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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00443-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00443-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO. RECONOCER PERSONERÍA al señor José Luis Sepúlveda Barragán, 32 Número Interno: 6340-2024 Demandante: Myreya Chaparro de Medina Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) identificado con la C.C. 1.096.234.875 de Barrancabermeja, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional Nº. 418.680 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos de la sustitución del poder que reposa en el aplicativo SAMAI61. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2021-00443-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 68001-23-33-000-2021-00443-01 (6340-2024)1
Demandante: Myreya Chaparro de Medina
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión gracia – cosa juzgada
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual, se
declaró probada la excepción de cosa juzgada.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones2

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de (i) la
Resolución RDP 003243 del Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020), mediante
la cual, se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la demandante; y
(ii) la Resolución RDP 08676 del Dos (2) de Abril del Dos Mil Veinte (2020), con

1
Expediente electrónico visible en el aplicativo Samai.
2
Índice 00005 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Documento
1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPEDIENTEDIGI(.docx) NroActua 5.

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Número Interno: 6340-2024
Demandante: Myreya Chaparro de Medina
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

arreglo a la cual se confirmó la decisión anterior.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la demandada: (i) reconocer la pensión gracia y
ordenar el pago a partir de le fecha de cumplimiento de los requisitos, es decir,
desde el Treinta (30) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), sobre el 75% de la base
salarial de $3.768.010, debidamente indexados; (ii) pagar las mesadas adicionales
de diciembre; (iii) reconocer y pagar los intereses moratorios desde la fecha del
reconocimiento del derecho pensional; y (iv) que, en caso de existir confusión,
imprecisión o error, se corrija la situación en aplicación del principio iura novit curia.

1.2. Los hechos

3. En el escrito de demanda3, precisó que, nació el Doce (12) de Octubre de Mil
Novecientos Cincuenta y Dos (1952), y ha laborado durante veintidós (22) años, un
(1) mes y veintidós (22) días como docente oficial, en las siguientes instituciones:

Novedad Acto administrativo Fecha posesión Desde Hasta
Colegio Cooperativo Decreto 146 del 29 de 26/02/1971 26/02/1971 11/04/1975
Villanueva enero de 1971
Colegio Cooperativo Integral Resolución 1255 del 24 24/03/1975 11/04/1975 18/08/1976
de Villanueva de marzo de 1975
Colegio Cooperativo Resolución 783 del 4 de 01/03/1977 04/02/1977 18/08/1976
Salesiano - Zapatoca febrero de 1977
Colegio Cooperativo integral Resolución 12929 del 30 30/08/1984 30/08/1984 29/01/1997
– La anunciación de agosto de 1984
Floridablanca
Colegio técnico industrial Estudio JUME (sic) 30/01/1997 30/01/1997 27/08/2001
José Elías Puyana
Colegio técnico industrial Resolución 6957 del 22 22/08/2001 22/08/2001 Actual
José Elías Puyana de agosto de 2001
Nota: tabla visible en el hecho 1.6 del libelo inicial.

4. Narró que, al haber cumplido cincuenta (50) años de edad y más de veinte (20)
años de servicio docente, el Dieciocho (18) de Diciembre de Dos Mil Dos (2002)
solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, petición que fue negada mediante la
Resolución Núm. 23601 del Cinco (5) de Diciembre de Dos Mil Tres (2003),
expedida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social, confirmada luego a través
de las Resoluciones Núm. 26198 del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Cuatro
(2004) y Núm. 2398 del Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil Cinco (2005), al no
encontrarse acreditados los veinte (20) años de servicio como docente de carácter

3
Índice 00005 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Documento
1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPEDIENTEDIGI(.docx) NroActua 5.

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Número Interno: 6340-2024
Demandante: Myreya Chaparro de Medina
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

territorial o nacionalizado, de acuerdo con los requisitos de la Ley 114 de 1913.

5. Indicó que, mediante fallo de tutela del Siete (7) de Abril de Dos Mil Seis (2006),
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga – Magdalena, amparó sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y, en tal sentido, ordenó
a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, expedir los actos administrativos
de reconocimiento de la pensión gracia, a favor de la ahora demandante. Por medio
de la Resolución Núm. 41250 del Diecisiete (17) de Agosto de Dos Mil Seis (2006),
la entidad dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela.

6. Más adelante, a través de la Resolución Núm. RDP 027574 del Nueve (9) de
Septiembre de Dos Mil Catorce (2014), la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), ordenó la
suspensión provisional de la Resolución Núm. 41250 de 2006, en cumplimiento de
la medida cautelar decretada el Quince (15) de Agosto de Dos Mil Trece (2013) por
el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del Rad. 2013-00329-00(01).

7. Explicó que, mediante sentencia de primera instancia (sin precisar la fecha), el
referido Tribunal declaró la nulidad de la Resolución Núm. 41250 de 2006. Dicho
fallo fue confirmado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia
del Dos (2) de Noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017).

8. Manifestó que, el Quince (15) de Octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), le solicitó
a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, “ por haber laborado como
docente nacionalizado desde el 26 de febrero de 1971 hasta el 11 de abril de 1975, y desde el 28 de
agosto de 2001 a la fecha (de presentación de la demanda) como docente territorial ”, al servicio

de la Secretaría de Educación de Floridablanca – Santander.

9. En virtud de la Resolución Núm. RDP 003243 del Seis (6) de Febrero de Dos Mil
Veinte (2020), la UGPP negó el reconocimiento pensional deprecado, arguyendo
que: “de acuerdo a lo anterior y conforme a los tiempos de servicios aportados, se puede observar
que estos fueron presentados con nombramiento del orden nacional en consecuencia no hay lugar
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada, por cuanto su vinculación a la
docencia fue de carácter nacional”. A pesar de haber sido recurrido en apelación el acto

en cita, la entidad confirmó la decisión primigenia a través de la Resolución Núm.
RDP 08676 del Dos (2) de Abril del Dos Mil Veinte (2020).

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1.3. Concepto de la violación

10. La demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 2º y 122 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 1º, 2º y 4º
de la Ley 114 de 1913; la Ley 116 de 1928; la Ley 37 de 1933; el Decreto 081 de
1976; el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y “demás normas concordantes”.

11. Expuso que, la actora fungió como docente “territorial nacionalizada” entre el
Veintiséis (26) de Febrero de Mil Novecientos Setenta y Uno (1971) y el Once (11)
de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), al servicio del Departamento de
Santander, en la Escuela Primaria Urbana del Municipio de Villanueva.

12. Agregó que, el tiempo laborado desde el Dos Mil Uno (2001), se dio en el marco
de una vinculación territorial, lo cual, en sus términos, se corrobora con el
nombramiento efectuado por el Gobernador del Departamento de Santander, con
cargo al situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.

13. Resaltó que, mediante la sentencia del Veintinueve (29) de Septiembre del Dos
Mil Dieciséis (2016), la Sección Segunda del Consejo de Estado (2201-2014), se
aclaró que, los dineros girados a las entidades territoriales, provenientes del antiguo
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, hacen parte de los recursos
propios de los entes territoriales, razón por la cual, el carácter del docente nombrado
y pagado con dichos recursos es territorial y no nacional.

14. Expresó que, en la sentencia del Veintiuno (21) de Julio del Dos Mil Dieciocho
(2018), el Consejo de Estado (3805-2014) unificó jurisprudencia en el sentido de
precisar, por un lado, que la calidad de docente territorial o nacionalizado es
otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de
vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de
Educación ante el respectivo fondo educativo regional, y, por el otro lado, que lo
esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía de las rentas endógenas de la respectiva entidad.

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Demandante: Myreya Chaparro de Medina
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15. De acuerdo con la providencia antes relacionada, insistió en que, por tratarse
de una sentencia de unificación que reconoce un derecho, sus efectos deben ser
extensibles por las autoridades administrativas a quienes acrediten los mismos
supuestos fácticos y jurídicos, en virtud de los artículos 10 y 102 del CPACA.

1.4. La contestación de la demanda4

16. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Como sustento
de lo anterior, empezó por advertir que, según lo indicado en el certificado emitido
por el “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG”, los
tiempos laborados por la señora Chaparro de Medina son de carácter nacional.

17. Señaló que, en el caso de autos, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada,
toda vez que, mediante la sentencia del Once (11) de Abril del Dos Mil Trece (2013),
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, confirmada luego por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia del Treinta (30) de Marzo
del Dos Mil Diecisiete (2017), se concluyó que a la señora Chaparro de Medina no
le asistía el derecho pensional, comoquiera que, “si bien se vinculó como docente
nacionalizada entre el 29 de enero de 1971 y el 10 de abril de 1975, los nombramientos posteriores
entre el 11 de abril de 1975 y el 28 de agosto de 2001 daban cuenta del carácter nacional .”

18. Aseveró que, en tales providencias, se hizo constar que el nombramiento del
Veintiocho (28) de Agosto del Dos Mil Uno (2001) fue como docente de carácter
nacional, por lo que consideró erróneo sostener, como lo hizo la demandante, que
para el Treinta (30) de Julio del Dos Mil Diecisiete (2017) cumpliría el tiempo
requerido para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

19. Anotó que, los actos enjuiciados, válidamente negaron el reconocimiento de la
pensión gracia y, por tanto, no develan ningún vicio de nulidad, máxime, si se tiene
en cuenta que, bajo la égida de las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, sólo es posible
computar tiempos como docente de carácter departamental, distrital, municipal y/o
nacionalizado, quedando proscrito el reconocimiento de la prestación deprecada
sobre la base de tiempos nacionales, como en efecto ocurre en su caso.

4
Índices 00008 y 00009 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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20. Finalmente, propuso como excepciones las de: (i) cosa juzgada; (ii) inexistencia
de la obligación; (iii) cobro de lo no debido; (iv) falta de título y causa; (v)
prescripción; (vi) buena fe; y (vii) la genérica o innominada.

1.5. La sentencia de primera instancia5

21. En la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), el Tribunal Administrativo de Santander declaró la excepción de cosa
juzgada, sin condena en costas frente a la parte vencida. Al respecto, dispuso:

PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, DECLÁRASE terminado el proceso.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: EJECUTORIADA ésta providencia, ARCHÍVENSE las diligencias previas las
anotaciones de rigor en el Sistema de Gestión Judicial “SAMAI”.

22. Para el efecto, analizó la concurrencia de los siguientes elementos
configurativos de la excepción de cosa juzgada, a saber: (i) la existencia de una
sentencia ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo;
(ii) la identidad jurídica de partes; (iii) que los procesos versen sobre el mismo
objeto; (iv) y que se adelanten por la misma causa (sic).

23. Frente al primero, llamó la atención en que, mediante la sentencia de primera
instancia proferida el Once (11) de Diciembre de Dos Mil Trece (2013) por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho tramitado con el Rad. Nº. 68001233300020130032900, se accedió
parcialmente a las pretensiones de la extinta CAJANAL, encaminadas a obtener la
nulidad de la Resolución Núm. 41250 del Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis
(2006), mediante la cual la referida entidad, en cumplimiento de un fallo de tutela, le
reconoció a la señora Chaparro de Medina la pensión de gracia.

24. Precisó que, el problema jurídico planteado en esa oportunidad se circunscribió
a determinar si el acto administrativo acusado vulneró las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, que regulan la pensión gracia, por
haberse reconocido a la demandada dicha prestación, teniendo en cuenta el tiempo

5
Índice 00021 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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de servicio como docente nacional. La tesis de la Sala consistió en que, a partir del
análisis del acervo probatorio, era dable acceder a la nulidad pretendida por la
entidad, comoquiera que, la prestación se reconoció teniendo en cuenta tiempos de
servicio de la demandada como docente de carácter nacional.

25. Puso de presente que, mediante la sentencia del Treinta (30) de Marzo del Dos
Mil Diecisiete (2017), la Sección Segunda del Consejo de Estado, al desatar el
recurso de apelación interpuesto por la ahora demandante, confirmó integralmente
la providencia recurrida, quedando ejecutoriada el Veintiuno (21) de Noviembre del
Dos Mil Diecisiete (2017).

26. Al respecto, en esa oportunidad, esta Colegiatura determinó que la señora
Chaparro de Medina ostentó la calidad de docente nacional en diferentes periodos
e instituciones entre el Once (11) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco
(1975), y el Veintiocho (28) de Agosto del Dos Mil Uno (2001) y, en virtud de ello,
concluyó que, no reunía los requisitos para beneficiarse de la pensión gracia, habida
cuenta que, los veinte (20) años de servicio que exige la norma aplicable, deben ser
desempeñados en su totalidad bajo la vinculación territorial o nacionalizada.

27. En lo que toca a la identidad jurídica de partes, sostuvo que, en el caso sub
judice, se cumple con esa condición, teniendo en cuenta que, en ambos procesos
actuaron la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, sucedida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP (que asumió las facultades misionales de aquella
entidad), y la señora Myreya Chaparro de Medina.

28. Con respecto a la identidad de objeto, el Tribunal indicó que ambos procesos
versan sobre un objeto que coincide, “en tanto lo que se pretende es determinar si la señora
Mireya Chaparro de Medina reúne las condiciones legales para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, especialmente el tiempo de servicios desempeñados bajo la vinculación territorial”.

29. Por último, el A-quo encontró que ambos procesos se sustentan en la misma
causa. Sobre el particular, precisó que “la realidad fáctica expuesta en las dos demandas es
la misma, pues gravita sobre la negativa de la entidad en reconocer la pensión gracia a la
demandante”. Hizo énfasis en que, a pesar que se demandan actos distintos, no

puede perderse de vista que las pretensiones se afincan en la misma situación

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fáctica y jurídica “de donde se deduce que ambos procesos tienen la misma causa”.

30. De conformidad con lo expuesto, estimó que concurrían los presupuestos de la
cosa juzgada, destacando que los elementos aportados con la demanda no daban
cuenta de un cambio en las condiciones bajo las cuales fue negada con anterioridad
la prestación reclamada, pues, de acuerdo con el certificado de historia laboral
allegado, la naturaleza de la vinculación hasta la fecha de expedición del documento
(16 de septiembre de 2019) continuaba siendo del orden nacional, “ lo que implica que
es materialmente imposible que posterior a esa fecha haya cumplido con 20 años al servicio docente
con vinculación territorial, debido a que de acuerdo con el análisis probatorio efectuado al interior del
proceso en comento, sólo sumaba tiempo bajo esta modalidad por el periodo comprendido entre el
29 de enero de 1971 hasta el 13 de abril de 1975 y, por tanto, el análisis efectuado en las
providencias del 11 de diciembre de 2013 y del 30 de marzo de 2017 se mantiene vigente”.

1.6. El recurso de apelación6

31. Mediante memorial del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), la
parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia, que declaró la
cosa juzgada, para, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.

32. Refirió que, tratándose de conflictos de contenido laboral-prestacional, no opera
la cosa juzgada material, toda vez que, cuando se ventiló la acción de tutela, se
estaba frente a situaciones jurídicas diversas “o incompletas”. Así las cosas, insistió
en que la vinculación de la docente oficial, en virtud de la Resolución Núm. 6957 del
Veintidós (22) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), posesionada el Veintiocho
(28) de ese mes y año, con cargo al situado fiscal, debía reputarse de carácter
territorial y, en tal sentido, para el Treinta (30) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017),
habría cumplido con los requisitos para acceder a la pensión gracia.

33. Reconoció que, para la fecha en la que se solicitó -por primera vez- la pensión
gracia, no cumplía con los presupuestos para acceder a la prestación reclamada, y
que, para esa época, “aún no se expedía la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
que puso fin a la errada concepción de los recursos del situado fiscal ”. Por ello, anotó que no

podía existir cosa juzgada, en la medida en que la causa pretendi era diferente.

6
Índice 00026 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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34. En punto a la divergencia de hechos, explicó que, en el presente medio de
control, se alega que, a partir del Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Uno (2001),
y hasta el Treinta (30) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021), fungió como docente
territorial, plaza sufragada con dineros del Sistema General de Participaciones
(antiguo situado fiscal). En ese sentido, reiteró que, el cumplimiento del requisito de
veinte (20) años de servicios -o más- como docente territorial o nacionalizada, se
dio el Treinta (30) de Julio del Dos Mil Diecisiete (2017).

34.1. Valga anotar que, con el recurso de apelación, la parte allegó la Resolución
Núm. 0034 del Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021)7, mediante la cual,
el Secretario de Educación Municipal de Floridablanca aceptó la renuncia
irrevocable de la señora Chaparro de Medina, en el cargo de docente perteneciente
a la planta global de cargos docentes y directivos docentes del Municipio.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia

35. Mediante auto del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el despacho
sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera
instancia y, en la misma oportunidad, negó el decreto, a instancia de parte, de la
prueba documental aportada por la demandante , según lo preceptuado por el
artículo 212 del CPACA. Empero, decretó [como prueba] de oficio la Resolución 034
del Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021), expedida por la Secretaría de
Educación de Floridablanca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 ibíd.

36. Al no haber más pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo, con pronunciamiento del Ministerio Público y alegatos de la demandada.

1.7.1. Alegatos de la UGPP9

37. El apoderado de la entidad enjuiciada solicitó la confirmación integral del fallo
apelado, comoquiera que, según adujo, el asunto no plantea una controversia
novedosa, ni una discusión susceptible de reabrirse, “sino un intento de reeditar un debate
que ya fue definido de manera definitiva por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con

7
Índice 00026 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
8
Índice 00008 del expediente que reposa en el Samai.
9
Índice 00019 del expediente que reposa en el Samai.

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efectos vinculantes y estabilidad jurídica.” En ese sentido, insistió en la configuración de la

cosa juzgada, al verificar la identidad jurídica de partes, objeto y causa pretendi. En
lo que toca a la identidad subjetiva o de partes, precisó que, en relación con el
proceso anterior, no existe duda que, en ambos procesos trámites, intervienen la
señora Myreya Chaparro de Medina y la UGPP, esta última en calidad de sucesora
procesal de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.

38. Con respecto a la identidad de objeto, reiteró que, tanto en el proceso actual,
como el primigenio, se pretende el reconocimiento de la pensión gracia, lo que
evidencia, en sus términos, la misma finalidad material, esta es, obtener el
reconocimiento de una prestación -pensión gracia- que ya fue negada judicialmente.

39. Por último, puntualizó que, la causa de los procesos tampoco presenta una
variación sustancial, pues, la demandante pretende sustentar la nueva reclamación
en el aludido cumplimiento posterior de los requisitos, y en la evolución
jurisprudencial relativa a la naturaleza de los recursos del sistema. Empero, puso
de presente que tales argumentos no configuran una nueva causa jurídica, “ en tanto
no alteran el hecho estructural previamente definido por la jurisdicción: la naturaleza nacional de la
vinculación docente durante la mayor parte de su vida laboral. ” Así las cosas, concluyó que,

el eventual cumplimiento de los requisitos en un momento posterior no tiene la
virtualidad de desvirtuar una decisión judicial previa cuando el elemento esencial
del derecho -es decir, la naturaleza de la vinculación- permanece inalterado.

1.7.2. Concepto del Ministerio Público10

40. La Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia apelada, toda vez que, en su criterio, concurren los elementos que
configuran la excepción de cosa juzgada. Ello por cuanto, en los procesos
adelantados por el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Segunda del
Consejo de Estado, se logró evidenciar que: la identidad jurídica de partes era la
misma; que en dichas actuaciones se solicitaba el reconocimiento y pago de la
pensión gracia; y, de igual manera, se constató que “las pretensiones se encontraban
siempre dirigidas a la negativa del reconocimiento de dicha acreencia pensional. ”

II. CONSIDERACIONES

10
Índice 00016 del expediente que reposa en el Samai.

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2.1. Competencia

41. La Sala es competente para decidir en segunda instancia este proceso, de
conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala resolver, lo siguiente:

42.1. ¿Se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, al verificarse la identidad de
sujetos, objeto y causa petendi entre los procesos adelantados?
42.2. En caso contrario, ¿le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia a la señora Myreya Chaparro de Medina, atendiendo a los
requisitos normativos y jurisprudenciales aplicables a dicha prestación?

2.3. Sobre el fenómeno de la cosa juzgada

43. Acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar que, el
artículo 30311 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del
30612 del CPACA, establece tres (3) presupuestos para su configuración, a saber:
(i) el nuevo proceso debe versar sobre el mismo objeto, es decir, que la pretensión
sea idéntica a la debatida en el anterior trámite en el que se dictó el fallo
ejecutoriado; (ii) se debe fundar en la misma causa, esto es, que entre la demanda
y la sentencia proferida en el anterior asunto haya semejanza en los fundamentos
de hecho y de derecho; y (iii) debe existir identidad jurídica de partes.

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló13 que, la misma tiene por
objeto “impedir que entre las mismas partes se promueva un proceso con base en los mismos
hechos y con idénticas pretensiones de otro proceso que ya ha sido decidido de fondo, con la
finalidad de que dicha providencia lleve inmerso un carácter inmutable o definitivo que garantice la

11
«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes».
12
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo».
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 13 de febrero de 2024. Exp. 11001-03-15-000-
2022-06769-01. M.P. Milton Chaves García.

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seguridad jurídica e impida que la controversia se perpetúe ”. Asimismo, esta Colegiatura14 ha

precisado que:

“Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos (…) al proceso a) deben
concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por
la decisión que constituye cosa juzgada; b) debe existir identidad de causa petendi,
es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los
mismos fundamentos o hechos como sustento. Pero que cuando además de los
mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el
análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa; y c) la demanda debe versar sobre la misma pretensión material inmaterial
sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido
existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o
sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”.

45. Por lo tanto, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio
constitucional de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las decisiones
judiciales, no es dable que se reabra el debate jurídico zanjado con otro proceso
judicial, en atención a la intangibilidad e inmutabilidad que adquieren.

46. Ahora bien, respecto del fenómeno de la cosa juzgada en aquellas controversias
en las cuales se discute el reconocimiento o reajuste de prestaciones periódicas, la
Sala de Subsección ha señalado que, si bien existen pronunciamientos de la
Corporación en el sentido de otorgar a esta figura un alcance relativo, esto es, solo
en cuanto a las mesadas causadas hasta el momento de emisión del respectivo
fallo, dicha posición no es unánime o con alcances unificadores.

2.3.1. Análisis del caso concreto frente al fenómeno de la cosa juzgada

47. Del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala identifica
que el principal reparo de la demandante consiste en advertir que, en el asunto sub
examine, no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, contrario a lo que sostuvo
el A-quo.

48. Pues bien, en el caso sub judice se tiene que, con anterioridad al presente
proceso, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL (hoy UGPP) promovió
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la señora Myreya
Chaparro de Medina (Rad. 2013-00329), con el propósito de obtener la nulidad de

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Claudia Rojas
Lasso, sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.

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la Resolución Núm. 41250 del Dieciocho (18) de Agosto de Dos Mil Seis (2006), por
medio de la cual, en cumplimiento de una orden de tutela proferida por el Juzgado
Primero (1º) Laboral del Circuito de Ciénaga – Magdalena, reconoció la pensión
gracia a favor de la ahora demandante, en cuantía de $1.209.323.

49. De la demanda en cita conoció el Tribunal Administrativo de Santander que,
mediante la sentencia del Once (11) de Diciembre del Dos Mil Trece (2013), declaró
la nulidad del acto enjuiciado y, en el mismo proveído, declaró que a la señora
Myreya Chaparro de Medina “no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
ni a los derechos derivados de la misma”15, sin ordenar la devolución de sumas. Lo anterior

teniendo en cuenta que, esta no colmó los requisitos previstos en las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989.

50. Mediante la sentencia del Treinta (30) de Marzo del Dos Mil Diecisiete (2017)16,
esta Corporación confirmó la providencia recurrida.

51. Con el propósito de establecer si en el presente asunto se configura el fenómeno
de la cosa juzgada, se consignarán los aspectos relativos a las partes, la causa y el
objeto (pretensiones) de cada proceso, con inclusión del sentido de las decisiones
proferidas en el marco de cada uno de ellos, en la siguiente tabla:

Rad. Nº. 68001233300020130032900(01) Rad. Nº. 68001233300020210044300(01)

Sujetos procesales

Demandante: CAJANAL (hoy UGPP) Demandante: Myreya Chaparro de Medina

Demandado: Myreya Chaparro de Medina Demandado: UGPP (antes CAJANAL)

Pretensiones

La entidad demandante solicitó que se declare la La parte demandante solicita que se declare la
nulidad de la Resolución Núm. 41250 del Dieciocho nulidad de (i) la Resolución Núm. RDP 003243 del
(18) de Agosto de Dos Mil Seis (2006), por medio de Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020),
la cual, en cumplimiento de una orden de tutela mediante la cual se negó el reconocimiento y pago
proferida por el Juzgado Primero (1º) Laboral del de la pensión gracia a la demandante; y (ii) la
Circuito de Ciénaga – Magdalena, reconoció la Resolución Núm. RDP 08676 del Dos (2) de Abril del
pensión gracia a favor de la señora Myreya Chaparro Dos Mil Veinte (2020), con arreglo a la cual se
de Medina. confirmó la decisión anterior.

15
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 229 y siguientes.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 30 de marzo
de 2017, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. 68001233300020130032901.

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Hechos

CAJANAL, por medio de la Resolución Nº. 23601 del En el escrito de demanda, la señora Chaparro de
5 de diciembre de 2003, denegó el reconocimiento y Medina alegó que cuenta con más de cincuenta (50)
pago de una pensión gracia pretendida por la señora años de edad y que ha laborado durante veintidós
Chaparro de Medina, por cuanto no cumplía con el (22) años, un (1) mes y veintidós (22) días como
requisito de 20 años de servicios en la docencia docente oficial.
oficial departamental, municipal o distrital, decisión
que fue confirmada por la entidad a través de las Expuso que fungió como docente “territorial
Resoluciones del 26 de noviembre de 2004 y Nº. nacionalizada” (sic) entre el 26 de febrero de 1971 y
2398 del 4 de mayo de 2005. el 11 de abril de 1975, al servicio del Departamento
de Santander, en la Escuela Primaria Urbana del
La demandada, en compañía de 140 personas más, Municipio de Villanueva del citado Departamento.
presentó una acción de tutela con el fin de obtener el Agregó que el tiempo laborado desde el 2001, se dio
reconocimiento definitivo de la pensión gracia, al en el marco de una vinculación territorial, lo cual, en
considerar que acreditaban las exigencias sus términos, se corrobora con el nombramiento
consagradas en las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989. efectuado por el Gobernador del Departamento de
Santander, con cargo al situado fiscal, hoy Sistema
El Juzgado Primero (1º) Laboral del Circuito, General de Participaciones. Al respecto, precisó que
mediante providencia del 7 de abril de 2006, ordenó la última vinculación se dio el 28 de agosto de 2001,
a CAJANAL reconocer y pagar la pensión gracia a en virtud de la Resolución 6957 del 22 de agosto de
favor de la señora Chaparro de Medina, entidad que, 2001.
a través de la Resolución Nº ACMG 41250 del 18 de
agosto de 2006 dispuso tal reconocimiento Resaltó que, mediante la sentencia del 29 de
pensional. septiembre del 2016, la Sección Segunda del
Consejo de Estado (2201-2014), se aclaró que los
dineros girados a las entidades territoriales,
provenientes del antiguo situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones, hacen parte de los
recursos propios de los entes territoriales, razón por
la cual, el carácter del docente nombrado y pagado
con dichos recursos es territorial y no nacional.
Además, anotó que, en la sentencia del 21 de julio
del 2018, el Consejo de Estado (3805-2014) unificó
jurisprudencia en el sentido de precisar, por un lado,
que la calidad de docente territorial o nacionalizado
es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a
nacional, cuando en el acto de vinculación del
docente haya intervenido el delegado permanente
del Ministerio de Educación ante el respectivo fondo
educativo regional, y, por el otro lado, que lo
esencialmente relevante frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a
ocupar.

Fallos de instancia

Primera instancia. Mediante la sentencia del Once Primera instancia. Mediante la sentencia del
(11) de Diciembre del Dos Mil Trece (2013), el Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil
Tribunal Administrativo de Santander, resolvió: Veinticuatro (2024), el Tribunal Administrativo de
Santander dispuso:
“PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de la
Resolución No. ACMG 41250 del 18 de agosto de “PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de
2006, proferida por la Caja Nacional de Previsión cosa juzgada conforme a las razones expuestas en
Social – CAJANAL E.I.C.E, hoy en liquidación, por la parte motiva de esta providencia.
las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído. SEGUNDO: En consecuencia, DECLÁRASE
terminado el proceso.
SEGUNDO. DECLÁRASE que a la señora Miriam
(sic) Chaparro de Medina no le asiste el derecho al TERCERO: Sin condena en costas.”
reconocimiento de la pensión gracia, ni a los
derechos derivados de la misma.

TERCERO. NIÉGANSE las demás pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído”

15

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Segunda instancia. Mediante la sentencia del
Treinta (30) de Marzo del Dos Mil Diecisiete (2017),
la Sección Segunda (Subsección “A”) del
Consejo de Estado, dispuso:

“CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 11 de diciembre de
2013, dentro del proceso promovido por la UGPP
contra la señora Mireya Chaparro de Medina.

CONDENAR en costas a la parte demandada, las
cuales se liquidarán por el Tribunal Administrativo de
Santander.”

52. Al acudir a un parangón, la Sala observa que, aunque los extremos procesales
cambiaron su orden (entre demandante y demandada), lo cierto es que se conserva
la identidad de partes. En este punto, huelga advertir que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) asumió las facultades de CAJANAL a partir de su fecha de liquidación. En
ese sentido, ha de tenerse como la sucesora procesal y misional de dicha Caja.

53. En lo atinente a la identidad de objeto, es dable sostener que, en ambos
procesos se discute la legalidad de actos administrativos distintos, razón por la cual,
prima facie, este elemento es distinto en las controversias objeto de análisis, sin
que, por las características del caso, resulte necesario efectuar alguna precisión
sobre el particular.

54. Con respecto a la identidad de causa, estima la Sala que, esta no se configuró,
habida cuenta del alcance de la proposición jurídica expuesta en cada oportunidad.
Así, mientras en el proceso 68001233300020130032900(01) Cajanal señaló que la
señora Chaparro de Medina no colmó los requisitos legales para causar la pensión
gracia, con sustento en el tiempo de servicios causado entre el entre el Veintiséis
(26) de Febrero de Mil Novecientos Setenta y Uno (1971), y el Veintiocho (28) de
Febrero de Dos Mil Uno (2001); en este expediente, la demandante reclama que si
cumple los requisitos legales, habida cuenta de la entrega de la administración de
personal por parte de la Nación a los entes territoriales, y teniendo en consideración
el tiempo de servicios causado entre el entre el Veintiséis (26) de Febrero de Mil
Novecientos Setenta y Uno (1971), y el Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintiuno
(2021).

55. Por tanto, ante los nuevos tiempos relacionados por la accionante en esta

16

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oportunidad, y la variación en la argumentación que conforma los cargos de
violación expuestos en la demanda, la Sala concluye que no se encuentra
configurada la excepción de cosa juzgada.

56. En tal virtud, se procederá con el fondo del asunto, a efectos de determinar si,
de acuerdo con los elementos de juicio que reposan en el dosier procesal, le asiste
el derecho a la señora Myreya Chaparro de Medina a que le sea reconocida la
pensión gracia.

2.4. Análisis del fondo del asunto

2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia

57. La pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes
estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y
conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no
inferior a veinte (20) años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se
condensa en los siguientes párrafos.

58. El artículo 1º de la Ley 114 de 191317 consagró, por primera vez, la pensión gracia
a favor de los maestros de escuelas primarias oficiales, que hubieran servido en el
magisterio por un término no menor de veinte (20) años. El numeral 3° del artículo 4°
de la norma en cita determinó que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso
que el interesado compruebe “que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional” (…)”.

59. Posteriormente, la Ley 116 de 192818 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de las escuelas normales e inspectores de instrucción, así: “Artículo 6º. Los
empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen
derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas,
tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella
la que implica la inspección”. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó

incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder
acceder a la pensión gracia de jubilación.

17
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
18
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

17

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60. La Corte Constitucional, en la sentencia C-479 del 9 de septiembre de 199819,
con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial)
y 4°(numeral 3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que el aparte acusado del numeral
3º del artículo 4º de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de
la pensión de gracia el no haber recibido -ni recibir- actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, no vulnera la Constitución Política, por las
facultades que la misma Carta le confirió al legislador para regularla. Dijo, además,
que los recursos del Estado para el pago de las prestaciones sociales son limitados,
por ello, es legítimo establecer condiciones para acceder a esta pensión.

61. A raíz del proceso de nacionalización de la educación, ordenado por la Ley 43
de 197520, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación,
porque, como lo dispuso esta normativa, “la educación primaria y secundaria oficial será un
servicio público a cargo de la Nación”. Como consecuencia de esta transformación, ya no

existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector educativo.

62. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, dispuso que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 que, por disposición de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y
demás normas que las hubiesen desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con
la totalidad de los requisitos.

63. Así, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión
de jubilación, equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

64. Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia, seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata
el criterio expuesto por la Sala Plena de esta Corporación, en el fallo del 26 de

19
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
20
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras
en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

18

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agosto de 199721, en el sentido que, el artículo 15 (numeral 2°) de la Ley 91 de 1989,
es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación
con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

65. Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura, se ocupó de aclarar la
interpretación aplicable del literal a) del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, mediante la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto
de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), en la que
precisó que, se puede acceder a la pensión gracia antes y después del Veintinueve
(29) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), siempre que se
acredite una vinculación anterior al 31 de diciembre de 198022.

66. De acuerdo con la normativa expuesta y la jurisprudencia antes relacionada,
nótese que, en criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, resulta
dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al Veintinueve (29) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve
(1989) [entrada en vigor de la Ley 91 de ese año], sirvió al sector educativo oficial
antes del Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980),
umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales
labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

67. De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos
en la normativa que la regula, entre los que se encuentran haber prestado los
servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por
un término no menor de veinte (20) años; haber estado vinculado antes del Treinta
y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980); cumplir cincuenta (50)

21
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización; ii) la
norma reguló una situación transitoria porque su propósito fue colmar las expectativas de los docentes vínculos hasta el 31
de diciembre de 1980 e involucrados en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria; iii) para los
docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la
posibilidad del reconocimiento de tal pensión. Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón,
magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
22
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición «(…) «solo
tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de
secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado
hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la
pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la
promulgación de la Ley 91 de 1989».

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años de edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

2.5. Hechos probados.

68. De conformidad con las piezas que integran el acervo probatorio, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la controversia:

a) Registro civil de nacimiento de la señora Myreya Chaparro de Medina 23, con el
cual, se acredita que nació el Doce (12) de Octubre de Mil Novecientos Cincuenta
y Dos (1952), por lo que, en la actualidad, cuenta con setenta y cuatro (74) años.

b) Con el Decreto Núm. 146 del Veintinueve (29) de Enero de Mil Novecientos
Setenta y Uno (1971)24, el Gobernador de Santander, en uso de sus atribuciones
legales, “trasladó” a la señora Myreya Chaparro como maestra de un grupo urbano
del Municipio de Villanueva, en reemplazo de la señora Concepción Torres.

c) Con arreglo a la Resolución Núm. 06591 del Veintidós (22) de Agosto de Dos Mil
Uno (2001)25, la Gobernación del Departamento de Santander ordenó el traslado de
unas plazas docentes pagadas con recursos del situado fiscal. En el artículo 28 del
citado acto se ordenó el traslado de la señora Chaparro de Medina del Colegio
Cooperativo la Anunciación, del Municipio de Floridablanca – Santander, al Colegio
Técnico Industrial José Elías Puyana, de la misma municipalidad. Así, mediante
Acta de Posesión Núm. 1375 del Veintiocho (28) de Agosto de la referida anualidad,
la señora Chaparro de Medina tomó posesión del cargo docente en comento26.

d) De acuerdo con el certificado de tiempo de servicios del Diez (10) de Diciembre
de Dos Mil Dos (2002)27, expedido por la Secretaría de Educación del Departamento
de Santander, se hizo constar que la señora Myreya Chaparro de Medina prestó sus
servicios en el nivel básica secundaria, como docente nacional, en forma continua,
desde el Once (11) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), calidad que
seguía ostentando para el Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Uno (2001), fecha

23
Índice 00005 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Documento
1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPEDIENTEDIGI(.docx) NroActua 5, 03 AnexosDemanda.
24
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 118 y siguientes.
25
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 322 y siguientes.
26
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, pág. 326.
27
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 6 y siguientes.

20

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de la última vinculación allí relacionada, a través de la Resolución Núm. 6597 del
Veintidós (22) de Agosto de Dos Mil Uno (2001).

e) En el certificado de tiempo de servicios antes relacionado también se dejó
consignado que, la señora Chaparro de Medina prestó sus servicios en el nivel
básica secundaria, como docente nacionalizada, de manera continua, desde el
Veintinueve (29) de Enero de Mil Novecientos Setenta y Uno (1971), hasta el
Catorce (14) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975)28.

f) A través de la Resolución Núm. 23601 del Cinco (5) de Diciembre de Dos Mil Tres
(2003), la extinta CAJANAL negó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación a la señora Chaparro de Medina 29 , acto contra el cual la interesada
interpuso el recurso de reposición y, en subsidio del anterior, de apelación30.

g) Mediante la Resolución Núm. 26198 del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil
Cuatro (2004), CAJANAL, al desatar el recurso de reposición interpuesto por la parte
actora, confirmó en todas sus partes el acto administrativo primigenio 31 . Por su
parte, mediante la Resolución Núm. 2398 del Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil Cinco
(2005)32, la entidad, al resolver el recurso de apelación, confirmó el acto inicial.

h) En virtud de la sentencia del Siete (7) de Abril de Dos Mil Seis (2006)33, proferida
por el Juzgado Primero (1º) Civil del Circuito de Ciénaga – Magdalena, dentro del
expediente de tutela 00063-2006, se ampararon los derechos al debido proceso e
igualdad de la señora Chaparro de Medina y, en consecuencia, se ordenó a
CAJANAL dictar los actos administrativos de reconocimiento de la pensión gracia.

i) Por medio de la Resolución Núm. ACMG 41250 del Dieciocho (18) de Agosto del
Dos Mil Seis (2006), la extinta CAJANAL (hoy UGPP), en cumplimiento del fallo de
tutela antes indicado, reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia, a favor de
Myreya Chaparro de Medina, en cuantía de $1.209.323, efectiva a partir del Doce

28
Ibídem.
29
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 16-20.
30
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, pág. 24.
31
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 27-29.
32
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 37 y siguientes.
33
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, pág. 73.

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(12) de Octubre de Dos Mil Dos (2002)34.

j) Copia del formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido el Nueve (9) de Marzo de Dos Mil Nueve (2009), en el que consta la
relación de tiempo de servicios, acto y fecha de posesión, entre otros35.

k) A través del auto del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Trece (2013)36, el Tribunal
Administrativo de Oralidad de Santander, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con Rad. 2013-00329-00, promovido por CAJANAL,
decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución Núm. ACMG
41250 del Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006). Dicha medida se
materializó con la expedición de la Resolución Núm. RDP 017044 del Veintinueve
(29) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), dejando así en suspenso la prestación37.

l) A su turno, mediante la sentencia del Once (11) de Diciembre del Dos Mil Trece
(2013), el Tribunal Administrativo de Santander, declaró la nulidad de la Resolución
Núm. ACMG 41250 del Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) y,
asimismo, declaró que a la señora Chaparro de Medina no le asistía el derecho a la
pensión gracia, ni los derechos derivados de la misma38. La decisión anterior fue
confirmada por la Sección Segunda (Subsección “A”) del Consejo de Estado, a
través de la sentencia del Treinta (30) de Marzo del Dos Mil Diecisiete (2017)39.

m) Con posterioridad, en virtud de la Resolución RDP 045521 del Primero (1º) de
Diciembre del Dos Mil Diecisiete (2017), la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
como sucesora de CAJANAL, dando cumplimiento a la sentencia del Treinta (30)
de Marzo del Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por la Sección Segunda
(Subsección “A”) del Consejo de Estado, ordenó la expulsión inmediata de la ahora
demandante de la nómina de pensionados40.

34
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 76-79.
35
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 94-95.
36
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 154 y siguientes.
37
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 175 y siguientes.
38
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 223 y siguientes.
39
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 133 y siguientes.
40
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 180-184.

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n) El Quince (15) de Octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), la demandante, a través
de apoderado, presentó una petición ante la UGPP (Rad. 2019700103158282), con
el propósito de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión gracia41.

o) Mediante la Resolución Núm. RDP 003243 del Seis (6) de Febrero de Dos Mil
Veinte (2020), la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia a la demandante. Inconforme con la decisión anterior, la interesada interpuso
recurso de apelación42, el cual fue resuelto en virtud de la Resolución Núm. RDP
08676 del Dos (2) de Abril del Dos Mil Veinte (2020), que confirmó el acto recurrido.

p) Se tiene que, a través de la sentencia del Veintiocho (28) de Julio de Dos Mil
Veintiuno (2021) 43, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
confirmó la sentencia condenatoria proferida el Once (11) de Abril de Dos Mil
Dieciocho (2018) por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta 44, contra
Carlos José Iguarán Salas, quien profirió el fallo de tutela referido ut supra, con
arreglo al cual se ordenó el pago de la pensión gracia a favor de 144 accionantes.

q) Certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL), expedida del Veintiséis
(26) de Septiembre de Dos Mil Veintidós (2022) 45, en el cual se discriminan los
períodos certificados, vinculación, establecimiento, cargo y fuente de recursos.

r) Resolución Núm. 0034 del Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2021) 46,
mediante la cual, el Secretario de Educación Municipal de Floridablanca aceptó la
renuncia irrevocable de la señora Chaparro de Medina, en el cargo de docente
perteneciente a la planta global de cargos docentes y directivos docentes.

2.6. Caso concreto – Análisis de los requisitos de la pensión gracia

69. Con el propósito de resolver el segundo problema jurídico planteado, le
corresponde a la Sala determinar, si la señora Myreya Chaparro de Medina cumple
con los requisitos establecidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989, para el reconocimiento de la pensión gracia, estos son: (i) la

41
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 298 y siguientes.
42
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 335 y siguientes.
43
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 342 y siguientes.
44
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 476 y siguientes.
45
Índice 00010 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
46
Índice 00026 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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vinculación territorial o nacionalizada anterior al Treinta y Uno (31) de diciembre de
Mil Novecientos Ochenta (1980); (ii) cincuenta (50) años de edad; (iii) veinte (20)
años de servicio docente territorial o nacionalizado; y (iv) buena conducta.

70. Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del Treinta y Uno
(31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980). De acuerdo con el
certificado de tiempo de servicios del Diez (10) de Diciembre del Dos Mil Dos
(2002)47, expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Santander,
la señora Myreya Chaparro de Medina prestó sus servicios en el nivel de básica
secundaria, como docente nacionalizada, de forma continua, desde el Veintiséis
(26) de Febrero de Mil Novecientos Setenta y Uno (1971), hasta el Catorce (14) de
Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), como se pasa a observar:

70.1. Este hecho también se corrobora con la “certificación de períodos de vinculación
laboral para bonos pensionales y pensiones” expedido el Seis (6) de Abril de Dos Mil Once

(2011)48, y el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido el Nueve (9) de Marzo de Dos Mil Nueve (2009).49

71. De los medios de convicción antes relacionados, se extrae que, la señora
Myreya Chaparro de Medina se vinculó como docente del grupo urbano del

47
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 6 y siguientes.
48
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 115 y siguientes.
49
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 94-95.

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Municipio de Villanueva, con carácter nacionalizado, antes del Treinta y Uno (31) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), específicamente, a partir del
Veintiséis (26) de Febrero de Mil Novecientos Setenta y Uno (1971), fecha de la
posesión del cargo dispuesto por el Gobernador de Santander, a través del Decreto
Núm. 146 del Veintinueve (29) de Enero de Mil Novecientos Setenta y Uno (1971)50.

71.1. En consecuencia, se observa que, la vinculación de la demandante satisface
el requisito previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, al tratarse de una
vinculación como docente con carácter nacionalizado anterior al Treinta y Uno (31)
de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980).

72. Edad. Según el Registro Civil de Nacimiento y la fotocopia de la cédula de
ciudadanía obrantes en el expediente 51 , la señora Myreya Chaparro de Medina
nació el Doce (12) de Octubre de Mil Novecientos Cincuenta y Dos (1952), por lo
que, cumplió los cincuenta (50) años el Doce (12) de Octubre de Dos Mil Dos (2002)
y cuenta, a la fecha, con setenta y cuatro (74) años. Así las cosas, para el momento
en que promovió la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia que se debate,
esto es, en Octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), ya superaba ampliamente el
requisito etario, exigido en el numeral 6° del artículo 4° de la Ley 114 de 1913.

73. Buena conducta. La demandante desempeñó el empleo con honradez y
consagración. En tal virtud, satisfizo la exigencia prevista en el numeral 1° de la Ley
114 de 1913, aspecto que además no fue rebatido en el presente caso.

74. Prestación del servicio docente territorial o nacionalizado por veinte (20)
años. De conformidad con las pruebas documentales obrantes en el expediente, se
encuentran demostrados los siguientes períodos de servicio docente:

74.1. Primer período. Como se advirtió en precedencia, la señora Myreya Chaparro
de Medina prestó sus servicios en el nivel de básica secundaria, como docente
nacionalizada, de forma continua, desde el Veintiséis (26) de Febrero de Mil
Novecientos Setenta y Uno (1971), en virtud del Decreto Nº. 146 de esa anualidad,
hasta el Catorce (14) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), según el
retiro que quedó consignado en el Decreto Nº. 858 de este último año, acumulando

50
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 118 y siguientes.
51
Índice 00005 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Documento
1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPEDIENTEDIGI(.docx) NroActua 5, 03 AnexosDemanda.

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así un tiempo de cuatro (4) años, un (1) mes y diecinueve (19) días. Este hecho se
corrobora con la información consignada en el certificado laboral:

74.2. Segundo período. De acuerdo con el certificado de tiempo de servicios del
Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Dos (2002) 52, expedido por la Secretaría de
Educación de Santander, la señora Myreya Chaparro de Medina prestó sus
servicios en el nivel básica secundaria, como docente nacional, en forma continua,
desde el Once (11) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), calidad que
seguía ostentando para el Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Uno (2001), fecha
de la última vinculación allí relacionada, a través de la Resolución Núm. 6597 del
Veintidós (22) de Agosto de Dos Mil Uno (2001), acumulando un total -por el
período- de veintisiete (27) años, diez (10) meses y dos (2) días.

74.3. Ampliación del segundo período. Según el certificado de tiempo de servicios
del Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Cuatro (2004)53, expedido por el secretario de

52
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, págs. 6 y siguientes.
53
Índice 00008 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo 01, Documento:
5_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEADMINISTR(.rar) NroActua 8, pág. 26.

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educación de Floridablanca, para tal fecha la actora se encontraba laborando como
docente del Colegio Técnico José Elías Puyana del Municipio de Floridablanca,
momento para el cual el Departamento había efectuado la entrega del servicio al
Municipio, como se pasa a observar en las siguientes constancias:

74.3.1. Esta información se acompasa con los tiempos relacionados en el formato
único para la expedición de certificado de historia laboral, del Nueve (9) de Marzo
de Dos Mil Nueve (2009), en el que se hace constar que, con posterioridad al
nombramiento efectuado el Veintiséis (26) de Febrero de Mil Novecientos Setenta
y Uno (1971), en virtud del Decreto Nº. 146, el siguiente nombramiento se dio el
Veinticuatro (24) de Marzo de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), con fecha
fiscal el Once (11) de Abril de ese año, en el Colegio Cooperativo del Municipio de
Villanueva (Santander), al amparo de la Resolución Nº. 1255. En la referida
constancia, se logra identificar que, desde esa fecha, las demás novedades se
refieren a traslados, pero no a ulteriores nombramientos o actos de posesión que
tuvieran la potencialidad de modificar el carácter nacionalizado de la plaza.

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74.3.1.1. Asimismo, se observa que, a partir del Catorce (14) de Febrero de Dos Mil
Tres (2003), la demandante fue incorporada a la planta docente del Municipio de
Floridablanca. De igual manera, se puede apreciar que, según la certificación CETIL
expedida del Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Veintidós (2022) 54 , la
vinculación docente, para el Treinta (30) de Diciembre de Dos Mil Dos (2002),
continuaba siendo de carácter nacional, lo que permite colegir que, el carácter de la
plaza, desde el Once (11) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975),
permaneció inalterada, incluso para la fecha en la que fue trasladada a la última
institución de la cual obra constancia, esta es, al Colegio Técnico José Elías Puyana
del Municipio de Floridablanca, proyectándose más allá de la fecha en la que dicho
ente territorial asumió la administración del sistema público educativo.

54
Índice 00010 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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74.3.2. Valga anotar que, con la Resolución Núm. 0034 del Doce (12) de Enero de
Dos Mil Veintiuno (2021)55, la secretaría de educación municipal de Floridablanca
aceptó la renuncia irrevocable de la señora Chaparro de Medina, en el cargo de
docente perteneciente a la planta global de cargos docentes y directivos docentes
del Municipio, a partir del Primero (1º) de Febrero de la referida anualidad.

74.3.2.1. En las consideraciones del acto en comento, se precisó que: (i) mediante
la Resolución Nº. 2754 del Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Dos (2002), expedida
por el Ministerio de Educación, el Municipio de Floridablanca fue certificado en
educación, razón por la cual, asumió la competencia para la administración del
sector educativo estatal de su jurisdicción, y para el manejo del sistema de los
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones; y (ii) que, con
sujeción al artículo 7º de la Ley 715 de 2001, es facultad de los municipios
certificados administrar el personal docente de sus planteles educativos.

75. Con arreglo a las anteriores precisiones, se impone determinar si la
descentralización del servicio público educativo, en forma alguna, cambió la
naturaleza nacional de la plaza en la que fue nombrada la demandante, a efectos
de definir si la última vinculación laboral puede considerarse o no para computar los
tiempos de servicio requeridos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

76. Sobre este punto, esta Sala de Subsección, en sentencia del Dieciséis (16) de
Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)56, y en la reciente sentencia del Ocho (8) de
Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)57, reafirmó que la descentralización del servicio
educativo no implicó un cambio en la naturaleza inicial de los nombramientos
realizados, por lo que, no es de recibo invocar tal circunstancia para sostener que
una designación de carácter nacional mutó en departamental, distrital o municipal,
a fin de obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Esta postura coincide con
la de la Subsección “A” de la Sección Segunda que, entre otros pronunciamientos,
en el proveído del Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025)58, explicó:

55
Índice 00026 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de febrero
de 2026, Rad. 76001-23-33-011-2019-00408-02 (6811-2024), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 8 de abril de
2026, Rad. 76001-23-33-000-2020-00837-01 (4331-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 76001-23-33-000 2020-
00953 01 (6509-2024), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Sobre el particular también pueden apreciarse las siguientes
sentencias: 1) del 14 de mayo de 2025, rad. 52001 23 33 000 2017 00335 01 (2307-2019), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo;
2) del 23 de abril de 2025, rad. 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 3) del 7 de
abril de 2025, rad. 25000 23 42 000 201802543 01 (3213-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 4) del 6 de marzo de
2025, rad. 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 5) del 30 de octubre de 2024, rad.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

“35. En respuesta a dicho argumento, esta Subsección ha emitido múltiples sentencias en
las que se ha establecido que la descentralización de la educación implicó la transferencia
de la administración del servicio educativo y del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación. Este proceso se llevó a cabo inicialmente hacia los entes
departamentales, conforme a lo estipulado en la Ley 60 de 1993, y posteriormente hacia los
municipios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001. Sin embargo, estas
condiciones no provocaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los
educadores que habían sido nombrados antes de dicho proceso, especialmente para
aquellos que mantuvieron su relación legal y reglamentaria sin interrupción, como es el caso
del actor. Al respecto, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones […]

36. Igualmente, en los artículos 34 y 38 de la ley 715 de 2001 se reiteró que «los docentes,
directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron nombrados con
el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad»

37. En consecuencia, bajo el pretexto de la descentralización de la educación no se pueden
eludir estas disposiciones legales. Es fundamental reconocer que las características de la
vinculación con la Administración se establecen en el momento en que se emite el acto de
nombramiento, pues es allí donde se definen las condiciones jurídicas del cargo a
desempeñar y las implicaciones a las que queda sujeto el docente. En este sentido, la
transferencia de la administración de las plantas de personal a las entidades territoriales
certificadas en educación, así como las competencias adicionales que les fueron delegadas,
no conlleva, al menos en lo que respecta al reconocimiento de la pensión gracia, un cambio
en la naturaleza de la vinculación original de los docentes. Aunado a lo expuesto, no puede
perderse de vista que, en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018,
el Consejo de Estado elucidó el procedimiento para acreditar el tipo de vinculación docente.
Se destacó que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales no implica, de
manera automática, la modificación del vínculo de nacional a territorial”.

77. En armonía con el texto en cita, esta Sala de Subsección, en sentencia del Seis
(6) de Marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024) 59 , también tuvo la oportunidad de
aclarar que, los docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados
a las plantas territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación,
continúan con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley
91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente
a la incorporación. Así pues, está decantado por esta Corporación que, “el proceso de
descentralización de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías
de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los nombramientos
efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal proceso, dado que el acto de
nominación es uno solo y no varía en razón de las particularidades de un proceso que tuvo por

13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534 2024), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 6) del 21 de agosto de 2024, rad. 50001 -23-
33-000-2019- 00299-01 (3910-2023), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 7) del 7 de septiembre de 2023, rad . 73001-23-33-
000- 2019-00120-01 (1887-2022), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6 de marzo de
2024, Rad. 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021), M.P. César Palomino Cortés.

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finalidad reorganizar la administración del servicio de educación oficial ”60.

78. Bajo ese contexto, es dable sostener que, la incorporación a la planta de
personal del Municipio de Floridablanca, el Catorce (14) de Febrero de Dos Mil Tres
(2003), con ocasión del proceso de descentralización de la educación oficial, no
supuso un cambio en la naturaleza inicial de la vinculación, la cual, se insiste, es de
carácter nacional, razón por la cual, el tiempo de servicio comprendido entre el Once
(11) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975) y el Primero (1°) de Febrero
de Dos Mil Veintiuno (2021), no develó alguna mutación y/o cambio en la naturaleza
del vínculo o el carácter de la plaza.

78.1. En este punto, la Sala debe precisar que, como los tiempos de vinculación
comprendidos entre el Veintiséis (26) de Febrero de Mil Novecientos Setenta y Uno
(1971), y el Veintidós (22) de Agosto de Dos Mil Uno (2001), ya fueron objeto de
análisis dentro del proceso tramitado con el Rad. 68001233300020130032900(01),
no es dable reabrir, en esta instancia, el debate sobre dicho período, sino solo sobre
aquellos tiempos acaecidos con posterioridad, es decir, entre el Dos Mil Dos (2002)
y el Dos Mil Veintiuno (2021), los cuales fueron considerados para concluir, como
se hizo en renglones precedentes, que no operó el fenómeno de la cosa juzgada.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala insiste en que, durante este segundo período, no
se acreditó el tiempo de vinculación como docente territorial o nacionalizada, a
efectos de proceder con el reconocimiento pretendido, sino de carácter nacional.

79. Teniendo en cuenta el fundamento normativo y jurisprudencial antes reseñado,
la Sala encuentra acreditado que, los tiempos de vinculación de la actora como
docente nacionalizada no supera el tiempo mínimo exigido. En consecuencia, como
la señora Chaparro de Medina sólo acreditó tiempos de servicio como docente
nacionalizada durante cuatro (4) años, (1) mes y diecinueve (19) días, no satisfizo
el requisito esencial exigido en el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, y demás normas
concordantes, razón por la cual, no le asiste el derecho a la pensión gracia.

80. No sobra advertir que, como lo ha dicho esta Sala, el requisito de los veinte (20)
años de servicios docentes debe acreditarse de forma plena, cierta y completa, sin

60
Ibidem.

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que sea posible su integración mediante fracciones incompletas o aproximaciones
temporales, pues se trata de una exigencia objetiva establecida por el legislador.

81. Siendo así las cosas, la Sala verifica que no concurren, en su integridad, los
requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión gracia que se debate en
el presente asunto, pues, aunque la señora Myreya Chaparro de Medina se vinculó
como docente nacionalizada antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980), demostró buena conducta, y cuenta con más de
cincuenta (50) años de edad, lo cierto es que, no logró probar que acumulara más
de veinte (20) años de servicio en calidad de docente territorial o nacionalizada.

82. Como colofón, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, mediante la
cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada y, por contera, se declaró
terminado el proceso, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en esta providencia.

2.7. Condena en costas

83. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio
de la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO. RECONOCER PERSONERÍA al señor José Luis Sepúlveda Barragán,

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identificado con la C.C. 1.096.234.875 de Barrancabermeja, abogado en ejercicio
portador de la Tarjeta Profesional Nº. 418.680 del Consejo Superior de la Judicatura,
en los términos de la sustitución del poder que reposa en el aplicativo SAMAI61.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

61
Índice 00019 del expediente que reposa en el Samai.

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