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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00566-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00566-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 02 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. 16 Respecto al tema de condena en costas, ver entre otras, la sentencia de 18 de julio de 2024, radicado 52-001-2333-000-2018-00342-01 (4178 -2022) C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 18 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 05001 23 33 000 2021 00566 01 (6176–2023) Demandante: Jorge Luis Giraldo Gómez SEGUNDO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 02 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme la motivación de esta providencia. En su lugar, se ordena abstenerse de condenar en costas de primera instancia a la parte demandante de acuerdo a lo explicado previamente TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación. CUARTO. Acéptese la renuncia presentada por el abogado Daniel Antonio Genes Benedetti quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-00566-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2021 00566 01 (6176–2023)
Demandante: Jorge Luis Giraldo Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Plaza docente. Proceso de
incorporación de personal docente no cambia la naturaleza del
vínculo. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 02 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta de Decisión que negó las súplicas
de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. El señor Jorge Luis Giraldo Gómez, por intermedio de apoderado judicial solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 019715 del 30 de julio de 2019 y
RDP 026594 del 05 de septiembre de 2019, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
y resolvió negativamente el recurso de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, el reajuste
de las mesadas dejadas de percibir en los términos de la Ley 71 de 1988 y la Ley
100 de 1993, se condene a la UGPP al pago de intereses moratorios. Y finalmente,

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2021 00566 01 (6176–2023)
Demandante: Jorge Luis Giraldo Gómez

que se condene en costas a la UGPP.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. Se aduce que el señor Jorge Luis Giraldo Gómez nació el 08 de julio de 1943,
razón por la cual cumplió 50 años de edad el 18 de julio de 1993; se vinculó como
docente en el municipio de Quinchía mediante Decreto 2155 del 20 de febrero de
1974 hasta el 14 de septiembre de 1976; posteriormente por orden del Decreto 505
del 08 de marzo de 1999 emanado del Ministerio de Educación Nacional prestó
servicio docente en Medellín hasta por lo menos la fecha de presentación de la
demanda.

5. Relató que el 21 de marzo de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago de
la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

6. Como argumento de lo pretendido, sostuvo que se desconoció el contenido de
las siguientes disposiciones: artículo 13 de la Constitución Política, así como de las
Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 37 de 1933, 115 de 1994, 91 de 1989, 60 de 1993,
100 de 1993; y el Decreto 2277 de 1979.

7. Explicó que se expidieron los actos administrativos infringiendo las normas que
estipulan la pensión gracia al determinar que el docente prestó en su mayoría un
servicio nacional y no territorial. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber
prestado servicio docente departamental y municipal; destacando que, si bien tuvo
una vinculación del orden nacional, esta cambió al orden territorial con la entrada
en vigencia de la Ley 60 de 1993, cumpliendo así el tiempo de labor docente
requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.

1.4. Contestación de la demanda2

8. Luego de presentada la demanda el 25 de marzo de 2021, y admitida el 15 de
septiembre de 2021, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante apoderado, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad
de las pretensiones; indicando que el docente demandante acreditó tiempos del
orden nacional, los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la
pensión gracia.

9. Finalmente propuso como excepciones, i) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados; ii) inexistencia de la obligación; y iii) prescripción.

2 20CONTESTACIÓNDDA.pdf

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Demandante: Jorge Luis Giraldo Gómez

1.5. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia 02 de noviembre de 2022
negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte vencida.

11. Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y
jurisprudencial que regula la pensión gracia, analizó la prestación del servicio por
parte del demandante, concluyendo que únicamente logró acreditar 2 años y 5
meses como docente del orden nacionalizado, correspondiendo el tiempo restante,
estos es, entre los años 1976 hasta 2008, a una vinculación de tipo nacional, la cual
no le da derecho al reconocimiento de la pensión gracia; no desvirtuándose la
presunción de legalidad de los actos acusados de nulidad.

1.6. Recurso de apelación

12. A través de apoderado el señor Jorge Luis Giraldo Gómez presentó recurso de
apelación solicitando revocar la sentencia de primera instancia.

13. Con fundamento en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, proferida
en el expediente 25000 23 42 000 2013 04683-01 (3805-2014), explicó que se
encuentras cumplidos los requisitos consagrados en la Ley 114 de 1913,
concretamente, haber prestado servicios como docente departamental, distrital,
municipal o nacionalizado por no menos de 20 años; que si bien en la designación
participa el delegado del Ministerio de Educación Nacional, como delegado del FER,
la plaza ocupada era territorial, lo que cambiaría la naturaleza de su vinculación -
que anteriormente se consideraba nacional, por una nacionalizada.

14. De igual manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados los
salarios fueron pagados con el situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones, y de acuerdo con ello la vinculación podría ser de naturaleza
territorial o nacionalizada, más no nacional.

15. En punto a las agencias en derecho, sostuvo que el actor acudió a la jurisdicción
en busca de protección de sus derechos prestacionales y con la firme convicción
que existía una vulneración de sus garantías constitucionales y legales; que en
ningún momento se buscó congestionar el aparato judicial.

16. Trajo a colación el contenido de los Acuerdos 18878 de 2003 y PSAA16-10554
de 2016, a través de los cuales la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, dispuso las tarifas para liquidación de costas y agencias en derecho,
señalando así que, no puede observarse en este caso mala fe al reclamar un
derecho que se considera lesionado.

17. En ese solicita se interprete en el mejor sentido el asunto, pues de lo contrario,
cuestiona «¿qué garantías tiene un empleado al exigir derechos que no le han sido

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Radicado: 05001 23 33 000 2021 00566 01 (6176–2023)
Demandante: Jorge Luis Giraldo Gómez

reconocidos, si a quienes tienen la valentía de reclamar en caso de resultar vencidos
en juicio se les “castiga” condenándolos en costas?».

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

18. Con auto de 30 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación.

19. La parte demandante y la UGPP guardaron silencio en esta etapa procesal.

20. A su turno, el agente del Ministerio Publico que actúa ante esta Corporación
allegó concepto mediante el cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
Consideró que se encuentra demostrado en el proceso que el demandante prestó
el servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, toda vez que el acto
administrativo de nombramiento fue expedido por la autoridad territorial. No
obstante, a través de la Resolución 9589 del 30 de septiembre de 1999, emitida por
el Ministerio de Educación, el demandante prestó sus servicios en una plaza de
carácter nacional, sin que en ningún momento la naturaleza de aquella se hubiera
modificado, desmintiendo la afirmación hecha en la apelación de que esos cargos
eran de carácter territorial.

21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso4, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante
presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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Demandante: Jorge Luis Giraldo Gómez

23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Jorge Luis
Giraldo Gómez, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para hacerse acreedor a tal prestación.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

24. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.

25. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

26. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

27. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

28. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del

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requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].

29. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»

30. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»5
31. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20186 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron
en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez
se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de
los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

32. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

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«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».7

33. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

34. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación

35. Con ocasión del proceso de descentralización planteado en la Constitución
Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual
dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba
previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

36. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los
bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual
manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

37. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales
o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.
El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les

7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.
[…]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

38. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de
la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.

39. Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era
que más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas
otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de
educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas
condiciones de los distritos.»

40. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras de «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.

41. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que
trata el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos
docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001 23 33 000 2021 00566 01 (6176–2023)
Demandante: Jorge Luis Giraldo Gómez

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio
del cargo. […]»

42. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

2.4. Actuación administrativa

43. El señor Jorge Luis Giraldo Gómez, actuando a través de apoderado, el 21 de
marzo de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y está última a través de la Resolución
RDP 019715 de 03 de julio de 20198, resolvió de forma negativa al considerar que
el periodo laborado por el demandante a partir de 1986 fue como docente del orden
nacional.

44. Inconforme con la respuesta, aquél interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado desfavorablemente con la Resolución RDP 026594 de 05 de septiembre
de 2019.

2.5. Caso concreto

45. Pasa la Sala a determinar si el demandante cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente si acredita los 20 años de servicio como docente del orden territorial
y/o nacionalizado.

46. Debiendo analizarse, además, si tanto el traslado a una plaza nacionalizada y
la incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización y municipalización”
de la educación, conlleva a la modificación de la naturaleza de la vinculación
nacional a una territorial, resultando válido el tiempo de servicio docente prestado.

8 Páginas 24 – 28 del archivo de la demanda
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Demandante: Jorge Luis Giraldo Gómez

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

47. Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico
planteado, la Sala encuentra acreditado que Jorge Luis Giraldo Gómez, nació el 08
de julio de 1943, razón por la cual, el 08 de julio de 1993 cumplió 50 años de edad.

b. Buena conducta

48. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, habiéndose
aportado por el actor una declaración extrajudicial respecto a su desempeño con
honradez, idoneidad y buena conducta9; por lo que también se entiende cumplido
dicho requisito.

c. Tiempo de servicio

49. Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente
oficial:

• Vinculación con anterioridad a 1980. Desde el 20 de febrero de 1974
hasta el 14 de septiembre de 1976 (2 años, 6 meses y 25 días).

50. Revisado el expediente, se observa que el gobernador del departamento de
Risaralda en uso de sus atribuciones legales nombró al señor Jorge Luis Giraldo
Gómez a través del Decreto 02155 de 20 de febrero de 197410, para dictar
catequesis en el colegio nuestra señora de los dolores de Quinchía, tomando
posesión del cargo a partir del mismo día.

51. Así mismo, obran Formatos Únicos para la expedición de Certificado de Historia
Laboral expedidos por la secretaria de educación de Risaralda que datan del 18 de
diciembre de 2018 y del 17 de julio de 201911, en los cuales se dejó constancia de
que el demandante prestó servicios durante el periodo en cita, y que el vínculo era
nacionalizado.

Para la Sala, contrario a lo certificado por el Fomag y lo señalado por el a quo,
resulta claro que la designación durante este período fue de carácter territorial,
dado que, por un lado, el acto fue suscrito por el gobernador de Risaralda, de
manera autónoma, sin intervención alguna del Ministerio de Educación o delegado

9 Archivo 91 del expediente administrativo
10 Pg 44 archivo de la demanda del expediente digital , documento que también obra en el

expediente administrativo aportado por la entidad.
11 Folios 100 del expediente administrativo y 52 del archivo de la demanda, respectivamente.

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de esta cartera y tampoco se indicó que se actuara por instrucciones de dicho
ministerio.

52. Por otro lado, pese a que el acto se emitió en vigencia de la Ley 43 de 1975,
mediante la cual se nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se
invoca dicha normativa, y menos aún se desprende del material probatorio aportado
que la plaza ocupada por el señor Jorge Luis Giraldo Gómez haya sido de aquellas
nacionalizadas, como tampoco se avizora que los recursos fueran de aquellos para
atender el proceso de nacionalización y que eran administrados por los Fondos
Educativos Regionales, con sujeción a los planes establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme lo dispuso el artículo 6 de la ley en mención.

53. De manera que, se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual
se acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,

54. En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia a la actora, el tiempo servido como
docente territorial desde el 20 de febrero de 1974 hasta el 14 de septiembre de
1976 (2 años, 6 meses y 25 días).

• Vinculación a partir del 08 de marzo de 1999 hasta el 08 de julio de 2008
(9 años y 4 meses)

55. Sea lo primero resaltar que no obra en el plenario acto administrativo de
nombramiento como tampoco de posesión del actor; sino que se aportaron distintas
certificaciones, las cuales se relacionan a continuación:

i) Certificado de la gobernación del Quindío de fecha 22 de diciembre de 2003 que
da cuenta que el señor Jorge Luis Giraldo Gómez prestó servicios como docente
nacional según la Resolución 7334 del 8 de septiembre de 1976 en el INEM José
Celestino Mutis de Armenia, desde el 10 de septiembre de 1976 hasta el 07 de
febrero de 1999. Advirtiendo que mediante el Decreto 0009 del 12 de enero de
1990 fue entregada la planta de personal docente para ser administrada
conforme a la Ley 29 de 1989 y demás normas reglamentarias al municipio de
Armenia. Posteriormente, según Resolución 6001 del 20 de diciembre de 1995
se le regresó al departamento la planta de personal tanto directivo, administrativo,
operativo y docente.
Por último, a partir del 01 de enero de 1999 nuevamente la administración de la
planta de personal regresó al municipio de Armenia, en donde según Decreto 505
de 08 de marzo de 1999 fue aceptada la renuncia del señor Jorge Luis Giraldo
Gómez a partir del 08 de febrero de 1999.

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ii) Constancia del rector y subdirector administrativo de la institución educativa
INEM “JOSE FÉLIX DE RESTREPO” de fecha 23 de febrero de 2004 mediante
el cual hace constar que el señor Jorge Luis Giraldo Gómez prestó sus servicios
en el INEM José Félix de Restrepo desde el 08 de febrero de 1999 con ocasión
del traslado ordenado mediante Decreto 505 de 08 de marzo de 1999 pero
vinculado con la nación desde el 15 de septiembre de 1976. Así mismo, señaló
que a partir del 1° de enero de 2003 fue incorporado a la planta de empleados de
Medellín, en donde desempeña el cargo de profesor en el área de ciencias
sociales de tiempo completo.
iii) Certificado de tiempo de servicio expedido por la secretaria de educación de
Medellín el 18 de mayo de 2004 en el cual se indica que el señor Jorge Luis
Giraldo Gómez prestó sus servicios en el nivel básica secundaria como nacional
en forma continua en el INEM José Felix de Restrepo por Decreto 505 de 08 de
marzo de 1999.
iv) Constancia de la suscrita profesional especializada de fecha 11 de mayo de 2004
en el cual se indica que el docente Jorge Luis Giraldo Gómez fue nombrado por
Resolución 7334 del 10 de septiembre de 1976 emanada por el Ministerio de
Educación Nacional, posteriormente trasladado por Decreto 505 de 08 de marzo
de 1999, como docente de secundaria en el INEM José Félix de Restrepo de
Medellín en donde laboró desde el 08 de febrero de 1999 hasta el 31 de agosto
de 2003.
v) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido por
la secretaria de educación de Armenia el 26 de diciembre de 2018, en los que se
señaló que el señor Jorge Luis Giraldo Gómez tuvo una vinculación como
docente nacional a partir de 1976 y hasta por lo menos la fecha de expedición de
dicho acto.

56. Pues bien, a partir del contenido de dichas pruebas documentales, advierte la
Sala que el docente se desempeñó en el orden nacional, por lo que no resulta
válida la contabilización de ese interregno laboral para efectos de pensión gracia.

57. Para arribar a esa conclusión, resulta necesario referirse al tiempo servido por
aquél desde el 10 de septiembre de 1976, y el cual no fue invocado por la parte
actora con la demanda, pero que es determinante para establecer la naturaleza del
vínculo objeto de estudio.

58. En ese orden, se encuentra probado que el señor Giraldo Gómez mediante
Resolución 7334 de 08 de septiembre de 1976, fue designado para ejecutar la labor
docente en el INEM José Celestino Mutis de Armenia, tomando posesión del cargo
el 10 de septiembre de 1976; y según certificado laboral estuvo en dicha institución
hasta el 7 de marzo de 1999, con un nombramiento del orden nacional.

59. Luego, a partir del 8 de marzo de 1999, a través del Decreto 505 de esa data,
fue trasladado al INEM José Félix de Restrepo del municipio de Medellín, en donde
desarrolló la labor docente hasta el 08 de julio de 2008.

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60. Cabe destacar que, se allegaron Formatos Únicos de para la expedición de
certificado de Historia Laboral, los cuales son coincidentes en que mediante
Resolución 7334 de 8 de septiembre de 1976, se nombró al actor como docente
del orden nacional; y en el mismo sentido obran Formatos Únicos para Expedición
de Certificado de Salarios proferidos por la secretaria de educación de Antioquia.12

61. Pues bien, el material probatorio no da cuenta de la interrupción del vínculo
laboral, sino que por el contrario, se avizora que desde el 10 de septiembre de 1976
cuando el señor Giraldo Gómez tomó posesión del cargo como educador presentó
una continua dependencia laboral de la Nación, dado que según se afirmó en
certificación de 11 de mayo de 2004 expedida por la secretaría de recurso humano
de la gobernación de Antioquia, el acto administrativo mediante el cual se hizo ese
nombramiento, fue emitido por el Ministerio de Educación Nacional.13

62. Así para el caso, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989,
el personal nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por
designación del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió. En ese orden de
ideas, el período antes referenciado, no es computable para acreditar los 20 años
de servicio con el fin de acceder a la pensión gracia.

63. De manera que, las condiciones de la vinculación del demandante no se
modificaron a pesar de las novedades descritas en los certificados, como lo son el
traslado y la incorporación a la planta territorial, comoquiera que, se insiste, el último
nombramiento del que fue objeto se efectuó en el año 1976, en el orden nacional;
de ahí en adelante se presentaron situaciones administrativas sin que ello afectara
su relación laboral, pues, como quedó claro, la vinculación de los educadores con
la que venían antes de la designación en una plaza nacionalizada y la incorporación
a la planta de personal docente del municipio de Medellín se mantuvo incólume al
no existir ruptura del vínculo laboral.

64. Ahora, si bien con el proceso de descentralización de la educación, y la creación
del sistema general de participaciones, se transfirieron los recursos de la Nación a
los entes territoriales, dicha circunstancia por sí sola no implica un cambio en la
naturaleza de la designación docente; siendo pertinente señalar que, aunque con la
Ley 60 de 1993 se dispuso la descentralización de ciertas competencias de la
Nación respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º señaló que «el régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989,
y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otra clase de remuneraciones». (Resaltos de la Sala)

12 Folios 116 a 127 del expediente administrativo
13 Folio 10 y 11 del expediente administrativo
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65. Además, la Ley 715 de 2001, en desarrollo de lo anterior, dispuso en el artículo
34 que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad.» Tal como ocurre en el caso del actor, cuyo
vinculo desde el año 1976, se mantuvo sin solución de continuidad hasta el año
2008, según da cuenta certificado obrante en el plenario.

66. El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre otras,
en sentencia de 28 de enero de 202114 en la que se indicó:

«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca
que (i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales
era el lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que
no mutaba la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba
y el colegio en el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva
designación, tanto es así que no hubo modificación en cuanto al régimen
salarial que le reconocía la Nación.
En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el
10 de febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba
sus servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la
incorporación del departamento de Caldas.
[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado
fiscal que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales
como en este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista
en el plenario prueba en contrario.»115

67. Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento del aquí demandante a
partir del 10 de septiembre de 1976 en adelante, fue del orden nacional y que las
novedades de las que fue objeto administrativamente no modificaron dicha
naturaleza, es claro que no es posible computar el tiempo de servicio que se analiza;
y en consecuencia, como lo dispuso el tribunal en primera instancia, no se acredita
los 20 años de servicio docente territorial y/o nacionalizado, lo cual resulta
indispensable para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

68. Para finalizar, es menester señalar que, si bien con el recurso se aduce que en
el acto de designación intervino el FER, y que ello conlleva a descartar que el actor
tenga un vínculo de naturaleza nacional, para la Sala tal argumento no tiene

14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-
01 (363-2018). Ver además expediente 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024) C.P Luis
Eduardo Mesa Nieves

15 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-
01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
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vocación de prosperidad, primero, porque no se cuenta con los actos administrativos
que nombraron al actor en el año 1976 y que posteriormente lo trasladaron en el
año 1999; y segundo, el origen de los recursos con que se sufragó el pago de
salarios y prestaciones al docente no es determinante para establecer la naturaleza
de la designación, pues, tal como lo ha señalado esta Corporación, debe tenerse en
cuenta, el origen de la plaza ocupada, así como la autoridad que realiza el
nombramiento.

69. Ahora, si bien el interesado puede aportar al plenario el material probatorio
previsto en la ley para acreditar los supuestos de hecho que alega, también se tiene
que la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, citada en el acápite de
fundamento normativo y jurisprudencial, señaló que para establecer la calidad de
docente territorial se prueba, sea i) con los actos administrativos en los que conste
con claridad el vínculo y se pueda determinar la plaza o ocupar, o ii) en su defecto,
con también se puede acreditar con la certificación de la autoridad nominadora que
de manera inequívoca permita concluir que la vinculación sea territorial, lo cual
también aplica para designaciones nacionalizadas.

70. En todo caso, en el presente asunto la parte actora no logró desvirtuar la calidad
de docente nacional que ha sido certificada por la entidad nominadora en distintas
fechas, e incluso la gobernación de Antioquia en documento relacionado con
anterioridad, señaló que el acto de designación fue emitido por el Ministerio de
Educación Nacional. De manera que la Sala estima que, la certificación de la
autoridad nominadora permite sin asomo de duda, concluir que el nombramiento a
partir del año 1976 y que se ha mantenido en el tiempo por lo menos hasta el año
2019, cuando se efectuó la reclamación administrativa, fue del orden nacional.

71. Además, analizado el resto del material probatorio allegado, no es posible llegar
a una conclusión diferente, máxime cuando en la misma demanda se reconoce que
la designación fue realizada por el Ministerio de Educación Nacional.

72. En razón del análisis efectuado, no resulta posible computar el tiempo servido a
partir del año 1999 como lo solicita el demandante, pues, ese vínculo tuvo su origen
en la designación realizada en el año 1976, la cual fue del orden nacional y se
mantuvo en el tiempo; por lo que hay lugar a confirmar en este sentido la sentencia
de primera instancia.

2.6. De la condena en costas de primera instancia

73. En atención a que la parte demandante eleva su inconformidad frente a la
condena en costas que le fue impuesta en primera instancia, pasa a resolverse al
respecto.

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74. Se rememora que en el recurso se aduce que la demanda se presentó en
atención a que se estiman lesionados los derechos de índole legal y constitucional,
y que, en todo caso, la intención no es la de congestionar el sistema judicial.

75. Pues bien, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis de
que el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos necesarios
o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o
expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros,
como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

76. Tras la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», para quien resultara vencido en el litigio. Ello, en
consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no.

77. Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era
necesario evaluar la conducta de las partes –temeridad o mala fe–, sino los
aspectos previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena
aplicación a su artículo 365.

78. Posteriormente, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, fue modificado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que «En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

79. Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de analizar
si en el asunto de la referencia puede considerarse que se presentó la demanda
con carencia manifiesta de fundamento legal, teniendo en cuenta que la sentencia
se dictó el 2 de noviembre de 2022, esto es, en vigencia de la Ley 2080 de 2021.

80. Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo no tuvo
en cuenta la última disposición en cita, y por el contrario únicamente se limitó a citar
el artículo 188 del CPACA, y los artículos 365 y 366 del CGP, concluyendo que,
dado que la parte actora resultó vencida, debía ser condena en costas y en agencias
en derecho.

81. De manera que, realizada la valoración en atención a lo dispuesto en el citado
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, no se advierte la carencia de fundamento legal,

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por lo que no hay lugar a condenar en costas en primera instancia, y por tanto resulta
procedente revocar el numeral segundo de la sentencia.16

2.7. Conclusión

82. En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados
en el recurso de apelación, pues, existe certeza respecto a la naturaleza de la
designación como docente del orden nacional del actor a partir del año 1976, sin
que el proceso de incorporación conlleve al cambio en la naturaleza del vínculo legal
y reglamentario inicial.

83. Por lo que al no acreditarse el requisito de 20 años de servicio docente territorial
o nacionalizado, no es posible acceder a la pensión gracia, como lo dispuso el
tribunal en primera instancia, por lo que se confirmará en este sentido la sentencia;
no obstante, se revocará la condena en costa conforme lo ya expuesto.

2.8. Condena en costas

84. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 02 de noviembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda;
de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

16 Respecto al tema de condena en costas, ver entre otras, la sentencia de 18 de julio de 2024,
radicado 52-001-2333-000-2018-00342-01 (4178 -2022) C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves
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SEGUNDO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
del 02 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
conforme la motivación de esta providencia. En su lugar, se ordena abstenerse de
condenar en costas de primera instancia a la parte demandante de acuerdo a lo
explicado previamente

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.

CUARTO. Acéptese la renuncia presentada por el abogado Daniel Antonio Genes
Benedetti quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
de conformidad con el memorial que reposa en el índice 25 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 19
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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