Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07023-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07023-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-07023-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE EST/ADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07023-00
Accionante: Clara Betsabé Murcia Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral núm. 1
Tema: Derechos al debido proceso, mínimo vital, y otro. Nulidad y
restablecimiento del derecho- docente de escuela normalista-
artículo 6 de la Ley 116 de 1928. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Clara Betsabé Murcia
Rodríguez, en contra del Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral
núm. 1.
ANTECEDENTES
La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social y los principios de
favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas, que considera vulnerados
con la sentencia del 12 de agosto de 2026, proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-008-2023-00330-
00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que nació el 20 de enero de 1950 y mediante el Decreto 0824 del 19 de mayo de
1972 expedido por el alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, fue nombrada
docente de primaria, a partir del 1° de marzo de ese año y a través de la Resolución
6613 del 18 de agosto de 1976, expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
fue nombrada profesora de enseñanza secundaria en la Escuela Normal Nacional
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de Señoritas de Chiquinquirá (Boyacá), a partir del 22 de julio de 1976 y hasta el 15
de enero de 2012.
Que el 17 de abril de 2023, le solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el
reconocimiento y pago de la pensión de Jubilación Gracia, por tener más de
cincuenta (50) años y más de veinte (20) años de servicio docente. Que dicha
petición fue negada mediante las resoluciones RDP 018395 del 18 de julio, RDP
020442 del 15 de agosto y RDP 022504 del 11 de septiembre de 2023, bajo el
argumento de que la vinculación relevante fue de carácter nacional.
Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
UGPP. El 31 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
de Villavicencio negó las pretensiones y la condenó en costas; decisión que fue
confirmada el 12 de agosto de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta.
Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos:
• sustantivo, por interpretación irrazonable e indebida selección de la norma
aplicable, dado que la autoridad accionada aplicó únicamente la regla general de la
Ley 114 de 1913 e inaplicó el mandato expreso del artículo 6 de la Ley 116 de 1928.
Alega que el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 contiene una regla de cómputo que
ordena sumar los años de servicio tanto en el campo de la enseñanza primaria como
en el de la normalista; de ahí que la limitación por razón de la entidad nominadora
no proviene del texto de la ley. Adicionalmente, que las Escuelas Normales a las
que alude la norma citada eran, para la época de su expedición, planteles de
creación y sostenimiento nacional, eran las únicas que existían, pues aún no habían
surgido normales de carácter territorial.
• violación directa de la Constitución, por violar los derechos a la primacía de la
realidad y mutación normativa, dado que a partir de la Ley 29 de 1989 y de la
Constitución de 1991, el carácter «nacional» de los docentes perdió sustancia
material: la nominación, el pago de salarios y de prestaciones pasaron a canalizarse
a través de las entidades territoriales y de una misma fuente de financiación.
La igualdad, aduce que dos (2) profesoras de Escuela Normal que prestan idéntico
servicio, en similares condiciones, no pueden recibir un trato pensional diverso, por
el dato puramente formal de cuál autoridad suscribió el acto de su nombramiento,
máxime cuando el artículo 6 de la Ley 116 de 1928, incluyó a todos los docentes de
normales sin distinción de nominador.
Favorabilidad, ante la existencia de dos (2) interpretaciones posibles del artículo 6
de la Ley 116 de 1928, «una que reconoce el derecho a las profesoras de Escuelas
Normales y otra que lo niega por el criterio del nominador—, el juez estaba obligado
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a preferir la más favorable a la trabajadora», en este caso el juez ordinario optó por
la restrictiva, situación que vulnera este principio.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 12 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-
33-33-008-2023-00330-00/01; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial
accionada emitir una nueva decisión donde aplique el artículo 6 de la Ley 116 de
1928 y los principios de primacía de la realidad, de favorabilidad y de igualdad, y
con base en ellos, reconozca y ordene el pago de la pensión gracia.
TRÁMITE PROCESAL
El 3 de septiembre de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Octavo
Administrativo de Villavicencio y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como
terceros con interés; y, se ordenó notificar a las partes y a los vinculados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Meta, Despacho 005 dijo que se está a lo resuelto
en la sentencia que hoy se cuestiona, la cual contiene la fundamentación jurídica,
normativa, jurisprudencial y fáctica, analizada por esa corporación al momento de
tomar la decisión.
Resaltó que la intención de la tutelante es convertir el mecanismo constitucional en
una tercera instancia del proceso ordinario. Señaló que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Villavicencio hizo alusión a la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la interpretación del artículo 6 de la Ley 116 de 1928.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) indicó que la providencia
cuestionada no solo garantizó el debido proceso sino que se ciñó a las normas, la
jurisprudencia que regulan el tema y las pruebas debidamente aportadas al proceso,
las cuales fueron debidamente analizadas por el estrado judicial accionado, razón
por la cual, no se configura una vía de hecho en el actuar del tutelado, por lo que la
tutela resulta improcedente.
El Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
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irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 12 de agosto de
2026 cumple con los requisitos de procedencia, ya que: a) tiene relevancia
constitucional, en la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por incurrir en los defectos: sustantivo y violación directa de la
Constitución y la accionante argumentó suficientemente la solicitud; b) la accionante
no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple
con la inmediatez, pues la acción se instauró el 1º de septiembre de 2026, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el
26 de agosto de 2026, teniendo en cuenta que la notificación fue efectuada por
mensaje de datos enviado el 19 de igual mes y año; y, d) la tutela no se dirige contra
un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal señaló que la pensión de gracia de los maestros de escuelas primarias
oficiales es de carácter especial y aparece reglado en las leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933.
Que la Ley 116 de 1928 en su artículo 6 amplió los beneficiarios de dicha pensión,
a empleados y profesores de las escuelas normales, y a los inspectores de
instrucción pública, en los términos que contempla la Ley 114 de 1913, es decir que,
no se otorga a docentes que reciban pensión o recompensa nacional. Que en el
inciso 3º del artículo 3 de la Ley 37 de 1933, se extendió la pensión aludida, sin
cambio alguno de requisitos, a los maestros de establecimientos oficiales de
enseñanza secundaria.
Recordó que el Consejo de Estado7 considera que la pensión gracia «se otorga a
los docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal,
con vinculación territorial o nacionalizada», sin que resulte posible acumular
tiempos de servicio del orden nacional.
Descendiendo al caso concreto, evidenció que el Decreto 0824 del 19 de mayo de
1972 fue suscrito únicamente por el alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá y
6 Sentencia SU-072 de 2018.
7Sección Segunda. Subsección B. C. P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 22 de junio de 2026.
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00372-01 (5873-2022).
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por el secretario de Educación, conforme a la Sentencia SUJ-11-S2 de 2018, la
vinculación de la demandante fue nacionalizada, al tratarse de un nombramiento
efectuado por entidad territorial antes del 1º de enero de 1976.
Que la Resolución 6613 del 18 de agosto de 1976 fue expedida por el ministro de
Educación Nacional, quien en uso de sus facultades procedió a nombrarla, y firmada
por el secretario general de dicho Ministerio, de ahí que dicha vinculación fue como
docente nacional, en la medida que provino directamente del orden nacional y no
se observa la participación de ninguna autoridad de orden territorial o de alguna
otra, que hiciera sospechar del carácter de la vinculación.
Aunado a lo dicho, citó sentencia del 20 de junio de 2024 del Consejo de Estado8
que trata sobre la definición de docente nacional «conforme a lo establecido en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el personal nacional corresponde a los docentes
que fueron vinculados por nombramiento del gobierno nacional, situación que
aquí ocurrió».
En ese orden, consideró que el periodo laborado por la demandante entre el 22 de
julio de 1976 y el 15 de enero de 2012, no puede ser tenido en cuenta para cumplir
el requisito de los veinte (20) años de servicio, pues no hay duda alguna que se
trató de una vinculación del orden nacional.
Aclaró que, si bien el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 permitió que los empleados
y profesores de las Escuelas Normales y los inspectores de instrucción pública
tuvieran derecho a obtener la pensión de jubilación gracia señalada en la Ley 114
de 1913, ello no significa que estén exceptuados de dar cumplimiento a los
requisitos que esta última norma fijó para su reconocimiento, como lo entiende la
parte demandante.
Citó sentencia de esta corporación9, en la cual se consideró que el artículo 6 de la
Ley 116 de 1928, extendió «a los empleados y profesores de las escuelas normales
y a los inspectores de la instrucción pública» el reconocimiento de la pensión gracia;
de igual forma, precisó que la jurisprudencia «ha advertido que la pensión gracia no
es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento».
De lo expuesto, concluyó que la ampliación subjetiva que desarrolló el artículo 6 de
la Ley 116 de 1928, se limitó a extender el beneficio a los empleados y profesores
de las Escuelas Normales, pero no eliminó ni modificó los requisitos establecidos
en la Ley 114 de 1913, entre ellos la prohibición de computar tiempos servidos como
docente nacional.
8 Sección Segunda. C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Radicado. 41001 23 33 000 2019 00416 01 (2241–2023).
9 Sentencia del 13 de noviembre de 2025, Sección Segunda, Subsección A. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
Radicado 19001-23-33-000-2020-00049-01 (2804-2025).
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Indicó que la señora Murcia no cumplió con el requisito de haber prestado sus
servicios como docente por veinte (20) años, bajo una vinculación nacionalizada o
territorial, ya que la del orden nacional no podía ser computada y la de carácter
nacionalizado no resultaba suficiente para la acreditación del presupuesto.
Por lo anterior, decidió confirmar la decisión del 31 de marzo de 2025 que negó
pretensiones.
La accionante aduce que el Tribunal incurrió en el defecto sustantivo, porque aplicó
únicamente la regla general de la Ley 114 de 1913 e inaplicó el mandato expreso
del artículo 6 de la Ley 116 de 1928, el cual permite sumar los años de servicio tanto
en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista y no consagra
una limitación por razón de la entidad nominadora.
El artículo 6 de la Ley 116 de 1928 establece lo siguiente:
«Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores
de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que
contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el
cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la
normalista, pudiéndose contar en aquélla la que implica la inspección» (negrilla
fuera de texto original).
Al respecto, se observa que el Tribunal en la sentencia cuestionada señaló que la
norma citada extendió el reconocimiento de la pensión gracia a las escuelas
normalistas y a los inspectores de la instrucción pública, pero no eliminó o modificó
los requisitos que contempla la Ley 114 de 1913, para acceder a dicha prestación.
Valga aclarar que el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 contempla el cómputo de
tiempo de servicio de diferentes categorías de docente, pero no consagra la
posibilidad de sumar tiempos de todo tipo de vinculación, plaza o nombramiento,
máxime si se tiene en cuenta que la Ley 114 de 1913 prohíbe computar tiempos
servidos como docente nacional, tal y como lo explicó la autoridad judicial accionada
en la providencia discutida.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que no se configura el defecto
estudiado, habida cuenta que el Tribunal sí aplicó el artículo 6 de la Ley 116 de 1928
y lo interpretó de manera conjunta con la Ley 114 de 1913.
Por otro lado, la señora Murcia argumenta que la decisión cuestionada incurre en
una violación directa de la Constitución porque viola el derecho a la igualdad y los
principios de primacía de la realidad sobre las formas y la favorabilidad.
Frente a la igualdad, sostiene que dos (2) profesoras de Escuela Normal que
prestan idéntico servicio, en similares condiciones, no pueden recibir un trato
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pensional diverso; sin embargo, no señaló en qué caso con igualdad fáctica y
jurídica se decidió diferente.
En cuanto a la favorabilidad dice que cuando existen dos (2) interpretaciones
posibles del artículo 6 de la Ley 116 de 1928 se debe aplicar la más favorable para
el trabajador. Sobre el particular, se advierte que la accionante parte de una premisa
equivocada, esto es, que la disposición citada tiene más de una interpretación, lo
cual no es cierto, tal y como se explicó en el defecto sustantivo.
En relación con la primacía de la realidad sobre las formas alega que a partir de la
Ley 29 de 1989 y de la Constitución de 1991, el carácter «nacional» de los docentes
ya no es esencial. La Sala advierte que la negativa de las pretensiones no fue
porque se estuviera discutiendo si el tipo de vinculación era nacional o no, motivo
por el cual este argumento no guarda relación con las consideraciones expuestas
en la providencia cuestionada y no incide en la decisión que se adoptó.
En consecuencia, se negará el amparo invocado, dado que no se configuró ninguno
de los defectos planteados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado por la señora Clara Betsabé Murcia
Rodríguez, conforme a las consideraciones expuestas.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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