Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-01076-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2021 01076 01 (5067-2023)
Demandante: Blanca Luz Chavarriaga Holguín
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Aplicación de
sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018.
Incorporación docente. Condena en costas.
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia debido a que la
demandante acreditó la totalidad de requisitos para acceder a la
pensión gracia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 30 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó que se declare
la nulidad de las Resoluciones RDP 029593 del 21 de diciembre de 2020 y RDP 005807
del 8 de marzo de 2021 a través de las cuales la entidad demandada le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene el reconocimiento y
pago de la mencionada prestación periódica en cuantía equivalente al 75% del promedio
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, con
efectos a partir del 26 de mayo de 2013 —fecha en que adquirió el estatus pensional— y
con efectos fiscales a partir del 30 de julio de 2017 por prescripción trienal, al haber
radicado la solicitud el 30 de julio de 2020.
1 Índice 2 de Samai Consejo de Estado. Expediente digital.
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Demandante: Blanca Luz Chavarriaga Holguín
3. Igualmente, solicitó la inclusión en nómina de pensionados, el pago de las
mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho, los reajustes previstos en la Ley
71 de 1988 y la Ley 100 de 1993, los intereses moratorios establecidos en el CPACA a
partir de la ejecutoria de la sentencia y la condena en costas.
4. Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicó que laboró como docente en el
municipio de El Dovio (Valle del Cauca), en los siguientes periodos: del 6 de marzo al 31
de agosto de 1978; del 22 de mayo de 1985 al 9 de octubre de 1986; del 1 de enero de
1992 al 31 de diciembre de 1994; y del 1 de agosto de 1997 al 17 de marzo de 2004.
Afirmó que en todos esos periodos fue nombrada por la Alcaldía de la referida entidad
territorial mediante los Decretos 014 del 6 de marzo de 1978, 009 del 22 de mayo de
1985, 0025 del 27 de abril de 1992 y 0015 del 1 de agosto de 1997, respectivamente.
5. Señaló que a partir del 26 de abril de 2004 prestó sus servicios como docente al
servicio de la Gobernación del Valle del Cauca, conforme al certificado de tiempo de
servicios expedido por la Secretaría de Educación Departamental en ejercicio de las
facultades de la Ley 60 de 1993.
6. De otra parte, indicó que nació el 25 de septiembre de 1953, por lo cual cumplió
50 años de edad el 25 de septiembre de 2003. Así mismo, señaló que para el 26 de mayo
de 2013 había completado más de 20 años de servicio al sistema educativo oficial de
carácter territorial, momento en el cual considera que adquirió el estatus pensional para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
7. Finalmente, manifestó que el 30 de julio de 2020 solicitó ante la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia; sin embargo, dicha solicitud
fue negada mediante los actos administrativos acusados bajo el argumento de que la
vinculación docente era de carácter nacional. A juicio de la actora, esta conclusión resulta
errónea, en tanto los decretos de nombramiento aportados evidencian una vinculación de
naturaleza territorial, efectuada directamente por la Alcaldía del municipio de El Dovio y
la Gobernación del Valle del Cauca, sin intervención de la Nación.
Contestación de la demanda2
8. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, al sostener que la actora
laboró como docente de carácter nacional durante el período comprendido entre el 26 de
abril de 2004 y el 1.º de enero de 2014, razón por la cual dichos tiempos no resultaban
computables para efectos de acreditar la calidad de docente territorial o nacionalizada,
requisito indispensable para el reconocimiento de la pensión gracia.
9. Asimismo, indicó que, en el evento de que se accediera al reconocimiento de la
prestación, la liquidación de la pensión debería efectuarse con base en el promedio de
todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la
causación del derecho y no con los percibidos durante el año anterior al retiro.
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Demandante: Blanca Luz Chavarriaga Holguín
10. Propuso las excepciones de mérito denominadas «inexistencia de la obligación»,
«prescripción», «buena fe», «cobro de lo no debido», «imposibilidad jurídica para cumplir
lo pretendido», «ausencia de causa para demandar» y la genérica o innominada.
Sentencia apelada3
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de marzo
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de ordenar a la entidad
reconocer y pagar una pensión gracia en favor de la actora en un monto equivalente al
75% de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus pensional, con cancelación del retroactivo a partir del 30 de julio
de 2017. Sin embargo, declaró probada la excepción de prescripción trienal respecto de
las mesadas causadas con anterioridad a esa fecha.
12. Para efectos de lo anterior, consideró que el certificado de información laboral para
bonos pensionales acreditaba que la parte demandante se vinculó a la docencia oficial
como maestra municipal en El Dovio (Valle del Cauca) en los cuatro periodos descritos
en la demanda. Además, señaló que los decretos del 27 de abril de 1992 y del 1 de agosto
de 1997, expedidos por el alcalde de dicha entidad territorial, evidenciaban que los
nombramientos fueron de carácter municipal, sin intervención del Ministerio de Educación
Nacional.
13. Por su parte, el a quo indicó que el Decreto 0640 del 14 de abril de 2004, expedido
por la gobernadora del Valle del Cauca, incorporó a la actora a la planta de cargos de la
entidad territorial, por lo que conservó su tipo de vinculación. Agregó que el formato único
de certificado de salarios del 7 de junio de 2016 señalaba que el tipo de vinculación era
nacionalizada, y no nacional, condición esta última que resultaba determinante para el
reconocimiento de la pensión gracia.
14. Por lo anterior, concluyó que la actora completó más de 20 años de servicios en el
magisterio como docente del orden territorial o municipal, cumplió los 50 años de edad el
25 de septiembre de 2003 y no registraba antecedentes disciplinarios, conforme a la
consulta efectuada en la página web de la Procuraduría General de la Nación.
15. Finalmente se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.
Recurso de apelación4.
16. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran
las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la entidad había negado el
reconocimiento de la pensión gracia dentro del marco de la legalidad, respetando los
límites constitucionales y jurisprudenciales que rigen la materia.
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Demandante: Blanca Luz Chavarriaga Holguín
17. Sostuvo que el Tribunal omitió dar el valor probatorio correspondiente al Certificado
de Información Laboral 254 del 29 de enero de 2015, expedido por la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, en el que se establece que la parte demandante laboró
al servicio de dicha entidad desde el 26 de abril de 2004 mediante tipo de vinculación de
carácter nacional, razón por la cual los tiempos allí relacionados no podían tenerse en
cuenta para el reconocimiento de la prestación reclamada.
18. A su vez, alegó que existió un error en la valoración probatoria porque, en su
criterio, se desconocieron los elementos probatorios incorporados al proceso, así como
la normatividad y jurisprudencia aplicables al caso concreto, en particular las reglas
fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-011-S2 del 21 de
junio de 2018, según las cuales los docentes nacionales no tienen derecho al
reconocimiento de la pensión gracia y el tiempo laborado en esa condición no puede
computarse con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
19. Mediante auto del 11 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de apelación 5 y
se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir
concepto hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.
20. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
22. Con base en los argumentos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala
determinar si, con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, la demandante
cumplió con el requisito de haber servido durante 20 años como docente de carácter
territorial o nacionalizado, en aras de beneficiarse de la pensión gracia reclamada.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia, conforme a las motivaciones que se expondrán
a continuación.
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24. Para beneficiarse de la pensión gracia, la interesada debe cumplir de manera
concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente territorial o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado servicios como docente
nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por un período no inferior a 20
años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber
ejercido la docencia con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido
ni estar recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.
25. En el presente caso no está en discusión que la demandante satisface el
requisito de la edad, en la medida en que cumplió 50 años el 25 de septiembre de 2003 6.
Tampoco se controvierte lo relacionado con el requisito de buena conducta ya que la
entidad no cuestionó dicho requisito ni en el expediente obra prueba que demuestre que
hubiese sido sancionada disciplinariamente.
26. De acuerdo con lo anterior, se pasarán a revisar las demás exigencias, en
especial la de haberse vinculado como docente territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980 y haber ejercido como educadora en tales calidades durante 20 años.
Requisito de haberse vinculado como docente territorial o nacionalizada antes del
31 de diciembre de 1980
27. En el expediente obra copia del Certificado de Información Laboral 00123-2018 del
3 de septiembre de 20187, expedido por el municipio de El Dovio (Valle del Cauca), a
través del cual se registró que la demandante prestó sus servicios como maestra
municipal, entre otros períodos, desde el 6 de marzo hasta el 31 de agosto de 1978.
28. Como soporte de la información relacionada en el documento anterior, al proceso
se aportó copia del Acta de Posesión 030 del 6 de marzo de 19788, a través de la cual la
demandante asumió el cargo de maestra municipal de la vereda Altomiranda del
municipio de El Dovio (Valle del Cauca), en virtud del nombramiento efectuado a través
del Decreto 014 de la misma fecha, en reemplazo de la señora Lucelly García, quien
renunció.
29. De acuerdo con las mencionadas pruebas, y a pesar de que no obra copia del acto
administrativo de nombramiento, queda demostrado que la parte actora fungió como
docente municipal del 6 de marzo al 31 de agosto de 1978, puesto que así lo indican tanto
el certificado de tiempo de servicios como el acta de posesión, sin que de estos pueda
inferirse que existió intervención de la Nación en dicho nombramiento o que el alcalde de
la entidad territorial hubiese actuado como delegado del órgano central.
6 Cfr. Cédula de ciudadanía obrante en la página 9 del archivo «2_EXPEDIENTEDIGITAL_02BLANCALUZCHAVARR».
7 Página 24, ibidem.
8 Página 28, ibidem.
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30. Sobre el particular, vale la pena precisar que esta Sección, mediante la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189, fijó la regla jurisprudencial para
acreditar la plaza docente territorial en los siguientes términos:
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación
de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Se
resalta)
31. Dicho de otro modo, la Sala Plena adoptó el criterio de que en estos casos el juez
debe examinar el expediente con el fin de verificar la existencia de actos administrativos
que le permitan determinar la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en
cuestión. Ello resulta fundamental, toda vez que el contenido del acto administrativo de
nombramiento proporciona al fallador información esencial sobre las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar, así como las implicaciones a las que quedó sujeto el servidor.
32. No obstante, ante la ausencia de tales documentos, el fallador puede acudir a otros
elementos de prueba que deberán ser valorados en conjunto conforme a las reglas de la
sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las autoridades nominadoras,
siempre que la veracidad de la información contenida en ellas resulte indiscutible.
33. Por consiguiente, aunque en el sub lite no obra el acto de nombramiento
correspondiente al período bajo estudio, lo cierto es que tanto el certificado como el acta
de posesión analizados permiten establecer de manera inequívoca la naturaleza de la
plaza docente que ocupó la demandante, así como los extremos temporales del
respectivo vínculo, máxime que no existe controversia sobre el particular ni pruebas que
adviertan la calidad de docente nacional.
34. En consecuencia, se tendrá por acreditado que la parte actora se vinculó como
docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, ejerciendo en dicha calidad
durante 5 meses y 25 días, tiempo que se computará a efectos de completar los 20 años
de servicios requeridos para acceder a la pensión gracia reclamada.
Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizada durante 20
años
35. Con el fin de demostrar este requisito, en el ya mencionado Certificado de
Información Laboral 00123-2018 del 3 de septiembre de 201810, el municipio de El Dovio
(Valle del Cauca) registró, además, que la demandante prestó sus servicios como
docente municipal en dicha entidad territorial entre el 22 de mayo de 1985 y el 9 de
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida el
21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con ponencia del consejero
Carmelo Perdomo Cuéter.
10 Página 24, ibidem.
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octubre de 1986, entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1994 y entre el 1
de agosto de 1997 y el 17 de marzo de 2004.
36. Como soporte de los referidos periodos, obra en el expediente copia del Acta de
Posesión 0015 del 22 de mayo de 198511, a través de la cual la actora se posesionó en
el cargo de maestra municipal de la vereda El Pedral del municipio de El Dovio (Valle del
Cauca), en virtud del nombramiento realizado mediante el Decreto 009 de la misma fecha,
emanado del despacho del alcalde de la referida entidad territorial.
37. Asimismo, se allegó copia del Decreto 0025 del 27 de abril de 1992 12, por medio
del cual el alcalde municipal de El Dovio (Valle del Cauca), en uso de sus atribuciones
legales, en especial, las conferidas en el artículo 132, numeral 7, del Decreto 1333 de
1986, nombró a la actora como maestra municipal, cargo del cual tomó posesión a partir
del 2 de enero de 199213.
38. Por otro lado, se aportó copia del Decreto 0015 del 1 de agosto de 1997, mediante
el cual el aludido alcalde, en uso de sus atribuciones legales, nombró a la actora como
docente municipal, del cual se posesionó el mismo día14. En dicho acto administrativo se
lee que la plaza docente aludida pertenecía al plan de cargos y asignaciones de dicho
municipio.
39. En este orden de ideas, con referencia al vínculo docente ocurrido entre el 22 de
mayo de 1985 y el 9 de octubre de 1986 (equivalente a 1 año, 4 meses y 18 días) la
Sala advierte que se trató de un nombramiento del orden territorial-municipal, en la
medida en que así fue certificado por el municipio de El Dovio (Valle del Cauca), sumado
a que en el acta de posesión analizada se indicó que el acto administrativo de
nombramiento (Decreto 009 del 22 de mayo de 1985) fue suscrito por el alcalde de dicha
entidad territorial.
40. Por lo tanto, y si bien no reposa en el expediente copia del aludido Decreto 009, lo
cierto es que tanto el certificado como el acta de posesión permiten establecer claramente
la naturaleza de la plaza docente, tal como lo ordena la regla de unificación fijada en la
sentencia del 21 de junio de 2018. Además, lo anterior se acompasa con la definición de
personal territorial que prevé el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto que en el vínculo
estudiado no se advierte la intervención o delegación del Ministerio de Educación
Nacional en la creación de la plaza docente o la autorización presupuestal de este para
sufragar los gastos que se produjeren con dicho nombramiento.
41. En consecuencia, el interregno analizado es computable para efectos de la
pensión gracia objeto de litigio.
42. Entre tanto, con relación a los interregnos comprendidos entre el 1 de enero de
1992 y el 31 de diciembre de 1994 (3 años), y entre el 1 de agosto de 1997 y el 17 de
marzo de 2004 (6 años, 7 meses y 17 días), esta Subsección estima que también deben
11 Página 30, ibidem.
12 Página 31, ibidem.
13 Página 32, ibidem.
14 Página 35, ibidem.
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sumarse para completar el tiempo requerido para acceder a la prestación pensional
reclamada, toda vez que se trató de periodos docentes ejercidos en plazas del orden
territorial-municipal.
43. Lo anterior, en vista de que los Decretos de nombramiento 0025 del 27 de abril de
1992 y 0015 del 1 de agosto de 1997 fueron suscritos por el alcalde del municipio de El
Dovio y el secretario de Gobierno municipal, y en ellos se dejó claro que el cargo a
desempeñar por la actora era el de docente municipal. Es más, no se observa en su
expedición la intervención de la Nación a través del el Ministerio de Educación,
circunstancias que se acomodan a la definición de docente territorial de que trata el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989.
44. Por otra parte, al proceso se allegó copia del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 3 de agosto de 202115, por medio del que la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca certificó que la demandante ingresó como docente de
primaria en propiedad en el Colegio SP. Agropecuario Juan Salvador Gaviota del
municipio de El Dovio, a partir del 26 de abril de 2004, laborando sin interrupción hasta el
día en que se expidió dicho documento.
45. Al respecto, en el expediente obra copia del Decreto 0640 del 14 de abril de 200416,
expedido por la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, a través del cual se
aclaró el artículo 1, numeral 5, del Decreto 0238 del 11 de febrero de 2004, en el sentido
de establecer que se incorporaba a la demandante en la Institución Educativa ACERG
del municipio de El Dovio. De dicho cargo tomó posesión el 26 de abril de 2004 ante el
secretario de Desarrollo Institucional de la Gobernación del mencionado departamento17.
46. Con base en las pruebas que anteceden, para esta Subsección el vínculo docente
surgido a partir del 26 de abril de 2004 no puede tomarse como un nuevo nombramiento,
comoquiera que este se llevó a cabo bajo la figura de incorporación derivada del proceso
de descentralización de la educación establecido en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001,
por lo que la naturaleza de la relación docente será la misma que tuvo el vínculo inicial
que, en este caso, se produjo a partir del ya analizado Decreto 0015 del 1 de agosto de
199718.
47. Sobre el particular, esta Sala ha precisado 19 que la descentralización de la
educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo determinó la Ley
60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de
200120). En ese sentido, resulta consistente sostener que luego de la expedición de las
referidas normas, la administración tanto del personal docente como del servicio
15 Páginas 21 al 23, ibidem.
16
Páginas 37 al 40, ibidem.
17 Cfr. Acta de Posesión 2004-2117 del 26 de abril de 2004 (página 41, ibidem).
18 Página 35, ibidem.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-23-
33-000-2019-00120-01 (1887-2022), con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
20 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016,
radicado 2014-00136, y del 10 de mayo de 2018, radicado 73001233300020140018501; Sala de Consulta y del Servicio
Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
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Demandante: Blanca Luz Chavarriaga Holguín
educativo quedó radicada en cabeza de las entidades territoriales certificadas en
educación.
48. No obstante, lo anterior no produjo un cambio en la naturaleza del nombramiento
inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso,
particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin
interrupción, como sucede en el caso de la actora.
49. A propósito, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:
[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y
las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en
ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de
remuneraciones. […]
50. Adicionalmente, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad».
51. Así pues, so pretexto de la descentralización de la educación no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la vinculación
laboral con la administración se adquieren al momento en que se profiere el acto de
nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar
y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor21. Entonces, la cesión de la
administración de las plantas de personal a las entidades territoriales certificadas en
educación, así como las demás competencias que les fueron trasladadas, no implicó, por
lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, un cambio en la
naturaleza primigenia de la relación legal y reglamentaria de los docentes.
52. Bajo esa línea, no le asiste razón a la entidad apelante al señalar que a partir del
26 de abril de 2004 el vínculo docente que la actora tuvo con el departamento del Valle
del Cauca fue de carácter nacional ya que, al haberse dado en virtud de la figura de la
incorporación, prevalecía el régimen jurídico aplicable al nombramiento primigenio, el
cual, para el presente caso, correspondía al generado a partir del Decreto 0015 de 1997
que tenía naturaleza territorial.
53. Ahora, aun cuando se tuviera como un nuevo nombramiento el vínculo ocurrido a
partir de 2004, tampoco podría tomarse este como de carácter nacional, dado que el acto
administrativo del cual surgió esa relación legal y reglamentaria con el departamento del
Valle del Cauca fue suscrito por la gobernadora de la entidad territorial y no por el
Gobierno nacional, sumado a que para la época ya se había descentralizado la educación
a las entidades territoriales certificadas.
21 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicado
2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicado 1146-2010, C.P. Gerardo Arenas
Monsalve, y del 16 de junio de 2015, radicado 68001233100020040276201.
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Radicación: 76001 23 33 000 2021 01076 01 (5067-2023)
Demandante: Blanca Luz Chavarriaga Holguín
54. Por consiguiente, en el presente caso se tomará como un solo interregno el tiempo
que la demandante ejerció como docente territorial entre el 1 de agosto de 1997 y el 3 de
agosto de 2021 (fecha en la que se expidió el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral), equivalente a 24 años y 3 días, el cual será computable
para acceder a la pensión gracia.
55. Así las cosas, la Sala encuentra acreditado un total de 28 años, 10 meses y 16
días como docente territorial, con los que se satisface el requisito contemplado en el
artículo 1 de la Ley 114 de 1913 (20 años de servicios), tal como se expone en la siguiente
tabla:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Territorial 06/03/1978 31/08/1978 0 5 25
Territorial 22/05/1985 09/10/1986 1 4 18
Territorial 01/01/1992 31/12/1994 3 0 0
Territorial 01/08/1997 03/08/2021 24 0 3
TOTAL 28 10 16
56. En suma, está acreditado que la actora cumplió con la totalidad de los requisitos
exigidos para acceder a la pensión gracia. No solo se demostraron los que fueron
previamente analizados, sino que, además, no se evidencia que perciba otra pensión o
remuneración de orden nacional incompatible con la pensión gracia.
57. Ahora bien, es necesario advertir que en la sentencia de primera instancia no se
dispuso de manera expresa la fecha cierta de consolidación del estatus pensional,
omisión que introduce un margen de indeterminación en el fallo.
58. Tal indefinición resulta relevante, en cuanto puede afectar la correcta ejecución de
la sentencia, al no ofrecer a la entidad apelante certeza sobre el momento a partir del cual
deben identificarse los factores salariales base de liquidación de la mesada pensional. Se
trata de un aspecto directamente vinculado al derecho reconocido, que requería un
pronunciamiento claro y expreso del juez de primera instancia, razón por la cual resulta
procedente que esta Corporación complemente el fallo en este punto.
59. En ese orden de ideas, la Sala establece como fecha de consolidación del estatus
pensional el 18 de septiembre de 2012, momento en el cual la demandante completó el
tiempo mínimo de 20 años de servicios docentes exigido por el artículo 1 de la Ley 114
de 1913. Dicha fecha es posterior al cumplimiento del requisito de edad, ocurrido el 25
de septiembre de 2003. Por tanto, se complementará la parte resolutiva para precisar
expresamente este extremo temporal.
60. De suerte que la liquidación de la prestación reconocida deberá hacerse con el
75% del promedio de la totalidad de factores salariales percibidos por esta durante el año
anterior, esto es, el comprendido entre el 19 de septiembre de 2011 y el 18 de septiembre
de 2012.
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Demandante: Blanca Luz Chavarriaga Holguín
61. Por último, se confirmará la declaratoria de la prescripción extintiva respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2015, en la medida en que la
solicitud de reconocimiento pensional fue presentada el 10 de diciembre de 2018, esto
es, una vez transcurridos más de tres años desde la adquisición del derecho, y la
demanda fue radicada el 29 de mayo de 2019, dentro del término trienal siguiente a la
interrupción de la prescripción.
62. En tal sentido, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada y modificará
el numeral segundo de su parte resolutiva, en lo atinente a la fecha de adquisición del
estatus pensional y al período que debe tenerse en cuenta para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión gracia, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la presente providencia.
Condena en costas
63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá la condena en
costas a la parte vencida en el proceso.
65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
66. En consecuencia, no se condenará en costas en segunda instancia en la medida
en que la decisión incluye ajustes oficiosos a la fecha de estatus no mencionada en la
sentencia de primera instancia, lo que impide configurar la existencia de una parte
vencida en esta etapa procesal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia del 30 de marzo de 2023,
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:
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Radicación: 76001 23 33 000 2021 01076 01 (5067-2023)
Demandante: Blanca Luz Chavarriaga Holguín
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP que
reconozca y pague la pensión gracia a la señora BLANCA LUZ CHAVARRIAGA HOLGUÍN,
a partir del 18 de septiembre de 2012, en el equivalente al 75% de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
pensional, comprendido entre el 19 de septiembre de 2011 y el 18 de septiembre de 2012,
cancelando el retroactivo pensional a partir del 10 de diciembre de 2015 por operar la
prescripción trienal.»
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 30 de marzo de 2023,
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Blanca Luz Chavarriaga Holguín
contra la UGPP.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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