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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-01026-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-01026-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la señora Lourdes Amparo Gómez Betancourth por contra la UGPP. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Lourdes Amparo Gómez Betancourth. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 52001 23 33 000 2020 01026 01 (4744-2023) Demandante: Lourdes Amparo Gómez Betancourth TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2020-01026-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2020 01026 01 (4744-2023)
Demandante: Lourdes Amparo Gómez Betancourth
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Docente nacional. Condena en costas en
segunda instancia.

Decisión: Se confirma la sentencia apelada porque la demandante se
desempeñó como docente de carácter nacional durante toda
su trayectoria laboral, circunstancia incompatible con el
reconocimiento de la pensión gracia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 16 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA), la demandante solicitó que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 026855 del 6 de septiembre, RDP029403 del 30 de
septiembre y RDP 032719 del 20 de octubre, todas del 2019, mediante las cuales
la entidad demandada le negó el derecho a gozar de una pensión gracia de
jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho, requirió el reconocimiento de esa
prestación periódica con el pago de las mesadas causadas y futuras con los
reajustes de ley, intereses moratorios e indexación, pero aplicando la
prescripción trienal.

3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, expuso que presentó la
solicitud de pensión gracia 12 de junio de 2019 ante la UGPP acreditando los
requisitos legales de contar con más de 50 años de edad y más de 20 años de
servicio continuo como docente normalista desde el 13 de octubre de 1975.
4. Expuso que la entidad demandada le negó el reconocimiento mediante
la Resolución RDP 026855 del 6 de septiembre de 2019, confirmada

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Radicación: 52001 23 33 000 2020 01026 01 (4744-2023)
Demandante: Lourdes Amparo Gómez Betancourth

posteriormente en recursos de reposición y apelación (Resoluciones RDP
029403 y 032719), argumentando que la nominación era de carácter nacional.

5. Frente a ello, señaló que, tras la Ley 29 de 1989 y el proceso de
descentralización de la educación oficial, la distinción entre docentes y
territoriales es una formalidad pues en su caso cumplió más de 25 años como
docente territorial. Argumentó que negar la pensión vulnera su derecho a la
igualdad (artículo 13 de la Constitución) ya que todos los docentes reciben
salarios y prestaciones de la Nación.

Contestación de la demanda

7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que la pensión gracia no puede ser reconocida a la actora ya que
su vinculación como docente fue de carácter nacional desde el 13 de octubre de
1975, según la Resolución 6279 del 29 de septiembre de 1975; además, porque
los salarios fueron pagados con recursos de la Nación. Por lo tanto, la
demandante no goza del derecho en razón a que no cumple con los 20 años de
servicio territorial o nacionalizado ni con el requisito de no haber recibido otra
pensión nacional

8. Agregó que, de acuerdo con la Ley 114 de 1913 y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la pensión gracia solo aplica a
docentes territoriales o nacionalizados, no a nacionales. Destacó que los
recursos del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones son
nacionales.

9. La entidad señaló que tampoco se ha acreditado el requisito de la buena
conducta puesto que no se aportó algún certificado que acredite que la actora no
cuenta con sanciones disciplinarias. En conclusión, la demandada solicita
confirmar la negación de la pensión gracia por incumplimiento de requisitos
legales.

10. Propuso las excepciones de mérito que denominó «inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido»,
«prescripción» y solicita el reconocimiento oficioso de otras excepciones.

Sentencia apelada

11. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 16 de febrero de
2022 mediante la cual declaró probada la excepción de cobro de lo no debido
propuesta por la entidad demandada, desestimó las pretensiones de la demanda
y condenó en costas a la parte vencida en el proceso.

12. En la parte considerativa del fallo se explicó que la actora acreditó que
nació el 24 de diciembre de 1952 y que, al 12 de junio de 2019 —fecha de la
solicitud— contaba con más de 50 años de edad.

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Demandante: Lourdes Amparo Gómez Betancourth

13. En cuanto al tiempo de servicios se indicó que, si bien de los documentos
obrantes en el expediente se desprende que laboró por un periodo superior a 20
años, se determinó que su vinculación inicial, mediante Resolución 6279 del 29
de septiembre de 1975 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, tuvo
carácter nacional.

14. En ese sentido, el tiempo laborado en la Normal Nacional de Varones de
Pasto entre el 1 de octubre de 1975 y el 30 de agosto de 1999 no es computable
para efectos de la pensión gracia, pese a la posterior incorporación al ente
territorial con ocasión del proceso de descentralización.

15. El a quo señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado, esta prestación solo se reconoce a docentes que acrediten
20 años de servicio en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que sea
posible acumular tiempos de vinculación nacional, los cuales se excluyen
expresamente del cómputo.

16. Así, al no acreditarse 20 años de servicio bajo vinculación territorial o
nacionalizada, el tribunal concluyó que la demandante no cumple el requisito de
tiempo de servicios, razón por la cual no tiene derecho a la pensión gracia.

Recurso de apelación

17. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia con el fin de que se revoque en su totalidad y, en su lugar,
se acceda a las pretensiones.

18. Centró su reparo en la consideración del a quo de que no acreditaba el
tiempo de 20 años servicios exigido por la ley en razón a que su vinculación inicial
—mediante Resolución 6279 de septiembre de 1975 expedida por el Ministerio
de Educación Nacional— era de carácter nacional.

19. Sostuvo que dicha conclusión desconoce las circunstancias fácticas del
caso pues fue vinculada a una Escuela Normal por lo que, conforme al artículo 6
de la Ley 116 de 1928, los docentes normalistas tienen derecho a la pensión
gracia y pueden computar los tiempos de servicio en la enseñanza primaria y
normalista.

20. Afirmó, además, que debe aplicarse el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades en la medida en que, aunque la vinculación fue
formalmente nacional, en la práctica la docente prestó sus servicios bajo
dependencia de entidades territoriales y con cargo a recursos del Situado Fiscal
y, posteriormente, del Sistema General de Participaciones, especialmente a partir
de los procesos de descentralización.
21. Finalmente, alegó que el fallo de primera instancia se fundamentó
exclusivamente en la nominación formal sin valorar la naturaleza de la institución
educativa ni la situación real del servicio con base en una interpretación
inadecuada del marco normativo aplicable.

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Radicación: 52001 23 33 000 2020 01026 01 (4744-2023)
Demandante: Lourdes Amparo Gómez Betancourth

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Mediante auto del 11 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la demandante y se dispuso que la parte demandada
disponía hasta la ejecutoria de esa providencia para pronunciarse sobre la alzada
y el Ministerio Público hasta que el expediente ingresara al despacho para rendir
concepto.

23. El Ministerio Público consideró que, si bien demandante acreditó haber
prestado sus servicios como docente por más de 20 años, su vinculación inicial
—mediante Resolución 6279 del 29 de septiembre de 1975 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional— fue de carácter nacional, circunstancia que
se corroboró con el certificado de historia laboral y con la certificación expedida
por la autoridad educativa territorial.

24. En ese sentido, mencionó que el tiempo laborado en la Normal Nacional
de Varones de Pasto entre el 1 de octubre de 1975 y el 30 de agosto de 1999 no
es computable para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, por tratarse
de servicios prestados bajo vinculación nacional, incluso pese a su posterior
incorporación al ente territorial en el marco del proceso de descentralización.

25. Con fundamento en lo anterior, consideró que la demandante no acreditó
los 20 años de servicio bajo vinculación territorial o nacionalizada exigidos por la
ley, por lo que no reúne los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia
y, en consecuencia, conceptuó que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia.

26. La parte demandada se abstuvo de emitir pronunciamiento relacionado
con el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

28. Atendiendo los reparos concretos formulados en el recurso de apelación,
la Sala analizará la naturaleza de las vinculaciones docentes referidas en la
demanda, así como las normas aplicables para su calificación. Para tal propósito,
se determinará si la vinculación de la demandante como docente fue del orden
territorial, nacionalizado o nacional.

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Radicación: 52001 23 33 000 2020 01026 01 (4744-2023)
Demandante: Lourdes Amparo Gómez Betancourth

29. Especialmente, se evaluará si el tiempo de servicios prestado en la Normal
Nacional de Varones de Pasto entre el 1 de octubre de 1975 y el 30 de agosto
de 1999 es computable para acreditar el requisito de 20 años de servicios como
docente de carácter territorial o nacionalizado, así como el requisito de
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 en esa misma calidad.

Análisis del problema jurídico

30. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, con base en los
argumentos que se exponen a continuación.

1. Examen de tiempos de servicios docentes

31. Con la demanda se aportó copia de la Resolución 6279 del 29 de
septiembre de 1975 por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional
designó directamente a la demandante como docente en la Anexa a la Normal
Nacional de Varones de Pasto1.

32. Se allegó copia del acta de posesión de la demandante, en virtud del
referido nombramiento, la cual tuvo lugar el 13 de octubre de 1975 ante la
Secretaría de Educación Pública de Nariño, con efectos retroactivos al 1 de
octubre del mismo año2.

33. Obra en el expediente el Formato Único para la Expedición del Certificado
de Historia Laboral del 13 de marzo de 2019, expedido por la Secretaría de
Educación Municipal de Pasto, en el cual se indica que la demandante ostenta
una vinculación de carácter nacional, en el nivel preescolar, en propiedad y
activa, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.

34. Dicho certificado señala que la demandante fue designada como docente
mediante la Resolución 6279 del 29 de septiembre de 1975 en la Institución
Educativa Normal Nacional de Varones de Pasto, desempeñándose en dicho
cargo desde el 1 de octubre de 1975.

35. Asimismo, se registran dos novedades administrativas:
i) su incorporación a la misma institución educativa mediante el Decreto 1191 del
30 de agosto de 1999; y
ii) su incorporación a la Institución Educativa Municipal Normal Superior de Pasto
mediante el Decreto 716 del 16 de noviembre de 2004, cargo que desempeñó
desde el 16 de noviembre de 2004 hasta el 13 de marzo de 2019.

36. En el expediente administrativo anexado por la entidad demandada obra
el Certificado de Tiempo de Servicio del 9 de abril de 2003 expedido por la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto3, en el cual se indica que, para esa

1 SAMAI, índice 002, archivo «02. Pruebas y Anexos Dda.pdf», págs. 37-38.
2 Ibidem, pág. 36.
3 Ibidem, carpeta «14Exp Administrativo», archivo CC-30703979-00_EXP_EP20130723CC30703979-
7.pdf».

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Radicación: 52001 23 33 000 2020 01026 01 (4744-2023)
Demandante: Lourdes Amparo Gómez Betancourth

fecha, la actora ostentaba una vinculación docente de carácter nacional. De igual
forma, se señala que se desempeñaba en el nivel de básica primaria y que ejercía
funciones en la Escuela Anexa a la Normal Nacional de Pasto desde el 1 de
septiembre de 1975.

37. En el marco de la audiencia inicial celebrada el 28 de junio de 2021, el
tribunal de primera instancia decretó pruebas dirigidas a obtener información y
documentos que reposan en los archivos de las autoridades nominadoras.

38. El Ministerio de Educación Nacional dio respuesta mediante el Oficio 2021-
EE-259226 del 8 de julio de 20214, en el cual aportó el expediente
correspondiente a la historia laboral de la demandante, que incluye documentos
relacionados con su hoja de vida y su designación como docente de la Escuela
Anexa a la Normal Nacional de Varones de Pasto, efectuada mediante la
Resolución 6279 del 29 de septiembre de 1975.

39. La Secretaría de Educación Municipal de Pasto atendió el requerimiento
judicial y allegó el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia
Laboral del 6 de julio de 2021, en el cual se indica que la demandante tiene una
vinculación de carácter nacional, con salarios financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones, en el nivel preescolar, en propiedad y en
estado activo.

40. En cuanto a la trayectoria docente, este certificado señala que la
accionante se vinculó a la Normal Superior de Pasto mediante la Resolución 6279
de 1975, desempeñándose desde el 1 de octubre de ese año. A partir de esa
fecha se registran distintas situaciones administrativas sin solución de
continuidad, tales como incorporaciones a la entidad territorial en los años 1999
y 2004, así como cambios de sueldo anuales desde 2006 hasta 2020 5.

41. La Secretaría de Educación de Pasto aportó el Decreto 1191 del 30 de
agosto de 1999, mediante el cual el alcalde de Pasto incorporó a la demandante
a la planta de personal docente del ente territorial. En su parte considerativa se
explicó que, mediante la Resolución 5290 del 25 de noviembre de 1997 del
Ministerio de Educación Nacional y la Ordenanza 050 del 12 de diciembre de
1997 de la Asamblea de Nariño, se certificó que dicho municipio cumplía con los
requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993, lo que le permitió
asumir la administración directa de los recursos del Situado Fiscal y la prestación
del servicio educativo oficial. Asimismo, se indicó que, mediante acta del 25 de
agosto de 1999 el departamento de Nariño entregó al municipio de Pasto la planta
de cargos docentes financiada con dichos recursos (SF)6.

42. Igualmente, se agregó el Decreto 1716 del 16 de noviembre de 2004
mediante el cual el alcalde de Pasto incorporó a la demandante y a otros
docentes a la planta de personal de las instituciones educativas del ente

4 Ibid., archivo «28RespuestaAOficioXMinEducación.pdf».
5 Ibid., archivo «29Respuesta RequerimientoPruebasSEMPasto.pdf», págs. 4-7.
6 Ibid., págs. 10-12.

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territorial, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones en
virtud de la entrada en vigencia de la Ley 715 de 20017.

43. Tras la valoración conjunta de las pruebas documentales, la Sala concluye
que el nombramiento efectuado a la actora por el Ministerio de Educación
Nacional, mediante la Resolución 6279 del 29 de septiembre de 1975, dio origen
a un vínculo docente de carácter nacional. Esta conclusión se fundamenta en la
definición prevista en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, según la cual el
personal nacional está conformado por los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional.

44. Dicho vínculo de carácter nacional se mantuvo de manera continua desde
el 1 de octubre de 1975 hasta, al menos, el 6 de julio de 2021 8. Por lo tanto,
aunque se presentaron situaciones administrativas como incorporaciones y
variaciones salariales, la demandante conservó durante todo ese período su
condición de docente nacional, en tanto el vínculo primigenio que la definió como
tal no fue interrumpido.

45. En este punto, es pertinente señalar que esta Sala ha establecido que la
naturaleza de la vinculación con la administración se define en el momento de
expedición del acto de nombramiento, pues es allí donde se determinan las
condiciones jurídicas del cargo y el régimen al cual queda sujeto el docente9. Es
decir, las situaciones administrativas como incorporaciones o cambios de sueldo
a las que estuvo sometida la demandante no implican, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, una modificación de la naturaleza nacional
del vínculo inicial.

46. No obran en el expediente pruebas que desvirtúen la anterior conclusión.
Por ende, no es posible computar este período para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia, en la medida en que la demandante prestó sus servicios
como docente nacional durante más de 40 años.

47. Por otra parte, la apelante insiste en que deben computarse los tiempos
laborados con ocasión de la expedición de los Decretos 1191 del 30 de agosto
de 1999 y 1716 del 16 de noviembre de 2004, expedidos por el alcalde de Pasto
producto de la descentralización de la educación prevista en las Leyes 60 de
1993 y 715 de 2001, en por medio de los cuales la docente fue incorporada a la
planta de personal del ente territorial, lo que —a su juicio— permitiría calificar su
vinculación como de naturaleza territorial.

7 Ibid., págs. 13-17.
8 Fecha de expedición del Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral emitido por

la Secretaría de Educación Municipal de Pasto aludido en los párrafos 39 y 40 de esta sentencia.
9 Al respecto, ver las sentencias proferidas por la Sección Segunda del 5 de agosto de 2010, radicación

2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P.
Gerardo Arenas Monsalve; del 16 de junio de 2015, radicación 68001 23 31 000 2004 02762 01; del 24 de
julio de 2025, radicación 76001 23 33 000 2020 00953 01 (6509-2024).

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48. Frente a este argumento, la Sala10 ha precisado que la descentralización
de la educación implicó el traslado de la administración del personal docente y
del servicio educativo a las entidades territoriales certificadas, inicialmente a los
departamentos y posteriormente a los municipios.

49. No obstante, tales modificaciones administrativas no comportaron, por sí
mismas, un cambio en la naturaleza jurídica de la vinculación inicial de los
docentes nombrados con anterioridad a dicho proceso, quienes continuaron su
relación legal y reglamentaria sin solución de continuidad, como ocurre en el
presente caso.

50. En ese contexto, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dispuso:

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad, así como a las nuevas vinculaciones, será el reconocido
por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella previstas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneración.

51. De igual forma, los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 reiteraron que
«los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
que fueron nombrados con el lleno de los requisitos mantendrán su vinculación
sin solución de continuidad».

52. En ese orden de ideas, la descentralización de la educación no altera la
naturaleza de la vinculación con la administración, la cual se define en el
momento en que se expide el acto de nombramiento. Por consiguiente, la
transferencia de la administración de las plantas de personal a las entidades
territoriales certificadas no implicó —para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia— una modificación de la naturaleza de la vinculación primigenia
de los docentes.

53. En ese orden de ideas, la Sala confirma que las condiciones de la
vinculación de la demandante con el orden nacional no se alteraron toda vez que
el nombramiento efectuado en 1975 para la prestación del servicio docente se
mantuvo vigente sin interrupción en la relación legal y reglamentaria. Por tanto,
el tiempo de servicios prestado a partir de esa fecha no puede ser computado
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, dada su naturaleza
nacional.

54. Estas conclusiones implican que se confirme la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda debido a que la demandante
no acreditó dos de los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989
para gozar de la pensión gracia, a saber: (i) haber prestado servicios durante un
mínimo de 20 años como docente de carácter territorial o nacionalizado, y (ii)

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado:

73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

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haber tenido al menos una vinculación en esa misma calidad con anterioridad al
31 de diciembre de 1980.

Condena en costas

55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del articulo 188 del CPACA.

58. En consecuencia, se impondrán condena en costas a la parte demandante
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño a través de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda promovida por la señora Lourdes Amparo Gómez Betancourth por
contra la UGPP.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Lourdes
Amparo Gómez Betancourth. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.

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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 52001 23 33 000 2020 01026 01 (4744-2023)
Demandante: Lourdes Amparo Gómez Betancourth

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia

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