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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00299-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00299-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia 06 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme la motivación. TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante - parte vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2020-00299-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001 23 33 000 2020 00299 01 (0958–2025)
Demandante: Marco Fidel Suárez Contreras
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Designación en Centros Experimentales
Piloto (CEP). Ley 1437 de 2011.

Decisión: Revocar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 06 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor Marco Fidel Suárez Contreras, por intermedio de apoderado judicial,

solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 010396 de 15 de marzo de 2017 y
025326 de 15 de junio del mismo año, proferidas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, por medio de las cuales se negó el reconocimiento de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la mentada
prestación a partir del 19 de diciembre de 2003, el pago del reajuste en los términos
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el ajuste de la condena de conformidad con
el artículo 187 del CPACA, el pago de intereses moratorios, el cumplimiento a la
sentencia de conformidad con el CPACA, y se condene en costas.

4.Manifestó que nació el 20 de diciembre de 1953, y prestó servicios como docente
de la siguiente manera: i) desde el 13 de octubre de 1978 hasta el 27 de diciembre

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Marco Fidel Suárez Contreras

de 1978 en el departamento de Norte de Santander; y ii) desde el el 22 de abril de
1980 hasta el 1° de abril de 2016 en el departamento de Sucre.

5. En relación con este último vínculo, indicó que fue nombrado como
profesional universitario en el área de psicopedagogía del Centro Experimental
Piloto de Sincelejo, mediante Decreto 00366 del 18 de abril de 1980, cargo que
desempeñó desde el 22 de abril de 1980 hasta el 31 de marzo de 1998.
Posteriormente, mediante Resolución 0416 del 18 de marzo de 1998, fue reubicado
como profesional universitario con funciones docentes, en el cargo de licenciado en
Psicopedagogía, en la Escuela Normal Superior de Sincelejo, desde el 1.º de abril
de 1998 hasta el 30 de enero de 2000.
6. Luego, mediante Resolución 0066 del 25 de enero de 2000, fue asignado
como docente en nómina nacionalizada, en el área pedagógica e investigativa en la
Escuela Normal Superior de Corozal, desde el 31 de enero de 2000 hasta el 28 de
marzo de 2004. Finalmente, mediante Resolución 595 del 2 de abril de 2004, se le
asignaron funciones técnico-pedagógicas de capacitación, asesoría, seguimiento,
coordinación y evaluación de programas orientados desde la Oficina de Asuntos
Pedagógicos de la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, cargo que
desempeñó hasta el 1.º de abril de 2016.
7.En consecuencia, el 21 de julio de 2016 solicitó ante la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue resuelta de
manera negativa con los actos hoy demandados.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Indico que la entidad demandada infringió los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151,
286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así como las Leyes 39 de 1903,
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 91 de
1989, 100 de 1993, 115 de 1994, 1437 de 2011; y los Decretos 1743 de 1966, 2277
de 1979 y 224 de 1972. Alega que se cumplieron todos los requisitos exigidos para
el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el
derecho estimando así, que el acto acusado fue erróneamente motivado, y se
expidió con infracción de las normas en que debía fundarse.

8. En resumen, manifestó que la UGPP fundamentó la negativa en una apreciación
equivocada de los tiempos de servicio, al calificarlos como nacionales y ajenos a la
función docente, desconociendo que los certificados aportados acreditan una
vinculación nacionalizada y el ejercicio continuo de funciones propias del sector
educativo.

1.3. Contestación de la demanda
9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones indicando que la actuación de la entidad se ajustó a derecho. Señaló

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que el actor no reúne los requisitos para acceder a la pensión gracia, teniendo en
cuenta que no acreditó una vinculación territorial o nacionalizada con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980, y que, conforme a los certificados obrantes en sede
administrativa, el servicio fue prestado como nacional, razón por la cual no puede
ser tenido en cuenta.

10. Agregó que, de acuerdo con el análisis efectuado en los actos acusados, el

demandante tampoco demostró que su vinculación se desarrollara exclusivamente
en funciones docentes ni que las labores ejercidas cumplieran los requisitos que
exige el régimen especial. Y que, conforme a la Ley 91 de 1989, los docentes
vinculados después del 1.º de enero de 1990 son del orden nacional, por lo que
esos tiempos tampoco resultan computables para la pensión gracia.

11. Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación por falta de
acreditación de los requisitos legales, la buena fe de la entidad y, de manera
subsidiaria, la prescripción trienal de las mesadas que eventualmente se hubieren
causado con anterioridad a los tres años previos a la reclamación administrativa.
También solicitó que, de encontrarse configurada, se declarara la inepta demanda
por falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial y la cosa juzgada.

1.4. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia del 06 de noviembre de
2024 accedió a las pretensiones de la demanda. Señaló que el demandante acreditó
una vinculación docente oficial anterior al 31 de diciembre de 1980, pues fue
nombrado en el departamento de Norte de Santander mediante Decreto 878 de
1978, vínculo que ejerció entre el 13 de octubre y el 27 de diciembre de ese año.
Además, tuvo en cuenta que, mediante Decreto 00366 del 18 de abril de 1980,
expedido por el gobernador de Sucre, fue vinculado al Centro Experimental Piloto
de Sincelejo como profesional universitario en el área de psicopedagogía, desde el
22 de abril de 1980 hasta el 31 de marzo de 1998.

13. Frente a este último periodo, el a quo estimó que, aunque el actor ostentaba el
cargo de profesional universitario, desempeñaba funciones docentes. Para ello,
valoró la Resolución 0416 de 1998, mediante la cual fue reubicado del Centro
Experimental Piloto de Sincelejo a la Escuela Normal Superior de Sincelejo, y
concluyó que dicho acto tuvo como finalidad regularizar su situación laboral, dado
que la administración continuaba requiriendo sus servicios en la parte académica y
formativa.

14. También tuvo en cuenta que, mediante Resolución 0066 de 2000, el gobernador
del departamento de Sucre le asignó funciones como docente en la Escuela Normal
Superior de Corozal, en el área pedagógica e investigativa; y que, posteriormente,
a través de la Resolución 595 de 2004, le fueron asignadas funciones técnico-
pedagógicas en la Secretaría de Educación Departamental, cargo que desempeñó
hasta el 1.º de abril de 2016.

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15. Con fundamento en esas pruebas, concluyó que el demandante laboró como
docente departamental en Norte de Santander y, luego, como docente
nacionalizado en el departamento de Sucre, antes del 31 de diciembre de 1980.
Además, destacó que la propia Secretaría de Educación de Sucre certificó su
vinculación como docente nacionalizado, razón por la cual consideró acreditada la
calidad exigida para ser beneficiario de la pensión gracia.

16. En cuanto al argumento de la UGPP, según el cual el actor no podía acceder a
la prestación porque se desempeñó como profesional universitario y no como
docente, el Tribunal acudió a la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, del 24 de junio de 2015, radicado 05001-23-31-000-2011-00292-01
(0476-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, en la que se precisó que las funciones
de programación, capacitación, asesoría, coordinación, supervisión e inspección
escolar hacen parte del ejercicio de la profesión docente. Con fundamento en ese
criterio, concluyó que la denominación formal del cargo no impedía computar el
tiempo laborado, siempre que estuviera acreditado que las funciones desarrolladas
eran de naturaleza docente o pedagógica.

17. Finalmente, sostuvo que el actor completó más de 35 años de servicio en el
sector docente oficial, no registraba antecedentes disciplinarios ni sanciones en su
hoja de vida, y cumplió los requisitos de edad, tiempo de servicio, vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 y buena conducta. En consecuencia, declaró la
nulidad de los actos acusados y ordenó a la UGPP reconocer la pensión gracia a
partir del 20 de diciembre de 2003, fecha en la que consideró que se consolidó el
estatus pensional. Y se abstuvo de condenar en costas.

1.5. Recursos de apelación
18. A través de apoderado, la UGPP interpuso recurso de apelación contra la

sentencia de primera instancia, con el fin de que se revoque la decisión. Como
primer motivo de inconformidad, sostuvo que el demandante no demostró, de
manera suficiente e idónea, el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder
a dicha prestación, pues los tiempos comprendidos entre el 22 de abril de 1980 y el
1.º de abril de 2016 no correspondían al ejercicio de un cargo docente, sino al
desempeño del cargo de profesional universitario, el cual, a su juicio, tenía
naturaleza administrativa. En ese sentido, afirmó que el Tribunal no debió computar
esos tiempos para completar los 20 años de servicio exigidos por la Ley 114 de
1913.

19. Agregó que la pensión gracia fue prevista para docentes territoriales o
nacionalizados dedicados a la enseñanza, y no para quienes ocuparan cargos
administrativos en el sector educativo. Para sustentar esa afirmación, invocó el
Decreto 2277 de 1979 y señaló que, si bien dicha norma incluye dentro de la
profesión docente algunas funciones de dirección, coordinación, supervisión,
inspección, programación, capacitación y orientación, también prevé que los cargos
directivos no comprendidos en esa categoría tienen carácter administrativo. Con
fundamento en ello, sostuvo que el actor, al haber sido nombrado como profesional

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universitario código 3020, clasificado como planta administrativa, no podía ser
beneficiario de la pensión gracia por ese periodo.

20. Como segundo motivo de inconformidad, la entidad afirmó que no se acreditó
el origen de financiación de la plaza ocupada por el demandante ni que esta fuera
territorial o nacionalizada. Señaló que, conforme a la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018, radicado 25000-
23-42-000-2013-04683-01(3805-14), era necesario aportar los actos administrativos
de vinculación en los que se estableciera con claridad la naturaleza territorial o
nacionalizada de la plaza, o una certificación de la autoridad nominadora que diera
cuenta inequívoca de esa condición.

21. La entidad indicó que no existía certeza sobre el cumplimiento de los requisitos
legales, en particular frente a la naturaleza de la vinculación y el carácter de los
recursos con los que se financió la prestación de los servicios del actor. Añadió que
la única certificación válida sobre información laboral y prestacional para el
reconocimiento o reliquidación de pensiones era el certificado CETIL, conforme al
Decreto 726 de 2018, y no fue aportado por el demandante. También sostuvo que
el reconocimiento ordenado desconocía el numeral 3.º del artículo 4.º de la Ley 114
de 1913 y el artículo 128 de la Constitución Política, por lo que solicitó revocar la
sentencia y negar las pretensiones de la demanda.

22. Por su parte, el demandante también apeló la sentencia de primera instancia,
pero únicamente frente a tres aspectos. En primer lugar, solicitó corregir el numeral
segundo de la parte resolutiva, al considerar que el Tribunal incurrió en un error al
identificar la resolución que resolvió el recurso de apelación en sede administrativa,
pues declaró la nulidad de la Resolución RDP 025325 del 25 de junio de 2017,
cuando en la demanda se pidió declarar la nulidad de la Resolución RDP 025326
del 15 de junio de 2017.

23. En segundo lugar, cuestionó la forma en que el Tribunal declaró la prescripción
de las mesadas. Señaló que la sentencia dispuso declarar prescritas las causadas
con anterioridad al 2 de octubre de 2017, tomando como parámetro la fecha de
presentación de la demanda; sin embargo, sostuvo que debía tenerse en cuenta la
reclamación administrativa presentada el 21 de julio de 2016, la cual interrumpió la
prescripción por un término igual. Por ello, no discutió la prescripción de las
mesadas causadas antes del 21 de julio de 2013, pero solicitó modificar la sentencia
para que la declaratoria de prescripción recayera únicamente sobre aquellas
anteriores a esa fecha.

24. En tercer lugar, manifestó su inconformidad con la decisión de no condenar en
costas a la UGPP. Sostuvo que, conforme al artículo 188 del CPACA y a la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el criterio objetivo-valorativo de la
condena en costas, el Tribunal debió imponerlas a la entidad demandada, por haber
resultado vencida en el proceso y porque prosperaron las pretensiones de la
demanda. En consecuencia, solicitó revocar el numeral séptimo de la sentencia y

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condenar en costas a la UGPP.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
25. Mediante autos de 25 de abril de 2025 y 20 de febrero de 2026, se admitieron
los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada
contra la sentencia de 6 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre. No hubo intervenciones en esta instancia.

26. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
27. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, ambas partes -demandante y
demandada- presentaron recurso de alzada, cuestionándose la totalidad de la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

2.2 Del problema jurídico
28. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Marco Fidel

Suárez Contreras, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para dicho reconocimiento.

2.3 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia
29. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91

2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.

30. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
[…]
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

31. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales4.

32. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20185 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.

33. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:

4 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de

1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la
plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado
fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

34. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 20226 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

35. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa
36. El señor Marco Fidel Suárez Contreras, actuando a través de apoderado, radicó

el 21 de julio de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que a través de la Resolución RDP
010396 de 15 de marzo de 2017 negó lo peticionado, al considerar que no acreditó
los requisitos para ser beneficiario de dicha prestación, toda vez que el periodo
comprendido entre el 22 de abril de 1980 y el 30 de marzo de 1998 correspondía a
una vinculación nacional y, además, se desempeñó en un cargo administrativo.
Igual consideración efectuó respecto del periodo laborado entre el 1.º de abril de
1998 y el 1.º de abril de 2016, el cual también calificó como administrativo.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Demandante: Marco Fidel Suárez Contreras

37. Inconforme con la decisión, el docente presentó recurso de apelación, que se
resolvió a través de la Resolución RDP 025326 de 15 de junio de 2017,
confirmando el acto por medio del cual se negó el derecho reclamado.

2.5 Caso concreto
38. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden
a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
39. Edad. Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico

planteado, la Sala encuentra probado que Marco Fidel Suárez Contreras nació el
20 de diciembre de 19537, razón por la cual, el 20 de diciembre de 2003 cumplió
50 años de edad.

40.Buena conducta. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se
observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad
educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

41. Vinculación del demandante y tiempo de servicios. Ahora bien, se observan
las siguientes novedades laborales como docente oficial, aspecto que es objeto de
controversia en esta instancia.

• Vinculación desde el 13 de octubre hasta el 27 de diciembre de 1978 (75
días)

42. El gobernador de Norte de Santander, en uso de sus facultades legales, expidió
el Decreto 878 de 22 de septiembre de 1978, mediante el cual se concedió licencia
a la docente Sofía Espinel por el término de setenta y cinco (75) días y, en
reemplazo de esta, nombró al señor Marco Fidel Suárez Contreras para
desempeñar las funciones de maestro de la Seccional de la concentración José
Antonio Galán del municipio de Pamplona, por el tiempo que duró la licencia.

43. También se adjuntó copia del acta de 13 de octubre de 1978, por medio de la
cual el señor Suárez Contreras tomó posesión, suscrita por el alcalde, el
coordinador de recursos humanos y el demandante.

44.Sobre este nombramiento, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Secretaría de Educación de Norte de Santander, en certificación de 17
de noviembre de 2016, indicó que la designación correspondía al orden
departamental de tipo nacionalizado y que se desarrolló entre el 13 de octubre y el

7 Copia del registro civil de nacimiento y de la cedula de ciudadanía visible en el expediente digital

que se encuentra en SAMAI.

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Demandante: Marco Fidel Suárez Contreras

27 de diciembre de 1978. Sin embargo, del estudio directo del Decreto 878 de 1978
se advierte que el nombramiento fue efectuado por el gobernador de Norte de
Santander, y aun cuando la resolución en comento se emitió con posterioridad a la
expedición de la Ley 43 de 1975, que dispuso la nacionalización de la educación, lo
cierto es que en el mismo no se invoca dicha normativa, y tampoco se precisa que
la plaza ocupada por el actor fuera de aquéllas objeto de la nacionalización, y menos
aún se advierte que los recursos fueron administrados por el FER. En todo caso, es
menester indicar que, aun si se tratará de un docente nacionalizado, dicho vinculo
también resulta válido a fin de obtener la pensión gracia.

45. Así entonces, el acto administrativo permite concluir que el gobernador del
departamento de Norte de Santander actuó como autoridad nominadora territorial,
en ejercicio de sus facultades legales, para proveer temporalmente una vacancia
derivada de la licencia concedida a la docente titular. En esa medida, la certificación
posterior no tiene la virtualidad de modificar la naturaleza que se desprende del acto
de nombramiento.

46. Teniendo en cuenta el material probatorio en cita, la Sala encuentra acreditado
que el señor Suárez Contreras prestó servicios por setenta y cinco (75) días,
contados desde la fecha de posesión —13 de octubre de 1978— hasta el
vencimiento de la licencia —27 de diciembre de 1978—. Aunque el Decreto 878 fue
expedido el 22 de septiembre de 1978, el tiempo de servicio solo puede computarse
desde la posesión efectiva en el cargo, por ser ese el momento a partir del cual se
materializó la vinculación y el ejercicio de las funciones docentes.

47. En esa línea, dicho periodo resulta computable para efectos de la pensión
gracia, por tratarse de una vinculación docente territorial anterior al 31 de diciembre
de 1980. Lo anterior encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989,
que refiere que son territoriales: «Personal territorial. Son los docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

48. Ahora bien, es pertinente destacar que las designaciones en interinidad
resultan válidas para efectos de obtener la prestación en comento, como así lo ha
sostenido de manera pacífica la jurisprudencia de esta Subsección8, dado que no
resulta relevante la forma en la que fue provisto el empleo docente, esto es, si lo fue
en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria o interina; máxime que la
interinidad corresponde a otros tipos de vinculación al servicio público y se ha venido
entendiendo por esta Sección como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio de
educación.

8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014). Sentencia de 30 de julio
de 2015.

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49. En consecuencia, se tendrá en cuenta el tiempo servido por el actor como
docente territorial entre el 13 de octubre y el 27 de diciembre de 1978, para un
total de 75 días, y se encuentra satisfecho el requisito de acreditar una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980.

• Vinculación de 22 de abril de 1980 al 1° de abril de 2016 (35 años, 11
meses y 10 días)

50. En el expediente obra copia del Decreto 00366 del 18 de abril de 1980, expedido
por el gobernador de Sucre, en uso de sus facultades legales, mediante el cual se
nombró al señor Marco Fidel Suárez Contreras como profesional universitario en el
área de psicopedagogía, código 3020, para prestar sus servicios en el Centro
Experimental Piloto de Sucre. En el acto se precisó que el nombramiento se
efectuaba en cumplimiento del Acuerdo 011 de 1980, expedido por el Fondo
Educativo Regional —FER— de Sucre, por medio del cual se autorizó la creación y
provisión de varios cargos en dicho centro experimental.

51. Respecto del nombramiento antes señalado, se allegó certificación de tiempo
de servicios de 1.º de abril de 2016, expedida por la Secretaría de Educación del
departamento de Sucre, en la que se relacionaron las novedades laborales del
actor. En dicho documento se indicó que aquél fue vinculado como profesional
universitario en el área de psicopedagogía del Centro Experimental Piloto de Sucre,
desde el 22 de abril de 1980; que posteriormente fue reubicado en la Escuela
Normal Superior de Sincelejo; luego asignado a la Escuela Normal Superior de
Corozal en el área pedagógica e investigativa; y, finalmente, ubicado en la Oficina
de Asuntos Pedagógicos de la Secretaría de Educación departamental, hasta el 1.º
de abril de 2016. En la misma certificación se señaló que el tipo de vinculación
correspondía a nacionalizado, lo cual, tal como se explicará a continuación no se
ajusta a la realidad.

52. De lo anterior se observa que, tal como lo sostuvo el tribunal de instancia, si
bien el actor fue nombrado profesional universitario en el área de sicopedagogía, lo
cierto es que tenía asignadas funciones docentes, como así se señaló en las
Resoluciones 0416 de 1998, y 066 de 2000 emitidas por la gobernación de Sucre.

53. En todo caso, si bien no prospera el recurso de la entidad en torno a la
naturaleza de la labor desempeñada, lo cierto es que como lo solicita, este periodo
no puede ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
dado que las vinculaciones se produjeron a través de los Centros Experimentales
Piloto (CEP); estos surgieron con la expedición del Decreto 88 de 22 de enero de
1976, por medio del cual se restructuró el sistema educativo nacional y se
reorganizó el Ministerio de Educación Nacional. En el artículo 18 de la norma en
mención, se estableció la creación de un CEP por cada departamento, intendencia,
comisaría, así como en el Distrito Especial de Bogotá, con el fin de ejecutar de
manera descentralizada los programas de la dirección de capacitación y
perfeccionamiento docente, currículo y medios educativos.
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54. Más adelante, con la expedición del Decreto 1816 de 24 de agosto de 1978,
se reglamentaron los CEP y se determinó, en su artículo 10, que « [e]l Ministerio de
Educación Nacional a través de la Dirección General de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente, Currículo y Medios Educativos, velará por el cumplimiento y aplicación de las
normas para el manejo y dirección de los Centros Experimentales Pilotos que se organicen
en todo el país», es decir, la cartera de educación estaría a cargo de los ya
mencionados CEP.

55. A través del Decreto 25 de 3 de enero de 1986 (por el cual se modificó el
artículo 3.º del Decreto 2762 de 19809), se reiteró que los CEP dependerían del
Ministerio de Educación, pero se aclaró que debían coordinar su labor con las
secretarías de educación.

56.Con la Ley 24 de 1988 se dio una nueva reestructuración del Ministerio de
Educación Nacional y en su artículo 59 se indicó:

«Artículo 59º. – En cada uno de los departamentos, intendencias, comisarías y Distrito
Especial de Bogotá, funcionará un Centro Experimental Piloto, dependiente de la División
de Investigación, Pueda Curricular y Coordinación de Centros Experimentales Piloto
(CEP).
Parágrafo 1º.-Corresponde al Ministro de Educación Nacional las facultades de libre
nombramiento y remoción del Director del CEP.
Parágrafo 2º.-Corresponde a la Junta Administradora del FER las facultades de
nombramiento y remoción y administración del personal subalterno del CEP.
Parágrafo 3º.-Cuando se considere conveniente, el Gobierno Nacional podrá suscribir
convenios con las entidades territoriales para la estructuración, organización, fijación y
de funciones y asignación de recursos humanos, físicos y financieros para los CEP.»

57. El parágrafo 3.º del artículo previamente mencionado, fue modificado por el
artículo 14 de la Ley 29 de 1989, únicamente para precisar que es el Ministerio de
Educación Nacional quien posee la facultad para suscribir lo allí plasmado, es decir,
convenios con las entidades territoriales para el funcionamiento de los CEP.

«Artículo 14º.- El parágrafo 3 del artículo 59 quedará así: Cuando se considere
conveniente, el Ministro de Educación Nacional podrá suscribir convenios con las
entidades territoriales para la estructuración, organización y fijación de funciones y
asignación de recursos humanos, físicos y financieros para la CEP.»

58. En el Capítulo VIII del Decreto 525 de 6 de marzo de 1990, se estableció que
los CEP se regirían por el estatuto contenido en este decreto, además, reiteró que
dependían de la División de Investigación, Prueba Curricular y Coordinación de
Centros Experimentales Piloto del Ministerio de Educación Nacional; así mismo, de
manera expresa, el artículo 77 definió que «[L]as plantas de personal de los Centros
Experimentales Piloto se crearán y/o modificarán de conformidad con lo establecido en las

9 «El Sistema Nacional de Capacitación del Magisterio será dirigido por el Ministerio de Educación

Nacional y se integra con las siguientes instituciones. […]»

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normas legales vigentes aplicables a los cargos públicos del orden nacional.»

59. Finalmente, a través de la Ley 60 de 1993, se ordenó incorporar a las
estructuras y a las plantas departamentales y distritales a los CEP, los cuales serían
pagados con el situado fiscal. El decaimiento de este programa sucedió con los
artículos 111 de la Ley 115 de 1994 y 20 del Decreto 709 de 1996, por medio de
los cuales los CEP se incorporaron a los Comités Territoriales de Capacitación de
Docentes.

60. En atención al recuento normativo en cita, es claro que los Centros
Experimentales Piloto (CEP) dependían directamente de la Nación hasta la entrada
en vigencia de la Ley 60 de 1993 cuando fueron incorporados a los entes
territoriales, aclarando que en ningún momento se refirió a un cambio en el tipo de
vinculación de quienes se encontraban nombrados en los CEP, circunstancia que
ha sido tratada y reiterada por la jurisprudencia de esta Sección en sentencias de
25 de febrero de 2016, radicado 05001-23-32-000-2011-00946-01 (0512-2014), de
6 de mayo de 2021, con radicado 68001-23-33-000-2016-00286-01 (1579-2019) y
de 4 de mayo de 2023, con radicado 23001-23-33-000-2014-00235-01 (0373-2017).

61. En Conforme a lo hasta aquí expuesto, se tiene que el nombramiento de 1980
se efectuó para prestar servicios en el Centro Experimental Piloto de Sucre,
institución que tenía naturaleza nacional, razón por la cual no resulta computable
para efectos de la pensión gracia.

62. Así entonces, aunque las novedades laborales del actor se desarrollaron de
manera continua entre el 22 de abril de 1980 y el 1.º de abril de 2016, y
comprendieron reubicaciones y asignaciones de funciones dentro del sector
educativo, lo cierto es que tuvieron origen en su vinculación al Centro Experimental
Piloto de Sucre. En esa medida, tales movimientos constituyen situaciones
administrativas derivadas del vínculo inicial y no un nuevo nombramiento que
permita modificar la naturaleza de la plaza. Por ello, conforme al recuento normativo
expuesto, dicho tiempo no resulta válido para efectos de la pensión gracia, pues la
vinculación a través de los CEP debe entenderse de carácter nacional.

63. En consonancia con lo anterior, esta Subsección ha precisado que la naturaleza
del vínculo docente no se modifica por circunstancias posteriores como el traslado,
la incorporación a plantas territoriales o el origen de los recursos con los cuales se
financia el servicio educativo. En efecto, se ha establecido que, aun cuando un
docente sea incorporado a la planta de una entidad territorial en desarrollo del
proceso de descentralización, mantiene incólume la naturaleza de su vinculación
inicial, siempre que no exista solución de continuidad en la relación laboral, de
manera que el carácter nacional o territorial del vínculo se define a partir del acto de
nombramiento y de la autoridad que lo expide.10

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2025, rad.
05001-23-33-000-2021-00566-01 (6176-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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64. En consecuencia, prospera el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, en
cuanto cuestionó que el Tribunal hubiera computado el periodo comprendido entre
el 22 de abril de 1980 y el 1.º de abril de 2016 como tiempo válido para la pensión
gracia. Por su parte, no hay lugar a estudiar los reparos formulados por el
demandante, relacionados con la corrección del acto administrativo anulado, la
prescripción y la condena en costas, toda vez que dichos cuestionamientos
dependían de la procedencia del reconocimiento pensional, supuesto que no se
configura en el presente asunto.

65. En ese orden, para efectos de la pensión gracia, la Sala tendrá en cuenta
únicamente el periodo servido por el actor como docente territorial, así:

Carácter de la plaza Periodo de vinculación Tiempo computable para
ocupada pensión gracia
Territorial 13 de octubre hasta el 27 de 2 meses y 15 días
diciembre de 1978
Nacional 22 de abril de 1980 hasta el No computable
1° de abril de 2016

66. Así las cosas, el señor Marco Fidel Suárez Contreras solo acredita como
tiempo válido para la pensión gracia dos meses y 15 días de servicio docente
territorial, lapso insuficiente para cumplir el requisito mínimo de veinte (20) años
exigido por la Ley 114 de 1913. En consecuencia, no hay lugar al reconocimiento
de la prestación reclamada.

2.6. Conclusión
67. El demandante no cumplió con el requisito mínimo de haber servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años, con una vinculación como docente
del orden territorial o nacionalizado, razón por la que esta Sala revocará la decisión
dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre, y en su lugar,
se negarán las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas
en esta providencia.

2.7. Condena en costas en ambas instancias
68. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
69. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,

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como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
70. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
71. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante -parte
vencida-, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada en su totalidad.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia 06 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda.

SEGUNDO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme la
motivación.

TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante -
parte vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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