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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00133-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00133-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 4 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora María Luisa Pinto Preciado contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2019-00133-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

9 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia. Vínculo nacional.
Incorporación planta docente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 4 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora María Luisa Pinto Preciado, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del
Auto ADP 008823 del 20 de noviembre de 2017, por el cual declaró la firmeza de
las Resoluciones 27276 del 21 de noviembre de 2000 y 1326 del 16 de marzo de
2001, que negaron el reconocimiento de la pensión gracia solicitada.

1 Folios 1 al 31.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP, a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación, a partir de la fecha en que consolidó el estatus; ii) cumplir la condena
en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iii) pagar las costas
procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora María Luisa Pinto Preciado se vinculó como directora de la Escuela
Rural Mixta Orita, del municipio de Mariquita, en virtud del nombramiento efectuado
mediante el Decreto 064 del 9 de febrero de 1971, expedido por el gobernador del
departamento del Tolima. Prestó sus servicios en este ente territorial entre el 24 de
febrero de 1971 y el 30 de mayo de 1976, para un total de 5 años, 3 meses y 7 días.

ii) Se vinculó como docente de educación básica en el departamento de Caldas,
según Resolución 3450 del 31 de mayo de 1976, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, donde laboró hasta el 13 de noviembre de 1996.

iii) El vínculo laboral de carácter nacional descrito en el hecho anterior mutó a
departamental, por mandato de la Ley 60 de 1993, debido a que el departamento
de Caldas fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional, y la Nación le
entregó la educación al departamento de Caldas, según Acta del 14 de noviembre
de 1996. Como consecuencia de la descentralización, el tiempo de servicio prestado
entre el 14 de noviembre de 1996 y el 25 de diciembre de 2000, fecha hasta la cual
laboró en La Dorada, es de carácter territorial-departamental y, por tanto, apto para
el reconocimiento de la pensión gracia.

iv) Luego, fue trasladada por permuta libremente convenida al departamento del
Tolima, municipio de Ibagué, donde laboró desde el 26 de diciembre de 2000 hasta
el 20 de marzo de 2006. Lo anterior, por mandato de la Ley 60 de 1993, dado que
el departamento del Tolima fue certificado por el MEN y le fue entregada la

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

educación, a través de acta del 23 de agosto de 1996. Como consecuencia de la
descentralización el mencionado lapso es de carácter territorial-departamental y,
por ende, apto para el reconocimiento de la pensión gracia.

v) El anterior vínculo departamental mutó a municipal por mandato de la Ley 715 de
2001, porque el municipio de Ibagué fue certificado según Resolución 3033 del 26
de diciembre de 2002 y Acta de entrega de la educación del 21 de marzo de 2006.
Por lo tanto, los tiempos desempeñados entre el 21 de marzo de 2006 y el 11 de
junio de 2015, son de carácter territorial-municipal.

vi) La actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada mediante el Auto enjuiciado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley
24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 1 y 15 de la Ley 91
de 1989; 2, 3, 4, 6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 14 de la Ley 100 de 1993; 7, 34,
37, 38 y 41 de la Ley 715 de 2001; 19, 34, 36, 40, 41, 42, 66, 67, 68, 69 y 74 de la
Ley 1437 de 2011; 5 del Decreto 1743 de 1966; y 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto 2277 de
1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso lo
siguiente:

i) El acto administrativo que negó el reconocimiento pensional fue expedido de
manera irregular ya que se limitó a señalar que mediante actos administrativos
anteriores se le había resuelto desfavorablemente la solicitud, desconociendo que
se trata de un derecho imprescriptible y, por ende, se debió iniciar el procedimiento
previsto en el artículo 34 del C.P.A.C.A. y emitir una decisión motivada.

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

ii) El acto acusado adolece de falsa motivación, ya que se solicitó expresamente
tener en cuenta unos tiempos de servicio departamentales nacionalizados y unos
tiempos de servicio que mutaron de nacionales a departamentales y posteriormente
a municipales, por efecto de la descentralización de la educación, lo cual no mereció
ninguna atención por parte de la UGPP.

Además, infringe las normas en que debía fundarse, pues la actora ingresó como
docente antes del 31 de diciembre de 1980 y laboró durante más de 20 años,
primero como educadora departamental-nacionalizada, luego como docente
departamental y posteriormente municipal, motivo por el cual tiene derecho a la
pensión gracia consagrada en la Ley 114 de 1913.

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:2

i) La demandante estuvo vinculada durante tiempos diferentes como docente
nacionalizada y como docente nacional; es decir, durante lapsos independientes
que no se pueden sumar para la obtención de la pensión gracia que se persigue, en
aras de evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar la
administración racional de los recursos del Estado.

ii) Propuso las excepciones de inexistencia del derecho; cobro de lo no debido;
buena fe; inexistencia de vulneración de principios constitucionales; prescripción; y
genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 4 de septiembre de
2020, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

2 Folios 362 al 367.

4

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

Sustentó la decisión en las siguientes consideraciones:3

i) Si bien la demandante se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980, solo resultan
computables para la pensión gracia los tiempos laborados al servicio de la Escuela
Rural Mixta Orita de Mariquita, durante 5 años, 3 meses y 6 días, por cuanto son
del orden territorial-nacionalizado. Aquellos prestados desde el 10 de junio 1976 y
hasta el 10 de junio de 2015, por tratarse de una nueva vinculación realizada con el
Ministerio de Educación, se rige por lo dispuesto en el literal b, numeral 2 del artículo
15 de la Ley 91 de 1989 y, por ende, no se tienen en cuenta para la adquisición de
tal beneficio.

ii) Es decir, que la señora María Luisa Preciado no reúne el requisito de tiempo de
servicio exigido para el reconocimiento de la pensión especial gracia solicitada, pues
si bien los entes territoriales en los que laboró fueron certificados y les fue entregado
el servicio de educación, lo que implicó la incorporación del personal docente y
directivo docente a las respectivas plantas de personal, tal descentralización no
modificó el régimen pensional de quienes venían vinculados con anterioridad a
dicha norma, o se vincularon con posterioridad a su vigencia, pues, por mandato del
artículo 6 de la Ley 60 de 1993, el régimen aplicable es el contenido en la Ley 91 de
1989. Por esta razón, eventualmente, la actora tendría derecho a una pensión de
jubilación, pero no a la especial de gracia, dada su vinculación como docente del
orden nacional.

1.4. El recurso de apelación

La actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia con base en los
siguientes argumentos:4

i) Si bien el vínculo laboral de la accionante en un principio fue nacional, mutó a
departamental desde el 23 de agosto de 1996, por efecto de la descentralización
del servicio educativo en el departamento del Tolima. Por lo tanto, a partir de esta

3 Folios 112 a 119.
4 Folios 487 al 501.

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

fecha la señora Pinto Preciado dejó de tener un vínculo nacional, más aún cuando
los dineros con que se le pagaban sus acreencias provenían del Sistema General
de Participaciones. Es decir, que existió una sustitución patronal, la cual operó por
mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001. Sin embargo, el a
quo no hizo una adecuada valoración de las pruebas.

ii) El error radica en que el tiempo nacional es solo el comprendido entre el 10 de
junio de 1976 y el 13 de noviembre de 1996, pues, a partir del 14 de noviembre de
1996 el vínculo se tornó departamental, y desde el 21 de marzo de 2006 se volvió
municipal.

iii) La condena en costas no puede estar fundada únicamente en la derrota de las
pretensiones, como lo hizo el fallador, sino que, por el contrario, debe existir dentro
del expediente prueba de que la solicitud de la pensión se hizo de forma temeraria
o sin arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para que
esta resulte procedente; esta situación no aconteció en el caso particular, aunado
al hecho de que la demandante, confiando en los efectos legales de la
descentralización de la educación, ha construido una expectativa válida para que se
reconozca el derecho discutido.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes, demandada y demandante, reiteraron los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

5 Memoriales allegados por correo electrónico, adjuntados a Samai (índices 14 y 15, respectivamente).
6 Según constancia secretarial obrante en el folio 517.

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo
2.2.1. De la pensión gracia

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10

7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

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Demandante: María Luisa Pinto Preciado

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18

2.2.2. De la descentralización de la educación

La Ley 60 de 1993,19 dispuso la descentralización del servicio educativo y, como
consecuencia, la entrega por parte de la Nación de los bienes, el personal y los
establecimientos educativos a las entidades territoriales. En ese sentido, en su
artículo 15 ordenó:

Artículo 15. Asunción de competencias por los departamentos y distritos. Los
departamentos y distritos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados
en el artículo 14 en el transcurso de cuatro años, contados a partir de la vigencia de
esta Ley, recibirán mediante acta suscrita para el efecto, los bienes, el personal, y
los establecimientos que les permitirán cumplir con las funciones y las obligaciones

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: María Luisa Pinto Preciado
recibidas. En dicha acta deberán definirse los términos y los actos administrativos
requeridos para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones a cargo de la
Nación y las entidades territoriales respectivas.

Así, se estableció el reparto de competencias entre la Nación y las entidades
territoriales y, además, se distribuyeron los recursos para la prestación del servicio
de educación por parte del departamento y los municipios certificados. Para el
efecto, se fijó el traslado de las competencias para la prestación del servicio y se
hizo la entrega de los bienes, el personal y los recursos para su prestación, y los
docentes dejaron de ser nacionales y nacionalizados, para denominarse del orden
nacional, departamental, distrital o municipal, según el caso.

El artículo 6 de esta ley dispuso:

[…]

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones.

[…].

A su turno, la Ley 715 de 2001,20 estableció que los departamentos certificarían a
los municipios que cumplieran determinados requisitos, para asumir la
administración autónoma de los recursos del Sistema General de Participaciones.21
También se refirió expresamente a la incorporación del personal docente, directivo
y administrativo, así:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

20 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
21 Artículo 6. Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde

a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias:
[…]
6.1.4. Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la administración autónoma de los
recursos del Sistema General de Participaciones. Si el municipio cumple los requisitos para ser certificado y el
departamento no lo certifica, podrá solicitarla a la Nación.

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Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […].

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos
del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva
entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla
los requisitos para el ejercicio del cargo.

[…].

En conclusión, como consecuencia del proceso de descentralización del sector
educativo, las entidades territoriales debían incorporar al personal docente, directivo
docente y administrativo a las respectivas plantas de cargos, y los docentes así
incorporados mantendrían el tipo de vinculación que ostentaban, sin solución de
continuidad.

2.3. Hechos probados

➢ Edad y tiempo de servicios

• Conforme al registro civil de nacimiento, la señora María Luisa Pinto Preciado
nació el 28 de febrero de 1950.22

• El 9 de febrero de 1971, por Decreto 064, el gobernador del Tolima nombró a la
señora Pinto Preciado en el cargo de directora de la Escuela Rural Mixta Orita, del
municipio de Mariquita.23

• El 18 de mayo de 1976, por medio de la Resolución 278, «por el cual se hacen
unos movimientos en el Ramo de Enseñanza Elemental», el secretario de
educación del Tolima trasladó a la actora del cargo que ocupaba como seccional de
la Escuela Urbana Alto del Rosario al mismo cargo en la Escuela Urbana Jorge
Eliecer Gaitán del municipio de Armero.24

22 Folio 39.
23 Folio 87.
24 Folios 249 al 251.

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Demandante: María Luisa Pinto Preciado

• El 15 de julio de 1976, mediante el Decreto 683, el gobernador del Tolima aceptó
la renuncia al cargo a la señora Pinto Preciado, a partir del 14 de julio anterior, como
seccional de la Escuela Urbana Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Armero.25

• El 31 de mayo de 1976, por Decreto 3450, el ministro de educación nacional
nombró a la actora como profesora de enseñanza secundaria en el Instituto
Nacional Dorada de La Dorada (Caldas). Se posesionó el 10 de junio siguiente,
según Acta 0206.26

• La Secretaría de Educación de Caldas certificó que la señora Pinto Preciado fue
nombrada en propiedad en el Instituto Nacional Dorada de La Dorada Caldas, por
medio de la Resolución 3450 del 31 de mayo de 1976 y que a partir del 26 de
diciembre de 2000 fue trasladada al INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué (Tolima).

25 Folio 253
26 Folios 343 y 344

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➢ Actuación administrativa

• El 18 de agosto de 2017, la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia.27

• El 20 de noviembre de 2017, por medio del Auto 008823, la UGPP declaró la firmeza
de las Resoluciones 27276 del 21 de noviembre de 2000 y 1326 del 16 de marzo
de 2001, por las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia solicitada
por la señora Pinto Preciado, por no haber acreditado veinte años de servicio en la
docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital.28

27 Folio 327.
28 Folio 327.

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2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.

2.4.1. Primer período. Del 9 de febrero de 1971 al 14 de julio de 1976

En este lapso la señora María Luisa Pinto Preciado laboró como profesora de
primaria en escuelas del departamento del Tolima, en los municipios de Mariquita,
Honda y Armero.

17

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El nombramiento fue efectuado por el gobernador del departamento, mediante el
Decreto 064 del 9 de febrero de 1971, en uso de sus atribuciones legales, como se
aprecia en la siguiente imagen:

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Se trata sin duda de una vinculación de carácter territorial, por cuanto el
nombramiento provino de una autoridad del mismo orden. Ahora, en lo que
corresponde a determinar cuándo un docente es de carácter territorial, distrital o
nacionalizado, resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia
C-084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b),
de la Ley 91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que
se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos
categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización" de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en
nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos
la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente

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extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco
se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del
31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el
principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohibe (sic) dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo
cual ocurre en este caso. […]» (Negritas de la Sala) .

Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 5 años, 3 meses, y 6 días; sin
embargo, no sería suficiente para decretar la prestación, por lo que deberá revisarse
la vinculación restante.

2.4.2. Segundo período. Del 10 de junio de 1976 al 11 de junio de 2015

En este segundo lapso la señora María Luisa Pinto Preciado laboró como profesora
de enseñanza secundaria en el Instituto Nacional Dorada de La Dorada (Caldas),
en virtud del nombramiento efectuado por el ministro de educación nacional,
mediante el Decreto 3450 del 31 de mayo de 1976.

20

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
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21

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Lo anterior significa que la actora perdió la condición de docente territorial que tuvo
cuando prestó sus servicios en el departamento del Tolima, teniendo en cuenta que
presentó renuncia al cargo y le fue aceptada por Decreto 683 del 15 de julio de
1976.

22

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Demandante: María Luisa Pinto Preciado

En este orden de ideas, la accionante culminó tal vinculación e inició otra como
docente nacional, por cuanto el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 dispone que se
entiende por personal nacional aquellos «docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional», conforme ocurrió en este caso con la designación
efectuada por la Resolución 3450 del 31 de mayo de 1976.

Por su parte, la demandante refiere que sí tuvo la condición de docente nacional
entre el 31 de mayo de 1976 y el 13 de noviembre de 1996, pero que el vínculo mutó
a departamental con ocasión de la certificación del departamento de Caldas por
parte del Ministerio de Educación Nacional y posterior entrega de la educación; y
posteriormente a municipal, en virtud del traslado de que fue objeto, por permuta
libremente convenida, al municipio de Ibagué, dado que este ente también fue
certificado por el Ministerio de Educación Nacional y, en consecuencia, el
departamento del Tolima le entregó la educación.

Al respecto, esta Sala ha precisado29 que si bien la descentralización de la
educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, primero a los entes departamentales, como lo determinó
la Ley 60 de 1993 y después a los municipales, en virtud de lo dispuesto en la Ley

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado:

73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

23

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

715 de 2001,30 y en ese sentido resulta consistente sostener que luego de la
expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la administración tanto del
personal docente como del servicio educativo quedó radicada en cabeza de los
entes territoriales certificados en educación, lo cierto es que tales condiciones no
generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores
que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso, particularmente para
aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin interrupción, como
sucede en el caso de la actora.

Luego, so pretexto de la descentralización de la educación, no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la
vinculación laboral con la administración se adquieren en el momento en que se
profiere el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el
servidor.31 En ese sentido, la cesión de la administración de las plantas de personal
a las entidades territoriales certificadas en educación, así como las demás
competencias que les fueron trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación
primigenia de los docentes.

En efecto, debe recordarse que, en la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de
vinculación, sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales
conlleve implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial para los
efectos del reconocimiento de la pensión objeto de controversia.

Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente de la demandante no se
modificaron a pesar de los traslados de que fue objeto, comoquiera que el último
nombramiento se efectuó el 31 de mayo de 1976, por el ministro de educación y

30 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio

de 2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de
Consulta y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
31 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010,

radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010
C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

este se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral.32 En
consecuencia, dada la naturaleza de la vinculación de la actora, es claro que el
segundo lapso, a partir del 10 de junio de 1976 no resulta válido para reconocer la
pensión gracia.

2.5. Sobre la condena en costas de primera instancia

En lo que respecta a este motivo de inconformidad, la Sala acudirá a la tesis que se
había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021,
pues se entiende que la decisión de primera instancia fue proferida previamente a
la referida circunstancia.

En este orden, es preciso indicar que, por mandato del artículo 188 del CPACA, la
imposición de las costas obedecía a un criterio objetivo, sin que para ello deba
evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le correspondía efectuar
una estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron conforme con
los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiriera un examen de la
existencia de una actuación temeraria o de mala fe de los intervinientes.

Así las cosas, de acuerdo con los criterios establecidos en las normas referidas,
teniendo en cuenta que la sentencia recurrida fue proferida el 4 de septiembre de
2020, esto es, antes de la modificación que introdujo el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación en este
aspecto, toda vez que el tribunal gozaba de la facultad para disponer sobre costas
a favor de la parte vencedora, según lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo 365
del CGP.

En tal sentido, se confirmará en su totalidad el fallo apelado, incluida la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la parte actora.

2.6. De la condena en costas

32 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sentencias del 23 de marzo de 2023,

radicación 17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33
000 2016 00084 01 (1985–2018).

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Demandante: María Luisa Pinto Preciado

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,33 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicación: 73001 23 33 000 2019 00133 01 (0216-2021)
Demandante: María Luisa Pinto Preciado

jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 4 de septiembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda en
el proceso promovido por la señora María Luisa Pinto Preciado contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

mygr

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