República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2017-00613-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizado. Subtema 2: la descentralización en la educación no supone un
cambio en la naturaleza de la plaza. Subtema 3: situaciones administrativas no
afectan la naturaleza de la designación.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida
el 10 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), a través de los cuales se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al considerar que no demostró el
cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en la docencia oficial del orden
departamental, municipal o distrital, toda vez que únicamente laboró 6 meses y 28
días en el departamento de Boyacá.
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que el demandante no acreditó que el servicio docente que prestó
entre el 1 de enero de 1977 y el 5 de mayo de 2010 fuera de naturaleza territorial,
teniendo en cuenta que la descentralización de la educación no supone un cambio en
la naturaleza de la plaza que ocupó.
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Luis Alfonso Díaz Vega, por conducto de apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la UGPP, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho que a continuación se sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 002284 del 5 de marzo de
1999 de la UGPP, mediante la cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación gracia, y de la Resolución 0996 del 13 de marzo de 2002 de la misma
entidad, por medio de la cual se confirmó el acto recurrido.
3. A título de restablecimiento del derecho, pretendió que se ordene a la UGPP:
a) el reconocimiento, pago e inclusión en nómina de la pensión gracia, con la inclusión
de los factores salariales causados en el año inmediatamente anterior a aquel en el
cual adquirió el estatus pensional; b) el ajuste de los valores reconocidos conforme al
índice de precios al consumidor; y c) el pago de las costas procesales y agencias en
derecho.
2.1.2. Hechos
4. El accionante expuso que solicitó, a través de escrito del 10 de agosto de 1998,
el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la Caja Nacional de Previsión Social,
actualmente.
5. Refirió que la accionada, mediante la Resolución 002284 del 5 de marzo de
1999, negó la petición por cuanto no acreditó el cumplimiento del requisito de los 20
años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital,
toda vez que solo laboró 6 meses y 28 días en el departamento de Boyacá, y que los
demás cargos fueron desempeñados mediante designación del Gobierno nacional.
6. Contra el anterior acto administrativo interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la entidad demandada mediante la Resolución 0996 del 13 de marzo de
2000, por medio de la cual se confirmó el acto recurrido.
7. Precisó que se posesionó el 18 de marzo de 1969 y laboró hasta el 5 de mayo
de 2010, según certificación de tiempo de servicios.
8. Sostuvo que fue nombrado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
1 Samai, Tribunal, expediente digital índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «1.
Demanda y anexos», folios 31 al 52.
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Demandada: UGPP
entidad ante la cual se posesionó el 18 de marzo de 1969. Agregó que el
departamento de Boyacá, a través del Situado Fiscal, y el municipio de Tunja,
mediante el Sistema General de Participaciones, fueron los encargados de pagar sus
salarios y prestaciones sociales, con recursos propios de dichas entidades
territoriales, sin que existiera injerencia de la Nación – MEN. Indicó, además, que la
Secretaría de Educación del municipio de Cómbita fue quien aceptó su renuncia.
9. Afirmó que el acto administrativo de nombramiento del MEN no le otorga el
carácter de docente nacional, pues para ello es necesario allegar el acta de posesión,
figurar en la planta de personal del nivel central, certificar la nómina mediante la cual
cancelaba salarios y prestaciones sociales de dicha planta, acreditar la procedencia
de los recursos y aportar el acto administrativo de renuncia al cargo, información que
debía provenir del MEN.
10. Finalmente, adujo que, dado que las certificaciones expedidas por las
secretarías de educación del departamento de Boyacá y del municipio de Cómbita
señalaban que la vinculación fue de carácter nacional, debían vincularse como sujetos
procesales, en calidad de litisconsortes necesarios, al MEN, a la Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá y a la Secretaría de Educación del municipio
de Tunja.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. Identificó como normas y pronunciamientos judiciales desconocidos los
siguientes:
• Constitución Política de 1991, artículos 4, 6, 13, 29, 48, 53, 58, 83, 121, 122,
123 y 230.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 46 de 1973.
• Ley 43 de 1975.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 60 de 1993.
• Ley 100 de 1993.
• Acto Legislativo 1 de 2005.
• Sentencia C-663 del 29 de agosto de 2007 de la Corte Constitucional.
• Sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012 de la Corte Constitucional.
• Sentencia del 22 de enero de 2015 del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, rad. 25000-23-42-000-2012-02017-01 (0775-14).
• Sentencia del 2 de junio de 2016 del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, rad. 25000-23-42-000-2013-00824-01 (2748-14).
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12. Al exponer el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que en el
marco de la normativa citada y de acuerdo con su historia laboral tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, de manera tal que al negarse dicha
prestación se incurrió en los siguientes defectos:
13. «Violación a las normas constitucionales», señaló que el acto administrativo
que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia desconoció la Constitución
Política al infringir los artículos 4, 6, 121, 122 y 123. En consecuencia, argumentó que
la UGPP debe reconocer, liquidar e indexar los valores por concepto de pensión gracia
y demás prestaciones sociales dejados de percibir, de conformidad con las
mencionadas normas, aclarando que las entidades que tienen a su cargo el
reconocimiento de dicha prestación debieron efectuarlo de oficio.
14. «Desconocimiento de los derechos adquiridos», indicó que el acto demandado
vulneró el derecho adquirido y consolidado de la pensión gracia a favor del
demandante.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
15. La UGPP, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda
y expuso lo siguiente2:
16. Manifestó que el demandante pretende hacer valer los tiempos laborados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980; sin embargo, dicha vinculación fue de
carácter nacional, comoquiera que los salarios fueron pagados con recursos
provenientes del Situado Fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, pues, pese
a que laboraba en una entidad territorial, dichos recursos constituyen una fuente
exógena de financiación que provienen de la Nación.
17. Indicó que aun cuando laboró al servicio oficial docente por más de veinte años,
para efectos del reconocimiento pensional solo pueden tenerse en cuenta los tiempos
de servicios prestados antes del 31 de diciembre de 1989. En ese sentido, precisó que
se vinculó desde el 26 de enero al 15 de octubre de 1969 y del 26 de enero de 1977
al 3 de agosto de 1998, sin que para la fecha aludida hubiese completado los veinte
años de servicios, toda vez que solo acreditó doce.
18. Finalmente, señaló que los tiempos laborados con posterioridad no son
susceptibles de ser contabilizados para el reconocimiento pensional, en la medida en
que a partir del 1 de enero de 1990 se unificó el régimen prestacional de los docentes.
En consecuencia, sostuvo que, de una parte, la vinculación no fue como maestro
2 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento
«Contestaciòn demanda y excepciones UGPP».
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nacionalizado y, de otra, desde dicha fecha el régimen es el mismo de los servidores
públicos, siendo procedente una sola pensión (la de jubilación), con lo cual
desapareció la distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, conforme a la
Ley 91 de 1989.
2.2.2. Municipio de Tunja
19. El municipio de Tunja, a través de apoderada, manifestó que como las
peticiones no estaban dirigidas en su contra se abstenía de emitir pronunciamiento.
No obstante, precisó que, en caso de interpretarse en sentido distinto, se oponía a las
pretensiones de la demanda y proponía las siguientes excepciones de mérito3:
20. «Falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio de Tunja».
Señaló que, de acuerdo con el Decreto 2831 de 2005, la aprobación o negación de
una prestación social cuyo titular sea un docente corresponde al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Fiduprevisora S.A., como
administradora de sus recursos. En ese orden, indicó que el municipio de Tunja –
Secretaría de Educación no efectuó el estudio de la prestación ni determinó su
reconocimiento o negativa, por lo que la competencia radica en dicha entidad,
correspondiéndole a la UGPP intervenir como única interesada en la defensa de la
legalidad de las Resoluciones 2284 de 1999 y 0996 de 2000, lo que excluye a la
entidad territorial de cualquier responsabilidad o condena.
21. «Prescripción». Manifestó que, si bien el derecho a la pensión es
imprescriptible, en el evento de prosperar las pretensiones de la demanda solicita la
prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al mes de agosto
de 2014, toda vez que la demanda se radicó el 22 de agosto de 2017. Esto de
conformidad con el artículo 42 del Decreto 3135 de 1968, en concordancia con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y la aplicación analógica del artículo 151 del
CPT, que prevén la prescripción de las prestaciones sociales.
2.2.3. Departamento de Boyacá
22. El departamento de Boyacá, a través de apoderada, señaló que no le asiste
legitimación de la causa por pasiva, por cuanto la entidad encargada de reconocer y
pagar la pensión gracia es la UGPP4.
23. Indicó que no tuvo injerencia en la expedición de los actos administrativos
acusados, por lo que no le asiste responsabilidad para ser vinculado como
demandado dentro del presente proceso. Agregó que, de los hechos expuestos por el
demandante, se advierte que la controversia se presenta entre este y la UGPP, razón
3 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento
«Contestaciòn demanda y excepciones UGPP».
4 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «7.
Contestacion Departamento de Boyaca».
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por la cual no hay lugar a responder por actos expedidos por entidades del orden
nacional.
24. Finalmente, manifestó que, si bien la parte demandante pretende atribuir
responsabilidad al departamento por la expedición de un certificado de salarios, dicho
documento no fue aportado al expediente, razón por la cual no fue posible valorarlo;
aunado a que tampoco fue objeto de la demanda.
2.2.4. Ministerio de Educación Nacional
25. El Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado, señaló que no se
configuran los presupuestos legales para responder ante una eventual condena.
Asimismo, manifestó que sin que implique el reconocimiento y aceptación de la
condición de demandado o litisconsorte necesario, se oponía a las pretensiones de la
demanda y propuso las siguientes excepciones de mérito5:
26. «Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación».
Indicó que dicha legitimación es de resorte exclusivo de la entidad que emitió los actos
administrativos demandados, puesto que es esta la que resulta afectada con los
efectos de su eventual decaimiento. Adicionalmente, sostuvo que el titular del acto
administrativo es una persona jurídica diferente al Ministerio de Educación Nacional,
por lo que una eventual condena en su contra equivaldría a sancionarlo por actos que
no le son legalmente imputables, lo cual implicaría un quebrantamiento del principio
jurídico según el cual todo daño o perjuicio imputable a la conducta de una persona
debe ser reparado por esta. En ese sentido, precisó que dicha responsabilidad no
puede predicarse en el presente caso, dado que la Nación, de la cual el Ministerio de
Educación Nacional hace parte, es una persona jurídica distinta de la UGPP.
27. «Prescripción». Señaló que las acreencias laborales causadas prescriben a los
tres años siguientes a su exigibilidad, conforme al artículo 151 del CPTSS. En ese
orden, señaló que, tratándose de prestaciones de tracto sucesivo, las causadas con
anterioridad a los tres años previos a la presentación de la demanda se encuentran
prescritas, sin que ello implique el reconocimiento expreso o tácito de las pretensiones
formuladas.
28. Finalmente, en cuanto a la excepción «genérica», solicitó que se declare
probada cualquier excepción cuyos supuestos fácticos se encuentren demostrados en
el proceso, de conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.
2.3. Sentencia de primera instancia
29. El Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia el 10 de junio de 2021,
mediante la cual: a) tuvo como probada la excepción de «falta de legitimación en la
5 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «6.
Contestacion Min Educacion».
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causa por pasiva», propuesta por el municipio de Tunja y el Ministerio de Educación
Nacional; b) declaró probadas las excepciones de «inexistencia de la obligación o
cobro de lo no debido» e «inexistencia de vulneración de principios constitucionales y
legales» propuestas por la UGPP; c) denegó las súplicas de la demanda; y d) condenó
en costas a la parte demandante6.
30. Respecto de la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva»,
señaló que, mediante auto del 8 de octubre de 2020, el Consejo de Estado determinó
que el departamento de Boyacá no se encontraba legitimado en la causa por pasiva,
porque de conformidad con el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el
Decreto 081 de 1976, la entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión
gracia es la Caja Nacional de Previsión Social, actualmente la UGPP.
31. Destacó que el anterior argumento fue acogido por el municipio de Tunja y el
Ministerio de Educación Nacional para proponer la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, reiterando que, en caso de prosperar las pretensiones de la
demanda, será la UGPP la entidad encargada del reconocimiento y pago de la
prestación solicitada. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio de Tunja y del Ministerio
de Educación Nacional.
32. Acerca del tiempo de servicio docente, mencionó que el demandante prestó
sus servicios como profesor en la institución Concentración Molinos Almeida del 18
de marzo de 1969 al 15 de octubre de 1969, de acuerdo con el decreto de
nombramiento 153 del 18 de marzo de 1969 y el decreto de renuncia 789 del 16 de
octubre de 1969, vinculación de carácter territorial, para un total de 6 meses y 28 días.
33. En relación con la vinculación comprendida del 26 de enero de 1977 al 4 de
mayo de 2010, en primer lugar, indicó que el accionante prestó sus servicios en el
colegio Gimnasio Santander de Tunja del 26 de enero de 1977 al 4 de febrero de 1979,
de conformidad con la Resolución 717 del 4 de febrero de 1977 del Ministerio de
Educación Nacional, el acta de posesión y las certificaciones de tiempo de servicios
de las secretarías de educación del municipio de Tunja y del departamento de Boyacá.
34. Posteriormente, fue trasladado al colegio Nacional Boyacá, donde prestó sus
servicios del 5 de febrero de 1979 al 22 de noviembre de 2007, según el certificado
de tiempo de servicios de la Secretaría de Educación del municipio de Tunja. A su
vez, fue enviado en comisión a la institución educativa Silvino Rodríguez de Tunja,
donde prestó sus servicios del 23 de noviembre de 2007 al 4 de mayo de 2010,
conforme al certificado de tiempo de servicios de la Secretaría de Educación del
municipio de Tunja.
35. Por último, mediante Decreto 0164 del 27 de abril de 2010 de la Alcaldía Mayor
de Tunja, se aceptó la renuncia del demandante, a partir del 20 de abril de 2010, quien
venía prestando sus servicios en la institución educativa Silvino Rodríguez.
6 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 57, documento «5. Contestacion Municipio de Tunja».
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36. En este sentido, consideró que la vinculación comprendida del 26 de enero de
1977 al 4 de mayo de 2010 es de carácter nacional, al haberse efectuado con ocasión
de un nombramiento del Ministerio de Educación Nacional como profesor de
enseñanza media en el Colegio Gimnasio Santander de Tunja. Si bien el docente
presentó situaciones administrativas de traslado y comisión, la naturaleza de la
vinculación se mantuvo sin interrupción hasta la renuncia del 27 de abril de 2010.
Adicionalmente, aunque la parte demandante pretendió tachar de falso (solicitud que
no prosperó7) el contenido de los certificados expedidos por las secretarías de
educación del municipio de Tunja y del departamento de Boyacá, que señalan que la
vinculación fue nacional, lo cierto es que no aportó prueba que acreditara la condición
de docente territorial; por ello, dicho tiempo no puede tenerse en cuenta para acceder
a la prestación solicitada.
37. Indicó que al no encontrarse acreditado que el demandante reúne el requisito
de haber laborado veinte años al servicio de la educación oficial como docente
territorial o nacionalizado, debía negarse las pretensiones y, en consecuencia,
prosperan las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido»
e «inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales».
38. Finalmente, en atención al artículo 188 del CPACA, condenó en costas a la
parte demandante, conforme a lo previsto en los ordinales 1 y 8 del artículo 365 del
CGP. Asimismo, fijó agencias en derecho, aplicando las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura, en favor de las entidades demandadas,
comoquiera que se negaron las pretensiones de la demanda y se evidenció actividad
procesal por parte de estas.
2.4. Recurso de apelación
39. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, con el fin de que se revoque8. Fundamentó su inconformidad en la valoración
que se hizo de la naturaleza de la vinculación docente del demandante, que considera
es territorial, a partir de los siguientes aspectos:
40. En cuanto a la apertura del incidente de tacha de falsedad, manifestó que,
mediante escrito del 3 de junio de 2021, fue solicitado conforme a los artículos 269,
7 En cuanto a la tacha de falsedad, no fue tramitada en la audiencia de alegaciones juzgamiento, en la que se dictó
las sentencia, por las siguientes razones: «la tacha de falsedad propuesta por el apoderado de la parte demandante
no será tramitada ya que resulta abiertamente improcedente, teniendo en cuenta que la acusación hace referencia
a una falsedad ideológica, en cuyo caso el actor tiene libertad probatoria para desvirtuar el contenido de los
documentos que señala como falsos. Adicionalmente, porque la solicitud de tacha de los documentos no se
presentó por la parte que los suscribió, y porque la solicitud se presentó de manera extemporánea, dado que los
documentos tachados fueron decretados como pruebas en el curso de la audiencia llevada a cabo el 02 de junio,
decisión con la cual estuvo de acuerdo la parte demandante al ser notificado en estrados. Por lo tanto, se rechaza
la tacha de falsedad y se determina que los documentos impugnados conservarán su valor probatorio».
8 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 58, archivo
«26_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_APELACION_RV__PROCESO_(.ZIP) NroActua 58», documento
«Recurso de Apelación sentencia 1 instancia TAB LUIS ALFONSO DIAZ VEGA.pdf».
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270 y 271 del Código General del Proceso (CGP), respecto de los certificados de
tiempos de servicio y salarios proferidos por las secretarías de educación del
departamento de Boyacá y el municipio de Tunja, documentos que la UGPP tuvo en
cuenta para motivar la negativa del reconocimiento y pago de la pensión gracia. Sin
embargo, mediante auto proferido en la audiencia del 10 de junio de 2021, el Tribunal
negó la apertura del incidente en razón a que los documentos tachados de falsedad
presentaban una falsedad ideológica.
41. Contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación, el cual [no] fue
concedido bajo el argumento de que no se encuentra en el listado de las providencias
apelables de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), desconociendo que en materia probatoria
se aplican las normas del CGP y que contra el auto que rechaza de plano y resuelve
un incidente procede el recurso de apelación, por lo cual afirmó que el operador judicial
incurre en presunto delito de prevaricato por acción.
42. Sobre el particular, realizó extensas consideraciones sobre la falsedad material
e ideológica, con el propósito de argumentar que la tacha de falsedad que propuso sí
podía tramitarse.
43. Señaló que el Tribunal no realizó pronunciamiento en la sentencia acerca del
Decreto 954 del 18 de junio de 1996 del gobernador de Boyacá, «por el cual se
incorpora la planta de personal directivo docente, docente y administrativo del
municipio de Tunja a la planta de personal de la Secretaría de Educación de Boyacá»,
acto administrativo en el que se relacionó al demandante como parte de la referida
planta personal, lo que denotaría el carácter territorial de su vinculación docente.
44. Agregó que los certificados de tiempo de servicio y salarios o el formato único
de historia laboral no son documentos claros, conducentes y concluyentes que
demuestren el vínculo laboral, puesto que obra el anterior decreto que da cuenta de
la incorporación de la planta de personal a la entidad territorial.
45. Frente a la naturaleza de la vinculación, sostuvo que no es nacional sino
territorial, por cuanto los certificados de tiempo de servicio y salarios carecen de
veracidad al señalar una vinculación de carácter nacional en razón al nombramiento
efectuado por la Nación – Ministerio de Educación Nacional o a la prestación de
servicios en planteles nacionales, cuando en realidad su vinculación fue de orden
territorial al pertenecer a las plantas de personal del departamento de Boyacá y del
municipio de Tunja hasta la fecha de su retiro definitivo.
46. En ese sentido, indicó que no existe certificado de tiempo de servicios expedido
por el Ministerio de Educación Nacional y que las secretarías de educación del
departamento de Boyacá y del municipio de Tunja usurparon su función al certificar
una vinculación laboral de orden nacional, presentándose el presunto delito de
prevaricato por acción al desconocer el principio de legalidad. Añadió que esta
situación indujo en error a la UGPP y generó la negativa del reconocimiento y pago
de la prestación, pues la administración se basó en dichos certificados.
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Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
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47. Reiteró que el nombramiento efectuado por el Gobierno Nacional – Ministerio
de Educación Nacional o el haber prestado el servicio docente en planteles nacionales
no otorga el vínculo laboral del servidor público. Asimismo, afirmó que los funcionarios
que expidieron los certificados incurrieron en error al desconocer los preceptos
constitucionales, lo que afecta las certificaciones de tiempo de servicio y las
resoluciones emitidas por la UGPP.
48. Finalmente, concluyó que el señor Luis Alfonso Díaz Vega prestó sus servicios
como docente con vinculación del orden territorial, en razón a que laboró para el
departamento de Boyacá y el municipio de Tunja; figuró en la planta de personal y en
la nómina de dichas entidades; recibió de estas salarios y prestaciones sociales, así
como descuentos para salud y pensión; le fue reconocida y pagada pensión de
jubilación; el municipio aceptó su retiro; los recursos que financiaron la prestación del
servicio provinieron del Situado Fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, que
según la jurisprudencia pertenece a la entidades territoriales; y que existió
subordinación, horario y remuneración respecto de estas, configurándose el
denominado contrato realidad.
49. En consecuencia, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia; se
declare la falsedad de los certificados de tiempo de servicio y salarios que indican una
vinculación laboral nacional, así como de la certificación sobre la procedencia de los
recursos; y se ordene a la UGPP el reconocimiento, pago e inclusión en nómina de la
pensión gracia a favor del señor Luis Alfonso Díaz Vega, al considerar que acredita
los requisitos legales.
50. Asimismo, solicitó que se ordene a las secretarías de educación del
departamento de Boyacá y del municipio de Tunja actualizar y expedir el certificado
de tiempo de servicios, en el que conste su vinculación laboral de carácter territorial.
51. Adicionalmente, peticionó el decreto de pruebas de oficio consistentes en
requerir a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al departamento de Boyacá
– Secretaría de Educación y al municipio de Tunja – Secretaría de Educación, para
que certificaran aspectos relacionados con la vinculación laboral del demandante,
tales como su pertenencia a la planta de personal y a la nómina, el pago de salarios y
prestaciones sociales, la procedencia de los recursos, el reconocimiento pensional, la
aceptación del retiro, así como la existencia de subordinación, cumplimiento de horario
y demás elementos propios de una relación laboral.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
2.5.1. Auto del 18 de abril de 2024
52. Por medio de auto del 18 de abril de 20249, se admitió el recurso de apelación
9 Samai, expediente digital, índice 16, documento «11Auto que admite_OK38982021LUISALFONS(.docx)
NroActua 16».
10
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Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: UGPP
interpuesto por el demandante. Además, se ordenó notificar personalmente al
procurador delegado ante esta corporación y a las partes.
2.5.2. Auto del 25 de febrero de 2026
53. Con ocasión de las solicitudes probatorias y la apertura del incidente de tacha
de falsedad, planteadas en el recurso de apelación, mediante auto del 25 de febrero
de 202610, el despacho ponente consideró lo siguiente:
54. En cuanto a la solicitud de pruebas, señaló que algunas habían sido negadas
en primera instancia, sin que la parte demandante interpusiera los recursos
procedentes contra dicha decisión. Además, se indicó que no se demostró que el
demandante hubiera desplegado actividad probatoria orientada a incorporar la
documentación que ahora pretende hacer valer mediante dicha solicitud, ni la
existencia de una circunstancia excepcional que le hubiera impedido allegarlas
oportunamente.
55. No obstante, se estimó indispensable incorporar de oficio únicamente el
Decreto 954 del 18 de junio de 1996, allegado con el recurso de apelación, por cuanto
podría tener relación con la naturaleza del vínculo docente.
56. En relación con la solicitud de tacha de falsedad, consideró que con ella se
pretende reabrir una etapa procesal ya precluida. En efecto, el Tribunal Administrativo
de Boyacá rechazó la tacha promovida por el demandante en la audiencia de
alegaciones y juzgamiento del 10 de junio de 2021. Aunque se interpuso recurso de
apelación, este fue rechazado por el a quo, toda vez que el artículo 243 del CPACA
no prevé la apelación contra el auto que decide la tacha de falsedad. Asimismo, se
recordó que, a diferencia de la falsedad material, la falsedad ideológica o intelectual
no es susceptible de tacha de falsedad; en estos eventos, lo procedente es desvirtuar
el contenido del documento mediante los medios de prueba pertinentes. Por tal razón,
concluyó que la solicitud resulta improcedente, en tanto se dirige a cuestionar lo
afirmado en el documento y no su autenticidad.
57. En consecuencia, se resolvió incorporar como prueba de oficio el Decreto 954
del 18 de junio de 1996; correr traslado de este por el término de tres (3) días; negar
las demás pruebas solicitadas y abstenerse de dar trámite a la solicitud de tacha de
falsedad.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
58. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
10Samai, expediente digital, índice 37, documento «24Autoquedecret_38982021Autosaneayde(.pdf) NroActua
37».
11
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
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Demandada: UGPP
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Cuestión previa - de la solicitud de apertura del incidente de tacha de
falsedad
59. El demandante solicitó la apertura del incidente de tacha de falsedad respecto
de las certificaciones de tiempos de servicio y salarios expedidas por las secretarías
de Educación del departamento de Boyacá y el municipio de Tunja, en las cuales se
indica que la vinculación laboral es de carácter nacional.
60. Sobre el particular, se advierte que el Tribunal, en la audiencia de alegaciones
y juzgamiento, resolvió negar dicha solicitud al considerar que, por un lado, el ataque
al contenido de las certificaciones se refiere a una falsedad ideológica, caso en el cual
el actor cuenta con libertad probatoria para desvirtuar el contenido de los documentos,
mientras que la tacha de falsedad procede únicamente frente a la falsedad material,
cuyo trámite está dirigido a establecer si la prueba documental ha sido irregularmente
alterada o modificada y, por el otro, por haberse presentado de manera extemporánea,
dado que los documentos fueron decretados como pruebas en la audiencia del 2 de
junio de 2021 [de qué año?], decisión que fue aceptada por la parte demandante al
ser notificada en estrados.
61. Aunado a lo anterior, esta corporación, mediante auto del 25 de febrero de
2026, resolvió declarar improcedente dicha solicitud en sede de apelación, al
evidenciar que pretende reabrir una decisión que ya se encuentra ejecutoriada y que,
además, se orienta a controvertir el contenido del documento y no su autenticidad,
aspecto que no se ventila a través de dicha figura procesal.
62. Por lo tanto, lo atinente la improcedencia del trámite incidental por la tacha de
falsedad corresponde a un aspecto de la controversia que ha sido objeto decisión, en
primera y segunda instancia, en las referidas providencias, que se encuentran en
firme, razón por la cual, no resulta válido que a través del recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia se pretenda controvertir lo resuelto en estas.
63. En consecuencia, la Sala se remite a lo allí resuelto, sin que resulte procedente
efectuar un nuevo pronunciamiento en esta oportunidad.
64. Aunado a lo anterior, vale la pena destacar que el fallo controvertido no sustentó
su decisión única y exclusivamente en las certificaciones que señalan que la
vinculación docente del peticionario fue nacional, sino, principalmente, en los actos de
designación respectivos, que como se expuso en el marco teórico de esta decisión,
constituye una de las pruebas más relevantes para establecer la naturaleza de las
plazas respectivas, de manera tal que se procederá a analizar la totalidad de la
documentación que aportó para resolver la presente controversia.
12
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3.3. Problemas jurídicos
65. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia, mediante el cual se negaron a las
pretensiones de la demanda, y debido a la competencia del juez de segunda instancia,
según el artículo 32811 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir
si:
66. ¿El acto mediante el cual se incorporó al demandante a la planta de personal
de la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, modifica la naturaleza de su
vinculación, de nacional a territorial?
67. ¿El demandante acreditó el cumplimiento del requisito de 20 años de servicio
docente con vinculación territorial o nacionalizada que permita el reconocimiento de
la pensión gracia?
68. Antes de resolver los interrogantes planteados se realizarán algunas
consideraciones en torno a la pensión gracia. Seguidamente se destacarán los hechos
que se encuentran probados en el presente trámite.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial. La pensión gracia
69. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 191312,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñaran el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
70. La Ley 116 de 192813 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
71. Posteriormente, la Ley 37 de 193314 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
12 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
13 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
13
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72. Por su parte, la Ley 91 de 198915, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
73. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43
de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1016 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a
su propio presupuesto.
74. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199717,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
16 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
75. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201818,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad y; haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
76. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados19, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal20; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
77. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hubiesen trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con
vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del
orden nacional.
3.5. Hechos probados
• Tiempo de servicios
78. De conformidad con el certificado de tiempo de servicio 0232 del 29 de
septiembre de 2015 de la Alcaldía Mayor de Tunja – Secretaría de Educación21,
mediante el Decreto 153 del 18 de marzo de 1969, el señor Luis Alfonso Díaz Vega
fue nombrado docente de la institución educativa Molinos – Almeda, donde prestó sus
servicios del 18 de marzo de 1969 al 15 de octubre de 1969. A través del Decreto 789
del 16 de octubre de 1969 se aceptó la renuncia.
19 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
20 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
21 Samai, Tribunal, expediente digital índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «1.
Demanda y anexos», folio 18.
16
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79. De lo anterior se advierte que, del 18 de marzo de 1969 al 15 de octubre de
1969, el tiempo laborado fue de 6 meses y 28 días.
80. De acuerdo con la Resolución 717 del 4 de febrero de 197722 y el acta de
posesión 0064 del 4 de marzo de 197723, el Ministerio de Educación Nacional, en uso
de sus atribuciones legales, nombró al peticionario como profesor de tiempo completo
de enseñanza media en el programa de jornadas adicionales del departamento de
Boyacá, en el colegio Gimnasio Santander de Tunja, quien prestó sus servicios en el
anterior plantel, desde el 26 de enero 1977 hasta el 4 de febrero de 1979, conforme
al referido certificado.
81. En virtud del oficio 55 del 5 de febrero de 197924, el Ministerio de Educación
Nacional, trasladó al demandante al Colegio Boyacá como profesor de tiempo
completo en la jornada adicional nocturna, puesto que el mencionado programa
clausuró en la institución educativa Gimnasio Santander. En el Colegio Boyacá el
peticionario prestó sus servicios desde el 5 de febrero de 1979 hasta el 22 de
noviembre de 2007, según la referida certificación.
82. Mediante el Decreto 0466 del 23 de noviembre de 200725, el alcalde mayor de
Tunja, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las
conferidas por las leyes 136 de 1994, ley 715 de 2001 y 1278 de 2002, otorgó comisión
al accionante para desempeñar por encargo el empleo de coordinador en la institución
educativa Silvino Rodríguez, servicios que prestó desde el 23 de noviembre de 2007
hasta el 5 de mayo de 2010, según la referida certificación.
83. Conforme al Decreto 000954 del 18 de junio de 199626, el gobernador del
departamento de Boyacá incorporó el personal directivo docente, docente y
administrativo del municipio de Tunja a la planta de personal de la Secretaría de
Educación de Boyacá. En la relación de los docentes involucrados que efectuó dicho
acto administrativo, se encuentra el señor Luis Alfonso Díaz Vega del Colegio de
Boyacá.
84. De acuerdo con el Decreto 0164 del 27 de abril de 201027 el alcalde mayor de
22 Samai, Tribunal, expediente digital índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «1.
Demanda y anexos», folios 20 al 21.
23 Samai Tribunal, expediente digital índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «1.
Demanda y anexos», folio 22.
24 Samai, Tribunal, expediente digital índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «5.
Contestacion Municipio de Tunja», folio 126.
25 Samai Tribunal, expediente digital índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «5.
Contestacion Municipio de Tunja», folios 42 al 43.
26 Samai Tribunal, expediente digital índice 53, archivo
«20_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_OTROS_RV__PROCESO_(.ZIP) NroActua 53», documento «No
2.pdf».
27 Samai, Tribunal, expediente digital índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «1.
Demanda y anexos», folio 30.
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Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: UGPP
Tunja, en uso de sus facultades constitucionales y legales, aceptó la renuncia del
peticionario al cargo (de la planta global de la Secretaría de Educación Municipal) a
partir del 5 de mayo de 2010.
85. De lo anterior se advierte que, del 26 de enero de 1977 al 5 de mayo de 2010,
el tiempo total laborado fue de 30 años, 9 meses y 27 días.
86. En resumen, a partir de los documentos aportados en el proceso, se acredita
que el demandante prestó el servicio docente durante los siguientes periodos:
Institución Acto Periodo Tiempo
educativa Fecha de Fecha de laborado
inicio finalización
Concentración Decreto 153 del 18/03/1969 15/10/1969 6 meses y 28
Molinos – Almeda 18 de marzo de días
Nombramiento28. 1969.
Renuncia29 Decreto 789 del
16 de octubre de
1969.
Gimnasio Resolución 717 26/01/1977 04/02/1979 2 años y 9 días
Santander del 4 de febrero
Nombramiento de 1977.
Acta de posesión
0064 del 4 de
marzo de 1977.
Colegio de Oficio 55 del 5 de 05/02/1979 22/11/2007 28 años, 9
Boyacá febrero de 1979. meses y 18
Traslado días
Silvino Rodríguez Decreto 0466 del 23/11/2007 05/05/201030 2 años, 5
Comisión. 23 de noviembre meses y 13
Renuncia de 2007 días
Decreto 164 del
27 de abril de
2010.
Total 31 años, 4
tiempo de meses y 25
servicio días
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
28 De acuerdo con lo mencionado por la Alcaldía Mayor de Tunja – Secretaría de Educación en el certificado 0232
del 29 de septiembre de 2015.
29 Ibidem.
30 Se tuvo en cuenta la fecha del certificado de tiempo de servicio 0232 del 29 de septiembre de 2015 de la Alcaldía
Mayor de Tunja – Secretaría de Educación, que también relaciona el Decreto 0164 del 27 de abril de 2010,
mediante al cual se aceptó la renuncia.
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• Actos demandados
87. La UGPP, mediante la Resolución RDP 002284 del 5 de marzo de 199931, negó
al demandante el reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada el 10 de
agosto de 199832, al considerar que el peticionario no demostró el cumplimiento del
requisito de los 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental,
municipal o distrital, toda vez que el peticionario solo laboró 6 meses y 28 días como
docente territorial en el departamento de Boyacá.
88. El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. No
obstante, la UGPP, mediante la Resolución 000996 del 13 de marzo de 200033
confirmó totalmente el acto recurrido.
3.6. Caso concreto
3.6.1. Del Decreto 954 del 18 de junio de 1996
89. Uno de los motivos de inconformidad de la parte accionante frente a lo decidido
por el Tribunal radica en que este no realizó pronunciamiento alguno respecto del
Decreto 954 del 18 de junio de 1996 «por el cual se incorpora la planta de personal
directivo docente, docente y administrativo del municipio de Tunja a la planta de
personal de la Secretaría de Educación de Boyacá», el demandante sostiene que la
vinculación objeto de discusión se efectuó a partir de una designación del Ministerio de
Educación Nacional, luego con ocasión de la incorporación del personal directivo
docente, docente y administrativo del municipio de Tunja a la planta de personal de la
Secretaría de Educación de Boyacá, su vinculación pasó a ser del orden territorial.
90. Frente a esta postura, es preciso señalar que no es la primera vez que este
argumento se plantea ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, por lo que
esta Sección ha precisado que situaciones como la invocada por el demandante, que
está relacionada con la descentralización del servicio educativo no implicó un cambio
en la naturaleza inicial de los nombramientos realizados, razón por la cual no es de
recibo invocar tal circunstancia para sostener que una designación de carácter nacional
mutó en departamental, distrital o municipal, con el fin de obtener el reconocimiento de
la pensión gracia.
91. Sobre el particular, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
en sentencia proferida el 24 de julio de 202534 señaló:
31 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «1.
Demanda y anexos», folios 3 al 10.
32 Fecha mencionada por el subdiretor general de prestaciones econômicas de la Caja Nacional de Previsión Social
en la Resolución 002284 del 5 de marzo de 1999. Ver: pie de página 33.
33 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 46, archivo
«13ED_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201761300NYR(.ZIP) NroActua 46», documento «1.
Demanda y anexos», folios 11 al 17.
34 Rad. 76001-23-33-000-2020-00953 01 (6509-2024), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Sobre el particular
también pueden apreciarse las siguientes sentencias: 1) del 14 de mayo de 2025, rad. 52001 23 33 000 2017
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Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: UGPP
En respuesta a dicho argumento, esta Subsección ha emitido múltiples
sentencias en las que se ha establecido que la descentralización de la educación
implicó la transferencia de la administración del servicio educativo y del personal
docente a las entidades territoriales certificadas en educación. Este proceso se
llevó a cabo inicialmente hacia los entes departamentales, conforme a lo
estipulado en la Ley 60 de 1993, y posteriormente hacia los municipios, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001. Sin embargo, estas condiciones
no provocaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los
educadores que habían sido nombrados antes de dicho proceso, especialmente
para aquellos que mantuvieron su relación legal y reglamentaria sin interrupción,
como es el caso del actor.
Al respecto, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:
[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley
91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]
36. Igualmente, en los artículos 34 y 38 de la ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que
fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin
solución de continuidad».
37. En consecuencia, bajo el pretexto de la descentralización de la educación no
se pueden eludir estas disposiciones legales. Es fundamental reconocer que las
características de la vinculación con la Administración se establecen en el
momento en que se emite el acto de nombramiento, pues es allí donde se definen
las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar y las implicaciones a las que
queda sujeto el docente. En este sentido, la transferencia de la administración
de las plantas de personal a las entidades territoriales certificadas en educación,
así como las competencias adicionales que les fueron delegadas, no conlleva, al
menos en lo que respecta al reconocimiento de la pensión gracia, un cambio en
la naturaleza de la vinculación original de los docentes.
Aunado a lo expuesto, no puede perderse de vista que, en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018, el Consejo de Estado elucidó
el procedimiento para acreditar el tipo de vinculación docente. Se destacó que el
traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales no implica, de manera
automática, la modificación del vínculo de nacional a territorial.
00335 01 (2307-2019), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 2) del 23 de abril de 2025, rad. 73001 23 33 000 2019
00127 01 (5447-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 3) del 7 de abril de 2025, rad. 25000 23 42 000 2018
02543 01 (3213-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 4) del 6 de marzo de 2025, rad. 76001 23 33 000 2019
01072 01 (6210–2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 5) del 30 de octubre de 2024, rad. 13001 23 33 000 2019
00262 01 (0534–2024), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 6) del 21 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-2019-
00299-01 (3910-2023), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 7) del 7 de septiembre de 2023, rad. 73001-23-33-000-
2019-00120-01 (1887-2022), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: UGPP
39. Puestas de este modo las cosas, se puede concluir que las condiciones de
la vinculación nacional del demandante permanecieron inalteradas, dado que el
nombramiento realizado por el Ministerio de Educación —a través de la
Resolución 5524 del 15 de julio de 1977— se mantuvo intacto hasta su retiro en
2014. Esto se debe a que no hubo solución de continuidad durante la vigencia
de dicha relación legal y reglamentaria. Por lo tanto, este interregno no es válido
para el reconocimiento de la pensión gracia debido a su carácter nacional.
92. En el mismo sentido, esta Subsección, en sentencia del 6 de marzo de 202435
precisó lo siguiente:
Ahora bien, el recurrente alegó que con la descentralización de la educación dejó
de ser un maestro nacional y con ello pasó a conformar parte de la planta de
personal del departamento de Boyacá y el municipio de Duitama; al respecto,
debe decirse que la descentralización de la educación no conllevó a que las
distintas clases de maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia,
todos hayan adquirido el carácter de territoriales.
En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan
con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de
1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es
diferente a la incorporación.
De acuerdo con lo expuesto, está decantado por esta corporación que el proceso
de descentralización de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de
las distintas categorías de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y
mucho menos que los nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se
vieran afectados por tal proceso, dado que el acto de nominación es uno solo y
no varía en razón de las particularidades de un proceso que tuvo por finalidad
reorganizar la administración del servicio de educación oficial.
93. A la luz de los anteriores criterios, reiterados de manera pacífica por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el tiempo laborado por el señor Luis Alfonso Díaz
Vega desde 1977 hasta 2010 es de carácter nacional, en virtud de la designación
efectuada por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 717 del
4 de febrero de 1977, sin que dicha naturaleza se haya modificado con ocasión del
proceso de descentralización del servicio educativo.
94. Asimismo, debe precisar la Sala que con ocasión del proceso de
descentralización de la educación las entidades territoriales cobraron un papel
protagónico en la prestación del servicio, motivo por el cual buena parte de las
decisiones administrativas están en cabeza de ellas, de manera tal que del hecho de
que en el caso del demandante su traslado o incorporación a distintas instituciones, la
aceptación de su renuncia, el pago de los distintos emolumentos, entre otras
35 Rad. 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021), M.P. César Palomino Cortés.
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Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: UGPP
decisiones, hayan participado autoridades territoriales o estuvieran involucrados
recursos transferidos a estas, no significa que la vinculación que permitió su ingreso
al Magisterio se transformara, pues, se insiste, es a partir del acto de designación que
debe establecerse la naturaleza del vínculo, en este caso nacional, debido a que fue
realizado por el MEN.
95. En consecuencia, las condiciones de la vinculación docente del demandante
no se modificaron, comoquiera que el último nombramiento del que fue destinatario
se efectuó mediante acto expedido por el Ministerio de Educación Nacional.
3.6.2. De la vinculación docente del 26 de enero de 1977 al 20 de mayo de 2010
96. Se advierte que la inconformidad de la parte demandante frente a lo decidido
por el Tribunal radica en que considera que su vinculación docente, entre el 26 de
enero de 1977 y el 20 de mayo de 2010, fue de carácter territorial.
97. No obstante, del examen del expediente se constata que no obran las
certificaciones de tiempo de servicios y salarios expedidas por las Secretarías de
Educación del departamento de Boyacá y del municipio de Tunja a las que alude la
parte demandante; la única certificación allegada fue proferida el 29 de septiembre de
2015 por la Secretaría de Educación de Tunja, en la cual se indica que las
vinculaciones del actor fueron de orden nacional, incluida la correspondiente a la
Resolución 717 del 4 de febrero de 1977 del Ministerio de Educación Nacional, que
inició, según el acta de posesión, el 26 de enero de 1977 y finalizó el 5 de mayo de
2010.
98. De otra parte, se recuerda que para la prueba de la calidad del docente
territorial, conforme se indicó en el fallo de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de
2018, en principio «se requiere copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
99. Exigencia que, en el caso concreto, se satisface con la Resolución 717 del 4 de
febrero de 1977 y el acta de posesión 0064 del 4 de marzo de 1977, documentos que
dan cuenta del nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, en
uso de sus atribuciones legales, lo que permite establecer la naturaleza nacional de
la vinculación, en especial, cuando no se evidencian elementos adicionales que
permitan acreditar lo contrario.
100. Aunado a lo anterior, las situaciones administrativas como el traslado, la
comisión y la incorporación que se registran en relación con el accionante no alteran
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Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: UGPP
la naturaleza del vínculo que permitió su ingreso al Magisterio, como lo ha precisado
de forma reiterada esta corporación36.
101. En ese orden de ideas, las pruebas aportadas permiten concluir que el único
tiempo de servicio de carácter territorial corresponde al periodo comprendido entre el
18 de marzo de 1969 y el 15 de octubre de 1969, equivalente a 6 meses y 28 días, el
cual resulta insuficiente para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
3.6.3. Conclusión
102. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración integral de las
pruebas recaudadas en el proceso, se concluye que al señor Luis Alfonso Díaz Vega
no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, por cuanto no
acreditó el requisito de 20 años de servicio docente con vinculación de carácter
territorial o nacionalizada.
3.7. De la condena en costas
103. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
104. Bajo el anterior razonamiento, se considera necesario revocar la condena en
costas impuesta a la parte accionante en la sentencia de primera instancia. Asimismo,
no es pertinente imponer dicha condena por la actuación en segunda instancia.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp.
19001233300020210021401 (2289-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-02 (3898-2021)
Demandante: Luis Alfonso Díaz Vega
Demandada: UGPP
105. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, salvo la condena en costas a la parte accionante, que se revoca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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