin solución de
44
Folio 56.
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22
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continuidad (negrillas intencionales). La entidad en que labora el docente expedirá
el acto administrativo de traslado y en el acta de posesión, la autoridad nominadora
de la entidad territorial receptora hará constar la existencia previa del convenio entre
las dos entidades, la vacancia del cargo y la disponibilidad presupuestal
correspondiente.
La entidad territorial remisora entregará toda la documentación correspondiente a la
hoja de vida del docente o directivo docente trasladado, que incluya los datos de
inscripción y ascenso en el Escalafón Nacional Docente. Así mismo, si los hubiere,
informará sobre los antecedentes disciplinarios y procesos en curso, y una vez
finalizados estos, remitirá esta documentación a la entidad territorial receptora.
Artículo 5º. Disposiciones comunes a cualquier traslado. En ningún caso el traslado
implicará ascenso en el escalafón. El traslado en ningún caso implica solución de
continuidad. (líneas intencionales)
El mentado decreto, aunque sea una norma posterior a la fecha en la que la docente
realizó la permuta, para el caso en concreto puede tenerse en cuenta en armonía
con la normatividad antes referida, además, por resultar claro que los traslados no
implican una solución de continuidad y, por lo tanto, no se predica una terminación
del vínculo laboral. Tanto así, que el mismo Decreto 112 de 1998 por el cual se
efectuó la permuta, fue claro al establecer que los docentes desempeñarían igual
cargo en la institución educativa a la cual se trasladarían, evidenciando una
prestación continua y sin interrupción del servicio.
Respecto a la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes, la
jurisprudencia de esta corporación45 ha manifestado que:
«Luego, so pretexto de la descentralización de la educación, no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la
vinculación laboral con la administración se adquieren en el momento en que se
profiere el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor.
(líneas intencionales)»
(…)
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente de la demandante no se
modificaron a pesar de los traslados de que fue objeto, comoquiera que el último
nombramiento se efectuó el 31 de mayo de 1976, por el ministro de educación y
este se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral.
Del anterior recuento normativo y jurisprudencial, se concluye que el vínculo
nacionalizado derivado del Decreto de nombramiento No. 00031 de 1996
permaneció inmutable, pues, además de reiterarse la posición que ha mantenido
esta Sala46 respecto a los traslados, en cuanto a que son situaciones administrativas
45
Sentencia del 9 de noviembre de 2023, Magistrado Ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas,
Radicado: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021).
46
Sentencia 52001-23-33-000-2019-00077-01 (2212-2021).
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020)
que en nada interrumpen o interfieren el desempeño continuo de las labores de los
docentes, también es claro que el educador con el cual permutó la demandante
debió mantener sus condiciones salariales como docente nacional aun después del
traslado de institución educativa, por lo que no hubo cambio alguno en su situación
material, lo cual implica que la actora no recibió las mismas prerrogativas del
maestro con el cual intercambió, ya que este continuaría favoreciéndose de los
beneficios que su categoría nacional le otorgaba.
Así las cosas, la permuta no conllevó una mejora de las condiciones de los
educadores sino una garantía en la permanencia de aquellas con las que contaban
antes del traslado, manteniendo ambos su relación laboral sin solución de
continuidad.
Inclusive, el mismo Decreto 1706 de 1989, reglamentario de la Ley 29 de 1989, en
su artículo 3º, circunscribe la factibilidad de la permuta a que sea realizada entre
docentes de igual categoría, como se cita a continuación:
Permutas. Las permutas libremente convenidas pueden darse entre docentes
nacionalizados de un mismo departamento, intendencia, comisaría o del Distrito
Especial de Bogotá, o entre docentes nacionales, y requieren para su tramitación la
expresa aceptación de los respectivos superiores inmediatos, así como la recíproca
conformidad de los alcaldes nominadores cuando la permuta compromete a
docentes ubicados en municipios diferentes.
Bajo este entendido, la disposición aludida refrenda la invariabilidad del vínculo
antes concluida, pues la misma previó que la permuta únicamente era aplicable a
docentes que ostentaran plazas idénticas, a saber, nacionalizadas o nacionales,
siendo excluyentes la una de la otra, garantizando a su vez con este mandato que
no se afecten los privilegios que cada una otorga. Sin perjuicio de lo anterior, aunque
en el presente caso materialmente la permuta se realizara sin acatar la precisión
normativa, no por ello se deberán dejar de aplicar los efectos contemplados en los
citados preceptos.
Por los motivos expuestos, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del
tiempo laborado por la demandante como docente nacionalizada durante el lapso
transcurrido entre el 15 de febrero de 1996 al 12 de mayo de 2014 (18 años, 2
meses y 27 días), este resulta válido para computarse junto a los analizados
previamente, al punto de que se tiene demostrado que la actora sí satisfizo el
requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo como maestra con
vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia, pues sumados todos
los periodos resulta un tiempo de 20 años, 8 meses y 4 días.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar algún vínculo en
una plaza docente de igual calidad a las mencionadas antes, previo al 31 de
diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad de que la accionante
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efectivamente se desempeñó como tal al servicio del municipio del Quindío,
nombrada docente territorial, en particular para el tiempo del 19 de septiembre de
1978 al 28 de septiembre de 1978; es decir, en un lapso anterior a la primera fecha
en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto de análisis.
En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia no fue
acertado en el fallo apelado para denegar el reconocimiento de la prestación
solicitada por la demandante, de suerte que habrá de revocarse dicha providencia
para acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también se hace
necesario efectuar un examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas
reclamadas.
Análisis de la prescripción
Sobre el particular, el Consejo de Estado47 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.
Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 8
de septiembre de 201348 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio, esto
es, posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (22 de noviembre de 2007),
pues ese primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para
consolidar la prerrogativa bajo estudio.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15
de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
48
Según el siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
19/09/1978 14/02/1994 2 5 7
15/02/1996 08/09/2013 17 6 23
TOTAL TIEMPO 19+1= 20 AÑOS 11+ 1= 12 (1 AÑO) 30 (1 MES)
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Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución RDP
001830 del 19 de enero de 201849 y en el sello de radicado de la entidad en la
solicitud50, la señora Ana Hoyos reclamó el 5 de octubre de 2017 ante la parte
demandada el derecho pensional en mención, y a su vez, radicó la demanda el 8
de octubre de 201851, esto es, esto es, dentro de los 3 años siguientes a la fecha
de interrupción del fenómeno bajo estudio, por lo que en el presente caso, es claro
que se configuró la excepción en comento desde la solicitud del reconocimiento de
la pensión y en consecuencia prescribieron las mesadas anteriores al 5 de octubre
de 2014, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 8 de septiembre de 2012 y el 7 de septiembre de 2013, con
efectividad desde el 8 de septiembre de 2013, pero con efectos fiscales desde el 5
de octubre de 2014 por prescripción trienal de mesadas.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».52
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
49 Folio 69.
50
Folio 3.
51 Ver sello de radicación a folio 94 del expediente y acta individual de reparto a folio 96.
52 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
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Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión de primera instancia,
la Sala aplicando el criterio enunciado, observa que de los fundamentos planteados
en la contestación de la demanda y en el trámite de primera instancia no se presenta
una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas.
Contrario a ello, la parte demandada propuso argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se
determinó en segunda instancia la procedencia del derecho, por lo que no se
impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda. En su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 001830 del 19 de
enero de 2018 y RDP 013054 del 13 de abril de 2018, por medio de las cuales se
negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020)
señora Ana María Hoyos Pontón, ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados por esta en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 8 de septiembre de 2012 y el 7 de
septiembre de 2013, con efectividad desde el 8 de septiembre de 2013, pero con
efectos fiscales desde el 5 de octubre de 2014 por prescripción trienal de mesadas.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.
QUINTO: SE ACEPTA LA RENUNCIA como apoderada de la UGPP a la abogada
Gloria Ximena Arellano Calderón, portadora de la tarjeta profesional 123.175 del
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el memorial obrante en el
índice 33 de la plataforma SAMAI.
SEXTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Carlos Arturo Sánchez
Medina, portadora de la tarjeta profesional 262.361 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada sustituta de la demandada, en los términos y para los
efectos del poder de sustitución conferido por la apoderada principal la Dra. Marcela
Patricia Ceballos Osorio, ello conforme al respectivo memorial obrante en el índice
35 de la plataforma SAMAI.
SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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