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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00084-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
63 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00084-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia de 26 de enero de 2018 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las súplicas de la demanda presentada por Carmen Diana V élez Calle , por las razones expuestas en esta providencia . SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia, conforme a la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. Acepta r la renuncia de la abogada Karina Vence Peláez como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de acuerdo con el memorial allegado vía correo electrónico y visible en SAMAI . CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00084-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

30 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–2018).
Demandante: Carmen Diana Vélez Calle .
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social .

Temas: Pensión gracia . Tiempo de servicio docente. Ley 1437 de
2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 26 de enero de 2018 , proferida
por el Tribunal Ad ministrativo de Risaralda , que negó las súplicas
de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda . 1

Carmen Diana Vélez Calle , por intermedio de apoderad o judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 038437 de 21
de septiembre de 2015 y RDP 052286 de 9 de diciembre del mismo
año, proferida s por la Unidad Administrativa E special de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafi scales de la Protecció n Social –
UGPP, por medio de la s cuales se le n egó el reconocimiento y pago
de una pensión gracia .

1 Folios 2 a 8 del cuaderno principal.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 66001 23 33 000 2016 00084 01
Demandante: Carmen Diana Vélez Calle

Como restablecimiento del derecho , deprecó ordenar a la UGPP
concederle la pensión gracia, liquidada teniendo en cuenta la prima
de navidad y prima de vacaciones como factores salariales , desde
el 28 de agosto de 2013 , fecha en que cumplió con los requisitos
legales para acceder a la prestación solicitada.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda .

Relató que el 27 de enero de 2010 cumplió 50 años de edad y que
durante el desarrollo del ejercicio docente no se observa mala
conducta. Precisó que fue nombrad a por el Decreto 586 de 17 de
julio de 1978 , tomando posesión el 27 del mismo mes y año , por
medio del cual la Gobernación de Caldas la designó como docente
en el municipio de Anserma.

Posterior a ello, f ue nombrada el 28 de octubre de 1987 como
docente en la Normal Nacional de Anserma, y permaneció en ese
mismo cargo hasta el 31 de enero de 1994. El 1 de febrero de 1994
se posesionó como docente de la Normal Nacional de Pereira –
Risaralda, permaneciendo en este hasta el momento de la
presentación de la demanda.

Señaló que el 2 de enero de 1996, con el Decreto 020 expedido por
el gobernador de Risaralda, fue incorp orada a la planta de personal
del departamento , recuperando así el carácter de docente
departamental.

Precisó que el 15 de abril de 2015 radicó solicitu d para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, petición que fue
resuelta de manera negativa con las Resoluciones RDP 038437 de
21 de septiembre de 2015 y RDP 052286 de 9 de diciembre del
mismo año .

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Demandante: Carmen Diana Vélez Calle

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vuln eración.

Como concepto de violación , argument ó que bajo los términos de la
Ley 91 de 1989, cumple con todos los requisitos para ser
beneficiaria de una pensión gracia, pues tiene más de 50 años de
edad, no existen reproches sobre la buena conducta y cuenta con
más de 20 años de servicio en el orden territoria l. Exp licó que, si
bien fue nombrado por la Nación p or un periodo co mo docente
nacional, luego fue incorporad a a la planta de servidores del
departamento de Risaralda , recuperando el carácter departamental,
sumando tiempo válido para reclamar la prestación pret endida.

1.4. Contestación de la demanda .

La Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión P ensional y
Contri buciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 2,
por intermedio de apoderad a, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda. Al respecto, s eñaló que , de acuerdo
con la legislación y jurisp rudencia , los servicios como docente que
la demandante prestó fueron del orden nacional, los cuales no
pueden ser computados para acceder a l o solicitado , incumpliendo
así con los requisit os mínimos exigidos por la Ley 114 de 1913 .

1.5. Trámite en primera instancia.

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal
Administrativo de Risaralda realizó el 15 de febrero de 2017 3 la
audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«De conf or m idad co n lo ant er i or , se consider a por el Desp ac ho
que, de acuer do con la dem anda y su cont est ación, el lit igio se
cir cunscr ibe al est udio de lega lid ad de las Resoluc ion es
núm er os RDP 03843 7 del 21 de sept iem b r e de 2015, por la cual
se niega el r econocim ient o y pago de una pensión de j ubilaci ón
gr acia y la R DP 052 286 del 9 de d ici em br e de 2015, por la cu al

2 Folios 99 a 108 del cuaderno principal.
3 Folios 115 a 121 y en CD anexado a folio 122 del cuaderno principal.
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Demandante: Carmen Diana Vélez Calle

se r esuelve un r ecur so en cont r a de la ant er ior r esolución. y
que, com o consecue ncia de la nu li dad de esos act os, se or dene
r econocer y pagar a la señor a Car m en Diana Vé le z Cal le la
pensión gr ac ia a par t ir del 28 de agost o de 2013, cuyas
m esadas deber án s er liqu idadas e n c uant í a de $1. 931. 132
m ensuales. O si por el cont r ar io, se deben desest im ar las
pr et ensiones de la d em anda puest o que a la dem andant e no le
asist e der echo a la pensión gr acia, t al co m o lo aduce la ent id ad
dem andada en e l es cr it o de cont est ació n all egado a l pr oce so
al consi der ar que l os t iem pos de ser vicio ap or t ados f uer on
pr est ados con nom br am ient o de or den naciona l . »

1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación . 4

En sentencia de 26 de enero de 2018 el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte demandante .

Consideró que la señora Carmen Diana Vélez Calle no cumple con
el requisito de 20 años de servicio docente de carácter territoria l o
nacionalizado, pues el nombramiento realizado el 28 de octubre de
1987 fue producido por el Ministerio de Educación Nacional , el cual
se mantuvo en el tiempo a pesar del traslado y de la incorporación
a la planta de personal docente del departamento , razón por la cual ,
el periodo laborado a partir de 1987 es del orden nacional, por lo
que no resulta v álido para concederle la pensión gracia .

1.7. Recurso de apelación . 5

El apoderad o de Carmen Diana Vélez Calle allegó escrito en el que
manifestó que resulta procedente el reconocimiento de la pensión
gracia, pues si bie n es cierto que se encontraba vinculad a como
docente nacional, el 2 de enero de 1996 recuperó el carácter de
docente departamental con el Decreto 020 de la misma fecha, por
medio del cual se incorporó a la plant a de personal de la Secretaría
de Educación de Risaralda .

4 Folios 198 a 204 del cuaderno principal.
5 Folios 206 a 211 del cuaderno principal.
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Demandante: Carmen Diana Vélez Calle

1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia .

La Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión P ensional y
Contri buciones P arafiscales de la Protección Social – UGPP 6
allegó escrito en e l que recordó que los tiempos labora dos como
docente de carácter nacional no pueden ser tomados en cuenta para
obtener la pensión gracia, razón por la cual no es posible acceder
a las pretensiones de la demanda, en la medida que los tiempos
certificados por l a demandante resultan ser del orden nacional y no
territorial o nacionalizado.

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 7
allegó concepto en el que estimó que se debe revocar la sentencia
apelada y acceder a las prestacione s de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Carmen Diana Vélez
Calle, ya que demostró todos los requisitos exigido s para ser
beneficiaria de una pensión gracia . Como sustento de lo anterior,
indicó que , de acuerdo con la sentencia de unificación
jurisprudencial de 21 de junio de 2018 proferida por l a Sección
Segunda del Consejo de Estado, el proceso de incorp oración de
que fue parte la demandante en 199 6 determinó que su vinculación
es del carácter territorial, por lo que el estatus pensional lo adquirió
27 de enero de 2010.

Carmen Diana Vélez Calle y la Ag encia Nacional d e Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo, el Consejo de

6 Folios 255 a 257 del cuaderno principal.
7 Folios 258 a 268 del cuaderno principal.

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Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto 8. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso 9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente
la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitad o a los argumentos del mencionado recurso.

2.2. Del problema jurí dico .

Considera esta Sala de Subsección, que el estudio y posterior
decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿Carmen Diana Vélez Calle , en su calidad de docente
oficial, tiene dere cho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia ?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pron unciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t er ri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

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«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior idad a l 1. de ener o de 1990 ser á r egido por la s
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 11 4 de 1 913, 116 de 1928, 3 7
de 1933 y dem ás nor m as que las hu bier an desar r ol lado o
m odif icado, t uviese n o llegar en a t ener der echo a la pensi ón
de gr acia, se les r econocer á siem pr e y cuando cum plan con l a
t ot alidad de los r equisit os . Est a pensión segu i r á
r econociéndos e por la Caj a Naci onal de pr evisión S oci a l
conf or m e al Decr et o 081 de 1 976 y s er á com pat ible co n la
pensión or d inar ia d e j ubilaci ón, aún en e l event o de est ar ést a
a car go t ot al o par cial de la naci ón. [ …]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equis it os” . [ …] . » 10

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 11 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:

10 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o
cedí a la Nac ión a la s ent idades t er r it or i ales, en vi genci a de la
Car t a de 1886 y hast a cuando per m anecier on en vigor en la
Const it ución de 199 1, no obst ant e su or igen o f uent e nacion al,
una vez se incor poraban a los pr esupuest os locales pasaba n a
ser de pr opiedad ex clusiva d e los r ef er id os ent es en calid ad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o
pr opiet ar ios de lo s r ecur sos que les gir a la Nació n,
pr ovenient es del si st ema general de part i ci paci ones , por
asignac ión dir ect a del ar t í culo 356 de la Car t a Polí t ica de
1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los f ond os
educat i vos regi ona l es no solo dependí a de los r ecur sos q ue
gir aba la Nación a las ent idades t er r it or iales por concept o
del si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los entes
local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í culos 29
del Decr et o 31 57 d e 1968; y 60, inc is o 2. º , de la Ley 24 de
1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nac io naliz ados 1 2 , r esult a f act ible cole gir d e
m aner a r azonada que lo pr opi o acont e cí a con algunas de las
er ogaciones sa lar ia l es or iginad as por el ser vicio que pr est ab an
los educador es t er r it or iales, ya que lo s r ecur sos dest inados
par a t al f in pr ovení an t ant o de la Nación —si t uado f i scal—
com o de las ent ida des t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o
caso, el univer so d e esos r ecur sos le per t enecí a de f orm a
exclusiv a a los ent es loca les dado q ue ingr esaba n a s us
pr esupuest os en cal idad de r ent as exógenas y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t er r it or ial es
y/ o nacional izados s e convier t en en educador es naciona les ( i)
cuando en el act o de su vinculac ión i nt er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent idad t er r it or ial, el delega do
per m anent e del M inist er io de E duca ción Nac iona l com o
m iem br o de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ond o
educat i vo regi onal , así , est e últ im o, cert if ique la vacanc ia d el
car go j unt o con la dispon ibi li dad pr esu puest al 1 3 ; y ( ii) por el
ar gum ent o de que los r ecur sos dest inados par a su
sost enim ient o t iene n su or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t e rri t ori al . Se r equier e
copia de los act os a dm inist r at ivos dond e const e el ví ncul o, en
los que adem ás se pueda est ablec er con suf icient e c lar id ad
que la plaza a ocupar sea de aquella s que el legisl ador ha
pr evist o com o t err it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede
acr edit ar con la r espect iva cer t if icac ión de l a aut or ida d
nom inador a que dé cuent a de m aner a inequí voca que el t i po

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de vincul ación a l cu al se encuent r a som et ido el docent e of ic ial
es de car áct er t er r itor ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a enti dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al reconocim ie nt o de la
pensión gr acia, es la acr edit ación de la plaza a ocupar , esto
es, que sea de car áct er t er r it or ial o nacional izada, pues
conf or m e a los lin eam ient os f ij ados por la Sala en est a
pr ovidenc ia, en lo que r espect a a los educador es t er r it or iales,
el pago de sus acr eencias pr ovení a dir e ct am ent e de las r entas
endógenas de la r espect iva local idad, o de las exógenas —
si t uado f i scal — cuando se suf r agaban los gast os a tr avés de
los f ondos educat i vos regi onal es ; y en lo que t iene que v er
con los educador es naciona liz ados, las er ogaciones que est os
gener aban se enm ar can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . »

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pue den acceder a la p ensión gr ac ia ant es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando
acr edit en una vinc ulaci ón t er r it or ial o naciona lizad a con
ant elació n al 31 de d iciem br e de 1980 y c um plan con los dem ás
r equisit os le galm ent e est ablec idos par a su r econocim ient o». 12

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o

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00278-01 (3018-2017).

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en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Análisis probatori o.

Revisado el exped iente, y con el objeto de resolver e l problema
jurídico planteado, la Sala encuentra probado que Carmen Diana
Vélez Calle nació el 27 de enero de 1960 13, razón por la cual, el 27
de enero de 2010 cumplió 50 años de edad. Respecto del tiempo
de servicio, se encuentra lo siguiente:

2.4.1. Vinculación entre 27 de julio de 1978 y 1 de mayo de 1981

A través del Decreto 586 de 17 de julio de 1978 14 el gobernador
de Caldas nombró a Carmen Diana Vélez Calle como docente en la
Escuela Urbana del municipio de Anserma , a saber:

« D EP AR TA MEN T O DE C A LD AS
DECR ET O NUM ERO 586 de 1978
( Julio 17)
Por el cual se hacen nom br am ient os y traslados, y se dict an
ot r as disposici ones en el r am o de Educación.
EL G O BERNADO R DEL DEP ART AM EN TO DE CALDAS, en
uso de sus f acult ades legales,
DECR ETA:
Ar t iculo 1º . Hácense los siguient es nom br am ient os y t r aslados
en el r am o de Educación : [ …]
A NSERM A
CARM EN DI AN A VE LEZ CALLE N. S. Secciona l de la Escuel a
ur bana en r eem plaz o de Ant onio Bur it ic á, a quien se le ace pt a
la r enuncia. [ …]
CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE »

13Copia de la cédula de ciudadanía disponible en el CD de antecedentes
administrativos allegados por la UGPP, visible en el folio 98 del expediente.
14 F o l i o s 20 a 22 del expediente.

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Demandante: Carmen Diana Vélez Calle

Del anterior nombramiento, según consta en Acta 317 de 27 de
julio de 1978 15, la señora Vélez Calle se posesionó ante el
gobernador de Caldas y el coordinador administrativo del FER –
Caldas como docente de la Escuela Urbana de Anserma, bajo la
dependencia de la Secretaría de Educación – División de
Enseñanza Primaria.

Así mismo, en certificado expedido el 18 de marzo de 2015 16 por la
Secretaría de Educación de Caldas se observa lo siguiente:

FECHA TOTAL
Tipo de A.A. FECHA A.A. DESDE HASTA
Novedad POSESIÓN DÍAS (360
Nro.
d m y d m y d m y d m y X AÑO)
Nombramiento en Propiedad
Plaza Nacionalizada Escuela 586 17-07-78 27-07-78 27-07-78 30-04-81 993
Urbana Anserma
Traslado Escuela Rural No se
418 05-05-81
Indefinida de Victoria Posesionó

Retiro 419 05-05-81 01-05-81

Licencia voluntaria 868 28-07-80 01-08-80 31-10-80 90

Licencia voluntaria 180 10-03-81 01-02-81 01-04-81 60

Prorróga Licencia Voluntaria 355 07-04-81 02-04-81 30-04-81 29

LABORÓ HASTA ENERO 31 DE 1981 A PARTIR DE FEBRERO 01 SALIÓ A DISFRUTAR DE LICENCIA VOLUNTARIA.
NO SE REINTEGRÓ Y RENUNCIÓ

De los documentos antes descritos, la Sala encuentra probado que
el nombramiento de la demandante ocurrió con posterioridad a la
expedición de la Ley 43 de 1975 y con anterioridad del 31 de
diciembre de 1980 por autoridad territ orial (gobernador de Caldas)
parar ocupar pla zas del departamento que conforme a dicha
certificación fueron nacionalizadas . Ahora, en cuanto al traslado
que, según la certificación transcrit a, se efectuó mediante acto
administrativo 418 de 1981, del cual según anotación no se
posesionó, puede inferirse la facultad que t enía dicho el ente
territorial para realizar los movimientos de docen tes con el fin de
cumplir los objetivos del ejercicio do cente.

15 F o l i o 23 del expediente.
16 F o l i o 17 del expediente.
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En cuanto a la participación del Fondo Educativo Regional FER en
el acto de posesión , la Sala se permite aclarar que ello no significa
que se actuara por direct riz del Gobierno nacional , ya que d ichos
fondos se crearon en cada uno de los departamentos para atender
el sostenimiento y expansión de la educación, los cuales eran
financiados c on recursos aportados tanto por la Nación como por
las entidades territ oriales, situación que desvirtúa que la docente
hubiese sido nacional.

Sobre lo anterior, se debe tener presente que en la sentencia de
unificación de 21 de junio de 2018 se señaló qu e « no es dable inf er ir
que los docent es t er r it or iales y/ o naciona lizad os se convier t en en
educador es nacio nal es ( i) cuando en el act o de su vinculació n int er viene,
adem ás del r epr ese nt ant e legal de la ent idad t er r it or ial, el del egado
per m anent e del M inist e r io de Educació n Nacional com o m iem br o de la
j unt a adm inist r ador a del r espect ivo f ondo educat ivo r egional , as í ́ , est e
últ im o, cer t if ique la vacancia del car go j unt o con la disponib il idad
pr esupuest al [ . . . ] ».

Aunado a ello , en lo que corresponde a determinar cuándo un
docente es de carácter territorial o nacionalizado, resulta relevante
destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999,
al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal
b), de la Ley 91 d e 1989, pre cisó que antes de la nacionalización
de la educación que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los
docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y
(ii) territoria les. Específicamente, expuso:

«3. 2. 2. Así m ism o, se obser va por la Cor t e que, ant es de la
" naciona lizac ión" de la educación pr i m ar ia y secundar ia of icia l
decr et ada por la Le y 43 de 1975 par a ser cum plida en un p er í odo
de cinco a ños, es de ci r hast a el 31 de di ci embre de 1980, ex i st í an
dos cat egorí as de docent es of i ci al es, a saber: l os naci o nal es,
vi ncul ados l aboral ment e de manera di rect a al M i ni st eri o de
Educaci ón Naci ona l ; y l os t errit ori al es, vi ncul ados l aboralment e
a l os depart ament os , en nada se oponí a a la Const it ución en t onces
en v igor , que exist ier a par a ést os últ im os la denom inada " pensión
gr acia" , de que t r at a la Ley 114 de 1913, post er ior m ent e ext endida

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a ot r os docent es por las leyes 11 6 de 1928 y 37 de 193 3, com o
t am poco se opone la pr olongac ión de su s ef ect os en el t iem po par a
quienes act ualm ent e la disf r ut an, o r eunier on los r equisit os
sust anciales par a t ener der echo a ella ant es del 31 de dicie m br e de
1980, pues la diver sidad del em pleado r ( nación o depar t am ent o) ,
per m it í a, conf orm e a la Car t a, est ablecer un t r at o dist int o y una
excepción al pr in cipio gener a l pr ohibit iv o de devengar dos
asignac iones de l Tesor o Públ ico, si t uación ést a que r esult a
igua lm ent e acom pasada con la Const it uc ión Po lí t ica de 199 1 , pues
la nor m a acusada ( ar t í culo 4º , num er al 3º Ley 114 de 1913) , en nada
vulner a e l pr inc ipi o de la igua ldad cons agr ado por el ar t í cul o 13 de
la Car t a M agna, el cual pr ohibe ( sic) dispensar t r at o dif er ent e y
discr im inad o " por r azones de sexo, r aza, or igen nac iona l o f a m iliar ,
lengua, r elig ión, opi nión polí t ica o f ilosóf ica" , na da de lo cual ocur r e
en est e caso. [ …] » (Negr il la de la S ala)

Por su parte, esta Sala 17 ha precisado que « El carácter
nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aqu ellos « docent es vi nculados por nom br am ient o de
ent idad t er r it or ial an t es del 1 de ener o d e 1976 y los vinc ula dos a par t ir
de est a f echa, de conf ormi dad con lo di spuest o por l a Ley 43 de
1975 ». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados»
son « los vincu lados ant es del 31 de dicie m br e de 1980, por las ent idades
t er r it or iales ».

En cuanto a dicha diferencia esta Corporación en la citada
sentencia de uni ficación CE-SUJ2 -011-18 del 21 de junio de
2018, concluyó :

«Por su par t e, se ent iende por perso nal naci onal i zado ( i)
aquel qu e siend o t er r it or ial ant es del 1. de ener o de 1976 f ue
obj et o del pr oces o de nacio nal izac ión i nic iado con la
expedic ión de la Ley 43 de 197 5; y ( ii) los que a par t ir de esa
f echa se hayan vinculado a una plaz a de aquell as que f uer on
naciona liz adas en vir t ud, t am bién, del alud ido pr o ceso
adelant ado por la no r m a en cuest ión ( Ley 43 de 1975) .
Ent r e t ant o, debe ent ender se por personal t erri t ori al el
vincul ado por ent ida des de ese or den a par t ir del 1. de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975; est o es, que la plaza a ocup ar

17 V e r
entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001 -23-
33-000-2013-00128-01 (1518-2015).

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haya sido cr eada d e f or m a exclusiva por el ent e local y l os
gast os que est a g ener e se cubr an c on car go a su pr o pio
pr esupuest o. »

Adviértase que dichas reglas jurispru denciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir sin lugar a equívoco el tipo de vinculació n del
respectivo docente.

En ese sentido, en el asunto bajo análisis la docente fue nombrad a
por una entidad territoria l en una plaza nacionaliza da conforme a la
certificación aludida previamente . Así, se encuentra probado que
Carmen Diana Vélez Calle laboró como docente del orden
nacionalizado para el departamento de Caldas por 2 años y 5 días
entre el 27 de julio de 1978 y el 1 de mayo de 198 1, sin tener en
cuenta el tiempo que estuvo en licen ci a voluntaria entre agosto de
1980 y el 1 de mayo de 1981.

En esos términos, no existe discusión, de que los tiempos antes
referidos no fueron del orden nacional, por lo que result an válidos
para el cómputo correspondiente a la pensión gracia.

2.4.2. Vinculación entre 28 de octubre de 1987 y el 1 de enero
de 1996

A través de la Resolución 13996 de 14 de octubre de 1987 , el
Ministerio de Educación Nacional nombró a Carmen Diana Vélez
Calle como docente en la Normal Na cional de Anserma (Caldas),
quien tomó posesión del cargo el 28 de octubre de 1987 ante el
gobernador del departamento de Caldas. 18

La anterior novedad se corrobora con la certificación expedida el 6
de marzo de 2017 19 por la Secretaría de Educación de Caldas que
dejó establecido con claridad dicho nombramiento:

18 F o l i o 140 del expediente.
19 F o l i o 143 del expediente.

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FECHA TOTAL
Tipo de A.A. FECHA A.A. POSESIÓN DESDE HASTA
Novedad DÍAS (360
Nro.
d m y d m y d m y d m y X AÑO)
Nombramiento en Propiedad
Resolución MEN Escuela 13996 14-10-87 28-10-87 28-10-87 31-01-94 2253
Normal Nacional Anserma
Traslado por Permuta
Libremente Convenida
143 13-12-93 01-02-94
Escuela Normal Nacional
Pereira Risaralda

Por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio FO MA G – Secretaría de Educación de Pereira, se
certificó el 1 de marzo de 2017 20 lo siguiente:

Tipo de No de Fecha A.A. DESDE
NOVEDADES
A.A. A.A. dd mm aa dd mm aa
Tipo de
Ing. Y Reing
Novedad
1 Plantel Resolucion 13996 28/10/87 28/10/87
CIUDADELA CUBA
Educativo
Municipio Pereira (Ris)
Tipo de
Ascensos
Novedad
2 Plantel SEDE PPAL IE CIUDADELA Resolucion 5450 10/09/13 10/09/13
Educativo CUBA
Municipio Pereira (Ris)
TIEMPO TOTAL 5-5-28

Ahora bien, a travé s del Decreto 0020 de 2 de enero de 1996 21, el
gobernador de Risaralda incorporó la planta de docentes del
municipio de Pereira al departa mento, así:

«GOBERNACION DE RISARALDA
DECR ET O No. 0020 02 ENE 1996
P OR E L CU A L SE INC ORP OR A LA P L ANT A D E PER S ONA L
D IR EC T IV O D OC EN TE , D OC EN T E Y AD MIN IS TR A T IV O DE L
MU N IC IP IO D E PE RE IR A A L DE PA RT A ME N T O
E L GOB E RN AD OR DE L D EP AR TA MEN T O D E R IS AR A LDA , E N
U S O D E SUS F AC U LT A DE S C ON FE R ID AS E N L A L EY 6 0 D E
1 .9 9 3 Y E N L A L EY 1 1 5 D E 1 .9 9 4
DECR ET A
ARTI CULO 1º . I ncor por ar la Plant a de Per sonal D ir ect ivo
Docent e, Docent e y Adm inist r at ivo del M unici pio de Per eir a al

20 F o l i o 139 del expediente.
21 F o l i o s 24 a 27 del expediente.

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Depar t am ent o.
[ …]
I NSTI TUTO DO CEN TE NO RM AL NACI O NAL M I XTA
[ …]
DO CENTE S
[ …]
Carmen Di ana Vél ez Cal l e C. C. [ …] G rado 10
[ …]
ARTI CULO SEG UN DO : Par a ef ect os f iscales, el pr esent e
Decr et o r ige a par t ir del 01 de ener o de 1996.
CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE »

El FOMAG – Secretaría de Educación de Pereira ce rtificó los
factores salariales devengados por la demandante entre el 1 de
enero de 2003 y el 30 de diciembre del mismo año, indicando que
el régimen pensional es del orden nacional, característica que
reiteró en certifica ción de salarios devengados anu almente entre 1
de enero de 2008 a 19 de marzo de 2015 22.

Finalmente, el 15 de abril de 2015 Carmen Diana Vélez Calle
solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecció n Social –
UGPP, el reconocimiento y pago de una pensión gracia, solicitud
que fue resuelta de manera negativa a través de la Resol ución RDP
038437 de 21 de septiembre de 2015 , confirmada a través de la
también Resolución RDP 052286 de 9 de diciembre siguiente . 23

De lo descrito previamente, es claro que el Ministerio de Educación
Nacional, a través de la Resolución 13996 de 14 de octubre de
1987, nombró a Carmen Diana Vélez Calle como docente en la
Escuela Normal Nacional de Anserma (Caldas), luego, por
disposición de esa mi sma autoridad nacional fue trasladad a al

22 D o c u m e n t o s visibles en el Cd de antecedentes administrativos a f olio 98 del
expediente.
23 F o l i o s 9 a 16 del cuaderno principal del expediente.

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municipio de Pereira Risa ralda , de la cual, si bien no se tiene el
acto administrativo correspondiente , sí consta dicha novedad en la s
certificaciones allegadas al expediente, tanto por la Secre taría de
Educación de Caldas como la del municipio de Pereira , por lo cual
es claro que la vinculación resultó ser de docente nacional .

La anterior circunstancia no es discut ida por la parte de mandante,
ya que tanto en el escrito de demanda como de apelac ión reconoce
que fue nombrada por la Nación.

De lo anterior, se observa que durante este periodo se presentó una
continua dependencia laboral del demandante respecto de la
Nación, pues fue nombrad a de manera directa por el Ministerio de
Educación y trasla dad a por disposición de la misma entidad de un
departamento a otro , situación que se encuentra corroborada, no
sólo por los actos administrativos reseñados sino también por las
certificaciones exped idas por las Secretarías de Educación , en
donde, correctamente, dan cuenta de l carácter nacional de la
docente. De manera que, conforme a lo establecido en el artículo 1
de la Ley 91 de 1989 , el personal nacional corresponde a los
docentes que fueron vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional, situación que aquí ocurrió.

Por tanto, el tiempo de vinculación de docente entre el 28 de
octubre de 1987 y el 1 de enero de 1996 no es computable para
acreditar los 20 añ os de servicio con el fin de acceder a la pensión
gracia, circunstancia que se insist e no es desconocida por la
demandante .

Tiempo de servicio de 1 de enero de 1996 en adelante .

Finalmente, y e n línea a lo descrito previamente, se recuerda que
la señora Carmen Diana Vélez Calle f ue nombrad a como docente al
servicio de la Nación a través de la Resolución 13996 de 14 de
octubre de 1987 , emanada del Ministerio de Educación Nacional ,
vinculación que ha permanecido en el tiempo hasta el 19 de marzo
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de 2015, de acuerdo con la cert ifica ción expedida en esa misma
fecha. 24

Durante este lapso la prestación d el servicio docente de la
demandante fue objeto de ciertas novedades, como son traslados
por solicitud propia ante el Ministerio de Educación Nacional e
incorporaciones a la planta de personal del departamento de
Risaralda , pero siempre manteniendo incólume el nombramiento
como docente nacional efectuado en octubre de 1987.

Si bien es cierto q ue a través de l De creto 0020 de 2 de enero de
1996 se incorporó a la señora Vélez Calle a la planta de personal
docente del departamento de Risaralda , ello no corresponde a un
nuevo nombramiento y, por tanto, tampoco quiere deci r que el tipo
de su vinculación hubiera variado .

Lo anterior result a del análisis jurí dico realizado a l mencionado
decreto departamental, el cual fue expedido en aplicación de leyes
y decretos que modificaron la educación en Colombia.

Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente de la
demandante no se modificaron a pesar de los t raslados e
incorporaciones a plantas departamentales, comoquiera que el
último nombramiento del que fue objeto se efectuó por parte del
Ministerio de Educación en 19 87, de ahí en adelante se presentaron
situaciones administrativas como los referidos t raslados e
incorporaciones a la planta del departamento de Risaralda , sin que
ello afectara sus salarios, prestacio nes sociales o el régimen de
pensiones y cesantías, pues como quedó claro la vinculación de los
educadores con la qu e venían antes de la incorporación a la planta
de personal docente del departamento se mantuvo incólume al no
existir ruptura del v ínculo laboral .

24 D o c u m e n t o s visibles en el Cd de antecedentes administrativos a f olio 98 del
expediente.

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En similares té rminos, est a Corpora ción, en sentencia de 28 de
enero de 2021 25 concluyó 26:

«[ …] del alud ido pr ocedim ient o de incor por ació n de l a
dem andant e se dest aca que ( i) no t ení a la calida d de pr of esor a
m unicipa l, sino nacional; ( ii) M anizales er a el lugar geogr áf ico
en el que desar r oll aba su f unciones, cir cunst ancia que n o
m ut aba la nat ur aleza de su vinculac ión, dado que la vacant e
que ocupaba y el colegi o en el que labor aba er an nacionale s;
y ( iii) no se t r at ó de una n ueva design a ción, t ant o es así que
no hubo m odif icaci ón en cuant o al r égim en salar ia l que le
r econocí a la Nación.
En consecuencia, conf or m e a lo cer t if icado por la secr et ar í a de
educación e l 10 de f ebr er o de 2006 y el 1° de agost o de 2016,
la accionant e «[ …] pr est aba sus ser vicios com o Docent e plaza
Nacion al [ …] », lo cual no var ió por la incor por ación del
depar t am ent o de Caldas .
[ …]
Por ot r a part e, en lo concer nient e a los r ecur sos con los cuales
se f inanció el em ple o de la accionant e, el act o de incor por ac ión
hace r ef er encia al s i t uado f iscal qu e si b ien at endí a l os gast os
que gener aban los ser vicios educat ivos nacional izados y
t er r it or iales, t am bién lo hací a r espect o de los naci onal es co m o
en est e caso, en el que, se r eit er a, la plaza er a nacio nal sin
que exist a en el ple nar io pr ueba en con t r ar io. »

Por tanto, dado que el nombramiento de la aquí demandante fue
efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, no cabe duda
de que se encuentran en la literalidad del artículo 1 de la Ley 91 de
1989 que determinó que el personal nacional corresp onde a los
docentes vinculados por nombramiento de l Gobierno nacional, sin
que la incorporación al departamento de Risaralda le hubiese
cambiado la naturaleza de ese vínculo.

2.5. Conclusión

Carmen Diana Vélez Calle laboró 2 años y 5 días como docente
nacionalizada entre el 27 de julio de 1978 y el 1 de mayo de 1981 ,

25Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-
33-000-2015-00285-01 (363-2018).
26 V é a s e
también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-
33-000-2016-00086-01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.

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posterior a ello, desde el 28 de octubre de 1987 en adelante ha
prestado servicio como docente de carácter nacional por
nombramiento realizado por el Ministe rio de Educación Nacional .

Así, la demandante no cumple con el requisito de tie mpo mínimo de
labor docente al servicio territo rial o nacionalizado para ser
beneficiaria de la pensión solicitada, razón por la cual, la Sala
considera que deberá ser confirmada la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

2.6. Condena en costas

Respecto de las costa s procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8 .º del artículo 365 del Código General del Proceso , que
señala expresamente que « solo habrá lugar a cost as cuando en el
expedient e apar ezc an que se causaron y en la m edida de su
com pr obación ». No obstante, teniendo en cuenta que la decisión que
aquí se adopta es fruto de lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales t razadas en la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, no se impondrán costas a cargo de ninguna de las
partes con el fin de salvaguard ar los principios de buena fe y
confianza legítima.

2.7. Otras determinaciones

Dado que se acreditan los requisitos legales, se aceptará la
renuncia de poder aportada por la abogada Karina Vence Peláez
como apoderada de la UGPP , de acu erdo con el memorial allegado
vía correo electrónico y visible en SAMAI .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autorida d de la ley,

www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 66001 23 33 000 2016 00084 01
Demandante: Carmen Diana Vélez Calle

FALLA

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia de 26 de enero de 2018 , por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las
súplicas de la demanda presentada por Carmen Diana V élez Calle ,
por las razones expuestas en esta providencia .

SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia, conforme a la
parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Acepta r la renuncia de la abogada Karina Vence Peláez
como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, de acuerdo con el memorial allegado vía correo electrónico
y visible en SAMAI .

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2 023 ).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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