Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00837-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00837-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-00837-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, Nueve (9) de abril de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-000-2020-00837-01 (4331-2024)
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación, interpuestos por las partes
demandante y demandada, contra la sentencia del Veinticuatro (24) de abril
de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca1, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1 Pretensiones.
1. La señora María Cristina Patiño Ruiz, por intermedio de apoderado judicial,
solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP:
(i) la Resolución No. RDP 013151 del Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), mediante la cual, se negó el reconocimiento de la pensión
gracia;
(ii) la Resolución No. RDP 022905 del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil
Diecisiete (2017), que resolvió el recurso de reposición;
1
Sala compuesta por los Magistrados: Zoranny Castillo Otalora, Víctor Adolfo Hernández Díaz y Andrés González
Arango.
2
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00009.
2
Número Interno: 4331-2024
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP
(iii) la Resolución No. RDP 041646 del Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil
Dieciocho (2018), que resolvió el recurso de apelación, confirmando la
decisión inicial3; y
(iv) la Resolución No. RDP 048302 del Veintiséis (26) de diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018).
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordene el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, en cuantía equivalente al setenta
y cinco por ciento (75 %) del promedio salarial devengado, con su inclusión en
nómina pensional.
3. Igualmente, solicitó que, se condene a la entidad demandada al pago de las
mesadas pensionales adeudadas, junto con los reajustes, indexación e
intereses legales correspondientes.
4. De manera complementaria, pide el reconocimiento de la prescripción en
los términos legales, la actualización de las sumas adeudadas y la condena
en costas a la entidad demandada.
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
5. La señora María Cristina Patiño Ruiz, indicó que, laboró como docente
oficial, desde el año Mil Novecientos Ochenta (1980), vinculada inicialmente
mediante nombramiento territorial en el departamento de Risaralda y,
posteriormente, en el municipio de Cartago – Valle del Cauca, acumulando
más de veinte (20) años de servicio oficial en el magisterio.
6. Indicó que, el Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016),
solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el
reconocimiento de la pensión gracia.
7. Mediante Resolución No. RDP 013151 del Veintinueve (29) de marzo de
Dos Mil Diecisiete (2017), la Unidad Administrativa Especial de Gestión
3
En desarrollo de la audiencia inicial del Tres (03) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, profirió el auto interlocutorio No. 248 de la misma fecha, y se ordenó la inclusión de la Resolución
RDP 013979 del 6 de mayo de 2019, por economía, eficiencia, celeridad, y para garantizar la tutela judicial efectiva y
la sentencia de fondo.
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Número Interno: 4331-2024
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó
el reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que, la demandante no
cumplía con los requisitos legales exigidos para su reconocimiento.
8. Contra la anterior decisión, interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante Resolución No. RDP 022905 del Treinta y Uno (31) de mayo
de Dos Mil Diecisiete (2017), confirmando la decisión inicial.
9. El Siete (7) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), nuevamente solicitó
el reconocimiento de la pensión gracia, petición negada con Resolución RDP
011103 del Veintisiete (27) de marzo de Dos mil Dieciocho (2018).
10. Ante petición del Diecinueve (19) de julio de Dos mil Dieciocho (2018),
a través de la Resolución No. RDP 041646 del Diecinueve (19) de octubre de
Dos Mil Dieciocho (2018), la entidad demandada nuevamente negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
11. Mediante Resolución RDP 048302 del Veintiséis (26) de diciembre de
Dos mil Dieciocho (2018), se resolvió de forma negativa la apelación.
12. Al presentarse nuevamente solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia, el Veintiocho de enero de Dos Mil Diecinueve (2019), fue
negada mediante acto administrativo RDP 013979 del Seis (6) de mayo de
Dos Mil Diecinueve (2019).
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
13. La parte actora invocó como normas violadas, entre otras, los artículos 1°,
3° y 4° de la Ley 114 de 1913; el artículo 6° de la Ley 116 de 1928; el artículo
3° de la Ley 37 de 1933; la Ley 91 de 1989; así como las disposiciones
constitucionales contenidas en los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución
Política.
14. Sostuvo que, los actos administrativos demandados vulneraron el régimen
jurídico que regula la pensión gracia, al negar su reconocimiento, pese a
encontrarse acreditado el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de
servicio exigidos por la normativa aplicable.
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Número Interno: 4331-2024
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP
15. Afirmó que, la entidad demandada, incurrió en violación directa de la ley
sustancial, al desconocer que, el tiempo de servicios puede acreditarse de
manera discontinua y en diferentes entidades del magisterio oficial, sin que
resulte exigible la continuidad en la prestación del servicio.
16. Indicó que, la negativa de la prestación, se sustentó en una interpretación
errónea de la naturaleza de la vinculación docente, al asimilarla indebidamente
a una vinculación de carácter nacional, desconociendo las reglas fijadas por la
Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.
17. Señaló que, se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad y
protección de los derechos adquiridos, así como el precedente jurisprudencial
aplicable, lo que condujo a la expedición de actos administrativos afectados
de falsa motivación. Concluyó que, los actos acusados se encuentran viciados
por indebida interpretación normativa y aplicación restrictiva del ordenamiento
jurídico, razón por la cual, deben ser anulados y, en consecuencia,
reconocerse el derecho pensional reclamado.
2. Contestación de la demanda4.
18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que, los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme a derecho, por autoridad
competente, con observancia de las formalidades legales y debidamente
motivados, razón por la cual, se encuentran amparados por la presunción de
legalidad.
19. Sostuvo que, la demandante no acreditó el cumplimiento integral de los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, en particular, los
relativos a la edad y al tiempo de servicios, ni a la consolidación del derecho con
anterioridad al Veintinueve (29) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta y
Nueve (1989), conforme a lo previsto en la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia
constitucional aplicable.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00011.
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Número Interno: 4331-2024
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP
20. Indicó que, los tiempos de servicio allegados no resultan suficientes, ni
idóneos a efectos del reconocimiento prestacional, pues, además de no
acreditarse en debida forma, no permiten establecer el cumplimiento de los
requisitos legales, especialmente en lo concerniente a la naturaleza de la
vinculación docente y al cómputo del tiempo exigido.
21. Señaló que, en el caso concreto, no se configuró un derecho adquirido, sino
una mera expectativa, susceptible de modificación por el legislador, en la medida
en que la demandante no había consolidado los requisitos, antes de la entrada
en vigor de la Ley 91 de 1989.
22. Precisó que, la negativa del reconocimiento pensional se encuentra ajustada
a derecho, en tanto responde a la aplicación estricta del régimen especial de la
pensión gracia y a los criterios fijados por la Corte Constitucional en las
sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000, en relación con la exigencia de
cumplimiento de requisitos antes del 29 de diciembre de 1989.
23. Finalmente, propuso como excepciones de mérito, la inexistencia de la
obligación, la legalidad de los actos administrativos demandados, la buena fe de
la entidad y la prescripción de las mesadas pensionales, así como la
improcedencia de la condena en costas.
3. La sentencia de primera instancia5.
24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió a las
pretensiones de la demanda y dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido, ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados y buena fe propuestas por la entidad
demandada.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de
prescripción.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00054.
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Número Interno: 4331-2024
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP
TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones: No. RDP 013151 del
29 de marzo de 2017, No. RDP 022905 del 31 de mayo de 2017, No. RDP
041646 del 19 de octubre de 2018, No. RDP 048302 del 26 de diciembre de
2018 y No. RDP 013979 del 6 de mayo de 2019 que negaron el reconocimiento
y pago de la pensión gracia.
CUARTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y
Parafiscales -UGPP- a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora María Cristina Patiño Ruiz, a partir del 11 de julio de 2007, equivalente
al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, con
efectos fiscales a partir del 3 de julio de 2007 con los respectivos ajustes de
Ley.
QUINTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y
Parafiscales -UGPP- hacer la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con el artículo 187 del CPACA.
SEXTO: ORDENAR el cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia en
los términos del artículo 192 del CPACA.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la entidad demandada.
OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
[…]»
25. El Tribunal consideró que, la demandante, acreditó la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, para acceder a la pensión gracia,
en tanto demostró haber cumplido cincuenta (50) años de edad, contar con
más de veinte (20) años de servicio docente y haber estado vinculada al
servicio educativo oficial, con anterioridad al Treinta y Uno (31) de diciembre
de Mil Novecientos Ochenta (1980).
26. Señaló que, conforme al material probatorio, en particular las
certificaciones expedidas por el municipio de Cartago -Valle del Cauca, la
demandante ostentó una vinculación docente de carácter territorial y
nacionalizada, y los tiempos de servicio podían ser computados de manera
continua y discontinua, de acuerdo con la normativa aplicable y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
27. Finalmente, el Tribunal declaró probada parcialmente la excepción de
prescripción, al considerar que, las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al Tres (03) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), se encontraban
prescritas, dado que, la solicitud pensional se efectuó el Veintinueve (29) de
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Número Interno: 4331-2024
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
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noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016) y la demanda radicada el Tres (3) de
julio de Dos Mil Veinte (2020), es decir, con posterioridad al vencimiento de
los tres años siguientes a la única interrupción por la presentación de la
petición.
4. Los recursos de apelación.
4.1 De la parte demandante6.
28. La señora María Cristina Patiño Ruiz, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al
manifestar su inconformidad con los efectos fiscales reconocidos.
29. Como fundamento de alzada, sostuvo que, el A quo, incurrió en una
indebida aplicación de la prescripción trienal, al fijar los efectos fiscales de la
prestación, desde el Tres (03) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), pese a
que —a su juicio—, dicho término fue interrumpido con las múltiples solicitudes
administrativas presentadas ante la UGPP, los días Veintinueve (29) de
noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), Siete (07) de diciembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), Diecinueve (19) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018) y
Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019), así como con la
presentación de la demanda el Tres (03) de julio de Dos Mil Veinte (2020).
30. Afirmó que, en virtud de dichas actuaciones, no operó la prescripción, por
lo que, los efectos fiscales de la pensión gracia, debían reconocerse desde el
Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), esto es, tres (3) años
antes de la primera solicitud pensional, y no desde la fecha fijada por el
Tribunal.
31. Finalmente, solicitó que, se revoque parcialmente la sentencia apelada en
lo relativo a los efectos fiscales y, en consecuencia, se ordene el
reconocimiento de la prestación con retroactividad conforme a lo expuesto,
junto con la condena en costas a la entidad demandada.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00057.
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4.2 De la parte demandada7.
32. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderada
judicial, interpuso recurso de apelación, contra la decisión de instancia.
Sostuvo que, el A quo desconoció la normativa y jurisprudencia aplicable al
caso, al concluir que, la demandante cumplía los requisitos para acceder a la
pensión gracia, pese a que —a su juicio—, no se acreditó de manera idónea,
el tiempo de servicios en calidad de docente territorial o nacionalizada.
33. Afirmó que, la parte actora no allegó las certificaciones laborales en debida
forma, en particular, aquellas expedidas a través del Sistema de Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL, ni los documentos que
permitieran establecer de manera inequívoca el tipo de vinculación, el acto de
nombramiento y la naturaleza de la plaza, conforme a los criterios fijados por
el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del Veintiuno (21) de junio
de Dos Mil Dieciocho (2018).
34. Indicó que, no es posible computar tiempos de servicio de carácter
nacional, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, y que, en el
caso concreto, no se acreditaron los veinte (20) años de servicio en
instituciones educativas del orden territorial o nacionalizado, requisito
indispensable para acceder a dicha prestación.
35. Señaló que, los actos administrativos demandados se expidieron conforme
a derecho, con fundamento en la ausencia de los requisitos legales exigidos,
por lo que conservan su presunción de legalidad, y su anulación por parte del
Tribunal resulta improcedente.
36. Finalmente, solicitó que, se revoque la sentencia apelada y, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la demanda, al no encontrarse demostrado el
derecho de la demandante al reconocimiento de la pensión gracia, en armonía
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00058.
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Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
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Parafiscales de la Protección Social, UGPP
con el marco normativo, jurisprudencial y el principio de sostenibilidad
presupuestal.
5. Trámite de segunda instancia
37. Por medio de auto del Treinta (30) de enero de Dos Mil Veintiséis
(2026)8, el consejero ponente admitió el recurso de apelación, conforme a lo
previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.
6. Concepto del Ministerio Público
38. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en el presente
asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
39. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
2.2 Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar, si se revoca la sentencia del
Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, debiendo verificarse lo siguiente:
(i) si la señora María Cristina Patiño Ruiz, acreditó los requisitos legales para
el reconocimiento de la pensión gracia, en particular, la vinculación docente de
carácter territorial o nacionalizado y el tiempo de servicio exigido,
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Samai - índice 00008.
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Número Interno: 4331-2024
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
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Parafiscales de la Protección Social, UGPP
(ii) si resulta procedente modificar los efectos fiscales de la prestación, en
atención a la aplicación de la prescripción trienal, o si fue interrumpida con las
solicitudes administrativas radicadas ante la entidad,
41. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión
gracia; y 2.4. Material probatorio; 2.5 Caso concreto.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.
42. En principio, debe señalarse que, la pensión gracia se considera una
prestación especial, otorgada a los docentes estatales territoriales y
nacionalizados, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y
conocimientos al servicio de la actividad educativa, cumplida durante un lapso
no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se
condensa en los siguientes párrafos:
43. El artículo 1º de la Ley 114 de 19139, consagró por primera vez la pensión
gracia a los maestros de escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de veinte años. El numeral 3° del artículo
4° de esta norma determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es
preciso que el interesado compruebe «que no ha recibido ni recibe actualmente otra
pensión o recompensa de carácter nacional (…)».
44. Posteriormente, la Ley 116 de 192810, amplió el beneficio de la pensión
gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán
los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.»
45. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional, para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
9
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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Parafiscales de la Protección Social, UGPP
en la Constitución Nacional de 1886, de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual11.
46. La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199812,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4°(numeral 3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que, en cuanto al aparte
acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para
gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, no vulnera la Constitución Política, por las facultades que
la misma carta confirió al legislador para regularla.
47. Dijo, además que, los recursos del Estado para el pago de las prestaciones
sociales son limitados, por ello, es legítimo establecer condiciones para
acceder a esta pensión.
48. A raíz del proceso de nacionalización de la educación, ordenado por la Ley
43 de 197513, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a
la Nación, porque, como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y
secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de
esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos
docentes del sector oficial.
49. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º),
respecto de las pensiones, dispuso que, los docentes vinculados hasta el 31
de diciembre de 1980, que, por disposición de las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, y demás normas que las hubiesen desarrollado o
modificado; y tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
50. Así mismo, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de
enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren
a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
11
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
12
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
13
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
12
Número Interno: 4331-2024
Demandante: María Cristina Patiño Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP
reconocerá solo una pensión de jubilación, equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año.
51. Las normas trascritas permiten concluir que, el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación,
en fallo de 26 de agosto de 199714, en el sentido que, el artículo 15 (numeral
2°) de la Ley 91 de 1989, es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.
52. Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura, se ocupó de
dilucidar la interpretación aplicable del literal a, del numeral 2° del artículo 15
de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017), en la que precisó que, se puede acceder a la
pensión gracia antes y después del Veintinueve (29) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta y Nueve (1989), siempre que, se acredite una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 198015.
53. De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que, en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al Veintinueve (29) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta y
Nueve (1989) [entrada en vigor de la Ley 91 de ese año], sirvió al sector
educativo antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), umbral que precisamente previó el legislador como plazo
14
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización;
ii) la norma reguló una situación transitoria porque su propósito fue colmar las expectativas de los docentes vínculos
hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria; iii) para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de
hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión. Expediente S-699 del 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
15
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición «(…)
«solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes
oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se
hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su
estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
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máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
54. De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y
que estuviere vinculado antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980); cumplir cincuenta (50) años de edad; y
desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
2.3.1. La incorporación de los profesores a los entes territoriales, en
virtud de la descentralización de la educación pública.
55. Como se expuso en el acápite precedente, por medio de la citada Ley 39
de 1903, el legislador fijó los parámetros iniciales de la «Instrucción Pública»,
es decir, la educación primaria y secundaria, entre otras, la primera «[…] a
cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los Gobiernos de los
Departamentos» (artículo 3°), y la segunda asumida por «[…] la Nación e
inspeccionada por el Poder Ejecutivo» (artículo 4°).
56. Luego, con la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y
secundaria, para lo cual se concedió un término de 5 años (artículo 3 16), esto
es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de lo que se colige que con antelación
a dicho trámite únicamente existían dos (2) categorías de maestros oficiales,
a saber: nacionales y territoriales. Y, posterior a la referida nacionalización de
la educación, se clasificaron en nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
diferenciación quedó establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
16
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los
gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los presupuestos
respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un veinte por ciento
(20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de los mismos en 1980 (de 1976
a 1980)».
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ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de ente
territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del
artículo 1017 de la Ley 43 de 1975.
57. La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en
dos grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional (personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales
(personal nacionalizado y territorial).
58. A través de la Ley 60 de 199318, el Congreso de la República dio paso a
la descentralización del servicio educativo, para lo cual dejó en cabeza de los
entes locales su administración, incluida la del personal docente, mientras que
la Nación sería responsable de su regulación, coordinación y asistencia:
«Artículo 2°. Competencias de los municipios. Corresponde a los Municipios, a
través de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas municipales competentes […]:
1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones
legales sobre la materia: - Administrar los servicios educativos estatales de educación
preescolar, básica primaria y secundaria y media.
[…]
Artículo 3°. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos,
a través de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la
ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas: […]
A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones legales
sobre la materia:
• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los
servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria
y media.
• Participar en la financiación y cofinaciación de los servicios educativos estatales y en
las inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los recursos
del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos estatales.
[…]
17
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional»
18
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones».
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La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes,
con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el
cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter
departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de
prestación del servicio; de todas maneras, la administración del personal docente y
administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6. de la presente Ley.
[…]
Artículo 4°. Competencias de los distritos. Corresponde a los distritos, a través de
las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas
competentes, conforme a la Ley, a las normas técnicas nacionales y a los respectivos
acuerdos:
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes,
con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los distritos, caso en el cual los
establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter distrital; de todas
maneras, la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
previsto en el artículo 6°. de la presente ley.
[…]
Artículo 5°. Competencias de la nación. En relación con las materias de carácter
social, corresponde a la Nación, a través de los Ministerios, Departamentos
Administrativos y demás organismos y autoridades de la administración central o de las
entidades descentralizadas del orden nacional, conforme a las disposiciones legales
sobre la materia:
• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de orientación a
las entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
[…]
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en materia
educativa y de salud.
[…]
• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las entidades
territoriales la ejecución de las campañas y programas nacionales, o convenir la
asunción de las mismas por parte de las entidades territoriales, cuando fuere el caso,
con la asignación de los recursos respectivos para su financiación o cofinanciación;
establecer los programas de cofinanciación en forma acorde a las políticas y a las
prioridades nacionales.
[…]» (se subraya).
59. Conforme a la aludida Ley 60 de 1993, los departamentos y distritos
certificados asumieron la prestación de la labor educativa; en materia
prestacional, se contemplaron mecanismos que no afectaran (i) a los maestros
nacionales o nacionalizados incorporados sin solución de continuidad a las
entidades territoriales y a los nuevos, a quienes les sería aplicada la Ley 91 de
1989, (ii) mientras que quienes laboraban en los departamentos, distritos y
municipios que acogieron el personal descentralizado, continuarían con las
prerrogativas ya reconocidas por estos, según el caso.
60. Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 200119, que derogó la 60 de 1993
19
6 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
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y dispuso que los municipios y distritos certificados en educación tendrían a su
cargo ese servicio en los niveles de preescolar, básica y media, incluidos
nombramientos, ascensos y traslados, pero «[…] sin superar en ningún caso
el monto de los recursos de la participación para educación del Sistema
General de Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial […]»
(artículos 6° y 7°). Además, los artículos 3420 y 3721 de la Ley 715 determinaron
que «Las plantas de cargos docentes y de los administrativos de las
instituciones educativas serán organizadas conjuntamente por la Nación,
departamentos, distritos y municipios […]», los servidores «[…] que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin
solución de continuidad» y «[…] los docentes, directivos docentes y
funcionarios administrativos de los planteles educativos que se financien con
recursos del Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá reconocer
el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta»
(artículo 38).
61. En atención a que la normativa trascrita22, como ya se anotó, prescribió
que una vez «Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos […] mantendrán su vinculación sin solución de continuidad»
(se subraya), la sala mayoritaria de esta subsección, al desatar medios de control instaurados
por docentes estatales con el ánimo de obtener la pensión gracia, ha dicho que «[…] si bien
es cierto que el Departamento […] para asumir la administración del sector de la educación
dentro del modelo de descentralización administrativa, incorporó a su planta de personal a
algunos docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo es que esto no
conllevó a que la calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a territorial, pues […]
el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional […] son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es
diferente a la incorporación»23 (sic; se subraya).
62. En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí integrada se
contrae a que a los maestros nacionales incorporados a los entes territoriales
con ocasión de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no pueden ser acreedores
20
«Incorporación a las plantas».
21
«Organización de plantas».
22
Artículos 6º de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001
23
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022), entre
otros. Y más recientemente se puede consultar: sentencia de 23 de noviembre de 2023, expediente 08001-23-33-
000-2019-00085-01 (1126-2021), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera
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de la pensión gracia, puesto que, además de que no existe sinonimia entre los
términos nombramiento («nominación») y homologación, en todo caso esta no
comporta cambio del tipo de vinculación, pues fue sin solución de
continuidad24.
2.4 Material probatorio.
63. Con fundamento en el material probatorio, se tiene por acreditado lo
siguiente:
64. La señora María Cristina Patiño Ruiz, nació el Once (11) de julio de Mil
Novecientos Cincuenta y Siete (1957), conforme a la cédula de ciudadanía y
al registro civil de nacimiento, expedido por la Notaría Primera del Círculo de
Pereira25.
65. Obra Decreto No. 0864, de Diecinueve (19) de septiembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980)26, expedido por el gobernador y la secretaría de
educación del departamento de Risaralda, mediante el cual, se nombra a la
señora María Cristina Patiño Ruiz, como docente por el término comprendido
entre el Ocho (8) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta (1980) y el Dos
(2) de noviembre de Mil Novecientos Ochenta (1980).
66. Decreto No. 073 de fecha Veintinueve (29) de abril de Mil Novecientos
Ochenta y Dos (1982)27, expedido por la alcaldía de Cartago (Valle del Cauca),
mediante el cual, se vincula a la señora María Cristina Patiño Ruiz en la
Escuela San José, acto en el que se señala de forma expresa que, «POR EL
CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA EN UNA PLAZA MUNICIPAL Y SE PROVEE SU
REEMPLAZO»; asimismo, se advierte que, la demandante se encuentra
comprendida, dentro del personal docente incorporado a la planta de cargos
del sector educativo oficial del municipio.
24
Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés: «De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin
solución de continuidad, mantuvo su calidad de docente con vinculación nacional […]»
25
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67. Obra Resolución No. 1719 del Dieciséis (16) de marzo de Mil Novecientos
Noventa y Dos (1992)28, expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante la cual se nombró a la señora María Cristina Patiño Ruiz en el cargo
de profesora de tiempo completo en el Colegio Nacional Académico de
Cartago. De dicho acto se advierte que el nombramiento fue efectuado
directamente por autoridad del orden nacional, sin intervención de entidad
territorial, lo que permite identificar que la plaza provista corresponde a una de
carácter nacional.
68. Decreto 113 del Diecisiete (17) de diciembre de 2003. « POR EL CUAL SE
INCORPORA A LA PLANTA DE PERSONAL GLOBAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
SECTOR EDUCATIVO, EL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE Y DOCENTE FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES […]».
69. Obra certificación expedida por la Secretaría de Educación del
Departamento de Risaralda, de Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Siete
(2007)29, suscrita por la profesional especializada de recursos humanos, en la
cual, se indica que, mediante Decreto No. 0864 del Diecinueve (19) de
septiembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), se nombró a la señora María
Cristina Patiño Ruiz, como docente, por el término comprendido entre el Ocho
(8) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta (1980) y el Dos (2) de
noviembre de Mil Novecientos Ochenta (1980).
70. Reposa certificado de tiempo de servicios expedido por la alcaldía de
Cartago (Valle del Cauca), de Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Siete
(2007)30, en el que, se hace constar que, la señora María Cristina Patiño Ruiz,
prestó servicios como docente en el orden municipal, en diferentes periodos,
así:
(i) del Diez (10) de mayo de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982) al
Once (11) de noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994)
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como maestra seccional en la Escuela San José;
(ii) En distintos cargos docentes en instituciones educativas del
municipio, desde el Ocho (08) de abril de Mil Novecientos Noventa y
Dos (1992) hasta el Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Siete (2007),
fecha de corte de la certificación.
71. Obra certificación de salarios expedida por la Secretaría de Educación del
Municipio de Cartago – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio31, en la que se consigna que la demandante, se desempeñó como
docente en la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla, con vinculación
de carácter nacional, incluyendo factores salariales correspondientes a los
años Dos Mil Seis (2006) y Dos Mil Siete (2007).
72. Se allegó certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la
Procuraduría General de la Nación, de Primero (1°) de noviembre de Dos Mil
Siete (2007), en el que se hace constar que, la señora María Cristina Patiño
Ruiz, no registra sanciones ni inhabilidades vigentes32.
73. Obra solicitud de reconocimiento de pensión gracia presentada por la
demandante, por conducto de apoderado judicial, radicada ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social UGPP, el Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil
Dieciséis (2016)33.
74. Por medio de la Resolución No. RDP 013151, de Veintinueve (29) de
marzo de Dos Mil Diecisiete (2017)34, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, negó la solicitud de reconocimiento de pensión gracia, presentada por
la señora María Cristina Patiño Ruiz.
31
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75. A través de la Resolución No. RDP 022905, del Treinta y Uno (31) de mayo
de Dos Mil Diecisiete (2017)35, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. RDP
013151 de Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017),
confirmando la decisión inicial.
76. En la Resolución No. RDP 041646, del Diecinueve (19) de octubre de Dos
Mil Dieciocho (2018)36, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, decidió una
nueva solicitud relacionada con el reconocimiento de la pensión gracia
presentada por la señora María Cristina Patiño Ruiz.
77. Con la Resolución No. RDP 048302, de fecha Veintiséis (26) de diciembre
de Dos Mil Dieciocho (2018)37, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. RDP
041646 de Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018),
confirmando la decisión.
78. Finalmente, en la Resolución No. RDP 013979, del Seis (6) de mayo de
Dos Mil Diecinueve (2019), la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
emitió un nuevo pronunciamiento, con relación a la solicitud de reconocimiento
de pensión gracia presentada por la demandante.
2.5 Caso concreto.
79. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala verificará el
cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión
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gracia, a partir del material probatorio obrante en el expediente.
2.5.1 Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980.
80. Para determinar si la señora María Cristina Patiño Ruiz, cumple con el
requisito consistente en haber acreditado una vinculación como docente
territorial o nacionalizada, con anterioridad al Treinta y Uno (31) de diciembre
de Mil Novecientos Ochenta (1980), la Sala procede a examinar el material
probatorio obrante en el expediente, particularmente el acto administrativo de
nombramiento inicial.
81. En efecto, se encuentra acreditado que, mediante el Decreto No. 0864 del
Diecinueve (19) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), expedido
por el gobernador del departamento de Risaralda y la Secretaría de Educación
departamental, se nombró a la señora María Cristina Patiño Ruiz como
docente por el período comprendido entre el Ocho (8) de septiembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980) y el Dos (2) de noviembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), así:
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82. Del referido acto administrativo se extraen los siguientes elementos
relevantes: (i) en el contenido del acto no se evidencia intervención del
Gobierno nacional, ni autorización en los términos del artículo 10 de la Ley 43
de 1975, (ii) ni referencia a que la plaza tuviera carácter nacional, lo que
permite establecer que la designación fue realizada íntegramente por
autoridad territorial.
83. La jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que, la naturaleza del
vínculo se determina por el acto de nombramiento y la autoridad nominadora,
no por la fuente de financiación; en esa línea, cuando el nombramiento es
efectuado directamente por una entidad territorial, sin acreditarse la
autorización nacional exigida por el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, el vínculo
debe calificarse como territorial o nacionalizado.
84. En consecuencia, la vinculación efectuada mediante el Decreto No. 0864
del Diecinueve (19) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta (1980),
satisface el requisito previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, al tratarse
de una designación territorial, anterior al Treinta y Uno (31) de Diciembre de
Mil Novecientos Ochenta (1980).
2.5.2 Edad.
85. Según el registro civil de nacimiento y la fotocopia de la cédula de
ciudadanía obrantes en el expediente, la señora María Cristina Patiño Ruiz,
nació el Once (11) de julio de Mil Novecientos Cincuenta y Siete (1957), y
cumplió cincuenta (50) años, el Once (11) de julio de Dos Mil Siete (2007); en
consecuencia, para la fecha en que elevó la primera solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia, esto es, el Veintinueve (29) de noviembre
de Dos Mil Dieciséis (2016), ya superaba ampliamente el requisito etario,
exigido en el numeral 6° del artículo 4° de la Ley 114 de 1913.
2.5.3 Buena conducta.
86. La accionante acreditó que, desempeñó el empleo con honradez y
consagración; en consecuencia, honró la exigencia prevista en el numeral 1°
de la norma antes referida. En el expediente, obra certificado de antecedentes
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disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, el Primero
(1°) de noviembre de Dos Mil Siete (2007), en el que se hace constar que, la
demandante no registra sanciones, ni inhabilidades vigentes.
2.5.4 Prestación del servicio docente territorial o nacionalizado por veinte
(20) años.
87. De conformidad con las certificaciones laborales y los actos
administrativos obrantes en el expediente, se encuentran demostrados los
siguientes períodos de servicio docente de la señora María Cristina Patiño
Ruiz:
88. Primer período: Del Ocho (8) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta
(1980), al Dos (2) de noviembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), en virtud
del Decreto No. 0864 del Diecinueve (19) de septiembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), expedido por el departamento de Risaralda, mediante el cual,
se dispuso su nombramiento como docente para cubrir una licencia de
maternidad. La designación fue realizada por autoridad territorial, en un
establecimiento educativo oficial.
89. Segundo período: Del Diez (10) de mayo de Mil Novecientos Ochenta y
Dos (1982), al Quince (15) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992),
conforme al Decreto No. 073 del Veintinueve (29) de abril de Mil Novecientos
Ochenta y Dos (1982), expedido por la Alcaldía de Cartago (Valle del Cauca),
mediante el cual, se nombró a la demandante como maestra seccional
municipal, en la Escuela San José No. 31. En el acto se señala expresamente
que, se trata de una plaza municipal, circunstancia que, permite identificar la
naturaleza territorial de la vinculación.
90. Tercer período: A partir del Ocho (8) de abril de Mil Novecientos Noventa
y Dos (1992), nombramiento efectuado mediante Resolución No. 1719 del
Dieciséis (16) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), por el
ministro de Educación Nacional en el cargo de profesora de tiempo completo
en el Colegio Nacional Académico de Cartago.
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91. Cuarto período: A partir del Diecisiete (17) de diciembre de Dos Mil Tres
(2003), en virtud del Decreto No. 113 de 2003, expedido por el municipio de
Cartago, «POR EL CUAL SE INCORPORA A LA PLANTA DE PERSONAL GLOBAL DEL
MUNICIPIO SECTOR EDUCATIVO, EL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE Y DOCENTE
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES».
92. De conformidad con los actos administrativos de nombramiento, para la
Sala es absolutamente claro que, si bien es cierto, en el primer y segundo
periodos relacionados, la docente tenía el carácter de docente territorial,
tampoco es menos cierto que, a partir del tercer periodo, su vinculación tiene
el carácter de nacional, dado que, su nombramiento docente, fue efectuado
directamente por el ministro de Educación de la época.
93. Asimismo, frente al cuarto y último periodo, la Sala precisa que, la
incorporación prevista en el Decreto No. 113 de 2003, constituye un ajuste
organizacional en el marco del Sistema General de Participaciones, que no
altera la naturaleza jurídica del vínculo previamente existente, sino que,
mantiene la condición del docente dentro del régimen, conforme a lo previsto
en la Ley 715 de 2001, tal como lo precisa el parágrafo segundo del artículo
segundo, del acto administrativo en comento, el cual establece:
«Parágrafo 2. La presente incorporación a la planta de Cargos y de Personal
del Municipio de Cartago Valle sector educativo, no interrumpe, ni altera la
relación jurídico laboral de los Directivos Docentes, y docentes incorporados,
que se seguirá rigiendo por las normas vigentes.»
94. A esta conclusión ha arribado la Sala, en procesos con similitud fáctica al
estudiado en esta oportunidad, entre otros, en el proceso con radicación
interna 6811-202438, en el cual se precisó:
«
100. Frente a las anteriores posturas interpretativas, es necesario destacar
que no es la primera vez que se ventilan en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, por lo que esta Sección ha precisado en los siguientes
términos, que la descentralización del servicio educativo no implicó un
cambio en la naturaleza inicial de los nombramientos realizados, por lo que
38
Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección B. Sentencia del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026). Radicación 76001-23-33-011-2019-00408-02 (6811-2024), M.P Elizabeth Becerra Cornejo.
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no es de recibo invocar tal circunstancia para sostener que una designación
de carácter nacional mutó en departamental, distrital o municipal, a fin de
obtener el reconocimiento de la pensión gracia.
101. Sobre el particular, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, en sentencia proferida el 24 de julio de 202539 señaló:
En respuesta a dicho argumento, esta Subsección ha emitido múltiples
sentencias en las que se ha establecido que la descentralización de la
educación implicó la transferencia de la administración del servicio
educativo y del personal docente a las entidades territoriales certificadas
en educación. Este proceso se llevó a cabo inicialmente hacia los entes
departamentales, conforme a lo estipulado en la Ley 60 de 1993, y
posteriormente hacia los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 715 de 2001. Sin embargo, estas condiciones no provocaron un
cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que
habían sido nombrados antes de dicho proceso, especialmente para
aquellos que mantuvieron su relación legal y reglamentaria sin
interrupción, como es el caso del actor.
Al respecto, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:
[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales
o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de
remuneraciones. […]
36. Igualmente, en los artículos 34 y 38 de la ley 715 de 2001 se reiteró
que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad».
37. En consecuencia, bajo el pretexto de la descentralización de la
educación no se pueden eludir estas disposiciones legales. Es
fundamental reconocer que las características de la vinculación con la
Administración se establecen en el momento en que se emite el acto de
nombramiento, pues es allí donde se definen las condiciones jurídicas del
cargo a desempeñar y las implicaciones a las que queda sujeto el
39 Rad. 76001-23-33-000-2020-00953 01 (6509-2024), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Sobre el
particular también pueden apreciarse las siguientes sentencias: 1) del 14 de mayo de 2025, rad. 52001
23 33 000 2017 00335 01 (2307-2019), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 2) del 23 de abril de 2025,
rad. 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 3) del 7 de abril
de 2025, rad. 25000 23 42 000 2018 02543 01 (3213-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 4) del 6
de marzo de 2025, rad. 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
5) del 30 de octubre de 2024, rad. 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024), M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves; 6) del 21 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-2019-00299-01 (3910-2023), M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; 7) del 7 de septiembre de 2023, rad. 73001-23-33-000-2019-00120-01
(1887-2022), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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docente. En este sentido, la transferencia de la administración de las
plantas de personal a las entidades territoriales certificadas en educación,
así como las competencias adicionales que les fueron delegadas, no
conlleva, al menos en lo que respecta al reconocimiento de la pensión
gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación original de los
docentes.
Aunado a lo expuesto, no puede perderse de vista que, en la sentencia
de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018, el Consejo de
Estado elucidó el procedimiento para acreditar el tipo de vinculación
docente. Se destacó que el traspaso de las plantas docentes a los entes
territoriales no implica, de manera automática, la modificación del vínculo
de nacional a territorial.
39. Puestas de este modo las cosas, se puede concluir que las
condiciones de la vinculación nacional del demandante permanecieron
inalteradas, dado que el nombramiento realizado por el Ministerio de
Educación —a través de la Resolución 5524 del 15 de julio de 1977— se
mantuvo intacto hasta su retiro en 2014. Esto se debe a que no hubo
solución de continuidad durante la vigencia de dicha relación legal y
reglamentaria. Por lo tanto, este interregno no es válido para el
reconocimiento de la pensión gracia debido a su carácter nacional.
102. También esta Subsección en sentencia del 6 de marzo de 202440
precisó lo siguiente:
Ahora bien, el recurrente alegó que con la descentralización de la
educación dejó de ser un maestro nacional y con ello pasó a conformar
parte de la planta de personal del departamento de Boyacá y el municipio
de Duitama; al respecto, debe decirse que la descentralización de la
educación no conllevó a que las distintas clases de maestros hubiesen
desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido el carácter
de territoriales.
En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades
que los docentes con nombramiento nacional que hayan sido
incorporados a las plantas territoriales en virtud del proceso de
descentralización de la educación continúan con el carácter de
nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989
estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es
diferente a la incorporación.
De acuerdo con lo expuesto, está decantado por esta corporación que el
proceso de descentralización de la educación oficial no trajo consigo la
desaparición de las distintas categorías de docentes nacionales,
40
Rad. 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021), M.P. César Palomino Cortés.
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nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los nombramientos
efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal proceso,
dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las
particularidades de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la
administración del servicio de educación oficial.
103. A la luz del anterior criterio, reiterado de manera pacífica en la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el tiempo laborado por la señora Martha Lucía
Melo de Libreros en la Institución Alfonso López Pumarejo (o el Colegio
Nacional Académico), incluido el comprendido del 22 de abril de 1996 al 10 de
julio de 2013, es del orden nacional, en virtud de la designación que hiciere el
Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 10952 del 30 de
agosto de 1982, circunstancia que para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia no cambió en virtud del proceso de descentralización de la
educación en el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Cartago,
como acertadamente lo indicó el juez de primera instancia.
104. En ese orden de ideas, no hay lugar a considerar que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto fáctico por no ahondar
en las resoluciones y actas que relacionó la demandante para ilustrar la
descentralización del servicio educativo en las anteriores entidades territoriales;
simplemente, de conformidad con el precedente aplicable, consideró que del
hecho que resaltó la parte actora, de descentralización, no puede inferirse que
el cargo que desempeñó cambió de naturaleza para efectos pensionales.
105. Además, si bien le asiste razón a la apelante en el sentido de afirmar
que el Consejo de Estado ha manifestado, en varias oportunidades, que la
descentralización en Colombia involucró el traslado del personal docente a las
entidades territoriales certificadas, primero a los entes departamentales y
después a los municipales, en virtud de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001;
también se ha precisado que la administración de las plantas de personal cedida
a aquellas, así como las demás competencias que les fueron trasladadas, no
implicaron un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los
docentes, que permita equipararlos a quienes fueron caracterizados como
beneficiarios de la pensión gracia.
106. Bajo esa línea, queda claro que las condiciones de la vinculación
docente de la demandante no se modificaron, comoquiera que el último
nombramiento del que fue destinataria se efectuó a través de la Resolución
10952 del 30 de agosto de 1982, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional.
107. Por tanto, debido a que la naturaleza del nombramiento de la
demandante fue del orden nacional, el periodo analizado, del 1 de septiembre de
1982 al 10 de julio de 2013, no puede computarse para el reconocimiento de la
pensión gracia.»
95. De conformidad con el criterio jurisprudencial en la materia, aunque no
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pierde de vista la Sala que, la certificación expedida por el municipio de
Cartago – Valle del Cauca, señala que, la demandante ha mantenido el
carácter de docente nacionalizada desde su vinculación efectuada en el año
1980, en ella no se relaciona la vinculación a partir del año 1992; en la cual,
no hubo participación de la entidad territorial, razón por la cual, no es posible
tenerla en cuenta para establecer el carácter nacionalizado de los tiempos
servidos.
96. En este sentido, si bien la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, se sustentó en la certificación referenciada, haciendo énfasis en que,
el municipio de Cartago – Valle del Cauca informó que, la fuente de
financiación entre los años 1980 y 2011, correspondía al situado fiscal y desde
el año 2001, al Sistema General de Participaciones, lo cierto es que, no se
efectuó ningún análisis respecto de los actos administrativos de vinculación
docente a partir del año 1992, el cual, resultaba indispensable, de acuerdo con
el criterio que ha adoptado esta Sala de decisión.
97. En este orden de ideas, los tiempos de servicios docentes, prestados por
la señora María Cristina Patiño Ruiz, con posterioridad al Ocho (8) de abril de
Mil Novecientos Noventa y Dos (1992) no pueden computarse para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, por ser tiempos de carácter nacional.
98. En consecuencia, las vinculaciones de carácter territorial, resultan
insuficientes para cumplir los 20 años de servicios requeridos para el
reconocimiento de la pensión gracia, por tanto y en cuanto, suman nueve (9)
años, diez (10) meses y cinco (5) días.
99. Vistas así las cosas, al no acreditarse el cumplimiento de los requisitos
legales para el reconocimiento de la pensión gracia, en particular el relativo al
tiempo de servicios bajo vinculación territorial o nacionalizada, la Sala revocará
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la
demanda.
2.6 Condena en costas.
100. Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
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manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]».
101. Siendo así, teniendo en cuenta que, se revocará la decisión de primera
instancia y toda vez que, en el trámite no se observa que se hayan causado,
ni de las partes un actuar temerario, esta Sala se abstendrá de condenar en
costas en ambas instancias.
102. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. – Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO. – Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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