Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00199-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00199-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2019-00199-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00199 01 (6227-2022)
Demandante: María Isabel Gelvez Ramírez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación
legal y reglamentaria.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 22 de julio de 2022 emanada del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya
que será confirmada.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
2. El 8 de julio de 2019 la actora presentó demanda con pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho encaminada a que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 039268 del 19 de octubre de 2016 y RDP 006404 del 21 de febrero
de 2017 mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) condenar a la demandada al
reconocimiento y pago de una pensión gracia efectiva a partir del 9 de enero de 2016;
ii) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) actualizar
el valor de las condenas conforme al IPC de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 187
del CPACA; iv) cumplir el fallo que ponga fin al proceso y reconocer los intereses
moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; y, v) pagar las costas procesales.
4. Como sustento de sus pretensiones expuso que nació el 2 de abril de 1951 y el
gobernador del Norte de Santander la nombró educadora mediante el Decreto
1
Índice 2 de Samai, expediente digital, ver archivo 5_540012333000201900199012EXPEDIENTEDIGI20221122094129/
001Demanda.
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Demandante: María Isabel Gelvez Ramírez
Departamental 750 del 22 de septiembre de 1975, cargo que ejerció entre el 22 de
septiembre de 1975 y el 1 de septiembre de 1976 (11 meses y 11 días) con carácter
departamental.
5. Después se vinculó como docente nacional por medio de la Resolución 6947 del
31 de agosto de 1976 del Ministerio de Educación Nacional, empleo que ocupó en el
municipio de Pamplona desde el 21 de octubre de 1976 hasta el 1 de febrero de 1982.
Luego fue nombrada nuevamente en Pamplona mediante la Resolución 5333 del 16 de
abril de 1982 del Ministerio de Educación Nacional, desempeñándose como docente
nacional entre el 4 de junio de 1982 y el 19 de diciembre de 1996.
6. Señaló que el descrito vínculo de carácter nacional mutó a departamental por
mandato de la Ley 60 de 1993 al haber sido certificado el departamento de Norte de
Santander para la prestación del servicio educativo en virtud de la Resolución 4267 del
18 de septiembre de 1996 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, a través de
la cual le entregó la educación al departamento (acta del 20 de diciembre de 1996).
Como consecuencia de la descentralización, los tiempos de servicio desde el 20 de
diciembre de 1996 hasta el 4 de abril de 2016 (fecha de retiro por edad) ostentan el
carácter de territorial – departamental, válidos para el reconocimiento de la pensión
gracia.
7. El 25 de mayo de 2016 presentó petición escrita ante la entidad demandada, en
orden a que se le reconociera la pensión gracia, en la cual señaló que «del tiempo
certificado como Nacional solo se podía tomar para el reconocimiento invocado el
prestado desde el 7 de marzo de 1997 (sic) debió ser 20 de diciembre de 1996, fecha
de entrega de la educación, que consta en acta suscrita entre la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - y el Departamento de Norte de Santander (…) por ser tiempo de
carácter Departamental».
8. Por medio de la Resolución RDP 0392698 del 19 de octubre de 2016, confirmada
a través de la Resolución RDP 006404 del 21 de febrero de 2017, la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en consideración a que los tiempos de
servicios aportados fueron prestados con nombramiento del orden nacional.
Contestación de la demanda2
9. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que,
conforme al certificado del 27 de abril de 2016, los tiempos de servicios comprendidos
entre el 22 de septiembre de 1975 y el 1 de septiembre de 1976 y del 4 de junio de
1982 al 4 de abril de 2016 ostentan la calidad de nacionales, lo que hace improcedente
el reconocimiento pensional pretendido, al no acreditarse el requisito de los 20 años de
servicio como docente oficial territorial.
10. Señaló que de las certificaciones que obran en el plenario no se advierte que el
origen de los recursos para el pago de la pensión gracia tengan como fuente de
2
Ibidem, ver archivo 006ContestacionDemanda.pdf, folios 58 a 62.
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financiación los recursos propios de la entidad territorial o los provenientes del situado
fiscal para el caso de los docentes nacionalizados (Ley 43 de 1975).
11. Propuso las excepciones de fondo de prescripción de mesadas pensionales y
factores salariales e inexistencia de la obligación.
II. SENTENCIA APELADA3
12. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia del 22 de julio
de 2022 mediante la cual declaró probada la excepción de fondo de «inexistencia de la
obligación» propuesta por la entidad demandada y negó las pretensiones de la
demanda.
13. Explicó que la demandante prestó sus servicios como docente nacionalizada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 (22 de septiembre de 1975 al 1 de septiembre
de 1976 – 11 meses y 11 días –); sin embargo, la vinculación laboral con posterioridad
no resulta apta para acceder al reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado
desde el 21 de octubre de 1976 hasta el 19 de diciembre de 1996 con vínculo nacional
y el período comprendido entre el 20 de diciembre de 1996 y el 4 de abril de 2016 (fecha
de retiro por edad), si bien lo prestó al departamento de Norte de Santander como
producto de la descentralización de la educación y la entrega por parte de la Nación de
los bienes, personal y establecimiento educativo, ello no implica revivir el cómputo de
tiempos de servicios para adquirir el derecho a la prestación reclamada.
III. RECURSO DE APELACIÓN4
14. La demandante presentó recurso de apelación al considerar que cumplió con
más de 20 años de servicio bajo el carácter de nacionalizado y territorial para ser
contabilizados como aptos para el reconocimiento de la pensión gracia. Consideró que
los tiempos de servicios prestados en planteles departamentales, municipales o
distritales después de la descentralización de la educación tienen validez para el
reconocimiento de la pensión gracia, en el entendido que los maestros que eran
nacionalizados y nacionales pasaron a tener el carácter de educadores territoriales al
pasar a ser propiedad de los departamentos, distritos o municipios.
15. Refirió que la planta de cargos donde laboró a partir de la descentralización de
la educación perdió el carácter de nacional para mutar en una de carácter
departamental, por lo que el colegio donde laboró ya no es de propiedad de la Nación
sino del departamento de Norte de Santander.
16. Consideró que el vínculo laboral mutó porque operó el fenómeno de la sustitución
patronal por mandato de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 en las cuales se estableció
que los maestros pasarían a las plantas departamentales, distritales o municipales con
ocasión de la descentralización de la educación.
3
Ibidem, ver archivo 02619-199 (NYR) VS UGPP – PENSION GRACIA.pdf
4
Ibidem, ver archivo 028Apelación demandante.pdf
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IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto del 16 de noviembre de 20235 se admitió el recurso de apelación
y se informó a la demandada que disponía hasta la ejecutoria de esta providencia para
pronunciarse en torno a la alzada.
18. La UGPP6 solicitó que se confirme la decisión de primera instancia reiterando los
argumentos de hecho y de derecho que se explicaron en los actos administrativos
acusados y en el curso de la primera instancia.
19. El Ministerio Público se abstuvo de realizar pronunciamiento en esta instancia.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta
Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
21. Atendiendo los argumentos expuestos en el escrito de apelación7, le
corresponde a la Sala establecer si la vinculación como docente nacional que ostentó
la demandante mutó a departamental con ocasión del proceso de descentralización y
certificación de la educación, en virtud de la Ley 60 de 1993. En caso afirmativo, se
deberá establecer si este tiempo puede ser computado para acceder a la pensión gracia
pretendida y si se acreditaron los demás requisitos conforme a la Ley 114 de 1913 y
demás normas concordantes.
Marco legal y jurisprudencial sobre la pensión gracia
22. Para desatar tal cuestionamiento, la Sala verificará si la parte demandante
acreditó las exigencias establecidas por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 91 de 1989 para otorgarle la pensión gracia, como son: i) contar con más de 50
años de vida; ii) haberse vinculado como docente nacionalizado y/o territorial (municipal
o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en tal
calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos; iv) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; v) no
haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
5
Índice 16 registrado en Samai, ver archivo 18_540012333000201900199011AUTOQUEADMITE20231204122723.
6
Índice 21 registrado en Samai, ver archivo 20_540012333000201900199012MemorialWeb20231217234522.
7
Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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23. Igualmente, se tendrán en cuenta las reglas contenidas en tres sentencias de
unificación jurisprudencial emanadas de la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que se resumen a continuación:
i) Sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de agosto de 19978,
en la que se clarificó que los docentes nacionales no son beneficiarios de la
pensión gracia.
ii) Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20189, que estableció las siguientes subreglas que permiten determinar
la naturaleza del vínculo docente: a) que los recursos del situado fiscal, aunque
eran de origen nacional, se convertían en propiedad exclusiva de las entidades
territoriales al incorporarse a sus presupuestos; b) los entes territoriales son
propietarios de los recursos que reciben de la Nación, según el artículo 356 de la
Constitución de 1991; c) la financiación de los fondos educativos regionales
dependía de los recursos de la Nación y de los presupuestos locales, por ende,
cubrían gastos de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales; d) los
docentes territoriales/nacionalizados no se convierten en nacionales solo por la
intervención del Ministerio de Educación o por el origen de los recursos; e) se
requiere prueba del vínculo administrativo para acreditar la calidad de docente
territorial o nacionalizado, que puede ser mediante el acto administrativo de
nombramiento o a través de certificaciones que demuestren de manera
inequívoca el tipo de vinculación; f) para el reconocimiento de la pensión gracia,
es crucial demostrar que la plaza es territorial o nacionalizada ya que el pago
proviene de rentas endógenas de la entidad territorial o de las exógenas
provenientes del situado fiscal o el Sistema General de Participaciones,
respectivamente.
iii) Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, que aclaró que los
docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada
con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos de
ley.
Caso concreto
24. El a quo negó las pretensiones debido a que la demandante no acreditó los
requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, en especial, por no contar con 20
años de servicios como docente territorial o nacionalizado.
25. La Sala realizará un análisis de lo probado en los siguientes términos:
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-
01 (3805-2014).
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Demandante: María Isabel Gelvez Ramírez
i) La señora María Isabel Gelvez Ramírez nació el 2 de abril de 195110, es
decir, cumplió 50 años el 30 de abril de 2002.
ii) El gobernador del departamento de Norte de Santander a través del
Decreto 750 del 22 de septiembre de 197511 nombró a la demandante profesora
de educación física sin categoría en el Colegio Departamental Agueda Gallardo
del municipio de Pamplona. Tomó posesión el 22 de septiembre de 197512 y
ejerció el cargo hasta el 1 de septiembre de 1976, esto es, por un período de 11
meses y 11 días.
iii) La Secretaría de Educación de Norte de Santander expidió el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 27 de abril de
201613, reportando la vinculación docente de la demandante durante este lapso.
iv) A través de la Resolución 6947 del 31 de agosto de 1976, la demandante
fue designada profesora enseñanza secundaria en el Colegio Normal Nacional de
Señoritas del municipio de Pamplona, cargo del cual tomó posesión el 21 de
octubre de 1976 y lo ejerció hasta el 1 de febrero de 1982 (5 años, 3 meses y 12
días)14, cuando el ministro de educación nacional le aceptó la renuncia a través
de la Resolución 5331 del 16 de abril de 198215.
v) La Secretaría de Educación de Santander expidió el Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 27 de febrero de 2020 16,
reportando la condición de docente nacional de la demandante durante este lapso.
vi) Del Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
Consecutivo 2222 del 15 de septiembre de 201017 se extrae que a través de la
Resolución 5333 del 16 de abril de 1982 la demandante ocupó el cargo de docente
desde el 4 de junio de 198218 hasta el 4 de abril de 2016 por haber llegado a la
edad de retiro forzoso (Resolución 483 del 14 de marzo de 201619). En este mismo
documento se reporta la condición de docente nacional durante este interregno.
vii) La gobernación del Departamento de Norte de Santander20 en respuesta
al requerimiento realizado en el curso de la primera instancia certificó que la
demandante registra 3 vinculaciones legales y reglamentarias como docente
oficial, así:
10
Índice 2 de Samai, expediente digital, ver archivo
5_540012333000201900199012EXPEDIENTEDIGI20221122094129/002AnexosDemanda.pdf, folios 14 y 15 – cédula de
ciudadanía y registro civil –.
11
Índice 2 de Samai, expediente digital, ver archivo
5_540012333000201900199012EXPEDIENTEDIGI20221122094129/013Pruebas.pdf, folio 45
12
Ibidem, folio 46
13
Ibidem, folios 21 y 22.
14
Ibidem, folio 48.
15
Ibidem, folio 49
16
Ibidem, folios 17 a 18.
17
Ibidem, folios 14 a 15.
18
Ibidem, folio 50.
19
Ibidem, folio 51.
20
Ibidem, folios 10 a 12.
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Radicado: 54001 23 33 000 2019 00199 01 (6227-2022)
Demandante: María Isabel Gelvez Ramírez
«(…)
PRIMERA VINCULACIÓN
• Nombramiento: Decreto No 17510 del 22 de septiembre de 1975. (Se anexa copia)
• Posesión: 22 de septiembre de 1975 (Se anexa copia)
• Renuncia: Declaración de Renuncia Juramentada. (Se anexa copia)
• Colegio Departamental Águeda Gallardo de Villamizar Municipio de Pamplona
• Vinculación: Docente Departamental
• Cargo: Docente de aula
• Grado en el Escalafón: BC (Bachiller)
• Fondo de Previsión: Caja de Previsión Departamental
Fuente de financiación del cargo docente: Recursos Propios.
SEGUNDA VINCULACIÓN
• Nombramiento: Resolución No. 6947 del 31 de agosto de 1976
• Posesión: 21 de octubre de 1976 – Hasta el 1 de febrero de 1982 (Se anexa copia)
• Renuncia: Resolución No. 5331 del 16 de abril de 1982 (Se anexa copia)
• Colegio Normal de Señoritas Municipio de Pamplona
• Vinculación: Nacional
• Cargo: Docente de aula
• Grado en el Escalafón: BC (Bachiller)
• Fondo de Previsión: Caja de Previsión Nacional
Fuente de financiación del cargo docente: Recursos Propios.
TERCERA VINCULACIÓN
• Nombramiento: Resolución No. 5333 del 16 de abril de 1982
• Posesión: 4 de junio de 1982 hasta el 14 de marzo de 2016 (Se anexa copia)
• Renuncia definitiva: Decreto de retiro No. 483 del 14 de marzo de 2016 (Se anexa copia)
• Colegio Normal de Señoritas Municipio de Pamplona
• Vinculación: Nacional
• Cargo: Coordinador
• 4 de julio de 1982 al 10 de julio de 1984 Grado Escalafón 9
(…)
Fuente de financiación del cargo docente: Recursos del Situado Fiscal.
(…).»
viii) No obstante, se aclara que en el plenario no obran copias de las
Resoluciones 6947 del 31 de agosto de 1976 y 5333 del 16 de abril de 1982, por
medio de las cuales la demandante fue nombrada en el Colegio Normal de
Señoritas en el municipio de Pamplona. Por lo tanto, la Sala tomará como base
las precitadas certificaciones emitidas por la Secretaría de Educación de Norte de
Santander para determinar los tiempos laborados por la actora, así como el tipo
de vinculación.
ix) El 25 de mayo de 2016 la demandante radicó petición de reconocimiento
y pago de la pensión gracia ante la entidad de previsión21.
21
Se extrae del contenido de la Resolución RDP 039268 del 19 de octubre de 2016.
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Demandante: María Isabel Gelvez Ramírez
x) Mediante la Resolución RDP 039268 del 19 de octubre de 201622, la
UGPP resolvió en forma negativa la solicitud con fundamento en que los tiempos
de servicio aportados por la interesada fueron prestados con nombramiento del
orden nacional. Decisión confirmada mediante la Resolución RDP 006404 del 21
de febrero de 201723.
26. En atención al recuento fáctico expuesto y en concordancia con el marco
normativo y jurisprudencial analizado, la Sala confirmará la decisión del a quo al no
demostrarse el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en cargos
docentes de naturaleza territorial y/o nacionalizada.
27. Así pues, la Sala encuentra probado que la demandante laboró como docente
nacional mediante designación realizada a través de la Resolución 6947 del 31 de
agosto de 1976, cargo que ejerció desde el 21 de octubre de 1976 hasta el 1 de febrero
de 1982. Luego se vinculó a través de la Resolución 5333 del 16 de abril de 1982, a
partir del 4 de junio de 1982 y hasta el 14 de marzo de 2016 cuando se le aceptó la
renuncia por llegar a la edad de retiro forzoso
28. Igualmente, de la certificación laboral expedida por la Secretaría de Educación
de Norte de Santander se extrae que la educadora fue nombrada por la mencionada
resolución y que con posterioridad no se expidieron nuevos actos de nombramiento,
sino que se dieron ascensos sin solución de continuidad a la vinculación nacional con
la que inició sus labores, desde 1976 hasta el 14 de marzo de 2016 cuando se produjo
el retiro.
29. Como argumento de la apelación, la demandante afirmó que a partir del 20 de
diciembre de 1996 -por virtud de la Ley 60 de 1993- ostenta una vinculación del orden
territorial que se extendió hasta el retiro del servicio, circunstancia que en su sentir le
otorga el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.
30. La naturaleza de este vínculo es aceptada por la demandante, quien refiere que
tuvo la condición de docente nacional desde el 21 de octubre de 1976 hasta el 1 de
febrero de 1982 y desde el 4 de junio de 1982 hasta el 19 de diciembre de 1996; sin
embargo, estima que a partir del 20 de diciembre siguiente dicha vinculación mutó a
territorial teniendo en cuenta que el departamento de Norte de Santander fue certificado
en esa fecha por el Ministerio de Educación Nacional para asumir la administración de
la prestación de los servicios educativos.
31. Frente a dicho argumento, esta Sala ha precisado24 que la descentralización de
la educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo determinó la
Ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en la Ley 715
22
Ibidem, folios 476 a 481.
23
Ibidem, folios 483 a 485.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-23-33-000-2019-
00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicado: 54001 23 33 000 2019 00199 01 (6227-2022)
Demandante: María Isabel Gelvez Ramírez
de 200125). En ese sentido resulta consistente sostener que luego de la expedición de
las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la administración tanto del personal docente como
del servicio educativo quedó radicada en cabeza de los entes territoriales certificados
en educación; con todo, lo cierto es que tales condiciones no generaron un cambio en
la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados
con anterioridad a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su
relación legal y reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso de la
demandante.
32. En ese orden, el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993 dispuso:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley
91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […].»
33. Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad.»
34. Luego, so pretexto de la descentralización de la educación no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la vinculación
laboral con la administración se adquieren al momento en que se profiere el acto de
nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas del cargo a
desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor26. De este
modo, la cesión de la administración de las plantas de personal a las entidades
territoriales certificadas en educación, así como las demás competencias que les fueron
trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes.
35. Al tiempo que debe recordarse que en la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de vinculación,
sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales conlleve implícita la
modificación de su vínculo, de nacional a territorial, para los efectos del reconocimiento
de la pensión objeto de controversia.
36. Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación nacional de la demandante no
se modificaron comoquiera que el nombramiento efectuado por el Ministerio de
Educación mediante la Resolución 5333 del 16 de abril de 1982 se mantuvo incólume
al no existir ruptura del vínculo laboral27. En consecuencia, el lapso laborado a partir del
25
Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016; radicado
2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de Consulta y del Servicio Civil, Concepto del
14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
26
Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009,
C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de
junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
27
En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación 17001 23 33 000 2015
00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–2018).
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10
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00199 01 (6227-2022)
Demandante: María Isabel Gelvez Ramírez
20 de diciembre de 1996 no resulta válido para reconocer la pensión gracia, por su
carácter nacional, lo cual conlleva al incumplimiento del requisito de los 20 años de
servicio como docente departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado. Esto por
cuanto solo el período laborado entre 1975 y 1976 resulta válido para el cómputo
correspondiente al reconocimiento de la pensión gracia, al estar vinculada como
docente del orden territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Sin embargo,
no es suficiente para el cumplimiento del requisito temporal exigido por la norma.
37. Por las mismas razones, no tiene vocación de prosperidad el reparo de la parte
demandante consistente en haberse configurado una sustitución patronal que implique
el cambio de plaza nacional a territorial, pues las referidas Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001 dispusieron que los docentes nombrados con anterioridad mantendrían su tipo de
vinculación sin solución de continuidad. Es así como, conforme se ha explicado, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia la alegada sustitución patronal no
implica de manera alguna el cambio de la plaza docente nacional que venía
desempeñando antes del proceso de descentralización de la educación.
Condena en costas en segunda instancia
38. A partir del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que introdujo un inciso al artículo
188 del CPACA, el legislador precisó que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
39. Realizada la valoración preceptuada en la norma citada, no se advierte la
carencia de fundamento legal en el recurso de apelación, pues la demandante actuó
bajo la convicción de contar con razonable respaldo legal, jurisprudencial y probatorio
para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses. Por tanto, esta Sala se
abstendrá de imponer la condena en costas de segunda instancia.
VI. DECISIÓN
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de julio de 2022 expedida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda presentada por María Isabel Gelvez Ramírez contra la UGPP, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
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Radicado: 54001 23 33 000 2019 00199 01 (6227-2022)
Demandante: María Isabel Gelvez Ramírez
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
JC
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