Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00416-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00416-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00416-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001 23 33 000 2019 00416 01 (2241–2023)
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de la
vinculación docente. Incorporación no cambia la naturaleza de la vinculación. Ley
1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia que negó pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 22 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que negó a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La señora María Gabriela Muñoz Bahos, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 034521 del 16 de septiembre
de 2016 y RDP 000657 del 12 de enero de 2017, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en dos cuadernos del expediente físico.
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia
y resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, con el reajuste del valor de las sumas adeudadas, conforme al IPC,
así como, el pago de los intereses moratorios conforme los autoriza el artículo 192
ídem.
Finalmente, pretende se dé cumplimiento a la sentencia en los términos
consagrados en el artículo 192 del CPACA y se condene a la entidad demandada
al pago de costas en los términos del artículo 188 del CPACA.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora María Gabriela Muñoz Bahos manifestó que mediante Decreto No. 121
del 10 de marzo de 1971 suscrito por el Gobernador del departamento del Huila, fue
nombrada como docente departamental para la Escuela Rural de Bruselas en el
Municipio de Pitalito, tomando posesión el día 24 de abril de 1971.
Que prestó sus servicios a la educación pública de carácter departamental desde el
15 de febrero de 1971 al 06 de mayo de 1974, para un total de 3 años, 2 meses y
21 días.
Señaló que por medio de la Resolución No. 2858 del 30 de abril de 1974 expedida
por el Ministerio de Educación Nacional, se vinculó como docente de educación
básica, tomando posesión del cargo el día 06 de mayo de 1974, laborando en los
municipios de Palestina, Pitalito y San Agustín, siendo ubicada finalmente en el
Municipio de Pitalito según Decreto 204 del 26 de febrero de 2008, empezando a
trabajar en dicho municipio desde la misma fecha, y con vinculación nacional laboró
hasta el día 17 de mayo de 1998; sin embargo afirma que mutó a vinculación de tipo
departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, por cuanto el departamento del
Huila mediante Resolución No. 3023 del 11 de agosto de 1997 proferida por el
Ministerio de Educación Nacional, fue certificado en educación, y según acta del 18
de mayo de 1998 le fue entregado el servicio de educación a dicho ente.
En consecuencia, indica que los tiempos de servicio que transcurrieron desde el 18
de mayo de 1998 hasta el 22 de diciembre de 2009, son de carácter territorial-
departamental, y por tanto aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
Precisa que nació el 21 de diciembre de 1950, no obstante, cumplió 20 años de
servicio y alcanzó el status para gozar de la pensión gracia el día 27 de febrero de
2015, además de haberse desempeñado con honradez, consagración y buena
conducta durante el ejercicio de las labores como docente.
En virtud de lo anterior, presentó ante CAJANAL el 11 de mayo de 2016 la solicitud
de reconocimiento pensional, petición que fue resuelta negativamente mediante
Resolución RDP 034521 del 16 de septiembre de 2016, frente a la cual presentó
recurso, siendo desatado negativamente por la UGPP a través de la Resolución
RDP 000657 del 17 de enero de 2017.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, así como la Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 24 de
1947, Ley 4 de 1966, Decreto Reglamentario 1743 de 1966, Ley 43 de 1975,
Decreto Ley 2277 de 1979, Ley 91 de 1989, Ley 60 de 1993, Ley 71 de 2001 y los
artículos 42 y 80 del CPACA.
Como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada expidió los
actos administrativos con falsa motivación al determinar que prestó en su mayoría
un servicio nacional y no territorial. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por
haber prestado servicio docente nacionalizado, departamental y municipal; al
respecto, relató que si bien tuvo una vinculación del orden nacional en el año 1998
ésta cambió al orden departamental cuando el departamento del Huila asumió la
educación en atención al acuerdo alcanzado con la Nación, completando así el
tiempo de labor docente requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114
de 1913.
1.4. Contestación de la demanda
CAJANAL EICE -hoy UGPP-, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, alegando que la demandante no demostró el cumplimiento de los
requisitos previstos en la ley para hacerse acreedora de la pensión gracia, en
especial los 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental,
municipal o distrital, toda vez que los tiempos laborados fueron con vinculación del
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
orden nacional, los cuales al tenor de lo dispuesto en la Ley 114 de 1993 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, no es posible que sean computados para el
reconocimiento de la pensión gracia.
Finalmente, propuso las excepciones de “inexistencia de la obligación”, “ausencia
de vicios en el acto administrativo demandado” “prescripción”, “innominada o
genérica”.
1.5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Huila en sentencia de fecha 22 de julio de 2022 negó
las pretensiones de la demanda, afirmando para el efecto que, la actora laboró como
docente nacionalizado, desde el 15 de febrero de 1971 al 06 de mayo de 1974, esto
es, durante 3 años 2 meses y 21 días, periodo que es válido a fin de obtener el
reconocimiento de pensión gracia; no obstante, el tiempo servido con posterioridad,
no puede ser tenido en cuenta, dado que se trató de una vinculación del orden
nacional, conforme lo certificó el Fomag y la Secretaría de Educación de la
Gobernación del Huila.
Además, señaló que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales no
conlleva implícita la modificación del vínculo, de nacional a territorial, para los
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
1.6. Recurso de apelación
María Gabriela Muñoz Bahos, por intermedio de apoderado, presentó recurso de
apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, pues
considera que, en atención a la jurisprudencia que sobre el tema se ha proferido, se
acreditó el cumplimiento de todos los requisitos para ser beneficiaria de la pensión
gracia, ya que cumplió con la edad mínima requerida y prestó servicio docente con
una vinculación de naturaleza nacionalizada, y posteriormente el vínculo nacional
con el que fue nombrada mutó a departamental por efecto de la descentralización
de la educación. De igual manera, señaló que los dineros con los que fueron
cancelados los salarios fueron pagados con el situado fiscal, hoy Sistema General
de Participaciones, y de acuerdo a ello la vinculación podría poseer naturaleza
territorial o nacionalizada, más no nacional.
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 23 de octubre de 2023, se admitió el citado recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso3, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a los argumentos del respectivo recurso.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Gabriela
Muñoz Bahos, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.
2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
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Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
(Negrillas fuera de texto).
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al
1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren
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Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
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a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. […].»4
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta
cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los
presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado
fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro
caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por
la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —
situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».6
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según lo dilucidado, queda claro que para acceder al reconocimiento
de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación
Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución Política
de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran
encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.
En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,
a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales
o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.
El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les
respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.
[…]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.
Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas
otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de
educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas
condiciones de los distritos.»
De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
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descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.
Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que
trata el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos
docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio
del cargo. […]»
En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
2.4. Actuación administrativa
María Gabriela Muñoz Bahos radicó el 11 de mayo de 2016 solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, siendo negada la solicitud a través de la Resolución RDP 034521 del 16 de
septiembre de 2016 7, al respecto indicó:
«[…] De conformidad con la norma antes transcrita y los tiempos de servicio antes
relacionados se puede observar que el (a) peticionario (a) no cuenta con los veinte años
en la docencia oficial de carácter Departamental, Distrital, Municipal Nacionalizado
teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es posible computar
tiempos de servicio del orden Nacional ni los desempeñados en Cargos de carácter
Administrativo total o parcialmente, en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación solicitada.
[…]
Que obra certificado de información laboral de fecha 24 de noviembre de 2015,
expedido por la Secretaria de Educación Municipal de Pitalito donde certifica tiempos
de servicio desde el 20 de marzo de 1974 hasta el 31 de diciembre de 2011, con
vinculación NACIONAL.
Certificado de información laboral de fecha 26 de febrero de 2016, expedido Secretaria
de Educación Municipal de Pitalito, el cual certifica tiempos de servicio desde el 15 de
febrero de 1971 hasta el 06 de mayo de 1974 con vinculación NACIONALIZADO.»
Inconforme con la precitada decisión, la peticionaria interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 000657 de 12 de enero
de 20178 expedida por el director de pensiones de la UGPP.
2.5. Caso concreto
Teniendo en cuenta los antecedes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, por lo que se procede a verificar si la actora cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que la señora María Gabriela
7 Folios 35 al 39 del expediente físico
8 Folios 45 al 50 del expediente físico
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
Muñoz Bahos nació el 21 de diciembre de 19509, razón por la cual, el 21 de
diciembre del 2000 cumplió 50 años de edad.
• Buena conducta
No se observan reproches sobre la buena conducta en el desempeño docente, por
lo que se entiende probado dicho requisito.
• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial:
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980 (15 de febrero de 1971 al 06 de
mayo de 1974)
Al tenor de lo consignado en el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral del Fomag, de fecha 26 de febrero de 2016, se encuentra certificado
que el tipo de vinculación de docente María Gabriela Muñoz Bahos fue del orden
municipal desde el 15 de febrero de 1971 al 06 de mayo de 1974, nombramiento
efectuado mediante Decreto 121 de 11 de marzo de 1971. Obsérvese10:
9
Copia del registro civil de nacimiento visible a folio 61 del expediente físico.
10Folio 175 y 176 del expediente en físico.
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Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educadora
estatal del orden municipal (territorial) comprendido entre el 15 de febrero de 1971
al 06 de mayo de 1974 (3 años, 4 meses y 21 días), efectivamente puede ser tenido
en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder
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Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
a la prestación solicitada, pues, teniendo en cuenta la fecha de la vinculación -1971-
, para este momento existían dos tipos de nombramiento docente, a saber, territorial
y nacional; y no obra en el plenario prueba alguna que por el contrario permita inferir
que se trate de un nombramiento del orden nacional, máxime cuando la entidad
demandada respecto a este periodo no presenta cuestionamiento alguno.
• Desde el 20 de marzo de 1974 al 31 de diciembre de 2011
Con respecto a este periodo, se aportó formato único para la expedición de
certificado de historia laboral del 24 de noviembre de 201511en el que se certificó el
tiempo de servicio comprendido entre el 20 de marzo de 1974 al 31 de diciembre de
2011, que obedece a una vinculación del orden nacional y contó con las siguientes
novedades:
11
enFolios 177 a 179 del expediente en físico
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
Pues bien, resulta importante señalar que la parte actora no desconoce que el
periodo en comento correspondió a una vinculación docente del orden nacional; no
obstante, argumenta que en el año de 1998 el docente pasó a ser del orden
territorial, toda vez que, en aplicación de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, se
suscribió un compromiso para que la Nación entregara al departamento los bienes,
el personal y los establecimientos del sector educativo; revisando el expediente, se
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
observa el “Acta de verificación de requisitos y entrega de personal, bienes y
administración del situado fiscal al departamento del Huila por parte del Ministerio
de Educación Nacional” suscrita el 18 de mayo de 199812, de la que se destaca:
En este sentido, respecto al tipo de vinculación de la actora en los periodos
señalados, si bien es cierto que la descentralización educativa en Colombia conllevó
el traslado e incorporación del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, y que por lo tanto la administración del servicio y de
dichos empleados terminó radicada en las referidas autoridades, tales condiciones
no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores
que estaban prestando sus servicios con anterioridad a dicho proceso, como es el
caso de la actora, quién continúo con su vinculación de carácter nacional.
Así para el caso de la demandante, si bien se observa que tuvo una incorporación
a la planta de personal del referido ente, ello en cumplimiento del parágrafo 1° del
artículo 6 de la Ley 60 de 1993, lo cierto es que esta no generó el cambio en la
naturaleza de su vinculación con la autoridad nacional, pues la plaza ocupada
seguía siendo la misma durante los extremos temporales bajo estudio.
De manera que, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el
personal nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por
nombramiento del gobierno nacional, situación que aquí ocurrió.
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Folio 187 al 210
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
En la misma línea, si se plantea que con motivo de la mencionada incorporación el
centro de costos para asumir las acreencias laborales del personal docente
corresponde al Sistema General de Participaciones, debe precisarse que como se
adujo en la aludida providencia, el origen de los recursos destinados a financiar los
pagos de los maestros oficiales no es criterio suficiente ni indispensable para
determinar la calidad del vínculo laboral de aquellos, pues para el efecto lo que
resulta necesario es identificar cómo fue designado inicialmente el educador por la
entidad, así como la plaza materialmente ocupada por este, de manera que tampoco
sería adecuado afirmar que se dio un cambio de vinculación por las anteriores
razones.
A partir de lo expuesto, esta Sala concluye que los tiempos de labor oficial de la
señora María Gabriela Muñoz Bahos, se acreditaron de la siguiente forma:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS VINCULACIÓN
15 de 06 de mayo 3 2 21 TERRITORIAL
febrero de de 1974
1971
20 de marzo 31 de 37 9 11 NACIONAL-
de 1974 diciembre de INCORPORADA
2011
TOTAL: 41 años y 2 días
Así las cosas, al encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado
por la demandante como maestra oficial durante el lapso transcurrido desde el 20
de marzo de 1974 en adelante, observa la Sala que aquella no cumplió con el
requisito de cumplir 20 años al servicio estatal como educador tanto del orden
territorial como nacionalizado.
2.6. Conclusión
En relación con el caso que nos ocupa, María Gabriela Muñoz Bahos no cumplió
con el requisito mínimo de haber prestado el servicio docente por un término de 20
años del orden territorial o nacionalizado, por tanto, esta Sala confirmará la decisión
dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Huila en el sentido de
negar las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
providencia.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 22 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio del cual se negaron las pretensiones de
la demanda, conforme lo aquí expuesto.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 41001 23 33 000 2019 00416 01
Demandante: María Gabriela Muñoz Bahos
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
AUSENTE CON PERMISO
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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