Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00691-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00691-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00691-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00691-01 (5603-2019)
Demandante: María Elsy Ortiz de Tovar
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden nacional en Institutos Nacionales de
Educación Media Diversificada (INEM). Aplicación de sentencias
de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de
2022. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el siete (7) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora MARÍA ELSY ORTIZ DE TOVAR instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) 006667 del 26 de abril de 2000 y
(ii) 15238 del 10 de agosto de 2000, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante, y se confirmó
1 Folios 38 a 39, C1.
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tal decisión respectivamente. Que a título de restablecimiento del derecho se
condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación
conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo de las
mesadas adeudadas por dicho concepto.
Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones de los artículos
187, 192, 194 y 195 del CPACA, y se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que la demandante nació el 5 de octubre de 1944, y durante su vida laboral fue
nombrada como docente de la Escuela Normal Nacional de Jericó (Antioquia) del
18 de enero de 1968 al 30 de enero de 1970, luego en el Liceo Nacional Marco Fidel
Suárez de Medellín desde el 25 de febrero de 1970 hasta el 14 de mayo de 1972, y
finalmente en el INEM Francisco de Paula Santander de Bogotá de forma interina
entre el 18 de mayo y el 4 de julio de 1972, para luego tomar posesión del cargo de
manera permanente del 5 de julio de 1972 al 28 de febrero de 1983.
Que el 6 de abril de 1999, la señora Ortiz de Tovar radicó ante la extinta Cajanal
EICE una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por
haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad
demandada negó lo reclamado a través de la Resolución 006667 del 26 de abril de
2000, por lo que la referida educadora interpuso recurso de reposición que fue
resuelto a través de la Resolución 15238 del 10 de agosto de 2000, en el sentido de
confirmar la decisión inicial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 22 de octubre de 2015 y notificada a la
UGPP3, quien presentó memorial de contestación4 en el cual manifestó que no
puede acceder a las pretensiones de la demandante, toda vez que la carga
probatoria para demostrar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 114 de 1913,
es una obligación que le correspondía única y exclusivamente a la peticionaria titular
del derecho, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código
Procedimiento Civil por remisión del artículo 267 del CPACA. Que a pesar lo
anterior, la actora no allegó los elementos de juicio que permitan tomar una decisión
de fondo mediante acto administrativo o en curso de este proceso, por lo que no es
posible acceder a sus pedimentos.
2 Folios 39 a 41, C1.
3 Folios 61 y 71, C1.
4 Folios 72 a 76, C1.
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Propuso las excepciones que denominó, (i) inexistencia de la obligación
demandada, (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, (iii)
prescripción, (iv) falta de legitimación en la causa por activa, y (v) la genérica o
innominada.
En la audiencia inicial5 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y
por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Se fijó el litigio estableciéndose el
objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión,
se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas
conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.
En la audiencia de pruebas6 se recaudaron los medios de convicción decretados y
se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con
posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia escrita el 7 de junio de 2019, a
través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte activa. Para ello se refirió al régimen especial de la pensión gracia de los
docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933,
para posteriormente analizar la aplicación de los requisitos previstos en estas
normas en el caso específico de la accionante.
Sobre el caso particular aseguró que conforme a la regla jurisprudencial adoptada
en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 21 de junio de
2018, la calidad de docente territorial se acredita con la copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo y donde se establezca que la plaza a ocupar
es territorial, o en su defecto, la certificación de la autoridad nominadora, que dé
cuenta de manera inequívoca que la vinculación del docente es territorial.
Que al presente proceso no se allegaron los actos administrativos de nombramiento
de la docente en ninguna de las instituciones educativas en las que laboró, lo que
exige acudir a las certificaciones expedidas por la autoridad nominadora para
efectos de determinar la calidad de docente territorial, nacional o nacionalizado de
la actora.
Que la certificación de tiempo de servicio expedida por la Alcaldía de Neiva
establece de manera inequívoca que la vinculación de la docente María Elsy Ortiz
de Tovar en la Institución Educativa INEM Julián Motta lo fue en calidad de docente
Nacional, de tal suerte que el período comprendido entre el 1 de junio de 1983 y el
5 Folios 142 a 144, C1.
6 Folios 161 a 162, C1.
7 Folios 190 a 196, C1.
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30 de enero de 2008 en el que prestó sus servicios en esa institución, no puede ser
tenido en cuenta para efectos del cumplimiento del requisito de tiempo de servicio
que la norma exige mínimo por 20 años.
Que las certificaciones expedidas por la Escuela Normal Nacional de Jericó -
Antioquia, el Liceo Nacional Marco Fidel Suarez de Medellín - Antioquia y el INEM
Francisco de Paula Santander de Bogotá - Kennedy, no establecen de manera
inequívoca que el tipo de vinculación de la actora en dichas instituciones educativas
haya sido de carácter territorial como lo exige la regla jurisprudencial de unificación,
aspecto que tampoco se puede siquiera deducir de dichas certificaciones puesto
que en ellas no se señala ni la naturaleza de la institución educativa ni de la plaza
que ocupó la accionante ni la autoridad que realizó el nombramiento, sin que el
hecho de haberse posesionado ante la autoridad municipal o que sea el respectivo
municipio el que haya realizado el pago de sus emolumentos salariales y
prestacionales o incluso el origen de los recursos con los que se pagaban tales
emolumentos determinen tal calidad.
Que en tal sentido, no puede afirmarse que el tiempo laborado en dichos
establecimientos de educación sea de carácter territorial o nacionalizado porque así
no lo establecen de manera inequívoca tales documentos, y aun si en gracia de
discusión se computaran estos lapsos, tampoco se cumpliría el tiempo de servicio
de 20 años que exige la norma, pues solamente acreditarían 15 años y 11 días.
EL RECURSO DE APELACIÓN8
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia por considerar que el otorgamiento de facultades por
parte del Legislador a las autoridades territoriales para asignar funciones
administrativas, docentes y académicas a los directivos docentes que se
desempeñen como supervisores o directores de núcleo educativo, representa un
desarrollo legal de las competencias constitucionales en materia educativa y una
concreción de sus facultades generales de dirección, financiación y administración
de los servicios educativos estatales por parte de las autoridades territoriales.
Que la certificación de tiempo de servicio y salarios devengados expedida por la
Secretaria de Educación del departamento del Huila y la Secretaria de Educación
de Neiva, viola el debido proceso y desconoce la Constitución Política, la Ley 29 de
1989, Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001, así como el precedente jurisprudencial
vinculante de la sentencia C-679 de 2011, pues la docente María Elsy Ortiz de Tovar
figuró en la planta de personal y en la nómina del departamento de Huila y del
municipio de Neiva, tanto así que dichas autoridades fueron las que le realizaron
descuentos para salud y pensión y quienes finalmente le aceptaron sus renuncias,
8 Folios 202 a 222, C2.
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por lo que ni el nombramiento y el haber laborado en planteles nacionales le otorgan
la calidad de docente del mismo orden.
Que dada la descentralización del sector educativo en virtud de la Ley 60 de 1993,
el Ministerio de Educación Nacional perdió la facultad nominadora de los docentes,
pues esta fue trasladada a los departamentos y municipios, al punto de que son
estos últimos los que quienes tienen a cargo la administración del personal docente
y administración de los servicios educativos estatales. Que en consecuencia,
corresponde a los gobernadores y alcaldes la administración del servicio educativo,
pues ya no es nacionalizada sino descentralizada en cada una de las entidades
territoriales.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes demandante y demandada presentaron alegaciones finales con las que
ratificaron los argumentos expuestos en la demanda, la contestación y el recurso de
apelación.9
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO10
El agente del Ministerio Público rindió concepto en el presente caso, para lo cual
solicitó que se confirme el fallo apelado al asegurar que la designación de la
accionante mediante la Resolución 9073 del 1° de junio de 1983 para prestar sus
servicios en la Institución Educativa INEM Julián Motta Salas, fue como docente
nacional según consta en el certificado de tiempo de servicio expedido por la
Secretaría de Educación de la Alcaldía de Neiva, la cual perduró hasta el 30 de
enero de 2008, por lo que no existe razón para considerar que dicha relación mutó
a territorial, además de que no se aportó al plenario de pruebas los actos
administrativos de nombramiento, por lo que recurriendo a las certificaciones
aportadas se logra llegar a la conclusión que la actora no cumplió con los requisitos
para tener el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al no acreditar los 20
años de servicio a la docencia territorial o nacionalizada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter de territorial o
nacionalizado durante todo el tiempo de servicio.
Marco normativo y jurisprudencial
9 Ver índices 24 y 25 de la plataforma SAMAI.
10 Ver índice 29 de la plataforma SAMAI.
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En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló que,
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
13Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 202214 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan a verificar si para acreditar en el caso de la demandante, la
satisfacción del requisito de 20 años de servicio como docente a fin de acceder a la
prestación debatida, pueden ser tenidos en cuenta los tiempos laborados por
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aquella en una plaza para la cual fue nombrada por parte del Ministerio de
Educación, pero que considera es del orden territorial por haber laborado en la
planta de personal de las entidades territoriales en virtud del proceso de
nacionalización de la educación.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que la señora María Elsy Ortiz de Tovar nació el 5 de octubre de 194415,
de modo que cumplió los 50 años el 5 de octubre de 1994.
Respecto al segundo y tercer requisito atinentes a la vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 y a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada (el cual es punto de debate en
esta instancia), se precisa que estos se estudiarán de manera conjunta en esta
oportunidad.
Sobre el punto, es del caso precisar que si bien no se encuentran en el proceso las
copias de los actos administrativos de nombramientos de la demandante como
maestra oficial durante los distintos períodos de vinculación, lo cierto es que la
naturaleza de dicha relación legal y reglamentaria sí es posible extraerla y
determinarla como nacional en el presente caso, ello a partir de otros medios
probatorios como actas de posesión, certificaciones, constancias y su respectiva
valoración bajo elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue
contemplada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 cuando se señaló lo siguiente.
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»
Pues bien, frente al lapso de labor comprendido entre el 18 de enero de 1968 y el
30 de enero de 1970, se destaca que al plenario fue aportada el acta de posesión
del 6 de marzo de 1968 donde consta que la señora Ortiz de Tovar fue nombrada
con efectos retroactivos desde la primera fecha en comento, en el cargo de
profesora de enseñanza secundaria, grado IV-15 de la Normal Superior de Jericó
(Antioquia), esto en virtud de la Resolución 453 del 23 de febrero del mismo año
emanada del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, se infiere con claridad que
la Nación es quien funge como nominador en uso de sus facultades legales, lo que
obliga a concluir que la vinculación de la accionante fue de naturaleza nacional.
15 Según copia del registro civil de nacimiento obrante en el documento en PDF número 4 del CD de
antecedentes administrativos que reposa a folio 78, C1.
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Sobre el particular, la Ley 91 de 1989 en el artículo 1º dejó claro que un docente
nacional es el que es nombrado por el Gobierno nacional, a saber.
“Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional”
Para una mayor ilustración se coloca de presente el acta de posesión del 6 de marzo
de 1968.16
De hecho, lo propio se ratifica a partir del certificado emitido el 7 de octubre de
199417 por parte de la rectora y la secretaria de la Escuela Normal Nacional de
Jericó cuando se afirma que la demandante laboró al servicio de dicha institución
desde el 18 de enero de 1968 hasta el 30 de enero de 1970, ello en un plantel
precisamente nacional del mismo Ministerio de Educación como se observa de los
sellos plasmados en el documento, lo cual permite inferir que la plaza ocupada
efectivamente fue del orden en comento, tal como se verifica a continuación.
16 Folio 180, C1.
17 Folio 51, C1.
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En el mismo sentido, en cuanto al tiempo de servicio comprendido entre el 25 de
febrero de 1970 y el 14 de mayo de 1972, obra en el expediente la certificación
expedida el 19 de diciembre de 1994 por el rector y la secretaria del Liceo Nacional
Marco Fidel Suárez de Medellín,18 del cual se deduce nuevamente que la prestación
del servicio tuvo lugar en desarrollo de una plaza nacional del Ministerio de
Educación, tal como se aprecia de la siguiente imagen.
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Documento en PDF número 6 del CD de antecedentes administrativos que reposa a folio 78, C1.
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De igual forma, respecto de los períodos de vinculación de la actora como docente
oficial desde el 18 de mayo hasta el 4 de julio de 1972 de forma interina, y luego
posesionada en dicho cargo del 5 de julio del mismo año al 29 de mayo de 1983,
durante los cuales laboró en el Instituto Nacional de Educación Media INEM
Francisco de Paula Santander de Bogotá, se resalta que en la constancia suscrita
el 16 de septiembre de 1994 por el rector y la pagadora de dicho plantel educativo,19
también se precisa que se trata de un establecimiento del orden nacional que por
consiguiente tiene una planta de personal del mismo nivel, tal como se indica de la
siguiente forma.
Por último, según la constancia emitida el 15 de diciembre de 1994 por el sub
director administrativo del INEM Julián Motta Salas de Neiva (Huila),20 así como del
certificado de tiempo de servicio expedido el 25 de agosto de 2014 por la Secretaría
de Educación de dicha entidad territorial,21 al igual que del Decreto 00088 del 24 de
enero de 2008,22 es posible inferir con claridad que la plaza ocupada en dicha
institución por la señora Ortiz de Tovar desde el 1° de junio de 1983 hasta el 31
de enero de 2008, fue del orden nacional, pues así se indicó en el referido
certificado y además se deduce de la naturaleza jurídica del plantel educativo en el
que desarrolló la actividad educativa. Sobre el punto se destaca la siguiente imagen.
19 Documento en PDF número 7 del CD de antecedentes administrativos que reposa a folio 78, C1.
20 Documento en PDF número 8 del CD de antecedentes administrativos que reposa a folio 78, C1.
21 Folio 58, C1.
22 Folios 53 a 54, C1.
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En todo caso, las conclusiones anteriores se convalidan por el hecho de que, en
asuntos como el particular donde se advierte la vinculación de la docente para
prestar su servicio en un «INEM», es posible extraer que tal relación legal y
reglamentaria es del orden nacional, pues la plaza ocupada sería de la misma
condición si se tiene en cuenta que, en su momento, a través de Decreto 1962 de
196923, se creó el programa de educación media diversificada, con el fin de «[…]
atender a la mayor demanda de educación media y a la necesidad de mejorar su calidad
en consonancia con las modernas tendencias educativas y a las necesidades del país […]»,
el cual se desarrollaría en «[…] los institutos nacionales de educación media
diversificada (INEN) (sic) y en los demás establecimientos que el Ministerio de Educación
autorice […]».24
Ahora, precisamente conforme al artículo 12 de la norma en cita, se observa que la
dirección administrativa de los referidos planteles educativos fue delegada en el
gerente del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE), entidad
creada por el Decreto 2394 de 196825 como un «[…] establecimiento público, esto es,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, […] adscrito
al Ministerio de Educación Nacional […]», la cual estaría encargada de gestionar los
recursos para el funcionamiento del programa, que a su vez serían trasferidos
23 «Por el cual se establece la enseñanza media diversificada en el país».
24 Sobre la naturaleza jurídica del INEM, el Consejo de Estado se pronunció en sentencia del 11 de noviembre
de 2021, radicado: 63001-23-33-000-2019-00037-01(1311-20).
25«Por el cual se crea el instituto colombiano de construcciones escolar, que sustituye a la oficina administrativa
para programas educativos conjuntos (OAPEC)».
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directamente por el Ministerio de Educación, precisamente por tratarse de centros
de educación con plantas de personal docente del orden nacional.
En tal sentido, a partir del material probatorio recaudado, para la Subsección no
existe duda de que las relaciones legales y reglamentarias de la accionante en
calidad de docente oficial durante los períodos comprendidos entre el 18 de enero
de 1968 y el 30 de enero de 1970, 25 de febrero de 1970 y el 14 de mayo de 1972
18 de mayo y el 4 de julio de 1972, 5 de julio del mismo año y el 29 de mayo de
1983, y 1° de junio de 1983 y el 31 de enero de 2008, se concretaron en el nivel
nacional pues su nombramiento se realizó directamente por parte del Ministerio de
Educación en plazas e instituciones del mismo orden, lo cual se ajusta a la definición
prevista en el artículo 1° de la Ley 91 de 198926 para el concepto de educador
nacional.
Ahora bien, la parte activa sostuvo que a pesar de que su nombramiento hubiese
sido realizado por el Gobierno Central, lo cierto es que la plaza que ocupó era del
orden territorial en la medida en que sus nombramientos tuvieron lugar en desarrollo
del proceso de nacionalización de la educación, ello al punto de que la naturaleza
de su vínculo habría cambiado igualmente al mismo nivel.
No obstante, si bien es cierto que la descentralización educativa en Colombia
conllevó el traslado del personal docente a las entidades territoriales certificadas en
educación, y que por lo tanto la administración del servicio y de dichos empleados
terminó radicada en las referidas autoridades, no lo es menos que tales condiciones
no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores
que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso, particularmente para
aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin interrupción o para
quienes con nuevos vínculos, fueron nombrados por el Ministerio de Educación en
sus propias plazas de sus instituciones educativas como es el caso de la actora.
Sobre el punto debe tenerse en cuenta que el artículo 6° de la Ley 60 de 1993
consagró lo siguiente.
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]».
De igual forma, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se dispuso que, «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
26 […] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a
continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. […]
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nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad.»
En tal sentido, es claro que el fenómeno de la descentralización de la educación
oficial no es un fundamento válido para afirmar que en virtud de las denominadas
incorporaciones (que no corresponden a nuevos vínculos derivados de relaciones
legales diferentes), los docentes que desde el principio eran nacionales y
continuaron en ejercicio de su cargo, o que fueron nombrados nuevamente por el
Gobierno Nacional en sus plantas de personal administradas por autorización legal
por las entidades territoriales, pueden modificar la naturaleza de su primera y única
vinculación con desconocimiento de las características y condiciones jurídicas que
se configuraron para ellos desde el mismo instante en que fueron nombrados por
una autoridad en ejercicio de su facultad nominadora como lo es, por ejemplo, el
Ministerio de Educación Nacional.27
En todo caso, debe precisarse que como se planteó en la sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018, el origen de los recursos destinados a financiar las
acreencias laborales de los maestros oficiales no es criterio suficiente ni
indispensable para determinar la calidad del vínculo laboral de aquellos, pues para
el efecto lo que resulta necesario es identificar cómo fue el nombramiento del
educador en lo que respecta a la entidad que lo haya designado como tal, así como
la plaza materialmente ocupada por este, de manera que tampoco sería adecuado
afirmar como lo hizo la accionante, que su relación estatal era territorial en la medida
en que los recursos con los que se pagaron sus salarios eran provenientes del SGP
a través del Fondo Educativo Departamental, pues lo cierto es esta fue nombrada
por la referida cartera gubernamental.
Bajo este contexto, resulta plenamente acertado lo considerado por el tribunal de
primera instancia relacionado con el hecho de que el tiempo de labor oficial de la
reclamante solo fue en calidad de docente del orden nacional, y que por lo tanto no
podía acceder al derecho a la pensión gracia, puesto que por la naturaleza de sus
vinculaciones no sería legalmente viable computar tales tiempos para efectos de
colmar los requisitos de los 20 años de servicio como educadora territorial o
nacionalizada, o para la demostración del lapso anterior al 31 de diciembre de 1980,
indispensables a fin de configurar a su favor el derecho pretendido.
Por lo tanto, al no satisfacerse las exigencias bajo estudio, resulta inane verificar las
faltantes, y en consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda.
27 Como respaldo de este postulado pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sección Segunda,
Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de
marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.
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Condena en costas de segunda instancia
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de dos mil dieciséis (2016),26 respecto
de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió
del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, de la revisión de la demanda y de la oposición a la misma, así
como del recurso de apelación, se observa que la parte demandante interpuso dicha
alzada cuando ya se tenía conocimiento y debía darse aplicación a la sentencia de
unificación proferida por esta Corporación el 21 de junio de 2018, la cual que ratificó
y aclaró con precisión que los docentes nacionales no tenían derecho al pago de la
pensión gracia, por lo que la presentación de la impugnación por parte de la
accionante, más las solicitudes de tacha de falsedad y nulidad que no prosperaron
por improcedentes, advierte una serie de actuaciones dilatorias que ameritan la
condena en costas en esta instancia, toda vez que los fundamentos jurídicos
planteados no son nuevos ni controvierten lo que pacíficamente desde esa fecha se
ha indicado para casos como el suyo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Judy Mahecha Páez,
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.770.632 y portadora de la tarjeta
profesional 101.770 del Consejo Superior de la Judicatura, ello como apoderada de
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la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante memorial visible en el
índice 8 de la plataforma SAMAI.
TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por el a quo.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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