Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00487-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00487-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2018-00487-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2018 00487 01 (4558–2021)
Demandante: Elia Rosa Chamorro Quiroz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Improcedencia de la sustitución de la prestación
reconocida con tiempos nacionales. Principio de legalidad.
Decisión: Revocar la sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1.La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 30 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La señora Elia Rosa Chamorro Quiroz, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 023981 del 7 de junio del
2017 y RDP 031351 de 4 de agosto del mismo año, proferidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, por medio de las cuales se negó la sustitución de la
pensión gracia reconocida en vida al señor Tomás Gilberto Insuasty Obando
(q.e.p.d), cónyuge de aquella.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar una pensión sobreviviente con ocasión al
fallecimiento de su cónyuge, a partir del deceso ocurrido el 3 de febrero de 2017, en
la misma cuantía y reajustes anuales establecidos por la ley. Así mismo, el reajuste
de las mesadas, el pago de intereses moratorios al tenor del artículo 192 del CPACA
y se condene en costas a la entidad.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. Manifestó que a favor del finado Tomás Gilberto Insuasty Obando, le fue
reconocida una pensión gracia a través de la Resolución 038178 de 12 de octubre
de 1993, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, efectiva
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201800487011100103
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desde el 29 de noviembre de 1984, la cual fue reajustada el 14 de diciembre de
2000 por retiro definitivo del servicio.
5. Explicó que contrajo matrimonio con aquél el 13 de junio de 1970, conviviendo
de manera permanente hasta el fallecimiento del señor Insuasty Obando el 3 de
febrero de 2017.
6. El 3 de abril de 2017, solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección Social – UGPP el
reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia, sin embargo, a través
de los actos hoy demandados le fue negado lo anterior al considerar que los tiempos
de servicio docente con los que fue reconocida la prestación gracia no son del orden
territorial o nacionalizado sino nacional.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
7. Señaló que con los actos administrativos demandados se infringieron los
artículos 1, 11, 29, 48 y 53 de la Constitución, así como las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933, 71 de 1988, 91 de 1989 y 1204 de 2008, 100 de 1993, 797 de
2003, 1437 de 2011 y el Decreto 1160 de 1989, entre otras.
8. A manera de síntesis, sostuvo que, aunque se solicitó la sustitución de la
pensión gracia, la entidad no hizo un pronunciamiento frente a ello, sino que se limitó
a cuestionar lo relativo al cumplimiento de los requisitos por parte del causante,
estimando que los tiempos servicios fueron nacionales. Que en todo caso los actos
gozan de presunción de legalidad, de manera que la entidad incurrió en una falsa
motivación. Seguidamente hizo referencia a la irrevocabilidad de los actos de
reconocimiento y reajuste de la pensión gracia, y que, si bien la entidad podía
revocar los mismos, debía cumplir con el trámite establecido en el CPACA, lo cual
en todo caso no ocurrió; de manera que desconocer el contenido y vigencia de
aquellos lesiona el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.
9. A su vez, manifestó que la negativa de la entidad demandada se fundamentó
en una aplicación indebida y retroactiva del precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado, que excluye los tiempos de servicio nacional para el reconocimiento de
la pensión gracia. Que el derecho pensional se consolidó con anterioridad a la
expedición de dicha jurisprudencia, por lo que su aplicación constituiría una
violación de los principios de irretroactividad, confianza legítima, debido proceso e
igualdad. Finalmente, invocó la tesis unificada del Consejo de Estado que establece
que, aunque el régimen de la pensión gracia no incluyó la sustitución pensional,
dada su naturaleza, esta prestación es susceptible de ser sustituida, en virtud de los
principios del Sistema de Seguridad Social Integral y la necesidad de amparar el
mínimo vital de la familia del causante, lo cual en este caso se vio gravemente
afectado con los actos acusados.
1.4. Contestación de la demanda2
2 La demanda se admitió el 12 de diciembre de 2018, y se dispuso su notificación a la entidad.
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10. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a las pretensiones de la
demanda, pues, de acuerdo con el expediente administrativo, el señor Tomás
Gilberto Insuasty Obando, laboró durante algunos periodos como docente nacional,
los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de pensión gracia
atendiendo la jurisprudencia de esta Corporación del 27 de agosto de 1997; por lo
que excluyendo tales tiempos, solo acreditó 11 años 1 mes y 28 días con vinculación
nacionalizada. De manera que, no cumplió con el requisito de 20 años de servicio
para obtener la pensión gracia, lo que tornaba en ilegal la Resolución No. 38178 de
1993, que reconoció en su momento la prestación. Para concluir, propuso las
excepciones de cobro de lo no debido y la prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Nariño, en fallo de 30 de junio de 2021, accedió a
las pretensiones de la demanda, ordenando la sustitución de la pensión gracia, y
condenó en costas a la entidad demandada.
12. Como cuestión previa, el a quo indicó que la Resolución No. 038178 del 12 de
octubre de 1993, que reconoció la pensión gracia al finado señor Insuasty Obando,
goza de presunción de legalidad hasta tanto sea declarada su nulidad por la
jurisdicción competente a través de la acción de lesividad que, si lo considera
pertinente, la UGPP deberá promover, por lo que resulta posible su sustitución;
precisando así, que el análisis en este caso se limitaba a determinar si la señora
Elia Rosa Chamorro Quiroz, cumplía con los requisitos legales para acceder a la
sustitución pensional, sin entrar a valorar los argumentos de la entidad demandada
sobre la supuesta ilegalidad del reconocimiento de la pensión original.
13. Aclarado lo anterior, luego de precisar que no estaba prohibida la sustitución de
dicha prestación, indicó que las normas que rigen la sustitución pensional son
aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante, sin embargo, aunque
a partir de abril de 1994, la norma aplicable sería la Ley 100 de 1993, no podía
pasarse por alto que lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario
1160 de 1989, siguieron surtiendo efectos jurídicos para aquellas personas que
estaban excluidas del Régimen General de Pensiones, según lo normado en el art.
279 de la Ley 100 de 1993. Que el artículo 3 de la mentada Ley 71 de 1988 hizo
extensivas las disposiciones sobre sustitución contenidas en las Leyes 33 de 1973,
12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985; y que la jurisprudencia se ha referido a la
aplicación de tales disposiciones.
14. En ese orden, analizó el caso de la actora bajo lo dispuesto en la Ley 71 de 1988
y su decreto reglamentario 1160 de 1989.
15. Valorado el material probatorio concluyó que estaba acreditado que la
demandante y el causante contrajeron matrimonio católico el 13 de junio de 1970 y
procrearon 3 hijos, demostrando una convivencia en la cual se brindaron auxilio y
apoyo mutuo, con vocación de estabilidad y permanencia. Y aclaró que, si bien el
informe del técnico investigador asignado por la UGPP para indagar sobre la
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convivencia entre aquellos dio indicios que la aquí demandante pudiera estar
recibiendo una pensión, ello no se encuentra probado, y en gracia de discusión
finalmente señaló que no podía pasarse por alto que las sustituciones pensionales
se encuentran exceptuadas por el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, por lo que no se
estaría percibiendo en una doble erogación. Y declaró no probada la excepción de
prescripción.
1.6. Recurso de apelación
16. A través de apoderado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
interpuso recurso de apelación con el fin de revocar la sentencia de primera
instancia.
17. Argumentó que el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia a
la señora Elia Rosa Chamorro Quiroz no debe prosperar, pues la pensión de su
cónyuge, el señor Tomás Gilberto Insuasty Obando, fue reconocida con violación
de la ley; al efecto, insistió en que el causante no cumplió con el requisito de haber
prestado 20 años de servicio con vinculación de carácter departamental, municipal
o distrital, ya que los tiempos de servicio computados para el reconocimiento de la
prestación fueron de carácter nacional, según los certificados de información laboral
obrantes en el expediente. Considera que la pensión gracia original es ilegal y, por
ende, no es susceptible de ser sustituida, pues así lo ha determinado la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que exige el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, tal como lo establece el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
18. Así, reiteró que no es procedente reconocer la sustitución pensional tal y como lo
ordenó la sentencia de primera instancia, que se abstuvo de debatir la legalidad del
acto de reconocimiento pensional original, dejando claro que la vía idónea para este
fin es la acción de lesividad.
19. De manera subsidiaria, la entidad solicitó revocar la condena en costas impuesta
en primera instancia, manifestó que, si bien el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
permite esta condena a la parte vencida, el Consejo de Estado ha sostenido que no
procede de manera automática, sino que requiere de una conducta temeraria o
abusiva de la parte que se opone a las pretensiones. En el presente caso, la UGPP
considera que su actuación no ha sido dilatoria ni temeraria, sino que ha ejercido un
legítimo derecho a la defensa, además, señaló que el juez de primera instancia pudo
haberse abstenido de condenar en costas, de conformidad con el numeral 5 del
artículo 365 del Código General del Proceso, adicionalmente, que la parte
demandante no acreditó la causación de algún gasto procesal, razón por la cual no
es viable imponer una condena de este tipo.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Con auto de 1° de febrero de 2022, se admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad demandada.
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21. En esta oportunidad, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, allegó escrito de
alegatos en los que insistió en los argumentos del recurso de apelación, realizando
un recuento de los hechos que considera relevantes respecto de la pensión gracia,
pidiendo revocar la sentencia de primera instancia para negar el derecho reclamado.
22. La señora Elia Rosa Chamorro Quiroz, el agente del Ministerio Público y la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta etapa procesal.
23. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
24. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso4, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.
2.2 Cuestión previa
25. Efectuada una revisión del expediente, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo de Nariño consideró que no era posible abordar el estudio de los
requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la pensión gracia del señor Tomás
Gilberto Insuasty Obando, en tanto el acto administrativo que la concedió se
encontraba amparado por la presunción de legalidad y no había sido anulado por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por esa razón, estimó que la UGPP
debía acudir, si a bien lo tenía, al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en la modalidad de lesividad, y limitó su análisis a verificar los requisitos de
la sustitución reclamada por la señora Elia Rosa Chamorro Quiroz.
26. Sin embargo, se observa que, desde la actuación administrativa, y
posteriormente en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, la
entidad demandada sostuvo que no era procedente reconocer la sustitución
pensional solicitada, porque el causante no habría consolidado válidamente el
derecho a la pensión gracia, al no acreditar los 20 años de servicio docente en
vinculación territorial o nacionalizada exigidos para acceder a dicha prestación.
27. En ese sentido, la controversia planteada no se circunscribe únicamente a
los requisitos propios de la beneficiaria, sino que comprende el presupuesto mismo
del derecho reclamado, esto es, la posibilidad de derivar una prestación sustitutiva
3
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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de una pensión que, a juicio de la entidad, fue reconocida sin el lleno de los
requisitos legales.
28. Así las cosas, la Sala considera necesario precisar el alcance del estudio que
corresponde efectuar en esta instancia, en el sentido de que la controversia no se
agota en la verificación de los requisitos propios de la beneficiaria de la sustitución
pensional, sino que también exige determinar si la prestación reconocida en vida al
causante podía servir de fundamento para acceder al derecho reclamado.
29. Sobre este punto, esta Subsección ha precisado que, si bien la sustitución
pensional tiene requisitos propios, no puede analizarse de manera aislada de la
prestación principal, pues surge con ocasión del fallecimiento de su titular y depende
de la existencia de un derecho susceptible de ser transmitido a sus beneficiarios.
Por ello, la circunstancia de que el acto de reconocimiento pensional conserve su
presunción de legalidad no impone, por sí sola, el reconocimiento automático de la
sustitución reclamada5.
30. En ese sentido, el estudio que corresponde efectuar en este proceso no tiene
por finalidad retirar del ordenamiento jurídico el acto que reconoció la pensión gracia
al causante, ni emitir un pronunciamiento de nulidad sobre aquel. Se trata, más bien,
de establecer si la motivación de los actos administrativos demandados se ajustó a
la realidad fáctica y jurídica del derecho cuya sustitución se reclama, esto es, si la
prestación reconocida en vida al señor Insuasty Obando podía servir de fundamento
válido para crear una nueva situación jurídica en favor de la demandante.
31. Una conclusión distinta supondría admitir que, aun cuando se advierta que el
derecho principal no se consolidó conforme a los requisitos legales, la
administración y el juez estarían obligados a extender sus efectos mediante el
reconocimiento de una prestación derivada. Ello no se acompasa con el principio de
legalidad ni con la moralidad administrativa, pues implicaría convalidar una situación
que no se ajusta al ordenamiento para hacer surgir de ella nuevos efectos
prestacionales.
2.3 Del problema jurídico
32. Aclarado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la señora Elia Rosa
Chamorro Quiroz tiene derecho al reconocimiento y pago de la sustitución de la
pensión gracia que en vida percibía el señor Tomás Gilberto Insuasty Obando.
33. Para resolver lo anterior, deberá establecerse si el causante acreditó los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia, en especial, el tiempo de
servicio docente territorial o nacionalizado exigido para dicha prestación y, en
consecuencia, si el derecho reconocido podía ser sustituido en favor de la
demandante.
5 Ver sentencia de 23 de octubre de 2025, rad. 68001-23-33-000-2018-00674-01 (6364-2024), C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez. En similar sentido, sentencia de 26 de febrero de 2026, rad. 47001-23-33-000-2013-00215-01
(4118-2018), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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2.4 Norma aplicable al asunto
34. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.
35. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado
y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones:
[…]
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
36. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales6.
37. En cuanto a la sustitución de dicha prestación, esta Subsección ha señalado
que, si bien las normas especiales que regulan la pensión gracia no contemplaron
expresamente esa posibilidad, tampoco la excluyeron. En esa medida, ante el
fallecimiento del pensionado, resultan aplicables las reglas generales previstas en
la Ley 71 de 1988 y en el Decreto 1160 de 1989, siempre que sean compatibles con
la naturaleza especial de la prestación, a efectos de establecer si quien reclama
acredita la calidad de beneficiario.
6 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de
1997.
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2.5 Caso concreto
38. Con ocasión del fallecimiento del señor Tomás Gilberto Insuasty Obando,
ocurrido el 3 de febrero de 2017, la demandante solicitó ante la UGPP el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia. Dicha petición fue resuelta
mediante Resolución RDP 023981 del 7 de junio de 2017, en la que la entidad negó
lo reclamado, tras advertir que los tiempos de servicio del causante fueron prestados
con nombramiento del orden nacional y que, por esa razón, no había lugar a
reconocer la sustitución de la prestación.
39. Contra esa decisión se interpuso recurso de apelación, resuelto mediante
Resolución RDP 031351 del 4 de agosto de 2017, que confirmó la negativa inicial.
En dicha oportunidad, la UGPP reiteró que, cuando el beneficiario solicita la
sustitución de una pensión gracia reconocida con tiempos nacionales, la
administración debe negar la prestación, pues, el causante no tenía derecho al
reconocimiento pensional originario.
40. Pues bien, la pensión gracia no fue prevista para todos los docentes oficiales,
sino para aquellos que acrediten, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
vinculación territorial o nacionalizada. Por tanto, los tiempos prestados como
docente nacional no pueden ser computados para completar dicho requisito, incluso
cuando el servicio se hubiere desarrollado en establecimientos de educación
oficial7.
41. En relación con la calidad de docente nacional, la Ley 91 de 1989 señaló que
corresponde a quien se vincula por nombramiento del Gobierno nacional. A su vez,
esta Corporación ha precisado que dicha condición se configura cuando el
nombramiento proviene directamente del Ministerio de Educación Nacional o de una
entidad del orden nacional, sin que el origen de los recursos destinados al pago de
salarios o la posterior administración territorial del servicio educativo tenga la
virtualidad de modificar, por sí sola, la naturaleza de la vinculación8.
42. Bajo ese entendimiento, se advierte que en el expediente obra certificación
expedida por el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada Mariano Ospina
Rodríguez de Pasto, en la que se hizo constar que el señor Tomás Gilberto Insuasty
Obando laboró en dicha institución desde el 1° de agosto de 1970, en el cargo de
director de centro docente, nombrado por la Gerencia General del Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares —ICCE— mediante Resolución 1246 del
17 de julio de 1970. En la misma certificación se indicó que, por Resolución 5166
del 5 de noviembre de 1973, proferida por la Gerencia General del ICCE, fue
nombrado como vicerrector académico del INEM de Pasto, cargo al cual renunció
voluntariamente el 19 de mayo de 1980, renuncia que fue aceptada por el Ministerio
de Educación Nacional mediante Resolución 10569 del 30 de junio de 19809.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.
Ver también Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018; y
sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022
9 Certificación expedida por el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada Mariano Ospina
Rodríguez de Pasto. Expediente administrativo.
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43. Sobre la naturaleza de dicha vinculación, debe tenerse en cuenta que el
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares —ICCE— se encontraba
adscrito al Ministerio de Educación Nacional, lo que comportaba su integración al
sector administrativo de esa cartera y, por ende, su pertenencia al orden nacional.
En ese contexto, los actos proferidos por sus autoridades, entre ellos los
nombramientos efectuados por su gerente general, tienen naturaleza nacional,
circunstancia relevante para establecer el carácter del vínculo docente10.
44. Igualmente, reposa certificación emitida por el Colegio Nacional José Artemio
Mendoza Carvajal, en la que se señaló que el causante prestó sus servicios en ese
establecimiento como rector desde el 1.º de mayo de 1980 hasta el 31 de enero de
2000, y que dicho nombramiento se efectuó mediante Resolución 4506 del 16 de
abril de 1980, emanada del Ministerio de Educación Nacional. Esta información se
corrobora con la certificación de salarios emitida por el rector y pagador del referido
colegio, en la cual se reiteró que el señor Insuasty Obando fue nombrado como
rector de esa institución por acto administrativo expedido por dicha cartera
ministerial.
45. De lo anterior se desprende que, a partir del 1° de agosto de 1970 y hasta su
retiro del servicio, la vinculación docente del causante estuvo asociada a
nombramientos efectuados por entidades del orden nacional, primero a través del
ICCE y luego mediante actos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.
En consecuencia, dichos periodos no podían ser computados como tiempo territorial
o nacionalizado para efectos de acreditar los 20 años exigidos para acceder a la
pensión gracia.
46. Ahora, aun cuando en el expediente se advierten tiempos de servicio
anteriores a dicha vinculación, estos no resultan suficientes para completar el
requisito temporal exigido por la Ley 114 de 1913 y las normas que ampliaron el
ámbito de aplicación de la pensión gracia. De hecho, la propia entidad demandada
sostuvo que, al excluir los tiempos de carácter nacional, el señor Insuasty Obando
solo acreditaba 11 años, 1 mes y 28 días de servicio computable para dicha
prestación.
47. Así las cosas, la Sala concluye que el señor Tomás Gilberto Insuasty Obando
no cumplía el requisito de 20 años de servicio docente en vinculación territorial o
nacionalizada, de manera que la pensión gracia reconocida en vida no podía servir
de fundamento válido para ordenar la sustitución reclamada por la señora Elia Rosa
Chamorro Quiroz.
48. En consecuencia, la negativa contenida en las Resoluciones RDP 023981
del 7 de junio de 2017 y RDP 031351 del 4 de agosto del mismo año se ajustó a
derecho, por lo que se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.
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Ver sentencia de 26 de marzo de 2026, rad. 13001-23-33-000-2018-00160-03 (3332-2025), C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves.
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 52001 23 33 000 2018 00487 01 (4558-2021)
Demandante: Elia Rosa Chamorro Quiroz
2.6 Condena en costas ambas instancias
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante -parte vencida-, por cuanto la sentencia de primera instancia será
revocada en su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 30 de junio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió las pretensiones de la demanda; de
acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
En su lugar NEGAR las pretensiones deprecadas.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante,
por los motivos expuestos en esta providencia.
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Demandante: Elia Rosa Chamorro Quiroz
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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