Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00262-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00262-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2019-00262-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024)
Demandante: Humberto Conde Suárez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Proceso de incorporación de personal
docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 31 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 02 que negó las súplicas de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
Humberto Conde Suárez, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la
nulidad del auto ADP 007351 de 31 de mayo de 2016, por medio del cual la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP –, ordenó el archivo de la solicitud de reconocimiento y
pago de una pensión gracia.
Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia
a partir del 21 de noviembre de 2009, junto con el pago de reajuste en los términos
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; así como el ajuste de la condena de
conformidad con el artículo 187 del CPACA; se condene a la UGPP al pago de
intereses moratorios y se dé cumplimiento a la sentencia teniendo en cuenta el
CPACA; y se condene en costas.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534-2024)
Demandante: Humberto Conde Suarez
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El señor Humberto Conde Suárez nació el 19 de septiembre de 1951, razón por la
cual cumplió 50 años el 18 de septiembre de 2001; e indicó que fue vinculado al
servicio docente a través del Decreto 829 del 23 de agosto de 1972 suscrito por el
gobernador de Norte de Santander, en el periodo comprendido desde el 25 de
agosto de 1972 hasta el 18 de mayo de 1979; posteriormente fue nombrado
mediante Resolución 6623 de 29 de mayo de 1981 expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, entre el 22 de junio de 1981 y el 13 de junio de 1996.
Señaló que, el vínculo laboral de carácter nacional, mutó a departamental, toda vez
que con el proceso de descentralización del servicio público educativo iniciado con
la Ley 60 de 1993, el departamento de Bolívar fue certificado por el Ministerio de
Educación Nacional para ser el prestador del servicio de educación según
Resolución 5295 de 15 de noviembre de 1995, por lo que el servicio docente
prestado en el departamento a partir del 14 de junio de 1996 hasta el 26 de agosto
de 2015, fecha del acta de entrega de la administración al departamento, es de
carácter territorial, y por tanto es válido para la pensión gracia.
Relató que el 26 de febrero de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue archivada
en razón a que la entidad había resuelto de manera negativa la misma solicitud
mediante las Resoluciones 4256 del 28 de agosto de 2001, RDP 2736 del 18 de
mayo de 2005, 47149 de 04 de octubre de 2007, y UGM 016160 del 03 de
noviembre de 2011.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así
como las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4
de 1966, 43 de 1975, 24 de 1988, 29 de 1989, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de
1993; y los Decretos 1743 de 1966 y 2277 de 1979. Además de los artículos 19, 34,
36, 40, 41, 42, 66, 67, 68, 69 y 74 del CPACA.
En primer lugar, explicó que el acto administrativo expedido por la entidad
demandada es irregular, toda vez que vulnera el derecho al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política que no solo cobija
actuaciones jurisdiccionales sino también las actuaciones administrativas.
De igual manera, considera que los actos que resolvieron en primera oportunidad la
solicitud, se encuentran falsamente motivados al determinar que la docente prestó
en su mayoría un servicio nacional y no territorial. Aclaró que alcanzó el estatus
pensional por haber prestado servicio docente nacionalizado, departamental y
municipal; al respecto, relató que, si bien tuvo una vinculación del orden nacional,
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ésta cambió al orden territorial con la expedición de la Ley 60 de 1993 y,
específicamente, cuando el departamento de Bolívar asumió la educación en
atención al acuerdo alcanzado con la Nación, momento en el cual fue incorporada
a la planta de personal territorial, completando así el tiempo de labor docente
requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.
1.4. Contestación de la demanda
Luego de presentada la demanda el 13 de mayo de 2019, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, una vez notificada del auto admisorio, presentó escrito con el que
se opuso a la prosperidad de las pretensiones; indicando que el acto acusado se
encuentra debidamente motivado en que no fueron aportados nuevos elementos de
prueba que permitieran adoptar una decisión distinta a la negativa.
Por otra parte, considera que, al declararse la nulidad del auto demandado, se debe
estudiar nuevamente si hay o no derecho a reconocer la pensión gracia. Por lo que
cabe recordar que el docente no cumplió con la totalidad de los requisitos a la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, y además acreditó tiempos del orden
nacional, los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión
gracia.
Finalmente propuso como excepciones, i) prescripción; ii) inexistencia de la causa
petendi y cobro de lo no debido; iii) falta del derecho para pedir; iv) buena fe; v)
cobro de lo no debido; y vi) la genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 31 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las
pretensiones de la demanda.
Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial
que regulan la pensión gracia, analizó la prestación del servicio docente por parte
del señor Humberto Conde Suarez, concluyendo que si bien laboró por más de 20
años lo cierto es que no fue de manera continua en planteles del orden territorial o
nacionalizado, debido a que fue nombrado por el Ministerio de Educación Nacional,
por tanto el tipo de vinculación nacional no le da derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, incluso bajo el proceso de descentralización de la educación
previsto en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.
1.6. Recurso de apelación
A través de apoderado, el demandante presentó recurso de apelación con el que
solicitó revocar la decisión de primera instancia, alegando que, si bien contaba con
una vinculación del orden nacional, a partir del 14 de junio de 1996 esta cambió a
nacionalizada, pues el traslado por permuta se produjo a una plaza del instituto
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nacionalizado, además en atención a la jurisprudencia vigente del Consejo de
Estado se encuentra acreditado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos
para el reconocimiento de la pensión gracia.
En especial, hace énfasis en que el vínculo nacional que traía el actor mutó a
territorial a partir de la descentralización de la educación, debido a la incorporación
docente, y la respectiva entrega de administración de la educación al departamento
de Bolívar, por disposición de la Ley 60 de 1993.
De otro lado, alude que para que se dé la mutación de vínculos no se requiere que
haya nuevos nombramientos. Además, cuestiona la falta de valoración probatoria
por parte del tribunal respecto a la descentralización de la educación, lo que a juicio
del recurrente le impidió a dicha autoridad judicial concluir que a partir de la mentada
descentralización de la educación en el ente territorial, la Nación dejó de ser
prestadora de dicho servicio, como se mencionó, a partir del 14 de junio de 1996,
primero por prestar servicio en una plaza nacionalizada y luego por la
descentralización administrativa; así, los docentes nacionales y nacionalizados que
venían vinculados pasaron a las plantas departamentales y municipales,
respectivamente, mutando así el tipo de vinculación.
Mencionó que no se valoró que el certificado de tiempo de servicios que indica que
el vínculo del actor fue como docente nacional, contiene una falsedad ideológica,
dado que, si bien un tiempo fue como nacional, otro lo fue como nacionalizado,
insistiendo en que el vínculo mutó; y en todo caso, no hubo cambio de régimen
prestacional.
En ese orden, aduce que se desconoció el principio de congruencia, al no analizarse
por el a quo la tesis planteada sobre la mutación del vínculo laboral del docente;
que la sentencia apelada vulnera la Constitución, pues, al no reconocer que la
vinculación mutó a departamental, desconoce el fenómeno de la descentralización;
e igualmente vulnera la Ley 60 de 1993, en vista que, descentralizada la educación,
los entes territoriales dirigen y administran la misma. Agregando que la decisión de
instancia resulta contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre dicho
tópico, y que data del año 1994 (radicado interno 8183), año 2000 (radicado interno
2630-99), y año 2003 (radicado interno 3762-01).
Para finalizar, sostuvo que con la sentencia objeto de alzada, se desatienden las
sentencias de unificación de 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, en la que
se menciona que se requiere de los actos administrativos para establecer si la plaza
ocupada era o no territorial, insistiendo así que, al pasar el docente a una plaza
territorial, luego de la descentralización, entonces su vínculo mutó a territorial. De
igual manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados los salarios
fueron pagados con el situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, y de
acuerdo a ello, la vinculación podría poseer naturaleza territorial o nacionalizada,
mas no nacional.
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1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Con auto de 28 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación.
El apoderado de la UGPP allegó memorial solicitando confirmar la sentencia de
primera instancia, aduce que el servicio docente es del orden nacional, por tanto, el
sustento de lo pedido carece de fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con
los requisitos legales para acceder a tal pensión.
El agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación intervino
insistiendo en el incumplimiento de los requisitos normativos para el reconocimiento
de la pensión gracia conforme al tipo de vinculación.
La parte demandante guardó silencio.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 . Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Humberto Conde
Suárez, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
hacerse acreedor a tal prestación.
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
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nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación
Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución Política
de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran
encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.
En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,
a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.
En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales
o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.
El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les
respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.
[…]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
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consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.
Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas
otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de
educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas
condiciones de los distritos.»
De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.
Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que
trata el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos
docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
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realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio
del cargo. […]»
En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
2.4. Actuación administrativa
El señor Humberto Conde Suárez, actuando a través de apoderado, radicó el 26
de febrero de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que a través de auto ADP 007351 de
31 de mayo de 2016 ordenó el archivo aduciendo que ya había resuelto de fondo
el asunto mediante las Resoluciones 4256 del 28 de agosto de 2001, RDP 2736
del 18 de mayo de 2005, 47149 de 04 de octubre de 2007, y UGM 016160 del 03
de noviembre de 2011. No obstante, en dichos actos reitera el motivo de la negativa
en razón a que el docente acreditó tiempos de servicio del orden nacional a partir
del 22 de junio de 1981.
2.5. Caso concreto
Pasa la Sala a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, principalmente las sentencias de unificación jurisprudencial
previamente descritas, para el reconocimiento de la acreencia pensional en
discusión. Debiendo analizarse, además, si tanto el traslado a una plaza
nacionalizada y la incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización y
municipalización” de la educación, implica que el tiempo servido a partir de ello,
modificó la naturaleza de la vinculación nacional a territorial, resultando válido el
tiempo de servicio docente prestado.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
a. Edad
Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra acreditado que Humberto Conde Suárez nació el 19 de
septiembre de 19517, razón por la cual, el 19 de septiembre de 2001 cumplió 50
7 Copia del registro civil de nacimiento visible en la página 63 01CUADERNO.pdf del expediente
digital que se encuentra en SAMAI.
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años.
b. Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
c. Tiempo de servicio
Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial:
• Vinculación a partir del 25 de agosto de 1972 al 18 de mayo de 1979 (6
años, 8 meses y 23 días)
De la revisión del expediente se observa que, con relación a este periodo se allegó
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral proferido el 13
de octubre de 20158 por la Secretaría de Educación de Norte de Santander, por
medio del cual se describen las novedades laborales de las que fue objeto el servicio
docente del hoy demandante.
8 Página 66 del 01Cuaderno.pdf
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Del anterior nombramiento, el señor Humberto Conde Suarez tomó posesión el 25
de agosto de 1972 según consta en la copia del acta suscrita por la secretaria
general. Véase:
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Se advierte entonces, que conforme a las pautas jurisprudenciales fijadas por la
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189, para acreditar la calidad
de docente territorial o nacionalizado, a falta de actos administrativos donde conste
el vínculo, la respectiva certificación de la autoridad nominadora es válida, por la
cual se tiene acreditado dicha vinculación entre el 25 de agosto de 1972 al 18 de
mayo de 1979; sin que encuentre esta Colegiatura material probatorio que desvirtúe
tal certificación.
En torno a la diferencia existente entre las categorías docentes, se tiene que esta
Corporación en la anteriormente citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18
del 21 de junio de 2018, concluyó:
“Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por
entidades de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que
la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los
gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»
En ese escenario, considera la Sala que la vinculación del señor Humberto Conde
Suárez, fue territorial, pues dicha vinculación provino de la autoridad territorial sin
intervención de la Nación - Ministerio de Educación. Acreditando así el requisito de
una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, lo cual quedó verificado en los
términos antes señalados desde el 25 de agosto de 1972 hasta el 18 de mayo de
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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1979 esto es, por 6 años, 8 meses y 23 días período válido además, para la
sumatoria de los 20 años de servicio docente.
• Desde el 22 de marzo de 1980 al 21 de junio de 1981. (1 año y 3 meses)
Con relación a este periodo, reposa en el expediente administrativo constancia
suscrita por la rectora y la secretaria de la Escuela Normal Superior de la Depresión
Momposina que dan cuenta que el señor Conde Suárez laboró como profesor de
tiempo completo. Veáse10:
Respecto a este tiempo de servicio, resulta indispensable mencionar que, aunque
no fue alegado por la parte actora con la demanda, el tribunal al fallar si lo tuvo en
cuenta, no obstante, consideró que no era viable su inclusión para efectos de la
pensión gracia, en tanto obedecía a un nombramiento del orden nacional;
conclusión que comparte esta Corporación, dado que se trata de una Normal,
aspecto de la sentencia frente al cual en todo caso no se opuso la parte actora.
• Desde el 22 de junio de 1981 al 26 de agosto de 2015-fecha de
expedición del último certificado (34 años, 2 meses y 4 días)
-
Si bien en el expediente no reposa copia de la Resolución 6623 de 29 de mayo de
1981, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional nombró al señor
Humberto Conde Suárez como docente en el municipio de Turbaco, sí se allegó el
10 6-certificado de información laboral causante, expediente administrativo
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Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 26
de agosto de 201512, por medio del cual se precisan las siguientes anotaciones:
Sobre el particular, encuentra esta Colegiatura que, el certificado específica que el
régimen de pensiones del actor era nacional, no obstante, ello per se, no implica
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como lo ha venido afirmando esta Sala en asuntos similares, que el nombramiento
obedezca a esa naturaleza.
Ahora, como se dijo no obra en el plenario la Resolución 6623 de 29 de mayo de
1981, a través de la cual se realizó la designación, que permita establecer el tipo de
nombramiento, el cual inició el 22 de junio de 1981 –cuando tomó posesión del
cargo-, y que ha permanecido hasta por lo menos el 26 de agosto de 2015, cuando
se expidió dicha certificación. Sin embargo, no puede la Sala pasar por alto que, la
parte apelante –demandante-, tampoco desmiente que el nombramiento haya sido
nacional, y por el contrario así lo ha sostenido en el escrito de demanda y en el de
apelación Por tal razón, la Sala dará por sentado que el nombramiento es nacional.
De manera que, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el
personal nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por
nombramiento del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió. En ese orden de
ideas, el periodo antes referenciado no es computable para acreditar los 20 años de
servicio con el fin de acceder a la pensión gracia.
Ahora, en el recurso la parte actora cuestiona la presunta falta de valoración de
material probatorio, alegando en concreto que el a quo no tuvo en cuenta que el
traslado a una plaza nacionalizada y los actos administrativos mediante los cuales
se materializó la descentralización de la educación, y la administración de dicho
servicio se entregó al departamento de Bolívar; todo ello, a su juicio, conllevó a que
mutara a nacionalizado o departamental el vínculo docente que sostenía; a su vez,
arguye que tampoco se realizó una debida valoración del certificado laboral, ya que
se tuvo como tiempo nacional todo el periodo servido, cuando según afirma, una
parte de ese periodo fue departamental, insistiendo que ello se debió al proceso de
incorporación docente y la consecuente administración por parte de los ente
territoriales.
De la misma forma alega que, al no aceptarse por el tribunal de instancia que, el
vínculo laboral docente mutó de nacional a departamental, se desconoce la
Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre otros.
Pues bien, el apoderado del accionante argumentó que en el año de 1996 el docente
pasó a ser del orden territorial, toda vez que, en aplicación de la Ley 60 de 1993, se
suscribió un compromiso para que la Nación entregara al departamento los bienes,
el personal y los establecimientos del sector educativo.
De los documentos allegados al expediente, se observa que el docente Humberto
Conde Suárez laboró por más de 40 años; sin embargo, a partir del nombramiento
efectuado mediante la Resolución 6623 de 29 de mayo de 1981, se presentó una
continua dependencia laboral del demandante respecto de la Nación, pues fue
nombrado de manera directa por el Ministerio de Educación y ha permanecido en
ese mismo cargo hasta por lo menos el 26 de agosto de 2015; por lo que existe
certeza de que el tipo de vinculación es nacional.
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Ahora, si bien con el recurso se aduce que en razón del proceso de
descentralización de la educación, y la creación del sistema general de
participaciones, se transfirieron los recursos de la Nación a los entes territoriales,
dicha circunstancia por sí sola no implica un cambio en la naturaleza del vínculo
docente; siendo pertinente señalar que, aunque con la Ley 60 de 1993 se dispuso
la descentralización de ciertas competencias de la Nación respecto de los entes
territoriales, en su artículo 6.º señaló que «el régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones». (Resaltos de la Sala)
A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal nacional son
los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de
los nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de
entidad territorial.
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente del demandante no se
modificaron a pesar de las novedades descritas previamente, como son el traslado
– permuta y la incorporación a la planta territorial, comoquiera que el nombramiento
inicial se efectuó en 1981 indicando que pertenecía a la nómina nacional, de ahí en
adelante se presentaron situaciones administrativas sin que ello afectara su relación
laboral, pues, como quedó claro, la vinculación de los educadores con la que venían
antes de la designación en una plaza nacionalizada y la incorporación a la planta de
personal docente del departamento de Bolívar se mantuvo incólume al no existir
ruptura del vínculo laboral.
El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre otras, en
sentencia de 28 de enero de 202111:
«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca
que (i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales
era el lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que
no mutaba la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba
y el colegio en el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva
designación, tanto es así que no hubo modificación en cuanto al régimen
salarial que le reconocía la Nación.
En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el
10 de febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba
sus servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-
01 (363-2018).
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incorporación del departamento de Caldas.
[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado
fiscal que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales
como en este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista
en el plenario prueba en contrario.»12
Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento del aquí demandante fue del
orden nacional y que las novedades de las que fue objeto administrativamente no
modificaron dicha naturaleza, es claro que el tiempo de servicio docente desde el
22 de junio de 1981 en adelante es de naturaleza nacional, no cumpliendo con el
requisito de los 20 años de servicios, por lo que se impone confirmar la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones.
2.6. Conclusión
En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados en el
recurso de apelación, pues, no se advierte que se haya dejado de valorar el material
probatorio aportado, sino que, para dicho tribunal, las novedades administrativas
del servicio docente, tales como el traslado por permuta y la descentralización de la
educación en el departamento de Bolívar, no implicaban un cambio en la naturaleza
del vínculo; y en punto al certificado laboral, conforme el análisis antes realizado, no
había lugar a considerar que el actor tuvo un vínculo territorial, pues se insiste, se
mantuvo del orden nacional. Con fundamento en lo antes expuesto, tampoco se
advierte un desconocimiento de la jurisprudencia de esta Corporación ni de la
Constitución.
Así, el demandante no cumple con el requisito de 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado, razón por la cual, la Sala considera que deberá ser
confirmada la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de la referencia.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
12 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-
01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
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argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 02, que negó las
pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
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