República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2020-00392-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2020-00392-01 (0641-2025)
Demandantes: Denis Pérez Cadena, Luis Ustate Pérez y José Ferney Montiel
Trespalacios
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: acreditación del tiempo de servicio docente con
vinculación territorial o nacionalizada. Subtema 2: la descentralización de la
educación no supone un cambio de naturaleza de la plaza.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida
el 2 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos
expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), a través de
los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al considerar que
no cumplió con la totalidad de los requisitos para acceder a la mencionada prestación.
El Tribunal Administrativo de Córdoba no accedió a las pretensiones, por cuanto la
demandante no acreditó los 20 años de servicio docente de carácter territorial o
nacionalizado, razón por la cual interpuso recurso de apelación, con fundamento en
que la planta de personal docente a cargo del Ministerio de Educación Nacional y de
la Prelatura del Alto Sinú y San Jorge, al desaparecer esta última, pasó a la
Gobernación de Córdoba. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, toda
vez que no se demostró que el servicio docente prestado por la demandante desde el
1 de febrero de 1982 hasta el 3 de marzo de 2020 tuviera carácter territorial o
nacionalizado, para efectos del reconocimiento y pago de la solicitada prestación.
Radicación: 23001-23-33-000-2020-00392-01 (0641-2025)
Demandantes: Denis Pérez Cadena y otros
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito presentado el 1 de septiembre de 20201, la señora Denis
Pérez Cadena, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, de acuerdo
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones RDP 025884 del 29 de
agosto de 2019, RDP 036028 del 28 de noviembre de 2019 y RDP 038819 del 23 de
diciembre de 2019, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
3. A título de restablecimiento del derecho, pretendió que se condene a la UGPP
al reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir de la fecha en que adquirió el
estatus pensional; al reconocimiento y pago de los reajustes conforme a la Ley 71 de
1988; al cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA; y al pago de las
costas procesales y agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
4. La accionante indicó que nació el 7 de octubre de 1958, por lo que para la fecha
de presentación de la demanda contaba con más de 50 años de edad.
5. Manifestó que de acuerdo con el Decreto 010 del 20 de febrero de 1980 y el
acta de posesión de la misma fecha, fue nombrada en propiedad como maestra
municipal en la Escuela Rural del municipio de Ciénaga de Oro, donde prestó sus
servicios desde el 20 de febrero de 1980 hasta el 30 de noviembre de 1980, conforme
a la certificación de la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba.
6. Aseveró que en virtud del Decreto 008 de 1982 y el acta de posesión del 1 de
febrero de 1982, fue nombrada y posesionada como docente al servicio del
departamento de Córdoba.
7. Manifestó que solicitó, mediante escrito del 29 de agosto de 2019, el
reconocimiento y pago de dicha prestación a la UGPP. Sin embargo, esta entidad,
mediante la Resolución RDP 025884 del 29 de agosto de 2019, negó la petición.
8. Señaló que interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra
1 Samai Tribunal, índice 00001, expediente digital,
23001233300020200039200_ActaReparto_10920202_10_01pm_09e15d2f0a554df89cceba92f835a6a6.pdf(.pdf)
NroActua 1.
2 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 1 al 28.
2
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Demandantes: Denis Pérez Cadena y otros
Demandada: UGPP
el acto administrativo antes referido, y que la demandada, por medio de las
resoluciones RDP 036028 del 28 de noviembre de 2019 y RDP 038819 del 23 de
diciembre de 2019, confirmó el acto recurrido.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
9. Identificó como normas desconocidas las siguientes:
• Constitución Política de 1991.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 115 de 1994.
10. Transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación
relacionados con el reconocimiento de la pensión gracia. Concluyó que la UGPP se
apartó del ordenamiento jurídico al desconocer los tiempos de servicio acreditados por
la Secretaría de Educación del municipio de Ciénaga de Oro y por la Secretaría de
Educación del departamento de Córdoba.
2.2. Contestación de la demanda
11. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda
y propuso las siguientes excepciones de mérito3:
12. En primer lugar, inexistencia de la obligación, al considerar que no existe la
obligación de reconocer la pensión gracia, debido a que no se acreditó con suficiencia
y de manera idónea el pleno cumplimiento de los requisitos para esta.
13. En segundo lugar, prescripción, al señalar que, si bien no se reconoce derecho
alguno, esta opera respecto de las mesadas que se causaron con posterioridad a la
fecha en que se hizo exigible la respectiva prestación y que se vieron afectadas por
este fenómeno jurídico, propio de los derechos en discusión.
14. En tercer lugar, buena fe, al indicar que las actuaciones desplegadas en sede
administrativa se encuentran revestidas de legalidad y amparadas por este principio,
en tanto la entidad ha obrado con estricta sujeción al derecho, salvaguardando las
garantías procesales y legales que le asisten al peticionario, y actuando con lealtad y
transparencia, sin causarle menoscabo alguno de sus derechos.
2.3. Trámite en primera instancia
15. Por medio de escrito presentado el 4 de abril de 20224, el señor Luis Fernando
3 Samai Tribunal, índice 00036, 44_CONTESTACION_DENISPEREZCADENA(.pdf) NroActua 36.
4 Samai Tribunal, índice 00022, 23_MEMORIALRECIBIDO_MEMORIALCERTIDED(.pdf) NroActua 22 y
4_MEMORIALRECIBIDO_MEMORIALCERTIFICAD(.pdf) NroActua 22.
3
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Demandantes: Denis Pérez Cadena y otros
Demandada: UGPP
Villera Barón, apoderado de la parte demandante, informó al despacho que la señora
Denis Pérez Cadena falleció el 5 de enero de 2022, como consta en el registro civil de
defunción.
16. Con fundamento en lo anterior, mediante escrito del 12 de enero de 20235, el
señor José Luis Ustate Pérez solicitó el reconocimiento como sucesor procesal de la
causante, en su condición de hijo, petición que fue aceptada por el Tribunal
Administrativo de Córdoba mediante auto del 19 de julio de 2023 6, en el que,
adicionalmente, le reconoció personería jurídica al abogado Luis Fernando Villera
Barón para que representara los intereses de la parte demandante.
17. Más adelante, mediante escrito del 13 de marzo de 20247, solicitó igual
reconocimiento el compañero permanente de la causante, el señor José Ferney
Montiel Trespalacios. El Tribunal, mediante auto proferido en audiencia inicial del 13
de marzo de 20248, lo reconoció al señor Montiel Trespalacios [considero
respetuosamente que sobra el nombre por segunda vez] como sucesor procesal y le
otorgó personería como su apoderado en los términos del poder conferido.
2.4. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia el 2 de diciembre de
2024, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
La providencia se fundó en las siguientes consideraciones9:
19. Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial sobre la pensión
gracia, analizó si la demandante cumplía con los requisitos de la Ley 114 de 1913,
esto es: a) acreditar más de 50 años y b) haber servido en el magisterio por un término
no menor de 20 años con vinculación territorial o nacionalizada, iniciada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
20. Frente al primer requisito, indicó que con la copia del registro civil de
nacimiento, se tuvo por acreditado que la señora Denis Pérez Cadena nació el 7 de
octubre de 1958, por lo que contaba con 61 años para la fecha en que solicitó el
reconocimiento de la prestación.
21. En cuanto al segundo requisito, estimó que la peticionaria laboró al servicio
docente de la siguiente forma:
22. El 20 de febrero de 1980, fue nombrada maestra municipal por el alcalde del
municipio de Ciénaga de Oro, donde prestó sus servicios desde el 20 de febrero de
1980 hasta el 30 de noviembre de 1980, conforme al certificado de información laboral
5
Samai Tribunal, índice 00024, 26_AGREGARMEMORIAL_1SUCPROCE_MEMORIALSUCESION(.pdf)
NroActua 24.
6 Samai Tribunal, índice 00025, 27_AUTOFIJAFECHAAUDIENCIAYODILIGENCIA_INICIAL(.pdf) NroActua 25.
7 Samai Tribunal, índice 00048, 56AGREGARMEMORIA_PODERDEMANDANTE36PDF(.pdf) NroActua 48.
8 Samai Tribunal, índice 00050, 58ACTADEAUDIENC_INICIAL_202000392ACTAAUDIENC(.pdf) NroActua 50.
9 Samai Tribunal, índice 00045, expediente digital, 38Sentencia_15620190051000SENT1R(.pdf) NroActua 45.
4
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expedido por el mencionado municipio.
23. En virtud de la Resolución 008 y el acta de posesión del 1 de febrero de 1982,
se posesionó como maestra por el despacho de la Oficina Coordinadora de Educación
Nacional-Territorios no Contratados. A su vez, según certificado de historia laboral, su
régimen de pensiones era del orden nacional.
24. De acuerdo con el acta de posesión del 1 de febrero de 1982, se posesionó,
ante la Oficina Coordinadora de Educación Nacional -Territorios no Contratados, en
el cargo para el cual fue nombrada mediante la Resolución 0055 del 27 de enero de
1983.
25. De conformidad con la Resolución 113 del 30 de enero de 1993, fue confirmada
en el cargo por el coordinador de Educación Nacional del Territorio de la Prelatura
Córdoba.
26. Conforme al certificado del 17 de diciembre de 1999 del coordinador de
educación nacional, prestó sus servicios como directora en la Escuela La Florida del
Faro de la vereda La Cabaña, desde el 1 de febrero de 1982 hasta esa fecha.
27. Según la Resolución 224 del 31 de enero de 2001, fue trasladada como docente
por el coordinador de educación nacional hacia la Concentración Educativa del Sur de
Montelíbano.
28. En virtud del certificado de historia laboral del 7 de marzo de 2007, expedido
por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, el tipo de vinculación
era del orden nacional.
29. Encontró el Tribunal que la docente cumplió con la edad y se vinculó al servicio
público docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una plaza de carácter municipal,
vinculación que culminó el 30 de noviembre de 1980. No obstante, no completó los 20
años de servicio con vinculación territorial o nacionalizada con posterioridad a esa
fecha.
30. Destacó que la señora Denis Pérez Cadena fue vinculada el 1 de febrero de
1982 por el Ministerio de Educación Nacional, vinculación que mantuvo con
posterioridad al proceso de nacionalización. Lo anterior, de acuerdo con la afiliación a
la extinta Caja Nacional de Previsión Social, a la cual estaban obligados los empleados
públicos del orden nacional, según la Ley 6 de 1945, y a la cual se le efectuaban
aportes del 5% sobre la nómina, conforme a la Ley 4 de 1966.
31. De igual manera, la certificación del 2007 del FOMAG acredita que la
vinculación es de carácter nacional, información que se confirma a través de la
certificación del 14 de febrero de 2019 de la Secretaría de Educación de Córdoba.
32. En conclusión, la demandante laboró al servicio docente por más de 20 años.
5
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Sin embargo, su vinculación territorial culminó el 30 de noviembre de 1980, y a partir
de 1982 se incorporó nuevamente a la docencia oficial, pero con una vinculación
nacional, la cual mantuvo en el tiempo, sin perjuicio del proceso de descentralización
que se surtió con la Ley 715 de 2001. En consecuencia, no cumplió con el requisito
de ostentar una vinculación docente territorial o nacionalizada por 20 años y, por tanto,
se negaron las pretensiones de la demanda.
33. Por último, expresó que en aplicación del artículo 188 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, no se advirtió que la demanda carezca de manifiesto sustento
legal; en consecuencia, no había lugar a imponer la condena en costas.
2.5. Recurso de apelación
34. Los sucesores procesales interpusieron recurso de apelación contra la
sentencia antes descrita, con el fin de que se revoque10. Fundamentaron su
inconformidad en que a la demandante (q. e. p. d) sí le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, de conformidad con la Ley 114 de 1913, toda
vez que no se está ante el típico caso de docente nacional, por las siguientes razones:
35. La señora Denis Pérez Cadena (a) nació el 7 de octubre de 1958, por lo que
contaba con más de 50 años; (b) laboró del 20 de febrero de 1980 al 30 de noviembre
de 1980 en el municipio de Ciénaga de Oro y; (c) trabajó desde el 1 de febrero de
1982 hasta el día de su fallecimiento en el departamento de Córdoba, acumulando
más de 30 años de servicio, conforme a las certificaciones de información laboral y a
los respectivos actos administrativos.
36. La vinculación comprendida desde el 1 de febrero de 1982 hasta el día del
fallecimiento de la demandante, periodo relevante para el reconocimiento de la
pensión gracia, se soporta en el Decreto 008 del 1 de febrero de 1982, acto del cual
se deriva el convenio interadministrativo entre el Ministerio de Educación Nacional y
la Prelatura del Alto Sinú y San Jorge.
37. No obstante, en la actualidad la Prelatura del Alto Sinú y San Jorge no existe,
en consecuencia, la planta de personal de los docentes vinculados no pudo quedar
acéfala, por lo que la Gobernación de Córdoba – Secretaría de Educación del
departamento de Córdoba, debió asumirla.
38. Ahora, la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 estableció los eventos
en los cuales se es beneficiario de la prestación y, en ese sentido, el fallador debe
ponderar las circunstancias relevantes para que la decisión sea razonada y
proporcional a lo pretendido.
39. En este contexto, si bien existen formalidades propias de una relación legal y
reglamentarias, también es cierto que las realidades prevalecen sobre las
10 Samai Tribunal, índice 00050, expediente digital, 45_MemorialWeb_Recurso-201900510_LIBIAVELA(.pdf)
NroActua 50.
6
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formalidades. Al ser este un caso muy particular, resulta aplicable el principio
constitucional consagrado en el artículo 53, es por eso que al no existir la Prelatura,
la planta de personal fue asumida por la Gobernación de Córdoba – Secretaría de
Educación de Córdoba, y los recursos que gira el Ministerio de Educación Nacional,
ingresan a las arcas del departamento, como rentas exógenas.
40. Resulta importante, para tomar una decisión ponderada, determinar quién
asumió la planta de personal de los docentes vinculados por el Ministerio de
Educación Nacional y la Prelatura del Alto Sinú y San Jorge, en particular, si tras la
desaparición de esta última, la Gobernación de Córdoba - Secretaría de Educación
Departamental asumió dicha planta en virtud del convenio interadministrativo, o si, por
el contrario, la vinculación al ente territorial se produjo mediante un acto administrativo
de incorporación.
41. En ese contexto, no se está frente al supuesto ordinario de docentes de
vinculación nacional. Por el contrario, las particularidades del caso exigían del fallador
una actividad probatoria más rigurosa, que no se limitara a la simple incorporación de
la hoja de vida de la docente, sino que abordara elementos sustanciales para la
resolución del litigio.
42. En efecto, resultaba necesario determinar: (a) la fuente de financiación de los
salarios de los docentes vinculados en virtud del convenio interadministrativo, y (b) la
naturaleza de dichos recursos, esto es, si, una vez desaparecido el convenio, fueron
asumidos por la Gobernación de Córdoba – Secretaría de Educación Departamental
como rentas propias o exógenas.
43. La omisión en el ejercicio de la facultad probatoria oficiosa, consistente en no
decretar ni practicar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos,
pese a que así lo imponen las normas procesales y constitucionales, puede dar lugar
a la configuración de un defecto fáctico. En esa medida, el juez debió, mediante auto
para mejor proveer, oficiar a las entidades competentes con el fin de establecer la
existencia de un eventual decreto de incorporación y el origen de los recursos, a
efectos de determinar si dichos docentes fueron o no incorporados a la planta de
personal de la Gobernación de Córdoba – Secretaría de Educación Departamental.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
44. Por medio de auto del 28 de noviembre de 202511 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la demandante. Además, se ordenó notificar personalmente
al procurador delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del
CPACA, y a las partes de conformidad con el artículo 205 ibidem, modificado por el
artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
11 Samai, índice 00004, expediente digital, 4Autoqueadmite_06412025(.pdf) NroActua 4.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
45. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Problema jurídico
46. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia, mediante el cual se negaron las
pretensiones de la demanda, y debido a la competencia del juez de segunda instancia,
según el artículo 32812 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir
si:
47. ¿La demandante acreditó un tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada que permita el reconocimiento de la pensión
gracia?
48. Antes de resolver el interrogante planteado se realizarán algunas
consideraciones en torno a la pensión gracia. Seguidamente se destacarán los hechos
que se encuentran probados en el presente trámite.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
49. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 191313,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que hubiesen desempeñado el empleo
con honradez y consagración y no se recibiese otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
50. La Ley 116 de 192814 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
12 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
13 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
14 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
8
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prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
51. Posteriormente, la Ley 37 de 193315 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
52. Por su parte, la Ley 91 de 198916, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación. [respetuosamente se sugieren
las comillas]
53. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43
de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1017 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a
su propio presupuesto.
54. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
15
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
16 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
17 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
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Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199718,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. [comillas]
55. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201819,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad y; haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta. [comillas]
56. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Demandada: UGPP
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados20, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal21; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
[comillas]
57. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hubiesen trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con
vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del
orden nacional.
3.4. Hechos probados
58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esta Sala tiene
20 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
21 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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por acreditados los siguientes:
• Edad
59. De acuerdo con el registro civil de nacimiento22 y la cédula de ciudadanía23, la
señora Denis Pérez Cadena nació el 7 de octubre de 1958.
• Desempeño del cargo
60. En virtud de la declaración juramentada del 27 de febrero de 201924, la
demandante, bajo la gravedad de juramento, declaró haber ejercido la labor docente
con honradez, idoneidad y buena conducta. Asimismo, conforme al certificado de
antecedentes del 28 de mayo de 201925, la accionante no registra sanciones ni
inhabilidades vigentes.
• Tiempo de servicio
61. De conformidad con el Decreto 010 del 20 de febrero de 198026 y el acta de
posesión de la misma fecha27, el alcalde del municipio de Ciénaga de Oro, en uso de
sus facultades legales, nombró a la demandante maestra municipal, donde prestó sus
servicios desde el 20 de febrero de 1980 hasta el 30 de noviembre de 1980 en la
Escuela Rural, conforme al certificado de información laboral del 6 de diciembre de
201828 del mismo ente territorial.
62. De otra parte, de acuerdo con el acta de posesión del 1 de febrero de 198229,
en el marco de un contrato celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la
Prelatura del Alto Sinú y San Jorge30, la accionante se presentó al despacho de la
Oficina Coordinadora de Educación Nacional – Territorios no Contratados en
Montelíbano, departamento de Córdoba, con el fin de posesionarse en el cargo de
maestra, para el cual fue nombrada a través de la Resolución 008 del 1 de febrero de
1982.
63. Más adelante, según se evidencia del acta de posesión del 1 de febrero de
198631, en el marco de un contrato celebrado entre las entidades antes señaladas32,
la peticionaria se presentó al despacho de la Oficina Coordinadora de Educación
Nacional – Territorios no Contratados en Montelíbano, departamento de Córdoba, con
el fin de posesionarse en el cargo de maestra, para el cual fue nombrada a través de
22 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 77.
23 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 76.
24 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 91.
25 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 92.
26 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 88.
27 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 87.
28 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 89.
29 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 86.
30 El acta no se precisa mayor información sobre dicho contrato, ni de las pruebas aportadas existe más información
sobre el particular.
31 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 35.
32 El acta no se precisa mayor información sobre dicho contrato, ni de las pruebas aportadas existe más información
sobre el particular.
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la Resolución 0055 del 27 de enero de 1986.
64. Según el acta de posesión del 1 de febrero de 200133, en el marco de un
contrato celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Prelatura del Alto
Sinú y San Jorge34, la demandante se presentó al despacho de la Oficina
Coordinadora de Educación Nacional – Territorios no Contratados en Montelíbano,
departamento de Córdoba, con el fin de posesionarse en el cargo de docente, para el
cual fue nombrada a través de la Resolución 224 del 31 de enero de 2001.
65. Conforme al formato único para la expedición de certificado de historia laboral
(que no registra fecha)35, la señora Denis Pérez Cadena se desempeñó como docente
desde el 1 de febrero de 1982 hasta el 1 de enero de 2018; empero, el formato único
para la expedición de salarios36, da cuenta que la peticionaria fue docente desde el 1
de enero de 2013 hasta el 3 de marzo de 2020. De la lectura de los anteriores
documentos, la Sala evidencia una vinculación docente de la peticionaria del 1 de
febrero de 1982 al 3 de marzo de 2020.
66. Adicionalmente, se resalta que los anteriores certificados señalan que la
referida ciudadana tuvo un régimen de pensiones de orden nacional.
67. Durante dicha vinculación, se observa que mediante la Resolución 10 del 14 de
abril de 200037, la Resolución 389 del 10 de abril de 200138, la Resolución 8901 del 6
de diciembre de 200139, la Resolución 483 del 2 de mayo de 200740, el Decreto 714
del 3 de junio de 2008, los decretos 700 y 702 del 6 de marzo 2009, la Resolución
0497 del 2 de marzo de 2009, los decretos 1367 y 1369 del 26 de abril de 2010, el
Decreto 1055 y 1027 del 4 de abril de 2011, los decretos 0826 y 0827 del 25 de abril
de 2012, los decretos 1001 y 1002 del 21 de abril de 2013, los decretos 171 y 172 del
7 de febrero de 2014, el Decreto 1092 del 26 de mayo de 2015, los decretos 120, 121
y 122 del 26 de enero de 2016, los decretos 980, 981 y 982 del 9 de junio de 2017 y
los decretos 316, 317 y 319 del 19 de febrero de 2018, se efectuaron ascensos y
cambios de sueldo.
68. De igual manera, se constata que conforme a la Resolución 113 del 30 de enero
de 199341, la Resolución 1255 del 7 de septiembre de 199442, la Resolución 224 del
31 de enero de 200143 y los certificados del 17 de diciembre de 199944 y 13 de
diciembre de 200045, el Ministerio de Educación Nacional confirmó a la demandante
33 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 57.
34 El acta no se precisa mayor información sobre dicho contrato, ni de las pruebas aportadas existe más información
sobre el particular.
35 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 82 al 85.
36 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 93 al 95.
37 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 45.
38 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 58.
39 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 64.
40
Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 70.
41 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 37 al 41.
42 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 42.
43 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 52 al 56.
44 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 50.
45 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 60.
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Demandada: UGPP
en el cargo, la inscribió en el grado de Escalafón Nacional Docente, la trasladó
provisionalmente y certificó su prestación de servicios.
69. Por su parte, se evidencia que en virtud de los comprobantes de egreso de
febrero a diciembre de 198246, de enero a diciembre de 198347 y de enero a marzo de
198448, la peticionaria recibió el sueldo de los correspondientes meses por el cargo de
maestra de escuela rural La Cabaña.
70. En resumen, a partir de los decretos de nombramiento, las actas de posesión,
los formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral y de salarios,
los comprobantes de egreso, se acredita que la demandante prestó el servicio docente
durante los siguientes periodos:
Institución Acto Periodo Tiempo
educativa Fecha de Fecha de laborado
inicio finalización
Escuela Rural Decreto 010 del 20 20/02/1980 30/11/1980 9 meses y 11
(municipio de de febrero de 1980 días
Ciénaga de Acta de posesión
Oro) - del 20 de febrero
Nombramiento de 1980
Escuela Rural Acta de posesión 01/02/1982
La Cabaña del 1 de febrero de
(municipio de 1982
Montelíbano) -
Ingreso
Escuela Rural Acta de posesión 01/02/1986
La Cabaña del 1 de febrero de
(municipio de 1986
Montelíbano) -
Ingreso
Escuela Rural Acta de posesión 01/02/2001 03/03/2020 38 años, 1 mes
La Cabaña del 1 de febrero de y 3 días
(municipio de 2001
Montelíbano) -
Ingreso
Total 38 años, 10
tiempo de meses y 14 días
servicio
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
46 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 7 al 17.
47 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 18 al 29.
48 Índice 00052, 60Memorial recibi_ilovepdf_merged35pdf(.pdf) NroActua 52, folio 32 al 34.
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Demandada: UGPP
• Actos demandados
71. La UGPP, mediante la Resolución RDP 025884 del 29 de agosto de 201949,
negó a la demandante el reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada el 29
de mayo de 201950, al considerar que no cumplió con los 20 años al servicio de la
docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado en
razón de que fue nombrada como docente del orden nacional y, en consecuencia, no
es posible computar dichos tiempos de servicio ni los desempeñados en cargos de
carácter administrativo, total o parcialmente.
72. La accionante, mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 2019 51,
interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior
decisión. No obstante, la UGPP, mediante las resoluciones RDP 036028 del 28 de
noviembre de 201952 y RDP 038819 del 23 de diciembre de 201953, confirmó en todas
y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la verificación de requisitos para la obtención de la pensión gracia
73. En cuanto al problema jurídico planteado, le corresponde a la Sala establecer si
la señora Denis Pérez Cadena cumplió con la totalidad de los requisitos para obtener
la pensión gracia, esto es, a) acreditar más de 50 años; b) haber servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años, a partir de una vinculación territorial o
nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y; c) haber desempeñado el cargo
con honradez, consagración y buena conducta.
74. Frente al primer requisito, sin que sea objeto de discusión, se tiene, de acuerdo
con el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía, que la demandante
cumplió 50 años el 7 de octubre de 2008.
75. En lo concerniente al tercer requisito, sin que sea un aspecto de la controversia,
se tiene de conformidad con la declaración del 27 de febrero de 2019 y el certificado
de antecedentes del 20 de mayo de 2019, que la accionante ejerció la labor docente
con honradez, consagración y buena conducta.
76. Respecto del segundo requisito, eje de la discusión, la Sala analizará la
vinculación comprendida desde el 1 de febrero de 1982 hasta el 3 de marzo de 2020.
49
Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 32 al 36.
50 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 71 al 73.
51 De conformidad con lo manifestado por la UGPP en las resoluciones RDP 036028 del 28 de noviembre de 2019
y RDP 038819 del 23 de diciembre de 2019.
52 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 39 al 42.
53 Tyba, 23001233300020200039200_DEMANDA_1-09-2020 2.09.50 p.m..pdf, folio 45 al 48.
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3.5.1.1. Vinculación docente del 1 de febrero de 1982 al 3 de marzo de 2020
77. Se evidencia que la inconformidad de la parte demandante frente a lo decidido
por el Tribunal radica en que considera que la vinculación comprendida del 1 de
febrero de 1982 al 3 de marzo de 2020, derivada del convenio interadministrativo entre
el Ministerio de Educación Nacional y la Prelatura del Alto Sinú y San Jorge, al
desaparecer esta última, implicó que la planta de personal pasara a la Gobernación
de Córdoba – Secretaría de Educación Departamental, motivo por el cual el tiempo de
servicio prestado durante dicho periodo debería computarse como de carácter
territorial.
78. En ese orden de ideas, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación proferida el 21 de junio de 201854, estableció que el personal
nacional lo conforman «los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional».
Asimismo, señaló que para probar la naturaleza de la plaza en principio «se requiere
copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
79. En virtud de lo anterior, no es dable sostener que la vinculación objeto de
análisis tenga carácter territorial por el solo hecho de la desaparición de la Prelatura
del Alto Sinú y San Jorge, en especial cuando se allegó al proceso las actas de
posesión del 1 de febrero de 1982, 1986 y 2001, de las cuales se advierte que la
demandante se posesionó ante la Oficina Coordinadora de Educación Nacional –
Territorios no Contratados, circunstancia que permite inferir una vinculación de
carácter nacional.
80. De la misma manera, obran en el expediente los formatos únicos para la
expedición de historia laboral y de salarios de la Secretaría de Educación
Departamental de Córdoba, los cuales dan cuenta que la accionante mantuvo un
régimen pensional del orden nacional durante dicho periodo.
81. Por su parte, reposan en el acervo probatorio documentos que dan cuenta de
diversas situaciones administrativas, tales como la confirmación del cargo docente del
30 de enero de 1986, el ingreso al Escalafón Nacional Docente de los Educadores
Oficiales y no Oficiales del 7 de septiembre de 1994, el ascenso al escalafón nacional
docente del 14 de abril de 2000, el traslado provisional del 31 de enero de 2001, los
ascensos de escalafón nacional docente del 10 de abril de 2001 y del 6 de diciembre
de 2001, todas ellas dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional, que se
reitera, es el que aparece como autoridad responsable de las designaciones
efectuadas, según las actas de posesión aportadas al plenario.
82. En lo que respecta al reproche relativo a la omisión probatoria del Tribunal de
54 Rad. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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oficiar pruebas dirigidas a que las entidades competentes brindaran información
relativa a la eventual existencia de un decreto de incorporación, así como al origen de
los recursos, con el fin de establecer si los docentes que integraban la planta de
personal del Ministerio de Educación Nacional, en el marco del contrato con la
Prelatura del Alto Sinú y San Jorge, fueron o no incorporados a la planta de personal
de la Gobernación de Córdoba – Secretaría de Educación Departamental, la Sala
precisa que dicha actuación no era obligatoria.
83. En efecto, de conformidad con el artículo 213 del CPACA, el juez o magistrado
ponente, en cualquiera de las instancias «podrá decretar de oficio las pruebas que
considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad», por lo tanto, se trata de
una facultad discrecional y no de un deber. En ese sentido, la no práctica de pruebas
de forma oficiosa en primera instancia no configura, por sí sola, un defecto fáctico,
máxime cuando la parte demandante no solicitó su decreto ni aportó elementos que
hicieran evidente su necesidad en el escrito de demanda o en las oportunidades
legalmente establecidas.
84. Aunado a lo anterior, se observa que con las referidas prueba(s) al parecer la
parte demandante pretendía recaudar información atinente a los trámites de
incorporación en virtud de los cuales la relación laboral de la señora Pérez Cadena se
vio afectada, circunstancia respecto de la cual se recuerda, las situaciones
administrativas no afectan la naturaleza de la vinculación, ya que «no constituyen un
nuevo nombramiento, lo que implica que el tipo de vinculación tampoco ha sufrido
alteración»55 , por lo que esta conserva su naturaleza original.
85. Asimismo, en cuanto a los argumentos dirigidos a destacar la eliminación de la
Prelatura del Alto Sinú y San Jorge y el mayor protagonismo que adquirieron las
entidades territoriales en la prestación del servicio educativo, a partir de las cuales
pretende justificar que la señora Pérez Cadena pasó a ser una docente territorial o
nacionalizada, se resalta que esta Sección ha precisado que la descentralización del
servicio educativo no implica un cambio en la naturaleza inicial de los nombramientos
realizados, por lo que no es de recibo invocar tales circunstancias para sostener que
una designación de carácter nacional se transformó en departamental, distrital o
municipal, a fin de obtener el reconocimiento de la pensión gracia.
86. Sobre el particular, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
en sentencia proferida el 24 de julio de 202556 señaló:
Es fundamental reconocer que las características de la vinculación con la
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16
de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
56 Rad. 76001-23-33-000-2020-00953 01 (6509-2024), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Sobre el particular
también pueden apreciarse las siguientes sentencias: 1) del 14 de mayo de 2025, rad. 52001 23 33 000 2017
00335 01 (2307-2019), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 2) del 23 de abril de 2025, rad. 73001 23 33 000 2019
00127 01 (5447-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 3) del 7 de abril de 2025, rad. 25000 23 42 000 2018
02543 01 (3213-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 4) del 6 de marzo de 2025, rad. 76001 23 33 000 2019
01072 01 (6210–2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 5) del 30 de octubre de 2024, rad. 13001 23 33 000 2019
00262 01 (0534–2024), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 6) del 21 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-2019-
00299-01 (3910-2023), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 7) del 7 de septiembre de 2023, rad. 73001-23-33-000-
2019-00120-01 (1887-2022), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 23001-23-33-000-2020-00392-01 (0641-2025)
Demandantes: Denis Pérez Cadena y otros
Demandada: UGPP
Administración se establecen en el momento en que se emite el acto de nombramiento,
pues es allí donde se definen las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar y las
implicaciones a las que queda sujeto el docente. En este sentido, la transferencia de
la administración de las plantas de personal a las entidades territoriales certificadas en
educación, así como las competencias adicionales que les fueron delegadas, no
conlleva, al menos en lo que respecta al reconocimiento de la pensión gracia, un
cambio en la naturaleza de la vinculación original de los docentes.
Aunado a lo expuesto, no puede perderse de vista que, en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018, el Consejo de Estado elucidó
el procedimiento para acreditar el tipo de vinculación docente. Se destacó que el
traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales no implica, de manera
automática, la modificación del vínculo de nacional a territorial. [se sugieren
comillas]
87. En este contexto, las condiciones de la vinculación de la demandante, originada
el 1 de febrero de 1982, se mantuvieron inalteradas hasta el 3 de marzo de 202057, en
tanto fue vinculada debido a la intervención directa del Ministerio de Educación
Nacional.
88. Por lo anterior, el hecho de que desapareciera la referida prelatura no implicó
la transformación de la vinculación de la accionante en una de carácter territorial. En
consecuencia, del análisis de la trayectoria docente de la peticionaria, la vinculación
comprendida del 20 de febrero de 1980 al 30 de noviembre de 1980, para un total de
9 meses y 11 días, es de carácter territorial (asunto respecto del cual no hay discusión
entre las partes); mientras que la comprendida del 1 de febrero de 1982 al 3 de marzo
de 2020, para un total de 38 años, 1 mes y 3 días, es de carácter nacional, periodo
que no resulta computable para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
3.5.1.2. Conclusión
89. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración integral de las
pruebas recaudadas en el proceso, se concluye que a la señora Denis Pérez Cadena
no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que no
acreditó los 20 años de servicio docente de carácter territorial o nacionalizado.
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
57 Que es la última fecha de la que se tiene prueba respecto de la prestación del servicio docente.
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Radicación: 23001-23-33-000-2020-00392-01 (0641-2025)
Demandantes: Denis Pérez Cadena y otros
Demandada: UGPP
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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