Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00398-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001 23 33 000 2019 00398 01 (2207-2022)
Demandante: Óscar Antonio Rada Coba
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Docente nacional. Niega reconocimiento.
Tiempos dobles. Condena en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada que negó las pretensiones
de la demanda por cuanto el actor no acreditó haber servido
como docente de carácter territorial y/o nacionalizado
durante un mínimo de 20 años.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 13 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 042416 del 25 de octubre
de 2018, RDP 047071 del 15 de diciembre de 2018 y RDP 048289 del 26 de
diciembre de 2018, mediante las cuales la entidad demandada le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
entidad a reconocer y pagar la prestación periódica reclamada, junto con los
intereses moratorios, la indexación y los perjuicios ocasionados con la expedición
de los actos administrativos acusados, así como las agencias en derecho y las
costas procesales.
3. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que para el momento
de interponer la demanda contaba con 76 años pues nació el 28 de marzo de
1943 y que prestó sus servicios como docente territorial durante más de 40 años
al servicio del departamento del Atlántico.
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Demandante: Óscar Antonio Rada Coba
4. En relación con este último aspecto, sostuvo que los actos administrativos
de nombramiento, contenidos en los Decretos 207 del 20 de marzo de «1967»1,
209 del 7 de abril de 1967 y 271 del 25 de abril de 1969, mediante los cuales fue
vinculado como docente del Colegio de Bachillerato Masculino de Sabanalarga,
fueron expedidos por la Gobernación y la Secretaría de Educación del Atlántico,
lo cual confirma que se trató de una vinculación del orden territorial.
5. Asimismo, señaló que la fecha base de su nombramiento debía
contabilizarse a partir del 22 de abril de 1967, tal como se encuentra
expresamente consignado en el formato de historia laboral aportado con la
demanda.
Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
sostener que el actor no cumple los requisitos legales para acceder a la pensión
gracia.
7. Argumentó que, conforme a las pruebas allegadas al expediente, se
concluye que este ha laborado como docente nacional de tiempo completo desde
el 18 de septiembre de 1980, en virtud del nombramiento efectuado mediante la
Resolución 17083 del Ministerio de Educación Nacional.
8. Propuso como excepciones de mérito las que denominó: «las resoluciones
dictadas por la unidad se encuentran revestidas de legalidad, por cuanto se
fundamentan en la normativa aplicable al caso concreto», «inexistencia de la
obligación», «imposibilidad de restablecer derechos al demandante», «cobro de
lo no debido», «prescripción», «presunción de legalidad de los actos
administrativos», «buena fe» y la genérica.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió fallo de primera instancia el
13 de mayo de 2021, a través del cual negó las pretensiones de la demanda.
10. Al respecto, el a quo, con fundamento en las pruebas que obran en el
expediente, consideró que el demandante tuvo dos tipos de vinculación: la
primera, de carácter territorial desde el 22 de abril de 1967 hasta el 21 de febrero
de 1974 y, la segunda, de carácter nacional, desde el 22 de febrero de 1974 hasta
el 21 de mayo de 2008. Por lo tanto, concluyó que no cumplía con el requisito de
haber laborado como docente territorial y/o nacionalizado durante 20 años.
11. Adicionalmente, precisó que las pruebas obrantes en el plenario no
resultan demostrativas de que las plazas ocupadas por el docente en el Instituto
Nacional de Comercio de Barranquilla, en el Colegio Bachillerato Nacional de
Campo de la Cruz, en el Colegio Mixto de Bachillerato de Baranoa y en la
Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado de Baranoa hayan sido creadas
por la entidad territorial y que los gastos fueran cubiertos con recursos propios.
1 Al revisar el mencionado Decreto, la Sala advierte que este es del año 1969 y no de 1967.
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12. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte actora por cuanto
no se acreditó su causación en primera instancia.
Recurso de apelación
13. La parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se acceda a
las pretensiones de la demanda.
14. Al respecto, sostuvo que el Tribunal se apartó del contenido de los actos
administrativos de nombramiento y posesión, lo que lo condujo a concluir
erróneamente que su vinculación era de carácter nacional. Indicó que los actos
administrativos de nombramiento del año 1967 fueron proferidos por la
Gobernación del Atlántico, lo cual demuestra que en realidad se trató de un
vínculo territorial o nacionalizado.
15. Entre tanto, precisó que no se tuvo en cuenta que, desde el inicio de su
carrera docente hasta la fecha de su retiro, sus salarios y prestaciones sociales
se sufragaron con recursos del departamento del Atlántico.
16. De igual forma, manifestó que el a quo incurrió en error al fijar como fecha
inicial de vinculación el 22 de febrero de 1974, y no el 22 de abril de 1967, fecha
en la cual tomó posesión del cargo de profesor en virtud del nombramiento
efectuado mediante el Decreto 209 del 7 de abril de 1967.
17. Por otro lado, afirmó que el Tribunal no es el órgano competente para
determinar la naturaleza de la vinculación docente, pues dicha función
corresponde a la entidad territorial nominadora, en este caso, la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico. En consecuencia, no podía desconocer
que, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
del 14 de junio de 2019 y en el oficio del 21 de noviembre de 2017, dicha entidad
la calificó como de carácter nacionalizado.
18. Con fundamento en lo anterior, reiteró el argumento de que cumple los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia toda vez que laboró más
de 20 años como docente oficial al servicio del departamento del Atlántico,
incluso por más de 40 años, por lo que el tiempo debía computarse desde el 22
de abril de 1967 hasta su retiro en 2008.
19. Finalmente, reprochó que la sentencia desconoció precedentes judiciales
obligatorios, en especial, la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 del
Consejo de Estado y diversas decisiones de la Corte Constitucional que
respaldan el reconocimiento de la prestación cuando se acreditan 20 años de
servicio.
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II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de
apelación de la referencia y se dispuso que la parte demandada contaba hasta
la ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse sobre el mismo. Asimismo,
se indicó que el Ministerio Público podría rendir concepto antes de que el proceso
ingresara al despacho para sentencia.
21. La entidad estatal demandada solicitó confirmar la sentencia al sostener
que el actor no cumple los requisitos para acceder a la pensión gracia. Argumentó
que entre 1967 y el 21 de febrero de 1974 se desempeñó como docente hora
cátedra —sin vinculación legal y reglamentaria de planta— y que desde el 22 de
febrero de 1974 hasta 2008 tuvo carácter nacional con asignación con cargo al
Tesoro Nacional, circunstancia que excluye la inequidad que fundamenta la
prestación.
22. Agregó que la carga de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos recaía en el demandante, quien no aportó prueba suficiente.
Señaló que, tras la expedición de las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993, los
docentes se rigen por el régimen nacional, lo que torna improcedente el
reconocimiento solicitado.
23. Por su parte, el Ministerio Público solicitó confirmar la providencia apelada
al concluir que el demandante únicamente acreditó aproximadamente 5 años y
10 meses de vinculación territorial (1967-1974) y que desde septiembre de 1973
quedó vinculado mediante nombramiento del Ministerio de Educación Nacional,
consolidando así una relación de carácter nacional hasta 2008.
24. Finalmente, por auto del 25 de junio de 2024, se negó el decreto de la
prueba documental consistente en los actos de nombramiento y posesión, así
como en el Formato Único para la Expedición de Información Laboral, habida
cuenta de que no se ajustaban a ninguna de las causales previstas en el artículo
212 del CPACA. Además, se precisó que dichos documentos ya se habían
allegado e incorporado en la primera instancia.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.
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Problema jurídico
26. Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala determinar si el demandante cumple con todos los
requisitos legales para ser beneficiario de la pensión gracia, en especial, haber
laborado como docente territorial y/o nacionalizado durante 20 años.
Análisis del problema jurídico
27. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se
expondrán a continuación.
28. Para esta Subsección no es procedente el reparo de apelación según el
cual el Tribunal Administrativo del Atlántico no era la entidad facultada para
calificar la naturaleza de la vinculación docente del demandante, estando
obligada a aceptar la connotación de nacionalizada que le dio la Secretaría de
Educación del Atlántico mediante el Formato Único para la Expedición de
Certificados de Historia Laboral del 14 de junio de 2019 y en el oficio del 21 de
noviembre de 2017.
29. En efecto, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se encuentra
constitucional y legalmente facultada para ejercer el control de legalidad sobre la
actividad de la administración. En ese marco, el proceso contencioso-
administrativo constituye el escenario para controvertir los actos administrativos
que reconocen o niegan el derecho a la pensión gracia, a partir del debate
probatorio previsto en la ley procesal.
30. De suerte que, corresponde al juez administrativo valorar las pruebas
allegadas al proceso y determinar, con fundamento en ellas, si se acreditan los
presupuestos exigidos para el reconocimiento de la prestación, lo que incluye la
posibilidad de otorgar o restar valor probatorio a documentos como las
certificaciones laborales invocadas por la parte demandante
31. A propósito, conviene recordar que, en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018 —la cual cita la parte demandante como
desconocida por el a quo— se establecieron directrices pertinentes a la manera
como se debe probar la calidad docente, consolidando así la siguiente regla
jurisprudencial:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.
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32. Dicho de otra manera, en materia de pensión gracia, el juez debe evaluar
la naturaleza de la vinculación docente a partir de los actos de nombramiento y
de las actas de posesión o, en su defecto, conforme a las certificaciones de
historia laboral allegadas al expediente, siempre que estas permitan determinarla
de manera inequívoca.
33. Con base en este derrotero, la Sala verificará las pruebas obrantes en el
expediente para comprobar si el demandante cumple de manera concurrente
todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989 para gozar de esta prestación, a saber: i) haberse vinculado como
docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber
prestado servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o
departamental) por un periodo no inferior a 20 años, ya sean continuos o
discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia
con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar
recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.
34. Pues bien, en el presente asunto no está en discusión que el demandante
satisface el requisito de la edad, en la medida en que nació el 28 de marzo de
19432 y cumplió 50 años el 28 de marzo de 1993. Tampoco se controvierte que
ejerció sus funciones con honradez ya que no se alegó ni obra prueba en el
plenario de que hubiese incurrido en falta disciplinaria alguna.
35. Sin embargo, el apelante propuso como principales argumentos de alzada
que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en error al fijar como fecha
inicial de vinculación el 22 de febrero de 1974 y no el 22 de abril de 1967, como
se desprende del Decreto 209 del 7 de abril de 1967, del acta de posesión del 22
de abril de 1967 y del certificado de historia laboral aportados al proceso;
asimismo, cuestionó que se hubiese concluido que su nombramiento tenía
carácter nacional y no nacionalizado.
36. En cuanto al primer reproche, no es cierto que el a quo hubiese tenido
como fecha inicial de la vinculación el 22 de febrero de 1974 pues en la sentencia
objeto de alzada el fallador de primera instancia indicó expresamente que el
demandante tuvo dos tipos de vinculación, dentro de las cuales destacó la
comprendida entre el 22 de abril de 1967 y el 21 de febrero de 19743.
37. Ahora bien, en lo que respecta a la naturaleza de tales vinculaciones
docentes, en el expediente obra copia del Formato Único para la expedición de
Certificado de Historia Laboral del 26 de enero de 20214, emitido por la Secretaría
2 Página 24, ibidem.
3 Página 13 de la sentencia apelada. Allí se dijo lo siguiente: «De igual manera, advierte la Sala que el
anterior recuento probatorio da cuenta que el demandante tuvo dos tipos de vinculaciones, a saber: una de
carácter territorial que va desde el 22 de abril de 1967 hasta el 21 de febrero de 1974 (5 años, 10 meses),
y la otra de carácter nacional, que inicia desde el 22 de febrero de 1974 hasta el 21 de mayo de 2008 (34
años, 3 meses)» negritas fuera del texto original.
4 Cfr. Documento «22. CERTIFICADO DE TIEMPO DE SERVICIO DE OSCAR RADA COBA», obrante en
el archivo «ED_08001233300020190039(.zip) NroActua 2» visible en el índice 2 de SAMAI. El aludido
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de Educación del Atlántico, en el que se da constancia de que el demandante
prestó sus servicios como docente de básica secundaria, con tipo de vinculación
«nacionalizado»5 durante los interregnos comprendidos desde el 22 de abril de
1967 hasta el 22 de agosto de 2007 y entre el 12 de septiembre de 1973 y el 18
de julio de 2008, como se discrimina en el siguiente cuadro:
Período Novedad Acto de Fecha de Colegio
laborado nombramiento posesión
y/o traslado
Nombramiento Decreto 209 del 22/04/1967 Bachillerato
07/04/1967 Masculino de
Del Sabanalarga
22/04/1967 al Nombramiento Decreto 207 del 14/06/1969 Bachillerato
22/08/2007 20/03/1969 Femenino de
Sabanalarga
Nombramiento Decreto 271 del 07/06/1969 Bachillerato San
25/04/1969 Pablo del
Polonuevo
Traslado Resolución 193 No indica Bachillerato
del 28/06/1973 Marco Fidel
Suárez de
Sabanalarga
Nombramiento Resolución 10638 12/09/1973 Instituto Nacional
del 10/10/1973 Comercio de
Barranquilla
Del Traslado Resolución 17083 17/10/1980 Colegio
12/09/1973 al del 19/09/1980 Bachillerato
18/07/2008 Nacional de
Campo de la Cruz
Traslado Resolución 2629 N/A Colegio Mixto
del 23/12/1998 Bachillerato de
Baranoa
Retiro del servicio Decreto 00186 del N/A N/A
21/05/2008
38. Ahora, como soporte de la información consignada en el citado certificado,
en el plenario obran copias de los Decretos 209 del 7 de abril de 19676, 207 del
20 de marzo de 19697 y 271 del 25 de abril de 19698, mediante los cuales se
nombró al demandante como profesor de hora cátedra en los Colegios de
Bachillerato Masculino y Femenino del municipio de Sabanalarga (Atlántico) a
partir del 14 de mayo de 19699, y como director de grupo y profesor en el Colegio
de Bachillerato San Pablo de Polonuevo a partir del 7 de mayo de 196910,
respectivamente.
39. Al analizar los actos administrativos de nombramiento, conviene precisar
que todos fueron suscritos por el gobernador del Atlántico, en ejercicio de sus
facultades legales, junto con el secretario de Educación, sin que se advierta la
documento coincide con la información que reposa en el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral del 14 de junio de 2019, obrante en las Páginas 19, 20 y 21 del documento «01.
ANEXOS.PDF», ibidem.
5 Ibidem.
6 Página 1 del archivo «anexos» obrante en el archivo «ED_08001233300020190039(.zip)» que
reposa en el índice 2 de SAMAI.
7 Página 2, ibidem.
8 Página 3, ibidem.
9 Página 5, ibidem.
10 Cfr. Acta de posesión del 7 de mayo de 1969, visible en la página 4 ibidem.
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intervención o autorización presupuestal del Ministerio de Educación Nacional o
del FER, lo cual resulta determinante para concluir que, a diferencia de lo
certificado por la Secretaría de Educación de dicha entidad territorial, la
vinculación no tuvo carácter nacionalizado, sino territorial-departamental, dado
que no se cumplió el requisito previsto en los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de
197511.
40. Inclusive, las posesiones de los referidos cargos ocurrieron en los años
1967 y 1969, mientras que la Ley 43 de 1975 fue sancionada y entró en vigor el
11 de diciembre de 197512, por lo que no era posible que la plaza tuviera el
carácter nacionalizado, ya que en ese momento no había comenzado en
Colombia la nacionalización de la educación primaria y secundaria implementada
con la mencionada ley.
41. En consecuencia, en ese momento el nombramiento solo podía ser
nacional o territorial y no se evidencia que haya sido modificado a
nacionalizado13. En este punto, es relevante señalar que tampoco fue de carácter
nacional puesto que no se trató de una vinculación por nombramiento del
Gobierno Nacional, tal como lo define el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989.
42. Por otra parte, según el formato de certificado de historia laboral analizado
(ver párrafo 38), el demandante fue trasladado al Colegio Bachillerato Marco
Fidel Suárez de Sabanalarga (Atlántico), en virtud de la Resolución 193 del 28
de junio de 1973, vinculación que se extendió hasta el 21 de febrero de 1974, día
en el que se le aceptó la renuncia al cargo de director de grupo mediante el
Decreto 0080 del 21 de febrero de 1974, tal como lo certificó el secretario de
Educación del Atlántico en el Oficio 1203 del 21 de noviembre de 201714.
43. Con relación al aludido traslado y aceptación de renuncia, vale la pena
indicar que en el expediente no obran copias de tales actos administrativos. Sin
embargo, ni en la demanda ni en el escrito de apelación se controvierte dicha
información, por lo que se tendrá por demostrada la fecha de finalización del
vínculo docente territorial-departamental a partir del 21 de febrero de 1974,
cuando se le aceptó la renuncia mediante el Decreto 020 de la misma fecha.
44. A su turno, de la información contenida en el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 26 de enero de 202115 y en el
11 Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
12 https://www.camara.gov.co/sites/public_html/leyes_hasta_1991/ley/1975/ley_0043_1975.html
13 Este argumento guarda coherencia con las consideraciones de la Corte Constitucional en sentencia C-
084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989,
precisando que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los
docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
14 Páginas 22 y 23 del archivo «anexos» obrante en el archivo « ED_08001233300020190039(.zip)»
que reposa en el índice 2 de SAMAI.
15 Cfr. Documento «22. CERTIFICADO DE TIEMPO DE SERVICIO DE OSCAR RADA COBA», obrante en
el archivo «ED_08001233300020190039(.zip) NroActua 2» visible en el índice 2 de SAMAI. El aludido
documento coincide con la información que reposa en el Formato Único para la Expedición de Certificado
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Demandante: Óscar Antonio Rada Coba
precitado Oficio 1203 del 21 de noviembre de 2017, se evidencia que el
demandante tuvo vinculaciones simultáneas entre el 12 de septiembre de 1973
(fecha de inicio de efectos fiscales del nombramiento nacional) y el 21 de febrero
de 1974 (fecha de renuncia del vínculo territorial), para el departamento del
Atlántico y para la Nación, esta última en virtud del nombramiento como profesor
de secundaria en el Instituto Nacional Comercio de Barranquilla, efectuado
mediante la Resolución 10638 del 10 de octubre de 1973 proferida por el
Ministerio de Educación Nacional.
45. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Colegiatura16, dicho lapso de
tiempo simultáneo no puede computarse para efectos de la pensión gracia en
tanto corresponde a tiempos dobles que, al ser coetáneos en el orden territorial
y nacional, desvirtúan la situación de desigualdad salarial que la Ley 114 de 1913
pretendió compensar con la creación de dicha prestación.
46. En consecuencia, la Sala comparte la posición del Tribunal en cuanto a
tener por demostrado que el demandante laboró como docente territorial al
servicio del departamento del Atlántico desde el 22 de abril de 1967 hasta el 21
de febrero de 1974, lapso que en principio corresponde a 6 años y 10 meses. Sin
embargo, de este período se descontará por simultaneidad el equivalente a 5
meses y 10 días, lo que arroja un tiempo territorial total de 6 años, 4 meses y 20
días.
47. Por otro lado, en el mencionado Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 26 de enero de 2021 (ver párrafo 38), la
Secretaría de Educación del Atlántico certificó que el demandante fue nombrado
en el Instituto Nacional Comercio de Barranquilla mediante la Resolución 10638
del 10 de octubre de 1973, como profesor de secundaria, del cual tomó posesión
el 22 de octubre de 1973, pero con efectos a partir del 12 de septiembre de esa
anualidad.
48. Asimismo, se consignaron otras situaciones administrativas, tales como
los traslados del demandante al Colegio de Bachillerato de Campo de la Cruz,
del municipio de Campo de la Cruz, a partir del 17 de octubre de 1980, en virtud
de la Resolución 17083 del 19 de septiembre de 1980; y al Colegio Mixto de
Bachillerato de Baranoa, a partir del 23 de diciembre de 1998, conforme a la
Resolución 2629 del 23 de diciembre de 1998. Igualmente, se registró su retiro
del servicio por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, declarado mediante el
Decreto 00186 del 21 de mayo de 2008.
49. En cuanto a la naturaleza de dicha vinculación, se reitera que esta fue
del orden nacional tal como lo establece el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989,
pues si bien en el expediente no reposan las copias de las Resoluciones 10638
de Historia Laboral del 14 de junio de 2019, obrante en las Páginas 19, 20 y 21 del documento «01.
ANEXOS.PDF», ibidem.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de octubre del 2025, proferida
dentro del expediente 19001 23 33 000 2017 00341 01 (1909-2020) , con ponencia del consejero Juan
Camilo Morales Trujillo.
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Demandante: Óscar Antonio Rada Coba
del 10 de octubre de 1973 y 17083 del 19 de septiembre de 1980, sí obra copia
del acta de posesión del 22 de octubre de 197317, a través de la cual se
demuestra que el demandante tomó posesión del cargo de profesor de
enseñanza secundaria en el Instituto Nacional de Comercio de Barranquilla,
dejando claro que este se daba en virtud del nombramiento efectuado por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 10638 del 10 de
octubre de 1973.
50. De igual modo, obran las copias del Certificado de Servicio emitido el 23
de junio de 1997 por la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico y el
certificado suscrito por el pagador del Colegio Nacional de Bachillerato Campo
de la Cruz del municipio con el mismo nombre el 10 de julio de 1997, en los cuales
se deja claro que las Resoluciones 10638 del 10 de octubre de 1973 y 17083 del
19 de septiembre de 1980 fueron emitidos por el Ministerio de Educación
Nacional.
51. Además, no se evidencia que en el interregno comprendido entre el 10 de
octubre de 1973 —fecha del nombramiento— y el 21 de mayo de 2008 —fecha
del retiro— hubiese existido interrupción alguna del aludido vínculo docente; por
lo tanto, para la Sala es claro que se mantuvo la naturaleza nacional de la
vinculación originada desde 1973.
52. Además, aunque en el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral del 26 de enero de 2021 se certificó que los referidos tiempos
correspondían al orden nacionalizado, ello no obliga al juez de lo contencioso-
administrativo a tener dicha información como cierta. En efecto, como ocurrió en
el presente caso, al valorar bajo las reglas de la sana crítica las demás pruebas
obrantes en el expediente se constató que no todo el tiempo laborado por el actor
tuvo carácter territorial ni nacionalizado.
53. Tampoco puede acogerse la tesis del apelante según la cual el hecho de
que su primer nombramiento (ocurrido en 1967) hubiese sido del orden territorial
implique que dicha connotación debía mantenerse durante toda su trayectoria
laboral. Como quedó demostrado, en 1974 se produjo la ruptura de dicha
vinculación con la aceptación de su renuncia por medio del Decreto 0080 de
1974, sumado a que el vínculo nacional generado desde el 12 de septiembre de
1973 con el Ministerio de Educación modificó su naturaleza hasta la fecha de
retiro.
54. En consecuencia, el período que el demandante laboró para la Nación,
ocurrido entre el 12 de septiembre de 1973 y el 21 de mayo de 2008, no puede
tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia
reclamada, por ser de carácter nacional, tal como lo estableció la sentencia de
17 Página 138 de los antecedentes administrativos.
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unificación jurisprudencial S-699 del 26 de agosto de 199718 proferida por la
Sala Plena de esta Colegiatura, a saber:
[…] 4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de
que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad
de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
“….con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación”; hecho que modificó la ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia
quien recibiera “…otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su
propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor,
en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan
vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la
posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B
del mismo precepto, o sea la “…pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes
nacionales o nacionalizados (literal B, No. 2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que
el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que
dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
…siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que
sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de
su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […] (Se resalta)
55. Además, la anterior posición fue ratificada por esta Sección mediante la
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201819, aplicada actualmente para resolver los litigios similares o análogos al sub
lite.
56. De acuerdo con lo expuesto, para esta Subsección está demostrado que
el demandante, aunque acreditó los requisitos de edad, buena conducta y
haberse vinculado como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980,
no cumplió con la exigencia de haber laborado durante 20 años como profesor
oficial de carácter territorial y/o nacionalizado, lo cual impide ser beneficiario de
la pensión gracia que reclama.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia proferida el 26 de agosto de
1997, dentro del expediente S-699, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018, proferida bajo el radicado 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con ponencia
del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
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Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en segunda
instancia, por cuanto resultó vencida en el presente caso, al no haber prosperado
sus argumentos de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Óscar Antonio
Rada Coba contra la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia al señor Óscar Antonio
Rada Coba. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
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Demandante: Óscar Antonio Rada Coba
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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