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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2018-00079-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2018-00079-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso de la referencia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Condenar en costas a la parte actora en segunda instancia. Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2018-00079-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 27001 23 33 000 2018 00079-01 (3086-2021)
Demandante: Azael Lozano Murillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Indebida valoración probatoria. Docente
nacionalizado y nacional. Insuficiencia probatoria. Aplicación
de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.
Condena en costas.

Decisión: Se confirma el fallo impugnado toda vez que el demandante
no acreditó haber laborado como docente territorial o
nacionalizado durante 20 años.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 28 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El accionante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó la
nulidad de las Resoluciones 10854 del 20 de mayo de 2002, 108274 del 3 de julio
de 2002 y PAP 011777 del 31 de agosto de 20102 emitidas por la extinta
CAJANAL, y de las Resoluciones RDP 000489 del 10 de enero de 20183 y RDP
009952 del 20 de marzo de 20184 proferidas por la UGPP, mediante las cuales
se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le otorgue la
mencionada prestación periódica a partir del 8 de julio de 2001 o a la fecha que
resulte probada en el proceso, con la inclusión del 100 % del salario base de
liquidación, las horas extras, la bonificación por servicios, recargo nocturno,

1 Folios 1 al 13.
2 Folios 20 al 28.
3 Folios 32 al 34.
4 Folios 38 al 40.

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Demandante: Azael Lozano Murillo

sobresueldo y las doceavas partes de las primas semestral, de navidad, de
vacaciones, y los demás emolumentos que resulten probados.

3. Asimismo, solicitó el pago del retroactivo pensional debidamente
indexado, incluyendo la mesada 14, los intereses de mora indemnizatorios
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la
sentencia C-601 de 2000. Además, que se le dé cumplimiento al fallo en los
términos previstos en el artículo 192 del CPACA y que se condene en costas a
la entidad.

4. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que cumplió 50 años de
edad el 8 de julio de 2001 y que estuvo vinculado como docente nacionalizado
con el departamento del Chocó desde el 12 de marzo de 1970 hasta el 30 de
mayo de 2001. No obstante, precisó que laboró hasta el 30 de julio de 2016,
cuando fue retirado por edad de retiro forzoso.

5. Por otro lado, manifestó que la extinta Cajanal, mediante la Resolución
ACMG 49041 de 20065 le reconoció la pensión gracia en cumplimiento de un fallo
de tutela. Sin embargo, debido a que la Corte Constitucional en instancia de
revisión dejó sin efecto el mencionado fallo, la entidad expidió la Resolución PAP
01777 del 31 de agosto de 2010 revocando el reconocimiento pensional.

6. Por lo tanto, explicó que el 15 de septiembre de 2017 radicó ante la UGPP
la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, empero, esta fue negada a
través de los actos administrativos enjuiciados bajo el argumento de que sus
servicios docentes fueron prestados en el orden nacional.

Contestación de la demanda6

7. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando
que, de conformidad con las pruebas allegadas al plenario, el actor tuvo
nombramientos del orden nacional, los cuales no son computables para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia.

8. Propuso las excepciones de mérito que denominó «cobro de lo no
debido», «inexistencia de la obligación», «prescripción» y la «genérica o
innominada».

Sentencia apelada7

9. El Tribunal Administrativo del Chocó negó las pretensiones de la demanda
mediante sentencia del 28 de mayo de 2021, argumentando que si bien el
demandante acreditó haber estado vinculado como docente antes del 31 de
diciembre de 1980 no puede ser beneficiario de la prestación reclamada pues de

5 Folios 15 al 19.
6 Folios 125 al 131.
7 Folios 205 al 210.

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acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario, «siempre» estuvo vinculado
como docente del orden nacional.

10. El a quo consideró que, a partir de los certificados de salarios e historia
laboral allegados al proceso, el profesor no acreditó servicios docentes de
carácter territorial o nacionalizado en los términos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sino que, por el contrario, la mayor parte de
su trayectoria correspondió a vinculaciones de carácter nacional.

11. Sostuvo que únicamente se probaron nueve días con vinculación
nacionalizada y que, aunque el actor prestó servicios entre los años 1970 y 1974
en la Escuela Rural Mixta de Charco Negro (Tadó) y posteriormente en
Andagoya, por un lapso aproximado de 4 años, 3 meses y 2 días, no fue posible
determinar con claridad la naturaleza jurídica de dicha vinculación, razón por la
cual ese tiempo no podía ser tenido en cuenta.

12. Asimismo, resaltó que el demandante estuvo vinculado durante extensos
períodos a la Institución Educativa Femenina de Enseñanza Media y Profesional,
entre 1981 y 1996, luego entre 2007 y 2016, para un total aproximado de 23 años,
2 meses y 1 día, durante los cuales, según los certificados obrantes en el
expediente, su vinculación fue de carácter nacional, lo que impedía su cómputo
para efectos de la pensión gracia.

13. Finalmente, condenó en costas al demandante, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP, por resultar vencido.
También, fijó las agencias en derecho en un valor equivalente al 1% de las
pretensiones atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 2016 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Recurso de apelación8

14. La parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó
revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, conceder las pretensiones
de la demanda arguyendo que el Tribunal erró al concluir que no cumplió con los
requisitos mínimos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

15. Al efecto, explicó que el a quo pasó por alto que el primer vínculo que tuvo
con la entidad era de tipo territorial, esto es, desde el 12 de marzo de 1970 hasta
el 30 de mayo de 2001, tal como se advierte en la Resolución 49041 del 9 de
septiembre de 2006 expedida por CAJANAL, ratificada en la Resolución RDP del
10 de enero de 2018.

16. Igualmente, adujo que el a quo desconoció el alcance del Certificado de
Historia Laboral 13887, el cual muestra que la vinculación referida fue
nacionalizada acorde con la casilla allí marcada, lo cual está respaldado con las

8 Folios 212 al 214.

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actas de posesión y certificaciones allegados como consecuencia del
requerimiento probatorio realizado en la audiencia inicial.

17. Por otro lado, precisó que se desconoció el precedente jurisprudencial
establecido en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 y otras
providencias anteriores que le dan la razón a sus pretensiones.

18. Finalmente, concluyó que no pueden desconocer la incorporación al
municipio de Quibdó a través del Decreto 016 de 2008, con efectos a partir del 9
de enero de ese año y hasta la edad de retiro forzoso, puesto que estos fueron
del orden territorial.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 21 de octubre de 20219, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora. Igualmente, se dispuso que la entidad
tenía hasta la ejecutoria de esa providencia para pronunciarse sobre la alzada y
el Ministerio Público podía emitir concepto hasta antes de que ingresara el
expediente al despacho para dictar sentencia.

20. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si el demandante acreditó los requisitos
legales para el reconocimiento de la pensión gracia, en particular, si los servicios
docentes prestados entre 1970 y 1974 y entre 1981 y 2007, pueden calificarse
como territoriales o nacionalizados para efectos del cómputo de los 20 años
exigidos por la ley.

Análisis del problema jurídico

23. Para acceder al beneficio de la pensión gracia, deben cumplirse de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente

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territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un periodo no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

24. En el presente caso no está en discusión que el demandante cumplió 50
años de edad el 8 de julio de 200110. Por consiguiente, la Subsección analizará
los demás requisitos, a saber:

Vinculación como docente territorial y/o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980

25. En el expediente obra copia de la Resolución 076 del 3 de marzo de 1970 11
suscrita por el gobernador del departamento del Chocó en uso de sus
atribuciones legales, a través de la cual se nombró al demandante como director
de la Escuela Charco Negro del municipio de Tadó.

26. La anterior información coincide a su vez con lo establecido en la
Constancia del 15 de febrero de 198312, en la que el jefe de la Sección de
Certificaciones, Registros y Diplomas de la Secretaría de Educación del
departamento del Chocó dio constancia de que el demandante prestó sus
servicios para dicho ente territorial en la rama de la educación, por un lapso de 4
años, 3 meses y 2 días, en virtud del nombramiento efectuado a través del
precitado Decreto 076 del 3 de marzo de 1970. Asimismo, certificó que se le
aceptó la renuncia mediante el Decreto 246 del 5 de junio de 1974.

27. De igual modo, se allegó copia del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral 13887 del 23 de julio de 201513 emitido por la
Secretaría de Educación del Chocó, en el que se informa que el actor prestó sus
servicios como docente de primaria para el plantel educativo del municipio del
Medio San Juan (Chocó), entre el 12 de marzo de 1970 y el 5 de junio de 1974,
en virtud del nombramiento efectuado a través del Decreto 076 del 3 de marzo
de 1970.

23. Con respecto a dicho certificado, conviene indicar que, si bien se marcó la
casilla del «régimen de pensiones» como nacionalizado, debe decirse que este
no es un elemento concluyente para determinar la naturaleza jurídica del vínculo
docente de acuerdo con las definiciones que consagra el artículo 1.° de la Ley 91
de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación para el personal nacional,
nacionalizado y territorial.

10 Cfr. Cédula de ciudadanía visible en el folio 14 del expediente, en el que consta que el demandante nació

el 8 de julio de 1951.
11 Folios 163 al 166.
12 Folio 161.
13 Folios 43 y 44.

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24. Dicha casilla está orientada a informar sobre el régimen de seguridad
social en materia de pensión de vejez aplicable al profesor, cuestión que dista de
los requisitos especiales para acceder a la pensión gracia que son de interés para
la Sala.

28. Pues bien, de acuerdo con los documentos relacionados en precedencia,
para la Subsección está probado que el demandante laboró como docente
territorial-departamental entre el 12 de marzo de 1970 y el 5 de junio de 1974
para el departamento del Chocó.

29. Lo anterior se desprende de que el Decreto 0290 de 1972 fue expedido de
manera autónoma por el gobernador del Chocó, en ejercicio de sus facultades
legales como autoridad nominadora del respectivo ente territorial.

30. Se descarta que se trate de un nombramiento docente de carácter
nacional, ya que no fue efectuado directamente ni por delegación del Gobierno
Nacional —a través del Ministerio de Educación—, conforme a lo previsto en el
artículo 1° de la Ley 91 de 1989. Ni mucho menos nacionalizado, porque en 1972
no se había expedido la Ley 43 de 1975 que implementó el proceso de
nacionalización de la educación en Colombia.

31. En este orden de ideas, en el presente caso se tendrá por acreditado el
requisito de haber laborado como docente territorial antes del 31 de diciembre de
1980, por lo que el lapso comprendido entre el 12 de marzo de 1970 y el 5 de
junio de 1974, equivalente a 4 años, 2 meses y 24 días14, es computable para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada.

Vinculación como docente territorial y/o nacionalizado durante 20 años

32. Obra en el expediente el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral 13887 del 23 de julio de 201515 expedido por la Secretaría de
Educación del Chocó, en el que se informó que el demandante laboró como
docente de básica secundaria en la Institución Educativa de Enseñanza Media
Profesional de Quibdó entre el 20 de enero de 1981 y el 31 de julio de 2007, de
conformidad con el nombramiento efectuado mediante la Resolución 15512 del
24 de septiembre de 1981.

33. Con relación al aludido certificado, la Sala destaca que allí también se
marcó la casilla de «régimen pensional» como de carácter nacional. Sin embargo,
como se indicó en el párrafo 23, dicha información no define la naturaleza de la
vinculación docente para efectos de la pensión gracia, sino que alude al régimen
de seguridad social en pensiones.

14 Cálculo derivado del calendario laboral, en el que un año tiene 360 días y un mes, 30 días. Además, se le

sumó el día inicial para mayor precisión.
15 Folios 41 y 42

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34. Por su parte, se allegó copia del Acta de Posesión 028 del 14 de octubre
de 198116, a través del cual el demandado tomó posesión ante el secretario de
Educación del Chocó y el jefe de División Administrativa, del empleo de profesor
de enseñanza de secundaria en el Instituto Integrado Femenino de Quibdó, en
virtud del nombramiento efectuado a través de la Resolución 00288 del 21 de
mayo de 1980.

35. A partir de los documentos mencionados, la Sala advierte una discrepancia
en la información contenida en el certificado y el acta de posesión mencionada,
puesto que, en el primero, se indica que el actor fue vinculado a través de la
Resolución 15512 del 24 de septiembre de 1981 y que inició sus labores docentes
a partir del 20 de enero de 1981; mientras que, en la segunda, se adujo que el
nombramiento se llevó a cabo a través del Decreto 228 del 21 de mayo de 1980
e inició labores el 14 de octubre de 1981 —fecha de la posesión—.

36. Aunado a ello, no obran en el expediente los actos administrativos de
nombramiento —ya sea la Resolución 15512 o el Decreto 228— que permitan
contrastar de manera certera la información contenida en las mencionadas
pruebas y así poder establecer la verdadera naturaleza de la vinculación docente.
Dicho de otro modo, en el sub lite no existe prueba que le permita a la Sala
establecer, de manera inequívoca, que la relación legal y reglamentaria que
surgió a partir del año 1981 fuera de naturaleza territorial o nacionalizada.

37. Sobre este aspecto, conviene indicar que esta Sección, mediante la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201817, fijó la
siguiente regla jurisprudencial:

iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

38. Con fundamento en lo expuesto, para esta Sala resulta claro que la calidad
de docente puede acreditarse inicialmente mediante actos administrativos de
nombramiento o, en su defecto, a través de certificaciones expedidas por el
nominador, en las cuales se pueda concluir de inequívoca el tipo de
vinculación.

39. Sin embargo, en el presente asunto, si bien se aportó la certificación de
historia laboral referida en los párrafos precedentes —como prueba supletoria del
acto de nombramiento— y el Acta de Posesión 028 del 14 de octubre de 1981,
se reitera que estos no permiten establecer, con certeza, la naturaleza de las

16 Folio 198.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 21 de junio

de 2018, proferida dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14), con ponencia del
consejero Carmelo Perdomo Cuéter.

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vinculaciones que el demandante mantuvo con la Secretaría de Educación del
Chocó durante los períodos comprendidos entre 1980 y 2007 (fecha hasta la cual
se certifican los servicios docentes prestados —ver párrafo 34—).

40. Estas pruebas no permiten a la Sala obtener información acerca de las
circunstancias jurídicas que gobernaron la designación. Es decir, no se
vislumbran elementos que permitan reconocer si la vinculación docente encuadra
en al gunas de las definiciones que consagra el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989
para el personal territorial o nacionalizado.

41. Al respecto, es importante destacar que, en relación con la carga de la
prueba, el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP) establece que
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen».

42. En el caso que ocupa la atención de la Sala, no cabe duda de que a la
parte demandante le correspondía la carga de sustentar sus argumentos y
pretensiones con material probatorio idóneo que demostrara de manera
inequívoca sus vinculaciones docentes para completar los 20 años requeridos
para beneficiarse de la pensión gracia.

43. Ahora bien, aun si se tomara cuenta la vinculación docente a partir del año
1981, lo cierto es que tampoco sería procedente computar dichos tiempos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

44. En efecto, si bien los documentos analizados presentan discrepancias en
cuanto a los extremos temporales y al acto administrativo de nombramiento,
coinciden en que los servicios fueron prestados en la Institución Educativa
Femenina de Enseñanza Media y Profesional de Quibdó, establecimiento cuya
naturaleza era de carácter nacional, tal como se deriva del Decreto 370 del 13
de diciembre de 1957, proferido por la entonces Junta Militar del Gobierno, «[p]or
el cual se crea un Instituto Femenino de Educación Secundaria y Profe[s]ional».

45. Es más, en el expediente obra copia del Certificado Número 001 del 1 de
junio de 2004, proferido por la rectora y la secretaria del Instituto Femenino de
Enseñanza Media y Profesional de Quibdó (Chocó), en la que dan constancia de
que el demandante sirvió como docente desde los años 1982 a 1996, como
profesor de educación física.

46. Inclusive, llama la atención de la Sala (y permite inferir la naturaleza
nacional del mencionado colegio y plaza docente) es que en el encabezado de
dicho documento se menciona expresamente al Ministerio de Educación
Nacional, lo cual permite establecer que se trataba de una entidad adscrita a
dicha cartera.

47. A su turno, el apelante insiste en que deben computarse los tiempos
laborados con ocasión al nombramiento surgido a partir de 1981, en virtud de los

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Decretos 0431 del 21 de julio de 200418 y 016 del 9 de enero de 200819, a través
de los cuales se incorporaron, entre otros, a los docentes del Instituto de
Enseñanza Media y Profesional a las plantas de personal del departamento del
Chocó y de Quibdó, respectivamente.

48. Según su criterio, dicha incorporación, derivada del proceso de
descentralización del servicio educativo originado con la expedición de las Leyes
60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001, permitiría calificar tales vinculaciones
como de naturaleza territorial.

49. Frente a dicho argumento, esta Sala ha precisado20 que la
descentralización de la educación implicó el traslado de la administración del
personal docente y del servicio educativo a las entidades territoriales certificadas
en educación, inicialmente a los entes departamentales, conforme a la Ley 60 de
1993, y posteriormente a los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
715 de 200121.

50. No obstante, tales modificaciones administrativas no comportaron, por sí
mismas, un cambio en la naturaleza jurídica de la vinculación inicial de los
docentes que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso y que
continuaron su relación legal y reglamentaria sin solución de continuidad, como
ocurre en el caso del demandante.

51. Entre tanto, el artículo 6.° de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]

52. Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que
«los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos,
que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación
sin solución de continuidad.»

53. En ese orden de ideas, so pretexto de la descentralización de la educación
no puede soslayarse que las características de la vinculación laboral con la
administración se adquieren al momento en que se profiere el acto de
nombramiento, en el cual se fijan las condiciones jurídicas del cargo y las

18 Folio 147.
19 Folio 200.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado:

73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
21 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de

junio de 2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala
de Consulta y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado
110010306000020160010900.

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Demandante: Azael Lozano Murillo

consecuencias a las que queda sometido el servidor público22.

54. Por tanto, la cesión de la administración de las plantas de personal a las
entidades territoriales certificadas en educación, así como la asignación de
nuevas competencias, no implicó, al menos para efectos del reconocimiento de
la pensión gracia, una modificación en la naturaleza de la vinculación primigenia
de los docentes.

55. Al tiempo, debe recordarse que en la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018 el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de
vinculación, sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales
conlleve implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial, para los
efectos del reconocimiento de la pensión objeto de controversia.

56. En esa misma línea, las condiciones de la vinculación del actor con el
orden nacional no se alteraron, toda vez que el nombramiento realizado en 1981
para prestar sus servicios docentes en el Instituto Femenino de Enseñanza Media
y Profesional del Quibdó (Chocó) permaneció vigente sin que se produjera
interrupción en la relación laboral. Por tanto, el tiempo de servicio laborado a
partir de allí no podría ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, debido a su naturaleza nacional.

57. Por consiguiente, aunque el actor demostró haber laborado como docente
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 para el departamento del
Chocó, durante un lapso de 4 años, 2 meses y 24 días, este no es suficiente para
beneficiarse de la pensión gracia reclamada, máxime cuando los tiempos
laborados a partir de 1981 fueron de carácter nacional.

Condena en costas

58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en

22 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010,

radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-
2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.

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ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

61. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso de la referencia, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Condenar en costas a la parte actora en segunda instancia. Las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Chocó.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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