Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2019-00120-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho.
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022)
Demandante: Juvenal Acosta Molina
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.
Temas: Pensión gracia. Naturaleza de vinculación nacional.
Incorporación a la planta de personal docente. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por el demandante contra la sentencia del 18 de
noviembre de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que negó las súplicas de la demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda. 1
Juvenal Acosta Molina , por intermedio de apoderado judicial,
solicitó decla rar la nulidad de las Resoluciones RDP 0 12009 del
23 de marzo y RDP 025174 del 15 de junio, ambas del 2017 , por
medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial d e Gestión
Pensional y Contribucione s Parafiscales de la Protección Social -
UGPP 2 negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y
confirmó la decisión, respectivamente.
1 Folios 1 y 2 del expediente.
2 En adelante UGPP.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001-23-33-000-2019-00120-01
Demandante: Juvenal Acosta Molina
Como restablecimiento del derecho, deprecó que se ordene a la
UGPP (i) concederle la pensión gracia a partir del 27 de junio de
2010, fecha en que adquirió el estatus pensional; (ii) reajustar las
sumas reconocidas de acuerdo con el IPC; y (iii) pagar lo s intereses
moratorios conforme a l artículo 192 del CPACA.
1.2. Hechos que funda mentan la demanda.
La parte actora relató que nació el 9 de noviembre de 1948 , razón
por la cual cumplió los 50 años de edad el 9 de noviembre de 1998 .
Así mismo, que prestó servicio docente en el departamento del
Tolima, de la siguiente manera:
Fechas
A ct os de nombramient o Desde Hast a
Decr et o 080 del 16 de 24 de f ebr er o de 1970 18 de abr il de 1976
f ebr er o de 1970
( Naciona liza do)
Resoluc ión 34 79 d el 31 10 de j unio de 1976 30 de m ar zo de 1978
de m ayo de 1976
( Naciona l)
Resoluc ión 49 87 d el 25 1 de abr il de 1978 22 de agost o de
de abr il de 1978 1996
( Naciona l )
Resoluc ión 22 10 d el 28 23 de agost o de 1996 20 de m ar zo de 2006
de m ayo de 1996
( Vincul ación an t er ior
m ut a a depar t am ental )
21 de m ar zo de 2006 5 de agost o de 2014
( Vincul ación an t er ior
m ut a a m unicipa l )
Precisó que, habiendo cumplido todos los requisitos necesarios,
radicó reclamación para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa con
las Resoluciones RDP 012009 del 23 de marzo y RDP 025174 del
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Demandante: Juvenal Acosta Molina
15 de junio, ambas del 2017 .
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.
El demandante señaló que la entidad demandada inaplicó las
siguientes disposiciones normativas: artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48,
53,151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política;
artículos 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; artículos 1, 2, 3 y 4 de la
Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928; artículo 3 de la
Ley 37 de 1933; artículo 1 de la Ley 24 de 1947; artículo 4 de la Ley
4 de 1966; artículo 5 del Decreto Reglamentario 1743 de 1966;
artículos 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; artículos 1,2,3,5 y 6; del
Decreto Ley 2277 de 1979; artículo 54 de la Ley 24 de 1984; artículos
1, artículo 15, numeral 2, literal a ) de la Ley 91 de 1989; artícu los 2;
3,6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; artículo 14 de la Ley 100 de 1993;
artículos 7, 34, 37, 38 y 41 de la Ley 715 de 2001 ; y artículos 42 y
80 del CPACA.
Como concepto de violación argumentó que la entidad demandada
expidió los actos a dministrativos con falsa motivación al determinar
que prestó en su mayoría un servicio nacional y no territorial. Aclaró
que alcanzó el estatus pensional por haber laborado como docente
departamental y municipal; al respecto, puntualizó que, si bien tuvo
una vinculación del orden nacional en el año 19 76, ésta cambió al
orden territoria l desde el 23 de agosto de 1996, hasta el 20 de
agosto de 2006 , por mandato de la Ley 60 de 1993.
Agregó que a partir del 21 de marzo de 2006 hasta el 5 de ago sto
de 2014 el vínculo que era departamental mutó a municipal de
conformidad con las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, dado que el
proceso de nacionalización se exten dió en el municipio de Ibagué
cuando asumió la educación en atención al acuerdo alcanzado co n
la Nación e incorp oró la planta de personal por la municipalización
de la educación .
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Demandante: Juvenal Acosta Molina
En ese orden de ideas, cumplió con el tiempo de labor docente
requerido para la pensión gracia , en los términos de la Ley 114 de
1913.
1.4. Contestación de la demanda.
La Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión P ensional y
Contri buciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 3,
por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda. Señaló que la docente demandante
acreditó tiemp os del orden nacional, los cuales no pueden ser
tenidos en cuenta para acceder a la pensión gracia.
Propuso como excepciones (i) inexist encia del derecho a reclamar
por parte del demandante; (ii) cobro de lo no debido; (iii) buena fe;
(iv) inexistencia d e vulneración de principios constitu cionales y
legales; y (v) prescripción .
1.5. Trámite en primera instancia.
El 18 de febrero de 2020 4, en acatamiento al artículo 180 del
CPACA, el Tribunal Administrativo de l Tolima realizó la audiencia
inicial, en la cual fijó el litig io de la siguiente manera:
«[…] ¿cómo se califica esos t iempos en que fungió como
docent e el aquí demandante? • ¿Fueron t iempos en que fungió
como decente territ orial o eran tiempos en que fungió como
docent e nacional?
¿Quién es el compet ente par a calif icar si esos tiempos en que
presento el servicio el aquí demandante?
¿Son t iempos que lo califican como docente terr itor ial o
nacional? La adm inistración o el juez?
¿Cuál es el crit erio para determ inar si el aquí demandante fue
docent e territor ial o nacional?
3 Folios 458 al 462 del expediente.
4 Folios 387 a 339 del expediente.
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Demandante: Juvenal Acosta Molina
¿Será que es válido plantear como lo hace la UGPP quien
determina su competencia si es el origen de los recursos?
¿Lo que determ ina la naturaleza es quien funge como patrono o
el empleador del docente que es lo que plantea la parte actora
que en virtud de la descentralización su empleador fue primero
el departamento y luego un municipio y que por lo tanto es
docent e territo r ial y que esos tiempo (sic) se le deben sum ar a
los pr imero años de docent e territor ial?
¿Será que los t iempos como docente al servicio del
departamento y como docente al servicio a un municipio se
pueden acumular para efectos de la pensión gracia si dichos
tiempos ocurrieron después de la descentralización que se dio
con la Ley 60 de 1993?
¿Se podrán acumular para efectos de obtener el derecho a la
pensión gracia?
De acuerdo a las respuestas que se den a estos interrogantes
jurídicos, en la sentencia no solo se decidirá cada una de las
pretensiones planteadas por la UGPP, sino también de las
excepciones de fondo que de maner a oficiosa se encuent re
debidamente probada en el curso del pr oceso ».
1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación. 5
El Tr ibunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de l 18 de
noviembre de 2021 , negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el señor Juvenal Acosta Molina no cumplía con los
20 años de servicio requeridos, únicamente contaba con 6 años, 1
mes y 9 días como docente territorial , y condenó en costas al
demandante .
1.7. Recurso de apelación. 6
El señor Juvenal Acosta Molina solicitó revocar en su totalidad el
fallo de primera instancia , incluida la co ndena en costas que le fue
impuesta . Para el efecto, realizó un análisis legal y jurisprudencial
de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión
gracia, y concluyó que sí tiene derecho a que sus 24 años, 1mes y
9 día de tiempos de servicio, sean tenidos en cuenta para obtener
5 Folios 415 a 429 del expediente.
6 Folios 317 a 382 del expediente.
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el reconocimiento de la prestación reclamada .
Asimismo, expuso que el a quo omitió aplicar el principio
constitucional de favorabilidad en materia laboral.
1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia.
Los extremos procesales, el procurador delegado y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7; de
igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso 8.
2.2. Del problema jurí dico.
Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior
decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:
¿Juvenal Acosta Molina , en su calidad de docente oficial,
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia?
¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas
al actor en sede de primera instancia?
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argum entos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.3.1. La pensión gracia.
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguie nt es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
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Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior idad a l 1. de ener o de 1990 ser á r egido por la s
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 11 4 de 1 913, 116 de 1928, 3 7
de 1933 y dem ás nor m as que las hu bier an desar r ol lado o
m odif icado, t uviese n o llegar en a t ener der echo a la pensi ón
de gr acia, se les r econocer á siem pr e y cuando cum plan con l a
t ot alidad de los r equisit os . Est a pensión segu i r á
r econociéndos e por la Caj a Naci onal de pr evisión S oci a l
conf or m e al Decr et o 081 de 1 976 y s er á com pat ible co n la
pensión or d inar ia d e j ubilaci ón, aún en e l event o de est ar ést a
a car go t ot al o par cial de la naci ón. [ …]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionant es, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
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diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equis it os” . [ …] . » 9
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o
cedí a la Nac ión a la s ent idades t er r it or i ales, en vi genci a de la
Car t a de 1886 y hast a cuando per m anecier on en vigor en la
Const it ución de 199 1, no obst ant e su or igen o f uent e nacion al,
una vez se incor poraban a los pr esupuest os locales pasaba n a
ser de pr opiedad ex clusiva d e los r ef er id os ent es en calid ad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o
pr opiet ar ios de lo s r ecur sos que les gir a la Nació n,
pr ovenient es del si st ema general de part i ci paci ones , por
asignac ión dir ect a del ar t í culo 356 de la Car t a Polí t ica de
1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los f ond os
educat i vos regi ona l es no solo dependí a de los r ecur sos q ue
gir aba la Nación a las ent idades t er r it or iales por concept o
del si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los entes
local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í cul os 29
del Decr et o 31 57 d e 1968; y 60, inc is o 2. º , de la Ley 24 de
1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nac io naliz ados 1 2 , r esult a f act ible cole gir d e
m aner a r azonada que lo pr opi o acont e cí a con algunas de las
er ogaciones sa lar ia l es or iginad as por el ser vicio que pr est ab an
los educador es t er r it or iales, ya que lo s r ecur sos dest inados
par a t al f in pr ovení an t ant o de la Nación —si t uado f i scal—
com o de las ent ida des t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o
caso, el univer so d e esos r ecur sos le per t enecí a de f orm a
exclusiv a a los ent es loca les dado q ue ingr esaba n a s us
pr esupuest os en cal idad de r ent as exógenas y endógenas .
9 Consejode Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
10Consejo de Es tado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t er r it or ial es
y/ o nacional izados s e convier t en en educador es naciona les ( i)
cuando en el act o de su vinculac ión i nt er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent idad t er r it or ial, el delega do
per m anent e del M inist er io de E duca ción Nac iona l com o
m iem br o de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ond o
educat i vo regi onal , así , est e últ im o, cert if ique la vacanc ia d el
car go j unt o con la dispon ibi li dad pr esu puest al 1 3 ; y ( ii) por el
ar gum ent o de que los r ecur sos dest inados par a su
sost enim ient o t iene n su or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t e rri t ori al . Se r equier e
copia de los act os a dm inist r at ivos dond e const e el ví ncul o, en
los que adem ás se pueda est ablec er con suf icient e c lar id ad
que la plaza a ocupar sea de aquella s que el legisl ador ha
pr evist o com o t err it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede
acr edit ar con la r espect iva cer t if icac ión de l a aut or ida d
nom inador a que dé cuent a de m aner a inequí voca que el t i po
de vincul ación a l cu al se encuent r a som et ido el docent e of ic ial
es de car áct er t er r itor ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a enti dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al reconocim ie nt o de la
pensión gr acia, es la acr edit ación de la plaza a ocupar , esto
es, que sea de car áct er t er r it or ial o nacional izada, pues
conf or m e a los lin eam ient os f ij ados por la Sala en est a
pr ovidenc ia, en lo que r espect a a los educador es t er r it or iales,
el pago de sus acr eencias pr ovení a dir e ct am ent e de las r entas
endógenas de la r espect iva local idad, o de las exóge nas —
si t uado f i scal — cuando se suf r agaban los gast os a tr avés de
los f ondos educat i vos regi onal es ; y en lo que t iene que v er
con los educador es naciona liz ados, las er ogaciones que est os
gener aban se enm ar can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . »
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docent es pue den acceder a la p ensión gr ac ia ant es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando
acr edit en una vinc ulaci ón t er r it or ial o naciona lizad a con
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ant elació n al 31 de d iciem br e de 1980 y c um plan con los dem ás
r equisit os le galm ent e est ablecidos par a su r econocim ient o». 11
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Caso concreto
En atención a las anteriores p recisiones, la Sala p rocederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si
al demandante le asiste el de recho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente
a los tiempos de servicios acreditados.
2.4.1. Actuación administrativa
El 11 de mayo de 2016 el señor Juvenal Acosta Mol in a solicitó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la UGPP. La
anterior petición fue negada por medio de la Resolución RDP
11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Juvenal Acosta Molina
012009 del 23 de marzo de 2017 al indicar que el demandante no
contaba con los 20 años de servicio como docente departa mental,
distrital, municipal o nacionalizada, ya que su vinculación a partir
del 10 de junio de 1976 fue del orden nacional.
El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual f ue resuelto de forma negativa por la UGPP a
través de la Resol ución RDP 0 25174 del 15 de junio de 2017 , al
considerar que los tiempos de servicios del demandante con
posterioridad a junio de 1976 fueron de carácter nacional .
2.5 Análisis del caso concreto
Es necesario pre cisar que, en esta instancia, el objeto de
controversia se centra en que el actor no logra acredita r el t iempo
mínimo de 20 años con carácter territorial y/o nacionalizado. Sin
embargo, es importante resaltar que, para acceder a la pensión
gracia, el interesado debe cumplir con la totalidad de los requisitos,
a saber: (i) tener 50 años de edad o más; (ii) demostrar una
vinculación territorial o nacionalizada previa al 31 de diciembre de
1980; (iii) haber ejercido como docente oficial en el magisterio
durante un período no menor a 20 años, con un vínculo de
naturaleza jurídica territorial o nacionalizado; (iv) haber
desempeñado en los empleos con honradez, dedicación y buena
conducta.
En consecuencia, se procederá con la verificación de estos
aspectos:
2.5.1 Edad
El señor Juvenal Acosta Molina nació el 9 de noviembre de 1948 12,
por lo que el mismo día y mes de 1998 cumplió 50 años.
12 F o l i o 114 del expediente.
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Demandante: Juvenal Acosta Molina
2.5.2. Tiempo de servicio
2.5.2.1. Vinculación del 24 de febrero de 1970 al 18 de abril de
1976 13
Sobre el particula r , se tiene que mediante Decreto 080 del 16 de
febrero de 1970 14, el señor Juvenal Acosta Molina fue nombrad o por
el gobernador del Tolima , a saber:
« DECR ETO NÚM ER O 080 DE 1970
( FEBRE RO 16)
Por el cual se dict an unas disposic iones en el r am o de
educación secu ndar i a.
EL G O BERNADO R DEL DEP ART AM EN TO DEL TO LI M A
en uso de sus f acult ades lega les,
DECR ETA:
[ …]
ARTI CULO 31. - No m br ar a JUVENAL ACO STA, pr of esor de
t iem po com plet o en el coleg io “ Alf onso López Pum ar ej o” de
Honda [ …]
Fir m a G ober nador
Fir m a Secr et ar io de Educació n del Dep a r t am ent o ».
La anterior novedad fue certificada el 16 de agosto de 2016 15 por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –, en
donde además se indicó que el régimen de pensiones fue
nacionalizado . Al respecto , se tiene lo siguiente:
13 Ex tr e m o s te m p or a l es r ep or ta d o e n e l c ert i f i c ad o d e h is t or i a l ab or a l ex p e d id o
por el FO M AG o br a nt e a F ol i o s 3 6 1 y 3 6 2 de l ex pe d i en te .
14 Fo l ios 14 7 a l 1 4 9 de l ex p e d ie nt e .
15 F o l i o s 3 6 1 y 3 6 2 d e l e x p e d i e n t e .
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Asimismo, la vinculación de la referencia fue certificada el 21 de
enero de 1999 16 por la Gobernación de Tolima - Secretaría de
Educación, información que ratificó en certificado del 24 de mayo
de 2009 17, en donde se indicó que la naturaleza de la vinculación
fue nacionalizada . Sobre el particula r, se tiene lo siguiente:
16 F o l i o 115 del expediente .
17 F o l i o 119 del expediente.
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Ahora bien, respecto a la naturaleza de la vinculación, del
mencionado Decreto 080 de 1970 se desprende que el gobernador
del departamento del Tolima, en uso de sus atribuciones legales, es
quien funge como nominador de los docentes allí nombrados.
En lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de
carácter territorial, distrital o nacionalizado, resulta relevante
destacar que la Corte Consti tucional, en sentencia C – 084 de 1999,
al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b),
de la Ley 91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la
educación que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes
se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii)
territoriales. Específicamente, expuso:
«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, ant es de la
"nacionalización" de la educación primar ia y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período
de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los
nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al
Ministerio de Educación Naci onal; y los terr itoriales,
vinculados laboral mente a los departamentos , en nada se
oponía a la Const itución entonces en vigor, que existier a para
éstos últimos la denominada "pensión gr acia", de que trata la
Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por
las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la
prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes
actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales
para tener derecho a ella ant es del 31 de diciembre de 1980,
pues la diversi dad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al pr incipio general prohibit ivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constit ución Política de 1991,
pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de
1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado
por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe (sic)
dispensar trato difer ente y discrim inado "po r razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, r eligión, opinión polít ica
o filosófica", nada de lo cual ocurre en este caso. […]» (Negr illa
de la Sala)
Sobre el particular, si bien la Secretaría de Educación del Tolima
señaló que la vinculación de la demandante fue nacionalizada, es
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necesario destacar que en el asunto bajo análisis el docente fue
nombrado con anterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1 975
por medio de la cual se adelantó la nacionalización , por ende, se
colige que la vinculación fue territorial para el per íodo aquí
analizado.
Ahora bien, en gracia de discusión, si se tuviera que luego del
nombramiento del señor Juvenal Acosta Molina, la plaza o el colegio
hizo tránsito a uno nacionalizado, teniendo en cuenta que la entidad
territorial certificó que fue una vinculación nacionalizada , ello no
afectaría el derecho del actor a que los tiempos de servicios
prestados en el tiempo analizado se tenga en cuenta para la
contabilización de los 20 años para acceder a la prestación
reclamada, por cuanto del estudio se llega a la convicción de que de
ninguna manera podrían entenderse la naturaleza jurídica del
vínculo como de orden nacional.
Todo lo anterior permite concluir que, para el período que aquí se
estudia, el docente Juvenal Acosta Molina ostentó una vinculación
de naturaleza territorial, por lo que el tiempo de servicio
transcurrido entre el 24 de febrero de 1970 y el 18 de abril de
1976, resulta válido para el cómputo de la pensión gracia , siendo
además el que prueba la vinculación previa al 31 de diciembre
de 1980.
2.5.2.2. Vinculación del 10 de junio de 1976 al 5 de agosto de
2014 18
Respecto de este tiempo, si bien no fue allegada copia de la
Resolución 3479 del 31 de mayo de 1976 , por medio de la cual se
nombró al señor Juvenal Acosta Molina como docente oficial, lo
cierto es que, desde el momento de la reclamación administrativa,
en la demanda, así como en el recurso de apelación, la parte activa
ha afirmado que este fue expedido por el Ministerio de Educación
18 Ex tr e m o s
te m p or a l es r ep or ta d o e n e l c ert i f i c ad o d e h is t or i a l ab or a l ex p e d id o
por el FO M AG o br a nt e a F ol i o s 3 6 3 y 3 6 4 de l ex pe d i en te .
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Nacional y, por tanto, la naturale za jurídica del vínculo fue
nacional.
Sobre la vinculació n de la referencia, obra en el expediente acta de
posesión 0207 del 10 de junio de 1976 19, así:
Por consiguiente , se tiene que lo que es objeto de controversia no
es el tipo de vinculación inicial, sino que, de acuerdo con la
interpretación del accionante, el vínculo nacional primigenio mutó
a territorial (depart amental ), dado que el departamento del Tolima
fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional para
19 F o l i o 229 del expediente .
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administrar la educación , de acuerdo con la descentralización
administrativa en aplicación de la Ley 60 de 1993.
Al respecto, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en ce rtificado expedido el 16 de agosto de 2016 20, indicó
que el señor Juvenal Acosta Molina t uvo un régimen de pensiones
nacional.
Esta novedad también fue certificada por la Gobernación de Tolima
el 12 de noviembre de 1998 21, información que ratificó en certificado
del 24 de mayo de 2009 22, en donde además se dio cuenta de que
la naturaleza de la vinculación fue na cional. Sobre el pa rticular , se
tiene:
De lo anterior, para la Sala es claro que en el tiempo transcurrido
entre el 10 de juni o de 1976 y e l 5 de agosto de 2014 , el educador
20 F o l i o 362 y 363 del expediente.
21 F o l i o 114 del expediente .
22 F o l i o 1 1 7 d e l e x p e d i e n t e .
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Juvenal Acosta Molina prestó servicio docente con una vinculación
de naturaleza nacional, no s ólo porque así quedó certificado, sino
porque la posesión así lo determina al especifica r q ue el acto
administrativo de nombramiento fue expedido por el Ministerio de
Educación Nacional , situación que además es confirmada por las
certificaciones allegadas al proceso, citadas en precedencia .
La anterior circunstancia no es discu t ida por la parte de mandante,
tal como se anticipó tanto en el escrito de demanda como de
apelación reconoce que fue nombrad o por la Nación. De manera
que, conforme a lo establecido en el artículo 1 .º de la Ley 91 de
1989, el personal nacional corresponde a los docentes que fueron
vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, situación que
aquí ocurrió .
Por tanto, el tiempo de vinculación de docente no es computable
para acreditar los 20 años de servicio con el fin de acceder a la
pensión gracia, circunstancia que se insiste no es desconocida por
el demandante.
Ahora bien, el apoderado de l actor arg umentó que en el año de 1996
el docente pasó a ser del orden territorial – departamental, toda vez
que, en aplicación de las Leyes 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001,
se suscribió un compromiso para que la Nación entregara al
departamento los bienes, el personal y los establecimientos del
sector educativo; revisando el expediente, se observa el Acta
Parcial de Entrega del Servicio Educativo al municipio de Ibagué
por parte d el departamento del Tolima 23, de la cual se sustrae lo
siguiente:
«[ …] BI ENES I NM UEBLES
El Depar t am ent o del Tolim a hace ent r eg a par cial a l m unicip i o
de I bagué de l os bienes inm uebles que se descr ibe n a
cont inuaci ón y que ser án dest inados exclusivam ent e a la
23 F o l i o s 441 del expediente.
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pr est ación del ser vi cio públ ico educat i vo en su j ur isdicci ón
[ …] »
Asimismo, con la Resolución 3033 del 26 de diciembre de 2002 24,
el Ministerio de Educación Nacional otorgó la certificación al
municipio Ibagué en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 715 de
2001.
Conviene precisar que le asiste razón al apelante en el sentido de
afirmar que el Consejo de Estado ha aseverado en varias
oportunidades que la descentralización en Colombia involucró el
traslado del per sonal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, primeramente a los entes
departamentales como lo determinó la Ley 60 de 1993 y después, a
los municipales en virtud de lo dispu esto en la Ley 715 de 2001 25,
y en ese sentido resulta consisten te sostener que luego de la
expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, la
administración tanto del personal docente como del servicio
educativo, quedó radicada en cabeza de los entes territoriales
certificados en educación.
A pesar de lo ant erior, la administración de las plantas de personal
cedidas a las entidades territoriales certificadas en educación, así
como las demás competencias que les fueron trasladadas, no
implicaron un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia
de los do centes que , de forma alguna, permita equipararlos a
quienes fueron caracterizados como grupo que requirió de esta
especial prestació n con base en la diferencia salarial .
En ese orden, no es dable tenérseles como docentes del nivel
departamental o municipal para efectos del reconocimiento de la
24 F o l i o 438 del expediente.
25 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado
66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016; radicado 2014 -00136,
del 10 de mayo de 2018 - Exp. 73001233300020140018501.Sala de Consulta
y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado
110010306000020160010900.
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pensión gracia a docentes cuyo carácter de la vinculación fue
nacional, máxime cuando en la citada sentencia de unificación del
21 de junio de 2018, se explicó la forma en que se acredita el tipo
de vinculación, sin que se haya mencionado de forma alguna que el
traspaso de las plantas docentes a los entes territoria les conlleve
implícita la modificación de su vínculo, de nacional a te rritorial, para
los efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
Al respecto, resulta pertinente indicar que la Ley 60 de 1993 26
estableció que dentro del proceso de descentralización y previo el
cumplimiento de determinados requisitos, las entidades territo riales
podrían administrar el servicio de educación con cargo al Situado
Fiscal 27, y para ello, esos recursos eran cedidos a l as entidades
territoriales con destinación específica.
En ese orden, se distribuyeron las competencias educativas entre
la Nación y los entes territoriales, de manera que a los
departamentos se les atribuyó la dirección y administración directa
y juntamen te con los municipios de los servicios de educación y los
docentes dejaron de ser nacionales y nacionaliza dos, para
denominarse del orden nacional , departamental, distrital o
municipal, según el caso.
Así, el artículo 6.º de la mencionada ley dispuso:
«[ …]
El r égim en pr est a ciona l apl icab le a los act uales do cent es
naciona les o nacio naliz ados que se incor por en a las plant as
26 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
27ARTÍCULO 9o. NATURALEZA DEL SITUADO FISCAL.<Ley derogada por el
artículo 113 de la Ley 715 de 2001> El situado fiscal, establecido en el artículo
356, de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de
la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los
servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El
Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y
distritos de conformidad con la Constitución Política.
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depar t am ent ales o dist r it ales sin sol uc ión de cont inu idad y las
nuevas vincu lacio ne s ser á el r econocido por la Ley 91 de 1989, y
las p r est aciones e n ellas r econoc ida s ser án com pat ibles con
pensiones o cua lesq uier a ot r as clases de r em uner aciones.
[ …] ».
A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal
nacional son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional, a diferencia de los nacionalizados y territo riales,
que son los vinculados por nombramiento de entidad territoria l.
Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, se
reiteró que « los docentes, directivos docentes y administrat ivos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad .»
Luego, so pretexto de la descentralización de la educación, no
puede soslayarse dicha regulación y mucho menos dejar de lado
que las caracte rísticas de la vinculación laboral con la
administración se adquieren al momento en que se profiere el acto
de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar y las repercusi ones a las cuales queda
sometido el servidor 28.
Además de lo anterior, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la
mentada sentencia de unificación, en la que se precisó que el origen
de los recursos destinados a financiar las prestacio nes de los
docentes, en modo alguno permite alterar la naturaleza del vínculo
laboral del docente.
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente del
demandante no se modificaron a pesar de los traslados
28 A l
respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección
B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079 -2009, C.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146 -2010 C.P. Gerardo
Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.
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relacionados en el certificado de tiempos de servic io emitido por la
Gobernación del Tolima , comoquiera que el último nombramiento
del que fue objeto se efectuó 10 de junio de 1976 , indicando que
pertenecía a la nómina nacional, de ahí en adelante se presentaron
situaciones administrativas sin que ello afe ctara sus salarios,
prestaciones sociales o el régimen de pensiones y cesantías, pues
se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral 29.
Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento de l aquí
demandante fue del orden nacional, es cla ro que el tiempo de
servicio entre el del 10 de junio de 1976 y el 5 de agosto de 2014
es de carácter nacional.
2.5.3. ¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas
al actor en sede de primera instancia?
El actor solicitó revocar la sanción por concepto de costas. Al
respecto, es importante señalar que esta Sección había sostenido
la tesis de que el concepto de las costas del proceso comprendía
todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y los denominados gastos o expensas del proceso,
llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros, como
son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de la
prueba pericial, lo s honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y secuestre s, transport e de expediente al superior en caso
de apelación, pólizas, copias, etc.
Tras la expedició n del CPACA, la Subsección A, inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «objetiva», para quien resultara
vencido en el litigio. Ello, en consideración a que debían observarse
una serie de factores tales como la temeridad, la mala fe y la
29 E n e l mis m o s e nt i do e s ta S a l a s e h a pr on u nc i ad o r ec ie n te m en t e e n s en t enc i as
de l 2 3 d e m ar z o d e 2 02 3 , r a d ic ac i ó n 17 0 01 23 3 3 00 0 20 1 5 00 6 9 5 0 1 ( 4 21 0 –
20 1 7) y d e l 3 0 d e m ar z o d e 2 0 23 , ra d ic ac i ó n 6 6 00 1 2 3 33 00 0 2 0 16 0 00 8 4 0 1
(19 8 5 –2 0 18) .
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existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el
curso de la actuación, en donde el juez debí a ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de
análisis mínimo en el que el director del proceso evaluara las
circunstancias para imponerla o no.
Luego esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo -valorativo al concluir
que no era necesario evaluar la conducta de las partes –temeridad
o mala fe –, sino los aspectos previstos en el Código General del
Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 3 65.
No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente
fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el
sentido de precisar que «En todo caso, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas cuando se establezca que se p resentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para
efectos de analizar si la oposición presentada por la UGPP puede
considerarse que se presentó con carencia manifiesta de
fundamento legal.
Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a
quo no efectuó dicho estudio y, además, verificada la contestación
de la demandada presentada por la entidad demandada, no puede
considerarse que la misma se presentó sin sust ento legal.
En ese orden, esta Sala considera que deberá revocar la condena
impuesta en contra de l actor, pues la decisión adoptada por el
tribunal no tuvo en cuenta la modificación que introdujo la Ley 2080
de 2021 al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, tal como se expuso.
2.6. Conclusión
Juvenal Acosta Molina sólo acreditó 6 años, 1 mes y 26 días como
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Radicado: 73001-23-33-000-2019-00120-01
Demandante: Juvenal Acosta Molina
docente terri torial (departamental) e ntre el 24 de febrero de 1970
y el 18 de abril de 197 6, tiempo insuficiente para acceder a la
pensión gracia, puesto que, posterior a ello, la vinculación ocurrida
el 10 de junio de 1976 fue de naturaleza nacional como se explicó
previamente.
Así las cosas, el demandante no cumple con el req uisito de tiempo
mínimo de labor docente al servicio te rrito rial o nacionalizado para
ser beneficiario de la pensión solicita da.
Por ende, la Sala de Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda .
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas al actor comoquiera que si bien en anteriores oportunidades
esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para
determinar si había, o no, lugar a con denar en costas, lo cierto es
que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica,
por lo que en esos términos al hacer extensiva esa interpretación
al caso bajo análisis, de las actu aciones desplegadas por la
demandante en las diferentes etapas del proceso, no puede
observarse dicha situación, contrario a ello, sustentó las razones
en defensa jurídica de sus interes es y, por ende, no se condenará
en costas.
III. FALLA
PRIMERO. - REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia del 18 de
noviembre de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que condenó en costas a l actor, por los motivos expuestos
en esta providencia.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001-23-33-000-2019-00120-01
Demandante: Juvenal Acosta Molina
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el proveído apelado , que negó
las súplicas de la demanda interpuesta por el señor Juvenal Acosta
Molina en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP.
TERCERO: No condenar en costas , de acuerdo con lo expuesto en
esta providencia .
CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del siete (7) de septiembre dos mil veintitrés (202 3 ).
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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