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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00160-03

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00160-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Bolívar. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00160 03 (3332–2025) Demandante: María Nileth Castro Reyes TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2018-00160-03

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001 23 33 000 2018 00160 03 (3332–2025)
Demandante: María Nileth Castro Reyes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Docente nacional. Nombramiento
realizado por Instituto Colombiano de Construcciones
Escolares – ICCE. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de noviembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las súplicas de
la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones

2. La señora María Nileth Castro Reyes, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 030861 del 12 de diciembre de 2000,
y 003589 del 28 de mayo de 2002, por medio de las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia en los términos contemplados en la Ley 4 de 1966 con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2018 00160 03 (3332–2025)
Demandante: María Nileth Castro Reyes
anterior a la adquisición del estatus, con su respectiva retroactividad, reajuste
e indexación; se condene a la UGPP al pago de las condenas con base al IPC y lo
dispuesto en los artículos 187, 192, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011; y se le
condene en costas.

4. La señora María Nileth Castro Reyes manifestó que fue nombrada docente
por el Ministerio de Educación Nacional, cargo del cual tomó posesión el 6 de marzo
de 1973; y que, durante dicho tiempo, el Distrito de Cartagena asumió el pago de
sus salarios y prestaciones sociales con recursos del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones.

5. El 31 de mayo de 2000 peticionó a la UGPP, el reconocimiento y pago de
una pensión gracia, sin embargo, le fue negado el derecho a través de los actos
administrativos hoy demandados.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 4°, 6°, 13, 29, 48, 53,
58, 83, 121, 122, 123 y 230 de la Constitución; las Leyes 114 de 1913; 116 de 1928,
37 de 1933, 46 de 1973, 43 de 1975, 91 de 1989, 33 de 1985, 60 de 1993, 100 de
1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005. Alega que se cumplieron todos los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad
demandada negó el derecho prestacional; estimando así, que el acto acusado fue
erróneamente motivado, y se expidió con desconocimiento de los derechos
adquiridos.

7. Después de realizar un recuento normativo de la pensión gracia, expuso que,
pese a que el acto de nombramiento fue suscrito por el Ministerio de Educación
Nacional, la entidad demandada desconoce que el pago y reconocimiento de la
labor docente estaba a cargo de la secretaría de educación del Distrito de
Cartagena, y por tanto el vínculo no es nacional.

1.3. Contestación de la demanda
8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones; afirmando que la demandante acreditó tiempos de
servicio docente del orden nacional, toda vez que su nombramiento fue suscrito por
el Ministerio de Educación Nacional – Instituto Colombiano de Construcciones
Escolares, por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión
gracia.

9. Finalmente propuso como excepciones i) prescripción; ii) inexistencia de la
causa pretendi; iii) cobro de lo no debido; iv) buena fe; y v) la genérica.

1.4. Sentencia de primera instancia2
10. En decisión de 29 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de
condenar en costas.

2 32Sentencia.pdf
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Radicado: 13001 23 33 000 2018 00160 03 (3332–2025)
Demandante: María Nileth Castro Reyes

11. Expuso que la demandante acreditó una vinculación de naturaleza nacional,
toda vez que fue nombrada en el cargo de instructora IV-B de Industrial en el
Instituto Nacional de Educación Media – INEM de Cartagena, mediante Resolución
1029 de 1973 proferida por el Ministerio de Educación Nacional. Añadió que dicha
circunstancia también se corroboraba con las pruebas allegadas al expediente,
entre ellas la certificación de historia laboral y el certificado salarial expedidos por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los que se indica que
la vinculación de la actora tenía carácter nacional.

12. Precisó que, si bien con la expedición de la Ley 60 de 1993 se descentralizó
la administración del servicio educativo, ello no implicó que los docentes
originalmente vinculados por la Nación adquirieran la calidad de territoriales, pues
el carácter del vínculo no se modifica por el hecho de que la planta docente sea
administrada por una entidad territorial.

1.5. Recurso de apelación3
13. A través apoderado, la demandante presentó recurso de apelación con el
que solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al considerar que el tribunal
incurrió en un error al concluir que la actora tenía una vinculación docente de
carácter nacional, pues sostuvo que el acto de nombramiento inicial —Resolución
1029 de 1973— no fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional sino por
el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE), entidad distinta de
dicho ministerio.

14. En ese sentido, afirmó que el a quo omitió analizar adecuadamente el
contexto normativo aplicable a los institutos INEM, en particular lo dispuesto en el
Decreto 088 de 1976 y otras disposiciones relacionadas con la administración de
estos establecimientos, de las cuales se desprende que los docentes vinculados a
dichos planteles no pasaron a formar parte de la planta de personal del Ministerio
de Educación Nacional.

15. Asimismo, sostuvo que durante su trayectoria laboral la demandante estuvo
vinculada funcionalmente con el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena,
entidades que habrían asumido el pago de salarios y prestaciones a través del
Fondo Educativo Regional, por lo que la relación laboral debe entenderse como
territorial, bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
16. Con auto de 06 de febrero de 2026, se admitió el recurso de apelación.

17. En esta oportunidad, el Ministerio Público conceptuó en orden a revocar la
sentencia de primera instancia, al considerar que las pruebas del proceso permiten
concluir que la vinculación de la docente tuvo carácter territorial, pues existe
certificación expedida por la Institución Educativa INEM que indica que la planta de
personal pasó del orden nacional al departamental en 1993 y posteriormente al
distrital en 1995, además de que los pagos de prestaciones sociales se realizaron

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Archivo 34RecursoApelacionSentencia.pdf

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Radicado: 13001 23 33 000 2018 00160 03 (3332–2025)
Demandante: María Nileth Castro Reyes
por entidades territoriales. En ese sentido, estimó que dicha certificación constituye
un medio idóneo para acreditar la naturaleza territorial de la vinculación y, por tanto,
que la actora sí cumple el requisito de haber prestado servicios docentes territoriales
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

18. La señora María Nileth Castro Reyes y la UGPP, guardaron silencio en esta
etapa procesal.

19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia
20. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2 Del problema jurídico
21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Nileth
Castro Reyes, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizada; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia
22. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.

23. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los

4
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Radicado: 13001 23 33 000 2018 00160 03 (3332–2025)
Demandante: María Nileth Castro Reyes
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre
y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
[…]»

24. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales5.

25. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20186 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.

26. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la
plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía

5 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de

1997.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado
fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

27. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 20227 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

28. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa
29. La señora María Nileth Castro Reyes, actuando a través de apoderado,
radicó el 31 de mayo de 2000 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión
gracia ante la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, hoy Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, que a través de la Resolución RDP 030861 del 12 de
diciembre del 20008 negó la solicitud, en razón a que consideró que la vinculación
de la demandante a la docencia fue del orden nacional.

30. Inconforme con la precitada decisión, la petente interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 003589 del
28 de mayo de 2002 por CAJANAL.

2.5. Caso concreto
31. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden
a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
8 Pg 1-8 del archivo cuaderno01.pdf del expediente digital

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2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

32. Edad. Se encuentra acreditado que la señora María Nileth Castro Reyes
nació el 20 de enero de 1948, razón por la que, el 20 de enero de 1998, cumplió 50
años; requisito este frente al cual no existe discusión.

33. Buena conducta. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se
observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad
educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

34. Vinculación de la demandante y tiempo de servicios. Ahora bien, se
observan las siguientes novedades laborales como docente oficial, aspecto que es
objeto de controversia en esta instancia.

• Vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Desde el 06 de
marzo de 1973 hasta el 22 de febrero de 2013

35. Revisado el expediente, se observa que a través de la Resolución 1029 de
fecha 06 de marzo de 19739, el gerente general del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares - ICCE en uso de sus atribuciones legales nombró a la
señora María Nileth Castro Reyes como Instructora IV-B de industrial en el Instituto
Nacional de Educación Media - INEM de Cartagena, cargo del cual tomó
posesión el mismo día.

36. Con relación a este periodo también reposa en el plenario certificado de
tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación Distrital de 11 de julio
de 2016, en el cual se indicó que la docente prestó sus servicios con una vinculación
en propiedad, en forma continua desde el 06 de marzo de 1973 hasta el 22 de
febrero de 2013. En igual sentido se adjuntó certificado de factores salariales que
dan cuenta de una vinculación del orden nacional.

37. Ahora bien, respecto a la naturaleza de la vinculación, del mencionado acto
de nombramiento y de la correspondiente posesión se advierte que el Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares – ICCE se encontraba adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, conforme se dispuso en el Decreto 2394 de
196810, de ahí su naturaleza nacional.11 En efecto, la adscripción comporta la
sujeción de la entidad a la orientación, coordinación y control administrativo del
ministerio correspondiente, lo que determina su ubicación orgánica dentro de la
estructura de la administración pública nacional.

38. En ese contexto, los actos proferidos por sus autoridades, entre ellos los
nombramientos efectuados por su gerente general, tienen naturaleza nacional,
circunstancia relevante para efectos de establecer la naturaleza del vínculo docente.

9 Pg 23 y 24 del archivo cuaderno01.pdf del expediente digital

10 Dicho instituto se creó como «[…] establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, […] adscrito al Ministerio de Educación Nacional […]»
11 Respecto a la naturaleza de la designación realizada por el ICCE ver sentencias de 24 de agosto de 2023,
expediente 41001-23-33-000-2015-00691-01 (5603-2019) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; y de 31 de agosto
de 2023, expediente 63001 23 33 000 2015 00210 01 (3305–2017), C.P Gabriel Valbuena Hernández.

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Así, se tiene que la Nación fue la que fungió como nominador, por lo que para la
Sala no existe duda de que el tiempo servido en virtud de esta designación, no
puede ser computado para efectos de pensión gracia.

39. Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un
docente «nacional» es aquel vinculado por nombramiento del Gobierno nacional.

40. En ese orden de ideas, el período que la demandante laboró como docente
desde el 06 de marzo de 1973 hasta el 22 de febrero de 2013, fue de carácter
nacional y, en consecuencia, no acreditó el cumplimiento del requisito de vinculación
como docente territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de
1980. Por consiguiente, resulta innecesario abordar el estudio de los demás
requisitos para acceder a la pensión gracia.

41. Así entonces, para esta Colegiatura no tienen vocación de prosperidad los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, en tanto no logran desvirtuar la
naturaleza nacional del vínculo, ni demostrar que la plaza docente ostentara
carácter territorial o nacionalizado. En ese sentido, no resulta determinante el origen
de los recursos con los cuales se financiaba el servicio, pues este no es el elemento
esencial para definir la naturaleza del vínculo, sino como se mencionó la plaza
ocupada.

42. En consonancia con lo anterior, esta Subsección ha precisado que la
naturaleza del vínculo docente no se modifica por circunstancias posteriores como
el traslado, la incorporación a plantas territoriales o el origen de los recursos con los
cuales se financia el servicio educativo. En efecto, se ha establecido que, aun
cuando un docente sea incorporado a la planta de una entidad territorial en
desarrollo del proceso de descentralización, mantiene incólume la naturaleza de su
vinculación inicial, siempre que no exista solución de continuidad en la relación
laboral, de manera que el carácter nacional o territorial del vínculo se define a partir
del acto de nombramiento y de la autoridad que lo expide12

43. Adicionalmente, tampoco es posible considerar que se trate de una
vinculación nacionalizada, habida cuenta de que el nombramiento se produjo en el
año 1973, esto es, con anterioridad al proceso de nacionalización de la educación
oficial, por lo que el vínculo nació y se mantuvo con carácter nacional.

2.6. Conclusión
44. En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados
en el recurso de apelación, pues, no había lugar a considerar que la actora tuvo un
vínculo territorial y/o nacionalizado, pues se insiste, se mantuvo en el orden nacional
conforme al acto administrativo de nombramiento.

45. Así, la demandante no cumple con el requisito de vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 al servicio docente territorial o nacionalizado para ser
beneficiaria de la pensión solicitada, como tampoco acredita 20 años de servicio

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2025, rad. 05001-23-33-

000-2021-00566-01 (6176-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Demandante: María Nileth Castro Reyes
docente bajo dicha modalidad, razón por la cual, la Sala deberá confirmar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.7. Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante -parte vencida-, por
cuanto la sentencia de primera instancia será confirmada en su totalidad. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

3. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda; de
acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Bolívar.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2018 00160 03 (3332–2025)
Demandante: María Nileth Castro Reyes
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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