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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00418-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00418-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 27 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00418-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2021 00418 01 (0702–2026)
Demandante: José Luis Bocanegra Quila
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Docente nacional. Nombramiento
realizado por Instituto Colombiano de Construcciones
Escolares – ICCE. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 27 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas
de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor José Luis Bocanegra Quila, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de la respuesta al escrito del 10 de octubre de 1997 con
radicado 17138 de 1997, y de las Resoluciones 012349 del 11 de mayo de 1998,
021764 del 29 de septiembre de 2000, 002408 del 11 de abril de 2002 y 046709 del
4 de abril de 2011, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico con los
respectivos ajustes de ley; indexar las sumas adeudadas de acuerdo con el IPC; el
cumplimiento de la sentencia y el pago de intereses moratorios.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00418 01 (0702–2026)
Demandante: José Luis Bocanegra Quila

4. El señor José Luis Bocanegra Quila manifestó que fue vinculado al magisterio
antes de 1981 y que laboró al servicio de la Nación en la Institución Educativa
Eustaquio Palacios y en el INEM Jorge Isaacs de Cali, con fundamento en el Decreto
0960 del 12 de septiembre de 1969 y la Resolución 2044 del 2 de septiembre de
1971.

5. Señaló que cumplió 20 años de servicio el 23 de septiembre de 1989; que
nació el 6 de mayo de 1944 y cumplió 50 años de edad el 6 de mayo de 1994, fecha
en la que, según afirmó, adquirió el estatus pensional. Agregó que acreditó buena
conducta y que reúne los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 13, 29 y 230 de la
Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
91 de 1989. Alegó que se cumplieron los requisitos exigidos para el reconocimiento
de la pensión gracia y que, pese a ello, la entidad demandada negó la prestación al
considerar que los tiempos servidos como docente nacional no eran válidos para
acceder a aquella.

7. Adujo que la negativa de la entidad demandada desconoce que no existe
disposición legal que excluya los tiempos servidos en planteles nacionales para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia. En ese sentido, sostuvo que la
UGPP inaplicó la Ley 91 de 1989, así como la interpretación que, según afirmó,
realizó el Congreso de la República sobre el artículo 15 de dicha norma, conforme
a la cual los educadores con tiempos de servicio en planteles del orden nacional
también serían beneficiarios de la pensión gracia, aunque su pensión ordinaria
estuviera a cargo total o parcial de la Nación.

1.3. Contestación de la demanda
8. Luego de admitida2 y notificada la demanda, se advierte que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, no contestó.

1.4. Sentencia de primera instancia3
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 27 de
octubre de 2025, negó las pretensiones de la demanda por considerar que el señor
Bocanegra Quila no acreditó 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizado, requisito necesario para acceder a la pensión gracia.

10. Para arribar a dicha conclusión, sostuvo que, si bien el demandante se
vinculó a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, únicamente acreditó
2 años como docente con régimen pensional nacionalizado, entre el 23 de
septiembre de 1969 y el 22 de septiembre de 1971.

2 La demanda fue admitida el 29 de julio de 2024

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00418 01 (0702–2026)
Demandante: José Luis Bocanegra Quila

11. Indicó que el tiempo laborado con posterioridad, esto es, desde el 23 de
septiembre de 1971 hasta el 29 de septiembre de 2009 en el INEM Jorge Isaacs,
no podía computarse para efectos del reconocimiento de la prestación, en tanto
correspondió a una vinculación de carácter nacional.

12. Agregó que la pensión gracia solo procede respecto de docentes
departamentales, distritales, municipales o nacionalizados, sin que sea posible
acumular tiempos prestados en el orden nacional. En ese sentido, concluyó que los
servicios acreditados como docente nacional no resultaban válidos para completar
los 20 años exigidos por la normativa aplicable.

1.5. Recurso de apelación4
13. La parte demandante presentó recurso de apelación con el que solicitó
revocar la sentencia de primera instancia, con fundamento en que el tribunal inaplicó
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, norma que, a su juicio, reconoce la pensión
gracia a todos los docentes nacionales y nacionalizados vinculados antes de 1981.

14. Sostuvo que no existe una ley que disponga que los tiempos servidos en
instituciones educativas nacionales no sean válidos para acceder a la pensión
gracia. Por el contrario, afirmó que la Ley 91 de 1989 permite el reconocimiento de
dicha prestación aun cuando la pensión ordinaria esté a cargo total o parcial de la
Nación.

15. Agregó que, durante más de 50 años, Cajanal reconoció la pensión gracia a
docentes de primaria, secundaria y normales, sin distinguir si eran nacionales,
nacionalizados o territoriales, y que la restricción frente a los docentes nacionales
tuvo origen en una interpretación equivocada de la sentencia S-699 de 1997.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
16. Con auto de 10 de abril de 2026, se admitió el recurso de apelación. No hubo
intervenciones en esta instancia.

17. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
18. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante, en este caso la
parte demandante.

4
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5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00418 01 (0702–2026)
Demandante: José Luis Bocanegra Quila

2.2 Del problema jurídico
19. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor José Luis
Bocanegra Quila, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
20. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.

21. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por
las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»

22. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales6.

6 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de

1997.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00418 01 (0702–2026)
Demandante: José Luis Bocanegra Quila

23. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20187 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.

24. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la
plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado
fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

25. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 20228 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación
al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

26. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con

7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 76001 23 33 000 2021 00418 01 (0702–2026)
Demandante: José Luis Bocanegra Quila

anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa
27. El 10 de octubre de 1997, el señor José Luis Bocanegra Quila solicitó ante la
Caja Nacional de Previsión Social —CAJANAL—, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
—UGPP—, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, y fue negada mediante
Resolución 012349 del 11 de mayo de 1998, al considerar que el interesado no tenía
derecho a la pensión gracia, por cuanto no acreditó haber laborado en enseñanza
primaria durante 20 años.

28. Luego el actor presentó nueva solicitud, la cual fue resuelta de forma
desfavorable mediante la Resolución 021764 del 29 de septiembre de 2000, al
estimar que el interesado no acreditó 20 años de servicio en la docencia oficial del
orden departamental, municipal o distrital, pues únicamente contabilizó como
válidos los servicios prestados entre el 23 de septiembre de 1969 y el 23 de
septiembre de 1971. Contra dicho acto interpuso recurso de apelación el cual fue
desatado con la Resolución 002408 del 19 de abril de 2002, confirmando la
negativa, al considerar que los tiempos laborados en el INEM Jorge Isaacs de Cali
correspondían a una vinculación del orden nacional y, por tanto, no eran
computables para el reconocimiento de dicha prestación.

29. El 24 de junio de 2009, presentó el actor otra solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión gracia, la cual fue negada con la Resolución PAP 046709 del 4
de abril de 2011.

2.5. Caso concreto
30. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden
a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
31. Edad. Se encuentra acreditado que el señor Jose Luis Bocanegra Quila
nació el 6 de mayo de 1944, por lo que, en 1994 cumplió 50 años; requisito este
frente al cual no existe discusión.

32. Buena conducta. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se
observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad
educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

33. Vinculación de la demandante y tiempo de servicios. Ahora bien, se
observan las siguientes novedades laborales como docente oficial, aspecto que es
objeto de controversia en esta instancia.

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• Vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980

• Desde el 23 de septiembre de 1969 hasta el 22 de septiembre de 1971 (2
años)

34. Frente a este primer periodo, la Sala advierte que en el expediente
únicamente obra el certificado de historia laboral expedido por la Secretaría de
Educación Municipal de Santiago de Cali, en el que se registró como acto de ingreso
el Decreto 0960 del 12 de septiembre de 1969, la fecha de posesión del 23 de
septiembre de 1969 y el retiro el 22 de septiembre de 1971.

35. Sin embargo, dicho documento no resulta suficiente para establecer, de
manera inequívoca, la naturaleza territorial o nacionalizada de la vinculación, pues
la anotación allí contenida hace referencia al «régimen de pensiones» y no
propiamente al tipo de vínculo docente. En efecto, conforme a las reglas
jurisprudenciales aplicables, lo determinante para efectos de la pensión gracia no
es la denominación del régimen pensional ni el origen de los recursos, sino la
acreditación de que la plaza ocupada tenía carácter territorial o nacionalizado.

36. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el referido periodo se
desarrolló entre 1969 y 1971, esto es, antes del proceso de nacionalización de la
educación oficial, razón por la cual, contrario a lo señalado el a quo, no resulta
posible concluir, solo a partir de la certificación mencionada, que el vínculo hubiese
tenido naturaleza nacionalizada. En esa medida, si bien dicho lapso fue tenido en
cuenta por la administración al resolver algunas de las solicitudes elevadas por el
actor, lo cierto es que la prueba obrante en el expediente no ofrece certeza a la
Sala, respecto a la naturaleza territorial de este tiempo de servicio.

37. En consecuencia, el periodo comprendido entre el 23 de septiembre de 1969
y el 22 de septiembre de 1971 no puede ser computado para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
• Desde el 23 de septiembre de 1971 hasta el 29 de septiembre de 2009
(38 años y 7 días)

38. Revisado el expediente, se observa que a través de la Resolución 2044 de
fecha 2 de septiembre de 19719, el gerente general del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares - ICCE en uso de sus atribuciones legales nombró al
señor José Luis Bocanegra Quila como Instructor IV (educación física) en el Instituto
Nacional de Educación Media Diversificada - INEM de Cali, cargo del cual tomó
posesión el 23 de septiembre de 1971.

39. Con relación a este periodo también reposa en el plenario certificado de
tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali de
22 de febrero de 2017, en el cual se indicó que la docente prestó sus servicios con
una vinculación en propiedad, en forma continua desde el 23 de septiembre de 1971
hasta el 29 de septiembre de 2009.

9
Pg 23 y 24 del archivo cuaderno01.pdf del expediente digital
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40. Ahora bien, respecto a la naturaleza de la designación, del mencionado acto
de nombramiento y del acta de posesión se advierte que el Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares – ICCE se encontraba adscrito al Ministerio de Educación
Nacional, conforme se dispuso en el Decreto 2394 de 196810, de ahí su naturaleza
nacional.11 En efecto, la adscripción comporta la sujeción de la entidad a la
orientación, coordinación y control administrativo del ministerio correspondiente, lo
que determina su ubicación orgánica dentro de la estructura de la administración
pública nacional.

41. En ese contexto, los actos proferidos por sus autoridades, entre ellos los
nombramientos efectuados por su gerente general, tienen naturaleza nacional,
circunstancia relevante para efectos de establecer la naturaleza del vínculo docente.
Así, se tiene que la Nación fue la que fungió como nominador, por lo que para la
Sala no existe duda de que el tiempo servido en virtud de esta designación, no
puede ser computado para efectos de pensión gracia.

42. Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un
docente «nacional» es aquel vinculado por nombramiento del Gobierno nacional.

43. En ese orden de ideas, el período que el demandante laboró como docente
desde el 23 de septiembre de 1971 hasta el 29 de septiembre de 2009, fue de
carácter nacional y, en consecuencia, no acreditó el cumplimiento del requisito de
20 años de servicios con vinculación como docente territorial o nacionalizado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

44. Así entonces, para esta Colegiatura no tienen vocación de prosperidad los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, en tanto no logran desvirtuar la
naturaleza nacional del vínculo, ni demostrar que la plaza docente ostentara
carácter territorial o nacionalizado. En ese sentido, no resulta determinante el origen
de los recursos con los cuales se financiaba el servicio, pues este no es el elemento
esencial para definir la naturaleza del vínculo, sino como se mencionó la plaza
ocupada.

45. En consonancia con lo anterior, esta Subsección ha precisado que la
naturaleza del vínculo docente no se modifica por circunstancias posteriores como
el traslado, la incorporación a plantas territoriales o el origen de los recursos con los
cuales se financia el servicio educativo. En efecto, se ha establecido que, aun
cuando un docente sea incorporado a la planta de una entidad territorial en
desarrollo del proceso de descentralización, mantiene incólume la naturaleza de su
vinculación inicial, siempre que no exista solución de continuidad en la relación

10 Dicho instituto se creó como «[…] establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, […] adscrito al Ministerio de Educación Nacional […]»
11 Respecto a la naturaleza de la designación realizada por el ICCE ver sentencias de 24 de agosto de 2023,
expediente 41001-23-33-000-2015-00691-01 (5603-2019) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; y de 31 de agosto
de 2023, expediente 63001 23 33 000 2015 00210 01 (3305–2017), C.P Gabriel Valbuena Hernández; sentencia
de 26 de marzo de 2026, rad. 13001-23-33-000-2018-00160-03 (3332-2025), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves

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Demandante: José Luis Bocanegra Quila

laboral, de manera que el carácter nacional o territorial del vínculo se define a partir
del acto de nombramiento y de la autoridad que lo expide12

46. Adicionalmente, tampoco es posible considerar que se trate de una
vinculación nacionalizada, habida cuenta de que el nombramiento se produjo en el
año 1971, esto es, con anterioridad al proceso de nacionalización de la educación
oficial, por lo que el vínculo nació y se mantuvo con carácter nacional.

2.6. Conclusión
47. En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados
en el recurso de apelación, el demandante no cumple con el requisito de vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 al servicio docente territorial o
nacionalizado para ser beneficiario de la pensión solicitada, como tampoco acredita
20 años de servicio docente bajo dicha modalidad, razón por la cual, la Sala deberá
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

2.7. Condena en costas
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

51. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante -parte vencida-, por
cuanto la sentencia de primera instancia será confirmada en su totalidad. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2025, rad.

05001-23-33-000-2021-00566-01 (6176-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00418 01 (0702–2026)
Demandante: José Luis Bocanegra Quila

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 27 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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