RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2019-00277-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00277-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00277-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. En su lugar NEGAR las pretensiones deprecadas. SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante - parte vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2019-00277-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Proceso de incorporación de personal
docente no cambia la naturaleza del vínculo. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Revocar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones
2.
La señora María Amparo Velasco Meneses, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 044859 de 30 de
noviembre de 2016, RDP 013523 de 30 de marzo de 2017 y ADP 002765 de 11 de
abril de 2017, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió negativamente un recurso
de apelación, respectivamente.

3.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia a partir del 14 de agosto de 2014, el pago del reajuste en los
términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; el ajuste de la condena de
conformidad con el artículo 187 del CPACA; el pago de intereses moratorios, el
cumplimiento a la sentencia de conformidad con el CPACA; y se condene en costas.

4.
De otro lado, manifestó que nació el 14 de febrero de 1951, razón por la cual

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

cumplió 50 años el 13 de febrero de 2001; y que prestó servicios como docente de
la siguiente manera: i) a través del Decreto 281 del 29 de febrero de 1972 suscrito
por el gobernador del departamento de Nariño, desde el 29 de febrero de 1972 hasta
el 29 de diciembre de 1973; y mediante Resolución 4696 del 16 de julio de 1975
emanada del Ministerio de Educación Nacional, desde el 16 de julio de 1975 hasta
el 13 de junio de 1996.

5.
Señaló que, el vínculo laboral de carácter nacional, mutó a departamental,
toda vez que con el proceso de descentralización del servicio público educativo
iniciado con la Ley 60 de 1993, el departamento de Bolívar fue certificado por el
Ministerio de Educación Nacional para ser el prestador del servicio de educación
según Resolución 5295 de 15 de noviembre de 1995, por lo que el servicio docente
servido en dicho ente territorial a partir del acta de entrega de la administración a
este (14 de junio de 1996), es de carácter territorial, y por tanto es válido para la
pensión gracia.

6.
Relató que el 21 de julio de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos hoy demandados.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
7.
Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53,
287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así como las Leyes 39 de 1903, 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 24 de 1988,
29 de 1989, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993; y los Decretos 1743 de 1966 y
2277 de 1979.

8.
Explicó que la UGPP expidió los actos administrativos con falsa motivación e
infringió las normas en que debía fundarse al determinar que la docente prestó en
su mayoría un servicio nacional y no territorial.

9.
Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio docente
nacionalizado y territorial; sosteniendo que si bien tuvo una vinculación del orden
nacional, esta cambió al orden territorial con la expedición de la Ley 60 de 1993 y,
específicamente, cuando el departamento de Bolívar asumió la educación en
atención al acuerdo alcanzado con la Nación, momento en el cual fue incorporada
a la planta de personal territorial, completando así el tiempo de servicio requerido
para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.

1.3. Contestación de la demanda
10.
Luego de presentada la demanda el 21 de mayo de 2019 y admitida el 24 de
julio de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, una vez notificada,
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sostuvo que la actora no acreditó la
totalidad de los requisitos para acceder a la pensión gracia a la entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989 y que, además, los tiempos de servicio posteriores a 1994
corresponden al orden nacional, por lo que no podían computarse para el
reconocimiento de la prestación reclamada.

11.
Propuso como excepciones: i) prescripción; ii) inexistencia de la causa
petendi; iii) falta del derecho para pedir; iv) buena fe; v) cobro de lo no debido; y vi)
genérica.

1.4. Sentencia de primera instancia
12.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 26 de marzo de
2021, accedió a las pretensiones, estimando que cumplió los requisitos de ley. Así,
puntualmente, frente al tiempo de servicios encontró acreditados dos periodos: i)
del 29 de febrero de 1972 al 29 de diciembre de 1973, en virtud del Decreto 281 de
1972, como vínculo territorial; y ii) del 16 de junio de 1975 al 14 de noviembre de
2015, respecto del cual, aunque una certificación lo calificaba como nacional,
concluyó que no todo el tiempo tenía esa naturaleza, pues mediante Resolución
5295 de 1995 el Ministerio de Educación Nacional certificó que el Departamento de
Bolívar cumplía los requisitos para asumir la administración directa de los recursos
del situado fiscal y la prestación del servicio educativo.

13.
Con base en ello, sostuvo que los servicios prestados a partir del 15 de junio
de 1996 tenían carácter territorial, de modo que podían computarse para la pensión
gracia; de manera que contabilizados en su totalidad los periodos arriba señalados,
acreditaba los 20 años de servicios. Y agregó que el hecho de que los salarios
provinieran del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional no era suficiente
para calificar el vínculo como nacional, pues lo relevante era la naturaleza del
nombramiento y la administración del servicio educativo.

14.
Finalmente, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó reconocer
la pensión gracia desde el 14 de agosto de 2014, fecha en que, según el Tribunal,
adquirió el estatus pensional, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior.

1.5. Recursos de apelación
15.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP interpuso recurso
de apelación con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia. Sostuvo
que no se encontraban acreditados los presupuestos para el reconocimiento de la
pensión gracia, en tanto la demandante no demostró una vinculación válida anterior
al 31 de diciembre de 1980 ni para los tiempos posteriores. Indicó que las pruebas
obrantes en el expediente dan cuenta de una vinculación de carácter nacional, en
particular: i) la certificación de historia laboral de 4 de noviembre de 2015 expedida
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

por la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, en la que se señaló que
la actora fue nombrada mediante acto administrativo 4696 de 16 de julio de 1975 y
pertenece al régimen nacional; ii) la certificación de 1.º de agosto de 2002 suscrita
por el Coordinador de Talento Humano de la misma entidad, en la que se indicó que
se desempeñó como docente desde el 14 de junio de 1996 con vinculación de
carácter nacional; y iii) acto administrativo de nombramiento, en el que se precisó
que la vinculación se efectuó con el Ministerio de Educación Nacional.

16.
Asimismo, señaló que el Tribunal no exigió los actos administrativos
necesarios para acreditar el vínculo en los términos de la jurisprudencia ni valoró
las inconsistencias de las certificaciones allegadas; agregó que no se cumplían los
requisitos a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989. Finalmente, se opuso a la
condena en costas al considerar que no existía prueba de causación de expensas
y que la entidad actuó en ejercicio legítimo de su derecho de defensa, dentro de una
controversia jurídica, por lo que no se acreditaba conducta temeraria o dilatoria.

17.
Por su parte, la demandante interpuso recurso de apelación con el fin de
que se adicione la sentencia; ello, en orden a que en la parte resolutiva se indique
expresamente que el derecho a la pensión gracia se consolidó el 14 de agosto de
2014, conforme a lo señalado en la parte motiva del fallo, y que se ordene el
reconocimiento de los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
aspecto este último frente al que el a quo omitió pronunciarse en desconocimiento
del principio de congruencia.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
18.
Mediante autos de 1.º de junio de 2022 y 13 de abril de 2026, se admitieron los
recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la demandada
respectivamente, contra la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.

19.
En esta instancia, el Ministerio Público allegó memorial con el que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que la demandante
cumplió los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. Asimismo, indicó
que no resultaba procedente el reconocimiento de los reajustes del artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, por no ser aplicables a este régimen especial.

20.
En esta oportunidad la parte actora y la entidad demandada guardaron
silencio.

21.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
1. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso3, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, ambas
partes -demandante y demandada- presentaron recurso de alzada, cuestionándose
la totalidad de la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

2.2 Del problema jurídico
3. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María
Amparo del Carmen Velasco Meneses, tiene derecho al reconocimiento y pago de
una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20
años de servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no
acredita las exigencias para hacerse acreedora a tal prestación.

4. Debiendo analizarse, además, si la incorporación ocurrida en virtud de la
“departamentalización y municipalización” de la educación, implica que el tiempo
servido a partir de ello, modificó la naturaleza de la vinculación nacional a territorial,
resultando válido el tiempo de servicio docente prestado.

5. De encontrarse que la actora cumple con los requisitos de ley para obtener
la prestación en comento, deberá determinarse si hay lugar ordenar el pago de los
ajustes de las sumas reconocidas, ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

2.3 Normativa y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
6. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.

7. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
[…]
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

8. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales4.

9. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20185 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.

4 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de

1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

10. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la
plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado
fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

11. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 20226 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

12. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación

13. Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución
Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual
dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

14. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería
los bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual
manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

15. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.

16. Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era
que más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior a 100.000
habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del Ministerio de Educación
Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del
servicio de educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas
condiciones de los distritos.»

17. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la
educación del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles
municipal, departamental y nacional» y en aras de «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

18. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las
entidades territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la
educación en sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió
expresamente a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y
38. Tales normas disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo 37 de
esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y administrativos de los
planteles educativos, de los departamentos, distritos y municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin
solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de
las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del Sistema General
de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»

19. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo
consigo dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el
personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal
adoptadas conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que
los docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación
que ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

2.4 Caso concreto
20. La señora María Amparo Velasco Meneses, actuando a través de apoderado,
radicó el 21 de julio de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión
gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual a través de la
Resolución RDP 044859 de 30 de noviembre de 2016 negó lo peticionado, al
considerar que la docente tuvo vinculación del orden nacional a partir del 16 de julio
de 1975.

21. Inconforme con la precitada decisión, el peticionario interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 013523 de
30 de marzo de 2017 expedida por el director de pensiones de la UGPP.

22. Luego, mediante Auto ADP 002765 de 11 de abril de 2017, la UGPP resolvió
una solicitud de pronunciamiento presentada por la parte actora y señaló que no
existían nuevos elementos de juicio que permitieran variar lo decidido en las
Resoluciones RDP 044859 de 30 de noviembre de 2016 y RDP 013523 de 30 de
marzo de 2017. En consecuencia, se abstuvo a lo allí resuelto y precisó que no
había lugar a pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de reconocimiento de la
pensión de jubilación gracia.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

23. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden
a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

24. Edad y buena conducta. Sea lo primero indicar que tal aspecto no fue objeto
de cuestionamiento con la alzada; en todo caso está probado que la actora nació el
14 de febrero de 19517, razón por la cual, el 14 de febrero de 2001 cumplió 50 años
de edad. Y frente al requisito de buena conducta, se entiende cumplido pues no
obra prueba alguna que evidencie lo contrario.

25. Vinculación del demandante y tiempo de servicios. Ahora bien, se observan
las siguientes novedades laborales como docente oficial, aspecto sobre el cual
centra la entidad el recurso de apelación.

• Desde el 7 de marzo de 1972 hasta el 29 de diciembre de 1973 (1 año, 9
meses y 22 días)
26. Revisado el expediente, se observa copia del Decreto 281 de 29 de febrero
de 1972, expedido por el gobernador del departamento de Nariño, mediante el cual
se nombró a la señora María Amparo Velasco Meneses como directora de la
Escuela Rural Mixta de El Palmar; y también se aporta acta de posesión de 7 de
marzo de 1972.

27. Así mismo, se encuentra el Decreto 1415 de 31 de octubre de 1973, expedido
por el gobernador del departamento de Nariño, por medio del cual se nombró
interinamente a la señora Velasco Meneses como maestra del departamento y se
le destinó como seccional de la Escuela Rural Mixta de El Bermejal, municipio de
Buesaco, en reemplazo de José Emilio Morillo, a quien se le concedió licencia por
el término de sesenta (60) días a partir del 29 de octubre de 1973.

28. En igual sentido, obra certificado de información laboral expedido por la
Gobernación de Nariño el 28 de diciembre de 2015, en el cual se registran dos
periodos de vinculación de la demandante con la Secretaría de Educación
departamental, así: i) del 29 de febrero de 1972 al 30 de octubre de 1973; y ii) del
31 de octubre de 1973 al 29 de diciembre de 1973. No obstante, se advierte que el
Decreto 1415 de 1973 dispuso el nombramiento interino a partir del 29 de octubre
de 19738. Asimismo, se indicó que durante dichos periodos efectuó aportes a la
Caja de Previsión Social de Nariño.

7 Copia del registro civil de nacimiento y de la cedula de ciudadanía visible en el expediente digital

que se encuentra en SAMAI.
8 Reiterado en el acta de posesión del cargo

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

29. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la vinculación, resulta relevante
destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, precisó que
antes de la nacionalización de la educación oficial dispuesta mediante la Ley 43 de
1975 existían únicamente dos categorías de docentes oficiales: i) nacionales,
vinculados directamente al Ministerio de Educación Nacional; y ii) territoriales,
vinculados laboralmente a los departamentos.

30. Asimismo, esta Corporación ha señalado que el carácter territorial de la
vinculación debe analizarse, inicialmente, a partir de los actos de nombramiento y
de la autoridad que efectuó la designación. En el presente caso, se observa que los
actos administrativos relacionados con la vinculación de la demandante fueron
expedidos por el gobernador del departamento de Nariño, quien actuó como
autoridad nominadora territorial, primero, para nombrarla como directora de la
Escuela Rural Mixta de El Palmar y, posteriormente, para proveer de manera
interina una vacancia temporal derivada de la licencia concedida al docente titular,
sin que se advierta intervención o delegación de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, por lo que no hay lugar a considerar este tiempo como nacional como lo
expone la entidad en el recurso.

31. Ahora bien, es pertinente destacar que las designaciones en interinidad
resultan válidas para efectos de obtener la prestación en comento, como así lo ha
sostenido de manera pacífica la jurisprudencia de esta Subsección9, dado que no
resulta relevante la forma en la que fue provisto el empleo docente, esto es, si lo fue
en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria o interina; máxime que la
interinidad corresponde a otros tipos de vinculación al servicio público y se ha venido
entendiendo por esta Sección como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio de
educación.

32. Así mismo, el tiempo servido en el cargo de directora de la Escuela Rural
Mixta de El Palmar resulta computable para efectos de la pensión gracia, pues esta
Corporación ha reconocido que los cargos directivos docentes comportan el
ejercicio de la actividad docente y, por ende, pueden ser tenidos en cuenta para
acceder a dicha prestación.

33. En consecuencia, está probado que la actora prestó servicios como docente
territorial desde el 7 de marzo de 1972 hasta el 29 de diciembre de 1973 (1 año,
9 meses y 22 días), y se encuentra satisfecho el requisito de acreditar una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014). Sentencia de 30 de julio
de 2015.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

-Desde el 16 de julio de 1975 hasta el 04 de noviembre de 2015 (40 años, 3
meses y 19 días)

34. Si bien en el proceso no se observa copia del acto de nombramiento, sí se
anexó Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral,
expedido por la Secretaría de Educación departamental de Bolívar el 04 de
noviembre de 2015, en el cual se señala que la demandante fue nombrada como
docente en propiedad, mediante Resolución 4696 de 16 de julio de 1975. Ahora si
bien, en los certificados de historia laboral aportados al proceso se consigna que se
trató de una docente con un régimen de pensiones nacional, dichas clasificación es
ajena a la naturaleza del vínculo, pues esta se establece a partir del acto de
nombramiento y de la entidad territorial que efectuó la designación, de manera que
no tiene incidencia alguna.

35. Igualmente, se encuentra en el expediente administrativo certificación
expedida por el rector y el secretario del Colegio Nacional Pinillos de Mompóx, de
fecha 29 de julio de 2002 en la que se hace constar que la demandante se
desempeñó en ese plantel como profesora de tiempo completo desde el 16 de julio
de 1975, nombrada mediante Resolución 4696 del año 1975, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional.

36. Lo anterior no se encuentra en discusión, pues, a pesar de no haberse
aportado al proceso copia del acto de nombramiento o del acta de posesión, en el
escrito de la demanda se precisó que la señora María Amparo del Carmen Velasco
Meneses fue nombrada como docente de educación básica en el municipio de
Mompox mediante Resolución 4696 de 16 de julio de 1975, emanada del Ministerio
de Educación Nacional; no obstante, la entidad demandada cuestiona que el tribunal
hubiera otorgado carácter territorial a los tiempos posteriores, al considerar que no
se acreditó una nueva vinculación de esa naturaleza y que el proceso de
descentralización de la educación no implicó, por sí mismo, la mutación del vínculo
nacional.

37. Pues bien, en efecto obra en el plenario la Resolución 5295 de 15 de
noviembre de 1995, mediante la cual se otorgó la certificación de cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993 al departamento
de Bolívar para asumir la prestación directa del servicio educativo; así como el acta
de formalización de la entrega y recibo de los bienes inmuebles destinados a la
prestación de dicho servicio por parte de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional.

38. La Sala no desconoce la existencia del proceso de nacionalización de la
educación, como tampoco los distintos procesos de incorporación que se realizaron
a nivel nacional y del cual fue objeto la actora; sin embargo, ello no permite concluir
que el vínculo nacional que traía la demandante desde 1975 hubiera mutado a

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

territorial, pues no se advierte la existencia de un nuevo nombramiento efectuado
por una entidad territorial o nacionalizada.

39. Debe resaltarse que, no existe duda en torno a que la designación realizada
a la actora mediante la Resolución No. 4696 del 16 de julio de 1975 proferida por el
Ministerio de Educación, fue del orden nacional, y que además este aspecto no fue
discutido por aquélla, pues así lo afirma en la demanda. Véase entonces, que a
partir de dicha designación se presentó una continua dependencia laboral de la
señora Velasco Meneses respecto de la Nación, pues fue nombrada de manera
directa por el Ministerio de Educación y ha permanecido en ese mismo cargo hasta
por lo menos 04 de noviembre de 2015 -fecha de ultimo certificado y tomada por
el a quo-, sin que durante este lapso se advierta interrupción alguna en el vínculo, y
la existencia de un nuevo nombramiento del orden territorial o nacionalizado.

40. Así, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el
personal nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por
designación del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió. En ese orden de
ideas, el período antes referenciado, no es computable para acreditar los 20 años
de servicio con el fin de acceder a la pensión gracia.

41. De manera que las condiciones de la vinculación de la demandante no se
modificaron a pesar de la incorporación a la planta territorial, comoquiera que, se
insiste, el último nombramiento del que fue objeto se efectuó en el año 1975, en el
orden nacional; de ahí en adelante se presentaron situaciones administrativas de
ascenso sin que ello afectara su relación laboral, pues, como quedó claro, la
vinculación de los educadores con la que venían antes de la designación en una
plaza nacionalizada y la incorporación a la planta de personal docente del
departamento de Bolívar se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo
laboral.

42. De tal forma que, tienen vocación de prosperidad los argumentos expuestos
por la entidad demandada en el recurso de apelación, pues, ténganse en cuenta
que el proceso de descentralización mencionado y el de incorporación, en modo
alguno tenían incidencia en la naturaleza de la designación inicial, tesis que ha
venido reiterando esta Sala de Decisión en asuntos de contornos fácticos
similares10, máxime cuando si bien la Ley 60 de 1993 dispuso la descentralización
de ciertas competencias de la Nación respecto de los entes territoriales, en su
artículo 6.º señaló que «el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el

10 Ver sentencias de fecha 20 de marzo de 2025, expedientes 13001 23 33 000 2019 00263 01
(3155–2023), 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones».
(Resaltos de la Sala)

43. Además, la Ley 715 de 2001, en desarrollo de lo anterior, dispuso en el
artículo 34 que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad.» Tal como ocurre en el caso de la
actora, cuyo vinculo desde el año 1975, se mantuvo sin solución de continuidad
hasta por lo menos el año 2015, como da cuenta el plenario.

44. Esta Corporación, al resolver asuntos de contornos fácticos y jurídicos
similares, entre otras, en sentencia de 28 de enero de 202111 señaló:

«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca que
(i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales era el
lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que no mutaba
la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba y el colegio en
el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva designación, tanto
es así que no hubo modificación en cuanto al régimen salarial que le reconocía la
Nación.

En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el 10 de
febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba sus
servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la incorporación
del departamento de Caldas.
[…]

Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado fiscal
que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales como en
este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista en el plenario
prueba en contrario.»12

45. Por tanto, no resulta acertado el análisis del Tribunal al considerar que los
servicios prestados con posterioridad al 15 de junio de 1996 podían computarse
como territoriales para efectos de la pensión gracia.

46. En ese orden de ideas, en lo que corresponde al requisito de 20 años de
servicio docente territorial o nacionalizado, estima la Sala que el mismo no se
encuentra acreditado, ya que la actora solo acredita como tiempo territorial el
comprendido entre el 29 de febrero de 1972 y el 29 de diciembre de 1973, mientras
que el tiempo restante corresponde a una vinculación del orden nacional.

11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-
01 (363-2018). Ver además expediente 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024).
12 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-

01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

47. En consecuencia, se impone revocar la sentencia de primera instancia, pues,
contrario a lo decidido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la actora no acredita
la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia,
concretamente, 20 años de servicio docente territorial o nacionalizado.

48. Por lo anterior, se releva la Sala de resolver los reparos formulados por la
parte demandante en su recurso de apelación, dirigidos a que se adicionara la
sentencia de primera instancia en el sentido de precisar la fecha de consolidación
del derecho pensional y ordenar el reconocimiento de los reajustes previstos en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, toda vez que la demandante no acreditó los
requisitos para acceder a la pensión gracia.

a. Conclusión
81. En relación con el caso que nos ocupa, la señora María Amparo del Carmen
Velasco Meneses no cumplió con el requisito mínimo de haber servido en el
magisterio por un término no menor a 20 años con una vinculación como docente
del orden territorial o nacionalizada; existiendo certeza respecto a la naturaleza de
la designación como docente del orden nacional de aquélla a partir del año 1975,
sin que el proceso de incorporación de que fue objeto, conlleve al cambio en la
naturaleza del vínculo legal y reglamentario inicial.

82. Por lo anterior, esta Sala revocará la decisión dictada en primera instancia por
el Tribunal Administrativo de Bolívar el 26 de marzo de 2021, y en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda.

2.8 Condena en costas en ambas instancias
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00277 01 (1758–2022)
Demandante: María Amparo del Carmen Velasco Meneses

51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se impondrán costas en las dos instancias a la parte
demandante -parte vencida-, por cuanto la sentencia de primera instancia será
revocada en su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar.
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió las pretensiones de la demanda; de
acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

En su lugar NEGAR las pretensiones deprecadas.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante -
parte vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.