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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00264-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00264-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 15 de abril de 2021 mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cauca condenó en costas a la parte demandante. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 15 de abril de 2021, emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Roelfi Andrés Tróchez Quijano contra la UGPP. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2019-00264-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 19001 23 33 000 2019 00264 01 (4421-2021)
Demandante: Roelfi Andrés Trochez Quijano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación
legal y reglamentaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 15 de abril de 2021 mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Cauca negó las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que dicha
decisión será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda

2. El actor solicitó la declaratoria de nulidad de las resoluciones RDP 032754 del 6
de septiembre y RDP 049267 del 27 de diciembre del 2016, a través de las cuales la
UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió: a) condenar a la entidad a
reconocerle la pensión gracia de jubilación, efectiva a partir del 26 de octubre de 2021;
b) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; c) actualizar
el valor de las condenas conforme al artículo 187 del CPACA; d) cumplir el fallo que
ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo
192 ibidem; e) que la demandada pague las costas procesales.

4. Como sustento fáctico de sus pretensiones expuso que nació el 19 de junio de
1950 y que prestó sus servicios como docente, de manera honrada y con buena
conducta en los siguientes períodos y entidades: a) del 1° de enero de 1979 al 31 de
diciembre de 1980 como profesor de tiempo completo y de horas adicionales para el
departamento del Cauca; b) del 1° de enero de 1981 al 19 de febrero de 1995 como

1 En adelante UGPP.

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Radicado: 19001 23 33 000 2019 00264 01 (4421-2021)
Demandante: Roelfi Andrés Tróchez Quijano

rector en el mencionado ente departamental con una vinculación de naturaleza
nacionalizada; c) del 20 de febrero de 1995 al 30 de enero de 2002 como docente de
educación básica en el Seminario Juan Gabriel Perboyre del municipio de Inzá (Cauca),
producto de vinculación previa realizada por el Ministerio de Educación Nacional.

5. Con fundamento en la ley 60 de 1993, sostuvo que los tiempos laborados a partir
del 15 de diciembre de 1997 hasta el 30 de enero de 2002 (fecha del retiro del servicio)
adquirieron naturaleza departamental, en virtud de la descentralización de la educación
y la certificación del departamento del Cauca por parte del Ministerio de Educación
Nacional (mediante la resolución 6270 del 16 de diciembre de 1996 y el acta de entrega
del 15 de diciembre de 1997). En consecuencia, consideró que dichos períodos son
válidos para acceder a la pensión gracia desde el 26 de octubre de 2001, fecha en la
que completó los 20 años de servicio exigidos para tal efecto.

Contestación de la demanda2

6. La UGPP se opuso a las pretensiones al considerar que los actos acusados se
ajustaron al ordenamiento superior, sumado a que el actor no reúne el requisito de los
veinte (20) años de servicios como docente territorial o nacionalizado puesto que laboró
entre el 15 de diciembre de 1997 al 30 de enero de 2002 como educador del orden
nacional, lapso que no puede computarse para el reconocimiento de la pensión gracia
deprecada.

7. Debido a lo anterior, propuso las excepciones de fondo que tituló como
«inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios
en los actos administrativos demandados», «prescripción», «buena fe de la entidad
demandada» y la «innominada».

II. SENTENCIA APELADA

8. El Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia del 13 de abril de 20233 por
medio de la cual negó las pretensiones al considerar que el actor no reúne los veinte
(20) años de servicio para el reconocimiento de la pensión gracia, ya que el único
tiempo que puede computarse para tal efecto es aquél que prestó entre el 17 de enero
de 1979 al 19 de febrero de 1995, el cual no es suficiente para acceder a la prestación
deprecada. Con relación a la vinculación a partir del 20 de febrero de 1995, concluyó
que son tiempos nacionales y, por ende, no pueden tenerse en cuenta para el referido
fin.

9. Entre tanto, sostuvo que no es posible aceptar que el vínculo laboral del
accionante mutó con la descentralización educativa derivada de la ley 60 de 1993
puesto que la referida normativa estableció que las incorporaciones se efectuarían sin
solución de continuidad.

2 Folios 50 al 58 del cuaderno 2.
3 Folios 110 al 116.

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Demandante: Roelfi Andrés Tróchez Quijano

10. Por último, condenó en costas a la parte actora aplicando la regla prevista en el
artículo 365.1 del CGP, esto es, por ser la parte vencida en el proceso. Fijó las agencias
en derecho en el 0.5 % del valor de las pretensiones.

III. RECURSO DE APELACIÓN

10. La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia argumentando
que el a quo no aceptó como válidos los tiempos de servicio que prestó a partir del 15
de diciembre de 1997 para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, sin tener
en cuenta que estos son territoriales por la descentralización de la educación surgida
conforme a la ley 60 de 1993, circunstancia que generó una verdadera sustitución
patronal.

11. Precisó que la anterior conclusión encuentra respaldo en que los dineros con los
que se le pagaron los salarios provenían del Sistema General de Participaciones,
recursos que no tienen naturaleza nacional, sino que constituyen una fuente exógena
de los ingresos propios de las entidades territoriales.

12. Entre tanto, consideró que hubo una indebida valoración de la certificación del
28 de enero de 2016 pues contiene una «falsedad ideológica» al establecer que el
vínculo del actor es nacional cuando en realidad mutó a territorial por la
descentralización educativa.

13. Por último, se opuso a la condena en costas argumentando que esta no era
procedente por el solo hecho de haber resultado vencido en el proceso. Por el contrario,
indicó que en el plenario no existen pruebas de su causación ni que la demanda se
haya presentado con temeridad o de mala fe.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

14. Mediante auto del 17 de febrero de 20224 se admitió el recurso de apelación. Así
mismo, se le advirtió a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse en torno a la alzada y se indicó que el Ministerio Público
tenía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para emitir el concepto.

15. En cumplimiento de lo anterior, la UGPP5 reiteró los argumentos de hecho y de
derecho que se explicaron en el curso de la primera instancia y solicitó avocar
conocimiento para proferir sentencia de unificación.6 Por su parte, el Ministerio Público
guardó silencio.

16. El 17 de noviembre de 2022,7 la Sección Segunda resolvió no avocar
conocimiento para emitir sentencia de unificación.

4 Folio 173 del cuaderno principal.
5 Índice 8 ibidem.
6 Índice 12 ibidem.
7 Folios 176 al 181.

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Radicado: 19001 23 33 000 2019 00264 01 (4421-2021)
Demandante: Roelfi Andrés Tróchez Quijano

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

17. Atendiendo los reparos expuestos en el escrito de apelación8, le corresponde a
la Sala establecer si la vinculación como docente nacional que ostentó el demandante
mutó a territorial con ocasión del proceso de descentralización y certificación de la
educación contemplado en la ley 60 de 1993 para el departamento del Cauca; además,
verificar si el a quo desconoció el principio de congruencia, la existencia de una
verdadera sustitución patronal y omitió valorar las pruebas en el fallo de primer grado.

18. En caso afirmativo, se deberá establecer si el tiempo servido como docente
puede computarse para acceder a la pensión gracia y ante ese escenario
correspondería verificar si se acreditaron los demás requisitos para el reconocimiento
pensional conforme a la ley 114 de 1913, sus normas concordantes y la jurisprudencia
de esta Corporación.

Solución al caso concreto

19. Para desatar tales cuestionamientos, debe partirse de la base que para gozar de
la pensión gracia los docentes deben acreditar las exigencias establecidas en las leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) contar con más de 50
años de vida; ii) haberse vinculado como docente nacionalizado y/o territorial (municipal
o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en tal
calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos; iv) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta.

20. En este caso, la exigencia que se discute es la de contar con 20 años de servicios
como docente territorial y/o nacionalizado. La parte demandante no riñe que su
vinculación fue del orden nacional desde el 20 de febrero de 1995 en virtud del
nombramiento como docente que le realizara el Ministerio de Educación Nacional
mediante la resolución 2452 del 10 de junio de 1995. En efecto, este hecho es
confesado por la parte demandante desde el libelo introductorio y no fue objeto de
recurso de apelación.

21. El aspecto medular de la controversia gira en torno a que dicha vinculación
nacional mutó a departamental por el proceso de descentralización de la educación
implementado por las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001; es decir, el actor plantea que
desde 15 de diciembre de 19979 hasta el 30 de enero de 2002 (cuando se retiró del
servicio) su vinculación pasó a ser departamental y, por ende, computable para acceder
a la pensión gracia.

8 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
9 Según la Resolución 6270 del 16 de diciembre de 1996, emitida por el Ministerio de Educación Nacional «Por la

cual se otorga la certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14o. de la Ley 60 de 1993,
por parte del Departamento de Cauca» (documento digital que reposa en el CD del índice 87 del expediente) y el
acta del 15 de diciembre de 1997 (ibidem).

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Radicado: 19001 23 33 000 2019 00264 01 (4421-2021)
Demandante: Roelfi Andrés Tróchez Quijano

22. Frente a dicho argumento, esta Subsección ha dictado múltiples sentencias10 en
las que se ha decantado que la descentralización de la educación involucró el traslado
de la administración del servicio educativo y del personal docente a las entidades
territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo
determinó la Ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en
la Ley 715 de 200111), pero tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza
de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad
a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y
reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso del actor.

23. Al respecto, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de
remuneraciones. […]

24. Igualmente, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad».

25. Así pues, so pretexto de la descentralización de la educación no puede
soslayarse dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la
vinculación laboral con la Administración se adquieren al momento en que se profiere
el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas del cargo a
desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor 12. Entonces,
la cesión de la administración de las plantas de personal a las entidades territoriales
certificadas en educación, así como las demás competencias que les fueron
trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes.

26. Al tiempo que en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de
201813 el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de vinculación
docente, sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales conlleve
implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial, para los efectos del

10 Al respecto, entre otras, ver las siguientes sentencias de la Subsección A: 1) sentencia del 14 de mayo de 2025,

rad. 52001 23 33 000 2017 00335 01 (2307-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 2) sentencia del 23 de abril de
2025, rad. 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 3) sentencia del 7 de
abril de 2025, rad. 25000 23 42 000 2018 02543 01 (3213-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 4) sentencia del
6 de marzo de 2025, rad. 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 5)
sentencia del 30 de octubre de 2024, rad. 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves; 6) sentencia del 21 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-2019-00299-01 (3910-2023), C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez; 7) sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-
2022), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de

2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de Consulta y
del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
12 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación

2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo
Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-

000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Roelfi Andrés Tróchez Quijano

reconocimiento de la prestación objeto de controversia.

27. Siguiendo esa línea, es dable concluir que las condiciones de la vinculación
nacional del demandante no se modificaron en razón a que el nombramiento efectuado
por el Ministerio de Educación —mediante la resolución 2452 del 10 de junio de 1995—
se mantuvo incólume hasta su retiro en el 2002, al no existir solución de continuidad
durante la vigencia de dicha relación legal y reglamentaria14. En consecuencia, el lapso
servido desde el 20 de febrero de 1995 hasta el 30 de enero de 2002 no resulta válido
para reconocer la pensión gracia por su carácter nacional, lo cual confirma el
incumplimiento del requisito de los 20 años de servicio como docente departamental,
municipal, distrital y/o nacionalizado que determinó el tribunal de primera instancia.

28. Cabe destacar que entre las partes no existe discusión frente a la calificación de
los períodos servidos previamente como docente nacionalizado entre el 1° de enero de
1979 y el 31 de diciembre de 1980 y desde el 1º de enero de 1981 hasta el 19 de febrero
de 1995, los cuales pese a que están probados15 y resultan válidos para el cómputo
tendiente al reconocimiento de la pensión gracia (cerca de 16 años) no son suficientes
para colmar el requisito temporal exigido por la norma (20 años).

29. Tampoco tiene vocación de prosperidad el reparo de la parte demandante
consistente en haberse configurado una sustitución patronal que implique el cambio de
plaza nacional a territorial, pues las referidas leyes 60 de 1993 y 715 de 2001
dispusieron que los docentes nombrados con anterioridad mantendrían su tipo de
vinculación sin solución de continuidad. Es así como, conforme se ha explicado, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia la alegada sustitución patronal no
implica de manera alguna el cambio de la plaza docente nacional que venía
desempeñando el demandante antes del proceso de descentralización de la
educación.

30. Por su parte, si bien el Tribunal no consideró que al actor se le cancelaron los
salarios y las prestaciones sociales con dineros provenientes del situado fiscal y del
Sistema General de Participaciones, para la Sala tal circunstancia no resulta
determinante pues no es el único criterio que define la naturaleza de la vinculación. En
efecto, como se ha señalado a lo largo de esta providencia, la relación legal y
reglamentaria del demandante se originó con el Ministerio de Educación Nacional
(Gobierno Nacional) desde el 20 de febrero de 1995 hasta el 30 de enero de 2002, lo
que, conforme con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 16, configura una
vinculación de carácter nacional.

28. Adicionalmente, el recurrente sostiene que la sentencia apelada realizó un
análisis incorrecto del Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral fechado el 28 de enero de 201617 en tanto que, a su juicio, el fallador de primera

14 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación 17001 23

33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–
2018).
15 Obra en el plenario el certificado de tiempo de servicio del 28 de enero de 2018, proferido por la Secretaría de

Educación del Cauca (Documento digital obrante en el CD que reposa en el folio 87 del cuaderno principal).
16 «ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a

continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional […]».
17 Documento digital obrante en el CD que reposa en el folio 87 del cuaderno principal.

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Radicado: 19001 23 33 000 2019 00264 01 (4421-2021)
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instancia pasó por alto que este contiene una «falsedad ideológica parcial» por cuanto
no estableció que desde el 15 de diciembre de 1997 su vinculación mutó a
departamental, la cual es una entidad eminentemente territorial.

29. En relación con esta objeción debe señalarse, en primer lugar, que el reparo
sostenido por el actor constituye una inconformidad respecto del tipo de vinculación que
mantuvo con las aludidas entidades, sin que lo indicado en el certificado objeto de
estudio contenga una falsedad ideológica solo porque no establece el tipo de
vinculación que él considera. Además, como se indicó en precedencia, está acreditado
que desde el 20 de febrero de 1995 su vinculación fue de carácter nacional, como lo
concluyó el tribunal en la sentencia impugnada y se evidencia confesado en el hecho
octavo de la demanda.

33. Finalmente, el accionante cuestionó la decisión del Tribunal de imponerle
condena en costas y agencias en derecho. En su criterio, el a quo no realizó un análisis
profundo de su situación particular pues, conforme a la jurisprudencia del máximo
órgano de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, dicha condena no puede
sustentarse exclusivamente en la simple derrota de las pretensiones, sino que debe
considerar principios como la buena fe y la confianza legítima. Asimismo, señaló que
en el expediente no obran pruebas que justifiquen la imposición de tales cargas
procesales.

34. Al respecto, conviene precisar que para la fecha en que se profirió el fallo apelado
(15 de abril de 2021) ya se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021 (25 de enero de
2021), cuyo artículo 47 adicionó el artículo 188 del CPACA estableciendo como deber
del juez verificar al momento de imponer costas si la demanda fue presentada con
manifiesta carencia de fundamento legal.

35. En ese sentido, se observa que el Tribunal Administrativo del Cauca no aplicó el
citado precepto, sino que adoptó un criterio estrictamente objetivo, sin valorar si los
argumentos planteados por la demandante contaban con sustento legal y
jurisprudencial suficiente para justificar su pretensión y procurar un pronunciamiento
favorable. Por consiguiente, al verificarse que la demanda se sustentó en fundamentos
legales, probatorios y jurisprudenciales razonables, la Sala revocará el numeral
segundo de la parte resolutiva de la providencia apelada.

Condena en costas en segunda instancia

31. Realizada la valoración preceptuada en la norma citada en la segunda instancia,
tampoco se advierte la carencia de fundamento legal en el recurso de apelación pues
el demandante actuó bajo la convicción de contar con razonable respaldo legal,
jurisprudencial y probatorio para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Por lo tanto, esta Sala se abstendrá de condenarlo en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de

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Radicado: 19001 23 33 000 2019 00264 01 (4421-2021)
Demandante: Roelfi Andrés Tróchez Quijano

la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del
15 de abril de 2021 mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cauca condenó en
costas a la parte demandante.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 15 de abril de 2021,
emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda promovida por el señor Roelfi Andrés Tróchez Quijano contra la UGPP.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en 1sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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