Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00454-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00454-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00454-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00454 01 (5799-2022)
Demandante: José Soler Trujillo Trujillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Incumplimiento del requisito de vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980. Imposibilidad de
computar tiempos territoriales que fueron coetáneos con
tiempos nacionales. Condena en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia, porque el
tiempo territorial invocado por el demandante para acreditar
la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 fue
simultánea con una vinculación nacional y, por tanto, no es
computable para efectos de la pensión gracia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 26 de agosto de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, solicitó que
se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 45568 del 1 de diciembre de
2017 y RDP 010929 del 27 de marzo de 2018, a través de las cuales la entidad
demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le ordene a la entidad
demandada que le conceda la mencionada prestación periódica a partir del 21
de febrero de 2004, teniendo en cuenta en su liquidación las primas de navidad
y de vacaciones, junto con el pago de las mesadas adeudadas debidamente
actualizadas en la forma prevista en el artículo 187 del CPACA y los intereses
moratorios establecidos en el artículo 192 ibidem, si no se efectúa el pago en
forma oportuna. Asimismo, solicitó que se condene en costas a la accionada.
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Radicación: 17001 23 33 000 2018 00454 01 (5799-2022)
Demandante: José Soler Trujillo Trujillo
3. Como sustento de sus pretensiones, la parte demandante señaló que
cumplió 50 años de edad el 10 de mayo de 2002 y que prestó sus servicios
docentes con buena conducta por más de 20 años, en los siguientes períodos e
instituciones: del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1974, en el Colegio
Bachillerato Nocturno Jorge Vélez Calle del municipio de Salamina (Caldas); y
desde el 10 de mayo de 2002 hasta la fecha de presentación de la demanda en
la Institución Educativa San Francisco de Paula del municipio de Chinchiná
(Caldas).
4. Indicó que el 12 de septiembre de 2017 presentó solicitud de
reconocimiento pensional ante la entidad demandada, la cual fue negada
mediante los actos administrativos acusados.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
considerar que el actor no cumple con los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia.
6. En relación con el tiempo de servicio comprendido entre el 1 de febrero y
el 30 de noviembre de 1974 sostuvo que si bien el nombramiento fue del orden
territorial no es posible tenerlo en cuenta en tanto en el formato del 14 de julio de
2017 no se especificó el tipo de vinculación, sumado a que dicho interregno no
se encuentra acreditado en el formato establecido por el FOMAG ni en el
expediente obran los actos administrativos de nombramiento y posesión
correspondientes.
7. De otra parte, señaló que tampoco hay lugar al reconocimiento de la
prestación toda vez que al 29 de diciembre de 1989 el demandante no había
cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia,
conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-084 de
1999 y C-489 de 2000.
8. Asimismo, indicó que no procede el reconocimiento de la pensión
reclamada por cuanto la vinculación del actor a la docencia tuvo carácter
nacional, concretamente haciendo referencia a los períodos laborados entre el 1
de marzo y el 18 de diciembre de 1972 y entre el 20 de febrero de 1973 y el 13
de febrero de 1984.
9. Finalmente, propuso las excepciones de mérito que denominó
«inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», «buena fe»,
«prescripción» y la genérica.
Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de primera instancia
el 26 de agosto de 2022, mediante la cual declaró probada la excepción de
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inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, por lo que negó las
pretensiones de la demanda dado que el demandante ostentó el carácter de
docente nacional.
11. El a quo tuvo por acreditado que el actor nació el 10 de mayo de 1952 y
que prestó sus servicios docentes en los siguientes períodos: (i) entre el 1 de
febrero y el 30 de noviembre de 1974 como profesor de bachillerato nocturno
«Jorge Vélez Calle» según el certificado 0364 del 3 de agosto de 2018 y el
Decreto 814 de 1974 expedidos por el departamento de Caldas; (ii) entre el 20
de febrero de 1973 y el 13 de febrero de 1984 como docente en el Instituto
Nacional Salamina de acuerdo con el certificado de información laboral, el acta
de posesión y la Resolución 4929 del 21 de mayo de 1973; y (iii) entre el 15 de
febrero de 1984 y el 2 de febrero de 2005 en el Colegio San Francisco de Paula
Nocturno de Chinchiná conforme al formato único de historia laboral y al Decreto
0131 de 1984.
12. No obstante, concluyó que el tiempo servido en 1974 no resulta apto para
acreditar el requisito de la vinculación territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, en tanto dicho nombramiento departamental correspondió a
la participación en programas de alfabetización y educación de adultos; además,
coincidió con una vinculación nacional previa y vigente del actor en el Instituto
Nacional Salamina.
13. A partir de esa confrontación probatoria, estableció que entre el 1 de
febrero y el 30 de noviembre de 1974 existió simultaneidad entre una vinculación
departamental y otra del orden nacional, circunstancia que resulta incompatible
con el reconocimiento de la pensión gracia por cuanto el demandante percibía
retribución de la Nación por servicios docentes.
14. De otra parte, el Tribunal señaló que, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, no se exige que el docente hubiera estado vinculado
exactamente el 31 de diciembre de 1980 ni que el vínculo territorial hubiese sido
necesariamente en propiedad, en la medida en que incluso la interinidad puede
ser válida para acreditar dicho requisito.
15. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas y agencias en derecho en
esa instancia.
Recurso de apelación
16. El demandante interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó
revocar la sentencia de primera instancia al considerar que dicha providencia es
contraria a lo definido por esta Corporación y por el propio Tribunal Administrativo
de Caldas en la materia.
17. Señaló que, aunque no es válido el tiempo laborado como docente de
carácter nacional para acceder a la pensión gracia, lo cierto es que sí fungió como
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docente de carácter territorial entre el 1 de febrero al 30 de noviembre de 1974
como profesor de bachillerato nocturno del municipio de Salamina (Caldas) y del
15 de febrero de 1984 al 2 de febrero de 2005 como profesor nacionalizado en el
municipio de Chinchiná (Caldas).
18. Expuso que tanto el Consejo de Estado como los tribunales
administrativos han definido que el factor que determina si un docente es nacional
o territorial es el acto administrativo de nombramiento. Con base en ello, afirmó
que fue nombrado inicialmente mediante Decreto 814 del 17 de diciembre de
1974 expedido por la gobernadora del departamento de Caldas y que
posteriormente los demás nombramientos también fueron realizados por
autoridades departamentales, razón por la cual todas sus vinculaciones serían
de carácter territorial.
19. Finalmente, manifestó que su caso particular se acompasa a los
parámetros fijados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
21 de junio de 2018.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Mediante auto del 13 de abril de 2023 se admitió el recurso de apelación
y se dispuso correr traslado a la parte demandada para que se pronunciara dentro
del término de ejecutoria de dicha providencia, así como al Ministerio Público
para que rindiera concepto antes de que el proceso ingresara al despacho para
sentencia.
21. La entidad demandada solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
argumentando que el actor no acreditó los requisitos para el reconocimiento de
la pensión gracia, en especial la vinculación territorial o nacionalizada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
22. Por su parte, el Ministerio Público solicitó revocar la sentencia al estimar
que se acreditó una vinculación territorial anterior al 31 de diciembre de 1980, en
particular por los servicios prestados entre febrero y noviembre de 1974 al
departamento de Caldas.
23. En ese sentido, sostuvo que el a quo incurrió en error al restar valor
probatorio a dicho período por tratarse de labores de alfabetización o educación
de adultos pues lo determinante es la naturaleza territorial del nombramiento.
Agregó que, conforme a la jurisprudencia de unificación, dicha calidad se
establece a partir del acto de vinculación o de una certificación inequívoca de la
autoridad nominadora y no del origen de los recursos.
24. Con fundamento en lo anterior, concluyó que ese período puede sumarse
al tiempo servido como docente nacionalizado para completar los requisitos
exigidos para la pensión gracia.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a revocar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
reconocer la pensión gracia al demandante, para lo cual deberá establecer: (i) si
el tiempo de servicios prestado entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de
1974, en el Colegio Bachillerato Nocturno Jorge Vélez Calle del municipio de
Salamina (Caldas), acredita una vinculación territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980; y (ii) si dicho período es computable para efectos de la
pensión gracia, pese a su coincidencia con una vinculación docente de carácter
nacional en el Instituto Nacional de Salamina.
27. De ser así, deberá verificarse si el actor cumple los demás requisitos
exigidos por la ley para el reconocimiento de la prestación.
Análisis del problema jurídico
28. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda por las razones que se exponen a
continuación.
29. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
Requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente
territorial o nacionalizado
30. Para demostrar este requisito, el demandante indicó que laboró como
docente en el Colegio Bachillerato Nocturno Jorge Vélez Calle del municipio de
Salamina (Caldas), entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 1974.
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31. Como soporte de lo anterior, aportó copia de la constancia del 10 de mayo
de 2018 emitida por la Jefatura de Gestión de Talento Humano de la Gobernación
de Caldas, en la que se certificó que el actor prestó sus servicios para ese ente
territorial desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 1974 como docente del
municipio de Salamina (Caldas), con tipo de vinculación «departamental».
32. Ahora bien, aunque en el expediente no obra copia del acto administrativo
de nombramiento, sí reposa copia del Decreto 814 del 17 de diciembre de 1974,
a través del cual la gobernadora del departamento de Caldas, en uso de sus
facultades legales, determinó el personal de educadores con derecho a cobrar el
sobresueldo —con cargo a los fondos de ese ente territorial— por participar en
el desarrollo del programa de alfabetización y educación de adultos, dentro de
los cuales se encontraba el demandante para el período comprendido desde
febrero hasta noviembre de 1974.
33. Pues bien, es menester señalar que el Decreto 1830 de 1966 reglamentó
la educación para adultos y, en su artículo 7, dispuso que la alfabetización
constituye la fase inicial de programas más amplios dirigidos a adultos. Su
objetivo específico es impartir conocimientos de lectura, escritura, civismo y
aritmética básica, así como introducir al alfabetizado en actividades profesionales
habilitándolo para acceder a programas de educación general básica y formación
profesional.
34. A su vez, el Decreto 378 de 1970 instituyó la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional. Mientras que el artículo 2 del Decreto 2277
de 1979 dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización
de adultos.
35. A partir de las normas citadas, esta Corporación1 ha sostenido que la labor
docente en procesos de alfabetización es computable para efectos de acceder a
la pensión gracia debiendo considerarse como tiempo laborado en educación
primaria y puede sumarse al tiempo trabajado en educación secundaria,
conforme a la extensión prevista en el artículo 3 de la Ley 37 de 1933.
36. En ese contexto, para la Subsección resulta claro que la certificación
expedida por la autoridad territorial, junto con el Decreto 814 de 1974, permiten
tener por acreditada la naturaleza territorial de la vinculación docente durante el
período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 1974, en tanto
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016,
radicado 19001-23-33-000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las
siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01
(0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016),
iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de
mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021,
radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados
25000-23-42-000-2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del
23 de junio de 2022, radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
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Demandante: José Soler Trujillo Trujillo
el reconocimiento económico (sobresueldo) fue efectuado por la gobernadora de
Caldas sin intervención del Ministerio de Educación Nacional.
37. A pesar de lo anterior, para esta Subsección no es posible tener en cuenta
el mencionado interregno, por cuanto se llevó a cabo de manera coetánea con
servicios que el demandante prestaba para el Ministerio de Educación Nacional,
tal como se pasa a explicar.
38. En cumplimiento del auto para mejor proveer ordenado en el auto del 16
de octubre de 2025, se aportó al proceso el certificado del 21 de enero de 20262,
a través del cual la rectora de la Institución Educativa Sara Ospina Grisales del
municipio de Salamina (Caldas) dio constancia de que el actor laboró como
docente nacional en dicha institución educativa —Sede Instituto Nacional de
Salamina—3 desde el 20 de febrero de 1973, según la Resolución 4929 del 21
de mayo de 1973, hasta el 13 de febrero de 1984, con una intensidad horaria
de 22 horas semanales.
39. Junto al anterior certificado, se allegó copia del acta de posesión del 25 de
mayo de 19734, a través de la cual el actor tomó posesión del cargo de profesor
de enseñanza secundaria en el Instituto Salamina de dicho municipio, con efectos
a partir del 20 de febrero de esa anualidad, en virtud del nombramiento efectuado
a través de la Resolución «4924» del 21 de mayo de 1973, emanado del
Ministerio de Educación Nacional.
40. Al respecto, conviene indicar que entre el certificado emitido por la rectora
de la Institución Educativa Sara Ospina Grisales de Salamina y el Acta de
Posesión que antecede existe una irregularidad en cuanto a la identificación del
acto administrativo de nombramiento, puesto que, en el primero, se dice que la
vinculación se dio a través de la Resolución «4929» del 21 de mayo de 1973,
mientras que en la segunda se indica que esta se dio en virtud de la Resolución
«4924» del 21 de mayo de 1973.
41. No obstante, si bien se advierte discrepancia en la numeración del acto de
nombramiento consignado en los documentos allegados, ambos coinciden en
señalar que la designación provino del Ministerio de Educación Nacional y que
surtió efectos a partir del 20 de febrero de 1973, razón por la cual dicha
inconsistencia no desvirtúa la naturaleza nacional del vínculo acreditado.
42. A partir de lo anterior, aunque el actor acreditó una prestación de servicios
de naturaleza departamental, dicho lapso no puede ser valorado para satisfacer
el requisito de vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre
de 1980, por cuanto coincidió íntegramente con una vinculación nacional
2 Página 4 del del documento « 48RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL57992022RESP(.pdf)» que
reposa en el índice 30 de SAMAI.
3 En dicho Certificado se indicó que el Instituto Nacional Salamina fue fusionado con la I. E. Sara
Ospina Grisales mediante la Resolución 0068 del 13 de enero de 2012.
4 Página 2 del del documento « 48RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL57992022RESP(.pdf)» que
reposa en el índice 30 de SAMAI.
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Demandante: José Soler Trujillo Trujillo
vigente5. En consecuencia, dicho período no refleja una vinculación territorial
autónoma susceptible de ser computada para efectos de la pensión gracia.
43. Sobre este punto, vale la pena reiterar que la referida prestación pensional
fue creada por la Ley 114 de 1913, en la que se estableció como requisito esencial
que el docente no reciba o haya recibido otra pensión o recompensa nacional. Lo
anterior, por cuanto el propósito de dicha pensión fue compensar los bajos
salarios que devengaban los maestros de primaria de las entidades territoriales
respecto de los docentes vinculados a la Nación6.
44. Por tal razón, aunque el demandante tuvo una vinculación con una entidad
territorial, también prestó simultáneamente sus servicios como docente nacional,
lo que evidencia que, durante ese lapso, recibía una retribución de carácter
nacional, de donde se sigue que no existía la desigualdad salarial que la pensión
gracia buscó compensar.
45. Tampoco prospera el argumento del apelante fundado en la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 pues aún bajo el criterio según el cual la
naturaleza del vínculo se define a partir del acto de nombramiento o de
certificación inequívoca de la autoridad nominadora, en el caso concreto quedó
demostrado que el período departamental (febrero a noviembre de 1974) fue
coetáneo con una vinculación nacional iniciada el 20 de febrero de 1973 y vigente
hasta 1984.
46. Por tanto, la controversia no radica en desconocer el carácter territorial de
dicho período, sino en que este no puede ser valorado de manera autónoma al
haber coincidido con un vínculo nacional en curso.
47. En conclusión, teniendo en cuenta que para acceder a la pensión gracia
se requiere el cumplimiento concurrente de todos los requisitos legales y en el
presente asunto no se acreditó una vinculación territorial o nacionalizada anterior
al 31 de diciembre de 1980 susceptible de ser computada de manera autónoma,
resulta innecesario analizar los demás presupuestos, por lo que se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas de segunda instancia
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
5 En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de
octubre del 2025, proferida dentro del expediente 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020), C.P. Juan
Camilo Morales Trujillo.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-11-2018, proferida bajo el radicado 25000-23-42-000-2013-04683-
01(3805-14), con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
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49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandante en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Caldas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Demandante: José Soler Trujillo Trujillo
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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