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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00342-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00342-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. 9 Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019) Demandante: Elena Velandia Guillén SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Risaralda. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2015-00342-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social (UGPP1)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación legal
y reglamentaria.

Decisión: Confirma la decisión de primera instancia porque la demandante no
acreditó un mínimo de 20 años de servicios como docente de carácter
territorial o nacionalizado

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de
la sentencia de primera instancia emitida el 31 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La actora ejercitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo la nulidad de las Resoluciones 020573 del 18 de septiembre de 2000 y 9068
del 18 de abril de 2001, por medio de las cuales la entidad demandada le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada el reconocimiento de la prestación incluyendo todos los factores salariales
causados en el año inmediatamente anterior a aquel en el que adquirió el estatus jurídico
de pensionada, junto con la respectiva retroactividad, reajuste e indexación de la primera
mesada pensional y se le condene en costas y agencias en derecho.

1
En adelante UGPP.
2
Índice 45 del Tribunal Administrativo de Risaralda, archivos
2_660012333000201500342001EXPEDIENTEDIGI20211125085116, folios 21 a 34, 44 a 59 (subsana
demanda); y 196 a 197 (reforma de demanda).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

3. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que el 2 de marzo de 2000 solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue negada mediante la Resolución
020573 del 18 de septiembre de 2000, bajo el argumento de no acreditar los 20 años de
servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital. Contra esta
decisión interpuso recurso de reposición, resuelto negativamente mediante la Resolución
09068 del 18 de abril de 2001.

4. Manifestó que no debe considerarse la certificación que indica que ostenta una
vinculación del orden nacional, sino la fecha en la que tomó posesión como docente (16
de febrero de 1976), momento a partir del cual deben aplicarse las normas pertinentes
para el reconocimiento pensional.

Contestación de la demanda3

5. La entidad demandada manifestó su oposición a la prosperidad de las
pretensiones alegando que la parte actora no reúne los requisitos legales necesarios para
obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Sostuvo que los servicios docentes
prestados por la demandante, comprendidos entre el 13 de febrero de 1976 y 16 de enero
de 2015, corresponden al orden nacional, circunstancia que, según su criterio, le impide
acceder a la prestación solicitada.

6. Propuso las excepciones de «falta de agotamiento de la reclamación
administrativa», «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», «buena fe»,
«prescripción» y la «genérica».

Sentencia apelada4

10. El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda
mediante sentencia del 31 de mayo de 2019.

11. La decisión se fundamentó en que la demandante inicialmente fue vinculada como
docente interina en distintos períodos, con el fin de suplir licencias de maternidad por 56
días. Posteriormente, fue nombrada en propiedad como docente por el departamento del
Quindío, desempeñándose entre el 27 de abril de 1973 y el 2 de marzo de 1976, fecha
en la que se le aceptó la renuncia al cargo. Finalmente, fue designada por el Ministerio
de Educación Nacional desde el 13 de febrero de 1976 hasta el 19 de enero de 2015;
este último periodo de servicio no fue considerado válido para contabilizarse en el
reconocimiento de la pensión gracia.

12. Precisó que, aunque la demandante prestó sus servicios docentes oficiales en un
establecimiento educativo del municipio de Pereira, ello no modifica el carácter nacional
de su vinculación. Tampoco podía ser considerada docente nacionalizada, ya que inició
labores el 13 de febrero de 1976 y la naturaleza de su vinculación depende tanto de la
autoridad nominadora como de la plaza ocupada en el INEM Felipe Pérez, que se trata
de una institución perteneciente al orden nacional.

3
Ibidem, folios 189 a 195.
4
Ibidem, archivo 3_660012333000201500342001EXPEDIENTEDIGI20211125085451, folios 157 a 179.
2

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

Recurso de apelación5

13. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia alegando
que en ningún momento ha prestado servicios al Ministerio de Educación Nacional, ni ha
formado parte de su planta de personal y mucho menos ha recibido el pago de salarios o
prestaciones sociales por parte de dicha entidad.

14. Señaló que el certificado de tiempo de servicios y salarios devengados ha inducido
a error tanto a la entidad de previsión como al operador judicial, al sugerir que la docente
mantiene una vinculación nacional realizada por el Ministerio de Educación Nacional
antes del 30 de diciembre de 1980, lo cual no se ajusta a la realidad de los hechos.

15. Manifestó que, conforme a lo establecido en las Leyes 715 de 2001 y 60 de 1993
—que tratan sobre la descentralización del sector educativo—, el Ministerio de Educación
Nacional perdió la facultad de nombrar docentes, función que fue transferida a las
entidades territoriales. Estas últimas son responsables de la administración del personal
docente y de los servicios educativos estatales, por lo que corresponde a los
gobernadores y alcaldes la gestión del servicio educativo dentro de sus respectivas
jurisdicciones.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

16. Mediante auto del 15 de junio de 20236 se admitió el recurso de apelación. Luego,
a través de auto del 16 de noviembre de 20237 se corrió traslado para alegar de
conclusión y se puso el expediente a disposición del Ministerio Público para que rindiera
concepto.

17. Durante esta fase procesal, la entidad demandada8 solicitó la confirmación de la
decisión adoptada en primera instancia arguyendo que se encuentra plenamente
acreditado que la parte actora no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
al no cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la ley.

18. Indicó que la demandante desempeñó funciones como docente en condición de
interinidad por un periodo de 11 meses y 6 días y como docente municipal por 3 años y
5 días, tiempo que resulta insuficiente para acceder a la prestación. Asimismo, respecto
a los servicios prestados entre el 3 de febrero de 1976 y el 19 de enero de 2015, indicó
que corresponden a una vinculación de carácter nacional, por lo que la actora no se
encontraba en situación de inequidad salarial y percibía una asignación proveniente del
tesoro nacional, circunstancia que le impide ser beneficiaria de la pensión.

19. Por su parte, la demandante9, insistió en que los tiempos de servicios laborados a
partir del 16 de febrero de 1976 no tienen la condición de nacionales, en cuanto no hizo
parte de la planta de personal del nivel central del Ministerio de Educación Nacional y la

5
Ibidem, folios 181 a 217.
6
Índice 22 de Samar, archivo 14_660012333000201500342011AUTOQUEADMITE20230622211405.
7
Índice 22 de Samar, archivo 21_660012333000201500342011AUTOQUECORRE20231204121437.
8
Índice 36 de Samai, archivo 23_660012333000201500342014MemorialWeb202312190244.
9
Índice 35 de Samai, archivo 26_660012333000201500342012MemorialWeb202411322154.
3

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

provisión de los recursos para el pago de los salarios y las prestaciones sociales se
realizó a través de recursos del situado fiscal.

20. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. En virtud de lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos
615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

22. Atendiendo a los reparos concretos planteados en el recurso de apelación, la Sala
analizará si, conforme a lo dispuesto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989, así como a la jurisprudencia de esta Corporación, la parte demandante
acreditó el cumplimiento del requisito consistente en haber prestado servicios durante 20
años en la docencia oficial del ámbito territorial y/o nacionalizada, incluso antes del 31 de
diciembre de 1980; o, en su defecto, si se trató de una docente con carácter nacional, lo
que conllevaría a la confirmación de la sentencia impugnada.

Análisis del problema jurídico

23. La demandante fue nombrada docente interina para cubrir licencias de
maternidad en el Departamento de Quindío10, así:

• Por el Decreto 502 del 16 de septiembre de 1970 en el Instituto Calarcá, a partir
del 21 de septiembre de 1970 (56 días).

• Por el Decreto 0420 del 18 de agosto de 1971 en el Instituto Calarcá, a partir del
23 de agosto de 1971 (56 días).

• Por el Decreto 0043 del 8 de febrero de 1972, como maestra seccional urbana del
municipio de Armenia, a partir del 10 de febrero de 1972 (56 días).

• Por el Decreto 0117 del 12 de abril de 1972, como maestra seccional urbana para
el municipio de Armenia, a partir del 17 de abril de 1972 (56 días).

• Por el Decreto 0203 del 12 de junio de 1972, como maestra seccional urbana para
el municipio de Armenia, a partir del 14 de junio de 1972 (56 días).

10
Índice 45 del Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
3_660012333000201500342001EXPEDIENTEDIGI20211125085451, folios 7 a 32.
4

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

• Por el Decreto 0072 del 27 de febrero de 1972, como profesora en el Colegio San
José de Calarcá, a partir del 5 de marzo de 1973 (60 días).

• Por el Decreto 0195 del 27 de abril de 1973 fue confirmada en el cargo de
profesora en el Colegio San José de Calarcá en reemplazo de Gloria Inés Chacón
V.; después, según el Decreto 090 del 10 de marzo de 1976, se le aceptó la
renuncia a partir del 3 de marzo de 1976.

24. La anterior información fue corroborada por la Secretaría de Educación
Departamental del Quindío mediante certificación de fecha 25 de septiembre de 201711,
en respuesta dada al requerimiento judicial realizado en la primera instancia.

25. Así pues, revisados estos actos administrativos de nombramiento, se avizora que
fueron expedidos de manera autónoma por el gobernador del Quindío, en ejercicio de
sus facultades legales como autoridad nominadora en ese ente territorial. No se entrevé
intervención o delegación alguna por parte del Ministerio de Educación Nacional, como
tampoco se certificó la disponibilidad de recursos para la designación por parte de algún
representante de esa cartera ministerial.

26. Este último aspecto es clave para concluir que el nombramiento no fue
nacionalizado, dado que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 10 de la
Ley 43 de 197512, es decir, no se evidenció la previa autorización del Ministerio de
Educación Nacional para que el gobernador pudiera designar a la demandante como
maestra. Mucho menos se mencionó que la plaza a ocupar requiriera recursos
transferidos por el Gobierno Nacional a través de los Fondos Educativos Regionales,
conforme al artículo 6 de la misma norma.

27. Inclusive, las posesiones en interinidad ocurrieron en 1972 y 1973, mientras que
la Ley 43 de 1975 fue sancionada y entró en vigencia el 11 de diciembre de 197513; por
lo tanto, no era posible que la plaza tuviera el carácter nacionalizado, ya que en ese
momento no había comenzado en Colombia la nacionalización de la educación primaria
y secundaria implementada con la mencionada ley.

28. Por lo tanto, en ese momento el nombramiento solo podía ser nacional o
territorial14, ni se observa que después haya sido posteriormente objeto de
nacionalización. En este punto, es relevante señalar que tampoco fue de carácter
nacional, puesto que no se trató de una vinculación por nombramiento del Gobierno
Nacional, tal como lo define el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

11
Ibidem, folios 48 a 49.
12
Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se
redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
13
https://www.camara.gov.co/sites/public_html/leyes_hasta_1991/ley/1975/ley_0043_1975.html
14
Este argumento guarda coherencia con las consideraciones de la Corte Constitucional en sentencia C-
084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989,
precisando que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975,
los docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
5

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

29. De este modo, la Sala considera debidamente demostrado el requisito de la
vinculación como docente territorial (departamental) antes del 31 de diciembre de 1980,
así como acreditado un período de servicios prestados en tal calidad equivalente a 3
años, 9 meses y 9 días.

30. En lo que respecta al segundo período de vinculación docente, consta en el
expediente la Resolución 374 del 11 de febrero de 197615, mediante la cual el ministro de
Educación Nacional, actuando en ejercicio de sus facultades legales y, en particular, de
las conferidas por el Decreto 088 del 22 de enero de 1976, designó a la actora en el cargo
de Profesor II-B de matemáticas en el Instituto Nacional de Educación Media
Diversificada (INEM) de Pereira. La posesión del cargo se realizó el 16 de febrero de
1976, estableciéndose como fecha de ingreso el 13 de febrero del mismo año 16.

31. La información previamente mencionada está consignada en el Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, fechado el 3 de diciembre de
201317. De dicho documento se desprende que la demandante desempeñó funciones en
la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira (Risaralda), ejerciendo el cargo de
docente de secundaria en propiedad, bajo vinculación nacional. Su designación fue
realizada mediante el Decreto 374 del 11 de febrero de 1976, para el INEM Felipe Pérez
de Pereira, labor que desempeñó desde el 16 de febrero de 1976 hasta el 3 de febrero
de 2003, acumulando un total de 26 años, 11 meses y 18 días de servicio. Cabe destacar
que, al momento de la expedición del certificado, la demandante se encontraba aún en
servicio activo.

32. De igual manera, se registraron diversas situaciones administrativas relacionadas
con traslados, detalladas a continuación: traslado al Plantel Educativo Compartir Las
Brisas de Pereira, conforme al Decreto 96 del 4 de febrero de 2003, permaneciendo allí
hasta el 25 de febrero de 2003 (22 días); posteriormente, traslado al Plantel Educativo
Augusto Zuluaga de Pereira, mediante el Decreto 180 del 26 de febrero de 2003, hasta
el 20 de mayo de 2003 (2 meses y 25 días); seguidamente, asignación al Colegio
Suroriental de Pereira a través del Decreto 366 del 21 de mayo de 2003, permaneciendo
hasta el 16 de noviembre de 2011 (8 años, 5 meses y 26 días); finalmente, por medio de
la Resolución 4987 del 16 de noviembre de 2011, traslado al Plantel Educativo Rafael
Uribe Uribe de Pereira.

33. Por medio del Decreto 040 del 16 de enero de 2015, el alcalde del municipio de
Pereira aceptó la renuncia a la demandante al cargo de docente en propiedad en el área
de matemáticas del establecimiento educativo «Escuela Normal Superior» de esa
localidad, notificada a la demandante el 19 de enero de 201518.

34. La Coordinadora del Grupo de Certificaciones del Ministerio de Educación
Nacional19, en respuesta a un requerimiento realizado por la demandante, manifestó:

15
Índice 45 del Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
2_660012333000201500342001EXPEDIENTEDIGI20211125085116, folios 250 a 252.
16
Ibidem, folio 248.
17
Ibidem, archivo 2_660012333000201500342001EXPEDIENTEDIGI20211125085116, folios 18 a 19.
18
Ibidem, folios 307 a 308.
19
Índice 45 del Tribunal Administrativo de Risaralda, archivo
2_660012333000201500342001EXPEDIENTEDIGI20211125085116, folios 253 a 254.
6

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

«(…) 4. En cuanto a la entrega de la planta de personal del departamento de Risaralda y el tipo de
vinculación, se aclara que en virtud del proceso de descentralización contemplado en la Ley 29 de
1989, la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001 y lo establecido en el decreto 5012 de 2009 (compilado
en Decreto 1075 de 2015), el Ministerio de Educación Nacional realizó la entrega de las plantas de
personal a las distintas entidades territoriales, por lo cual no es competente para certificar si un
docente es nacional, si es de orden distrital, municipal o departamental, en tanto que, la hoja de vida
laboral de estos reposa y debe ser custodiada por las Entidades Territoriales, razón por la cual el
Ministerio no puede verificar los distintos nombramientos que ha tenido su trayectoria laboral.

Por tanto, solo será competencia del Ministerio de Educación Nacional, donde haya ejercido la
facultad nominadora.»

35. En este contexto probatorio, la Sala determina que el vínculo docente establecido
mediante la Resolución 374 del 11 de febrero de 1976 posee naturaleza nacional. Esta
conclusión se fundamenta en que el acto administrativo de vinculación fue emitido
directamente por el Ministerio de Educación Nacional, lo que demuestra de manera
inequívoca que se trató de un nombramiento de carácter nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 1º de la Ley 91, el cual establece: «[p]ersonal nacional. Son los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional».

36. Además, se precisa que el Decreto 1962 de 1969 —norma a partir de la cual se
crearon los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada (INEM)— establece
que su funcionamiento, administración y financiación están a cargo del Ministerio de
Educación Nacional. Con fundamento en dicha disposición, esta Sección ha sido clara y
reiterada al señalar que los docentes que prestan sus servicios en esas instituciones
ostentan la condición de personal nacional20.

37. Dicho vínculo se mantuvo de manera ininterrumpida desde la toma de posesión
del cargo el 13 de febrero de 1976 hasta el 19 de enero de 2015, fecha en la que se
notificó el Decreto 040 del 16 de enero de 2015, mediante el cual el alcalde de Pereira
aceptó la renuncia presentada por la actora. Es importante resaltar que, aunque durante
este periodo se registraron situaciones administrativas como traslados a otros
establecimientos educativos dentro del municipio de Pereira, el carácter nacional del
vínculo primigenio se conservó, habida cuenta que no se produjeron interrupciones ni
rupturas en la relación legal y reglamentaria.

38. En el expediente no se encontraron pruebas adicionales que contradigan o refuten
la conclusión de que este periodo fue servido como docente de carácter nacional; por lo
tanto, la Sala no tomará en cuenta este interregno para los efectos de la pensión gracia.
Cabe recordar que en la sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de agosto
de 199721 esta Corporación determinó que los docentes nacionales no son beneficiarios
de la pensión gracia.

20
Cfr. Entre otras providencias, ver las siguientes: I) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia de 22 de mayo de 2025, con radicado 19001 23 33 000 2019 00245 01 (3252-2022), M.P., Juan
Camilo Morales Trujillo, y ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 15 de
febrero de 2024, proferida dentro del expediente 52001 23 33 000 2019 00342 01 (3309-2022), con
ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de
1997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
7

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

39. Por otra parte, la recurrente sostuvo que, como consecuencia de la
descentralización, el Ministerio de Educación Nacional perdió la facultad nominadora, la
cual fue transferida a los departamentos y municipios, quienes asumieron la
administración del personal docente. Ello, para justificar que la naturaleza del vínculo
pudo cambiar a territorial.

40. En respuesta a dicho argumento, esta Subsección ha emitido múltiples
sentencias22 en las que se ha establecido que la descentralización de la educación
implicó la transferencia de la administración del servicio educativo y del personal docente
a las entidades territoriales certificadas en educación. Este proceso se llevó a cabo
inicialmente hacia los entes departamentales, conforme a lo estipulado en la Ley 60 de
1993, y posteriormente hacia los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 715
de 2001.

41. Sin embargo, estas condiciones no provocaron un cambio en la naturaleza de la
vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados antes de dicho proceso,
especialmente para aquellos que mantuvieron su relación legal y reglamentaria sin
interrupción, como es el caso de la actora.

42. Al respecto, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]

43. Igualmente, en los artículos 34 y 38 de la ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad».

44. En consecuencia, bajo el pretexto de la descentralización de la educación no se
pueden eludir estas disposiciones legales. Es fundamental reconocer que las
características de la vinculación con la Administración se establecen en el momento en
que se emite el acto de nombramiento, pues es allí donde se definen las condiciones
jurídicas del cargo a desempeñar y las implicaciones a las que queda sujeto el docente 23.

22
Al respecto, entre otras, ver las siguientes sentencias de la Subsección A: 1) sentencia del 14 de mayo
de 2025, rad. 52001 23 33 000 2017 00335 01 (2307-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 2) sentencia
del 23 de abril de 2025, rad. 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022), C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo; 3) sentencia del 7 de abril de 2025, rad. 25000 23 42 000 2018 02543 01 (3213-2022), C.P. Juan
Camilo Morales Trujillo; 4) sentencia del 6 de marzo de 2025, rad. 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–
2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 5) sentencia del 30 de octubre de 2024, rad. 13001 23 33 000 2019
00262 01 (0534–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 6) sentencia del 21 de agosto de 2024, rad. 50001-
23-33-000-2019-00299-01 (3910-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 7) sentencia del 7 de septiembre
de 2023, radicado: 73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
23
Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B, del 5 de agosto de 2010,
radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-
2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001 23 31 000 2004 02762
01.
8

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

45. De tal suerte que la transferencia de la administración de las plantas de personal
a las entidades territoriales certificadas en educación, así como las competencias
adicionales que les fueron delegadas, no conlleva, al menos en lo que respecta al
reconocimiento de la pensión gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación original
de los docentes.

46. En conclusión, se confirmará la sentencia apelada debido a que la parte
demandante no logró acreditar un mínimo de 20 años de servicios como docente de
carácter territorial o nacionalizado; antes bien, el periodo comprendido entre el 13 de
febrero de 1976 hasta el 19 de enero de 2015 fue servido como docente del nivel
nacional.

Condena en costas en segunda instancia

47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante por cuanto no
prosperaron las peticiones contenidas en el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
9

Radicación: 66001 23 33 000 2015 00342 01 (5029-2019)
Demandante: Elena Velandia Guillén

SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Risaralda.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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