Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01077-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01077-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-01077-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025)
Demandante: Rubiela García Arboleda
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Rubiela García Arboleda instauró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de la Resoluciones (i) RDP 045961 del 5 de noviembre
de 2015 y (ii) RDP 020847 del 27 de mayo de 2016, por medio de las cuales la
entidad negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
1 Ver índice 3 de SAMAI-Tribunales.
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Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a
reconocer y pagar la mencionada pensión a partir del 1.° de marzo de 2015, en un
monto equivalente al 75% de todo lo devengado durante el año inmediatamente
anterior al cumplimiento del estatus.
Que la entidad pague las mesadas atrasadas, reconozca los reajustes por concepto
de Ley 71 de 1988 y Ley 100 de 1993 desde que se consolidó el derecho.
Que se condene a la demandada en costas y que reconozca los intereses
moratorios del CPACA a partir de la ejecutoria de la sentencia.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 2 de septiembre de 1951 y prestó sus servicios como docente oficial
desde el 6 de octubre de 1974 en el municipio El Dovio, Valle del Cauca, hasta el
30 de agosto de 1978. De manera posterior, laboró al servicio del departamento a
través de OPS, desde el 2 de septiembre de 1996 hasta el 30 de junio de 1997.
Continúo con el ejercicio de labores docentes con la misma entidad territorial en
virtud del nombramiento efectuado por Decreto 009 del 12 de julio de 1999, desde
1.° de agosto de 1997 hasta el 1.° de marzo de 1999, y a partir de esta última fecha,
siguió desempeñando sus labores en las mismas calidades, completando los 20
años de servicio el 1.° de marzo de 2015 como docente territorial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Aseguró que con los actos administrativos demandados se transgreden los
artículos: 13 de la Constitución Política, 1.° y 4.° de la Ley 114 de 1993, 3.° de la
Ley 37 de 1933, 126 y 127 de la Ley 115 de 1994, 15 de la Ley 91 de 1989, 6 de la
Leu 60 de 1993, 279 de la ley 100 de 1993, 32 y 34 del Decreto 2277 de 1979; la
Ley 39 de 1903, y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 21 de junio
de 2018.
Que cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, la Ley 116 de
1928, la Ley 37 de 1933 y la Ley 91 de 1989, las cuales reconocen la pensión gracia
para maestros de escuelas primarias oficiales, inspectores e instructores públicos
que hayan servido al menos 20 años.
Sostiene que el Consejo de Estado, en sentencias como la del 20 de agosto de 2015
y la del 21 de junio de 2018, reconoce estos derechos siempre que se demuestre el
cumplimiento de los requisitos legales, rechazando únicamente aquellos casos
donde las certificaciones sean irregulares o el tiempo de servicio no esté
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debidamente probado, como se observa en la revisión de los expedientes hasta
octubre de 2025.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 11 de febrero de 20222 fue admitida la demanda, y se notificó a la UGPP, quien
manifestó que3, según los documentos del expediente, la demandante trabajó entre
1974 y 1978 en el municipio de El Dovio con una vinculación municipal, y entre 1999
y 2017 en el departamento del Valle del Cauca, con vinculación nacional. Por tanto,
no reúne el tiempo mínimo exigido de 20 años en calidad territorial o nacionalizada,
lo que impide el reconocimiento de la prestación.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, y (iii) prescripción.
El 8 de febrero de 20234, el tribunal de primera instancia fijó el litigio e incorporó las
pruebas documentales presentadas con la demanda y la contestación. El 5 de
agosto de 2024 incorporó las pruebas documentales allegadas por el municipio de
El Dovio y el 18 de noviembre de 2024 y las aportadas por el departamento del Valle
del Cauca; cerró el debate probatorio y corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para rendir concepto,
si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31 de enero
de 2025, negó las pretensiones. Expuso que, el tiempo acreditado es insuficiente
para obtener la pensión gracia, pues la actora no demostró la calidad de docente
territorial o nacionalizada por más de 20 años, y solo tuvo en cuenta 10 años, 4
meses y 14 días laborados como educadora bajo un vínculo nacionalizado, según
los decretos de nombramiento de 1974, 1997, 1999, la orden de servicio de 1996 y
los certificados aportados por el municipio de El Dovio y el departamento del Valle
del Cauca.
Respecto a la labor ejercida en los años 1978, 2001 y 2004, aunque se aportaron
las actas de posesión, no se incluyeron los respectivos actos de nombramiento ni
certificados que detallen el tiempo laborado o confirmen de manera inequívoca el
tipo de vinculación, y que entre el 4 de mayo de 2008 y el 1.° de octubre de 2017,
en el certificado de historia laboral se indica una vinculación nacional y no se
presentaron pruebas relacionadas que desvirtuaran el contenido de dicho
2 Ver índice 5 de SAMAI- Tribunales.
3 Ver índice 11 de SAMAI- Tribunales.
4 Ver índice 15 de SAMAI- Tribunales.
5 Ver índice 39 de SAMAI- Tribunales.
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documento. Además, en la base de datos de Fiduprevisora la demandante figura
con una vinculación nacional.
Sin condena en costas.
EL RECURSO DE APELACIÓN6
La demandante interpuso recurso apelación. Expuso que el tribunal incurrió en un
defecto fáctico por una valoración arbitraria del certificado de historia laboral, y
advierte que pese a que reconoció la vinculación territorial entre el 1.° de marzo de
1999 y el 3 de mayo de 2008, según el certificado, contradijo su propio criterio al
desconocer los periodos posteriores, también consignados en el mismo documento.
Además, señaló que el Consejo de Estado ha aclarado que la naturaleza de la
vinculación docente se determina por los actos administrativos de nombramiento,
no solo por el certificado de historia laboral. En su caso, manifiesta que los actos de
nombramiento demuestran que fue designada por la Gobernación del Valle del
Cauca tras un concurso de méritos, lo que confirma su vinculación territorial.
Que el tribunal de origen incurrió en un error al exigir los actos administrativos de
nombramiento para el período del 4 de mayo de 2008 al 1 de octubre de 2017, pues
estos no son nombramientos iniciales, sino novedades administrativas relacionadas
que no modifican la naturaleza territorial del vínculo establecido por el Decreto 0279
del 15 de febrero de 1999, reconocido por el mismo operador judicial, y por tanto, al
no reconocer un tiempo de servicio debidamente acreditado, se vulneran sus
derechos.
Señaló que el tribunal omitió ejercer plenamente su facultad oficiosa para decretar
pruebas que aclararan su vinculación territorial, y aunque requirió al municipio de El
Dovio y al departamento del Valle del Cauca, y este último aportó el Decreto 0279
de 1999 y otros documentos que confirman el vínculo territorial, el despacho no
insistió en obtener el expediente completo, trasladando indebidamente la carga
probatoria a la demandante.
Que cumplió con los requisitos de tiempo, edad y buena conducta, y tiene derecho
a que se le reconozca la pensión gracia.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 24 de julio de 20257 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
6 Ver índice 42 de SAMAI- Tribunales
7 Ver índice 8 de SAMAI.
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El Ministerio Público presentó concepto8 solicitando confirmar la sentencia apelada
considerando que la actora no cumple con los requisitos, teniendo en cuenta que la
mayor parte del tiempo prestado fue bajo un vínculo nacional.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
periodo en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
5. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
8 Ver índice 12 de SAMAI.
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Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»9. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
9 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.» (Subrayado intencional).
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado
o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201811 planteó una
serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de
reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los
docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que
los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto
general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
11 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza del cargo a
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ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
12 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la señora Rubiela García Arboleda nació el 2 de septiembre
195113, de modo que cumplió los 50 años de edad el 2 de septiembre de 2001.
El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, se realiza el siguiente estudio
sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.
• Periodo I: del 6 de octubre de 1974 al 30 de agosto de 1978
En relación con este período, obra en el expediente el Certificado de Información
Laboral del 5 de junio de 201514, en el cual se indica que la actora se desempeñó
como maestra municipal al servicio del municipio de El Dovio desde el 6 de octubre
de 1974 hasta el 30 de agosto de 1978. De igual forma, se encuentra el acta de
posesión n.° 004615 como maestra municipal, que da cuenta de su vinculación a
partir del 6 de octubre de 1974.
Aunque dentro del material probatorio aportado se encuentra también el CETIL n.°
2021028919012230009400011516, el cual también hace referencia al ejercicio de la
labor docente desde el 6 de octubre de 1974, dicha certificación registra una fecha
de terminación distinta a la previamente señalada, a saber, indica que la
demandante culminó su relación laboral el 1.° de septiembre de 1978. No obstante,
es la propia accionante quien delimita el tiempo trabajado hasta el 30 de agosto de
1978; por ello, no es factible considerar un lapso que exceda el límite fijado por ella
misma.
Además, se advierte que en los anexos de la demanda se allegó el acta de posesión
n.° 07617, en la cual consta que la reclamante fue nombrada por «Resolución interna
13 Ver cédula de ciudadanía, visible en los anexos de la demanda, página 41.
14 Antecedentes administrativos, página 5.
15 Demanda, página 51.
16 Ibid, página 46.
17 Ibid, página 52.
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n.° 0353» y tomó posesión de su cargo el 1.° de septiembre de 1978. Lo anterior,
permite concluir que la docente finalizó las labores derivadas del vínculo aquí
analizado el 30 de agosto de 1978, y al día siguiente se posesionó en un nuevo
cargo como maestra directora.
Ahora, este último nombramiento no será tenido en cuenta para efectos del cómputo
de la pensión, toda vez que, aparte del documento de posesión, no obra ningún otro
elemento que permita establecer la naturaleza de la vinculación docente ni los
extremos temporales de su ejercicio.
Pues bien, una vez delimitado el periodo objeto de análisis, en lo que concierne a la
calidad docente ocupada, se encuentra el acto administrativo de nombramiento, el
Decreto 0042 del 5 de octubre de 197418, por medio del cual el alcalde del municipio
de El Dovio designó a la actora como maestra de la escuela rural mixta de la vereda
Sirimanda. Sobre el particular, es adecuado resaltar que la Corte Constitucional en
sentencia C-084 de 1999, por medio de la cual se estudió la constitucionalidad del
artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisó que:
«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años,
es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de
docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de
manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales,
vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la
Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
"pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a
otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone
la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes
del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del
Tesoro Público […]» (Negrilla de la Sala)
Por tanto, en el entendido de que el nombramiento de la accionante (5 de octubre
de 1974), fue anterior al proceso previsto en la Ley 43 de 1975 (11 de diciembre de
197519) y en consideración a que en dicho tiempo sólo existían dos categorías de
docentes oficiales, aplica a este caso para la educadora la calidad territorial del
vínculo.
Lo anterior encuentra sustento en que en el referido acto se observa que la decisión
fue adoptada por el alcalde de la entidad territorial de manera autónoma, sin que se
advierta intervención directa del Ministerio de Educación o aval de este para que,
en virtud de la desconcentración, la autoridad municipal en su representación
efectuara la designación en comento, descartando en este sentido una vinculación
18 Ibid, página 50.
19 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975.
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nacional. Además, el acta de posesión señala que la actora se presentó al despacho
de la Alcaldía con el fin de asumir el cargo de maestra municipal, quedando claro la
calidad de la plaza ocupada.
Por consiguiente, el tiempo de labor oficial de la demandante como docente interina
entre el 6 de octubre de 1974 y el 30 de agosto de 1978 (3 años,10 meses y 25
días), puede considerarse para cumplir la exigencia de 20 años de servicio
necesarios para acceder a la prestación solicitada.
• Periodo II: del 2 de septiembre 1996 al 30 de junio de 1997- Orden de
prestación de servicios
En atención al certificado del alcalde de El Dovio con fecha del 12 de diciembre de
200120, se tiene que la actora se desempeñó como docente municipal orden de
prestación de servicios, desde el 2 de septiembre de 1996 hasta el 30 de junio de
1997. A su vez, se encuentra la copia de los contratos de prestación de servicios
del 2 de septiembre de 1996 y del 15 enero de 1997, celebrados entre la reclamante
y el alcalde del municipio de El Dovio21 en los que se indica con claridad que la
actora se desempeñó como docente en instituciones educativas de dicha entidad
territorial, contratada mientras se provea el cargo de forma definitiva.
Ahora, si bien se observa que el desempeño como educadora estatal, fue en virtud
de un contrato de prestación de servicios, y no de una relación legal y reglamentaria,
lo cierto es que no se puede desconocer la naturaleza propia de la labor educativa,
la cual comporta en esencia una actividad reglada y sometida a directrices de
política pública que conlleva asumir que, en realidad, tales relaciones contractuales
eran verdaderamente vínculos laborales encubiertos que tienen plenos efectos en
materia del reconocimiento de prerrogativas como la pensión gracia.
Respecto a esta afirmación, basta con resaltar, como lo hizo esta Corporación en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 que, en el caso de los maestros
del Estado, no existe duda sobre la prestación personal del servicio, así como la
remuneración que estos perciben por esa labor debido a la esencia del contrato
celebrado, al igual que la subordinación y dependencia a la que están sometidos
debido a la falta de autonomía y discrecionalidad que se predica del desarrollo de
las funciones educativas, pues este servicio está regulado por los lineamientos
revisados, controlados y materializados en órdenes de un superior.
Al respecto se recuerda que el Consejo de Estado22 ha manifestado lo siguiente
sobre las vinculaciones mediante la aludida modalidad contractual:
20 Ibid, página 52.
21 Ibid, páginas 55 y 57.
22 Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 19 de enero de 2017, radicación: 54001-23-33-000-
2012-00180-01 (1706-2015).
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«[…] Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se
incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad,
habida cuenta que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares
en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de
prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones
de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias
instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado».
[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto
que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya
querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad
de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que
están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado
por el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios,
para que sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le
permite, previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la
pensión gracia. […]»
Esta postura jurisprudencial obedece al hecho de que debe garantizarse el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades en materia
laboral, básicamente en la medida en que debido a que el desarrollo de la función
docente implica necesariamente un elemento de subordinación intrínseco derivado
de la regulación y control de las actividades educativas por parte de las autoridades,
así como la prestación personal del servicio y el cumplimiento de condiciones de
formación y experiencia, lo que realmente se genera es un vínculo laboral entre la
administración y los educadores contratados, el cual puede deducirse en casos
particulares como el que es objeto de discusión, sin que deba exigirse el
pronunciamiento judicial previo que así lo declare.
Además, resulta adecuado acudir a la tesis que esta Corporación ha sostenido en
casos similares al presente, cuando se ha precisado que la normativa especial de
la pensión gracia no excluyó tal forma de labor oficial contractual para consolidar
aquel derecho, toda vez que lo esencial para adquirirlo es que la reclamante
compruebe que ejerció funciones como educadora oficial en plazas del orden
territorial o nacionalizado, lo cual ocurre en el asunto bajo examen si se tiene en
cuenta que la actora fue contratada para desempeñarse como profesora del
municipio de El Dovio.
Por consiguiente, al considerar que no existe prueba de que los contratos fueron
expedidos conforme al proceso de nacionalización de la Ley 43 de 1975 ni se
registra información de intervención directa por parte del Ministerio de Educación
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Nacional, el servicio prestado se tendrá del orden territorial, y deberán computarse
para efectos de consolidar el derecho a la pensión gracia los interregnos ya
relacionados, equivalentes a un total de 9 meses y 29 días.
• Periodo III: del 1.° de agosto de 1997 al 14 de febrero de 1999
En el CETIL n.° 20210289190122300094000123, se establece que la actora laboró
a favor del municipio de El Dovio desde el 1.° de agosto de 1997 hasta el 14 de
febrero de 1999. También se encuentra el acta de posesión n.° 001424 que confirma
que la demandante asumió el cargo de docente municipal a partir del 1.° de agosto
de 1997.
Por su parte, el certificado emitido por el alcalde de El Dovio del 12 de diciembre de
2001 indica que la actora se desempeñó como docente municipal desde la misma
fecha de inicio, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 0009 del 1997.
No obstante, dicho certificado señala que la labor se extendió hasta el 1.° de marzo
de 1999, sin embargo, se verifica que la demandante cuenta con un nombramiento
posterior al aquí analizado, el cual se realizó el 15 de febrero de 1999 mediante
Decreto 0279, lo que respalda lo consignado en el CETIL respecto a la fecha de
finalización de su labor.
Ahora, en cuanto al acto administrativo de nombramiento, el Decreto 0009 del 12
de julio de 199725, a partir de este puede concluirse sin dificultad el tipo de plaza
ocupada por la actora, pues el alcalde de El Dovio, Valle del Cauca la nominó como
«maestra municipal», apreciándose que la decisión de designación fue adoptada
sin la intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni que la actividad
nominadora de la autoridad municipal haya sido en representación de la Nación.
Contrario a lo anterior, a partir del medio probatorio analizado, se extrae con claridad
que el nombramiento de la accionante tuvo lugar por decisión autónoma y directa
del alcalde, lo que indica que su vínculo fue en calidad de docente territorial.
En ese orden de ideas, la situación de la docente se ajusta a lo señalado en el
artículo 1.º de la Ley 91 de 1989:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
23
Demanda, página 46.
24 Ibid, página 60.
25 Ibid, página 59.
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Por tanto, los extremos temporales en los que la demandante fungió como docente
territorial, por (1 año, 6 meses y 14 días), deben tenerse en cuenta para computar
los 20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión gracia.
• Periodo IV: del 1.° de marzo de 1999 al 1.° de octubre de 2017
En atención al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
n.° 20241208 del 10 de octubre de 202426, se tiene que la actora fue nombrada por
Decreto 0279 del 15 de febrero de 1999, que prestó sus servicios bajo un vínculo
nacional desde el 1.° de marzo de 1999 hasta el 1.° de octubre de 2017 por retiro
forzoso.
En el mismo sentido, se encuentra el acta de posesión n.° 100827 en la que se
observa que la docente se presentó el 1.° de marzo de 1999 para tomar posesión
del cargo en el que fue nombrada por medio del Decreto 0279 del 15 de febrero de
199928.
Ahora, sobre el examen del tipo de plaza ocupada, a partir del mencionado acto de
nombramiento, se advierte que la actora fue nombrada por el gobernador del Valle
del Cauca como directora del Centro Docente # 21 San Isidro de la vereda
Bosquetarzo del municipio de El Dovio; dicho acto fue expedido por la referida
autoridad departamental de manera autónoma, directa y sin intervenciones.
Siguiendo la misma línea argumentativa aplicada al periodo anterior, de la
valoración integral de los elementos normativos y fácticos de este nombramiento,
se puede establecer que la relación laboral es de naturaleza territorial, en atención
al mencionado artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, esto pese a que en el certificado
de historia laboral se señale un vínculo nacional, el cual, es contradictorio a la
categoría observada a partir del acto administrativo.
Por consiguiente, el periodo aquí analizado, esto es entre el 1.° de marzo de 1999
al 1.° de octubre de 2017 (18 años, 7 meses y 1 día), resulta válido computarlo
junto a los analizados previamente, al punto de que se tiene demostrado que la
actora sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo como
maestra con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia, pues
sumados todos da un resultado total de servicio de 24 años, 10 meses y 9 días.
En este punto, también resulta necesario pronunciarse sobre la postura asumida
por el tribunal de origen y sobre los argumentos de apelación presentados por la
actora en relación con la exigencia de aportar los actos de nombramiento
correspondientes a cada una de las novedades registradas en el Formato Único
para la Expedición del Certificado de Historia Laboral. Pues bien, es oportuno
26 Ibid, página 52.
27 Ibid, página 62.
28 Ibid, página 55.
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reiterar la posición que ha mantenido esta Sala29, inicialmente en lo relativo a los
traslados, pero aplicable también a otras situaciones administrativas como a los
ascensos y cambios de sueldo, los cuales en nada interrumpen ni afectan el
desempeño continuo de las labores de los docentes, y en su lugar, el vínculo sigue
incólume, es decir, en este caso continuó siendo territorial.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna vinculación
en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con anterioridad, ello
previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad del hecho de
que la actora efectivamente se desempeñó como tal al servicio de la alcaldía de El
Dovio bajo una relación legal y reglamentaria del orden territorial desde el 6 de
octubre de 1974 hasta el 30 de agosto de 1978, es decir, en periodo anterior a la
primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto de
análisis.
En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, la providencia apelada será revocada en orden de
conceder las pretensiones de la demanda, siendo a su vez necesario efectuar un
examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.
Análisis de la prescripción
Sobre el particular, el Consejo de Estado30 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.
Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 22
de noviembre de 201231 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio, esto es,
29 Sentencia 52001-23-33-000-2019-00077-01 (2212-2021) y 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020)
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15
de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
31
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posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (2 de septiembre de 2001), pues
ese primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar
la prerrogativa bajo estudio.
Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución RDP
045961 del 5 de noviembre de 2015, la actora reclamó el 2 de julio de 2015 ante la
demandada el derecho pensional en mención, y a su vez, interpuso la demanda el
4 de noviembre de 202132, esto es, por fuera de los 3 años siguientes a la fecha de
interrupción del fenómeno bajo estudio, por lo que en el presente caso, es claro que
se configuró la excepción en comento desde la presentación de la demanda, y en
consecuencia prescribieron las mesadas anteriores al 4 de noviembre de 2018,
conforme a lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 22 de noviembre de 2011 y 21 de noviembre de 2012, con
efectividad desde 22 de noviembre de 2012, pero con efectos fiscales desde 4 de
noviembre de 2018 por prescripción trienal de mesadas.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».33
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH
Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
6/10/1974 30/08/1978 3 10 26
2/09/1996 30/06/1997 0 9 29
1/08/1997 14/02/1999 1 6 14
1/03/1999 22/11/2012 13 8 21
TOTAL 17+3 AÑOS (20 AÑOS) 33+3 MESES (3 AÑOS) 90 DIAS (3 MESES)
32 Ver índice 1 y 3 de SAMAI-Tribunales.
33 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
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pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
De la condena en costas en ambas instancias
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la parte
demandada, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.
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Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones (i) RDP 045961 del 5 de
noviembre de 2015 y (ii) RDP 020847 del 27 de mayo de 2016, por medio de las
cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la
demandante.
Tercero. Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
causadas con anterioridad al 4 de noviembre de 2018.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Rubiela García Arboleda, ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados por este en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 22 de noviembre de 2011 y 21 de
noviembre de 2012, con efectividad desde 22 de noviembre de 2012, pero con
efectos fiscales desde 4 de noviembre de 2018 por prescripción trienal de
mesadas.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
Quinto. Condenar en costas a la parte demandada en ambas instancias.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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