Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2019-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2019-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2019-00021-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 27001 23 33 000 2019 00021 01 (6634-2022)
Demandante: Mariela Botero Mosquera
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Docente nacional. Aplicación de la sentencia de
unificación S-699 de 1997. Condena en costas en segunda instancia.
Decisión: Se confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda
porque la actora no cumplió con el requisito de haber servido como
docente del nivel territorial y/o nacionalizado durante 20 años.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 12 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó que
se declare la nulidad de la Resolución 24715 del 29 de mayo de 2007, a través de la
cual la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE) le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad
demandada a concederle las mesadas pensionales desde la presentación de la
solicitud de reconocimiento y el ingreso a nómina de pensionados, teniendo en cuenta
el 75% del salario junto con los intereses a que haya lugar.
3. Como sustento de sus pretensiones, expuso que fue nombrada en propiedad
mediante el Decreto 0116 del 25 de marzo de 1975 y que se posesionó el 3 de abril
de 1975 como educadora al servicio del departamento del Chocó, con ubicación en el
paraje de Bajo Guadua del municipio de Carmen de Atrato.
4. Indicó que, al cumplir con los requisitos para acceder a la pensión gracia
presentó solicitud de reconocimiento ante la extinta CAJANAL, la cual fue negada
mediante el acto administrativo acusado al considerarse que no es admisible computar
tiempos de servicios prestados cuando el nombramiento proviene del Ministerio de
Educación Nacional, por tratarse de vinculación de carácter nacional.
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Radicación: 27001 23 33 000 2019 00021 01 (6634-2022)
Demandante: Mariela Botero Mosquera
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que a la actora no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia por cuanto los servicios docentes prestados en la Normal Nacional para
Varones de Quibdó, desde el 12 de julio de 1979 hasta el 2 de febrero de 2006, fueron
del orden nacional.
6. Propuso las excepciones de mérito que denominó como «cobro de lo no
debido», «inexistencia de la obligación», «prescripción» y la genérica o innominada.
Sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia el 12 de agosto de 2022,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
8. En la parte considerativa de la providencia, el Tribunal indicó que, si bien la
actora acreditó el requisito de edad para acceder a la pensión gracia y demostró una
amplia trayectoria en la docencia oficial, no logró acreditar que la totalidad del tiempo
que pretendía hacer valer correspondiera a servicios territoriales o nacionalizados
computables para dicho beneficio en la medida en que una parte sustancial de su
vinculación tuvo carácter nacional.
9. En ese contexto, el a quo analizó el Decreto 0116 del 25 de marzo de 1975
suscrito por el gobernador del Chocó, el secretario de Educación Departamental y el
delegado del Ministerio de Educación Nacional mediante el cual la actora fue
nombrada directora de la Escuela Primaria de Bajo Guadua, cargo del que tomó
posesión el 3 de abril de 1975.
10. Este tiempo —que se extendió hasta 1978— fue considerado como válido para
efectos de la pensión gracia, debido a que la jurisprudencia de unificación del Consejo
de Estado estableció que la intervención del delegado del Ministerio de Educación
Nacional no desnaturaliza, por sí sola, la vinculación territorial o nacionalizada cuando
la plaza corresponde a ese orden.
11. No obstante, el Tribunal concluyó que el nombramiento efectuado por el
Ministerio de Educación para prestar servicios en la Anexa Normal Nacional de
Varones de Quibdó, a partir del 12 de julio de 1979, debía calificarse como de carácter
nacional y, por ende, no era computable para efectos de la pensión gracia.
12. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.
Recurso de apelación
13. La parte demandante interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones
de la demanda.
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Demandante: Mariela Botero Mosquera
14. Sostuvo que a su situación particular debe aplicarse la sentencia de unificación
SUJ-030-CE-S2-2021 en la medida en que los servicios prestados se enmarcan en la
denominada «tercera etapa» del proceso de organización del servicio educativo en
Colombia. Al respecto, indicó que a partir de la expedición de las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2001 la prestación del servicio educativo quedó a cargo de las entidades
territoriales, por lo que los servicios docentes prestados con posterioridad deben
considerarse de naturaleza territorial.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. Mediante auto del 15 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación y se
dispuso correr traslado a la parte demandada para que se pronunciara dentro del
término de ejecutoria de dicha providencia, así como al Ministerio Público para que
rindiera concepto antes de que el proceso ingresara al despacho para sentencia.
16. Sin embargo, la parte accionada y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta
Corporación abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
18. En atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el tiempo de servicios prestado por la demandante
como docente oficial, en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución
8097 del 14 de mayo de 1979, es computable para efectos de la pensión gracia en
cuanto a su eventual carácter territorial o nacionalizado.
19. Lo anterior, a efectos de verificar si ese interregno puede ser tenido en
cuenta para completar el requisito mínimo de 20 años de servicios exigido por las
Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989.
Análisis del problema jurídico
20. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, por las razones que se exponen a
continuación.
21. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de manera
concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37
de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente territorial o
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nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado servicios como
docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por un período no
inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de
edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez, consagración y buena conducta; y
v) no haber recibido ni estar recibiendo otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
Requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente de
carácter territorial o nacionalizado
22. En el plenario se observa copia del Certificado de Servicios Prestados
180.5599.000 del 29 de julio de 20051 emitido por la Oficina de Kardex y Archivo de
la Secretaría de Educación del Chocó, en el que se manifiesta que la demandante
laboró como docente de primaria entre el 3 de abril de 1975 y el «31 de abril de 1979»,
en las Escuelas de Bajo Guaduas, de La Manza, de El Porvenir y de la Arboleda, todas
en el municipio de El Carmen de Atrato (Chocó), en virtud del nombramiento efectuado
a través del Decreto 0116 del 25 de marzo de 1975.
23. En dicho documento se indicó como fecha final del vínculo docente el 31 de
abril de 1979; no obstante, tal fecha no existe en el calendario dado que el mes de
abril cuenta con 30 días. En consecuencia, en aplicación del principio de buena fe que
rige las actuaciones de los particulares y de la Administración, la Sala entenderá que
el extremo final de la relación legal y reglamentaria corresponde al 30 de abril de 1979.
24. Ahora bien, el referido periodo se encuentra respaldado con la copia del
Decreto 0116 del 25 de marzo de 1975 mediante el cual la gobernadora del
departamento del Chocó, en ejercicio de sus atribuciones legales, nombró a la
demandante como directora de la Escuela Rural Mixta de Bajo Guaduas, en el
municipio de El Carmen de Atrato (Chocó), cargo del cual tomó posesión el 3 de abril
de 1975 ante el alcalde de esa entidad territorial2.
25. La Sala advierte que este acto administrativo fue suscrito por la gobernadora
del Chocó, el secretario de Educación Departamental y el delegado del Ministerio de
Educación Nacional. Dicha situación se subsume en la definición que el artículo 1 de
la Ley 91 de 1989 establece para el personal docente nacionalizado puesto que fue
realizada por la entidad territorial con sujeción a la intervención o autorización
presupuestal del delegado del Ministerio de Educación Nacional, conforme a lo
dispuesto en los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975.
26. A propósito, la intervención de dicho delegado no implica que se trate de un
docente del orden nacional; por el contrario, obedece a lo previsto en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975, el cual dispuso que «[e]n adelante ningún departamento,
intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán, con cargo a
la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o
secundaria, ni tampoco decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza
1 Página 48 del archivo «024Antecedentesad_CC26258433», obrante en el índice 47 de Samai del Tribunal
Administrativo del Chocó.
2 Folios 15 al 20 del expediente digitalizado.
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media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación
Nacional».
27. Incluso, la Sala Plena de esta Sección, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 20183, fijó la siguiente regla jurisprudencial:
«(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;»
28. Así las cosas, los servicios prestados por la actora para el departamento del
Chocó entre el 3 de abril de 1975 y el 30 de abril de 1979, equivalentes a 4 años y 28
días, permiten tener por acreditado el requisito de la vinculación como docente
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y, en consecuencia,
resultan computables para efectos de completar los 20 años de servicio exigidos por
la Ley 114 de 1913 para acceder a la pensión gracia.
Requisito de haber laborado como docente de carácter territorial y/o
nacionalizado durante 20 años
29. En el expediente se vislumbra el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 14 de abril de 2018 por la Secretaría de
Educación del Chocó4, en el que se detalla que la demandante prestó servicios
continuos como docente de primaria en el Colegio Normal Superior de Quibdó entre
el 2 de mayo de 1979 y el 31 de diciembre de 2007, a raíz del nombramiento efectuado
a través de la Resolución 8097 del 14 de mayo de 1979.
30. En el referido certificado se encuentra marcada la casilla correspondiente al
régimen pensional como «nacional». No obstante, esta circunstancia no resulta
determinante para establecer la naturaleza jurídica del vínculo docente, conforme a
las definiciones previstas en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y a la jurisprudencia de
esta Corporación en relación con el personal nacional, nacionalizado y territorial.
31. En efecto, dicha clasificación tiene como finalidad informar el régimen de
seguridad social aplicable en materia de pensión de vejez o jubilación, aspecto que
no se confunde con la naturaleza del vínculo docente, la cual constituye un requisito
autónomo y específico para acceder a la pensión gracia5.
32. Por otra parte, si bien en el expediente no obra copia del acto de nombramiento,
sí se allegó el acta de posesión del 12 de julio de 1979, en la cual se consigna que la
demandante asumió el empleo de maestra de práctica docente en la Anexa Normal
Nacional de Varones de Quibdó, en virtud del nombramiento efectuado a través de la
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 21 de junio de 2018,
radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14).
4 Folios 27 al 30 del expediente digitalizado.
5 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en las siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre de
2025, rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia del 21 de
agosto de 2021, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Demandante: Mariela Botero Mosquera
Resolución 8097 del 14 de mayo de 1979 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional. En dicho documento se indica que el vínculo surtiría efectos retroactivos a
partir del 2 de mayo de esa anualidad.
33. Asimismo, se allegó copia de la certificación expedida por el jefe de Kardex y
Archivo del departamento del Chocó el 2 de febrero de 20066, en la que se indicó que
la demandante fue nombrada en la Anexa a la Normal Nacional de Varones de Quibdó
mediante la Resolución Nacional 8097 del 14 de mayo de 1979 y que tomó posesión
el 12 de julio de esa misma anualidad, precisándose que dicho nombramiento era de
carácter nacional.
34. Con fundamento en lo anterior, se tiene por acreditado que la vinculación de
la demandante con la Normal Superior de Quibdó fue de carácter nacional, en tanto
su nombramiento provino del Ministerio de Educación Nacional, circunstancia que
encuadra en la definición prevista en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, según la cual
son docentes nacionales aquellos «vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional».
35. En este sentido, no es posible tener en cuenta dichos tiempos para efectos de
la pensión gracia, pues la jurisprudencia de esta Corporación ha sido diáfana en
señalar que los docentes nacionales no tienen derecho a tal prestación, conforme se
estableció en la sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de agosto
de 19977, a saber:
[…] 4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “….con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
Nación”; hecho que modificó la ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta
señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “…otra pensión o
recompensa de carácter nacional”.
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito,
como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de
nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan
vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la
posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del
mismo precepto, o sea la “…pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o
nacionalizados (literal B, No. 2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de
beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
6 Página 60 del archivo «024Antecedentesad_CC26258433», obrante en el índice 47 de Samai del Tribunal
Administrativo del Chocó.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia proferida el 26 de agosto de 1997,
dentro del expediente S-699, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Demandante: Mariela Botero Mosquera
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia …siempre y cuando cumplan con
la totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la
norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no
podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado
la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […] (Se resalta)
36. Dicha posición fue ratificada por esta Sección mediante la sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20188, aplicada
actualmente para resolver los litigios similares o análogos al sub lite.
37. Así las cosas, no es posible tener por satisfecho el requisito de que la
accionante haya prestado sus servicios por 20 años como docente territorial y/o
nacionalizada toda vez que las labores educativas ejercidas en el interregno
comprendido entre el 2 de mayo de 1979 y el 31 de diciembre de 2007, fueron del
orden nacional.
38. Finalmente, en el recurso de apelación la actora adujo que su situación
particular se encontraba alineada con el desarrollo que se efectuó sobre la «tercera
etapa» de la educación en Colombia que se hizo en la sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2021, en la que se indicó lo siguiente:
✓ Tercera etapa. Está demarcada por la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001, que establecieron la descentralización de la educación. La primera rigió del 12 de
agosto de 1993 al 20 de diciembre de 2001 y la segunda desde el 20 de diciembre de
2001 y se encuentra vigente. A esta tercera etapa se le ha conocido como
«departamentalización» y «municipalización» del servicio educativo.
30. La Ley 60 de 1993 dispuso que los municipios, distritos y departamentos prestarían
directamente dicho servicio; igualmente, se reglamentó la administración del personal25
y del situado fiscal.
31. Durante su vigencia los departamentos asumieron mayoritariamente la
administración de la educación, lo cual se tradujo en la asunción de, entre otras, las
siguientes competencias: i) dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus
municipios la prestación del servicio educativo estatal en los niveles de preescolar,
básica primaria, secundaria y media; ii) participar en la financiación y cofinanciación de
dicho servicio y en las inversiones de infraestructura y dotación; y iii) asumir las
funciones de administración, programación y distribución de los recursos del situado
fiscal previstos para la educación oficial.
32. A su vez, la Ley 60 de 1993 aclaró que los establecimientos educativos y la planta
de personal tendrán carácter distrital, o departamental, dependiendo de la entidad
territorial que tuviera a cargo la prestación del servicio educativo. En consonancia con
ello, los artículos 105 y 106 de la Ley 115 de 1994 regularon la vinculación al servicio
educativo estatal y las novedades de personal.
33. Por su parte, la Ley 715 de 2001 dispuso que los municipios29 y distritos certificados
en educación tendrían a su cargo la prestación de dicho servicio en los niveles de
preescolar, básica y media.
34. El artículo 9 ibidem precisó que «[l]as instituciones educativas estatales son
departamentales, distritales o municipales» y en su artículo 15 previó que la educación
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, proferida bajo el radicado 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con ponencia del consejero
Carmelo Perdomo Cuéter.
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estaría financiada principalmente con recursos del Sistema General de Participaciones
con el fin de atender el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones
sociales, la construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos
y el funcionamiento de las instituciones educativas.
35. El anterior recuento normativo permite evidenciar que el servicio educativo en
Colombia ha tenido múltiples cambios que han repercutido en su funcionamiento, en el
régimen salarial y prestacional de los educadores, así como en las responsabilidades
que la nación y los entes territoriales han debido asumir frente a ellos.
36. De esta manera, se tiene un contexto histórico relevante y orientador para definir el
alcance que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, de
cara al objeto de unificación que se propone la presente sentencia.
39. Sin embargo, dichos apartes jurisprudenciales constituyen un obiter dictum
dirigido a contextualizar históricamente la interpretación del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, sin que puedan erigirse en una regla de unificación de esta Corporación que
permita reconfigurar la naturaleza de la plaza docente ocupada por la actora como
nacionalizada o territorial.
40. Sobre el particular, esta Sala9 ha precisado que el proceso de descentralización
de la educación —que implicó el traslado de la administración del personal docente a
las entidades territoriales certificadas, inicialmente a los departamentos (Ley 60 de
1993) y posteriormente a los municipios (Ley 715 de 2001)— no comportó una
modificación en la naturaleza de la vinculación primigenia de los educadores
nombrados con anterioridad, especialmente cuando la relación legal y reglamentaria
se mantuvo sin solución de continuidad, como ocurre en el caso de la actora.
41. En esa misma línea, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dispuso que el régimen
prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados incorporados a las
plantas territoriales sin solución de continuidad seguiría siendo el previsto en la Ley
91 de 1989. De igual forma, los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 reiteraron que
los docentes nombrados con el lleno de los requisitos mantendrían su vinculación sin
solución de continuidad.
42. En ese contexto, no es posible, con fundamento en el proceso de
descentralización, desconocer que la naturaleza de la vinculación docente se define
desde el acto de nombramiento, en el cual se fijan las condiciones jurídicas del cargo
y el régimen aplicable al servidor. Por consiguiente, la transferencia de la
administración de las plantas de personal a las entidades territoriales certificadas, así
como de las competencias asociadas, no implicó —para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia— una mutación en la naturaleza de la vinculación primigenia de
los docentes.
43. En concordancia, la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 reiteró que
el tipo de vinculación debe acreditarse a partir de los actos de nombramiento o de
certificaciones inequívocas del nominador, sin que el traslado de las plantas docentes
conlleve, por sí mismo, la transformación del vínculo de nacional a territorial. Por lo
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-
23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
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tanto, el cargo de apelación formulado por la parte demandante no tiene vocación de
prosperidad.
44. En conclusión, como para acceder a la pensión gracia se exige el cumplimiento
concurrente de todos los requisitos legales y en el presente asunto no se acreditó el
correspondiente a los 20 años de servicio en las condiciones exigidas, resulta
innecesario analizar los demás presupuestos, por lo que se confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
20. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de
la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento
o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
21. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas a la parte vencida en el proceso.
22. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
23. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en segunda
instancia por cuanto resultó vencida en el presente caso al no haber prosperado sus
argumentos de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo
del Chocó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Mariela Botero Mosquera
contra la UGPP.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 27001 23 33 000 2019 00021 01 (6634-2022)
Demandante: Mariela Botero Mosquera
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la señora Mariela Botero
Mosquera. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Bogotá D.C. – Colombia
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