Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2013-00215-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2013-00215-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2013-00215-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 47001 23 33 000 2013 00215 01 (4118-2018)
Demandante: Alicia María Maza Sarmiento
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Improcedencia de la sustitución pensional. Docente
nacional. Indebido reconocimiento de la pensión gracia.
Condena en costas.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia toda vez que el
causante no tenía derecho a la pensión gracia objeto de
sustitución.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 18 de abril de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó la nulidad de la Resolución 023906 del 29 de octubre de 20102, a través
de la cual CAJANAL negó una sustitución pensional a la demandante en calidad
de cónyuge supérstite del señor Rafael Vicente Zárate Peña (q. e. p. d.) y la
Resolución PAP 058034 del 20 de junio de 20113, mediante la cual se dejó en
suspenso del 50% de la pensión de «sobrevivientes» de la actora y la señora
Mireya Vizcaíno Padilla, en sus calidades de cónyuge y compañera permanente
del causante, respectivamente.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad
demandada al reconocimiento de la prestación periódica solicitada en su
condición de cónyuge supérstite del docente, desde el momento en que se
produjo el estatus pensional del fallecido y con los ajustes de valor e indexación
correspondientes.
1 Folios 193 al 211.
2 Folios 6 al 9.
3 Folios 11 al 13.
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Demandante: Alicia María Maza Sarmiento
3. Como sustento de sus pretensiones, adujo que CAJANAL, mediante la
Resolución 18025 del 15 de mayo de 2009, le reconoció al causante una pensión
gracia a partir del 17 de junio de 2004, pero con efectos fiscales desde el 30 de
julio de 2005 por operar la prescripción trienal.
4. Relató que a pesar de no acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa para impugnar su propio acto y sin contar con el consentimiento
expreso y escrito del titular del derecho, la entidad CAJANAL emitió la Resolución
023906 del 29 de octubre de 2010, mediante la cual procedió a la «revocación
directa» del acto administrativo que reconocía la prestación.
5. Asimismo, aclaró que ella y el de cujus hicieron vida marital y convivieron
desde su matrimonio hasta el deceso ocurrido el 27 de mayo de 2009. Además,
precisó que para ese momento contaba con más de 30 años de edad y siempre
tuvieron residencia en la Calle 32 # 43-04 del municipio de Soledad (Atlántico).
Finalmente, agregó que dependía económicamente de su esposo y que el
causante no convivía con otra persona.
Contestaciones de la demanda
6. La UGPP4, en su calidad de sucesora procesal de la extinta CAJANAL, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas y, en su lugar, pidió
despacharlas desfavorablemente.
7. Con relación al derecho a la pensión gracia del causante, explicó que el
acto administrativo revocado había incurrido en un indebido reconocimiento de la
prestación por cuanto sus servicios docentes fueron prestados como maestro del
orden nacional en razón a que sus salarios y prestaciones sociales fueron
pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.
8. Añadió que, en caso de que se establezca que el causante sí tenía
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, para que proceda la sustitución
pensional se debe examinar si la demandante o la compañera permanente
reúnen los requisitos para acceder a la prestación periódica pues ambas
manifestaron haber convivido con el causante y dependido económicamente
durante los 5 años anteriores a su fallecimiento.
9. Precisó que también debe examinarse si los hijos del docente, quienes
también reclamaron ante la administración el reconocimiento de la sustitución de
la pensión gracia, acreditaron su incapacidad para trabajar en razón a estudios
y, en el caso de Rafael Luis Zárate, si demostró su condición de hijo
extramatrimonial del causante, máxime cuando en el registro civil de nacimiento
allegado le faltaba la firma de reconocimiento.
4 Folios 243 al 253.
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10. Por lo anterior, propuso las excepciones de fondo que denominó
«inexistencia de las obligaciones», «cobro de lo no debido», «buena fe»,
«genérica o innominada» y «prescripción».
11. Por otra parte, el curador ad litem de la señora Mireya Vizcaíno Padilla5
manifestó atenerse a lo probado en el proceso, siempre y cuando se acceda al
100% de la sustitución de pensión en favor de su representada.
Sentencia apelada6
12. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida el
18 de abril de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados.
Asimismo, ordenó el restablecimiento del derecho a favor de Alicia Maza
Sarmiento, en su calidad de cónyuge supérstite, disponiendo el reconocimiento y
pago de la sustitución de la pensión gracia que percibía el causante, en una
proporción del 100%, a partir del 28 de mayo de 2009.
13. Para adoptar dicha decisión, el Tribunal consideró que la entidad
demandada incurrió en un error jurídico al revocar de manera directa la
Resolución No. 18025 del 15 de mayo de 2009, mediante la cual se había
reconocido la pensión gracia al causante.
14. Explicó que, si bien el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 faculta a las
entidades públicas para revisar los actos de reconocimiento pensional que
expidan, no les es permitido dejar sin efectos tales actos sin el consentimiento
expreso del titular del derecho o de sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en
el artículo 73 del entonces vigente Código Contencioso Administrativo y lo
señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003.
15. En ese sentido, concluyó que, ante la eventual advertencia de un
reconocimiento pensional indebido, CAJANAL debía acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo para controvertir la legalidad del acto y no proceder a
su revocatoria directa, mucho menos dentro del trámite administrativo de
sustitución pensional promovido por la demandante.
16. Precisó, además, que el acto administrativo mediante el cual se reconoció
la pensión gracia al causante estaba amparado por la presunción de legalidad,
por lo que, en el marco del trámite de sustitución pensional, la entidad debía
limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos propios de dicha sustitución
previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, sin que fuera procedente reabrir
el examen de los presupuestos que dieron origen al reconocimiento inicial de la
prestación.
17. Bajo estas premisas, el a quo analizó la situación de las posibles
beneficiarias y concluyó que Mireya Vizcaíno Padilla, quien alegaba la condición
5 Folios 444 al 447.
6 Folios 675 al 686.
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de compañera permanente, no acreditó la convivencia exigida por la ley. En
contraste, consideró que Alicia Maza Sarmiento, en su calidad de cónyuge
supérstite, sí demostró dicho requisito, con base en el registro civil de matrimonio,
las declaraciones extraprocesales rendidas por Alicia Maza Sarmiento, Johanna
de Jesús Torres Soto y Narcisa Torrenegra, así como en las historias clínicas
obrantes en el expediente.
18. Finalmente, el Tribunal resolvió abstenerse de imponer condena en costas
a la entidad demandada.
Recurso de apelación
19. La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia solicitando su revocatoria y que, en consecuencia, se nieguen
las pretensiones de la demanda.
20. Como fundamento de su inconformidad, argumentó que no procedía el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia ya que —a su juicio— quedó
plenamente demostrado que el causante no tenía derecho a dicha prestación,
debido a un reconocimiento pensional indebido. Esta circunstancia, según la
parte apelante, impedía que se generaran derechos derivados a favor de los
presuntos beneficiarios.
21. Adicionalmente, sostuvo que no se acreditó en el proceso la convivencia
exigida por la ley durante los 5 años anteriores al fallecimiento del docente. A
más que cuestionó la valoración probatoria realizada por el Tribunal al otorgar
mérito a declaraciones extraprocesales que no fueron ratificadas en el proceso y
que —según el apelante— no cumplen con las exigencias establecidas en el
artículo 222 del CGP, ni permiten generar certeza suficiente sobre los hechos
alegados.
22. Por tal motivo, consideró que dichas pruebas no podían servir de
fundamento para el reconocimiento de la sustitución pensional.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 28 de noviembre de 2018, se admitió el recurso de
apelación de la referencia. Luego, el 10 de octubre de 2019 se ordenó correr
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión dentro de
los 10 días siguientes. Así mismo, se dispuso que, vencido dicho término, se
debía poner el expediente a disposición del Ministerio Público para que emitiera
el correspondiente concepto.
24. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y
pidió que se confirme la sentencia apelada. Por su parte, la entidad demandada
solicitó revocar la decisión impugnada, habida cuenta de que el recurrente no
tenía derecho a la pensión gracia.
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25. El Ministerio Público guardó silencio.
26. Por medio de auto fechado el 13 de diciembre de 2022, la Sala dispuso,
como prueba de oficio, solicitar a la Secretaría de Educación del departamento
del Magdalena el envío del expediente administrativo laboral correspondiente al
señor Rafael Vicente Zárate Peña (q. e. p. d.), haciendo especial énfasis en los
decretos de nombramiento y requiriendo, además, la certificación sobre el origen
de los recursos utilizados para remunerar los servicios prestados.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
28. Conforme a lo expuesto en el recurso de apelación, corresponde a la Sala
determinar si era jurídicamente viable que la entidad, al resolver la solicitud de
sustitución pensional, examinara la legalidad del reconocimiento previo de la
pensión gracia; y si el señor Rafael Vicente Zárate Peña (q. e. p. d.) cumplía los
requisitos legales para acceder a dicha prestación, de modo que pudiera
generarse el derecho derivado a la sustitución pensional.
Análisis del problema jurídico
1. ¿El causante tenía derecho a la pensión gracia reconocida por Cajanal?
29. Sea lo primero señalar que esta Sala no comparte el análisis efectuado
por el Tribunal Administrativo del Magdalena respecto de la decisión de concluir
que CAJANAL incurrió en un yerro jurídico al revocar de manera directa —
mediante la Resolución PAP 023906 de 29 de octubre de 2010— la Resolución
18025 de 15 de mayo de 2009, por medio de la cual se había reconocido la
pensión gracia al causante.
30. Lo anterior, por cuanto al revisar el contenido del referido acto
administrativo de 2010 —objeto de la presente demanda—, se advierte que con
este la entidad no revocó el acto de reconocimiento, sino que negó la sustitución
pensional solicitada, al considerar que el causante no tenía derecho a la pensión
gracia.
31. En consecuencia, debe entenderse que el acto de reconocimiento nunca
fue retirado del ordenamiento jurídico, sino que la entidad, al considerar que el
docente no había acreditado los requisitos legales para acceder a la mencionada
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prestación periódica, estimó improcedente acceder a la petición de sustitución
pensional.
32. Por tanto, esta Sala considera que el Tribunal debió centrar su análisis en
la legalidad de la Resolución PAP 023906 de 29 de octubre de 2010 —acto
acusado—, a efectos de determinar si el causante cumplía o no los requisitos
para acceder a la pensión gracia y, en consecuencia, establecer si procedía la
sustitución pensional reclamada.
33. Sobre este punto, conviene aclarar que lo anterior no implica desconocer
la presunción de legalidad del acto de reconocimiento, sino ejercer el control que
corresponde al juez en el marco del medio de control instaurado para determinar
si del mismo pueden derivarse válidamente efectos jurídicos en favor de terceros.
34. Aclarado esto, en aras de establecer si había lugar a reconocer la
sustitución pensional deprecada tanto por la demandante —cónyuge supérstite
del causante— como por la señora Mireya Vizcaíno Padilla —compañera
permanente—, la Subsección entrará a estudiar si el señor Rafael Vicente Zárate
Peña (q. e. p. d.) acreditó las exigencias para acceder a la pensión gracia que le
fue reconocida a través de la Resolución 18025 de 15 de mayo de 20097.
35. Para acceder al beneficio de la citada prestación periódica, deben
cumplirse de manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado
como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii)
haber prestado servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o
departamental) por un periodo no inferior a 20 años, ya sean continuos o
discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia
con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar
recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.
36. En el proceso está demostrado que el causante nació el 5 de abril de
19468, lo cual demuestra que para el año 2009 tenía más de 50 años, acreditando
así el requisito de la edad.
37. Por su parte, en cuanto a la exigencia de haber estado vinculado como
docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, en el
plenario obra copia de la Comunicación 531 del 25 de mayo de 19779, mediante
el cual el subsecretario de educación del departamento del Atlántico le informó al
causante sobre su nombramiento en el cargo de director de grupo del Colegio
Mixto de Usiacurí (Atlántico), en virtud del Decreto 0165 del 17 de mayo de 1977.
De dicho cargo tomó posesión el 14 de junio de 1977 ante el jefe de personal de
la gobernación del Atlántico10.
7 Folios 2 al 5.
8 Folio 22.
9 Página 11 del archivo «57RECIBEMEMORIAL_41182018MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 64» obrante
en el índice 64 de SAMAI.
10 Página 13, ibidem.
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38. Igualmente, se allegó copia de la constancia emitida el 27 de agosto de
198111 por el rector y la secretaria del Colegio Bachillerato Mixto de Usiacurí
(Atlántico), por la cual se certificó que el causante prestó sus servicios como
director de grupo en dicha institución desde el 1.º de enero al 31 de julio de 1980.
39. Con respecto a los documentos previamente analizados, conviene
precisar que en el expediente no reposa copia del Decreto 165 del 17 de mayo
de 1977, por medio del cual se nombró al causante como docente en el municipio
de Usiacurí (Atlántico).
40. No obstante, es dable inferir que la mencionada vinculación docente fue
de naturaleza territorial-departamental, en tanto que la comunicación remitida al
causante fue suscrita por el subsecretario de educación del departamento del
Atlántico y la posesión se dio ante el jefe de personal de la Gobernación, sin que
se advierta la intervención del Ministerio de Educación Nacional en tales
gestiones, lo cual se acompasa con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley 91
de 1989, según la cual son territoriales «los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
41. Bajo este contexto, la Sala tendrá por demostrado el requisito de
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente territorial ya
que se probó que el causante prestó sus servicios como director de grupo en el
Colegio Bachillerato Mixto de Usiacurí (Atlántico), entre el 14 de junio de 1977 y
el 31 de julio de 1980, esto es, por un lapso de 3 años, 1 mes y 17 días12.
42. Ahora bien, en lo referente a la exigencia de haber laborado como docente
territorial o nacionalizado durante 20 años, se aportó copia de la Resolución
18524 BIS del 4 de noviembre de 198113, emitida por el Ministerio de Educación
Nacional, a través de la cual se nombró al causante como rector del Colegio
Nacional de Bachillerato «Campo de la Cruz» del municipio de Campo de la Cruz
(Atlántico), cargo del que tomó posesión el 14 de diciembre de 1981 ante la
secretaria de la Alcaldía de dicho municipio14.
43. De igual modo, se aportó copia de la Resolución 08884 del 30 de julio de
198715, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional trasladó al
causante al cargo de rector del Instituto Agrícola de El Piñón (Magdalena).
44. También aparece copia del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 10 de diciembre de 200916, a través del cual la
Secretaría de Educación del Magdalena dio constancia de que el causante prestó
sus servicios como directivo-docente en propiedad, con tipo de vinculación
11 Página 98, ibidem.
12 Lapso contabilizado conforme al calendario laboral de 360 días al año y 30 días al mes.
13 Página 7 del archivo «57RECIBEMEMORIAL_41182018MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 64» obrante en
el índice 64 de SAMAI
14 Página 8, ibidem.
15 Páginas 19 y 20, ibidem.
16 Página 22 del archivo «68RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL41182018RESP(.pdf) NroActua 72» que
reposa en el índice 72 de SAMAI.
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nacional, desde el 21 de agosto de 1987 hasta el 31 de agosto de 2009, para el
Instituto Agrícola de El Piñón y la Institución Educativa de Palermo del municipio
de Sitionuevo, en virtud del nombramiento efectuado a través de la Resolución
08884 del 30 de julio de 1987 y del traslado realizado por el Decreto 253 del 8 de
septiembre de 200517.
45. De acuerdo con los decretos de nombramiento y traslado que anteceden,
así como con el certificado de historia laboral, para esta Subsección está claro
que el vínculo que el causante tuvo en el Colegio Nacional de Bachillerato
«Campo de la Cruz» del municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) y en el
Instituto Agrícola de El Piñón (Magdalena), respectivamente, fueron de
naturaleza nacional, en la medida de que dichos actos administrativos fueron
proferidos directamente por el Ministerio de Educación Nacional. Lo anterior,
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, en el que
se define que son docentes nacionales aquellos «vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional».
46. Sobre este punto, conviene traer a colación lo dispuesto en la sentencia
de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de agosto de 199718 proferida por
la Sala Plena de esta Colegiatura, en la que se estableció la improcedencia de la
pensión gracia para los docentes nacionales, en los siguientes términos:
[…] 4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de
que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad
de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
“….con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación”; hecho que modificó la ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia
quien recibiera “…otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su
propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor,
en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan
vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la
posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B
del mismo precepto, o sea la “…pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes
nacionales o nacionalizados (literal B, No. 2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que
el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que
dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
…siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que
17 Folio 578.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia proferida el 26 de agosto de
1997, dentro del expediente S-699, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda.
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sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de
su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […] (Se resalta)
47. La anterior posición fue ratificada por esta Sección mediante la sentencia
de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201819,
aplicada actualmente para resolver los litigios similares o análogos al sub lite.
48. Así las cosas, no es posible computar los tiempos de servicios que el
causante ejerció como docente a partir del 14 de diciembre de 1981, por cuanto
son incompatibles con el reconocimiento de la pensión gracia.
49. Aunado a ello, vale la pena indicar que si bien es cierto mediante la
Resolución 00041 del 16 de enero de 199020, aclarada por la Resolución 3305
del 11 de mayo de 199221, el Ministerio de Educación Nacional le entregó al
alcalde del municipio de El Piñón (Magdalena) la planta de personal del Instituto
Agrícola de ese ente territorial, dentro del cual se encontraba el causante en
calidad de rector, y que el traslado efectuado en el año 2005 a la Institución
Educativa Palermo del municipio de Sitionuevo fue suscrito por el gobernador del
Magdalena mediante el Decreto 253 del 8 de septiembre de 200522, ello no
modificó la naturaleza del vínculo primigenio, pues está probado que no existió
solución de continuidad desde 1981 hasta el 27 de mayo de 2009 (fecha del
fallecimiento del causante23).
50. En suma, a pesar de que se acreditó que el causante tenía más de 50
años de edad para el año 2009 y que laboró como docente territorial para el
departamento del Atlántico antes del 31 de diciembre de 1980 por un lapso de 3
años, 1 mes y 17 días, no cumplió con el requisito de haber servido en dicha
calidad durante 20 años. Lo anterior, considerando que su vinculación docente a
partir de 1981 y hasta el día de su fallecimiento fue de carácter nacional, por lo
cual no es dable tener en cuenta dicha circunstancia para beneficiarse de la
pensión gracia.
2. Improcedencia de la sustitución pensional reclamada
51. Como bien lo ha establecido esta Corporación24, la muerte constituye una
contingencia amparada del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en
forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar se
corre el riesgo de que sus integrantes queden inermes y en peligro para poder
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018, proferida bajo el radicado 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con ponencia
del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Páginas 14 y 15 del archivo «59RECIBEMEMORIAL_41182018RESPUESTAARE(.pdf) NroActua 67»,
obrante en el índice 67 de SAMAI.
21 Páginas 12 y 13, ibidem.
22 Folio 578.
23 Cfr. Registro Civil de Defunción 06620157, obrante en el folio 21 y la Resolución 395 del 18 de agosto de
2009, mediante el cual se legalizó el retiro del servicio del causante por su fallecimiento (folio 371).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2014, expediente
08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Demandante: Alicia María Maza Sarmiento
subsistir. Por ello, se concibieron la sustitución pensional y la pensión de
sobrevivientes, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones
mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.
52. La primera de ellas es concedida con ocasión del fallecimiento de un
pensionado o de una persona que ya había adquirido legalmente el estatus, pero
que no se le había reconocido formalmente y la segunda es otorgada en virtud
de un afiliado no pensionado, cuyo deceso se presenta antes de cumplir las
condiciones para acceder a la pensión. Por lo tanto, está permitido que la
Administración y el juez validen si el derecho reconocido al causante se
encuentra ajustado a la ley.
53. Ahora bien, esta Subsección25 también ha establecido que la sustitución
pensional está indiscutiblemente ligada con la pensión en sí misma y con todo lo
que acontezca respecto de ella, en el entendido de que la primera es accesoria
a la segunda. En efecto, la sustitución no constituye un derecho autónomo ni
independiente, sino una consecuencia jurídica derivada del reconocimiento
previo de la prestación principal y, particularmente, del fallecimiento de su titular.
54. En esa línea, tanto la administración como el juez están habilitados, al
momento de resolver controversias de esta naturaleza, para examinar si el
derecho pensional reconocido al causante se ajusta plenamente al ordenamiento
jurídico comoquiera que el reconocimiento de una prestación no produce efectos
automáticos en favor de terceros cuando se advierte que fue otorgado con
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables.
55. Dicho de otro modo, conforme al principio de legalidad, no es
jurídicamente viable consolidar situaciones jurídicas derivadas de otras que
adolecen de irregularidad o carecen de sustento normativo pretendiendo que las
autoridades permanezcan impasibles ante una infracción manifiesta del marco
jurídico, pues ello no solo contraría dicho mandato de optimización, sino que
compromete el principio a la moralidad administrativa.
56. Es más, convalidar un indebido reconocimiento pensional con el propósito
de proyectar efectos sobre una situación accesoria como lo es la sustitución,
implicaría perpetuar una actuación contraria a derecho y erosionar el fundamento
de justicia que debe orientar las relaciones jurídicas, en especial aquellas que se
configuran entre el Estado y los particulares.
57. De acuerdo con lo anterior y partiendo de la base de que el señor Rafael
Vicente Zárate Peña (q. e. p. d.) no tenía derecho a la pensión gracia que le fue
reconocida a través de la Resolución 18025 de 15 de mayo de 2009, no es
posible acceder a la sustitución pensional reclamada por las señoras Alicia María
Maza Sarmiento —cónyuge supérstite— y Mireya Vizcaíno Padilla —compañera
permanente—.
25Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. i)
Sentencia del 23 de octubre de 2025, bajo el radicado 68001-23-33-000-2018-00674-01 (6364-2024), con
ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez; y ii) Sentencia del 21 de junio de 2018, bajo el radicado
08001-23-33-000-2013-00785-01(0390-16), con ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas.
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58. Finalmente, es preciso aclarar que la presente decisión no comporta la
anulación ni la revocatoria del acto administrativo que reconoció la pensión gracia
al causante, el cual conserva su presunción de legalidad mientras no sea retirado
del ordenamiento jurídico por las vías previstas en la ley.
59. Por el contrario, lo que aquí se ejerce es un control incidental de legalidad,
propio de la función jurisdiccional, orientado exclusivamente a determinar si de
dicho acto pueden derivarse válidamente efectos jurídicos en favor de terceros
en el marco de la sustitución pensional reclamada. Tal examen resulta
jurídicamente admisible, pues, como ya se indicó en precedencia, la sustitución
no constituye un derecho autónomo, sino accesorio y dependiente de la
existencia de un derecho principal ajustado al ordenamiento jurídico.
60. Por consiguiente, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
64. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora en ambas
instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se accede a
las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Magdalena.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 18 de abril de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por la señora Alicia María Maza Sarmiento contra la UGPP.
En su lugar,
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.
TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la señora Alicia María
Maza Sarmiento. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Magdalena.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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