Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00049-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00049-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2020-00049-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00049-01 (2804-2025)
Demandante: Luis Bernardo Cajas Bermeo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. La situación administrativa de traslado no modifica la
naturaleza jurídica de la plaza en la que fue originalmente
nombrado el educador. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Luis Bernardo Cajas Bermeo instauró demanda1 contra la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 14071 del 30 de julio de 2003, por
medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia.
3. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar esta prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual
devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con
efectividad desde ese mismo instante, y con el debido ajuste de valor sobre las
sumas adeudadas por este concepto.
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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4. Se dé cumplimiento al fallo en los términos del CPACA y se condene a asumir
los intereses moratorios y comerciales a que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que nació el 24 de marzo de 1952 y fue vinculado como docente oficial
nombrado por el municipio de Popayán para ejercer dicha plaza entre el 1.º de
septiembre de 1970 y el 30 de enero de 1973, así como del 20 de febrero de 1978
al 28 de febrero de 1981.
6. Luego, a partir del 9 de marzo de 1981 fue designado como educador por parte
del Ministerio de Educación Nacional, con un traslado por parte del departamento
del Cauca en 1999 al Colegio de la Normal Superior del Municipio de Popayán, al
menos hasta el 14 de abril de 2016 cuando se certifica que seguía activo.
7. El 3 de septiembre de 2002 solicitó ante la extinta Cajanal el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, la cual fue negada a través del acto demandado por
considerar que su vinculación como educador fue del orden nacional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Consideró vulnerados: los artículos 53 de la Constitución Política; 1 y 3 de la
Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 y 15 de la Ley
91 de 1989; así como el Decreto 196 de 1995.
9. Expresó que con fundamento en la sentencia de unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado (3805-2014) se han clarificado las vinculaciones
de docentes por el FER, pues lo que importa es que la plaza sea territorial o
nacionalizada, teniendo en cuenta para ello los actos de nombramiento y que los
dineros de las plazas provengan de rentas endógenas o propias de las entidades
territoriales o exógenas, o del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.
10. Sostuvo que en virtud de lo anterior, cuando se dio el traslado en 1999, sus
servicios quedaron financiados con recursos del departamento tal como consta en
el Decretó 1073-25-10 de 1999, y no con dineros de la Nación, por lo que perdió la
condición de docente nacional.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
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11. El 12 de marzo de 2021 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP,
quien manifestó3 que conforme al expediente administrativo, si bien el actor tuvo
una vinculación anterior a 1980, según la información reportada en el certificado
laboral 700 del 29 de agosto de 2016, donde se anota que laboró para la Secretaría
de Educación Municipal de Popayán desde el 1 de septiembre de 1970 hasta el 30
de enero de 1973, desde el 20 de febrero de 1978 al 30 de septiembre de 1978 y
desde el 1 de octubre de 1978 al 28 de febrero de 1981, esto con un nombramiento
nacionalizado, lo cierto es que de acuerdo con esa misma documental se tiene
comprobado que a partir del 9 de marzo de 1981 en adelante fungió como maestro
designado por el Ministerio de Educación Nacional, lo que le impide acceder al
derecho reclamado.
12. Propuso como excepciones las de: (i) inexistencia de la obligación demandada,
ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, iii) prescripción y iv)
buena fe de la entidad.
13. El 11 de abril de 20244 se decretaron las pruebas y el 24 de junio del mismo
año5 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial con el fin de dictar
sentencia anticipada, por lo que se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
14. El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 28 de marzo de
2025 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
15. Expuso que a pesar de que el accionante tiene acreditado el cumplimiento de
una vinculación anterior a 1980, con tiempos de servicios servidos en el orden
municipal y departamental, también lo es que a partir del nombramiento realizado
en febrero de 1981 que lo hizo el Ministerio de Educación Nacional, no cabe duda
que se trata de un nombramiento nacional conforme al artículo 1 de la Ley 91 de
1989, lo que implica que ese tiempo de servicio no es válido para el reconocimiento
de la pensión gracia, lo cual, según el demandante (y así lo reconoce), se dio hasta
que se realizó un traslado el 25 de octubre de 1999, lo que significa que admite que
hasta ese momento no era beneficiario de la prestación pretendida.
16. Señaló que, al margen de esta afirmación, lo cierto es que lo que ocurrió fue un
traslado discrecional, sin desmejora del servicio, con toda la plaza docente, lo que
implica que tal situación jurídica no tiene la virtud de mutar o cambiar la naturaleza
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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de su nombramiento que venía nacional y sigue siendo igual, de tal suerte que la
certificación que alude la Secretaria de Hacienda no tiene el sentido que es de los
dineros del departamento que se va a cancelar los emolumentos de este traslado,
sino que cuenta con los dineros para el mismo, dado que no se trata de la creación
de un cargo nuevo, sino de una reubicación discrecional.
17. Con base en lo expuesto concluyó que como está probado que el reclamante
tuvo una vinculación nacionalizada anterior a 1980 por espacio de 5 años, 5 meses
y 6 días, pero que a partir del 9 de marzo de 1981 fue designado por el Ministerio
Educación Nacional, y que esa relación legal y reglamentaria no se modificó con el
traslado realizado a la Normal Superior de Popayán, en realidad no tiene derecho a
la pensión gracia por no haber acreditado los 20 años de labor exclusiva como
educador territorial o nacionalizado.
RECURSO DE APELACIÓN7
18. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó que la sentencia
censurada incurre en un error de hecho por falsa apreciación de las pruebas al
asumir que su vinculación desde el año 1999 no alteró la naturaleza nacional de la
plaza docente, cuando lo cierto es que fue nombrado mediante Decreto No. 1073-
25-10-99 de 1999, expedido por el gobernador del departamento del Cauca, lo cual
constituye una clara manifestación de que el cargo corresponde a la planta territorial
de dicha entidad.
19. Añadió que dicho acto administrativo señala de forma expresa que se trata de
una plaza con cargo al presupuesto departamental, lo cual desvirtúa por completo
el supuesto carácter nacional del cargo que se asumió erróneamente como
inmodificable. Adicionalmente, esta decisión se encuentra acompañada de una
certificación de disponibilidad presupuestal del departamento, elemento que,
conforme a la jurisprudencia unificada, permite inferir válidamente el carácter
territorial o nacionalizado de la plaza docente.
20. Planteó que lejos de tratarse de un simple traslado funcional, el acto en cuestión
constituye un nuevo nombramiento en la planta departamental, lo que transforma la
naturaleza del vínculo jurídico y lo ubica en condiciones que deben ser consideradas
como tiempo laborado en un cargo de carácter territorial o nacionalizado conforme
a los lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 y a la doctrina constitucional en materia
pensional.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
7 Ibid.
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21. El 1.º de octubre de 20258 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
22. El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestro oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.
Marco normativo y jurisprudencial
23. Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
24. De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años
de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el
artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
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5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
25. Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de
manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en
ningún caso dos pensiones de este último orden.
26. La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»9. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
27. De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
28. Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
29. Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio
de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la
que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los
docentes oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
9 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.» (Subrayado intencional).
30. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
31. En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201811
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
11 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del
texto original)
32. En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial
o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
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33. Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente
es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
34. Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-
CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda también fijó como
regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral
2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
35. Se precisa además que las anteriores providencias de unificación
jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por
la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución
en sede administrativa y judicial.
36. En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
12 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
37. Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
38. No obstante, en el asunto bajo estudio deberá iniciarse dicho análisis con el
segundo requisito enlistado al final del acápite del marco normativo, toda vez que
los motivos de censura del apelante único (los cuales circunscriben por congruencia
la competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan únicamente a
determinar si la vinculación del actor desde 1981, que este mismo reconoce que es
nacional, le permite adquirir el derecho en discusión, bajo su entendimiento de que
tal naturaleza jurídica cambió a territorial en razón de un traslado.
• (i) Del 9 de marzo de 1981, al menos hasta el 3 de septiembre de 200213
39. Al respecto, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral emitido el 14 de abril de 2016 por la Secretaría de Educación
Municipal de Popayán,14 el demandante tuvo una vinculación sin solución de
continuidad como docente oficial durante el lapso en mención por nombramiento
efectuado a través de la Resolución 0801 del 10 de febrero de 1981.
40. En este punto se destaca que el mismo accionante reconoció en su demanda y
en su recurso de apelación,15 que la naturaleza de su cargo era del orden nacional
desde esa fecha, solo que consideró que en virtud de un traslado ocurrido en 1999
cambió su relación legal y reglamentaria a una territorial por haber sido una
disposición del departamento del Cauca.
41. Frente a este punto se encuentra en el expediente el mencionado acto
administrativo de nombramiento,16 mediante la cual el propio Ministerio de
Educación Nacional designó al accionante como docente de secundaria de la
Normal Nacional de Varones de Popayán.
13 Correspondiente a la fecha de radicación de la reclamación administrativa y que equivale al período analizado
por la entidad demandada en virtud de la decisión previa, fecha en la cual se entiende que el docente seguía
activo según certificado de información laboral del 14 de abril de 2016.
14 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
15 Ibid.
16 Ibid.
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42. Lo expuesto se ajusta entonces a lo previsto en la Ley 91 de 1989, la cual en
el artículo 1.º consagró lo siguiente:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional […]»
43. Por tanto, al evidenciar que la actual vinculación del demandante que además
es la más extensa en el tiempo sin interrupciones desde marzo de 1981 (mayor a
21 años de servicio), se derivó de una decisión autónoma y propia del Ministerio de
Educación, para que aquel ocupara una plaza de su propia planta de personal,
resulta acertado concluir que no se cumplió con el requisito fundamental de
acreditar 20 años de labor oficial educativa territorial o nacionalizada, lo que le
impide automáticamente adquirir la pensión gracia.
44. Lo anterior se asegura porque jurisprudencialmente ya se dejó claro que los
vínculos nacionales no son computables para consolidar el derecho en litigio, tal
como expresamente se indicó en la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 21 de junio de 2018, la cual es de obligatoria observancia tanto en vía
administrativa como judicial, al margen de los argumentos que pueda plantear un
docente que, incluso, se reconoce como nacional.
45. A pesar de lo expuesto, el apelante en su impugnación sostuvo que, al margen
de la calidad nacional con la que inició el vínculo en 1981, lo cierto es que desde
1999 en adelante, este pasó a ser un maestro del orden territorial debido a un
traspaso adelantado por disposición del departamento del Cauca, lo que sí le
permitía acreditar los 20 años de labor educativa oficial.
46. Sin embargo, se debe recordar la posición que ha mantenido esta Sala17 sobre
los traslados, en cuanto a que son situaciones administrativas que en nada
interrumpen o interfieren el desempeño continuo de las labores de los docentes, ya
que no se trata de nuevos nombramientos ejercidos en virtud de facultades
nominadoras. Por esa razón, pese al cambio de institución y de entidad en el que
se desarrollaron las labores, el vínculo del actor siguió incólume desde que inició
con la primera designación sin solución de continuidad, es decir, permaneció bajo
la estructura de una plaza nacional por haber sido designado por el Ministerio de
Educación dentro de su propia planta de personal.
47. Como se observa, no encuentra fundamento el postulado de impugnación del
recurrente cuando aseguró que el tribunal de origen incurrió en un error de hecho
17 Sentencias 52001-23-33-000-2019-00077-01 (2212-2021) y 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020),
así como del 23 de octubre de 2024, dictada por esta Subsección en el proceso con radicado 76001-23-33-000-
2015-00187-01 (2527-2018).
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al haber interpretado de forma equivocada las pruebas documentales relacionadas
con el traslado. Se advierte que, por el contrario, el juez de primera instancia valoró
adecuadamente los medios de convicción en contraste con la actual línea
jurisprudencial que contempla que tal situación administrativa en nada afecta la
naturaleza de la relación legal y reglamentaria original, la cual, si era nacional no
permitía computar ese tiempo para efectos de consolidar la pensión gracia.
48. Es de destacar que, bajo la calidad exclusiva de docente territorial, el
reclamante solo podría acreditar los períodos al servicio del municipio de Popayán
entre el 1 de septiembre de 1970 y el 30 de enero de 1973, desde el 20 de febrero
de 1978 al 30 de septiembre de 1978 y desde el 1 de octubre de 1978 al 28 de
febrero de 1981,18 los cuales solo suman un total de 5 años, 5 meses y 6 días que
no son suficientes para consolidar el derecho en litigio.
49. Bajo tal contexto, en el entendido de que el reclamante no cumplió esta
exigencia analizada (que es esencial para consolidar el derecho pretendido), resulta
inane verificar los demás requisitos normativos, pues ante este primer estudio se
corrobora la necesidad de negar el reconocimiento del derecho reclamado, y por
tanto, de confirmar el fallo apelado.
Condena en costas de segunda instancia
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
51. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
18 Ver los certificados de historia laboral y los actos de nombramiento de dichos períodos que reposan en el
expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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53. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos
mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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