RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2019-00447-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00447-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00447-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral A, que negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación. TERCERO. Reconocer personería jurídica al abogado OMAR ANDRES VITERI DUARTE para actuar como apoderado de la entidad demandada. A su vez, téngase por revocado tácitamente el citado mandato, en virtud del nuevo poder conferido por la entidad al abogado EDGAR JOSE POLANCO PEREIRA. CUARTO: Reconocer personería jurídica al abogado EDGAR JOSE POLANCO PEREIRA para actuar como apoderado de la UGPP; y a su vez, se le acepta la renuncia a dicho mandato, todo ello en consideración a los memoriales allegados vía correo electrónico y que se encuentran visibles en el expediente digital disponible en SAMAI. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00447-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Proceso de incorporación de personal
docente no cambia la naturaleza del vínculo. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 25 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico – Sala de Decisión Oral A, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La señora Donatila Ruhss Mejía, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad del Auto ADP 002636 del 03 de abril de 2017 por medio del cual
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, se negó a emitir nuevamente un
pronunciamiento respecto el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago de la

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
pensión gracia a partir del 10 de diciembre de 2013, ii) el pago del reajuste en los
términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) el ajuste de la condena de
conformidad con el artículo 187 del CPACA; iv) el pago de intereses moratorios, v)
el cumplimiento a la sentencia de conformidad con el CPACA; y se condene en
costas.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora Donatila Ruhss Mejía nació el 05 de febrero de 1950, razón por la cual
cumplió 50 años el 05 de febrero del 2000. Indicó que prestó servicios como docente
de la siguiente manera:

• En la escuela urbana de varones en el municipio de Sincelejo por orden del
Decreto No. 00571 del 11 de septiembre de 1973, suscrito por el gobernador
de Sucre, desde el 14 de septiembre de 1970 hasta el 04 de febrero de 1973.

• Mediante la Resolución No. 7823 del 27 de mayo de 1983, emanada del
Ministerio de Educación Nacional, desde el 16 de junio de 1983 hasta el 18
de julio de 1985 en el municipio de Lorica. Posteriormente, fue trasladada a
través de la Resolución 9459 del 21 de junio de 1985 al municipio de Soledad
en el departamento del Atlántico en donde laboró desde el 18 de julio de 1985
hasta el 29 de abril de 1996.

5. Señaló, que el vínculo de naturaleza nacional mutó a departamental con ocasión
del proceso de descentralización de la educación iniciado con la Ley 60 de 1993,
pues el departamento del Atlántico fue certificado por medio de Resolución 4660 de
12 de octubre de 1995 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, para ser
el administrador de la educación territorial a partir del 30 de abril de 1996, fecha en
la cual la hoy demandante pasó a ser docente departamental.

6. Posterior a ello, con la expedición de la Ley 115 de 2001, el vínculo mutó de
departamental a municipal toda vez que el municipio de Soledad fue certificado por
el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 2752 de 3 de
diciembre de 2002 para ser el administrador de la educación en el territorio. Así,
precisó que el vínculo territorial permaneció vigente desde el 30 de abril de 1996
hasta el 7 de julio de 2015.

7. Relató que el 07 de diciembre de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, siendo resuelta con
el acto hoy demandado.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

8. Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, así como las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 715 de
2001, 1437 de 2011; y los Decretos 1743 de 1966, 2277 de 1979 y 001233 de 2002.

9. Explicó que la entidad demandada expidió los actos administrativos con falsa
motivación e infracción de las normas en que debía fundarse, por cuanto se
determinó erróneamente que la docente prestó en su mayoría un servicio nacional
y no territorial.

10. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio docente
nacionalizado y territorial con subtipo tanto departamental como municipal;
sosteniendo que si bien tuvo una vinculación del orden nacional, esta cambió al
orden territorial con la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 2001,
específicamente, cuando el departamento del Atlántico, y, posteriormente, el
municipio de Soledad, asumieron la administración de la educación territorial en
atención a los acuerdos alcanzados con la Nación, momento en el cual fue
incorporada a la planta de personal de las entidades territoriales, completando así
el tiempo de labor docente requerido para la pensión gracia en atención a la Ley
114 de 1913.

1.4. Contestación de la demanda

11. Luego de presentada la demanda el 16 de julio de 2019 y admitida el 21 de
octubre de 2021, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, a través de apoderado presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad
de las pretensiones; adujo que el acto administrativo fue expedido conforme a
derecho, resaltando que la solicitud inicial fue resuelta de fondo a través de las
Resoluciones RDP 35076 de 1 de agosto de 2013, RDP 39468 de 27 de agosto y
RDP 043754, todas ellas del año 2013, dejando claro que la demandante no tiene
derecho a la pensión gracia, pues no logró acreditar 20 años de servicio docente
territorial o nacionalizada, pues el desempeño de su labor fue como docente
nacional, por lo que no es posible acceder a lo deprecado.

1.5. Sentencia de primera instancia

12. Con fallo de 25 de abril de 2022 el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala
de Decisión Oral A, negó las pretensiones de la demanda.

13. Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y
jurisprudencial que regula la pensión gracia y el proceso de descentralización de la
educación en Colombia por cuenta de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, llegó a
la conclusión que la vinculación nacional de la señora Donatila Ruhss Mejía se
mantuvo a pesar de las certificaciones que el Ministerio de Educación Nacional
otorgó al departamento de Atlántico y al municipio de Soledad para administrar la
educación territorial, ya que no existen nombramientos que puedan modificar el
ingreso al empleo. Así entonces, no logró demostrarse el cumplimiento de uno de
los requisitos exigidos por el legislador, como lo es el tiempo de servicio mínimo de
20 años en la educación territorial o nacionalizada.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía

14. Finalmente, estimó que no se causaron las costas, en la medida que no se
comprobó su causación tal y como lo exige el artículo 365 del Código General del
Proceso.

1.6. Recurso de apelación2

15. A través de apoderado, la señora Donatila Ruhss Mejía presentó recurso de
apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, alegando que
no se realizó un análisis constitucional o legal sobre la descentralización de la
educación, toda vez que, si bien contaba con una vinculación del orden nacional,
esta mutó a territorial en razón de la incorporación docente, y la respectiva entrega
de administración de la educación al departamento del Atlántico el 30 de abril de
1996 y al municipio de Soledad desde el 30 de diciembre de 2002, por disposición
de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001. Agregó que, para que se configure la
mutación de vínculos no se requiere que haya nuevos nombramientos.

16. Cuestionó la falta de valoración probatoria por parte del tribunal respecto a la
descentralización de la educación, lo que a juicio de la recurrente le impidió a dicha
autoridad judicial concluir que a partir de la mentada descentralización de la
educación en el ente territorial, la Nación dejó de ser prestadora de dicho servicio,
como se mencionó, desde el 30 de abril de 1996 por la descentralización
administrativa; así, los docentes nacionales y nacionalizados que venían vinculados
pasaron a las plantas departamentales y municipales, respectivamente, mutando
así el tipo de vinculación.

17. Alega que el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria pues, el
certificado de 27 de octubre de 2016, al indicar que la vinculación de la docente es
nacional por el tiempo comprendido desde 16 de junio de 1983 hasta el 7 de julio
de 2015 (fecha de retiro), contiene una falsedad ideológica parcial, ello por cuanto
estima que solo es nacional el periodo transcurrido entre el 16 de junio de 1983
hasta el 29 de abril de 1996; no obstante, la labor desarrollada a partir del 30 de
abril de 1996, fecha de ejecución del proceso de descentralización en el
Departamento del Atlántico, no lo es, dado que dicho vínculo mutó a departamental
– Atlántico, momento para el que laboraba en el municipio de Soledad. Y afirma que
luego, el vínculo departamental mutó a municipal a partir del 30 de diciembre de
2002, dado que el municipio de Soledad, fue certificado y el Departamento del
Atlántico le entregó la educación según decreto de incorporación de fecha 30 de
diciembre de 2002.

18. En ese orden, adujo que se desconoció el principio de congruencia al no
analizarse por el a quo la tesis planteada sobre la mutación del vínculo laboral de la
docente; que la sentencia apelada vulnera la Constitución, pues, al no reconocer
que la vinculación mutó a departamental y luego a municipal, se desconoció el
fenómeno de la descentralización e igualmente vulnero la Ley 60 de 1993, en vista

2 014. RECURSO DE APELACIÓN - DONATILA RUSH.pdf

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
que, descentralizada la educación, los entes territoriales dirigen y administran la
misma. Además, la sentencia recurrida estimó que resulta contraria a la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre dicho tópico, y que datan de los años
1994 (radicado interno 8183), 2000 (radicado interno 2630-99), y 2003 (radicado
interno 3762-01), entre otras.

19. Para finalizar, sostuvo que con la sentencia objeto de alzada, se desatienden
las sentencias de unificación de 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, en las
que se menciona que se requiere de los actos administrativos para establecer si la
plaza ocupada era o no territorial, insistiendo así que, al pasar la docente a una
plaza territorial, luego de la descentralización, entonces su vínculo mutó a territorial.

20. De igual manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados los
salarios provenían del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, y de
acuerdo con ello la vinculación podría poseer naturaleza territorial o nacionalizada,
más no nacional.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

21. Con auto de 28 de noviembre de 2023, se admitió el recurso presentado por la
parte actora.

22. En esta oportunidad la UGPP, por intermedio de apoderado, allegó escrito en el
que reiteró los argumentos del escrito de contestación de la demanda y, en
consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia en su totalidad.

23. Por su parte, la demandante y el Agente delegado del Ministerio Publico
ante esta Corporación guardaron silencio.

24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.

26. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita
a lo expuesto por la parte demandante en su escrito de apelación.

2.2. Del problema jurídico

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía

27. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Donatila Ruhss
Mejía, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
hacerse acreedora a tal prestación.

28. Debiendo analizarse, además, si la incorporación ocurrida en virtud de la
“departamentalización y municipalización” de la educación, implica que el tiempo
servido a partir de ello, modificó la naturaleza de la vinculación nacional a territorial,
resultando válido el tiempo de servicio docente prestado.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

29. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.

30. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

31. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

32. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

33. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera
de texto].

34. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la nación. […]»

35. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4

36. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20185 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60,
inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

37. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6

38. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

39. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación

40. Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución
Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual
dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba
previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

41. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los
bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual
manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

42. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará
el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]»
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

43. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de
la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.

44. Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era
que más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar
a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la
asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de
los distritos.»

45. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras de «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.

46. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas
financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará
por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal
actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
[…]»

47. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

2.4. Actuación administrativa

48. La señora Donatila Ruhss Mejía, actuando a través de apoderado, radicó el 07
de diciembre de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y esta última a través del Auto ADP
002636 de 03 de abril de 2017 aclaró que anteriormente la entidad mediante las
Resoluciones 19519 del 13 de agosto de 2001, 7020 de 08 de octubre de 2002,
8627 de 30 de septiembre de 2004, RDP 35076 del 01 de agosto de 2013, 39468
del 27 de agosto de 2013 y RDP 043754 de 20 de septiembre de 2013, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, y resolvió los recursos de reposición
y apelación respectivamente. Y destacó:

“Que analizado lo anterior, se puede establecer que el motivo que esta Entidad a
(sic) sostenido en varias ocasiones para negar el reconocimiento de la pensión
de jubilación gracia deprecada, es que la interesada prestó sus servicios en el
orden NACIONAL.
Que resulta importante resaltar que lo anterior se puede corroborar tanto en los
certificados de información laboral obrantes en el expediente como en el
certificado de información laboral de fecha 27 de octubre de 2016 proferido por la
secretaría de Educación del municipio de Soledad, y el cual establece que los
servicios docentes prestados por la interesada fueron del orden NACIONAL.”

49. En atención a lo anterior, estimó que la solicitud inicial, análoga a la presente,
ya fue resuelta de fondo y de manera integral a través de las resoluciones
anteriormente enunciadas, las cuales se encuentran en firme, sin que advirtiera
nuevos elementos probatorios que hicieran variar la decisión inicial.

2.5. Caso concreto

50. Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión, especialmente si acredita los 20 años de servicio como
docente del orden territorial y/o nacionalizado.

51. Debiendo analizarse además, si tanto el traslado a una plaza nacionalizada y la
incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización y municipalización” de
la educación, conlleva a la modificación de la naturaleza de la vinculación nacional
a una territorial, resultando válido el tiempo de servicio docente prestado.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

52. Revisado el expediente, la Sala encuentra acreditado que la señora Donatila
Ruhss Mejía nació el 05 de febrero de 19507, razón por la cual, el 05 de febrero de
2000 cumplió 50 años.

b. Buena conducta

53. En cuanto al desempeño del ejercicio docente con honradez y buena conducta,
se aportó declaración suscrita por la actora8 en tal sentido, sin que se observen
reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa,
por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

c. Tiempo de servicio

54. Se rememora que el tribunal en la sentencia recurrida concluyó que no se
cumple el requisito de 20 años de servicio docente territorial o nacionalizado, lo cual
no comparte la parte actora y motiva la alzada.

55. Para resolver sobre ello, se observan las siguientes novedades laborales como
docente oficial:

• Vinculación con anterioridad a 31 de diciembre de 1980. Desde el 14 de
septiembre de 1970 hasta el 04 de febrero de 1973 (2 años, 4 meses y 21
días)

56. Revisado el expediente, se observa que el gobernador del departamento de
Sucre en uso de sus facultades legales nombró a la señora Donatila Ruhss Mejía a
través del Decreto 00571 de 11 de septiembre de 19709, como maestra de la
escuela urbana de varones del municipio de Sucre, quien tomó posesión del cargo
a partir del 14 de septiembre de 1970.

7 Página 125 EXP. 2019-00447-00 JR .pdf
8 Página 134 EXP. 2019-00447-00 JR .pdf
9 Página 132 EXP. 2019-00447-00 JR .pdf

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía

57. Así mismo, se aporta certificado de tiempo de servicio de fecha 10 de octubre
de 201610, en el cual se deja constancia de que la demandante laboró durante el
periodo en cita.

58. Para la Sala resulta claro que la docente tuvo un vínculo durante este periodo
de carácter territorial, pues el acto de nombramiento fue expedido por el
gobernador de Sucre, sin que se haya dejado constancia de que se actuara por
instrucciones del Ministerio de Educación, tampoco se encuentra prueba alguna que
permita establecer que se trató de una plaza del orden nacional. Además, tampoco
podría considerarse un nombramiento nacionalizado, en tanto para la fecha de
expedición del acto en comento, aún no se había proferido la Ley 43 de 1975.

59. De manera que, se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual
se acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», siendo pertinente rememorar
que la Corte Constitucional, en sentencia C–084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989 precisó

10 Página 127 EXP. 2019-00447-00 JR.pdf

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley 43
de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii)
territoriales.

60. En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia en estudio, el tiempo servido como
docente territorial, teniendo como límite temporal el señalado en el certificado de
tiempos de servicios – gobernación de Sucre previamente referenciado, y el acta de
posesión que reposa en el expediente digital11, esto es desde el 14 de septiembre
de 1970 hasta el 04 de febrero de 1973, es decir, 2 años, 4 meses y 21 días.

• Desde el 16 de junio de 1983 hasta el 02 de julio de 2015 (32 años y 16
días)

61. Si bien en el proceso no se observa copia del acto de nombramiento, sí se anexó
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral - secretaría de
educación de Soledad de fecha 27 de octubre de 201612, en el cual se señala que
la señora Donatila Ruhss Mejía fue nombrada a través de la Resolución 7823 de 27
de mayo de 1983.

62. En cuanto a la naturaleza de la vinculación, del mismo certificado se sustrae que
el tipo de vinculación era nacional.

63. La anterior no se encuentra en discusión, pues a pesar de no haber allegado
copia del acto de nombramiento o del acto de posesión, en el escrito de la demanda
se precisó que la señora Donatila Ruhss Mejía fue nombrada como docente en el
municipio de Lorica mediante Resolución No. 7823 del 27 de mayo de 1983
emanada del Ministerio de Educación Nacional, por tanto, es claro que el
nombramiento reseñado es de naturaleza nacional; no obstante, la parte actora
cuestiona con el recurso la presunta falta de valoración del material probatorio,
alegando en concreto que el a quo no tuvo en cuenta que el traslado a una plaza
territorial y los actos administrativos mediante los cuales se materializó la
descentralización de la educación, y la entrega de la administración de dicho
servicio al departamento de Atlántico, a su juicio, conllevó a que mutara a territorial
el vínculo docente que sostenía; a su vez, arguye que tampoco se realizó una debida
valoración del certificado laboral, ya que se tuvo como tiempo nacional todo el
tiempo servido, cuando según afirma, una parte de ese período fue territorial,
insistiendo que ello se debió al proceso de incorporación docente y la consecuente
administración por parte de los entes territoriales.

64. De la misma forma arguye que al no aceptarse por el tribunal de instancia que,
el vínculo laboral docente mutó de nacional a territorial, se desconoce la
Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre otros.

11 Pg 109 EXP. 2019-00447-00 JR .pdf
12 Pgs 128 y 129 EXP. 2019-00447-00 JR .pdf

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
65. Pues bien, en efecto obra en el plenario la Resolución 4660 de 12 de octubre de
1995, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional otorgó la certificación de
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993,
por parte del departamento de Atlántico, para asumir la prestación directa del
servicio de educación; y el Decreto 001233 de 2002, suscrito por la alcaldía
municipal de Soledad por medio del cual se incorporó a la señora Ruhss Mejía en
la planta de personal del ente territorial13.

66. La Sala no desconoce la existencia del proceso de nacionalización de la
educación, como tampoco los distintos procesos de incorporación que se realizaron
a nivel nacional y del cual fue objeto la actora; sin embargo, se estima que el
argumento del recurso en cuanto a que el vínculo que traía aquélla como nacional
mutó a territorial, no tiene vocación de prosperidad como pasa a explicarse.

67. A partir del nombramiento efectuado mediante la citada Resolución No. 7823
del 27 de mayo de 1983, se presentó una continua dependencia laboral de la señora
Donatila Ruhss Mejía respecto de la Nación, pues fue nombrada de manera directa
por el Ministerio de Educación y ha permanecido en ese mismo cargo hasta el 02
de julio de 2015, sin que durante este lapso se advierta interrupción alguna en el
vínculo, y la existencia de un nuevo nombramiento del orden territorial o
nacionalizado.

68. Así, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el personal
nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por designación del
Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió. En ese orden de ideas, el período
antes referenciado, no es computable para acreditar los 20 años de servicio con el
fin de acceder a la pensión gracia.

69. De manera que las condiciones de la vinculación de la demandante no se
modificaron a pesar de las novedades descritas en los certificados, como lo son el
traslado y la incorporación a la planta territorial, comoquiera que, se insiste, el último
nombramiento del que fue objeto se efectuó en el año 1983, en el orden nacional;
de ahí en adelante se presentaron situaciones administrativas sin que ello afectara
su relación laboral, pues, como quedó claro, la vinculación de los educadores con
la que venían antes de la designación en una plaza nacionalizada y la incorporación
a la planta de personal docente del departamento del Atlántico se mantuvo incólume
al no existir ruptura del vínculo laboral.

70. Así entonces, se insiste que no tienen vocación de prosperidad los argumentos
propuestos con el recurso de apelación, pues, ténganse en cuenta que el proceso
de descentralización mencionado y el de incorporación, en modo alguno tenían
incidencia en la naturaleza de la designación inicial, tesis que ha venido reiterando
esta Sala de Decisión en asuntos de contornos fácticos similares14 máxime cuando
si bien la Ley 60 de 1993 dispuso la descentralización de ciertas competencias de

13 Página 209 EXP. 2019-00447-00 JR .pdf

14 Ver sentencias de fecha 6 de marzo de 2024, expedientes 05001 23 33 000 2021 00566 01
(6176–2023), 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–2023)
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
la Nación respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º señaló que «el
régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989,
y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otra clase de remuneraciones». (Resaltos de la Sala)

71. Además, la Ley 715 de 2001, en desarrollo de lo anterior, dispuso en el artículo
34 que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad.» Tal como ocurre en el caso de la
actora, cuyo vínculo desde el año 1983, se mantuvo sin solución de continuidad
hasta por lo menos el año 2015, como da cuenta el plenario.

72. A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal nacional
son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia
de los nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de
entidad territorial.

73. Bajo esa línea de consideraciones, se itera, las condiciones de la vinculación
docente de la demandante no se modificaron a pesar de las novedades laborales
mencionadas como el traslado y la incorporación a la planta territorial, comoquiera
que el último nombramiento del que fue objeto se efectuó en 1983, y este era
nacional.

74. Esta Corporación al resolver asuntos de contornos fácticos y jurídicos similares,
entre otras, en sentencia de 28 de enero de 202115 señaló:

«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca
que (i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales
era el lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que
no mutaba la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba y
el colegio en el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva
designación, tanto es así que no hubo modificación en cuanto al régimen salarial
que le reconocía la Nación.

En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el 10
de febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba sus
servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la
incorporación del departamento de Caldas.
[…]

Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado
fiscal que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales

15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-

01 (363-2018). Ver además expediente 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024), 76001 23
33 000 2019 01072 01 (6210–2023), 05001 23 33 000 2021 00566 01 (6176–2023) C.P Luis Eduardo
Mesa Nieves;
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
como en este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que
exista en el plenario prueba en contrario.»

75. Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento de la aquí demandante a
partir del 16 de junio de 1983 en adelante fue del orden nacional sin que sufriera
modificación alguna, no es posible computar dicho tiempo de servicio y, en
consecuencia, como lo dispuso el tribunal en primera instancia, no acredita 20 años
de servicios territorial o nacionalizado, exigencia para obtener el reconocimiento de
la pensión gracia. Por lo que se impone confirmar la sentencia en cuanto a la
negativa frente a las pretensiones de la demanda.

2.6. Conclusión

76. En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados
en el recurso de apelación, pues, no se advierte que se haya dejado de valorar el
material probatorio aportado, sino que, para dicho tribunal, la documentación
relacionada con las novedades administrativas del servicio docente tales como el
traslado y la descentralización de la educación en el departamento del Atlántico, no
implicaban un cambio en la naturaleza del vínculo; y en punto al certificado laboral,
conforme el análisis antes realizado, no había lugar a considerar que la actora tuvo
un vínculo territorial, pues se insiste, se mantuvo de naturaleza nacional.

77. Con fundamento en lo antes expuesto, tampoco se advierte un desconocimiento
de la jurisprudencia de esta Corporación ni de la Constitución.

78. Así, la demandante no cumple con el requisito de 20 años de servicio docente
territorial o nacionalizado, razón por la cual, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.8 Condena en costas

79. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por las partes, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, se advierte que
se sustentaron las razones en defensa jurídica de los intereses y, por ende, no se
condenará en costas, máxime cuando lo aquí resuelto tiene que ver directamente
con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00447 01 (3313–2023)
Demandante: Donatila Ruhss Mejía
80. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

3. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral A, que negó las
pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.

TERCERO. Reconocer personería jurídica al abogado OMAR ANDRES VITERI
DUARTE para actuar como apoderado de la entidad demandada. A su vez, téngase
por revocado tácitamente el citado mandato, en virtud del nuevo poder conferido
por la entidad al abogado EDGAR JOSE POLANCO PEREIRA.

CUARTO: Reconocer personería jurídica al abogado EDGAR JOSE POLANCO
PEREIRA para actuar como apoderado de la UGPP; y a su vez, se le acepta la
renuncia a dicho mandato, todo ello en consideración a los memoriales allegados
vía correo electrónico y que se encuentran visibles en el expediente digital
disponible en SAMAI.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.