Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00341-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2017-00341-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020)
Demandante: Miriam Tobar Ocampo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente territorial. Horas
cátedra como jornada completa. Condena en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia impugnada por cuanto la parte demandante
acreditó los requisitos para acceder a la pensión gracia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 12 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La accionante interpuso el medio de control de la referencia con el objetivo de que
se declare la nulidad de las Resoluciones PAP 13585 del 13 de septiembre de 2010, PAP
036860 del 28 de enero de 2011, UGM 027433 del 19 de enero de 2012, RDP 012798
del 28 de marzo de 2017 y RDP 023781 del 6 de junio de 2017, por medio de las cuales
la extinta CAJANAL1 y la UGPP le negaron el reconocimiento y pago de una pensión
gracia2.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene el reconocimiento de
la referida prestación periódica a partir del 21 de marzo de 2007, en un monto equivalente
al 75 % del promedio de los salarios y factores salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios.
1
Caja Nacional de Previsión Social.
2
Sobre este punto, es pertinente precisar que en la demanda únicamente se controvirtieron las
Resoluciones RDP 012798 del 28 de marzo de 2017 y RDP 023781 del 6 de junio de 2017, proferidas por
la UGPP. No obstante, en la audiencia inicial celebrada el 12 de noviembre de 2019, el Tribunal
Administrativo del Cauca, durante la etapa de saneamiento del proceso, incorporó como actos
administrativos demandados las Resoluciones PAP 13585 del 13 de septiembre de 2010, PAP 036860 del
28 de enero de 2011 y UGM 027433 del 19 de enero de 2012, expedidas por la extinta CAJANAL (folio
135).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020)
Demandante: Miriam Tobar Ocampo
3. Solicitó, además, el pago de las mesadas atrasadas debidamente actualizadas
con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los intereses moratorios causados
a partir de la ejecutoria de la sentencia en virtud de lo dispuesto en los artículos 192 y
195 del CPACA, así como la condena en costas a la parte demandada.
4. Como sustento de sus pretensiones, manifestó que ejerció funciones como
docente oficial de carácter departamental al servicio del municipio de Popayán (Cauca)
desde el 2 de enero hasta el 30 de julio de 1976, en virtud de un contrato de auxilio
educativo. Posteriormente, a partir del 1º de octubre de 1987 continuó desempeñándose
en tal calidad conforme al nombramiento realizado mediante el Decreto 975 del 23 de
octubre de 1987.
5. Adujo que, cumplidos los requisitos de tiempo de servicios, edad y buena
conducta, el 21 de marzo de 2007 solicitó ante la entidad demandada que se le
reconociera la mencionada pensión gracia. No obstante, su solicitud fue negada mediante
los actos administrativos acusados bajo el argumento de que no acreditaba 20 años de
servicios como docente territorial o nacionalizado, dado que su vinculación se habría
efectuado por el Ministerio de Educación Nacional.
Contestación de la demanda
6. La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando
que los actos administrativos fueron expedidos conforme a derecho, por cuanto la actora
no acreditó 20 años de servicios conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 114 de
1913, subrayando que el período servido entre el 1º de octubre de 1987 y el 1º de agosto
de 2016 «no cubre el requisito exigido por la norma».
7. Afirmó que tampoco se satisface la exigencia de haberse vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, en razón a que no puede tenerse en cuenta el
interregno que la accionante aduce haber servido en el municipio de Sevilla porque el
documento allegado como prueba obra en copia simple y debido a que dicho período
corresponde a servicios prestados en virtud de órdenes de prestación de servicios y no
mediante una relación legal y reglamentaria.
8. Como excepción previa, propuso la de ineptitud sustantiva de la demanda por no
haberse demandado todos los actos administrativos. A su vez, formuló las excepciones
de mérito denominadas inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido,
ausencia de vicios en los actos administrativos demandados y prescripción.
Decisión de excepciones previas
9. En la audiencia inicial celebrada el 12 de noviembre de 2019, el Tribunal
Administrativo del Cauca declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda habida cuenta que, en esa misma diligencia, se incorporaron como actos
administrativos demandados las Resoluciones PAP 13585 del 13 de septiembre de 2010,
PAP 036860 del 28 de enero de 2011 y UGM 027433 del 19 de enero de 2012, todas
ellas proferidas por la extinta CAJANAL.
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Radicación: 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020)
Demandante: Miriam Tobar Ocampo
Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia de primera instancia dentro
de la audiencia inicial celebrada el 12 de noviembre de 2019, mediante la cual declaró la
nulidad de los actos administrativos enjuiciados y ordenó a la entidad demandada
reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la parte actora, desde el momento en
que adquirió el estatus de pensionada y en los términos previstos en la Ley 114 de 1913
y demás normas que la complementan y modifican. La prestación fue reconocida en
cuantía equivalente al 75 % del promedio de la asignación básica y demás factores
salariales devengados durante el año anterior a la causación del derecho.
11. Asimismo, declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
causadas con anterioridad al 24 de noviembre de 2013, tomando como referencia la fecha
de la última petición presentada para el reconocimiento de la prestación (24 de noviembre
de 2016). Condenó en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en el
proceso y fijó las agencias en derecho en un 4 % del valor total de las pretensiones.
12. Para sustentar la decisión, el Tribunal consideró acreditado que la demandante
cumplió 50 años de edad el 19 de diciembre de 2003 y que no se controvirtió que haya
desempeñado sus funciones con honradez y buena conducta.
13. En relación con el requisito de haberse vinculado como docente territorial con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, el a quo concluyó que dicho presupuesto se
cumple a cabalidad toda vez que se demostró que la accionante prestó sus servicios al
municipio de Sevilla entre el 1º de noviembre de 1975 y el 30 de diciembre de 1975 y
desde el 2 de enero de 1976 hasta el 30 de julio de 1976, tiempo equivalente a 0,75 años.
14. El Tribunal explicó que, aunque dichos servicios se prestaron bajo la modalidad de
auxilio educativo en la vereda El Bayano del mencionado municipio, resultaba procedente
computarlos conforme a la normativa y jurisprudencia de esta Corporación, la cual ha
precisado que lo exigible es el desempeño efectivo de la labor docente sin que sea
indispensable acreditar la existencia de una vinculación legal y reglamentaria.
15. A su vez, comprobó que la accionante se desempeñó como docente
departamental por horas cátedra desde el 4 de febrero de 1985 hasta el 30 de agosto de
1988. Esta vinculación, igualmente válida para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, se valoró conforme a las reglas establecidas en la sentencia de unificación del 22
de enero de 2015, representando un total de 4.304 horas cátedra que, divididas entre
cuatro, equivalen a 1.076 días laborados, es decir, 2,98 años de servicio.
16. Finalmente, quedó acreditado en el proceso que la docente prestó sus servicios
como docente departamental de tiempo completo, en propiedad, a partir del 1° de octubre
de 1987, en virtud del Decreto 975 del 23 de octubre de 1987, acumulando así más de
20 años de servicio.
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Radicación: 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020)
Demandante: Miriam Tobar Ocampo
Recurso de apelación
17. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, denegar las pretensiones formuladas en la demanda. Al respecto, reiteró que la
actora no cuenta con una vinculación legal y reglamentaria anterior al 31 de diciembre de
1980 debido a que la que resultó acreditada en el plenario corresponde a un contrato de
naturaleza civil, específicamente un contrato de prestación de servicios.
18. Igualmente, precisó que la vinculación legal y reglamentaria de la demandante se
produjo con posterioridad al 30 de diciembre de 1980, sin que de las pruebas aportadas
se desprenda con claridad el tipo de vínculo jurídico que ostentaba.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante auto del 3 de diciembre de 20203, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada. Luego, por auto del 8 de abril de 2021 4, se corrió
traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran por escrito sus
alegatos de conclusión. Igualmente, se ordenó poner a disposición del Ministerio Público
el expediente para que emitiera el concepto correspondiente.
19. La parte actora5 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia señalando que
demostró más de 20 años de servicio como docente territorial en el municipio de Sevilla
y el departamento del Cauca, cumpliendo los requisitos de las leyes que regulan la
pensión gracia. Alegó que la entidad desconoció de forma indebida los tiempos previos a
1980 por defectos formales en los certificados, pese a que estos acreditan vinculación
departamental; además, pidió aplicar los precedentes del Consejo de Estado (SUJ-11 de
2018) y de la Corte Constitucional (SU-014 de 2020) que priorizan los actos de
nombramiento sobre simples registros administrativos.
20. Por su parte, la entidad demandada6 pidió revocar el fallo de primer grado,
reiterando los argumentos sostenidos tanto en la contestación de la demanda como en
el recurso de apelación.
21. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
3
Folio 166.
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Folio 168.
5
Índice 13.
6
Índice 14.
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Demandante: Miriam Tobar Ocampo
Problema jurídico
22. Con base en los reparos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a esta
Subsección determinar si los periodos servidos por la demandante entre el 1º de
noviembre y el 30 de diciembre de 1975 y entre el 2 de enero y el 30 de julio de 1976 en
el municipio de Sevilla (Valle del Cauca), bajo la modalidad de contrato de auxilio
educativo, deben desestimarse para efectos de acreditar el requisito previsto en el
artículo 15 numeral 2 de la Ley 91 de 1989, consistente en haberse vinculado como
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
Análisis del problema jurídico
23. En el expediente obra copia de la certificación emitida el 31 de agosto de 2016 7
por la Secretaría de Desarrollo Institucional y Bienestar Social del municipio de Sevilla
(Valle del Cauca), mediante la cual se deja constancia que la accionante prestó sus
servicios como maestra, bajo la modalidad de auxilio educativo, en la vereda El Bayano,
«sin que existiera relación laboral alguna», durante los siguientes periodos: del 2 al 30 de
enero de 1976, del 1º al 28 de febrero de 1976, del 1º al 30 de marzo de 1976, del 1º al
30 de abril de 1976, del 1º al 30 de mayo de 1976, del 1º al 30 de junio de 1976 y del 1º
al 30 de julio de 1976.
24. Obra copia de las Cuentas de Cobro 0282 del 27 de enero de 19768, 0524 del 23
de febrero de 19769, 0815 del 30 de marzo de 197610, 0816 del 15 de mayo de 197611,
1127 del 25 de mayo de 197612, 1126 del 20 de junio de 197613 y 2851 del 21 de julio de
197614, emitidas por el Tesoro del Distrito de Sevilla (Valle del Cauca) y suscritas por el
alcalde municipal y el auditor departamental, mediante las cuales se efectuaron los pagos
a la accionante por concepto de los servicios prestados como maestra de la escuela rural
de la vereda El Bayano.
25. Igualmente, se avizora copia de la certificación expedida el 28 de diciembre de
200815 por la Secretaría de Desarrollo Institucional y Bienestar Social del municipio de
Sevilla (Valle del Cauca), en la cual consta que la accionante prestó sus servicios como
docente, «sin vinculación laboral ni formar parte de la planta de cargos» entre el 1º de
noviembre de 1975 y el 30 de diciembre de 1975 y entre el 1º de enero de 1976 y el 30
de julio de 1976.
26. Con fundamento en lo anterior, para esta Subsección resulta evidente que los
periodos durante los cuales la accionante prestó sus servicios como maestra en la vereda
7
Folio 29.
8
Folio 38.
9
Folio 39.
10
Folio 40.
11
Folio 41.
12
Folio 42.
13
Folio 43.
14
Folio 44.
15
Folio 45.
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Demandante: Miriam Tobar Ocampo
El Bayano del municipio de Sevilla (Valle del Cauca) son computables para efectos de
acreditar los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.
27. En este sentido, tal como lo concluyó el a quo, esta Corporación ha sostenido de
manera reiterada y pacífica que los periodos desempeñados bajo la modalidad de
órdenes de prestación de servicios —figura asimilable al contrato de auxilio educativo—
deben tenerse en cuenta en materia de pensión gracia siempre que hayan sido
ejecutados en instituciones educativas públicas de carácter territorial o nacionalizado y
se haya ejercido función docente. Sobre el particular, se ha señalado lo siguiente16:
Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente de las entidades territoriales en propiedad, habida cuenta que las funciones que
cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el
vinculado mediante contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y
las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado»17.
[…]
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera
relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los
maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario
y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por el
accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que sea
contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de
su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.18
28. Aunado a lo anterior, esta Corporación ha reiterado que no es necesario acreditar
la existencia de una relación legal y reglamentaria entre el docente y el ente territorial
pues, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, lo verdaderamente relevante es
la labor efectivamente desarrollada, como ocurre en el presente caso.
29. Además, como se evidenció, de las cuentas de cobro allegadas al expediente se
infiere que los gastos derivados de la vinculación de la actora como maestra bajo la
modalidad de contrato de auxilio educativo, fueron sufragados directamente por el
municipio de Sevilla con la aprobación del departamento del Valle del Cauca, sin que se
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 28 de marzo de 2019, radicado: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14). En igual sentido pueden
consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 19 de julio de
2018, radicado: 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14); b. del 22 de octubre de 2018, radicado:
20001-23-39-000-2015-00529-01 (3878-17); c. del 12 de junio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2015-
05142-01 (4512-17)
17
Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
18
En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente:
54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, y 14 de junio de 2018,
expediente: 17001-23-33-000-2013-00374-01 (4791-2014), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6
Radicación: 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020)
Demandante: Miriam Tobar Ocampo
observe intervención alguna del Ministerio de Educación Nacional, lo cual demuestra que
se trató de un vínculo de carácter territorial.
30. En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de haberse vinculado con
anterioridad al 30 de diciembre de 1980, lo que conduce a concluir que no le asiste razón
a la entidad apelante al solicitar que se desestimen los periodos laborados por la actora
bajo la modalidad de auxilio educativo.
31. Por otro lado, la Sala comparte la decisión del a quo al considerar acreditado el
requisito de haberse desempeñado como docente territorial por más de 20 años (32 años,
7 meses y 27 días), según se demuestra con la información que reposa en los siguientes
documentos: el Decreto 1156 del 31 de diciembre de 198419; el acta de posesión del 12
de marzo de 198520; el Certificado de Tiempo de Servicios del 31 de marzo de 2008 21; el
Decreto 975 del 23 de octubre de 1987, emitido la Gobernación del Cauca 22; el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral núm. 915 del 15 de diciembre
de 2016, emitida por la Secretaría de Educación del Cauca23; y la constancia del 23 de
agosto de 2016 de la Secretaría de Educación de Popayán24. Estos servicios se
discriminan así:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Territorial 01/11/1975 30/12/1975 0 2 0
Territorial 01/01/1976 30/07/1976 0 7 0
Territorial – hora 4/02/1985 30/08/1985 0 6 27
cátedra (20 h/s)
Territorial – hora 02/09/1985 30/08/1986 0 11 29
cátedra (26 h/s)
Territorial – hora 01/09/1986 30/08/1987 1 0 0
cátedra (26 h/s)
Territorial – hora 01/09/1987 30/08/1988 1 0 0
cátedra (26 h/s)
Territorial 01/10/1987 15/12/2016 29 2 15
TOTAL 33 6 11
Se debe descontar lo laborado entre el 1 de octubre de 1987 y el 30 de agosto de 1988 (10 meses y 14 días), por corresponder a
tiempos dobles, los cuales no pueden tenerse en cuenta para sumar tiempo para acceder a la pensión gracia.
TOTAL, FINAL: 32 años, 7 meses y 27 días
32. En relación con la información que antecede, es pertinente precisar que, si bien
la actora prestó sus servicios bajo la modalidad de hora cátedra, al tratarse de labores
desarrolladas por más de 20 horas semanales estas deben considerarse como jornada
completa conforme lo estableció esta Corporación en la sentencia de unificación del 22
19
Documento 9 del cuaderno principal, visible en el folio 86, mediante el cual la accionante fue nombrada
como docente de hora cátedra en el Instituto Agrícola Carmencita Cardona de Gutiérrez del municipio de
Corinto.
20
Documento 12, ibidem.
21
Documento 8, ibidem. En dicho certificado consta que la actora prestó sus servicios como docente de
hora cátedra durante los siguientes periodos: del 4 de febrero al 30 de agosto de 1985 (20 horas
semanales); del 2 de septiembre de 1985 al 30 de agosto de 1986 (26 horas semanales); del 1.º de
septiembre de 1986 al 30 de agosto de 1987 (26 horas semanales); y del 1.º de septiembre de 1987 al 30
de agosto de 1988 (26 horas semanales).
22
Folio 36. A través del cual el Gobernador del Cauca nombró a la actora como docente de tiempo completo
en el Instituto Agrícola Carmencita Cardona de Gutiérrez del municipio de Corinto, cargo del cual tomó
posesión el 28 de octubre de 1987 (folio 37).
23
Folios 30 y 31.
24
Folio 58.
7
Radicación: 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020)
Demandante: Miriam Tobar Ocampo
de enero de 201525, que a su vez citó la sentencia del 8 de agosto de 2003 26 en la cual
se determinó que los docentes que presten sus servicios por más de 20 horas semanales
(equivalentes a 4 horas diarias) se entienden como maestros de tiempo completo27.
33. Aunado a lo anterior, se acreditó que la demandante cumplió 50 años de edad el
19 de diciembre de 200328 y ejerció sus labores docentes con honradez y buena
conducta, sin que obre en su contra sanción disciplinaria alguna29. Tampoco se evidenció
que haya percibido otra recompensa nacional. En consecuencia, se encuentra
demostrado que reúne los requisitos para acceder a la pensión gracia reconocida en
primera instancia.
34. Finalmente, la Subsección comparte la conclusión del a quo al declarar prescritas
las mesadas causadas con anterioridad al 24 de noviembre de 2013 teniendo en cuenta
la fecha de la última solicitud presentada para el reconocimiento de la prestación (24 de
noviembre de 2016), mientras que el estatus pensional se consolidó el 24 de junio de
200430.
Condena en costas
35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
36. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
37. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
del 22 de enero de 2015, proferida dentro del expediente 25000 23 42 000 2012 02017 01 (0775-14), con
ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de agosto de 2003, expediente No. 0396-03, con
ponencia del consejero Jesús María Lemos Bustamante.
27
Tesis actualmente vigente y reiterada por esta Subsección en las sentencias del 1.º de agosto de 2024
y del 23 de abril de 2025, expedidas bajo los radicados 63001-23-33-000-2018-00180-01 (1073-2020) y
25000 23 42 000 2018 00943 01 (4634-2024), respectivamente.
28
Cfr. Cédula de ciudadanía (folios 28 y 51) y registro civil de nacimiento (folio 27).
29
Cfr. Certificado de antecedentes disciplinarios (folios 35 y 61); declaración extrajuicio del 15 de abril de
2015 (folio 40) y declaración de buena conducta del 2 de octubre de 2016 (folio 59).
30
Esta fecha surge de restarle 12 años, 7 meses y 27 días al 15 de junio de 2016 (fecha en la que se
expidió el certificado de historia laboral allegado como prueba).
8
Radicación: 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020)
Demandante: Miriam Tobar Ocampo
38. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada
por la señora Miriam Tobar Ocampo contra la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
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