Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-01072-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–2023)
Demandante: Nohemy Casas Peña
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Proceso de incorporación de personal
docente no cambia la naturaleza del vínculo. Ley 1437 de 2011
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La señora Nohemy Casas Peña, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 034681 de 19 de septiembre de
2016 y RDP 003468 de 31 de enero de 2017, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia y resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó i) el reconocimiento de la pensión
gracia a partir del 13 de marzo de 2005, ii) el pago del reajuste en los términos del
artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) el ajuste de la condena de conformidad con el
artículo 187 del CPACA; iv) el pago de intereses moratorios, v) el cumplimiento a la
sentencia de conformidad con el CPACA; y se condene en costas.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–2023)
Demandante: Nohemy Casas Peña
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. La señora Nohemy Casas Peña nació el 14 de marzo de 1955, razón por la cual
cumplió 50 años el 13 de marzo de 2005. Indicó que prestó servicios como docente
de la siguiente manera:
• Por orden de la Resolución 01 del 10 de enero de 1973 emanada del Ministerio
de Educación Nacional, en la escuela urbana de niñas en el municipio de Inza,
desde el 01 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1974.
• Mediante Resolución 0294 del 09 de febrero de 1978 fue nombrada como
seccional del colegio sagrado corazón, y luego investida con funciones de
maestra de enseñanza primaria, según Decreto 107 de 09 de febrero de 1978,
desde el 14 de febrero de 1978 hasta el 27 de septiembre de 1990.
• A través de la Resolución 12782 del 25 de septiembre de 1990 suscrita por el
Ministerio de Educación Nacional, en la institución educativa superior farallones,
en el municipio de Santiago de Cali a partir del año 1990.
5. Señaló que, el vínculo laboral de carácter nacional, mutó a departamental, toda
vez que con el proceso de descentralización del servicio público educativo iniciado
con la Ley 60 de 1993, el departamento del Valle del Cauca fue certificado por el
Ministerio de Educación Nacional para ser el prestador del servicio de educación
según Resolución 6017 de 22 de diciembre de 1995, por lo que el servicio docente
servido en dicho ente territorial a partir del acta de entrega de la administración a
este (22 de abril de 1996), es de carácter territorial, y por tanto es válido para la
pensión gracia.
6. Precisó que, dicho vínculo laboral de carácter departamental mutó luego a
municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, dado que el municipio de Cali fue
certificado según Resolución No. 2749 del 03 de diciembre de 2002, proferida por
el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Valle del Cauca,
mediante la cual le entregaron el servicio educativo al ente municipal en cita, según
el Acta del 27 de junio de 2003 hasta el 10 de agosto de 2014 (fecha de retiro).
7. Relató que el 11 de mayo de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de
la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos hoy demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
8. Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, así como las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24
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Demandante: Nohemy Casas Peña
de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 1437 de
2011; y los Decretos 1743 de 1966 y 2277 de 1979.
9. Explicó que la UGPP expidió los actos administrativos con falsa motivación al
determinar que la docente prestó en su mayoría un servicio nacional y no territorial.
10. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio docente
nacionalizado, departamental y municipal; sosteniendo que si bien tuvo una
vinculación del orden nacional, esta cambió al orden territorial con la expedición de
la Ley 60 de 1993 y, específicamente, cuando el departamento del Valle del Cauca
asumió la educación en atención al acuerdo alcanzado con la Nación, momento en
el cual fue incorporada a la planta de personal territorial, completando así el tiempo
de labor docente requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de
1913.
1.4. Contestación de la demanda
11. Luego de presentada la demanda el 13 de mayo de 2019 y admitida el 30 de
enero de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, una vez notificada,
presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones; indicando
que la docente acreditó tiempos del orden nacional, los cuales no pueden ser
tenidos en cuenta para acceder a la prestación reclamada.
1.5. Sentencia de primera instancia
12. Con fallo de 29 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
accedió a las pretensiones de la demanda.
13. Al respecto i) declaró la nulidad de las Resoluciones No. RDP 034681 del 19 de
septiembre de 2016 y RDP 003468 del 31 de enero de 2017, ii) ordenó a la UGPP
a reconocer y pagar a favor de la señora Nohemy Casas Peña una pensión gracia
equivalente al 75% del promedio de salario devengado en el último año de servicio
anterior a la fecha de adquisición de estatus, con efectos fiscales a partir del 11 de
mayo de 2013, y iii) condenó en costas a la entidad demandada.
14. Lo anterior, teniendo en cuenta que encontró probado que la demandante se
desempeñó como docente del orden nacionalizado y territorial, en los periodos
transcurridos entre el 14 de febrero de 1978 y el 28 de septiembre de 1990; y desde
el 22 de diciembre de 2003 hasta el 10 de agosto de 2014, cumpliendo la totalidad
de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia.
15. Ahora, respecto a los demás tiempos servidos desde el 19 de enero de 1973
hasta el 1° de enero de 1975, y desde el 1° de octubre de 1990 hasta el 21 de
diciembre de 2003, estimó que no era posible tenerlos en cuenta, dado que el
vínculo durante dicho interregno fue del orden nacional.
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Demandante: Nohemy Casas Peña
1.6. Recurso de apelación
16. A través de apoderado, la demandante presentó recurso de apelación con el
que solicitó adicionar la sentencia de primera instancia, a fin de establecer la fecha
de adquisición del estatus pensional, puesto que no la observa ni en la parte
considerativa ni resolutiva; así mismo se disponga el reajuste de las sumas
reconocidas en virtud del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; y los ajustes de valor
conforme al índice de precios al consumidor - artículo 187 del CPACA-.
17. Por otro lado, a manera de síntesis se tiene que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación
solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, en consideración a
que la parte actora, no cumple con los requisitos contemplados en la Ley 114 de
1913, concretamente, los 20 años de servicios como docente departamental,
distrital, municipal o nacionalizado, y por tanto no tiene derecho a la prestación
reclamada, insistiendo en que a partir del año 1990 la labor docente fue del orden
nacional.
18. Precisó que el a quo omitió dar el valor probatorio correspondiente al certificado
de historia laboral de fecha 25 de febrero de 2016, expedido por la secretaría de
educación del municipio de Santiago de Cali, en el que se establece que la
demandante laboró al servicio de la docencia para dicha entidad desde el 01 de
octubre de 1990 hasta el 10 de agosto de 2014, con tipo de vinculación nacional.
19. Por último, solicita se absuelva a la UGPP en lo atinente a la condena en costas,
indicado que el objeto de dicha figura es la de sancionar a la parte que en razón de
su accionar ha activado el aparato judicial; que dicha condena se impondrá de
conformidad con el ejercicio y desgaste realizado en la respectiva instancia. En ese
orden, sostuvo que el proceso se adelantó con celeridad, que se obró conforme a
derecho en todas las etapas procesales; y que la entidad está adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, y por tanto las condenas y sanciones que le sean
impuestas afectan directamente el erario y a sus contribuyentes.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Con auto de 30 de octubre de 2023, se admitieron los citados recursos de
apelación presentados por las partes.
21. En esta instancia, la actora, guardó silencio.
22. La entidad demandada reiteró que el docente no acreditó los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia, solicitando se revoque la sentencia.
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23. A su turno el Agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación
conceptuó en orden a que se confirme la sentencia, considerando que los
argumentos de la parte actora se ajustan a derecho, siendo acertada la decisión del
tribunal la cual se sustentó en una debida valoración probatoria.
24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
25. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.
26. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso3, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por las partes demandante y demandada en sus escritos
de apelación.
2.3. Del problema jurídico
27. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Nohemy Casas
Peña, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
hacerse acreedor a tal prestación.
28. Debiendo analizarse, además, si la incorporación ocurrida en virtud de la
“departamentalización y municipalización” de la educación, implica que el tiempo
servido a partir de ello, modificó la naturaleza de la vinculación nacional a territorial,
resultando válido el tiempo de servicio docente prestado.
29. De encontrarse que la actora cumple con los requisitos de ley para obtener la
prestación en comento, deberá determinarse si hay lugar ordenar el pago de los
ajustes de las sumas reconocidas, ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y del artículo 187 del CPACA.
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.4.1. La pensión gracia
30. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.
31. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
32. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
33. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
34. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].
35. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:
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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»
36. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»3
37. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20184 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60,
inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
38. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».5
39. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
40. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación
41. Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución
Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual
dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba
previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.
42. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los
bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual
manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.
43. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal
docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla
fuera del texto original)
44. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de
la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.
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45. Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era
que más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar
a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la
asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los
distritos.»
46. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras de «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.
47. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos
a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado
y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»
48. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
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incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
2.5. Actuación administrativa
49. La señora Nohemy Casas Peña, actuando a través de apoderado, radicó el 11
de mayo de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, que a través de la Resolución RDP 034681 de 19
de septiembre de 2016 negó lo peticionado, al considerar que la docente tuvo
vinculación del orden nacional a partir del 02 de octubre de 1990.
50. Inconforme con la precitada decisión, el peticionario interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 003468 de
31 de enero de 2017 expedida por el director de pensiones de la UGPP.
2.6. Caso concreto
51. Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, entre estas, las sentencias de unificación
jurisprudencial previamente descritas, para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión. Debiendo analizarse, además, si tanto el traslado a una
plaza nacionalizada y la incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización
y municipalización” de la educación, implica que el tiempo servido a partir de ello,
modificó la naturaleza de la vinculación nacional a una territorial, resultando válido
el tiempo de servicio docente prestado.
52. De encontrarse acreditadas tales exigencias, se verificará la solicitud de la parte
actora en el escrito de apelación, con miras a determinar si hay lugar a ordenar el
ajuste de las sumas reconocidas por concepto de mesadas retroactivas.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
a. Edad
53. Revisado el expediente, la Sala encuentra acreditado que la señora Nohemy
Casas Peña nació el 14 de marzo de 1955, razón por la cual, el 14 de marzo de
2005 cumplió 50 años de edad.
b. Buena conducta
54. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, se aportó declaración suscrita
por la actora en tal sentido y declaraciones de terceros, sin que se observen
reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa,
por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.
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c. Tiempo de servicio
55. Se rememora que la entidad arguye que no se cumple el requisito de 20 años
de servicio docente territorial o nacionalizado. Para resolver sobre ello, se observan
las siguientes novedades laborales como docente oficial:
• Vinculación con anterioridad a 1980. Desde el 19 de enero de 1973 hasta
el 01 de enero de 1975 (1 año, 11 meses y 13 días)
56. Revisado el expediente, advierte la Sala que este primer tiempo de servicio
prestado por la demandante es de carácter nacional, en cuanto el acto de
nombramiento fue suscrito por el Ministerio de Educación Nacional. Al respecto
reposa acta de posesión de fecha 19 de enero de 1973.
57. La anterior circunstancia no es discutida por la parte demandante, ya que, tanto
en el escrito de demanda como en la sentencia de primera instancia, se advierte
que la designación fue realizada por el Ministerio de Educación Nacional. Por tanto,
dicho periodo no es computable para acreditar los 20 años servicio con el fin de
acceder a la pensión gracia.
• Desde el 14 de febrero de 1978 hasta el 28 de septiembre de 1990 (12
años, 7 meses y 14 días)
58. Revisado el expediente, se observa que el gobernador del departamento de
Cauca en uso de sus facultades legales nombró a la señora Nohemy Casas Peña
a través de la Resolución 0294 de 09 de febrero de 19786, en el colegio Sagrado
Corazón, quien tomó posesión del cargo a partir del 14 de febrero de la misma
anualidad, siéndole aceptada la renuncia a partir del 28 de septiembre de 1990,
mediante el Decreto 0977 de 1990.
59. Para la Sala, resulta claro que la designación durante este período fue de
carácter territorial, dado que, por un lado, el acto fue suscrito por el gobernador
del departamento de Cauca, de manera autónoma, sin intervención alguna del
Ministerio de Educación o delegado de esta cartera y tampoco se indicó en el acto
de designación que actuara por instrucciones de dicho ministerio.
60. Por otro lado, pese a que se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975, mediante
la cual se nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se invoca dicha
normativa, y menos aún se desprende del material probatorio aportado que la plaza
ocupada por la señora Nohemy Casas Peña haya sido de aquellas nacionalizadas,
como tampoco se avizora que los recursos fueran de los asignados para atender el
proceso de nacionalización y que eran administrados por los Fondos Educativos
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Regionales, con sujeción a los planes establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional, conforme lo dispuso el artículo 6 de la ley en mención.
61. De manera que, se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual
se acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
62. En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia a la actora, el tiempo servido como
docente territorial desde el 14 de febrero de 1978 hasta el 28 de septiembre de
1990 (12 años, 7 meses y 14 días).
• Desde el 01 de octubre de 1990 hasta el 10 de agosto de 2014 (23 años,
10 meses y 9 días)
63. Se allegó al plenario la Resolución 12782 del 25 de septiembre de 1990, por
medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional nombró a la señora Nohemy
Casas Peña como profesora de tiempo completo en el área de vocacionales, en la
normal nacional de señoritas de Cali. Obsérvese:
64. Reposa también el plenario, formato único para la expedición de certificado de
historia laboral - secretaria de educación de municipal de Santiago de Cali expedido
el 25 de febrero de 2016, por medio del cual se describen las novedades laborales
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del servicio docente prestado por la señora Casas Peña, dentro de lo que consta
que fue designada con la resolución del Ministerio de Educación ya referida, y
posteriormente mediante Decreto 500 de 21 de octubre de 2003 fue incorporada
hasta el 10 de agosto de 2014.
65. Igualmente se encuentra en el expediente administrativo, certificado de tiempo
de servicios, emitido por la secretaría de educación de Cali de 25 de septiembre de
2009, que desde el 1° de octubre de 1990 la educadora estuvo vinculada en
propiedad en el orden nacional.
66. Ahora bien, respecto a la naturaleza de la vinculación, de la mencionada
Resolución 12782 del 25 de septiembre de 1990 se desprende que fue proferida por
el Ministerio de Educación Nacional, es decir, que la Nación fungió como nominador,
en uso de sus facultades legales, por lo que para la Sala no existe duda alguna
respecto a que este periodo se desarrolló como docente de carácter nacional.
67. Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un docente
«nacional» es el que es nombrado por el Gobierno nacional, a saber:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional».
68. En igual sentido, esta Corporación en reciente sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 sentó la siguiente regla
jurisprudencial:
«Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar la
siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15,
numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»
(Negrilla de la Sala)
69. Sumado a ello, esta Corporación en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997,
citada por el apoderado de la demandante en el escrito de apelación, se señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» 8
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70. Ahora, el a quo precisó que el 22 de abril de 1996 la docente pasó a ser del
orden territorial, toda vez que, en aplicación de la Ley 60 de 1993, se suscribió un
compromiso para que la Nación entregara al departamento de Valle del Cauca los
bienes, el personal y los establecimientos del sector educativo; y de la misma
manera, que en el año 2002 pasó a ser educadora del orden municipal cuando el
municipio de Cali asumió la administración de la educación.
71. De los documentos allegados al expediente, se tiene que la demandante laboró
por más de 38 años; sin embargo, a partir del nombramiento efectuado mediante la
Resolución 12782 de 25 de septiembre de 1990, se presentó una continua
dependencia laboral respecto de la Nación, pues fue nombrada de manera directa
por el Ministerio de Educación y permaneció en ese mismo cargo hasta su retiro el
10 de agosto de 2014; por lo que existe certeza de que el tipo de vinculación es
nacional.
72. Lo anterior se acompasa con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 en su artículo
1.º que dispuso que el personal nacional son los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de los nacionalizados y
territoriales, que son los vinculados por nombramiento de entidad territorial.
73. Ahora, si bien se aduce que con el proceso de descentralización de la educación,
y la creación del sistema general de participaciones, se transfirieron los recursos de
la Nación a los entes territoriales, dicha circunstancia por sí sola no implica un
cambio en la naturaleza del vínculo docente; siendo pertinente señalar que, aunque
con la Ley 60 de 1993 se dispuso la descentralización de ciertas competencias de
la Nación respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º señaló que «el
régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989,
y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otra clase de remuneraciones». (Resaltos de la Sala)
74. Además, la Ley 715 de 2001, en desarrollo de lo anterior, dispuso en el artículo
34 que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad.» Tal como ocurre en el caso de la actora,
cuyo vínculo desde el año 1990, se mantuvo sin solución de continuidad hasta el
año 2014, según da cuenta certificado obrante en el plenario.
75. El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre otras,
en sentencia de 28 de enero de 20217, en la que se indicó:
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-01 (363-
2018). Ver además expediente 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024), C.P Luis Eduardo
Mesa Nieves
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«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca
que (i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales era
el lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que no
mutaba la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba y el
colegio en el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva
designación, tanto es así que no hubo modificación en cuanto al régimen salarial
que le reconocía la Nación.
En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el 10
de febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba sus
servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la incorporación
del departamento de Caldas.
[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado fiscal
que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales como
en este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista en el
plenario prueba en contrario.»8
76. En esa línea de consideraciones, no resulta acertado el análisis del tribunal en
punto a considerar que el vínculo nacional que traía la docente desde el 01 de
octubre de 1990, posteriormente cambió a nacionalizado en razón del proceso de
incorporación del que fue objeto mediante el Decreto 500 del 21 de octubre de 2003,
en tanto, dicha incorporación al tenor las disposiciones ya citadas, tuvieron lugar sin
solución de continuidad, es decir, que conservó la naturaleza de docente nacional
inicial, pues se insiste, la señora Casas Peña laboró de manera continua hasta el
10 de agosto de 2014.
77. Por consiguiente, tal como lo sostiene la entidad en el recurso, no es posible
tener en cuenta para efectos de obtener la pensión gracia, el tiempo servido por la
demandante a partir del año 01 de octubre de 1990 hasta el 10 de agosto de 2014
(23 años, 10 meses y 9 días).
78. En ese orden de ideas, en lo que corresponde al requisito de 20 años de servicio
docente territorial o nacionalizado, estima la Sala que el mismo no se encuentra
acreditado, ya que como se ha expresado, la actora solo acredita la prestación
docente del orden territorial, en un total de 12 años, 7 meses y 14 días, mientras
que el tiempo restante fue del orden nacional.
Carácter de plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada
Nacional 19 de enero de 01 de enero de 1 años, 11 meses y
1973 1975 13 días
Territorial 14 de febrero de 28 de septiembre 12 años, 7 meses y
1978 de 1990 14 días
8 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-
01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
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Demandante: Nohemy Casas Peña
Nacional 01 de octubre de 10 de agosto de 23 años, 10 meses
1990 2014 y 9 días
Total: 38 años, 5 meses y
6 días
79. En esa línea de consideraciones, se impone para la Sala revocar en su
integridad la sentencia dictada por el tribunal en primera instancia, pues, contrario
a lo decidido, la actora no acredita la totalidad de los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia, concretamente, 20 años de servicio docente territorial
o nacionalizada, de manera que no tiene derecho a la prestación reclamada.
80. Por lo anterior, se releva la Sala de resolver lo planteado por la parte actora con
el recurso de apelación, respecto al ajuste de las sumas que habían sido ordenadas
por el tribunal.
2.7. Conclusión
81. En relación con el caso que nos ocupa, la señora Nohemy Casas Peña no
cumplió con el requisito mínimo de haber servido en el magisterio por un término no
menor a 20 años con una vinculación como docente del orden territorial o
nacionalizada; existiendo certeza respecto a la naturaleza de la designación como
docente del orden nacional de aquélla a partir del año 1990, sin que el proceso de
incorporación de que fue objeto, conlleve al cambio en la naturaleza del vínculo legal
y reglamentario inicial.
82. Por lo anterior, esta Sala revocará la decisión dictada en primera instancia por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 29 de junio de 2023, y en su lugar,
se negarán las pretensiones de la demanda.
2.8 Condena en costas en ambas instancias
83. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
84. En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG4, por tanto,
no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas tanto por la parte actora como por la entidad demandada
en defensa jurídica de sus intereses, sin que se avizore una carencia de
fundamento legal.
85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Nohemy Casas Peña
3. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió las pretensiones de la
demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
En su lugar NEGAR las pretensiones deprecadas.
SEGUNDO. Sin condena en costas por lo ya expuesto.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
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