RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-01587-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01587-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01587-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de junio de 2017 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda presentada por Nilma del Carmen Cipagauta Rojas contra la UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 47 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146- 2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201. 48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, M.P. Dr. William Hernández Gómez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018) Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01587-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en
plazas del orden territorial y nacionalizado. Aplicación de
sentencias de unificación del 21 de julio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitida el 29 de junio
de 2017, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
vencida; anunciando desde ya que dicha decisión será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La demandante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones 013594 del 23 de
noviembre de 1999 y 004553 del 23 de noviembre de 2000 mediante las cuales la Caja
Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) le negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia y resolvió desfavorablemente su recurso de apelación, respectivamente.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente: i) que se condene a
la demandada al reconocimiento y pago de una pensión gracia con inclusión de todos
los factores devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de
pensionada; ii) que se le cancelen los valores dejados de percibir de manera retroactiva;
iii) la indexación de la primera mesada pensional; iv) el reajuste del valor de las sumas
adeudadas conforme al IPC, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 187, 192, 194
y 195 del CPACA; v) que la demandada pague las costas y agencias de derecho.

1 En adelante UGPP.
2 Folios 20 a 33.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

3. Como sustento de sus pretensiones expuso que presentó solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia el 29 de septiembre de 1999. Mediante
la Resolución 013594 del 23 de noviembre de 1999, confirmada a través de la
Resolución 004553 del 23 de noviembre de 2000, la Administración dio respuesta
negativa bajo el argumento de ostentar vinculación a la docencia de carácter nacional.

4. Mencionó que se posesionó el 1 de febrero de 1973, momento a partir del cual
iniciaron a regir las normas aplicables a los docente para efectos pensionales, según lo
regulado por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, 33 de 1985
y el Acto Legislativo No. 1 de 2005.

Contestación de la demanda3

5. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no existe
ninguna causal para declarar la nulidad de los actos enjuiciados ni se acreditaron los
presupuestos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia. Refirió que para los
docentes nacionalizados que se hayan vinculado con posterioridad al 31 de diciembre
de 1980 no existe la posibilidad de acceder al reconocimiento pensional pretendido.

6. Consideró que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia por ostentar la condición de docente nacional, habida cuenta que laboró durante
19 años, 2 meses y 21 días al servicio del Ministerio de Educación Nacional, esto es,
por expresa designación del Gobierno Nacional.

7. Propuso como excepciones las que tituló como «cobro de lo no debido»,
«prescripción», «buena fe», «compensación» y «la genérica o innominada».

II. SENTENCIA APELADA

8. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dictó sentencia el 29 de junio de 20174 a través de la cual declaró
probada la excepción de mérito de cobro de lo no debido y no probadas las demás
excepciones, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
vencida.

9. Motivó su decisión en que, pese a que la demandante acreditó servicios como
docente territorial antes el 31 de diciembre de 1980, ello no fue suficiente para acceder
al derecho pensional solicitado toda vez que los 20 años de servicios los completa en
su mayoría con tiempo laborado como docente nacional, conforme a los certificados
expedidos por la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

10. Encontró, además, que la demandante fue nombrada y trasladada por el
Ministerio de Educación Nacional para ejercer la labor docente en diferentes colegios
del departamento de Cundinamarca, adscrita a la planta de personal del Fondo
Educativo Regional del Departamento.

3 Folios 48 a 56.
4 Folios 303 a 316.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

11. Finalmente, condenó en costas a la demandante por resultar vencida, en
consideración a que se fundamentan en la compensación por los gastos en que se
presume incurrió la contraparte para afrontar el proceso. Fijó las agencias en derecho
en el 5% del valor de las pretensiones en consonancia con lo establecido en los
artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.

III. RECURSO DE APELACIÓN5

12. La actora presentó recurso de apelación al considerar que el a quo incurrió en
un defecto fáctico por no establecer el vínculo laboral que ostentó durante el ejercicio
de la docencia (nacional o departamental).

13. Refirió que los actos enjuiciados sustentan la negativa en el reconocimiento de
la pensión gracia en la certificación emitida por la Secretaría de Educación
Departamental de Cundinamarca, en la cual se hizo constar el carácter de nacional de
su vinculación; sin embargo, reprochó que tal competencia radica exclusivamente en el
Ministerio de Educación Nacional, por lo que no le está dado al ente territorial hacerlo.

14. Afirmó que los recursos con los cuales se le cancelaron los salarios y las
prestaciones sociales se realizaron a través del Situado Fiscal (hoy Sistema General
de Participaciones), es decir, con recursos propios del departamento y los municipios,
por lo que el carácter de su vinculación ostenta la condición de departamental y no
nacional como erradamente lo encontró demostrado el Tribunal.

15. Señaló que el nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional
no le da la condición de docente nacional toda vez que debe allegar acta de posesión
ante el ente ministerial, figurar en la planta de personal del nivel central del mismo, la
nómina con la cual se le cancelan los salarios y prestaciones sociales debe provenir de
esa entidad y el acto a través del cual se le aceptó la renuncia al cargo docente debe
proceder del mismo ministerio; circunstancias que no se presentan en este caso.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

16. Mediante auto del 28 de junio de 20186 se admitió el recurso de apelación.

17. A través de providencia del 8 de marzo de 20197 se corrió traslado para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para que rinda concepto, de conformidad con lo
establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.

18. La demandante8 descorrió el traslado reiterando que no es cierto que hubiese
laborado para el Ministerio de Educación Nacional en tanto no figura en la planta de
personal del nivel central de dicho ente, tampoco fue el ente ministerial quien le canceló
los salarios y las prestaciones sociales durante su vinculación a la docencia oficial, ni
fue quien le aceptó el retiro del servicio. Alegó la tacha de falsedad de los certificados

5 Folios 323 a 336.
6 Folio 354.
7 Folio 446.
8 Folios 447 a 456.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

de tiempos de servicio y salarios devengados expedidos por la Secretaría de Educación
del Departamento de Cundinamarca, en cuanto no le está permitido que esta entidad
acreditara la calidad del vínculo como nacional. De igual manera, señaló que en virtud
de la descentralización del sector educativo en virtud de la Ley 60 de 1993, el Ministerio
de Educación Nacional perdió la facultad nominadora, la que fue trasladada a los
departamentos y municipios, por lo que son estas quienes tienen a cargo la
administración del personal docente.

19. La UGPP9 solicitó que se confirme la decisión de primera instancia. Insistió que
el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante es improcedente toda vez que
se pretende que los tiempos laborados son como docente nacional, los cuales son
excluidos por las leyes y la jurisprudencia. Y pese a que se logró demostrar que la
demandante se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980, esto no es suficiente
teniendo en cuenta que el tiempo de servicios desde el 10 de junio de 1980 hasta el 31
de julio de 2014 ostenta carácter nacional, que no le da el derecho al reconocimiento
de la prestación.

15. El Ministerio Público guardó silencio10.

16. Por auto del 27 de junio de 202411, esta Corporación resolvió no tener como pruebas
los documentos aportados por la demandante en segunda instancia, ni accedió a
decretar las pruebas de oficio. Además, negó una solicitud de nulidad procesal
propuesta por la demandante comoquiera que los argumentos expuestos están
encaminados a controvertir la valoración probatoria que hizo el a quo en el fallo apelado
y no a plantear el desconocimiento de alguna de las garantías que comprende el
derecho al debido proceso. Finalmente, se consideró que los documentos que se
pretenden cuestionar fueron debidamente incorporados al proceso en las audiencias
celebradas el 23 de marzo y 19 de mayo de 2017, por consiguiente, en virtud de lo
establecido en el artículo 269 del CGP, la tacha de falsedad la planteó
extemporáneamente (durante el trámite de la segunda instancia), por lo que se rechazó
de plano.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

17. Corresponde a esta Sala determinar si la señora Nilma del Carmen Cipagauta Rojas
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los
requisitos para ello, en especial, los 20 años como docente territorial y/o nacionalizada;
o si, por el contrario, no acredita sendas exigencias legales.

Solución del caso concreto

9 Folio 461 a 466.
10 Según constancia de la Secretaría de esta Sección, fechada 24 de mayo de 2019, obrante en el folio

474.
11 Folios 477 a 484 reverso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

18. Para desatar tal cuestionamiento, la Sala parte de que para gozar de la pensión
gracia los docentes oficiales deben acreditar las exigencias establecidas por las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) contar con más de 50
años de vida; ii) ostentar una vinculación como docente nacionalizado y/o territorial
(municipal o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse
desempeñado en tal calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos;
iv) ejercer la docencia con honradez, consagración y buena conducta; v) no haber
recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

18. Al expediente12 se aportó el documento de identidad13 de la señora Nilma del
Carmen Cipagauta Rojas, en el que se observa que nació el 12 de mayo de 1949, es
decir, cumplió 50 años el 12 de mayo de 1999. Con esto se da por satisfecho el requisito
de la edad.

19. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también
se entiende cumplida la exigencia de la honradez, consagración y buena conducta14.

20. Frente a la vinculación territorial y/o nacionalizada anterior a 1980, obra en el
expediente el acta No. 9185 del 20 de marzo de 197315 de la Secretaría de Educación
y Cultura del Meta, a través de la cual la demandante tomó posesión del cargo de
profesora segunda categoría en el Colegio Departamental Femenino de Bachillerato
del municipio de Villavicencio16, nombrada a través del Decreto 077 del 16 de febrero
de 1973 del gobernador del Meta17, con efectos a partir del 1 de febrero de 1973 y
desempeñándose hasta el 13 de abril de 1980 cuando le fue aceptada la renuncia
mediante el Decreto 223 de 198018.

18. De esta manera la Sala da por probado el requisito de la vinculación como
docente territorial (departamental) anterior al 31 de diciembre de 1980, en virtud
de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 198919 y acreditados 8 años, 2 meses
y 13 días para el siguiente requisito de ley; aunado a que entre las partes no existe
disputa frente a la calificación de este periodo.

18. Seguidamente, se encuentra un segundo periodo que, por lo demás, es el motivo
de reparo de la demandante pues lo considera como de vinculación territorial.

19. Al respecto, se estableció que el director de la Escuela de Suboficiales (E) de la
Fuerza Aérea de Colombia informó a la directora general de administración e inspección
educativa que la demandante laboró a partir del 7 de abril de 1980 en el Colegio de
Bachillerato Nocturno «Andrés M. Díaz» de Madrid (Cundinamarca) como profesora de

12 Ver CD obrante en el folio 46.
13 Ibidem.
14 Ibidem
15 Folio 129.
16 Ver certificación obrante a folio 196.
17 Folios 130 a 131.
18 Ver certificación emitida por el jefe de la sección de personal y Kardex de la secretaría de educación y

cultura del departamento del meta visible a folio 128 y copia del acto en el folio 132.
19 «(…) docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los

vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

idiomas en el programa de jornadas adicionales20.

20. A su vez, el rector y secretario del Colegio «Andrés M. Díaz» de la Fuerza Aérea
Colombiana, «plantel aprobado mediante la Resolución 9120 del 16 de octubre de 1976, para
el bachillerato completo, emanada del Ministerio de Educación Nacional» certificaron que
laboró en dicha institución educativa como profesora de tiempo completo (jornadas
adicionales) en «Comisión del Ministerio de Educación Nacional», desempeñándose con
idoneidad y observando buena conducta21.

21. Luego, el ministro de Educación Nacional, a través de la Resolución 06469 del
22 de abril de 198022, la nombró profesora de enseñanza secundaria en el Colegio
Militar «Andrés M. Díaz» de Madrid (Cundinamarca) –cargo nuevo–, programa de
jornada adicional23. Tomó posesión el 10 de junio de 1980 ante la alcaldía especial de
Madrid24.

22. A través de la Resolución 17034 del 9 de octubre de 1981 el Ministerio de
Educación Nacional le reconoció a la demandante el salario y la prima de navidad por
los servicios prestados anteriormente como profesora de la jornada adicional en el
Colegio de Bachillerato Nocturno «Andrés M. Díaz» entre el 7 de abril al 9 de junio de
198025.

23. Por medio de la Resolución 6627 del 25 de junio de 198626, la ministra de
Educación de la época trasladó a la demandante como profesora de tiempo completo
a la jornada adicional del Colegio «Sagrados Corazones» de Mosquera
(Cundinamarca), cargo del cual tomó posesión el 23 de julio de 1986.

24. El Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 16872 del 30 de
octubre de 199227 la trasladó de la Escuela Normal «Sagrados Corazones» de
Mosquera (Cundinamarca) al Colegio Cooperativo de Funza (Cundinamarca) en la
jornada nocturna dentro del programa de jornadas adicionales, cargo del cual tomó
posesión el 6 de diciembre de 199228.

25. Por el Decreto 000051 del 1 de febrero de 199629, el alcalde especial de Funza
(Cundinamarca) trasladó en comisión a la demandante del Colegio Cooperativo
Comunal –jornada nocturna– al Colegio Departamental Nacionalizado de Funza –
jornada nocturna– desde el 1° de febrero de 1996 hasta el 4 de agosto de 2002.

26. Después, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, a través del Decreto
0895 del 24 de junio de 200230, trasladó la plaza docente ocupada por la demandante

20 Folio 14 reverso del Cuaderno Anexo No. 2.
21 Ibidem, folio 18 reverso.
22 Folio 217.
23 Ver certificado expedido por el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el departamento

de Cundinamarca visible a folio 138.
24 Folio 133
25 Folios 193 a 194.
26 Folio 17 reverso del Cuaderno Anexo No. 2.
27 Folio 140.
28 Folio 197 y 25 reverso del Cuaderno Anexo No. 2.
29 Folios 141 a 142.
30 Folio 30 del Cuaderno Anexo No. 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

en la jornada nocturna a la jornada de la tarde, cargo del cual tomó posesión el 5 de
agosto de 200231.

27. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante la Resolución 005900
del 15 de julio de 201432, retiró del servicio activo a la demandante «quien se encuentra
en la planta global, como docente en PROPIEDAD del área de HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA, asignado en el IED FUNZA Sede PRINCIPAL del municipio de FUNZA –
Cundinamarca, a partir del 31 de julio de 2014» por llegar a la edad de retiro forzoso.

28. La división de personal del Ministerio de Educación Nacional mediante
certificación del 27 de octubre de 199233 hizo constar que la demandante prestó sus
servicios a dicho ente ministerial por nombramiento realizado a través de la Resolución
6469 del 10 de junio de 1980.

29. La demandante trajo al proceso el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Cundinamarca el 7 de abril de 200834, donde se observa que la
demandante ostentó vinculación nacional y se registran todas las situaciones
administrativas que se presentaron a partir del 10 de junio de 1980 cuando fue
designada por el Ministerio de Educación Nacional como docente.

30. El coordinador de hojas de vida de la Dirección de Personal Docente y
Administrativo de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca,
mediante certificado No. 3161 del 13 de agosto de 2004, hizo constar que la
demandante ostentó vinculación del orden nacional y que ha prestado sus servicios
docentes durante 24 años, 2 meses y 4 días35.

31. En atención al recuento fáctico expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo
porque si bien se pudo acreditar que satisface los requisitos de edad, buena conducta
y vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, no se demostró el cumplimiento del
requisito de los 20 años de servicio en cargos docentes de naturaleza territorial o
nacionalizada.

32. Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que se deben
examinar los tiempos de servicio, el cargo desempeñado, la dedicación, la clase de
institución educativa y si la vinculación fue nacionalizada, departamental, distrital y
municipal. Para ello, los «certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben
ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase
de pensión»36.

33. De igual forma, la prueba de la calidad de docente oficial se establece con la
copia de los actos de nombramiento o, en su defecto, con la certificación del nominador

31 Ibidem, folio 31.
32 Folio 219.
33 Folio 49 del Cuaderno Anexo No. 1.
34 Ver CD obrante en el folio 46.
35 Folio 107 del Cuaderno Anexo No. 2.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2017, proceso con

radicado 52001 23 31 000 2014 00270 01 (0585-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que cita la
sentencia del 19 de enero de 2006, expediente 6024-05, M.P. Tarsicio Cáceres Toro.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

que informe de manera inequívoca sobre el tipo de vinculación, de acuerdo con la
sentencia de unificación jurisprudencial SUJ – 11 – S2 de 21 de junio de 201837
emanada de la Sala Plena de esta Sección.

34. En este orden de ideas, se encuentra probado que la señora Nilma del Carmen
Cipagauta Rojas laboró como profesora de idiomas de tiempo completo – jornadas
adicionales en el Colegio de Bachillerato Nocturno «Andrés M. Díaz» de Madrid
(Cundinamarca), entre el 7 de abril al 9 de junio de 1980, sin acto de nombramiento; sin
embargo, el Ministerio de Educación Nacional le reconoció el salario por dicho período
a través de la Resolución 17034 del 9 de octubre de 1981.

35. A partir del 10 de junio de 1980 fue nombrada directamente por el Ministerio de
Educación Nacional como profesora de enseñanza secundaria en la misma institución
a través de la Resolución 06469 del 22 de abril de 1980. Luego, la demandante fue
trasladada así: i) como profesora de tiempo completo al Colegio «Sagrados Corazones»
de Mosquera (Cundinamarca) a partir del 23 de julio de 1986; ii) al Colegio Cooperativo
de Funza (Cundinamarca) en la jornada nocturna a partir del 6 de diciembre de 1992;
iii) desde el 1 de febrero de 1996 al 4 de agosto de 2002 al Colegio Departamental
Nacionalizado de Funza, jornada nocturna; y, iv) a partir del 5 de agosto de 2002 al
Colegio Departamental «Humberto Aguilera» de Funza, en la jornada de la tarde, hasta
el 31 de julio de 2014, cuando se retiró del servicio docente.

36. Esta información fue ratificada por el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Cundinamarca el 7 de abril de 200838, en la cual se registra el carácter
de nacional que ostentó la demandante.

37. Para la Sala, es claro que la demandante fue una empleada pública vinculada a
través de una relación legal y reglamentaria mediante acto administrativo de
nombramiento y posesión emanado por el Ministerio de Educación Nacional, conforme
a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 2277 de 197939. Claramente a partir de
este vínculo se puede asegurar que adquirió el carácter de docente nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 40; máxime que las
situaciones administrativas que se dieron con desde el aludido nombramiento hasta su
edad de retiro forzoso (como los traslados y comisiones) no alteraron la naturaleza
nacional de su nombramiento primigenio a cargo del Gobierno Nacional, entendido
como sin solución de continuidad.

38. En este orden de ideas, efectivamente la demandante no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia toda vez que los tiempos servidos como docente
nacional no son aptos para este cómputo pensional, conforme a lo preceptuado en la

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P.

Carmelo Perdomo Cuéter. Actora: Gladys Amanda Hernández Triana.
38 Ver CD obrante en el folio 46.
39 «los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental,

distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales de régimen especial que, una vez
posesionados, quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto.».
40 «(…) docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

sentencia S – 699 de 29 de agosto de 199741 emanada de la Sala Plena de esta
Corporación.

39. Ahora bien, la demandante afirmó que en virtud de la descentralización de la
educación el Ministerio de Educación perdió la facultad nominadora ya que tal
prerrogativa fue trasladada a los departamentos y municipios, quienes asumieron la
administración del personal docente.

40. Frente a dicho argumento, esta Subsección ha dictado múltiples sentencias42 en
las que se ha decantado que la descentralización de la educación involucró el traslado
de la administración del servicio educativo y del personal docente a las entidades
territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo
determinó la Ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en
la Ley 715 de 200143), pero tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza
de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad
a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y
reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso de la actora.

41. Al respecto, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de
remuneraciones. […]

42. Igualmente, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad».

43. Así pues, so pretexto de la descentralización de la educación no puede
soslayarse dicha regulación y mucho menos dejarse de lado que las características de
la vinculación laboral con la Administración se adquieren al momento en que se expide
el acto de nombramiento y en éste se establecen las condiciones jurídicas del cargo a

41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de

1997, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
42 Al respecto, entre otras, ver las siguientes sentencias de la Subsección A: 1) sentencia del 14 de mayo

de 2025, rad. 52001 23 33 000 2017 00335 01 (2307-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 2)
sentencia del 23 de abril de 2025, rad. 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022), C.P. Juan Camilo
Morales Trujillo; 3) sentencia del 7 de abril de 2025, rad. 25000 23 42 000 2018 02543 01 (3213-2022),
C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 4) sentencia del 6 de marzo de 2025, rad. 76001 23 33 000 2019
01072 01 (6210–2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 5) sentencia del 30 de octubre de 2024, rad.
13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 6) sentencia del 21 de
agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-2019-00299-01 (3910-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 7)
sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
43 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21

de junio de 2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501;
Sala de Consulta y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado
110010306000020160010900.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor 44. Entonces,
la cesión de la administración de las plantas de personal a las entidades territoriales
certificadas en educación, así como las demás competencias que les fueron
trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes.

44. Al tiempo que en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de
45
2018 el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de vinculación
docente, sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales conlleve
implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial, para los efectos del
reconocimiento de la prestación objeto de controversia.

45. Bajo esa línea, las condiciones de vinculación docente de la demandante entre
el 7 de abril de 1980 y el 31 de julio de 2014 no se modificaron habida cuenta que el
nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación se mantuvo incólume, al no
existir ruptura del vínculo laboral46. En consecuencia, dada la naturaleza del vínculo de
la demandante, se confirma que el mencionado período no resulta válido para
reconocer la pensión gracia, por su carácter de nacional.

46. De lo anterior se concluye, que le asiste razón al a quo al determinar que solo es
acumulable el tiempo servido desde el 1° de febrero de 1972 hasta 13 de abril de 1980
(8 años, 2 meses y 13 días), al estar vinculada como docente territorial. Sin embargo,
no es suficiente para el cumplimiento del requisito temporal exigido por la norma (20
años).

47. Por otra parte, se alegó en el recurso de alzada la competencia exclusiva del
Ministerio de Educación Nacional para certificar el tipo de vinculación docente. No
obstante, la información consignada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca
guarda estrecha relación con las demás pruebas aportadas al expediente, en especial,
con la Resolución 6469 del 10 de junio de 1980 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, su acta de posesión y el certificado emitido por la división de personal del
Ministerio de Educación Nacional del 27 de octubre de 1992, en los que se refleja que
el nombramiento realizado a la demandante fue efectuado por el Gobierno Nacional; de
tal suerte que, para la Sala es veraz la información certificada por la entidad territorial.

48. De igual forma, frente al otro reparo de la recurrente respecto a que el pago de
los salarios y prestaciones sociales fueron realizados con recursos del Situado Fiscal o
Sistema General de Participaciones que pasaron a ser recursos propios de los
departamentos y municipios, debe decirse que -como se explicó en precedencia- esta
Sala ha mantenido el criterio de que las características de la vinculación laboral con la
Administración se adquieren al momento en que se profiere el acto de nombramiento y

44 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010,

radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-
2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
46 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación

17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000
2016 00084 01 (1985–2018).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

en este se establecen las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar y las
repercusiones a las cuales queda sometido el servidor47, por lo que la fuente de los
salarios, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia
en este caso concreto, un cambio en la naturaleza de la vinculación originaria de la
profesora.

49. Puestas de este modo las cosas, la Sala confirmará el fallo de primera instancia
por cuanto la parte actora no reunió los requisitos para acceder a la pensión gracia.

Condena en costas en segunda instancia

50. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Con base en él, esta
Subsección venía sosteniendo que, para imponer la condena en costas en vigencia del
CPACA, era necesario realizar una valoración objetiva48 donde el juez, una vez
comprobaba su causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes, podía ordenarlas.

51. No obstante, la postura antes mencionada tuvo que ser reevaluada a partir del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que introdujo un inciso al artículo 188 del CPACA,
ya que precisó que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal». En ese sentido, desde la entrada en vigor de este precepto, para imponer la
condena en costas a alguna de las partes, el juez debe examinar su conducta en el
proceso y la sustentación jurídica de sus intervenciones.

52. En el presente caso, la actora promovió su demanda con la convicción de que
contaba con suficiente respaldo legal, también aportó pruebas y se apoyó en
jurisprudencia para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que
esta Sala se abstendrá de imponerle condena en costas de segunda instancia.

VI. DECISIÓN

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de junio de 2017 expedida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda presentada por Nilma del Carmen Cipagauta Rojas contra la UGPP, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

47 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010,

radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-
2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, M.P. Dr. William Hernández Gómez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 25000 23 42 000 2016 01587 01 (2053-2018)
Demandante: Nilma del Carmen Cipagauta Rojas

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.