Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-01097-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-01097-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-01097-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Cuatro (04) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2020 01097 01 (2641-2023)
Demandante: Rosalba de las Nieves Camacho Caicedo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Docente nacional. Condena en costas en
segunda instancia.
Decisión: Se revoca en su totalidad la sentencia apelada porque la
demandante se desempeñó como docente de carácter
nacional durante toda su trayectoria laboral, circunstancia
incompatible con el reconocimiento de la pensión gracia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 10 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA), la demandante solicitó que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 029319 del 27 de septiembre de 2019, RDP 0314417 del 21
de octubre de 2019 y RDP 034055 del 13 de noviembre de 2019, mediante las
cuales la entidad demandada le negó el derecho a gozar de una pensión gracia
de jubilación.
2. A título de restablecimiento del derecho, requirió el reconocimiento de esa
prestación periódica con el pago de las mesadas causadas y futuras con los
reajustes de ley, intereses legales e indexación, pero aplicando la prescripción
trienal.
3. La demanda se sustentó, en síntesis, en que la actora cumplía los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia por cuanto acreditaba más de
50 años de edad, más de 20 años de servicios docentes y una vinculación inicial
anterior al 31 de diciembre de 1980, concretamente desde el 7 de octubre de
1974; tales condiciones permitían el reconocimiento de la prestación conforme a
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.
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Demandante: Rosalba de las Nieves Camacho Caicedo
4. Indicó que la accionada negó el reconocimiento pensional mediante las
Resoluciones RDP 029319 del 27 de septiembre de 2019, RDP 031417 del 21
de octubre de 2019 y RDP 034055 del 13 de noviembre de 2019, bajo el
argumento de que la demandante tenía vinculación de carácter nacional y, por
tanto, no cumplía los requisitos para acceder a la pensión gracia.
5. Frente a ello, la demandante sostuvo que la denominación formal de
«docente nacional» perdió relevancia material a partir del proceso de
descentralización administrativa iniciado con la Ley 29 de 1989 y consolidado con
la Constitución de 1991, en virtud del cual los docentes pasaron a ser
administrados por las entidades territoriales. Señaló que, en la práctica, ejerció
funciones como docente territorial por más de 20 años y que el pago de salarios
y prestaciones provenía de la misma fuente estatal, razón por la cual resultaba
discriminatorio excluir a los docentes inicialmente vinculados por la Nación del
reconocimiento de la prestación.
6. Asimismo, argumentó que las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 extendieron
el beneficio pensional a docentes normalistas y nacionales, y que una
interpretación restrictiva desconocía los principios constitucionales de igualdad,
favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formalidades.
Contestación de la demanda
7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que la actora no acreditó los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
91 de 1989.
8. En particular, afirmó que la demandante ostentó una vinculación de
carácter nacional desde su ingreso al servicio docente pues su nombramiento fue
efectuado mediante Resolución 9072 del 12 de noviembre de 1974 expedida con
intervención del Ministerio de Educación Nacional, circunstancia que impedía
computar dichos tiempos para efectos del reconocimiento de la prestación.
9. Indicó que, conforme al artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y a la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la pensión gracia
constituye una prerrogativa exclusiva para docentes territoriales o nacionalizados
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, de modo que no resulta
procedente para docentes nacionales ni para quienes hayan percibido
remuneración de carácter nacional.
10. En ese sentido, destacó que la demandante recibió salarios financiados
con recursos de la Nación, inicialmente mediante el situado fiscal y
posteriormente a través del Sistema General de Participaciones, lo que —a juicio
de la entidad— desconocía el requisito previsto en el numeral 3 del artículo 4 de
la Ley 114 de 1913.
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11. Asimismo, sostuvo que no era posible computar tiempos de servicios
prestados con diferente tipo de vinculación —nacional, nacionalizada o
territorial— para consolidar el derecho pensional, y que la demandante tampoco
acreditó plenamente 20 años de servicios docentes válidos en establecimientos
territoriales o nacionalizados anteriores al límite temporal fijado por la Ley 91 de
1989.
12. Finalmente, manifestó que tampoco se encontraba plenamente
demostrada la buena conducta exigida por la Ley 114 de 1913, al no obrar
certificación completa sobre la inexistencia de sanciones disciplinarias, razón por
la cual solicitó mantener la legalidad de los actos administrativos demandados y
negar las pretensiones de la demanda.
13. Propuso las excepciones de mérito que denominó «inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido»,
«prescripción» y solicitó el reconocimiento oficioso de otras excepciones.
Sentencia apelada
14. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 10 de
noviembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
declaró la nulidad de las resoluciones enjuiciadas; además, declaró probada la
excepción de prescripción y condenó en costas a la entidad demandada.
15. La corporación de primera instancia encontró acreditado que la actora
cumplió 50 años el 1 de agosto de 1999. Respecto del tiempo de servicios y la
vinculación previa al 31 de diciembre de 1980, estableció que la docente ingresó
al servicio el 19 de noviembre de 1974 en la Escuela Normal Nacional de Varones
de Pasto, conforme a la Resolución No. 9072 de 12 de noviembre de 1974 y el
acta de posesión correspondiente, ambas expedidas por el Ministerio de
Educación Nacional.
16. Sin embargo, con fundamento en los certificados de historia laboral
expedidos por el FOMAG, concluyó que la demandante laboró como docente
territorial o nacionalizada desde el 7 de octubre de 1974 hasta el 1 de agosto de
2014, acumulando más de 39 años de servicios docentes.
17. La Sala descartó el argumento de la entidad demandada según el cual la
vinculación debía considerarse nacional por haber intervenido el Ministerio de
Educación Nacional en el acto de nombramiento. Señaló que, de acuerdo con la
Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, lo
determinante para efectos del reconocimiento de la pensión gracia es la
naturaleza territorial o nacionalizada de la plaza docente y no la mera intervención
formal del Ministerio de Educación Nacional en la designación.
18. En relación con la fuente de financiación, indicó que el hecho de que los
salarios hubiesen sido sufragados con recursos del Sistema General de
Participaciones no desvirtuaba la calidad de docente territorial, puesto que tales
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Demandante: Rosalba de las Nieves Camacho Caicedo
recursos, una vez incorporados al presupuesto de la entidad territorial, adquieren
dicha naturaleza. Con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
concluyó que los tiempos financiados con recursos provenientes del situado fiscal
o del Sistema General de Participaciones sí son computables para efectos de la
pensión gracia.
19. Igualmente, encontró acreditado el requisito de buena conducta toda vez
que las certificaciones expedidas por la Gobernación de Nariño y la Secretaría
de Educación Municipal de Pasto daban cuenta de la inexistencia de sanciones
disciplinarias contra la demandante.
20. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la actora cumplió
la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913 y normas
concordantes para acceder a la pensión gracia, razón por la cual declaró no
probadas las excepciones formuladas por la entidad demandada y accedió al
reconocimiento pensional.
21. No obstante, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción
respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 11 de julio de 2016, al
considerar que la solicitud administrativa presentada el 11 de julio de 2019
interrumpió el término prescriptivo trienal previsto en el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación
22. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia con el fin de que se revoque en su totalidad.
23. Como fundamento principal de inconformidad, la entidad sostuvo que la
vinculación docente de la demandante anterior al 31 de diciembre de 1980 debía
considerarse de carácter nacional y no territorial, debido a que el nombramiento
efectuado mediante Resolución 9072 de 12 de noviembre de 1974 fue expedido
con intervención del Ministerio de Educación Nacional.
24. Señaló, por lo demás, que conforme al certificado laboral expedido por la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto y a la historia laboral del FOMAG,
la actora aparecía vinculada bajo modalidad nacional, circunstancia que impedía
computar dichos tiempos para efectos de la pensión gracia.
25. Igualmente, argumentó que los salarios y prestaciones de la docente
fueron financiados con recursos provenientes del situado fiscal y posteriormente
del Sistema General de Participaciones, los cuales —a juicio de la entidad—
conservan naturaleza nacional y no constituyen recursos propios de las entidades
territoriales. Bajo esa premisa, afirmó que la demandante incumplía el requisito
previsto en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, relativo a no haber
recibido remuneración o recompensa de carácter nacional.
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26. La apelante defendió la tesis según la cual los recursos del situado fiscal
y del Sistema General de Participaciones nunca pierden su naturaleza nacional,
aun cuando sean administrados por las entidades territoriales, pues estas
actuarían únicamente como administradoras de recursos transferidos por la
Nación.
27. Asimismo, invocó jurisprudencia y salvamentos de voto que sostienen que
los docentes remunerados con recursos del Sistema General de Participaciones
no tienen derecho a la pensión gracia, insistiendo en que el simple hecho de
ostentar formalmente la calidad de docente territorial no resulta suficiente si los
salarios provinieron de recursos nacionales.
28. En consecuencia, la entidad concluyó que la demandante tampoco
acreditó 20 años de servicios docentes territoriales o nacionalizados válidos para
el reconocimiento de la prestación toda vez que los tiempos certificados
correspondían a una vinculación nacional.
29. De manera subsidiaria, pidió revocar la condena en costas impuesta en
primera instancia. Alegó que la entidad no actuó de forma temeraria ni abusiva,
sino en ejercicio legítimo del derecho de defensa, y sostuvo que, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en la jurisdicción contencioso-
administrativa la condena en costas no opera automáticamente por el solo hecho
de resultar vencida la parte demandada, sino que requiere verificar conductas
dilatorias o abusivas, las cuales no se configuraron en el caso concreto.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
30. Mediante auto del 21 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la demandante y se dispuso que la parte demandante
disponía hasta la ejecutoria de esa providencia para pronunciarse sobre la alzada
y el Ministerio Público hasta que el expediente ingresara al despacho para rendir
concepto.
31. La parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
al considerar demostrado que la señora Rosalba de las Nieves Camacho Caicedo
cumplía los requisitos para acceder a la pensión gracia, especialmente en cuanto
a edad, tiempo de servicios y vinculación docente en Escuela Normal,
circunstancia que —a su juicio— la hacía beneficiaria de las Leyes 116 de 1928
y 37 de 1933. Sostuvo que la UGPP fundamentó indebidamente su oposición en
el carácter nacional de la vinculación inicial, desconociendo los principios
constitucionales de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formalidades.
32. Asimismo, señaló que los procesos de nacionalización y posterior
descentralización educativa transformaron materialmente la naturaleza de la
vinculación docente, razón por la cual la actora terminó integrada al sistema
territorial de educación. Agregó que el origen de los recursos provenientes del
Sistema General de Participaciones no desvirtúa el carácter territorial de la
vinculación ni impide el reconocimiento de la pensión gracia, pues dicha
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prestación fue creada precisamente para corregir las desigualdades históricas
entre docentes nacionales y territoriales.
33. La UGPP presentó alegatos de conclusión solicitando revocar
íntegramente la sentencia de primera instancia, al considerar que la demandante
no acreditó los requisitos legales para acceder a la pensión gracia. Sostuvo que
la actora mantuvo durante toda su vida laboral una vinculación de carácter
nacional, inicialmente mediante nombramiento expedido por el Ministerio de
Educación Nacional y posteriormente en plazas cofinanciadas con recursos
nacionales, razón por la cual no podía ser considerada docente territorial o
nacionalizada para efectos de la prestación reclamada.
34. La entidad también afirmó que los tiempos laborados con posterioridad al
31 de diciembre de 1980 y después de la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989 no podían computarse para consolidar el derecho pensional, pues
correspondían a plazas nacionales o cofinanciadas. Añadió que la demandante
no ostentaba siquiera una expectativa legítima frente al reconocimiento de la
prestación, dado que desde el inicio de la relación laboral su vinculación fue
financiada y administrada por la Nación.
35. El Ministerio Público conceptuó que se debe confirmar la sentencia de
primera instancia dado que la vinculación de la señora Rosalba de las Nieves
Camacho Caicedo tuvo carácter territorial, pese a que inició labores el 7 de
octubre de 1974 en la Escuela Normal Nacional de Varones de Pasto mediante
nombramiento en el que intervino el Ministerio de Educación Nacional.
36. Además, consideró que, conforme al material probatorio y a la normativa
aplicable, la demandante cumplió los requisitos para acceder a la pensión gracia,
por cuanto acreditó más de 20 años de servicio docente en instituciones
territoriales o nacionalizadas vinculadas antes del 31 de diciembre de 1980.
Asimismo, destacó la situación de vulnerabilidad derivada de la edad de la
demandante.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
37. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
38. Atendiendo los reparos concretos formulados en el recurso de apelación,
la Sala analizará la naturaleza de las vinculaciones docentes referidas en la
demanda, así como las normas aplicables para su calificación. Para tal propósito,
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se determinará si la vinculación de la demandante como docente fue del orden
territorial, nacionalizado o nacional.
39. Especialmente, se evaluará si el tiempo de servicios prestado en la Normal
Nacional de Varones de Pasto mediante nombramiento efectuado por Resolución
9072 de 12 de noviembre de 1974 del Ministerio de Educación Nacional es
computable para acreditar el requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre
de 1980 como docente de carácter territorial o nacionalizado y si se desempeñó
de forma continua o discontinua en esa misma calidad durante un tiempo mínimo
de 20 años.
40. Subsidiariamente, se evaluará si resultó procedente la condena en costas
impuesta a la parte demandante en primera instancia.
Análisis del problema jurídico
41. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, con base en los
argumentos que se exponen a continuación.
1. Examen de tiempos de servicios docentes
42. Con la demanda se aportó copia de la Resolución 9072 del 12 de
noviembre de 1974 por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional
designó directamente a la demandante como profesora de enseñanza primaria
(maestra consejera) en la Anexa a la Normal Nacional de Varones de Pasto, a
partir del 7 de octubre de 19741.
43. Se allegó copia del acta de posesión de la demandante, en virtud del
referido nombramiento, la cual tuvo lugar el 14 de noviembre de 1974 ante la
Secretaría de Educación Pública de Nariño, con efectos retroactivos al 1 de
octubre del mismo año2.
44. Obra en el expediente el Formato Único para la Expedición del Certificado
de Historia Laboral del 16 de abril de 2019, expedido por la Secretaría de
Educación Municipal de Pasto, en el cual se indica que la demandante ostenta
una vinculación como docente de carácter nacional, en el nivel básica primaria,
en propiedad, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.
45. Dicho certificado señala que la demandante fue designada como docente
mediante la Resolución 9072 del 7 de octubre de 1974 en la Escuela Normal
Superior de Pasto, desempeñándose en dicho cargo desde el 7 de octubre de
1974. Asimismo, se registran una novedad administrativa consistente en su
incorporación a la misma institución educativa mediante el Decreto 1191 del 30
de agosto de 1999, cargo que desempeñó desde el 16 de noviembre de 2004
hasta el 1 de agosto de 2014.
1 SAMAI del Tribunal Administrativo de Nariño, índice 009, archivo «01. Cuaderno principal F 1 a 71.pdf»,
págs. 55-56.
2 Ibidem, pág. 58.
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46. En el plenario también reposa el Decreto 1191 del 30 de agosto de 1999,
en virtud del cual el alcalde municipal de Pasto incorporó a la demandante dentro
de la planta de personal docente del ente territorial con cargo a recursos del
situado fiscal.
47. A su vez, se observa el Decreto 0614 del 12 de octubre de 2004, mediante
el cual el alcalde de Pasto incorporó nuevamente a la docente demandante en la
planta de las instituciones educativas del ente territorial, pagada con recursos del
Sistema General de Participaciones.
48. También fue aportado oportunamente el Decreto 0311 del 28 de julio de
2014, a través del cual el secretario de Educación Municipal de Pasto retiró del
servicio a la demandante por haber cumplido la edad de retiro forzoso.
49. La Secretaría de Educación Municipal de Pasto atendió el requerimiento
judicial del tribunal de primera instancia y allegó el Formato Único para la
Expedición del Certificado de Historia Laboral del 6 de octubre de 2021, en el
cual se indica que la demandante tiene una vinculación de carácter nacional, con
salarios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, en el
nivel primaria y en propiedad.
50. En cuanto a la trayectoria docente, este certificado señala que la
accionante se vinculó a la Normal Nacional de Pasto mediante la Resolución
9072 de 1974, desempeñándose desde el 7 de octubre de ese año. A partir de
esa fecha se registran distintas situaciones administrativas sin solución de
continuidad, tales como incorporación a la entidad territorial en el año 1999, así
como cambios de sueldo anuales desde 2006 hasta 20143, finalizando el vínculo
el 1 de agosto de 2014.
51. Tras la valoración conjunta de las pruebas documentales, la Sala concluye
que el nombramiento efectuado a la actora por el Ministerio de Educación
Nacional, mediante la Resolución 9072 del 12 de noviembre de 1974, dio origen
a un vínculo docente de carácter nacional. Esta conclusión se fundamenta en la
definición prevista en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, según la cual el
personal nacional está conformado por los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional.
52. Dicho vínculo de carácter nacional se mantuvo de manera continua desde
el 7 de octubre de 1974 hasta el 1 de agosto de 20144. Por lo tanto, aunque se
presentaron situaciones administrativas como incorporaciones y variaciones
salariales, la demandante conservó durante todo ese período su condición de
docente nacional, en tanto el vínculo primigenio que la definió como tal no fue
interrumpido.
3 Ibid., archivo «61RespuestaOficioSECEDPASTO.pdf», págs. 7-10.
4 Fecha de expedición del Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral emitido por
la Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
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53. En este punto, es pertinente señalar que esta Sala ha establecido que la
naturaleza de la vinculación con la administración se define en el momento de
expedición del acto de nombramiento, pues es allí donde se determinan las
condiciones jurídicas del cargo y el régimen al cual queda sujeto el docente5. Es
decir, las situaciones administrativas como incorporaciones o cambios de sueldo
a las que estuvo sometida la demandante no implican, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, una modificación de la naturaleza nacional
del vínculo inicial.
54. No obran en el expediente pruebas que desvirtúen la anterior conclusión.
Por ende, no es posible computar este período para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia, en la medida en que la demandante prestó sus servicios
como docente nacional durante cerca de 40 años.
55. Por otra parte, la Sala6 ha precisado que la descentralización de la
educación implicó el traslado de la administración del personal docente y del
servicio educativo a las entidades territoriales certificadas, inicialmente a los
departamentos y posteriormente a los municipios.
56. No obstante, tales modificaciones administrativas no comportaron, por sí
mismas, un cambio en la naturaleza jurídica de la vinculación inicial de los
docentes nombrados con anterioridad a dicho proceso, quienes continuaron su
relación legal y reglamentaria sin solución de continuidad, como ocurre en el
presente caso.
57. En ese contexto, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dispuso:
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad, así como a las nuevas vinculaciones, será el reconocido
por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella previstas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneración.
58. De igual forma, los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 reiteraron que
«los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
que fueron nombrados con el lleno de los requisitos mantendrán su vinculación
sin solución de continuidad».
59. En ese orden de ideas, la descentralización de la educación no altera la
naturaleza de la vinculación con la administración, la cual se define en el
momento en que se expide el acto de nombramiento. Por consiguiente, la
transferencia de la administración de las plantas de personal a las entidades
territoriales certificadas no implicó —para efectos del reconocimiento de la
5 Al respecto, ver las sentencias proferidas por la Sección Segunda del 5 de agosto de 2010, radicación
2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P.
Gerardo Arenas Monsalve; del 16 de junio de 2015, radicación 68001 23 31 000 2004 02762 01; del 24 de
julio de 2025, radicación 76001 23 33 000 2020 00953 01 (6509-2024).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado:
73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
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pensión gracia— una modificación de la naturaleza de la vinculación primigenia
de los docentes.
60. De este modo, la Sala confirma que las condiciones de la vinculación de
la demandante con el orden nacional no se alteraron toda vez que el
nombramiento efectuado en 1974 para la prestación del servicio docente se
mantuvo vigente sin interrupción en la relación legal y reglamentaria. Por tanto,
el tiempo de servicios prestado a partir de esa fecha no puede ser computado
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, dada su naturaleza
nacional.
61. Estas conclusiones implican que se revoque en su integridad la sentencia
de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda por cuanto
la actora no acreditó dos de los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913 y
91 de 1989 para gozar de la pensión gracia, a saber: (i) haber prestado servicios
durante un mínimo de 20 años como docente de carácter territorial o
nacionalizado, y (ii) haber tenido al menos una vinculación en esa misma calidad
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Condena en costas
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, se impondrán condena en costas a la parte demandante
en ambas instancias por cuanto resultó vencida en el proceso ya que se revocó
la sentencia de primer grado y se niegan totalmente las pretensiones de la
demanda. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera
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Radicación: 52001 23 33 000 2020 01097 01 (2641-2023)
Demandante: Rosalba de las Nieves Camacho Caicedo
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia del 10 de noviembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda promovida por la señora Rosalba de las Nieves
Camacho Caicedo contra la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la señora Rosalba de
las Nieves Camacho Caicedo. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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