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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00263-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00263-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 12 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, conforme la motivación de esta providencia, que condenó en costas a la parte actora. En su lugar, se ordena abstenerse de condenar en costas de primera instancia a la parte demandante de acuerdo a lo explicado previamente. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 12 de agosto de 2022, que negó las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación. CUARTO. Acéptese la renuncia presentada por la abogada GLORIA XIMENA ARELLANO CALDERON quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”. QUINTO. Reconocer personería para actuar al abogado OMAR TRUJILLO POLANIA como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, aunado a ello, se acepta la sustitución de poder a la abogada ANA MARIA LONDOÑO que consta en el mismo índice. SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2019-00263-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)
Demandante: María Isabel Acevedo de Villa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Proceso de incorporación de personal
docente no cambia la naturaleza del vínculo. Ley 1437 de 2011

Decisión: Revocar condena en costas y confirmar en lo demás

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 12 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 001 que negó las súplicas de la
demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La señora María Isabel Acevedo de Villa, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 034375 de 16 de septiembre
de 2016 y RDP 000202 de 05 de enero de 2017, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia y resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó i) el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, ii) el pago del reajuste en los términos del artículo 14 de la Ley 100
de 1993; iii) el ajuste de la condena de conformidad con el artículo 187 del CPACA;
iv) el pago de intereses moratorios, v) el cumplimiento a la sentencia de conformidad
con el CPACA; y se condene en costas.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)
Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora María Isabel Acevedo de Villa nació el 23 de diciembre de 1948, razón
por la cual cumplió 50 años el 23 de diciembre de 1998. Indicó que prestó servicios
como docente de la siguiente manera:

• Por orden del Decreto No. 238 del 15 de febrero de 1970, suscrito por el
gobernador de Santander, de carácter departamental desde el 24 de febrero
de 1970 hasta el 19 de enero de 1982.

• Mediante la Resolución No. 4211 del 24 de abril de 1984, con vínculo de
carácter nacional desde el 01 de junio de 1984 hasta el 13 de junio de 1996
en el Distrito de Cartagena.

5. Señaló que, el vínculo laboral de carácter nacional, mutó a distrital, toda vez que
con el proceso de descentralización del servicio público educativo iniciado con la
Ley 60 de 1993, el Distrito de Cartagena de Indias fue certificado por el Ministerio
de Educación Nacional para ser el prestador del servicio de educación según
Resolución 5294 de 15 de noviembre de 1995, por lo que la labor docente ejercida
en dicho ente territorial a partir del acta de entrega de la administración a este (14
de junio de 1996), es de carácter territorial, y por tanto es válido para la pensión
gracia.

6. Relató que el 11 de mayo de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de
la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

7. Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, así como las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24
de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 1437 de
2011; y los Decretos 1743 de 1966 y 2277 de 1979.

8. Explicó que la entidad demandada expidió los actos administrativos con falsa
motivación e infracción de las normas en que debía fundarse, por cuanto se
determinó que la docente prestó en su mayoría un servicio nacional y no territorial.

9. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio docente
nacionalizado y territorial - Distrital; sosteniendo que si bien tuvo una vinculación del
orden nacional, esta cambió al orden territorial con la expedición de la Ley 60 de
1993 y, específicamente, cuando el Distrito de Cartagena de Indias asumió la
educación en atención al acuerdo alcanzado con la Nación, momento en el cual fue

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Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

incorporada a la planta de personal territorial, completando así el tiempo de labor
docente requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.

1.4. Contestación de la demanda

10. Luego de presentada la demanda el 13 de mayo de 2019 y admitida el 09 de
octubre de 2019, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, a través de apoderado presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad
de las pretensiones; adujo que existen inconsistencias frente a los tiempos con
anterioridad al 31 de diciembre 1980; además acreditó tiempos del orden nacional
a partir de 1984, los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la
prestación reclamada.

11. También sostuvo que, para el 31 de diciembre de 1989, no cumplía la edad ni
el tiempo de servicios de que trata la norma para ser acreedora de la prestación.

1.5. Sentencia de primera instancia

12. En decisión de 12 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Bolívar –
Sala de Decisión No. 001 negó las pretensiones de la demanda.

13. Como sustento de lo anterior, indicó que los certificados aportados al plenario
señalan que la naturaleza del nombramiento de la demandante a partir de 1984, es
de carácter nacional, lo que no le da derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
incluso bajo el proceso de descentralización de la educación previsto en las Leyes
60 de 1993 y 715 de 2001.

14. Finalmente, estimó que era una carga de la parte actora probar los supuestos
de hecho que pretende hacer valer, y trajo a colación la sentencia de 21 de febrero
de 2021, por medio de la cual el Consejo de Estado explicó la forma en que se debe
acreditar la vinculación docente para obtener la pensión gracia, destacando que el
traspaso de las plantas educativas a los entes territoriales no conlleva
implícitamente la modificación del vínculo nacional a territorial para efectos de la
prestación pretendida.

1.6. Recurso de apelación

15. A través de apoderado, la demandante presentó recurso de apelación con el
que solicitó revocar la decisión de primera instancia, alegando que, si bien contaba
con una vinculación del orden nacional, a partir del 14 de junio de 1996 esta cambió
a territorial, pues el traslado por permuta se produjo al Distrito de Cartagena de
Indias, además en atención a la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado se
encuentra acreditado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia.
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16. En especial hace énfasis, en que el vínculo nacional que traía el actor mutó a
territorial a partir de la descentralización de la educación, debido a la incorporación
docente, y la respectiva entrega de administración de la educación al Distrito de
Cartagena de Indias, por disposición de la Ley 60 de 1993. Agrega que, para que
se configure la mutación de vínculos no se requiere que haya nuevos
nombramientos.

17. Cuestiona la falta de valoración probatoria por parte del tribunal respecto a la
descentralización de la educación, lo que a juicio de la recurrente le impidió a dicha
autoridad judicial concluir que a partir de la mentada descentralización de la
educación en el ente territorial, la Nación dejó de ser prestadora de dicho servicio,
como se mencionó, a partir del 14 de junio de 1996 por la descentralización
administrativa; así, los docentes nacionales y nacionalizados que venían vinculados
pasaron a las plantas departamentales y municipales, respectivamente, mutando
así el tipo de vinculación.

18. Mencionó que no se valoró que el certificado de tiempo de servicios de fecha 09
de marzo de 2016 que contiene la relación de todas las incorporaciones de las que
fue sujeto, con indicación de los actos administrativos, los cuales también fueron
aportados, pero que tampoco se tuvieron en cuenta. Igualmente cuestiona que el
tribunal fundó su decisión en certificación del año 2007, que daba constancia de que
el vínculo de la docente fue nacional desde 1° de junio de 1984 hasta el 3 de octubre
de 20072, documento que afirma contiene una falsedad ideológica, pues, si bien
laboró un tiempo como nacional, otro periodo se desempeñó como docente distrital,
habiendo mutado el vínculo, aunque no haya variado el régimen prestacional.

19. En ese orden, aduce que se desconoció el principio de congruencia al no
analizarse por el a quo la tesis planteada sobre la mutación del vínculo laboral de la
docente; que la sentencia apelada vulnera la Constitución, pues, al no reconocer
que la vinculación mutó a distrital, desconoce el fenómeno de la descentralización;
e igualmente vulnera la Ley 60 de 1993, en vista que, descentralizada la educación,
los entes territoriales dirigen y administran la misma. Además, la sentencia recurrida
estima que resulta contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre dicho
tópico, y que datan de los años 1994 (radicado interno 8183), 2000 (radicado interno
2630-99), y 2003 (radicado interno 3762-01), entre otras.

20. Para finalizar, sostuvo que con la sentencia objeto de alzada, se desatienden
las sentencias de unificación de 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, en las
que se menciona que se requiere de los actos administrativos para establecer si la
plaza ocupada era o no territorial, insistiendo así que, al pasar el docente a una
plaza territorial, luego de la descentralización, entonces su vínculo mutó a territorial.
De igual manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados los salarios
provenían del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, y de acuerdo

2 Fecha de expedición de dicho certificado
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con ello la vinculación podría poseer naturaleza territorial o nacionalizada, más no
nacional.

21. En punto a las costas, sostuvo que dicha condena no puede fundarse
únicamente en la derrota de las pretensiones, pues, la actora acudió a la jurisdicción
de buena fe, en busca de protección de sus derechos prestacionales y con la firme
convicción que existía una vulneración de sus garantías constitucionales y legales;
que en ningún momento se ha hecho en forma temeraria o de mala fe.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

22. Con auto de 12 de diciembre de 2023, se admitió el recurso presentado por la
parte actora.

23. No hubo intervenciones en esta instancia.

24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.

26. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita
a lo expuesto por la parte demandante en su escrito de apelación.

2.2. Del problema jurídico

27. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Isabel
Acevedo de Villa, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para hacerse acreedora a tal prestación.

28. Debiendo analizarse, además, si la incorporación ocurrida en virtud de la
“departamentalización y municipalización” de la educación, implica que el tiempo

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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servido a partir de ello, modificó la naturaleza de la vinculación nacional a territorial,
resultando válido el tiempo de servicio docente prestado.

29. Así mismo deberá determinarse si hay lugar a revocar la condena en costas
impuesta a la parte actora en primera instancia.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

30. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.

31. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

32. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

33. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

34. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del

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requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera
de texto].

35. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la nación. […]»

36. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4

37. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20185 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados
para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

38. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

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«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6

39. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

40. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación

41. Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución
Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual
dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba
previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

42. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los
bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual
manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

43. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales
o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.
El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les
respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.
[…]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)
Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

44. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de
la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.

45. Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era
que más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas
otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de
educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas
condiciones de los distritos.»

46. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras de «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.

47. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que
trata el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos
docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se

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realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio
del cargo. […]»

48. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

2.4. Actuación administrativa

49. La señora María Isabel Acevedo de Villa, actuando a través de apoderado,
radicó el 11 de mayo de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión
gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y esta última a través
de la Resolución RDP 034375 de 16 de septiembre de 2016 negó lo peticionado,
al considerar que la docente tuvo vinculación del orden nacional a partir del año
1984.

50. Inconforme con la precitada decisión, la peticionaria interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 000202 de
05 de enero de 2017 expedida por el director de pensiones de la UGPP.

2.5. Caso concreto

51. Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión, especialmente si acredita los 20 años de servicio como
docente del orden territorial y/o nacionalizado. Debiendo analizarse, además, si
tanto el traslado a una plaza nacionalizada y la incorporación ocurrida en virtud de
la “departamentalización y municipalización” de la educación, conlleva a la
modificación de la naturaleza de la vinculación nacional a una territorial, resultando
válido el tiempo de servicio docente prestado.

52. Además debe establecerse si hay lugar a revocar la condena en costas impuesta
por el a quo.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

53. Revisado el expediente, la Sala encuentra acreditado que la señora María Isabel

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Acevedo de Villa nació el 23 de diciembre de 19487, razón por la cual, el 23 de
diciembre de 1998 cumplió 50 años de edad.

b. Buena conducta

54. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, se aportó declaración suscrita
por la actora8 en tal sentido, sin que se observen reproches que pongan en duda su
actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se entiende
cumplido dicho requisito.

c. Tiempo de servicio

55. Se rememora que el tribunal en la sentencia recurrida concluyó que no se
cumple el requisito de 20 años de servicio docente territorial o nacionalizado, lo cual
no comparte la parte actora y motiva la alzada.

Para resolver sobre ello, se observan las siguientes novedades laborales como
docente oficial:

• Vinculación con anterioridad a 31 de diciembre de 1980. Desde el 24 de
febrero de 1970 hasta el 19 de enero de 1982. (11 años, 10 meses y 26
días)

56. Revisado el expediente, se observa que el gobernador del departamento de
Santander en uso de sus atribuciones legales nombró a la señora María Isabel
Acevedo de Villa a través del Decreto 238 de 15 de febrero de 19709, como
maestra de un grupo escolar urbano del municipio de Bucaramanga, quien tomó
posesión del cargo a partir del 24 de febrero de 1970.

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8 Página 94 01Cuaderno1.pdf
9 Página 141 y 142 del 01Cuaderno1.pdf

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57. Así mismo, se aporta certificado de tiempo de servicio de fecha 03 de marzo de
201610, en el cual se deja constancia de que la demandante laboró durante el
periodo en cita, oportunidad en la que se señaló que el vínculo era nacionalizado.

58. Pues bien, encuentra la Sala, que el acto de designación fue suscrito por el
gobernador de Santander, de manera autónoma, sin intervención alguna del
Ministerio de Educación o delegado de esta cartera y tampoco hay constancia que
actuara por instrucciones de dicho ministerio. Ahora, no se invocó en el misma
normativa alguna relacionada con el proceso de nacionalización, pues, para la data
en que fue expedido -año 1970-, aun no existía la Ley 43 de 1975 que dispuso la
nacionalización de la educación primaria y secundaria que venían prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, lo municipios, las intendencia y
comisarías; de manera que, contrario a lo señalado en el certificado antes
mencionado, la labor docente durante este periodo fue del orden territorial, más no
como nacionalizada.

59. Contrario a lo certificado por la secretaria de educación de Santander, resulta
claro que la designación durante este período fue de carácter territorial, dado que,
por un lado, el acto fue suscrito por el gobernador de Santander, de manera
autónoma, sin intervención alguna del Ministerio de Educación o delegado de esta
cartera y tampoco se indicó en el acto de designación que actuara por instrucciones
de dicho ministerio.

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60. Además, no existe prueba en el plenario que dé cuenta que la plaza ocupada
por la señora María Isabel Acevedo de Villa haya sido de aquellas nacionalizadas,
como tampoco se avizora que los recursos fueran destinados para atender el
proceso de nacionalización y que eran administrados por los Fondos Educativos
Regionales, con sujeción a los planes establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional, conforme lo dispuso el artículo 6 de la Ley 43 de 1975.

61. De manera que, se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual
se acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

62. En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia a la actora, el tiempo servido como
docente territorial desde el 24 de febrero de 1970 hasta el 19 de enero de 1982
(11 años, 10 meses y 26 días).

• Desde el 01 de junio de 1984 hasta el 22 de enero de 2014. (29
años, 7 meses y 21 días)

63. Si bien en el proceso no se observa copia del acto de nombramiento, sí se anexó
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral - secretaría de
educación Distrital de Cartagena expedido el 03 de octubre de 200711, en el cual se
señala que la señora María Isabel Acevedo de Villa fue nombrada a través del
Decreto 4211 de 24 de abril de 1984.

64. En cuanto a la naturaleza de la vinculación, del mismo certificado se sustrae que
el tipo de vinculación era nacional.

65. La anterior no se encuentra en discusión, pues a pesar de no haber allegado
copia del acto de nombramiento o del acto de posesión, en el escrito de la demanda
se precisó que la señora María Isabel Acevedo fue nombrada docente en el Distrito
de Cartagena de Indias mediante Resolución No. 4211 del 24 de abril de 1984
emanada del Ministerio de Educación Nacional; no obstante, la parte actora
cuestiona con el recurso la presunta falta de valoración del material probatorio,
alegando en concreto que el a quo no tuvo en cuenta que el traslado a una plaza
territorial y los actos administrativos mediante los cuales se materializó la
descentralización de la educación, y la entrega de la administración de dicho
servicio al departamento de Bolívar, a su juicio, conllevó a que mutara a territorial el
vínculo docente que sostenía; a su vez, arguye que tampoco se realizó una debida
valoración del certificado laboral, ya que se tuvo como tiempo nacional todo el
tiempo servido, cuando según afirma, una parte de ese período fue territorial -

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distrital, insistiendo que ello se debió al proceso de incorporación docente y la
consecuente administración por parte de los entes territoriales.

66. De la misma forma arguye que al no aceptarse por el tribunal de instancia que,
el vínculo laboral docente mutó de nacional a territorial, se desconoce la
Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre otros.

67. Pues bien, en efecto obra en el plenario la Resolución 5295 de 15 de noviembre
de 1995, mediante la cual se otorga la certificación de cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993, por parte del departamento de
Bolívar, para asumir la prestación directa del servicio de educación; y el acta de la
formalización de la entrega y recibo de los bienes inmuebles destinados a la
prestación del servicio educativo estatal, propiedad de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional cedidos al departamento de Bolívar.

68. Además, obra el Decreto 0866 de 16 de agosto de 1966, mediante el cual el
alcalde de Cartagena incorporó a la planta de cargos determinada en virtud de la
descentralización el personal directivo docente, docentes y administrativos que
venían prestando sus servicios en el distrito de Cartagena; así como se aportaron
los decretos 0312 de 2003 y 0057 de 23 de enero de 2004 por medio de los cuales
se incorporó el personal docente y directivo docente del distrito en mención, y el
0057 de 23 de enero de 2004, figurando la actora en este último.

69. La Sala no desconoce la existencia del proceso de nacionalización de la
educación, como tampoco los distintos procesos de incorporación que se realizaron
a nivel nacional y del cual fue objeto la actora; sin embargo, se estima que el
argumento del recurso en cuanto a que el vínculo que traía aquélla como nacional
mutó a territorial, no tiene vocación de prosperidad como pasa a explicarse.

70. Debe resaltarse que, no existe duda en torno a que la designación realizada a
la demandante mediante el Decreto 4211 de 24 de abril de 1984 proferido por el
Ministerio de Educación, fue del orden nacional, como así está certificado, sin que
este aspecto sea discutido por aquélla, pues así lo afirma en la demanda y en el
escrito de apelación; siendo incorporada posteriormente al Centro Auxiliar de
Servicios Docentes –CASD- Manuela Beltrán, según consta en certificado expedido
por la Secretaría de Educación y Cultura distrital de Cartagena de fecha 3 de mayo
de 1999.

71. Nótese entonces que, a partir del nombramiento efectuado mediante la citada
Resolución No. 4211 del 24 de abril de 1984, se presentó una continua dependencia
laboral de la señora Acevedo Villa respecto de la Nación, pues fue nombrada de
manera directa por el Ministerio de Educación y ha permanecido en ese mismo
cargo hasta por lo menos 22 de enero de 2014, sin que durante este lapso se
advierta interrupción alguna en el vínculo, y la existencia de un nuevo nombramiento
del orden territorial o nacionalizado.

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72. Así para el caso, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989,
el personal nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por
designación del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió. En ese orden de
ideas, el período antes referenciado, no es computable para acreditar los 20 años
de servicio con el fin de acceder a la pensión gracia.

73. De manera que las condiciones de la vinculación de la demandante no se
modificaron a pesar de las novedades descritas en los certificados, como lo son el
traslado y la incorporación a la planta territorial, comoquiera que, se insiste, el último
nombramiento del que fue objeto se efectuó en el año 1984, en el orden nacional;
de ahí en adelante se presentaron situaciones administrativas sin que ello afectara
su relación laboral, pues, como quedó claro, la vinculación de los educadores con
la que venían antes de la designación en una plaza nacionalizada y la incorporación
a la planta de personal docente del distrito de Cartagena se mantuvo incólume al no
existir ruptura del vínculo laboral.

74. Así entonces, se insiste que no tienen vocación de prosperidad los argumentos
propuestos con el recurso de apelación, pues, ténganse en cuenta que el proceso
de descentralización mencionado y el de incorporación, en modo alguno tenían
incidencia en la naturaleza de la designación inicial, tesis que ha venido reiterando
esta Sala de Decisión en asuntos de contornos fácticos similares12, máxime cuando
si bien la Ley 60 de 1993 dispuso la descentralización de ciertas competencias de
la Nación respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º señaló que «el
régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989,
y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otra clase de remuneraciones». (Resaltos de la Sala)

75. Además, la Ley 715 de 2001, en desarrollo de lo anterior, dispuso en el artículo
34 que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad.» Tal como ocurre en el caso de la
actora, cuyo vinculo desde el año 1984, se mantuvo sin solución de continuidad
hasta por lo menos el año 2014, como da cuenta el plenario.

76. A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal nacional
son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia
de los nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de
entidad territorial.

12 Ver sentencias de fecha 6 de marzo de 2024, expedientes 05001 23 33 000 2021 00566 01 (6176–
2023), 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–2023)

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77. Bajo esa línea de consideraciones, se itera, las condiciones de la vinculación
docente de la demandante no se modificaron a pesar de las novedades laborales
mencionadas como el traslado y la incorporación a la planta territorial, comoquiera
que el último nombramiento del que fue objeto se efectuó en 1984, y este era
nacional.

78. Esta Corporación, al resolver asuntos de contornos fácticos y jurídicos similares,
entre otras, en sentencia de 28 de enero de 202113 señaló:

«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca
que (i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales
era el lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que
no mutaba la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba y
el colegio en el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva
designación, tanto es así que no hubo modificación en cuanto al régimen salarial
que le reconocía la Nación.

En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el 10
de febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba sus
servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la
incorporación del departamento de Caldas.
[…]

Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado
fiscal que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales como
en este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista en el
plenario prueba en contrario.»

79. Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento de la aquí demandante a
partir del 01 de junio de 1984 en adelante, fue del orden nacional sin que sufriera
modificación alguna, no es posible computar dicho tiempo de servicio; y, en
consecuencia, como lo dispuso el tribunal en primera instancia, no acredita 20 años
de servicios territorial o nacionalizado, exigencia para obtener el reconocimiento de
la pensión gracia. Por lo que se impone confirmar la sentencia en cuanto a la
negativa frente a las pretensiones de la demanda.

2.6. De la condena en costas de primera instancia

80. En atención a que la parte demandante eleva su inconformidad frente a la
condena en costas que le fue impuesta en primera instancia, pasa a resolverse al
respecto.

81. Se rememora que en el recurso se aduce que la demanda se presentó en
atención a que se estiman lesionados los derechos de índole legal y constitucional,
y que, en todo caso, no hubo mala fe ni temeridad.

13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-
01 (363-2018). Ver además expediente 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024).
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82. Pues bien, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis de
que el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos necesarios
o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o
expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros,
como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

83. Tras la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», para quien resultara vencido en el litigio. Ello, en
consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no.

84. Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era
necesario evaluar la conducta de las partes –temeridad o mala fe–, sino los
aspectos previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena
aplicación a su artículo 365.

85. Posteriormente, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, fue modificado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que «En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

86. Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de analizar
si en el asunto de la referencia puede considerarse que se presentó la demanda
con carencia manifiesta de fundamento legal, teniendo en cuenta que la sentencia
se dictó el 2 de noviembre de 2022, esto es, en vigencia de la Ley 2080 de 2021.

87. Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo no tuvo
en cuenta la última disposición en cita, y por el contrario únicamente se limitó a citar
el artículo 188 del CPACA, y los artículos 365 y 366 del CGP, concluyendo que,
dado que la parte actora resultó vencida, debía ser condena en costas y en agencias
en derecho.

88. De manera que, realizada la valoración en atención a lo dispuesto en el citado
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, no se advierte la carencia de fundamento legal,

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por lo que no hay lugar a condenar en costas en primera instancia, y por tanto resulta
procedente revocar el numeral segundo de la sentencia.14

2.7. Conclusión

89. En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados
en el recurso de apelación, pues, no se advierte que se haya dejado de valorar el
material probatorio aportado, sino que, para dicho tribunal, la documentación
relacionada con las novedades administrativas del servicio docente, tales como el
traslado y la descentralización de la educación en el departamento de Bolívar, no
implicaban un cambio en la naturaleza del vínculo; y en punto al certificado laboral,
conforme el análisis antes realizado, no había lugar a considerar que la actora tuvo
un vínculo territorial, pues se insiste, se mantuvo del orden nacional.

90. Con fundamento en lo antes expuesto, tampoco se advierte un desconocimiento
de la jurisprudencia de esta Corporación ni de la Constitución.

91. Así, la demandante no cumple con el requisito de 20 años de servicio docente
territorial o nacionalizado, razón por la cual, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, revocándose la
condena en costas, conforme se explicó.

2.8 Condena en costas

92. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

93. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

14 Respecto al tema de condena en costas, ver entre otras, la sentencia de 18 de julio
de 2024, radicado 52-001-2333-000-2018-00342-01 (4178 -2022) C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)
Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
del 12 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
conforme la motivación de esta providencia, que condenó en costas a la parte
actora.
En su lugar, se ordena abstenerse de condenar en costas de primera instancia
a la parte demandante de acuerdo a lo explicado previamente.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 12 de agosto de 2022, que
negó las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta
sentencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.

CUARTO. Acéptese la renuncia presentada por la abogada GLORIA XIMENA
ARELLANO CALDERON quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en el índice 12 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

QUINTO. Reconocer personería para actuar al abogado OMAR TRUJILLO
POLANIA como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en el índice
13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”,
aunado a ello, se acepta la sustitución de poder a la abogada ANA MARIA
LONDOÑO que consta en el mismo índice.

SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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